PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ 

Escuela de Posgrado 

Demócratas, conspiradores y revolucionarios: los apristas 

durante la Primavera Democrática (1945-1948) 

Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Historia que 

presenta: 

Raúl Eduardo Silva Huapaya 

Asesor: 

Iván Teófilo Hinojosa Cortijo 

Lima, 2020 



   

ii 
 

 
 
 

Informe de Similitud 
 

Yo, Iván Teófilo Hinojosa Cortijo, docente de la Escuela de Posgrado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor de la tesis titulada 

 
Demócratas, conspiradores y revolucionarios: los apristas durante la primavera 

democrática (1945-1948), del autor 

 
Raúl Eduardo Silva Huapaya,  

dejo constancia de lo siguiente: 

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 1%. Así 

lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el 02/05/2023. 

- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profe-

sional, y no se advierte indicios de plagio. 

- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas 

académicas. 

Lugar y fecha: 

Lima, 3 de mayo de 2023 
 
 

Apellidos y nombres del asesor: 
 
Hinojosa Cortijo, Iván Teófilo 

 

DNI: 09165005 
 Firma 

 

 

ORCID: 0000-0001-8598-7286 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

iii 
 

Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar las ideas, organización y acciones políticas de los 

apristas durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, periodo conocido como la Prima-

vera Democrática (1945-1948). En primer lugar, se estudia a la Célula Parlamentaria Aprista 

como un órgano partidario, la relación de sus integrantes con las bases provincianas y su creciente 

conflicto con el Ejecutivo y otras bancadas. En segundo lugar, la polarización que provocó diver-

sas iniciativas apristas dentro y fuera del Parlamento: el indulto para los delitos políticos y el 

castigo de las autoridades antiapristas de gobiernos pasados, la regulación de la actividad comer-

cial e informativa de la prensa, y las expropiaciones de latifundios costeños y la regulación de las 

relaciones laborales en el agro. En tercer lugar, la defensa de la «revolución» aprista en tres áreas: 

el uso propagandístico de los espacios públicos, la politización de las aulas escolares y universi-

dades y la actuación burocrática y de las fuerzas de choque en el escenario de la crisis de subsis-

tencias. Por último, la lucha ideológica y callejera de los apristas contra el PCP, la UR y la Alianza 

Nacional, así como los conflictos dentro del PAP que concluirán con el levantamiento fallido del 

Callao del 3 de octubre de 1948 y el retorno de la ilegalidad aprista.  

 

Palabras claves: 

Haya de la Torre, Partido Aprista Peruano, Célula Parlamentaria Aprista, juntas municipales tran-

sitorias, Ley de Amnistía General, Ley de Imprenta, Ley del Canillita, política agraria costeña, 

propaganda mural y oral, mujeres apristas, Juventud Aprista Peruana, huelgas escolares, Minis-

terio de Agricultura, crisis de subsistencias, relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, anti-

comunismo, Unión Revolucionaria, Alianza Nacional, Secretariado Nacional de Disciplina, Se-

cretariado Nacional de Defensa, insurrección aprista del 3 de octubre de 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

iv 
 

Agradecimientos 

 

Esta investigación no habría sido posible sin la ayuda de varias personas. Julio Núñez y María 

Estela Reaño me brindaron todas las facilidades para examinar los documentos de las colecciones 

Manuel Odría y Luis Heysen de la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. La misma amabilidad encontré en el personal de la Biblioteca de Ciencias Sociales cuando 

revisé la Colección Especial Arturo Sabroso Montoya. Gracias a Juan Córdova, Luis Duque y 

Dennis Gastelú, de la Universidad Católica; a Patricia Soto, de la Dirección del Acceso y Promo-

ción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú, y a Ada Arrieta, jefa del Archivo His-

tórico del Instituto Riva-Agüero, pude acceder a diversos documentos digitalizados durante la 

prolongada cuarentena debido a la pandemia. Por último, desde un inicio, Miguel Costa y Eduardo 

Barriga me animaron constantemente; Iván Hinojosa especialmente estimuló mis inquietudes por 

el PAP y el aprismo y me orientó por el difícil camino de la investigación de una organización 

tan diversa y compleja. Mis padres, Raúl y Gladis, y Alicia Sosa me dieron la fuerza emocional 

y el cariño sincero, tan necesarios en estos tiempos de pandemia.



   

v 
 

  Índice 

 

Resumen iii 

Agradecimientos iv 

Índice v 

Introducción 1 

  

Capítulo 1 

Los apristas en el Parlamento  

 

6 

1.1 Un aparato funcional de militantes técnicos y disciplinados 6 

1.2 Lazos partidarios, demandas provincianas y poder municipal 21 

1.3 Las relaciones con el Ejecutivo y las otras bancadas parlamentarias  36 

  

Capítulo 2 

Iniciativas legislativas, politización y polarización  

 

53 

2.1 Amnistías y denuncias en el marco de la reconciliación nacional 53 

2.2 Regulación y conflictos en torno a la actividad periodística 68 

2.3 La política agraria costeña y la resistencia de los agroindustriales 84 

  

Capítulo 3 

La defensa de la revolución aprista «desde abajo» 

 

99 

3.1 Conquistando la calle: agitación y propaganda en los espacios públicos 99 

3.2 La fe revolucionaria japista en las aulas universitarias y escolares  114 

3.3 Combates en torno a la política alimentaria y la crisis de las subsistencias 131 

  

Capítulo 4 

El renovado combate contra la «reacción» 

 

147 

4.1 El imperialismo soviético y los «bolcheviques criollos» 147 

4.2 El retorno de un viejo rival: la Unión Revolucionaria 163 

4.3 Las «masas» combaten a las masas: la Alianza Nacional 177 

4.4 Entre las fricciones intrapartidarias y la insurrección aprista 189 

 

Conclusiones 

 

203 

Abreviaturas de repositorios físicos y digitales 207 

Bibliografía 208 



   

1 
 

Introducción 

 

Durante los años treinta del siglo pasado, los apristas fueron víctimas de la represión de los go-

biernos autoritarios de Luis Sánchez Cerro y Óscar Benavides. Al ser declarado ilegal, el Partido 

Aprista Peruano (PAP) se adaptó a la lucha armada con fines defensivos y conspirativos. Mientras 

que su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre se mantuvo en la clandestinidad, la mayoría de sus 

dirigentes nacionales fueron exiliados o encarcelados. Solo a fines del gobierno de Manuel Prado, 

que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, el PAP recuperó su condición legal, en un clima 

de exaltación democrática por la victoria aliada en Europa y de grandes expectativas por las pró-

ximas elecciones generales. Los comicios del 10 de junio de 1945 significaron una gran victoria 

para los apristas, quienes integraban el Frente Democrático Nacional, al ser elegidos un número 

considerable de sus candidatos al Parlamento, siendo mayoría simple en ambas cámaras. En 1946, 

tres apristas ocuparon las estratégicas carteras de Hacienda, Agricultura y Fomento, lo que signi-

ficó un año de cogobierno con el Ejecutivo que presidía José Luis Bustamante y Rivero. No obs-

tante, esta significativa presencia aprista en ambos poderes del Estado fue acompañada de una 

creciente polarización política y una profunda crisis social y económica que desembocaría en 

intentos insurreccionales y, finalmente, en el golpe de Estado del general Odría en 1948.  

El objetivo de esta investigación es analizar las ideas, organización y acciones políticas 

de los apristas, tanto en la esfera pública como en el hermético seno partidario, durante la Prima-

vera Democrática, trienio que coincidió con la presidencia de Bustamante (1945-1948). De este 

modo, es posible acercarse a un periodo particular de la historia peruana contemporánea, donde 

la violencia organizada, simbólica y cotidiana, gestada en la década anterior, convivió con las 

instituciones y fórmulas democráticas. En el caso de los apristas, el culto público a sus mártires, 

el uso de sus fuerzas de choque y la elaboración de planes no estuvieron reñidos con su fe y activa 

participación en el sistema democrático. También es posible entender algunos aspectos de la cul-

tura política aprista de este periodo, como la politización de menores de edad, la participación 

femenina en la esfera pública o la lucha ideológica y callejera contra el «enemigo reaccionario»: 

Partido Comunista Peruano (PCP), la Unión Revolucionaria (UR) y la Alianza Nacional. Por úl-

timo, esta investigación se acerca a la historia del aprismo tomando en cuenta la compleja estruc-

tura del PAP, la heterogénea composición de su militancia y las tensas relaciones entre su jefatura 

central y sus bases provincianas, para lo cual se ha recogido múltiples voces apristas de diferentes 

localidades del país. Esta investigación intenta ir más allá del análisis centralista y tendencioso 

que todavía caracteriza a una parte de la historiografía sobre el APRA.  

Después de once años de proscripción y persecución, la victoria del 10 de junio de 1945 

del Frente Democrático Nacional (FDN) fue considerada por la mayoría de los apristas como el 

punto de inicio de la «revolución sin balas», como rezaba un eslogan de su partido. Es decir, de 

la implementarían de profundas reformas en el campo político, económico y social. Esta sería la 



   

2 
 

tarea de los parlamentarios del Partido del Pueblo, nombre con el que se reinscribió legalmente el 

PAP. En la práctica, demandas inmediatas como de los comités provinciales terminaron sobrepa-

sando la capacidad de gestión de aquellos, tensando las relaciones dentro de una organización 

caracterizada por su estructura vertical y culto a la disciplina. Paralelamente, los apristas iniciaron 

un trabajo de penetración política en diversos espacios sociales e instituciones (escuelas, univer-

sidades, gremios, ministerios, municipios, etc.), como el fin de fortalecer su posición ante sus 

enemigos. Sin embargo, esta estrategia terminó abriendo numerosos frentes de lucha que desgas-

taron al PAP, especialmente cuando tres de sus militantes asumieron las carteras de Hacienda, 

Agricultura y Fomento. La violencia que desplegaron sus brigadas de choque, fogueadas en la 

agitación, la propaganda y la lucha campal, si bien permitió inicialmente al PAP «conquistar la 

calle», contribuyó con la polarización política.  

La actuación de los apristas pone en evidencia no solo las contradicciones de un partido 

de masas que pasó de la clandestinidad a la legalidad en un periodo relativamente corto, sino 

también la de un periodo de la historia política peruana en que la violencia partidaria tenía un 

espacio válido en el discurso y la acción democrática. Por una parte, la derrota por medio de las 

armas del fascismo italiano, el nazismo alemán y el militarismo japonés dejaba como lección que 

la violencia resultaba legítima cuando se trataba de restaurar o defender la libertad y la democra-

cia. Los apristas ya habían hecho suyo este mensaje cuando justificaron el uso de una violencia 

defensiva contra la que desplegaban contra ellos las tiranías de Sánchez Cerro y Benavides. Por 

otra parte, contar con un aparato armado les otorgaba a partidos perseguidos como el PAP una 

ventaja práctica cuando se trataba de negociar con otros actores políticos civiles y militares. Si 

bien su eficiente organización, disciplina y mística de lucha dieron a los apristas una excepcional 

ventaja sobre sus rivales de izquierda y derecha, la «reacción», estos terminarían agrupándose, 

salvo los comunistas, en la Alianza Nacional. Los aliancistas usarían una intensa propaganda y la 

violencia, unas veces con la complicidad de las autoridades.  

La necesidad de superar el «impase constitucional» que la huelga parlamentaria provocó 

desde mediados de 1947 —una maniobra política de sus enemigos que privó a los apristas de su 

principal tribuna pública y principal base de poder estatal— y el peligro de un golpe militar ins-

tigado por la derecha, conllevaron a que la alta dirección del PAP planeara el derrocamiento del 

presidente Bustamante a principios de 1948, con la colaboración de algunos sectores de las Fuer-

zas Armadas. Se recurría a la conspiración insurreccional, tal como se había hecho en la década 

anterior, apelándose al mismo argumento: la lucha moralmente justificada del pueblo contra la 

«tiranía» gubernamental y sus aliados comunistas y fascistas criollos, con el fin de restaurar las 

libertades democráticas. La victoria de los Aliados sobre el Eje, y las más cercanas revoluciones 

«democráticas» de Venezuela (1945) y Bolivia (1946), reafirmaron esta convicción en el imagi-

nario aprista, sobre todo en sus sectores jóvenes y adultos más radicalizados. A ello se sumó un 



   

3 
 

renovado anticomunismo donde los apristas se veían a sí mismos como los adalides de la demo-

cracia ante el imperialismo soviético que amenazaba al mundo libre. Paradójicamente, para sus 

enemigos de derecha e izquierda, los apristas representaban el peligro marxista o fascista, respec-

tivamente, que, en aras de la libertad, debía ser aniquilado con violencia. El aplastamiento de la 

insurrección aprista del Callao del 3 de octubre de 1948 fue presentado por las autoridades como 

una victoria nacional sobre el totalitarismo y el terrorismo de inspiración foránea. Semanas des-

pués, Manual Odría instauraría una larga dictadura militar. 

En su biografía de Haya de la Torre, Roy Soto (2002) exalta las iniciativas y medidas de 

las autoridades apristas con marcado sesgo partidario. Por el contrario, Nelson Manrique (2009) 

cuestiona el «viraje» reformista de una cúpula que renuncia a sus ideales originales. Se trata de la 

conocida interpretación de «aburguesamiento» que planteó el exaprista Víctor Villanueva Valen-

cia (1977). Con respecto al Haya del periodo 1945-1948, estudios posteriores han superado bio-

grafías políticas con fines publicitarios de Luis Alberto Sánchez (1980 [1954]) y Felipe Cossío 

del Pomar (1969). Eugenio Chang-Rodríguez, con tono mesurado, expone la ideología y la histo-

ria del PAP a partir del pensamiento (2007 y 2012) y de las inquietudes estéticas de Haya (2018). 

Por su parte, Hugo Vallenas (2006 [1992]), en un penetrante artículo, explica los cambios en las 

ideas y acciones del líder aprista según el dinámico escenario político nacional e internacional, 

llamando la atención sobre su carácter pragmático. Más innovador y crítico, Iñigo García-Bryce 

(2018) integra diversos temas sobre el aprismo en una reciente biografía de Haya, temas como el 

culto a su personalidad o la militancia femenina que son tratados sin la parcialidad característica 

que caracteriza a los autores antiapristas. Por su parte, en un breve artículo, Geneviève Dorais 

(2020) ha analizado el discurso hayista del trienio 1945-1948 como una reinvención deliberada 

de la memoria histórica del APRA, que hacía de la paz social y la tolerancia valores «originales» 

del aprismo, con el fin de asegurar la legalidad recuperada en 1945. 

