Incorporación de lineamientos para la atención de menores en el Protocolo de Actuación Conjunta entre CEM y EE.SS. para enfrentar el reducido acceso efectivo a la interrupción médica del embarazo como resultado de violación sexual en menores de 14 años
Abstract
Los casos de L.C. y Camila, dos niñas peruanas que lograron fallos favorables después
de demandar al Estado por enfrentar obstáculos para acceder a la interrupción médica
del embarazo tras haber sido víctimas de violación sexual, destacan el problema público
del reducido acceso efectivo a este procedimiento en menores de 14 años que viven
situaciones similares. Además, estos casos evidencian una clara vulneración de los
derechos de las niñas y adolescentes y subrayan la necesidad urgente de analizar los
factores que obstaculizan el acceso a la interrupción médica del embarazo para este
grupo vulnerable, junto con el desarrollo de intervenciones públicas que aborden dicho
problema.
Esta investigación se centra en analizar las causas detrás de este problema público
desde diversas perspectivas: normativas y administrativas que regulan el procedimiento,
así como socioculturales y políticas. A partir del análisis y priorización de estas causas,
se identificó la carencia de mecanismos de atención específicos en situaciones de
embarazo como resultado de vulneración sexual en menores de edad. En respuesta a
esto, se propone una actualización del "Protocolo de Actuación Conjunta entre Centros
de Emergencia Mujer (CEM) y Establecimientos de Salud (EE.SS.)", incorporando
disposiciones específicas para la atención de menores de edad que se encuentren en
la situación descrita. Estos establecimientos representan los primeros puntos de
contacto para las víctimas de violencia sexual, lo cual convierte esta intervención en una
oportunidad crucial para asegurar una atención adecuada, incluyendo la posibilidad de
acceder al procedimiento de interrupción médica del embarazo según procedimiento. The cases of L.C. and Camila, two Peruvian girls who obtained favorable rulings after
suing the State for facing obstacles in accessing medical termination of pregnancy after
being victims of sexual assault, highlight the public issue of limited effective access to
this procedure for girls under 14 years old who are in similar situations. Moreover, these
cases demonstrate a clear violation of the rights of girls and adolescents and underscore
the urgent need to analyze the factors that hinder access to medical termination of
pregnancy for this vulnerable group, along with the development of public interventions
to address this issue.
This research focuses on analyzing the causes behind this public issue from various
perspectives: regulatory and administrative factors that govern the procedure, as well as
sociocultural and political ones. Based on the analysis and prioritization of these causes,
the lack of specific care mechanisms for situations of pregnancy resulting from sexual
assault in minors was identified. In response to this, an update to the "Joint Action
Protocol between Women's Emergency Centers (CEM) and Health Establishments
(EE.SS.)" is proposed, incorporating specific provisions for the care of minors in the
described situation. These establishments represent the first points of contact for victims
of sexual violence, making this intervention a crucial opportunity to ensure adequate
care, including the possibility of accessing the medical termination of pregnancy
procedure as outlined.
Temas
Violación--Perú
Aborto--Política gubernamental--Perú
Abuso sexual de niñas--Perú
Niños--Atención médica--Perú
Aborto--Política gubernamental--Perú
Abuso sexual de niñas--Perú
Niños--Atención médica--Perú
Para optar el título de
Maestro en Gobierno y Políticas Públicas
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