Informe Jurídico de la sentencia del Expediente 00892-2019-PHC/TC

Abstract

El presente trabajo busca determinar si el proceso de Hábeas Corpus interpuesto por Jorge Bracamonte y Ana Vidal en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de migraciones, debió haber sido declarado fundado en todos sus extremos por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, la investigación parte de la hipótesis principal de que efectivamente este proceso cumple con los requisitos para ser fundado por completo, en tanto, los oficios emitidos por el MINREE mediante los cuales se solicitaba el pasaporte en vigencia como requisito a todo ciudadano venezolano a excepción de aquellos que fuesen mayores de 70 años, mujeres embarazadas y niños o niñas sin partida de nacimiento, resultaron ser no sólo una burocratización del proceso migratorio sino un arbitrariedad que afectó la libertad de tránsito y derechos conexos de los migrantes venezolanos. Por ello, para su corroboración, se han evaluado el expediente tanto en su parte procesal como de fondo, apoyado en la sistematización de una serie de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, en jurisprudencia nacional y doctrina en la materia. Para de ese modo concluir que, en el proceso efectivamente se han afectado derechos como, el derecho a la libertad de tránsito y derechos conexos como el derecho de solicitar refugio y el derecho igualdad y no discriminación. Por lo que, el proceso debió ser declarado fundado en todos sus extremos efectivamente. Al ser esa nuestra perspectiva nos parece criticable el razonamiento del TC en este caso en varios de sus extremos, ya que desconocen parte de sus obligaciones estatales, han descuidado la oportunidad de mencionarse alrededor de temas tan vigentes como la migración en el Perú y no ha cumplido con la efectividad que una garantía como el Habeas Corpus exige en materia de protección de derechos.

This paper seeks to determine whether the Habeas Corpus process filed by Jorge Bracamonte and Ana Vidal against the Ministry of Foreign Affairs and the Superintendence of Migration should have been declared founded in all its aspects by the Constitutional Chamber. In this sense, the investigation is based on the main hypothesis that this process effectively meets the requirements to be founded in its entirety, since the official letters issued by the Ministry of Foreign Affairs requesting a valid passport as a requirement for all Venezuelan citizens except for those over 70 years of age, pregnant women and children without birth certificates, turned out to be not only a bureaucratization of the migratory process but an arbitrariness that affected the freedom of transit and the related rights of Venezuelan migrants. Therefore, for its corroboration, the file has been evaluated both in its procedural and substantive part, supported by the systematization of a series of international instruments on Human Rights, in the national jurisprudence and in the doctrine on the matter. To conclude that the process has effectively affected rights such as the right to freedom of transit and related rights such as the right to seek refuge and the right to equality and non-discrimination. Therefore, the process should have been declared effectively founded in all its extremes. This being our perspective, the reasoning of the Constitutional Court in this case seems to us criticized in several of its extremes, since it ignores part of its state obligations, it has left aside the opportunity to mention current issues such as migration in Peru, and it has not complied with the effectiveness that a guarantee such as Habeas Corpus requires in terms of protection of rights.