A nivel del Ejecutivo y Legislativo, Gonzalo Portocarrero (1983) analizó la posición del 

PAP frente a la política económica de Bustamante; y Alberto Borea (1980) publicó un amplio 

recuento de las iniciativas parlamentarias apristas. En otros campos, Piedad Pareja (1980) estudió 

las tensas relaciones del PAP con las organizaciones sindicales. Sobre la insurrección del 3 de 

octubre de 1948, como uno de sus actores, Víctor Villanueva Valencia (1973) expuso con detalle 

los hechos según la versión de los apristas que acusaron de traición a su dirigencia. En su estudio 

sociológico sobre el APRA, Liisa North (1973) hizo un análisis más ecuánime que incluyó la voz 

de unos y otros. Por último, Jaime Taype (2018), al usar documentos judiciales, brinda la decla-

ración de los sublevados y de sus debeladores de la Armada. 

Desde fines del siglo XX, diversas investigaciones han contribuido a enriquecer la histo-

ria del APRA, incluyendo el periodo 1945-1948. Como parte de un conjunto de investigaciones 

que aborda la historia política latinoamericana en los inicios de la Guerra Fría, Nigel Haworth 

(1997) estudió la actuación institucional del APA en el gobierno de Bustamante, haciendo uso de 



   

4 
 

documentos desclasificados estadounidenses. Por el contrario, desde la historia regional, Jaymie 

Heilman analizó el discurso anticomunista del PAP en Ayacucho durante el gobierno de Busta-

mante (2012), así como la recepción del aprismo en dos comunidades ayacuchanas en los años 

cuarenta (2018). Por su parte, Fiona Wilson (2014) analizó el aprismo como parte de su estudio 

sobre la cultura política de Tarma en el siglo XX. Desde un enfoque de género Daniel Reedy 

(2000) y Kathleen Weaver (2009) analizaron la trayectoria política, intelectual y literaria de 

Magda Portal, enfatizando su lucha por los derechos femeninos. En esta línea, Carlos Bedoya 

(2019 y 2020) analizó la participación de la aprista en las elecciones municipales de 1945 y la 

elección de algunas de ellas como alcaldesas y regidoras, un hecho que ha sido prácticamente 

ignorado. 

Con respecto a las fuentes primarias, se ha privilegiado las de origen aprista. Si bien la 

voz de Haya de la Torre, a través de cartas, discursos, entrevistas y libros, ha sido cardinal, se ha 

dado igual relevancia a los documentos y memorias publicados de otras figuras nacionales del 

aprismo, como Luis Felipe de las Casas, Carlos Manuel Cox, Luis Heysen Incháustegui, Fernando 

León de Vivero, Nicanor Mujica, Luis Negreiros, Luis Alberto Sánchez, Alfredo Saco Miró Que-

sada, Manuel Seoane, Andrés Townsend y Armando Villanueva del Campo. Los recuerdos de 

otros apristas de relevancia más regional, como el arequipeño Antero Peralta Vásquez, el truji-

llano Orestes Romero y los tacneños Fredy Gambetta y Enrique Rivero Vélez también han sido 

incluidos. La voz de dirigentes medios y militantes de base se ha podido escuchar gracias a los 

testimonios recopilados por Juan Aguilar Derpich (1984), Alberto Valencia (1986) y César García 

Agurto (1992); y, de forma codificada y fragmentada, al estudio sobre el pensamiento popular 

aprista realizado por Imelda Vega-Centeno (1991). Cartas y notas periodísticas también permitie-

ron escuchar estas voces, sobre todo de las provenientes de los comités provinciales.  

Un comentario aparte se merecen las fuentes de índole histórico-literaria que se han uti-

lizado. Se tratan de testimonios reales que han sido recogidos, recreados e incorporados en dife-

rentes obras literarias. Entre ellas destacan los testimonios de la combativa pero desilusionada 

juventud aprista, que transitó de la persecución de los años treinta a la legalidad de mediados de 

los cuarenta, que recogió el escritor y literato huantino Edmundo Bendezú (1976, 1978 y 2011). 

Unas veces, estos testimonios aparecen textuales en un relato histórico que juega también con la 

ucronía. Por su parte, Alberto Herrera Thompson noveló las experiencias de su padre en el PAP, 

como un militante de base en Melquiades (1988). La obra proporciona la mirada no la del mili-

tante dogmático ni dispuesto al combate callejero, sino de aquel que, desde una ubicación casi 

periférica, confía en sus partidos y sus líderes. Sin ser aprista, Eduardo Zavaleta (1998 [1974] y 

2000), con tono sombrío, también expresó la heterogeneidad de expectativas, valores y experien-

cias, unas veces contradictorias, de los apristas durante la Primavera Democrática. 



   

5 
 

Gracias a la Colección Manuel A. Odría de la Biblioteca Central de la Pontificia Univer-

sidad Católica del Perú (PUCP), se accedió a expedientes e informes policiales, cartas y docu-

mentos, así como a volantes, avisos y cartas anónimas. Además, gracias a este archivo y a la 

Colección Luis E. Heysen de la misma universidad, se pudo examinar ejemplares de los periódi-

cos apristas ¡Hechos! y El Norte. En la Biblioteca Central de la Pontifica Universidad Católica se 

revisó el diario Trinchera Aliada y los ejemplares disponibles de la revista aprista Renovación. 

En la Biblioteca de Ciencias Sociales de la PUCP se revisó el antiaprista Vanguardia —que pu-

blicó cartas de ambulantes, campesinos, obreros, maestros, etc., que denunciaban el proceder de 

las brigadas apristas, así como documentos del PAP, posiblemente filtrados por el Ministerio de 

Gobierno y Policía— y otros documentos que integran la Colección Especial Arturo Sabroso 

Montoya. Se hizo una revisión parcial de La Tribuna en la Colección Denegri del Instituto Riva-

Agüero. Durante la pandemia, el Archivo Histórico del IRA y la Dirección del Acceso y Promo-

ción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú facilitaron documentación digitalizada. 

Gracias al proyecto Endangered Archives Programme de la Biblioteca Británica, también se re-

visaron ejemplares digitalizados del arequipeño El Deber y del aprista chiclayano Carteles; y se 

recurrió al Archivo Digital de la Legislación del Perú del Congreso de la República y, de la Uni-

versidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a las actas de Consejo de Ministros del 

gobierno de Bustamante y al Archivo de Memoria Oral, en búsqueda de información legal y tes-

timonial.  

En el primer capítulo, se estudia la formación y dinámica interna de la Célula Parlamen-

taria Aprista (CPA), en tanto un órgano funcional del PAP sometido a la disciplina vertical pero 

no libre de diferencias y conflictos; los lazos partidista-clientelares de la CPA, desde Lima, con 

los comités y provincianos; y la relación de colaboración, negociación y conflicto entre la CPA y 

el Ejecutivo en una lucha que terminó fragmentando el FDN. En el segundo capítulo, se analizan 

de iniciativas legislativas de los parlamentarios apristas que polarizaron las escenas política y 

social, relacionadas con la reconciliación nacional y los delitos políticos, el control del contenido 

y la distribución de la información periodística, y con la política agraria costeña. En el tercer 

capítulo, se explica la organización y movilización de los y las apristas, jóvenes y adultos, cum-

pliendo las tareas de agitación y propaganda en la vía pública, en las aulas universitarias y esco-

lares, y en el marco particular de la crisis de las subsistencias. En el último capítulo, se analiza, 

por un lado, en enfrentamientos de los apristas con sus «enemigos» políticos: los comunistas pe-

ruanos, que encarnaban el imperialismo soviético; los «fascistas» de una renovada Unión Revo-

lucionaria; y la Alianza Nacional, coalición que reunía a casi todas las organizaciones de iz-

quierda, centro y derecha; y, por otro, la vía insurreccional aprista que desembocó en la fallida 

insurrección del 3 de octubre de 1948.  

 

 



   

6 
 

Capítulo 1 

Los apristas en el Parlamento  

 

Los apristas se convirtieron en la principal fuerza parlamentaria en ambas cámaras en las eleccio-

nes generales de 1945. Las elecciones complementarias de un año después confirmaron este pre-

dominio con la elección de más parlamentarios apristas. Aunque no llegaron a constituir una ma-

yoría absoluta, los parlamentarios apristas actuaron como una poderosa fuerza organizada como 

un aparato partidario, la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), la cual votaba en bloque las inicia-

tivas legislativas que eran elaboradas en su seno. Ceñidos a las directrices de la jefatura central, 

los parlamentarios apristas no fueron ajenos a las rivalidades internas. Hacia afuera, tejieron y/o 

fortalecieron sus redes clientelistas-partidarias en un escenario de elevadas expectativas en las 

bases apristas provincianas, las cuales elevaron sus pedidos y reclamaron su satisfacción. En otro 

ámbito, el PAP, a través de la CPA, negoció e intentó imponerse sobre el Ejecutivo. La actuación 

de los apristas en el Parlamento, acusada de sectaria por sus adversarios, agudizaría la crisis po-

lítica y social que socavaría la democracia peruana en 1948. 

 

1.1 Un aparato funcional de militantes técnicos y disciplinados 

Una vez que el PAP recuperó su condición legal el 15 de mayo de 1945, inició la selección de sus 

candidatos que conformarían las listas del FDN. No fueron designados por «las masas del Par-

tido», como se afirmaría años después,1 sino por su dirección central residente en Lima. La ma-

yoría de los elegidos fueron cuadros que habían demostrado su fidelidad y competencia durante 

los años de persecución, dentro y/o fuera del país, especialmente dirigentes nacionales como Ma-

nuel Seoane, Antenor Orrego o Luis Heysen. Otros líderes menores, como Luis Felipe de las 

Casas, fueron designados personalmente por Haya de la Torre.2 También habrían sido incluidos 

algunas de las «caras nuevas» que Luis Alberto Sánchez vio con suspicacia la noche del 20 de 

mayo en la casita de Haya de Miraflores: «Casi todas se mostraban terriblemente cordiales; nin-

guna ceñuda. Comprendí: las elecciones serían el 10 de junio y se trataba de elegir candidatos 

parlamentarios».3 Por el contrario, los rostros familiares de Luis Negreiros Vega y Arturo Sabroso 

Montoya, dos destacadas figuras del sindicalismo aprista, fueron excluidos por razones discipli-

narias.4 Si bien ambos habrían asegurado una curul, la dirección central del PAP habría preferido 

figuras de incuestionable obediencia.  

                                                             
1 León de Vivero (1951: 46). 
2 De las Casas (1981: 123). 
3 Sánchez (1987 [1969]-II: 354).  
4 El proceso abierto contra Negreiros se debía a su participación en el Pacto de Chile (Temoche 1955: 27). Es decir, 
con el acuerdo entre apristas y comunistas peruanos en Santiago de Chile de 1944, para formar una central sindical 
única: la Central de Trabajadores del Perú. Por su parte, Sabroso, autor de la Marsellesa Aprista y, en ese momento, 
secretario general de la CTP, fue sancionado por un gesto de agradecimiento al presidente Manuel Prado después de 
que este atendiera un pliego de reclamos (Chanduví 1988: 313-314). Sabroso también había sido vinculado en el pasado 
con el grupo de Alfonso Vásquez Lapeyre que intentó dividir al PAP en 1939, como señala Pareja (1978). 



   

7 
 

La selección de los candidatos parlamentarios despertó tensiones y disputas entre apristas. 

Fue el caso, por ejemplo, de Carlos Alberto Eyzaguirre, abogado laboral y exsecretario general 

del Comité de Desterrados de Santiago de Chile, quien no fue incluido por «chismes absurdos» a 

decir de Sánchez.5 Por su parte, Manuel Cisneros Millar, por entonces un adolescente simpatizante 

del APRA, fue testigo de la «lucha fratricida» que desataron algunos dirigentes huanuqueños 

«para ocupar los cargos públicos o la nominación en las listas para el Congreso Nacional». Entre 

ellos se encontraba un maestro ebanista, quien se creía con este derecho por haber hecho de su 

taller una base clandestina durante la persecución. Tal conducta contrastaba, según Cisneros, con 

la «de los prohombres del APRA, como Showing, De la Matta y otros, [que] lucían más limpia y 

ejemplar ante tan desmedida e incontrolada ambición de otros».6 Los incidentes continuaron des-

pués de las elecciones. Así, Sánchez, como delegado aprista ante el Jurado Departamental de 

Lima, dudaría de los dos mil votos que habían favorecido solo al «compañero X», ignorando a 

los otros trece integrantes de la lista del FDN, «lo que podía indicar en esos sufragantes el indis-

ciplinado propósito de colocar a su escogido por encima de los demás candidatos. Develado aque-

llo, su beneficiario negó toda participación en la intentona. Era un alivio oírlo».7 

Los resultados del 10 de junio de 1945 dieron una contundente victoria para el Partido 

del Pueblo: diecisiete senadores y cincuentaiún diputados apristas fueron elegidos.8 Se organizó 

una celebración pública para el domingo 22 de julio —a seis días de la toma de mando del electo 

presidente Bustamante— en la plaza Manco Cápac. El evento fue anunciado por la prensa y tras-

mitido a nivel nacional por Radio Central.9 A las cinco de la tarde arribaron las primeras delega-

ciones de los comités «sectorales» (o barriales) apristas, portando emblemas y carteles, así como 

los comités procedentes de las áreas rurales circundantes de Lima. Hombres con brazaletes rojos 

del Secretariado Nacional de Disciplina velaban por el orden y ubicaban a los asistentes. Con 

anterioridad se había engalanado el monumento de Manco Cápac con banderines y gallardetes, y 

desplegado una gran bandera peruana en el campanario de la iglesia adyacente, lo que daba a la 

ceremonia un cariz patriótico a la vez que partidario y litúrgico. A las seis de la tarde se inició el 

desfile de las brigadas de las diferentes organizaciones apristas, «las cuales marcharon gallardas 

y disciplinadas con el brazo erguido delante del Jefe Aprista», según un cronista de Trinchera 

Aliada.10 El Partido del Pueblo se revelaba como una organización disciplinada, democrática y 

nacionalista que salía de las catacumbas como la principal fuerza política del país.  

