La 'normalización' de la transgresión en los vigilantes del cumplimiento de la ley: el caso del uso indebido del combustible en la PNP.

Abstract

Es posible seguir confiando en una organización encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, cuando nos enteramos de que sus miembros trasgreden voluntariamente y de manera sistemática las normas que deberían regir su actuación? ¿Podemos pensar que un cuerpo policial que comete de manera generalizada actos delictivos, tiene legitimidad? Estas preguntas resultan pertinentes en medio de un contexto en el que el 58% de la población considera la corrupción de funcionarios y autoridades como “el principal problema que enfrenta el Estado y que impide el desarrollo”, según la más reciente encuesta de Proética sobre corrupción (Proética 2013), en la que además se considera a la Policía Nacional como la segunda organización del Estado más corrupta después del Congreso de la República. Por si fuera poco, de acuerdo con el Barómetro de las Américas del 2012, de las personas que señalaban haber sido víctimas de la corrupción en Perú (28,5%), más de la mitad decía haberlo sido por parte de un miembro de la Policía Nacional (LAPOP 2012), y en su versión más reciente, la encuesta muestra que la segunda mayor probabilidad de victimización por corrupción (16,5%) ocurre cuando los peruanos se relacionan con la policía (LAPOP 2014)