Concluidos el desfile de apertura, se dio paso a una inusual ceremonia de juramentación. 

Ante una mesa dispuesta en el estrado, los parlamentarios apristas hicieron la declaración de sus 

                                                             
5 Sánchez (1987 [1969]-II: 354, 355-356).  
6 Cisneros (2014: 68-69). Cisneros se refiere a los dirigentes Carlos Showing Ferrari y Miguel de la Mata Beraún. 
7 Sánchez (1987 [1969]-II: 362-363). 
8 Para estas cifras, contrástese la lista del JNE (2015-II: 80-86); y Saco (1985: 264-265, nota al pie 1).  
9 Pareja (1980: 40); Bustamante Quiroz (2016: 243). 
10 «La gran actuación aprista del domingo 22», Trinchera Aliada, Lima, 25 de julio de 1945: 4. 



   

8 
 

bienes ante un notario, como una demostración de la honestidad con que iniciaban su labor como 

funcionarios públicos. Después firmaron y entregaron sus renuncias en blanco a Haya, ahora 

como una demostración de lealtad y obediencia al Partido, encarnado en la figura del «Compañero 

Jefe», para luego saludar con el brazo izquierdo en alto a la multitud aprista, que —según Trin-

chera Aliada—, era de 100 000 personas. Siguieron los discursos de los electos Fernando León 

de Vivero (diputado por Ica) y Manuel Seoane (senador por Lima). Después llegó el turno de 

Haya. Durante las dos horas y veinte minutos, trazó la indiscutible trayectoria democrática del 

APRA —«Fuimos democráticos desde antes del Pacto Germano-Soviético; antes y después de 

Pearl Harbour [sic]»— y la responsabilidad que implicaba una actividad parlamentaria que res-

pondiera a las demandas de las mayorías.11 Particularmente, Haya resaltó la ética que guiaría el 

comportamiento de los «representantes del pueblo» en ambas cámaras.12  

La entrega de las renuncias en blanco generó controversias. Para el presidente Busta-

mante, eran un «símbolo de su disciplina i señal tangible de su acatamiento previo a la sanción 

que el comando había de imponer a quiene[s] de entre ellos violasen las directivas partidarias en 

el ejercicio de la función cameral».13 El acto contravenía la naturaleza constitucional de un man-

dato irrenunciable y vulneraba la voluntad popular expresada en las ánforas.14 Es decir, Busta-

mante consideraba incompatible la libertad individual, propia de una democracia, con un gesto 

que, en realidad, era propia del principio de verticalidad que caracterizaba a las organizaciones 

políticas modernas con liderazgos carismáticos, donde la lealtad y la obediencia a la cúpula ate-

nuaban el faccionalismo. Las renuncias en blanco, por el contrario, generaron serias dudas en 

Bustamante sobre la sinceridad democrática de los apristas en el nuevo escenario político que se 

abría después de las elecciones: «¿Adónde iba el Apra? ¿Era que, a pesar de su cambio de nombre, 

de su vuelta a la legalidad i de los compromisos adquiridos, proyectaba su organización vertical? 

¿Iba, así, a depender de la voluntad de un jefe o de un comité político la subsistencia o la cance-

lación de un mandato emanado de la voluntad del pueblo elector? ¿Podía esta forma de partido 

hacerse árbitro de la suerte de los representantes?».15 La exaltación libertaria que motivó la vic-

toria sobre el fascismo en Europa debió punzar aún más estas dudas. 

Es obvio que para los apristas no había contradicción entre las renuncias en blanco y el 

mandato popular. En primer lugar, el gesto era una manifestación de la disciplina, que los apristas 

consideraban un alto valor moral que era parte de su identidad política. La disciplina como tal 

estaba estrechamente vinculado con otros valores como la obediencia al líder, el cumplimiento de 

las responsabilidades y la lealtad al Partido. Si bien se esperaba que los apristas interiorizaran la 

                                                             
11 Ibíd. 
12 Chanduví (1988: 330). 
13 Bustamante y Rivero (1949: 30). 
14 Según el artículo 92 de los Constitución de 1933, los diputados y los senadores representan a la Nación y, por ello, 
no están sujetos a mandato imperativo. 
15 Bustamante y Rivero (1949: 30-31). 



   

9 
 

disciplina, el PAP instituyó mecanismos de control a través del órgano especializado en esta tarea: 

el Secretariado Nacional de Disciplina.16 En vísperas de las elecciones, en la plaza de Trujillo, el 

mismo Haya se refirió al diferenciado control bajo el cual quedarían sometidos los futuros parla-

mentarios apristas y no apristas del FDN. Es decir, entre «los que son nuestros y se hallan bajo el 

severo control disciplinario del Partido, y los que no siendo nuestros se hallan bajo el control 

disciplinario de la opinión pública».17 Cuando los parlamentarios apristas entregaron sus renun-

cias en blanco, se sometían voluntariamente al severo control disciplinario del Partido del Pueblo, 

el cual estaba encarnado en la figura carismática de su líder máximo. 

En segundo lugar, las renuncias en blanco estaban relacionadas con lo que significaba el 

Partido de Pueblo en términos democráticos. Para los apristas, este era el único que escuchaba, 

recogía e interpretaba las demandas de las masas. Su programa tenía como fin establecer una 

verdadera democracia política y económica a través de diversas reformas., muchas de las cuales 

Haya y los candidatos parlamentarios apristas se comprometieron realizar durante la campaña.18 

El Partido (su dirección central) controlaría el cumplimiento de tal compromiso, incluso de todas 

las autoridades elegidas, en su papel de depositario de las esperanzas del pueblo. En el discurso 

de Haya en Trujillo, este señaló que el Partido del Pueblo «controlará democráticamente a todos 

aquellos que resulten elegidos por el voto popular. Y los controlará desde el Presidente de la 

República hasta el último representante en nombre de los intereses del pueblo, no para indicarles 

el camino sino para evitar, cuando llegue el caso, que se desvíen del camino […] el Partido que 

es la representación del pueblo y que, como tal, tiene que vigilar los intereses del pueblo deje de 

interpretar la voluntad soberana del pueblo faltando a la confianza que el pueblo ha puesto en 

nosotros».19 Las renuncias en blanco eran una advertencia, sobre todo, para que los representantes 

apristas no se desviaran del camino hacia la justicia social trazado por la dirección central. 

Los parlamentarios apristas quedaron sometidos a las directrices del Comando Nacional 

del PAP, aunque se señalara lo contrario. Por ejemplo, se anunció que, «en cumplimiento del 

espontáneo acuerdo unánime de los senadores y diputados apristas, han hecho entrega al Partido 

del total de sus emolumentos. Es el Comando Nacional el que ha señalado la cantidad que cada 

representante debe recibir de acuerdo con sus necesidades».20 Trinchera Aliada precisaba que esta 

decisión se debía a que los parlamentarios apristas habían recibido dinero del Secretariado Na-

cional de Economía, para cubrir los gastos de sus campañas. El PAP había asumido este gasto sin 

la intervención del Comité Económico del FDN, organismo ante el cual ni siquiera aceptó tener 

                                                             
16 Sobre la disciplina aprista y el Secretariado Nacional de Disciplina, véase la sección 4.4 de esta investigación. 
17 «Discurso de Haya de la Torre en Trujillo», El Pueblo. Órgano del Partido del Pueblo, nro. 14, Chiclayo, 26 de junio 
de 1945: 8, sin foliación, en CELH-PUCP. 
18 Sobre la campaña de los candidatos parlamentarios apristas, véase la sección 1.2 de esta investigación.  
19 «Discurso de Haya de la Torre en Trujillo», cit. 
20 «La Célula Parlamentaria Aprista por espontáneo y unánime acuerdo resolvió entregar íntegramente sus emolumen-
tos a su partido el q’ dispondrá por cuotas lo que cada uno debe recibir según sus necesidades», Trinchera Aliada, 
Lima, 1 de setiembre de 1945: 1.  



   

10 
 

un representante. Una vez elegidos, aquellos decidieron entregar su primer sueldo de agosto para 

cubrir sus deudas.21 Que el Comando Nacional dispusiera del primer sueldo de los parlamentarios 

apristas denota verticalidad, disciplina y obediencia entre la jefatura y sus cuadros, una relación 

que, sin embargo, dejaba margen para gestos espontáneos que no contradijeran la línea política 

establecida. Así, Trinchera Aliada, además, informaba sobre la decisión del diputado Julio Nava-

rro de entregar su sueldo a la Universidad Popular Gonzales Prada del Callao.22 Lo cierto es que 

la entrega de dinero se formalizó en un sistema de cuotas: los parlamentarios solteros y casados 

entregarían el 20 % y el 10 % de sus sueldos (S/400 y S/200, respectivamente), además del íntegro 

de sus bonificaciones a la Caja del Partido.23 

Las acciones individuales y las aprobadas por la dirección aprista podían articularse en la 

actuación, e incluso calzar con el carácter, de los parlamentarios apristas. Por ejemplo, la perso-

nalidad del diputado por Lima Luis Felipe de las Casas, posiblemente el integrante más joven del 

nuevo Parlamento, resultaba apropiada para revestir de efectismo determinadas medidas. Con sus 

veintinueve años, De las Casas era una figura polémica, incluso entre los apristas,24 que no tardaría 

en llamar la atención de la prensa por su vehemencia. Contaba con la confianza de Haya, espe-

cialmente después de que organizara la exitosa concentración aprista del 20 de mayo de 1945 en 

el Campo de Marte. El «candidato de la juventud», electo con 70 138 votos, fue después designado 

tesorero de la Cámara de Diputados, por disposición de Haya. De inmediato, De las Casas ordenó 

una auditoría que sorprendió, según señala en sus memorias, a sus propios compañeros de ban-

cada. Al revelarse gruesas irregularidades, decidió realizar las denuncias respectivas, lo que le 

granjeó «enemigos y odios explicables e implacables». Además, De las Casas suspendió los gas-

tos de instalación y la compra de ropas de gala para civiles y militares, dispuso que, «[e]n cuanto 

a los automóviles, que cada representante use el propio, como lo hago yo y sin placa oficial», y 

publicó las cuentas de su gestión al finalizar su trabajo como tesorero.25  

En sus memorias, De Las Casas sugiere que las decisiones que tomó como tesorero de su 

cámara fueron iniciativas personales. En realidad, fueron parte de las acciones aprobadas que se 

proponían demostrar la naturaleza transparente y austera de la gestión aprista en el Parlamento. 

Estas habrían sido discutidas con antelación en el Comando Nacional. Fernando León de Vivero, 

como presidente de la Cámara de Diputados, había anunciado que se procedería a la licitación de 

los servicios de peluquería y cantina, los que ahora serían cubiertos por los representantes. Más 

                                                             
21 Ibíd. 
22«La Célula Parlamentaria Aprista por espontáneo y unánime acuerdo resolvió entregar íntegramente sus emolumentos 
a su partido el q’ dispondrá de cuotas lo que cada uno debe recibir según sus necesidades», Trinchera Aliada, Lima, 1 
de setiembre de 1945: 1. 
23 De las Casas (1981: 128); Saco (1985: 307). 
24 En 1939, De las Casas había fundado, por encargo de Haya, dos organizaciones paramilitares juveniles: la Vanguardia 
Aprista de Choque y la Vanguardia Aprista Juvenil, inspiradas en las brigadas de choque del Movimiento Nacional 
Socialista chileno. De las Casas (1981: 128); Saco (1985: 307). Hostigados por estos en la cárcel, el citado sindicalista 
Arturo Sabroso trataría a los vanguardistas y a De las Casas de lectores fascistas de Mi lucha. Pareja (1978: 47). 
25 De las Casas (1981: 125-127); JNE (2015-II: 85).   



   

11 
 

importante todavía, se derogaría la Ley de Jubilación de estos últimos.26 Dicho espíritu renovador 

fue compartido por las demás bancadas, de tal manera que se acordó discutir públicamente el 

presupuesto del Parlamento. De este modo, según el redactor de Trinchera Aliada —Severo del 

Campo (¿acaso Armando Villanueva del Campo?)—, quedaba atrás el secretismo que rodeaba 

los asuntos económicos del Parlamento, como el monto de los sueldos o el destino de sus partidas 

presupuestales. Se trataba, según el cronista, del cumplimiento de una de las promesas electorales 

del FDN y del APRA.27 Una vez que fueran aprobadas estas medidas apristas, Severo del Campo 

aseguró que beneficiarían no solo al fisco nacional, sino también la imagen de la desprestigiada 

clase parlamentaria, pues al renunciar a sus privilegios, se nivelaba socialmente con toda la po-

blación: «No se trata, pues, de una democracia de palabras, sino de hechos».28 

La Célula Parlamentaria Aprista (CPA), integrada por los senadores y diputados apristas, 

se correspondía con el principio de funcionalidad que estructuraba a organizaciones de masas 

como el APRA. El PAP estaba (y está) organizado siguiendo el patrón de aparatos especializa-

dos,29 con el fin de abarcar, dirigir y controlar todas las actividades de los militantes según los 

objetivos que trazaba el CEN. Según el historiador Murillo, esta organización se razonó como un 

ensayo de democracia funcional sustentado en un «plan técnico» de «división científica» de ta-

reas: «suponía la especialización de sus miembros en la correspondiente actividad, gozando de 

cierta autonomía para la aplicación de su respectivo plan de trabajo».30 En este sentido, la CPA 

debía agrupar a los que tendrían la tarea de proponer, debatir y aprobar leyes en ambas cámaras. 

Por otra parte, en sentido contrario, los parlamentarios apristas, al igual que el resto de los mili-

tantes, debían estar adscriptos a un sindicato según su profesión u ocupación, siguiendo una anti-

gua directiva de 1934.31 Así, el diputado por Chancay, el ingeniero agrónomo Alfredo Saco Miró 

Quesada, era también activo miembro del Sindicato Aprista de Ingenieros. Si bien no todos los 

parlamentarios apristas habrían tenido vínculos estrechos con sus sindicatos profesionales, lo in-

discutible es que la estructura funcional del PAP establecía una red formal que enlazada a la CPA 

con sus diversos aparatos de técnicos. 

Luis Felipe de las Casas —quien había interrumpido sus estudios de Economía en Chile 

para retornar clandestinamente al Perú en 1939— se veía a sí mismo como un ejemplo del parla-

mentario aprista que estaba profesionalmente preparado para legislar en su materia. A tres sema-

nas de la instalación del Parlamento, dijo no solo personificar los deseos de cambio de toda su 

generación, sino también al militante aprista sujeto tanto a principios políticos de su partido como 

                                                             
26 «Notas nacionales», Renovación, nros. 20-21, Lima, julio-agosto de 1945: 17. 
27 Severo del Campo, «El ambiente parlamentario», Trinchera Aliada, Lima, 4 de agosto de 1945: 4. 
28 Severo del Campo, «El ambiente parlamentario», Trinchera Aliada, Lima, 11 de agosto de 1945: 4. 
29 Los secretariados eran Organización, Economía, Política, Disciplina, Defensa, Prensa, Propaganda, Educación, Asis-
tencia Social, Cooperativas, Sindicatos, Interior, entre otros. Los comandos eran Femenino y Universitario. 
30 Murillo (1976: 307). 
31 Villanueva Díaz (1985-I: 229). 



   

12 
 

a razones técnicas al momento de proponer leyes: «Individualmente, creo poder intervenir, técni-

camente, en mi especialidad económica para lo cual tengo algunos problemas ya estudiados». 

Como miembro de la CPA, De las Casas anunció que su labor estaría «regulada y asentada por 

los planes y proyectos que los cuadros técnicos del partido han confeccionado o estén en camino 

de confeccionarse para dar solución a los más apremiantes problemas nacionales». Tales solucio-

nes responderían a las demandas genuinas de las mayorías, pues los parlamentarios apristas «serán 

fieles intérpretes de nuestro partido que por ser del pueblo, expresará la voluntad y los intereses 

del mismo».32 De las Casas tenía una concepción pragmática y dinámica de la política. Había 

cambiado la carrera de Derecho por Economía durante su exilio en Chile, pues razonaba a esta 

última más apropiada para un «revolucionario»; por el contrario, los que habían hecho de la polí-

tica una profesión eran generalmente abogados.33 

Severo del Campo celebró que las comisiones del Parlamento fueran integradas por se-

nadores y diputados según su profesión u ocupación sin que se descuidara la proporcionalidad 

partidaria: «se ha procedido con criterio constructivo y no a base de conveniencias, vanidades o 

intereses personales», señaló el cronista.34 Una semana después, aseguraba el cronista de Trin-

chera Aliada que la medida era exitosa: «El Congreso trabaja y lo hace firme y concienzudamente. 

El proceso de siete días ha servido para la estructuración de los cuadros de comisiones y para el 

planteamiento de diversas iniciativas».35 La confianza de Severo del Campo era mayor, debido a 

que los apristas presidirían un número excepcional de comisiones en la Cámara de Diputados 

(Relaciones Exteriores, Constitución, Legislación Especial, Electoral y Gobierno, Legislación del 

Trabajo, Justicia y Trabajo, Asuntos Indígenas, Presupuesto, Agricultura, Subsistencias, Previ-

sión Social, Educación Pública, Prensa y Revisora), lo que auguraba una eficiente gestión al ser 

el cuadro similar en la Cámara de Senadores.36  

Es probable que la profesión u ocupación de los parlamentarios como un criterio para 

integrar las comisiones parlamentarias fuera una iniciativa de la CPA. En todo caso, al estar pre-

sididas por apristas, su trabajo debió quedar articulado, explícita o implícitamente, con el que se 

realizaba en cada una de las comisiones especializadas de la CPA. En efecto, los parlamentarios 

apristas fueron agrupados en veinticuatro comisiones funcionales según su profesión o especiali-

zación. Así, el ya citado ingeniero agrónomo Alfredo Saco Miró Quesada le correspondió presidir 

la Comisión de Agrarismo y Alimentación e integrar la Comisión de Cooperativas de la CPA. Las 

propuestas legislativas tuvieron su origen en estas comisiones, donde eran discutidas con técnicos 

                                                             
32 «Luis de las Casas habla», Trinchera Aliada, Lima, 6 de julio de 1945: 4.  
33 De las Casas (1981: 62). En sus memorias, De las Casas también resaltó la formación profesional como un elemento 
esencial para el político, pues «para guiar con responsabilidad hay que saber y capacitarse mucho. Es peligroso hablar 
improvisadamente sobre la realidad y lo que debe hacerse, sin tener la base de los estudios correspondientes». No 
obstante, De las Casas había interrumpido sus estudios de Economía en 1939, debido a su regreso clandestino al Perú. 
34 Severo del Campo, «El ambiente parlamentario», Trinchera Aliada, Lima, 4 de agosto de 1945: 4. 
35 Severo del Campo, «El ambiente parlamentario», Trinchera Aliada, Lima, 8 de agosto de 1945: 4. 
36 Ibíd. 



   

13 
 

apristas. Por otra parte, Saco fue designado presidente de la Comisión Principal de Agricultura y 

de la Comisión de Subsistencias de la Cámara de Diputados.37 Es evidente que su trabajo en las 

comisiones de la CPA y del Parlamento era sumamente estrecho: sus iniciativas legislativas se 

elaboraban y reelaboraban en una y otra esfera, un fenómeno que resultaba inusual en el escenario 

peruano, pero siempre ciñéndose a los lineamientos políticos apristas. 

En Trinchera Aliada, Eduardo Jibaja comparó el trabajo legislativo de pasadas gestiones 

parlamentarias con el que iniciaba, «por primera vez en nuestra República», la CPA. A decir del 

periodista de filiación aprista, su dinamismo y trabajo colectivo los distinguía de los «parlamen-

tarios de antaño [que] trabajaron –cuando trabajaban– individualmente» con «sus propios criterios 

y conveniencias». A esta forma «insular de trabajo» seguía «la función guiñolesca de los carper-

tarios»: los proyectos eran aprobados por «[c]iudadanos alérgicos, sin dotes oratorias, [que] ru-

bricaban sus actitudes mentales con golpes anónimos en las carpetas. Pobres figuras descoloridas, 

verdaderos Convidados de Piedra, estaban en el hemiciclo como pelícanos de acuarela». Para 

Jibaja, el nuevo Congreso había extinguido a estos parlamentarios memoristas y demagogos: 

«Nada de lucecitas de bengala. Han terminado los discursos de memoria y los picos de oro. Adiós 

manes de Don Mariano H. Cornejo. El Partido del Pueblo va a trabajar técnicamente. Habrá una 

visión realista del país, sus problemas y necesidades, sus perspectivas y posibilidades. Han pasado 

a la historia los papagayos tropicales».38 Resulta comprensible que un joven militante como Jibaja, 

cultor de la poesía social,39 cuestionara la figura señorial del sociólogo positivista Mariano Cor-

nejo, muerto en 1942, cuya trayectoria parlamentaria estuvo asociada con la intriga y el oportu-

nismo durante la República Aristocrática y el Oncenio.40 

Según la nota periodística de Jibaja, los proyectos de la CPA eran estudiados, discutidos 

y aprobados en conjunto antes de ser presentados y sustentados en las cámaras. Primero pasaban 

a la Secretaría de Coordinación de la CPA, donde tomaban forma legal; después, a la Secretaría 

de la CPA, donde eran puestos en el orden del día y discutidos en las sesiones de coordinación. 

Si se trataba de un proyecto especial, se nombraba una comisión para su estudio. Esta era aseso-

rada por los organismos técnicos del Partido («ingenieros, médicos, abogados, contadores, quí-

micos, electricistas, etc.»), cuyas secretarías nacionales funcionaban en la calle Chota. Las pro-

puestas eran evaluadas con criterios técnicos y regresaban con su dictamen respectivo, un hecho 

que reforzaba su calidad original. A decir de Jibaja, esta participación de los técnicos era también 

una «consecuencia doctrinaria» de «la democracia y el parlamento funcionales» que preconizaba 

                                                             
37 Saco (1985: 265, 266). 
38 Eduardo Jibaja, «Cómo funciona la Célula Parlamentaria Aprista», Trinchera Aliada, Lima, 11 de agosto de 1945: 
4. 
39 Entre 1942 y 1943 surgieron Los Poetas del Pueblo, un grupo de jóvenes apristas que cultivó una poesía social que 
los diferenciaba de “poetas puristas” como Jorge Eduardo Eielson o Javier Sologuren. Entre los primero se encontraban, 
además de Eduardo Jibaja, Manuel Scorsa, Juan Gonzalo Rose, Gustavo Valcárcel, Julio Garrido Malaver, Guillermo 
Carnero Hoke, entre otros. Chang-Rodríguez (2007: 222). 
40 Sobre la trayectoria política y el pensamiento positivista de Cornejo, véase Peralta Ruiz (2001).  



   

14 
 

el aprismo.41 Es decir, la cooperación de las distintas partes del cuerpo social, a través de sus 

representantes, para lo consecución del bien común.42 

En su nota periodística, Jibaja otorga a Haya un rol central en las sesiones de coordinación 

de la CPA: el trabajo era encaminado por él, gracias a su «experiencia y genio político», califica-

tivos que se harían comunes en la literatura aprista. Haya era el «Jefe Máximo» o «Compañero 

Jefe», denominaciones que aludían a su incuestionable liderazgo, debido a su carácter fundador e 

ideólogo principal del aprismo, así como a su pasado político marcado por la prisión y la perse-

cución. Además, para sus partidarios, contaba con una inteligencia e intuición excepcional. Era 

desde esta posición que Haya observaba y conducía los debates, trasmitiendo su presencia la ar-

monía y el compañerismo necesarios para su buen término:  
 
Bajo la presidencia del Jefe del Partido del Pueblo, Víctor Raúl Haya de la Torre, [las sesiones de 
la CPA] toman ambiente de fraternidad, de mutua comprensión, de firme y leal ayuda. Cada pro-
yecto pasa a ser discutido, modelándose en concordancia con las conveniencias del país y del 
partido. Diputados y senadores, de esta manera, dan unidad y coordinación a sus intervenciones 
parlamentarias, así como calidad y fundamentos a sus proyectos.43 
  

En una de las fotografías que acompañan el artículo, se aprecia a Haya con un gesto grave. A su 

lado, Manuel Seoane, líder de la CPA en la Cámara de Senadores, lee de pie un proyecto, mientras 

que otro personaje (¿Luis Alberto Sánchez?) toma nota. Alrededor, hombres sentados y de pie 

escuchan atentos la lectura de Seoane, entre ellos Ramiro Prialé, senador por Junín; Leoncio Elías, 

senador por Piura; y Fernando León de Vivero, diputado por Ica. Es evidente que la conformidad 

de Haya era una condición para que una iniciativa en la CPA prosperara, incluso si había sido 

previamente estudiada y aprobado con argumentos «técnicos». 

Esto sucedió a inicios de setiembre de 1945, durante la interpelación del ministro de Agri-

cultura, Enrique Basombrío Echenique. El intenso «ataque» al que fue sometido durante dos días 

en la Cámara de Diputados, debido a su supuesta incapacidad para resolver la escasez de alimen-

tos y el aumento de precios, fue minuciosamente preparado por Alfredo Saco y Luis Alberto 

Sánchez, quienes apelaron a argumentos técnicos y sociales. Sin embargo, Basombrío recibió un 

inesperado «voto de esperanza» de la CPA, y no un «voto de confianza», debido a los acuerdos 

tras bambalinas de Haya y el presidente Bustamante.44 En este caso, fueron razones de Estado las 

que determinaron la suerte de Basombrío. Un segundo ejemplo de la preeminencia de Haya en la 

CPA se aprecia en el proyecto de la Ley de Reforma Universitaria que presentó Luis Alberto 

Sánchez, líder de la CPA en Diputados, en 1946. Fruto del trabajo con sus colegas no apristas de 

                                                             
41 Jibaja, «Cómo funciona la Célula Parlamentaria Aprista», cit. 
42 El dinamismo de la CPA del periodo 1931-1932 debió ser valioso precedente que delineó la forma de trabajo de la 
siguiente. En este breve periodo de algunas semanas, la CPA estableció una rutina basada en una «severa disciplina»: 
asistencia a las sesiones públicas por la mañana; sesiones de estudio de los proyectos de ley, artículos constitucionales, 
etc.; coordinación, autocrítica y preparación por la tarde; participación en las sesiones públicas desde las 5 de la tarde 
hasta las 9 de la noche; informes de las incidencias a La Tribuna; reuniones dominicales de comisiones partidarias y 
después viajes a provincias para mantener el contacto con las bases. Sánchez (1979-II: 44-45). 
43 Jibaja, «Cómo funciona la Célula Parlamentaria Aprista», cit. 
44 León de Vivero (1951: 62-63); Saco (1985: 267-269); Sánchez (1987 [1969]-III: 31-32). 



   

15 
 

la comisión respectiva, el anteproyecto había sido publicado. Sin embargo, estuvo a punto de ser 

rechazado por la CPA, cuando Haya «se lanzó contra el proyecto», movido por «sus impulsos 

polémicos», después de una tertulia nocturna con Raúl Porras Barrenechea. Solo el oportuno 

arribo de Sánchez lo salvó «de absurdos recortes de parte de mis impresionados copartidarios, 

muy pocos conocedores del asunto».45 Faltó poco para que el poder disuasivo de Haya se impu-

siera sobre los argumentos técnicos de Sánchez. 

Para amigos y enemigos, era evidente que Haya, en su condición de jefe político de la 

bancada más numerosa de cada cámara, podía proponer y/o impulsar iniciativas legislativas. Las 

«grandes colas» que observó el periodista cubano Carlos Maella, a inicios de 1946, que se forma-

ban en las afueras de la Casa del Pueblo, atestiguan este razonamiento. Hombres y mujeres de 

diferentes partes del Perú, «desde tempranas horas de la noche hasta la madrugada», esperaban 

entrevistarse con él. En su artículo, Maella destacó el carácter socialmente nivelador de estas filas 

donde se cumplía estrictamente el orden numerado: un «campesino indígena con su traje caracte-

rístico puede preceder a un general». Antes del mismo Maella, quien tenía el número 245, «pasó 

un pintoresco “campa” de la región amazónica peruana, vestido con su larga túnica y coronado 

con una especie de corona de paja de colores adornada con dos vistosas plumas rojas».46 Haya 

actuaba de mediador entre líderes andinos y amazónicos, no necesariamente apristas, elevando 

sus demandas a las autoridades de Lima, entre ellos a los parlamentarios apristas. Si bien desde 

el siglo pasado hubo políticos, periodistas e intelectuales que cumplieron con este rol mediador 

entre el Ejecutivo y las poblaciones rurales del interior,47 entre 1945 y 1947, la posición de Haya 

fue excepcional como cabeza del partido mayoritario del Parlamento. 

Como mediador excepcional Haya pudo, por ejemplo, solicitar a Alfredo Saco Miró Que-

sada que gestionara la extensión de los arbitrios de gasolina en su provincia. Detrás estaba la 

insistencia de los municipios de Chancay, muy probablemente apristas, para costear «obras pú-

blicas de interés social». Saco ya había solicitado en su cámara la aprobación de esta medida; no 

obstante, a mediados de junio de 1946, Haya se puso en contacto con él: «Estimado Alfredo: Te 

adjunto los documentos que me han sido entregados, cuyos originales deben obrar en tu poder. 

Te pido pongas interés en ese asunto de importancia y me hagas el servicio de darme un informe 

de la situación a la mayor brevedad posible. Te abraza, Víctor Raúl». Saco se contactó con el 

entonces ministro de Hacienda, el aprista Manuel Vásquez Díaz, quien, semanas después, le co-

municó que «esperaba resolver en breve y favorablemente el asunto».48 Fue la directa intervención 

de Haya, y no la de su representante provincial, la que permitió que la solicitud de los alcaldes de 

Chancay fuera atendida por el Ejecutivo. En realidad, intervinieron diversos actores del aparato 

                                                             
45 Sánchez (1987 [1969]-III: 20-21).  
46 Carlos Maella Vergara, «Un reportaje exclusivo a Haya de la Torre», en Alva Castro (1990-II: 217). 
47 Ragas (2014: 31-32). 
48 Saco (1985: 282). Cursivas en el texto original. 



   

16 
 

público que compartía su filiación aprista. El cálculo político no habría estado ausente la cons-

trucción de obras públicas cimentaría la base electoral del PAP en Chancay.  

Una vez aprobados los proyectos en el seno de la CPA, debieron designarse los oradores 

principales y los que reforzarían sus argumentos cuando fueran presentados en las cámaras, tal 

como se había hecho en el efímero periodo 1931-1932.49 A partir de agosto de 1945, los peruanos 

serían testigos de «encendidos debates» en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, 

que, según recordaría el escritor Carlos Eduardo Zavaleta, resultaría toda una novedad después 

de años de censura y persecución política.50 En efecto, prácticamente el debate parlamentario 

había sido anulado durante los gobiernos de Leguía, Sánchez Cerro, Benavides y Prado, práctica-

mente desde 1932, cuando los constituyentes apristas habían sido exiliados por órdenes del go-

bierno de Sánchez Cerro. Ahora, durante la Primavera Democrática, los parlamentarios apristas 

se enfrascarían en duelos verbales, donde las frases sarcásticas e insinuaciones mordaces actuaban 

como armas para desarmar a los que se oponían a los argumentos técnicos de los proyectos apris-

tas. Luis Felipe de las Casas se destacó como uno de los parlamentarios más fogosos duelistas, 

especialmente frente a los diputados comunistas y al único socialista, Luciano Castillo.51  

No obstante, los parlamentarios apristas no estaban solos en estos duelos verbales. Sus 

intervenciones eran celebradas por las barras apristas apostadas en las galerías de cada cámara. A 

su turno, sus adversarios recibían los sonoros abucheos y rechiflas de aquellas, como parte de 

acciones coordinadas. Las barras apristas fueron un instrumento «auxiliar» eficaz en los debates 

parlamentarios, prácticamente un aparato especializado a decir de Bustamante: 
 
Alcanza [la barra aprista] los contornos de una verdadera institución. Está sujeta a normas. Su 
volumen se gradúa artificiosamente según la importancia o las conveniencias de cada caso. Se 
regula también en forma previa su grado de agresividad. Hay barras amaestradas para el aplauso 
o ensayadas para el insulto. Simples barras bullangueras o burlonas i barras que amedrentan. Ba-
rras que, en una u otra forma, presionan el voto de los pusilánimes i desempeñan, en el fondo, el 
papel de colegisladores.52 
  

Entre los afectados estaba el senador Fernando Tola (FDN), quien denunció en su cámara esta 

«forma de tiranizar a los legisladores» no apristas: «el día que estuvieron los maestros en las 

galerías no se atrevió a hablar por temor a los silbidos; que por eso tuvo que hacerlo después 

cuando ya ellos no estaban en la Cámara para sostener que los aumentos no correspondían a nues-

tra capacidad fiscal».53 El volumen de las barras estaba en relación con el número de pases que 

cada parlamentario recibía (cinco), lo que hacía a las apristas las más numerosas. Por otra parte, 

el control aprista de las mesas directivas debió igualmente favorecer su accionar.54 

                                                             
49 Esto era parte de los preparativos de la CPA, en el Congreso Constituyente entre 1931-1932. Sánchez (1979-II: 44).  
50 Zavaleta (2000: 28). 
51 De las Casas (1981: 127). 
52 Bustamante y Rivero (1949: 35). 
53 En Sánchez (1981-III: 192). 
54 Igartua (1995: 92). Al recibir cada parlamentario cinco pases, las barras apristas superaron a sus rivales. Según, el 
Reglamento Interno del Senado de 1947, se prohibía el ingreso de niños y «personas notoriamente desaseadas o en 



   

17 
 

De las Casas recordaría que las sesiones iniciaban a las 5 de la tarde, y que podían pro-

longarse hasta la madrugada: «Más de un debate nos hizo ver la luz del día siguiente, al salir en 

hombros en manifestación hasta el local del diario “La Tribuna”, en la calle Belén».55 Se instala-

ron altoparlantes para trasmitir las intervenciones de los parlamentarios apristas en la plaza de la 

Inquisición,56 mientras que sus argumentos se habrían repetido en debates informales, «pequeños 

parlamentos callejeros».57 Por su parte, la prensa aprista reprodujo las intervenciones, para des-

pués anunciar las «grandes reformas» que impulsaba la CPA.58 La prensa aprista pudo informar 

con amplitud privilegiada, aunque sesgadamente, las actividades parlamentarias a la opinión pú-

blica, gracias a sus nexos directos con el Parlamento. Por ejemplo, militantes como el tacneño 

Enrique Rivero Vélez, un joven abogado recién egresado de la Universidad de San Marcos, por 

sugerencia de Manuel Seoane, era asesor de en Comisión de Legislación del Senado a la vez que 

cronista de sus actividades en La Tribuna.59 El mismo Seoane —quien había regresado de su 

exilio con una rica experiencia periodística en Argentina y Chile— era una de las principales 

figuras del Senado y director del principal diario aprista. La imagen que proyectaba la prensa 

aprista de la CPA era la de un grupo de hombre unidos que legislaba solo para el beneficio del 

pueblo, teniendo a su favor la razón y justicia de sus argumentos.  

No obstante, este trabajo organizado, minucioso y racional de parlamentarios y técnicos, 

guiados por una doctrina, un programa y el liderazgo de Haya, no era compartida por sus adver-

sarios. Bustamante, por ejemplo, vio en ello una deformación del ejercicio parlamentario, pues la 

discusión de las iniciativas legislativas era traslada al local partidario, para después ser aprobados 

o rechazados en bloque por la CPA. Para Bustamante, esta última era poco más que una camarilla 

dirigida por Haya que marginaba o plagiaba proyectos ajenos; y que frecuentemente aprobaba 

otros de baja calidad, una vez que eran dispensados de trámite en las comisiones dictaminadoras 

gracias a la mayoría aprista.60 Se trata de una lectura tan parcializada como la de Jibaja. En reali-

dad, los proyectos de ley apristas necesitaron para su aprobación votos no apristas, pues la CPA 

carecía de mayoría absoluta. Esto implicaba un nivel de coordinación y negociación. Lo que sí 

resultó entonces novedoso fue el voto disciplinado en bloque que mostraron, no sin algo de arro-

gancia, y para consternación de sus adversarios, los apristas. 

En las elecciones complementarias al Parlamento de 1946, en las que el Partido del Pue-

blo presentó sus propias listas, dos senadores y nueve diputados apristas fueron elegidos.61 Se 

                                                             
estado inecuánime», mientras que diplomáticos y militares uniformados tenían asientos reservados; lo mismo que las 
mujeres, aunque separadas de los varones. También se advertía que los asistentes debían «[guardar] profundo silencio 
y [conservar] el mayor respeto y compostura, sin tomar parte alguna en las discusiones, con demostraciones de ningún 
género», bajo la amenaza de desalojo. Sin embargo, esto quedaba a discreción del presidente de la cámara. 
55 De las Casas (1981: 127). 
56 Bustamante y Rivero (1949: 38). 
57 Esto sucedió en el periodo 1931-1932. Véase Villanueva del Campo y Macera (2011: 148-149). 
58 Townsend (s. f.-V: 149). 
59 Rivero (2007: 103). 
60 Bustamante y Rivero (1949: 34, 36). 
61 Haya de la Torre (1985-V: 397). 



   

18 
 

trató de una nueva victoria contundente que terminó de consolidar una mayoría simple en ambas 

cámaras. Para entonces, sin embargo, se habían incorporado a la CPA diputados que no eran 

militantes apristas: el frentista Jaime Pulgar Vidal, los independientes César Góngora Perea y 

Julio Zelaya Zavaleta y los originalmente elegidos por la lista de la UR Ernesto Diez Canseco 

Yáñez y Germán Linares Gutiérrez.62 Estas incorporaciones posteriores a las elecciones del 10 de 

junio de 1945 aumentaron la heterogeneidad política de la CPA, en tanto que sus diecisiete sena-

dores y cincuentaiún diputados originales tenían distintas experiencia o expectativas como apris-

tas. El liderazgo de Haya, el llamado a la disciplina y un reglamento interno fueron algunos de 

los principales medios que se utilizaron para mantener la unidad de la CPA.  

Los nuevos parlamentarios apristas prestaron juramento de «lealtad al Partido del Pueblo» 

el 7 de setiembre de 1946 en la Plaza de Acho. Ante los asistentes, Haya describió el gesto como 

una demostración «de lo que significa en el Partido la disciplina, el fervor, el calor de la conciencia 

cívica y el sentido de responsabilidad de Poder».63 Se trataba de una disciplina propia de un «par-

tido de lucha», que había surgido cuando no había democracia, pero que no anulaba la libre dis-

cusión: «Esta disciplina nos conforta, nos educa, nos estimula y prepara, porque la disciplina del 

Partido no excluye la libertad de discusión. Pero la libertad de discusión dentro de nuestros equi-

pos y organismos y que más tarde, frente al adversario, nos presenta en una sola línea, porque ser 

consecuente con el voto de la mayoría es el signo de la democracia».64 Hacia el final, Haya ex-

hortó a los juramentados a trabajar con abnegación desde el órgano funcional correspondiente, la 

CPA, y en coordinación con los otros aparatos del Partido:  
 
Compañeros diputados y senadores: ingresan ustedes a las filas de la Célula Parlamentaria Aprista. 
La Célula Parlamentaria Aprista no es otra cosa que uno de los tantos equipos de trabajo del Par-
tido. En el Aprismo unos trabajan contribuyendo a formar las leyes y otros trabajan elaborando 
proyectos técnicos, o trabajan agrupados en los diferentes organismos de nuestro Partido. Todos 
tenemos una labor que cumplir, y es justamente ahora, compañeros, que váis [sic] a ocupar puestos 
de responsabilidad en uno de los Poderes del Estado, que todos los apristas, estén o no presentes 
aquí, os saludan con el signo de nuestra fraternidad y les decimos que ustedes deben trabajar siem-
pre por el Perú y para el Perú, por la democracia y para la democracia y diciendo siempre con el 
Apra: en la lucha, en el dolor, en la victoria: hermanos.65 
 

Con sus palabras, Haya subrayaba el carácter fraternal y unitario de una comunidad política donde 

cada militante debía cumplir con su respectiva, entre ellos los miembros de la CPA. Por otro lado, 

la exhortación de Haya era también un llamado de atención a los apristas que discrepaban de las 

decisiones tomadas, incluso dentro de la CPA. 

                                                             
62 Estas nuevas incorporaciones se deducen del contraste de las listas de integrante de la CPA que publicó (1985: 265-
266, nota a pie 1) y las listas de parlamentarios electos en 1945 y 1946 que presenta el JNE (2015-I: 119-120; 2015-II: 
80-86). También se utilizó el índice onomástico de Borea (1980) como una tercera fuente. Miembros de la CPA serían 
Julio Zelaya Zavaleta, «independiente» según el JNE (Borea lo registra con el nombre de Julián). Borea registra al «c. 
Gamarra», el cual sería Máximo Gamarra Valencia, diputado de Acomayo elegido en 1946 según el JNE. Según el 
JNE, Pulgar Vidal fue elegido por el FDN (2015-II: 84). Otra fuente indica que fue elegido como «independiente» por 
Pachitea y que se incorporó al PAP en agosto de 1945, por invitación de Haya y Seoane. En Pulgar Vidal (2007: 291). 
63 Haya de la Torre (1985-V: 397). 
64 Ibíd.: 411. 
65 Ibíd.: 412. 



   

19 
 

Un reportaje de Francisco Igartua a César Góngora Perea, publicado en Jornada el 21 de 

setiembre de 1946, informó sobre las tensiones en la CPA. La veracidad del reportaje, sin em-

bargo, estaba comprometida al ser una recreación de una conversación informal entre el periodista 

y el parlamentario aprista. Según las «confidencias» de Góngora, en las reuniones de coordinación 

de la CPA, era inútil «proponer y discutir un punto, si una vez agotado el debate […] se levanta 

alguno de los llamados líderes de “prolongada trayectoria aprista” y con palabras conminatorias 

indica que por esto y aquello debe aceptarse este otro temperamento». El Góngora de Igartua 

revelaba que no era el único disgustado en la CPA con esta situación, pero «[el] miedo a las 

represalias y a la famosa disciplina» ahogaban la protesta: «¡La disciplina!... que no viene a ser 

otra cosa que un narcisismo loco de los que se dicen líderes y no tienen otro respaldo que el apoyo 

del líder máximo. Todo allí es egoísmo personal. No existe democracia por ningún costado. Todas 

son órdenes, obligaciones que cumplir, no hay razones… uno no es más que un instrumento de 

una política personal y totalitaria». Según Góngora, lo que todos compartían era un gran pavor 

por Haya, lo que hacía que se comportaran como «atontados», salvo él mismo: «Yo ya no asisto 

a ninguna de sus reuniones de C.P.A. o de partido […] Prefiero [pagar la multa y] pasearme por 

la calle y pensar cómo podré resolver esta situación tan incómoda», señalaba.66 

Es obvio que el reportaje de Igartua desdibujaba el retrato de la CPA como un selecto 

grupo de técnicos que, asistidos por especialistas, elaboraban leyes y tomaban decisiones como 

resultado de una deliberación racional bajo la guía sabia de Haya. Por el contrario, Igartua, hacía 

decir a uno de sus integrantes que la CPA era un sumiso instrumento al servicio del totalitarismo 

hayista donde una camarilla, el círculo íntimo de Haya, se imponía sobre el consenso de la mayo-

ría. En la descripción del Góngora de Igartua de la CPA, el egocentrismo, la intimidación y el 

autoritarismo suprimían la libertad y la democracia. ¿Era cierto esto? Es creíble que Igartua reco-

giera el malestar de parlamentarios apristas que se habían sumado al Partido del Pueblo después 

de su elección por sus simpatías a Haya y su doctrina, pero que carecían o no comprendían valores 

partidarios como la obediencia y la disciplina. Más irritantes para ellos habrían sido los líderes de 

«prolongada trayectoria», pequeños dictadores que se imponían sobre sus colegas y que contaban 

con la confianza de Haya, tales como Ramiro Prialé o Fernando León de Vivero. En realidad, su 

autoridad se cimentaba también en su propio carisma y prestigio partidario. Además, eran parte 

la cúpula burocrática del Partido. Por ejemplo, Prialé era secretario general del PAP, mientras que 

León de Vivero era secretario de Política del Comando Nacional. 

El reportaje de Igartua provocó la respuesta inmediata del APRA a través del mismo 

Góngora. Al día siguiente, en la carta que envió a Jornada, si bien reconocía haber dialogado con 

el periodista, descalificaba su reportaje como fruto de su imaginación. Más importante, aceptaba 

                                                             
66 Francisco Igartua, «Opina contra la “Ley del Canillita un parlamentario aprista», Jornada, nro. 493, Lima, 21 de 
setiembre de 1946, en Oiga (2010: 4-5). Las declaraciones de Góngora se dieron en el marco de una polémica ley de 
prensa. Sobre la Ley del Canillita, véase la sección 2.2 de esta investigación. 



   

20 
 

que no era inusual que él u otro colega aprista estuvieran en desacuerdo con algunas de las reso-

luciones tomadas en la CPA; sin embargo, «una vez aprobada por la mayoría […], todos los 

miembros de la Célula votamos siempre en las Cámaras uniformemente, dejando aparte las dis-

crepancias personales».67 Góngora estaba refiriéndose al centralismo democrático, principio por 

el cual organizaciones políticas de estructura piramidal evitaban el desviacionismo doctrinal y el 

faccionalismo cuando, en una deliberación, se acogía y respaldaba la solución propuesta por el 

sector «esclarecido».68 Tal principio, propio de las organizaciones revolucionarias clandestinas, 

debió resultar extraño su utilización en el escenario parlamentario, para el ciudadano peruano 

promedio, incluso para apristas de reciente filiación como Góngora. 

No obstante, la parte central de la carta de Góngora era la sonora declaración de su fe en 

el aprismo. Al parecer, no solo se trataba de contrarrestar el impacto negativo del reportaje de 

Igartua, sino de validar su propia imagen ante Haya y los apristas: 
 
Considero, contrariamente a lo que él piensa [Igartua], que, dentro de las actuales circunstancias 
políticas porque [sic] atraviesa la Nación, el [P]artido del Pueblo constituye una franca realidad 
democrática y también una única esperanza democrática para el Perú. He podido seguramente, 
estar en desacuerdo muchas veces con el Partido del Pueblo, como ocurre a los integrantes de 
cualquier agrupación política; pero, en sus líneas fundamentales, en su inspiración hondamente 
nacionalista, en su gran sentido humano, en su generosa emoción social, en su formidable acción 
moralizadora, y sobre todo, en su labor creadora de una nueva dimensión de la peruanidad, he 
estado y estoy en perfecto acuerdo con él.69 
 

Góngora no habría contado con el respeto de sus colegas de bancada, si se considera el testimonio 

de Luis Eduardo Valcárcel, ministro de Educación en 1946: lo llamaban «Gongorita» y «no lo 

tomaban muy en serio».70 Por su parte, Jorge Basadre lo trazó como un intrigante, cuya propuesta 

de «quebrar, mediante un cisma, la unidad de la CPA a cambio de ciertas ventajas administrati-

vas» fue rechazada por el presidente Bustamante con una frase lapidaria: «No recojo tránsfu-

gas».71 Góngora se alejó de su partido a mediados de 1947, cuando este era asediado por sus 

enemigos.72 El diputado de Alto Amazonas ejemplifica la diversidad de orígenes e intereses polí-

ticos existentes en la CPA. Sin embargo, el incidente que protagonizó con Igartua se enmarca, 

como se verá en la última sección de esta investigación, en una coyuntura excepcional de deman-

das de democratización interna que surgieron en el APRA. Estas habrían alcanzado a la CPA, de 

cuyos miembros se esperaba, en su condición de militantes apristas, un comportamiento discipli-

nado acorde a la línea política de su partido. 

                                                             
67 «Carta del diputado Góngora Perea», Jornada, nro. 494, Lima, 22 de setiembre de 1946, en Oiga (2010: 7). 
68 Sobre el centralismo democrático y los apristas en el periodo 1945-1948, véase la sección 4.4 de esta investigación.  
69 Ibíd.: 8. 
70 Valcárcel (1981: 356). 
71 Basadre (1981 [1975]: 704).  
72 A mediados de 1947, Vanguardia anunció el alejamiento de Góngora del Partido del Pueblo, una decisión que el 
semanario consideraba tarde, pues, hasta entonces, aquel había sido testigo pasivo de los abusos de la CPA. Vanguardia 
iba más allá: consideraba a Góngora una manifestación de la debacle moral del aprismo, un oportunista que ahora 
pretendía sumarse a una mayoría congresal antiaprista que todavía era inexistente. No obstante, lo peor para Vanguardia 
era que Góngora volvería a la política en los próximos años, aunque de la mano de otro partido. «Sin pena ni gloria el 
diputado César Góngora Perea se marcha del aprismo», Vanguardia, Lima, 13 de junio de 1947: 1, 4. 



   

21 
 

1.2 Lazos partidarios, demandas provincianas y poder municipal 

La maquinaria aprista comenzó a aceitarse, con miras a las elecciones generales de 1945, desde 

mediados del año anterior, después de que Haya de la Torre asegurara el retorno aprista a la lega-

lidad en la II Convención Nacional del PAP. Entre los asistentes del evento se encontraba San-

tiago Valdés, secretario general del Comité Ejecutivo de la Provincia de Huanta, y uno de los 

protagonistas del escritor Edmundo Bendezú. Santiago advirtió de inmediato el significo del gesto 

con que Haya inició su primer discurso: dejó sobre una mesa su revólver cargado, pero al alcance 

de su mano. «Esta nota del revólver indica que puede haber necesidad de defenderse. Ello implica 

que podemos ser atacados. O sea, pues, que los apristas estamos en estado de guerra con la dicta-

dura de Prado. La idea de guerra civil produce sensación de beligerancia y de combatividad entre 

los presentes», pensó Santiago.73 El anuncio de la posibilidad de los apristas de «participar en 

igualdad de condiciones» con sus adversarios en las próximas elecciones dejó dudas en Santiago. 

Sin embargo, desde antes sabía que la vía electoral era la única posible para su partido, después 

de años de persecución y la imposibilidad de derrotar al ejército. Santiago retornó a Huanta con 

las directivas de reorganizar el comité departamental, el provincial y los distritales.74 

Huanta prometía una victoria electoral para los apristas. Según un informe de la Subpre-

fectura de 1942, el 80 % de su población urbana era aprista, una cifra que, si bien exagerada, 

como señala Jaymie Heilman,75 daba cuenta de las posibilidades del PAP en las ánforas. No obs-

tante, una directiva de Lima generó desconcierto en Santiago y los demás dirigentes huantinos: 
 
Cuando nos llegó la directiva para conformar la terna [de candidatos apristas para diputados por 
Huanta], me extrañó mucho, porque no íbamos a elegir a nuestro candidato en una asamblea como 
lo esperábamos; aunque, claro, existía la posibilidad de que me eligieran a mí; pero yo nunca tuve 
ambiciones personales; además, no me gusta vivir en Lima. Pero al parlamento deben ir gentes 
que por lo menos sepan hablar bien. Probamos nuestra lealtad durante la revolución y después de 
ella; no era el momento de entrar en discusiones bizantinas. Como siempre, por todas partes había 
una plétora de candidatos. Elegimos la terna en una asamblea provincial y la enviamos inmediata-
mente, pero ni siquiera la tomaron en cuenta. Había yo sufrido el veto de alguien muy poderos en 
el Comando [Nacional]. Como siempre, la indecisión en Lima. A última hora nos mandaron un 
candidato que nadie conocía. Por supuesto que perdimos.76 
 

Como en otras partes, las expectativas de las elecciones parlamentarias provocaron la multiplica-

ción los candidatos apristas. La dirección huantina esperaba elegir la terna en una asamblea 

abierta, cosa que se hizo a pesar de la directiva limeña que ordenaba que aquella designara a los 

candidatos. En su relato, Santiago acusó a un miembro del Comando Nacional de vetar su desig-

nación. El resultado de ignorar la voluntad popular de los apristas huantinos fue la derrota del 

candidato designado en Lima, pues era un desconocido en la provincia.77 

                                                             
73 Bendezú (2011: 87). 
74 Ibíd.: 151. 
75 Heilman (2012: 98). 
76 Bendezú (2011: 151-152).  
77 El JNE no tiene información sobre las elecciones parlamentarias en Huanta en 1945 (2015-II: 83), pero, al parecer, 
fueron anuladas. En 1946 fue elegido Alejandro Carrillo Rocha (JNE (2015-I: 119). Carrillo no era aprista. 



   

22 
 

Bautizado con el nombre de Partido del Pueblo, el PAP recuperó su legalidad el 15 de 

mayo de 1945, es decir, veinticuatro días antes de las elecciones generales. Dicho plazo obligaba 

el despliegue de una campaña relámpago, no sin que antes se designaran las candidaturas parla-

mentarias apristas que integrarían las listas provinciales y departamentales del FDN. Así, era ló-

gico que la cúpula del PAP residente en Lima asumiera esta responsabilidad por la premura del 

tiempo. Por otra parte, la convocatoria del PAP a elecciones internas podría avivar el facciona-

lismo, debido a los numerosos aspirantes apristas que se creían con derecho a una curul. Sin em-

bargo, como se aprecia en el caso de Huanta, recreado por Bendezú, estas designaciones hechas 

en Lima no siempre fueron bien recibidas. Un testimonio recogido varias décadas después por la 

historiadora Fiona Wilson, da cuenta de que los apristas tarmeños, al igual que los huantinos, 

tampoco estuvieron contentos con el candidato escogido por la dirección central de su partido. 

Entre aquellos hubo quienes consideraron esta designación como una imposición autoritaria que 

atropellaba su libertad de elección como militantes, cuando no sus derechos como ciudadanos. El 

enojo entre los apristas tarmeños fue mayor cuando se les exigió que el candidato impuesto fuera 

electo a como dé lugar, incluso a través del fraude.78  

La jefatura del PAP no solo sabía que sus líderes principales no tendrían problema en las 

urnas, sino que era necesaria su participación. Ya en la reunión que sostuvieron semanas antes de 

las elecciones, el mariscal Óscar Benavides había sugerido a Luis Alberto Sánchez que aquellos 

no postularan al Parlamento, sino que delegaran «su personaría en otros», para no remover 

«odios» antiapristas. Con calma, Sánchez rechazó la sugerencia: «Nosotros tenemos un número 

de simpatizantes que vota con nosotros porque nos conocen y confían en nosotros, pero no harían 

igual con quienes no conozca; imagínese usted que presentásemos en Lima o Lambayeque a los 

ciudadanos García, Pérez o Silva, en vez de Seoane. Sánchez o Heysen».79 Para el mismo Sán-

chez, quien encabezó la lista del FDN en Lima, el voto aprista no era un problema: su directa 

participación en las gestiones de reinscripción del PAP habría sumado a su prestigio ya ganado 

como hombre de letras entre universitarios e intelectuales.80 Por el contrario, otros dirigentes me-

nos conocidos tuvieron que ganarse el apoyo de las bases. Si bien la jefatura del PAP esperaba 

que sus militantes votaran por los candidatos designados en Lima, también sabía que era necesaria 

una intensa campaña que alentara el voto aprista. 

En algunas provincias, la campaña comenzó sin la presencia del candidato parlamentario. 

Alfredo Saco Miró Quesada, quien tuvo noticias de su candidatura por Chancay estando en Wa-

shington, apenas tuvo tiempo para retornar al Perú —después de cuatro años de exilio en México 

y Estados Unidos— y realizar una gira de diez días. Sin embargo, el comando aprista ya la había 

iniciado con una «profusión de volantes con mi trayectoria aprista y profesional, con fotografía 

                                                             
78 Wilson (2014: 308). 
79 Sánchez (1987 [1969]-II: 349). 
80 Ibíd.: 348-349, 355. Sánchez obtuvo la mayor votación en Lima: 74 401 votos. JNE (2015-II: 85). 



   

23 
 

en que yo aparecía en actitud fraternal con Haya de la Torre».81 Según el electo diputado por 

Celendín, Julio Garrido Malaver, su triunfo estaba asegurado de antemano: «Cualquiera que hu-

biera contado con su voluntad se habría apuntado una victoria electoral». Para Garrido, quien 

recorrió su provincia sin dinero y con solo tres jinetes, su elección era el fehaciente testimonio de 

la disciplina partidaria y la madurez ciudadana apristas, atributos que diferenciaban de otras or-

ganizaciones políticas basadas en el caciquismo, el clientelismo y la corrupción: «Fui [a Celendín] 

varios días después de la inscripción del Partido. Tarde para cualquier político que hubiera tenido 

que dar banquetes y comprar votos o hacerse “ambiente”, pero oportunamente para confirmar la 

fortaleza del aprismo en mi tierra».82  

Nicanor Mujica Álvarez Calderón también realizó una corta campaña (doce días) a lomo 

de bestia. Haya lo había designado candidato por Huarochirí, tal vez por sus vínculos familiares 

con la provincia, y así atraer el voto no aprista: su padre y un tío paterno habían sido diputados 

de Huarochirí.83 En la invocación por escrito, Haya señaló «estar informado de la aceptación del 

pueblo aprista de Huarochirí» de la designación de Mujica, y serle «muy grato interpretar la vo-

luntad de ese gran electorado». Presentaba a Mujica como un joven y talentoso militante de tra-

yectoria leal y sacrificada desde la fundación del Partido del Pueblo. No obstante, Haya iban más 

allá: emplazaba a los apristas huarochiranos a elegir a Mujica como un deber moral frente a la 

historia: «Ustedes miembros del Partido del Pueblo, tienen el deber de responder en esta hora a 

los llamados urgentes de la democracia en el Perú, presentándose unidos como un puño para 

barrer el oportunismo, a las ubicaciones de sello nazifascistas y a los reeleccionistas que quieren 

remendar aquí los métodos continuistas de las dictaduras europeas».84 Mujica tenía una trayectoria 

aprista importante como jefe de la Federación Aprista Juvenil y enlace de Haya durante la perse-

cución, aunque es posible que su exilio de cinco años en Europa hubiera entibiado estos recuerdos. 

Haya se encargó de avivarlos, especialmente entre las masas rurales de Huarochirí con las que 

Mujica, miembro de una familia aristocrática limeña, no había tenido mayor contacto. 

Haya recorrió el país durante la llamada «gira de la victoria», la cual incluyó provincias 

de la costa, sierra y selva con una enorme convocatoria.85 Además de su objetivo proselitista, estos 

viajes contribuyeron a restablecer o fortalecer las redes partidarias debilitadas después de años de 

clandestinidad, aunque los multitudinarios recibimientos, que se pueden apreciarse en algunas 

filmaciones de la época, dan cuenta de la vitalidad organizativa de los apristas. Haya fue recibido 

como un verdadero jefe de Estado en lugares diversos como Ica, Chincha, Pisco, Arequipa, 

                                                             
81 Saco (1985: 258, 262). Según Sánchez, Alejandro Saco participó en las gestiones de reinscripción legal del PAP, que 
se materializó el 20 de mayo de 1945. Sin embargo, Saco señala que llegó al Perú el 31 de mayo, «si es que la memoria 
no me falla». No menciona su participación en estas gestiones. 
82 «Conversando con el poeta-diputado Julio Garrido Malaver», Renovación, nros. 20-21, Lima, julio-agosto de 1945: 
16. 
83 Mujica y Mujica (2015: 341, 367). 
84 Ibíd.: 374. 
85 Soto (2002-II: 445). 



   

24 
 

Casma, Huarmey, Chimbote, Caraz, Yungay, Ranrahirca, Carhuaz, Huaraz, Recuay y Cusco 

(donde dio un mitin en la explanada de Sacsayhuamán).86 En cada lugar, asumió el rol de interlo-

cutor de las demandas de la población, en la medida que era el jefe del partido que prometía 

realizar las esperadas reformas sociales y económicas desde el Parlamento. No obstante, su lide-

razgo no quedaba comprometido, pues delegó en los futuros parlamentarios apristas la responsa-

bilidad de concretarlas, no sin que antes el electorado aprista cumpliera con su responsabilidad. 

Como señalaba en su invocación a los huarochiranos: si las elecciones eran una «nueva etapa de 

la lucha de nuestro Gran Partido», también era la oportunidad para que ellos eligieran a «los ge-

nuinos representantes que modifiquen la faz jurídica del país».87 

El PAP se presentó como una opción antiplutocrático, anticentralista y anticolonialista, 

que forjaría «una nación peruana sin hegemonías, ni sumisiones geográficas o administrativas» 

una vez en el poder.88 Tal mensaje era poderoso en términos sociales en una ciudad como Lima, 

que se caracterizaba por su menosprecio a los provincianos, «al campesino que quería convertirse 

en ciudadano», como observó la alemana Hildegard Ritter en 1947.89 Sin embargo, el centralismo 

limeño estaba firmemente apuntalado en la Constitución, al otorgarle al Parlamento un extraordi-

nario poder administrativo sobre las provincias, como imponer o eliminar contribuciones y aran-

celes, crear o suprimir puestos públicos, establecer o redefinir demarcaciones políticas territoria-

les u otorgar premios a personas, corporaciones o pueblos por «servicios eminentes que hayan 

prestado a la República», entre otras disposiciones.90 Esto provocaba que hubiera sumo interés en 

diversos actores políticos, económicos y sociales en asistir a las sesiones de las comisiones y a 

los debates parlamentarios, para influenciar «pacientemente» en los votos de los parlamentarios. 

En este sentido, estos últimos no solo eran legisladores, sino también «gestores de obras, protec-

tores de personas y de grupos», lo cual contribuía a acrecentar el centralismo limeño.91 Es lógico 

que, como mayoría simple en ambas cámaras, la CPA no estuviera dispuesta a disminuir esta 

ventaja decisoria y administrativa que le otorgaba la Constitución al Parlamento. 

Los parlamentarios elevaban sus solicitudes durante la Sección de Pedidos, una «obliga-

ción» que cumplían «en beneficio de la jurisdicción que representa», a decir de Alfredo Saco.92 

Sin embargo, algunas voces apristas en la prensa limeña, como la del citado Severo del Campo, 

exigieron que el nuevo Parlamento fuera «más efectivo y moderno», desechando «las cuestiones 

incidentales, los asuntos de carácter localista o regional y los debates sobre intereses personales». 

Al no ser un único cuerpo técnico sino una entidad en la que cada uno de sus componentes es 

dueño de diversas especializaciones, para Severo del campo era «absolutamente estéril someter a 

                                                             
86 Ortiz (1995-II). 
87 Mujica y Mujica (2015: 367). 
88 «Cuarenta preguntas y cuarenta respuestas», Trinchera Aliada, Lima, 6 julio de 1945: 2.  
89 Rittler (2014: 159, 161). 
90 Constitución Política del Perú de 1933, artículo 123, incisos 5o, 7o, 9o, 15o y 17o.  
91 Bernales (1978: 19). 
92 Saco (1985: 281). 



   

25 
 

la consideración de una Cámara cuestiones, por ejemplo, de orden geográfico local».93 Para ilus-

tras lo que señalaba, citaba un episodio protagonizado por tres diputados (que no eran apristas): 
 
En días pasados tuvo lugar en la de Diputados un prolongado debate sobre cuestiones viales en el 
Departamento de Amazonas. Nadie sabía, ni podía saber, si la carretera discutida debería o no 
pasar por donde apuntaba el señor Quiroz, corregía el señor Rodríguez Tafur o recomendaba el 
doctor Burga Hurtado. Se perdía tiempo lamentablemente en vez de pedir dictamen de la respec-
tiva comisión a efecto de que, en posesión del respectivo informe, pudiese hacerse la recomenda-
ción del caso al Poder Ejecutivo.94 
 

Según Severo del Campo, pedidos como este —sin un estudio técnico que lo respalde, con inne-

cesarias «exhibiciones oratorias» en su defensa, «cuando ya está suficientemente debatido un 

asunto», y con la notoria la falta de preparación en el conocimiento de las leyes y el funciona-

miento de la administración pública y del mismo Parlamento de sus defensores— distraían a los 

legisladores de su función principal: la aprobación de reformas trascendentales para el país.95 

Sin embargo, fue inevitable que los parlamentarios, incluso los apristas, no se «distraje-

ran» con demandas locales. En sus memorias, Alfredo Saco recordaría «la enormidad de solicitu-

des y pedidos que sobre diversos asuntos recibíamos los miembros del Congreso, especialmente 

aquellos que teníamos el carácter de diputados provinciales», desde la creación de escuelas y la 

designación o destitución de profesores hasta «la construcción de puentes, caminos, servicios de 

agua potable, el problema de las subsistencias y los mercados de abastos. Todo esto, por supuesto, 

acompañado del pedido de materiales de construcción y de las correspondientes partidas presu-

puestales».96 Saco consideraba que esta «lluvia de pedidos de carácter local» deformaba la labor 

del legislador, pues lo convertía en un apremiado «gestor administrativo de su provincia», pero 

también sabía que si no los atendían, el legislador sería duramente criticado, «como si su gestión 

ante las diversas dependencias de la administración pública, que demandaban la mayor parte de 

las veces gastos y asignaciones presupuestales, pudiera tener algo de mágico». Harto de esta si-

tuación, Saco tomó la controvertida decisión de responder «a uno de mis quejosos coprovincia-

nos» en una carta publicada en La Tribuna el 31 de octubre de 1945. Su fin era dar una lección 

de civismo sobre lo «que un diputado podía o no podía hacer, debía y no debía hacer».97 

Según Saco, su carta tuvo diversas respuestas: por un lado, la ácida respuesta del quejoso, 

quien replicó, también en La Tribuna, «que tal declaración había producido una profunda impre-

sión de desaliento en sus comprovincianos de Huacho y, seguramente, en todo el país, pues ella 

representaba un grave cargo a la política del nuevo Poder Ejecutivo y daba a entender que los 

Ministerios volverían a su política de abandono de las necesidades de los pueblos».98 Es decir, la 

                                                             
93 Severo del Campo, 11 de agosto de 1945, cit. 
94 Ibíd. Según el JNE, Juan Manuel Rodríguez Tafur (Bagua) y Pedro Quiroz Angulo (Chachapoyas) eran independien-
tes; y Buenaventura Burga Hurtado (Bongará), de la Unión Revolucionaria (2015-II: 82). 
95 Ibíd.  
96 Saco (1985: 281). 
97 Ibíd.: 283.  
98 Ibíd.: 284. 



   

26 
 

desazón de los provincianos apristas que consideraban la postura de Saco como un acto de indo-

lencia de sus representantes, lo que significaba que la victoria del FDN no traería un cambio en 

las relaciones de subordinación con la capital. Sin embargo, según Saco, no todos los apristas 

respondieron de la misma forma a su carta: Pablo P. Tello, un «viejo compañero y amigo», lo 

consideró «uno de los obreros que [estaban] forjando una nueva etapa promisora en la vida de 

nuestro querido Perú», ante quienes estaban habituados a «las prácticas de la política caciquil 

provinciana», tan «dañina para los intereses de la colectividad, puesto que las provincias estaban 

sujetas a la férula y al capricho de los señores politiqueros». En este sentido, decía Tello, los fines 

cívicos de Saco calzaban con «la realización del viejo anhelo nacional de la descentralización 

llevada a cabo por nuestro gran Partido», algo inusitado, incluso, para muchos apristas.99 Es decir, 

una moderna gestión parlamentaria que desterraría el patrimonialismo y el clientelismo en que, 

lamentablemente, estaban inmersos muchos apristas del interior.  

La carta de Saco también recibió una respuesta institucional favorable: la Secretaría de la 

CPA envió un circular —a través de sus coordinadores: el diputado Pedro Muñiz y el senador 

Agustín Haya de la Torre— que establecía que «en lo sucesivo no se podrá presentar ningún 

pedido, proyecto, moción o proposición que no estén autorizados por la Célula».100 El fin sería 

filtrar y encuadrar las peticiones en proyectos de ley más amplios, como el que proponía la cons-

trucción de 314 escuelas. Como señaló durante su sustentación Julio Garrido, «al ser miembros 

de un Partido organizado», los parlamentarios apristas tratarían «los problemas desde un punto 

de vista nacional». En este caso específico, el proyecto se proponía desarraigar la mala «costum-

bre» de los parlamentarios de solicitar un colegio para su respetiva circunscripción sin una visión 

amplia de esta problemática.101 Si bien había una razón técnica que la avalaba, es indudable que 

la propuesta afectaba el capital político de los diputados que se proponían solicitar escuelas a 

nombre propio en sus respectivas localidades. Lo cierto es que las solicitudes personales de los 

parlamentarios apristas continuaron, sobre todo cuando tres apristas ocuparon las carteras de Ha-

cienda, Agricultura y Fomento en 1946. Unas veces estas solicitudes provocaron contrariedades, 

como las que recordaría Luis Eduardo Valcárcel, ministerio de Educación, cuando diputados y 

senadores apristas solicitaban la misma plaza de maestro para distintas personas.102  

Las bases apristas elevaron sus demandas a través de los circuitos burocráticos que enla-

zaba a los comités distritales, provinciales y departamentales con la capital. Además, utilizaron la 

prensa partidaria para presionar a sus representantes ante la comunidad aprista. Periódicos como 

Trinchera Aliada tenían una sección llamada «Telegramas de provincias», donde se publicaron 

los telegramas «múltiples» que los secretarios apristas enviaban simultáneamente a las oficinas 

de la CPA, de los parlamentarios y de los medios apristas. No era una estrategia nueva, ya que 

                                                             
99 Ibíd. 
100 Ibíd. 
101 Borea (1980: 131). 
102 Valcárcel (1981: 344). 



   

27 
 

organizaciones indigenistas como el Comité Pro-Derecho Indígena Tawantinsuyo (1919-1926) 

había utilizado sus propias redes de comités y canales informativos que llegaban el Parlamento. 

Lo novedoso en el caso de los apristas eran los lazos fraternos que los unía y que fortalecían la 

estructura burocrática compuesta por sus numerosos comités distribuidos a nivel nacional. Incluso 

los menores de edad apristas apelaban a estos vínculos cuando elevaban sus solicitudes a los par-

lamentarios apristas, a través de frases como «Fe, unión, disciplina y acción».103 

Las células residenciales fueron parte de este engranaje que conectaba a los apristas de 

provincias con Lima. Desde 1931, habían sido formadas con los inmigrantes procedentes de la 

misma provincia o departamento. Probablemente estaban bajo la supervisión del Secretariado del 

Interior, funcionalmente encargado de los asuntos departamentales y provinciales. Las células 

residenciales fueron un medio importante para ampliar la presencia del PAP e integrar su militan-

cia en el territorio nacional, en tanto que tendían y mantenían lazos con sus pueblos originarios.104 

Con la reinscripción legal del PAP en 1945, comenzaron a recobrar su vitalidad, tal como se 

aprecia en algunos avisos publicados en la prensa aprista que convocaban, por ejemplo, a los 

militantes de Apurímac, Corongo, Orcotuna o Tacna (que reunía a tacneños, tarateños y tarapa-

queños) residentes en Lima y Callao.105 Algunas de estas células habrían gozado de una relación 

cercana con los parlamentarios apristas, y es verosímil considerar que asistieron a las galerías de 

las cámaras cuando aquellos sustentaban proyectos favorables para sus localidades. Por ejemplo, 

la Célula Residencial Aprista Lambayecana publicó los tres discursos que pronunció el senador 

por Lambayeque Luis Heysen Incháustegui, en defensa del ministro de Agricultura, el aprista 

Luis Rose Ugarte, cuando fue interpelado por la oposición. En la breve presentación de Verdades 

de a puño (1946), Andrés Townsend Ezcurra, secretario general de la célula residencial, destacó 

la trayectoria de Heysen como «una vida consagrada a la acción democrática y revolucionaria». 

Así como su «invicta tradición de inapresable», una referencia a su tenaz liderazgo durante la 

clandestinidad sin que fuera capturado, hecho que le dio un aura legendaria a Heysen.106 

Las iniciativas de la CPA también coincidían con orgullo regional que calzaba con el 

discurso anticentralista aprista. Así, Heysen se ganó la gratitud del Club Lambayeque de Lima, 

cuando fueron aprobadas en su cámara, y enviadas al Ejecutivo, los homenajes que propuso a 

Federico Villarreal, tanto en el departamento norteño como en Lima. Entre otras medidas, se es-

tablecía que el parque de Barranco llevaría el nombre del sabio lambayecano y que un inmueble 

cercano fuera expropiado como nueva sede del Club Lambayeque. Su secretario, Alejandro Le-

guía A., y presidente, José María Arbulú P., agradecieron en estos términos a Heysen: «Nuestro 

regionalismo se siente halagado con este reconocimiento que se hace a nuestro codepartamentano, 

tanto a su obra como a su patriotismo, i por eso nuestro aplauso a su feliz iniciativa; ya que en lo 

                                                             
103 Véase los menores de edad apristas, véase la sección 3.2 de esta investigación. 
104 Quiroz Velasco (2006 [1990]: 327). 
105 Véase Trinchera Aliada del 8 y 11 de agosto, y del 8 de setiembre de 1945. 
106 En Heysen (1947: 2), sin foliación, en CELH-PUCP. 



   

28 
 

tocante a nuestra institución, ésta considera grandemente comprometida su gratitud para con Ud. 

[…]».107 En términos políticos, tal regionalismo fue acompañado de expectativas democráticas al 

ser el gobierno de Bustamante uno que, por primera vez, no representaba ni tenía el favor de la 

oligarquía: motivó grandes expectativas «de que las instituciones y prácticas políticas fueran rá-

pidamente transformadas y de que se le diera al pueblo más poder en la política».108 Esta aspira-

ción fue particularmente evidente entre los apristas del interior, que esperaban el cese inmediato 

de las autoridades responsables de pasados abusos y arbitrariedades. Durante su gestión, los par-

lamentarios apristas recibieron un sinnúmero de solicitudes en este sentido.109  

Unas veces, estas expectativas desataron una violencia que descansaba aparentemente en 

la confianza de contar con la protección política de Lima. Por ejemplo, en la provincia de Celen-

dín, dos meses después de las elecciones generales, los apristas atacaron a algunas autoridades. 

Sin considerar como móvil de estas acciones injusticias anteriores, el sensacionalista Vanguardia, 

de furibunda línea antiaprista, las interpretó como una traición a la transición pacífica y democrá-

tica prometida por el FDN durante la campaña electoral:  
 
La transición ha significado el desarrollo de una tiranía de grupos apristas, que se sienten dueños 
del Perú y amos de la situación. El criterio totalitario que predomina en los altos círculos se ex-
tiende y se torna más odioso en las provincias, en donde el caciquismo, los odios aldeanos y la 
mezquindad del horizonte azuzan este totalitarismo. Esto acontece en la Provincia de Celendín, 
del Departamento de Cajamarca. Los grupos apristas tienen a aquella laboriosa ciudad y a la pro-
vincia entera, a excepción de Sucre, bajo la férula compulsiva y avasalladora.110 

  
Vanguardia señalaba que las viviendas del fiscal de la Corte y del juez de Primera Instancia ha-

bían sido invadidas para forzarlos a renunciar. Aún más: «Todos los días, desde las cinco de la 

tarde adelante, Celendín se ve sometido a la presión de los grupos totalitarios que recorren las 

calles, convocando a toques de corneta a los pobladores, empleando amenazas y medidas 

comp[u]lsivas». Estos contaban con la pasividad cómplice de policías y autoridades, ya sea por 

temor o interés, «para medrar y conservar sus puestos». Los apristas estaban, pues, imponiéndose 

en toda la provincia a través del terror, salvo en el distrito de Sucre, «donde los bravos “huauque-

ños” […] defienden su independencia como una de aquellas repúblicas de Grecia Antigua».111  

Es probable que, en efecto, los apristas estuvieran llevando a cabo una campaña organi-

zada en las calles para forzar la renuncia de las autoridades provinciales vinculadas con la repre-

sión antiaprista. En lo que no hay duda es que la elección de Julio Garrido Malaver como diputado 

había alterado las relaciones de poder en Celendín, pues había vencido a José Clodomiro Chávez 

                                                             
107 En Heysen (1977: 171). Heysen satisfacía de este modo el orgullo lambayecano, continuando con los homenajes 
que inició el presidente Leguía, igualmente originario de Lambayeque, cuando inauguró, en 1926, el monumento a 
Villarreal en el parque de Barranco. 
108 Wilson (2014: 289, 290). 
109 Véase Borea (1980: 77-80). 
110 «La provincia de Celendín vive bajo un régimen de tiranía insoportable», Vanguardia, Lima, 25 de setiembre de 
1945: 1. 
111 Ibíd.: 1, 4. 



   

29 
 

Mariñas, diputado saliente de filiación pradista. Este provenía de una familia acomodada vincu-

lada al comercio de Sucre, precisamente el distrito donde —según Vanguardia— los apristas no 

se habían atrevido a salir a las calles. El lugar era la plaza fuerte de una familia vinculada al poder 

político local: los abuelos paternos de Chávez habían ocupado cargos municipales y su padre, la 

gobernación. Su elección como diputado de Celendín en 1939 —cuya gestión tuvo el respaldo de 

El Comercio— era el último y mayor logro político familiar. Chávez impulsó la construcción de 

escuelas y puestos policiales, además de la instalación de una sede de la Policía de Investigación 

—institución central en la represión antiaprista— en Celendín. El enfrentamiento de Chávez con 

los jóvenes apristas celendinos, entre ellos Garrido Malaver, databa de 1931. Fue víctima de libe-

los insultantes y sus seguidores protagonizaron choques callejeros con sus furibundos enemigos. 

En la campaña electoral de 1945, tuvo el respaldo de las familias principales y autoridades, espe-

cialmente del distrito de Sucre, único lugar donde obtuvo una victoria contundente.112 Para los 

apristas celendinos de los demás distritos, había llegado el momento de reemplazar a las autori-

dades que integraban la red de adeptos del exdiputado. 

En su columna «Kaleidoscopio» de La Tribuna, el líder de la CPA en la Cámara de Se-

nadores, Manuel Seoane, describió así las relaciones clientelistas del poder cacical que existía 

entre Lima y las provincias, tejidas a través de la representación parlamentaria: 
 
Los regímenes anteriores [a 1945] crearon o mantuvieron un sistema de cacicazgos provinciales. 
Cada diputado obsecuente entregaba su incondicionalidad en el Congreso a cambio de su derecho 
a ser el amo absoluto en su comarca. Disponía de la facultad de designar a sus parientes como 
autoridades, (cosa que sigue ocurriendo con ciertos parlamentarios antiapristas) y gobernaba tam-
bién, a su arbitrio, esas gelatinosas y anodinas instituciones de cien pies, —que en algunos casos 
resultan de cien manos—, inventadas para regir y reglar la vida provinciana. A veces se llaman 
Juntas Pro-desocupados, otras Beneficiencia [sic] Pública, otras Juntas Departamentales de Cami-
nos, otras Juntas de Vigilancia, etc. Como la casualidad tiene también sus privilegios, algunas 
juntas ad-honorem, en verdad juntan hombres de honor, y su trabajo resulta eficiente y abne-
gado.113 
 

Para Seoane, lo habitual era que estas instituciones privadas fueran «los instrumentos de domina-

ción del cacique político, al mismo tiempo que el premio que éste otorga a sus adeptos», una 

realidad que era común sobre todo en las provincias más alejadas. El resultado era la corrupción, 

pues sus fondos de origen público terminaban en los bolsillos de sus patrocinadores, así como la 

acentuación del desorden administrativo. Aún más: «Muchas veces esas instituciones se desgra-

nan, como consecuencia de la propensión al chisme y al pleito. Únicamente se quedan, o los 

apóstoles, o los compadres del cacique, o las moscas en la miel».114 Tal sistema era incompatible 

con la gestión moderna que la CPA se proponía realizar desde Lima. 

A diferencia de sus compañeros celendinos, los apristas de la próxima Cajabamba no 

ganaron ninguna diputación. Por el contrario, fue reelecto el pradista Leoncio Martínez Vereau, 

                                                             
112 Sobre Chávez Mariñas, véase Aliaga y Aliaga (2008). 
113 Seoane (1991: 88). 
114 Ibíd. 



   

30 
 

un ingeniero naval y excapitán de fragata.115 Al parecer, Martínez, considerado un enemigo por 

los apristas, había establecido una red local de colaboradores, compuesta por autoridades civiles 

y policiales. En una carta del 27 de agosto de 1945, el secretario general del Comité Aprista de 

Cajabamba, Moisés Rubio Linares, informaba a Mario Salcedo —al parecer, su superior y enlace 

con la CPA en Lima— sobre la situación política de su provincia. Con respecto al PAP, dice 

Rubio: «El elemento anda completamente desalentado y pesimista», ya que el subprefecto seguía 

encarcelando a los apristas, aun cuando se había informado a los senadores de la CPA de estos 

atropellos. La entrega de obras públicas, a través de diversas juntas, tampoco había variado, pues 

el subprefecto, como presidente de estas últimas, las entregaba a su círculo íntimo:  
 
En resumen, la argolla sigue y los abusos también y nosotros nos preguntamos hasta cuándo durará 
y cuál es la labor de nuestros representantes, especialmente de los Senadores; hasta ahora no se ve 
la actuación de ninguno de ellos y si va ha [sic] seguir esta situación que avisen para enmendar 
rumbos; esta opinión mi querido Dr. Mario no es solamente mía sino de la generalidad en esta 
provincia y mi deber es hacerlo llegar a Ud. y, por su intermedio a los representantes.116 
 

La irritación de Rubio era mayor por la actitud del reelecto Martínez, pues este había enviado un 

ingeniero para que realice los estudios de una hidroeléctrica, y asegurado «que nadie será cam-

biado» de sus cargos, una bravata que para Rubio y los demás apristas demostraba que el poder 

del diputado se mostraba incólume en Cajabamba: «yo y todos nos preguntamos por qué sucede 

esto. Así mismo a nosotros no llega ninguna comunicación de los comandos en ningún sentido o 

es que las cosas van ha [sic] seguir el mismo rumbo de las viejas políticas o sea de círculo de 

ciertos previligiados [sic] y que será siempre el Diputado el que mueva los resortes de toda la 

provincia y a su [tachado] antojo»,117 escribió consternado Rubio a Salcedo. 

Las palabras del secretario aprista manifiestan la una ansiedad desbordada, a tres semanas 

de inaugurarse el nuevo gobierno, que debió ser compartida en otros lugares, para que se realice 

el cambio inmediato de los antiguos funcionarios antiapristas. Para dirigentes como Rubio, esto 

era importante, ya que «de lo contrario no se puede hacer nada y todos los compañeros están 

desilusionados». La situación era tan crítica que la noticia del próximo arribo de Haya a Caja-

bamba «ha sido recibida con gran frialdad» por los apristas.118 Por otra parte, debido a la supuesta 

inacción de la CPA, los antiapristas cajabambinos se habían envalentonado. Entre ellos estaba el 

«imbécil y loco» Juan Antonio Mendoza, «el peor enemigo que tenemos», que «anda diciendo 

que es lo suficientemente hombre para obsequiarle unos cuantos plomos a Víctor Raúl [Haya de 

la Torre]».119 Como una prueba de este panorama gris, Rubio había enviado a Salcedo algunos 

volantes que «el Partido en esta [provincia] ha sacado» —acaso impresos por orden suya— «para 

                                                             
115 Garbín et al. (1943-1944: 478).  
116 Carta de Moisés Rubio Linares a Mario Salcedo, Cajabamba, 17 de agosto de 1945, «Sublevación aprista», f. 1, en 
CMAO-PUCP. 
117 Ibíd. 
118 Las bases apristas de Cajabamba estaban conformadas por comuneros, trabajadores de haciendas, medianos propie-
tarios agrícolas, artesanos, profesores y abogados. Taylor (2000: 51-52). 
119 Carta de Moisés Rubio Linares a Mario Salcedo, cit. 



   

31 
 

que las haga llegar a los Representantes de Cajamarca; a ver si así se acuerdan de este Departa-

mento y sobre todo de nuestra provincia que ya está cansada de mucho ruido».120 Había pasado el 

tiempo de las promesas y proclamas, era la hora de actuar desde la capital. 

Las exigencias de los apristas cajabambinos invertían en parte las relaciones verticales de 

arriba hacia abajo sobre las que se estructuraba el PAP: las bases provinciales, a través de sus 

comités locales, reclamaron acciones inmediatas a la CPA, cuyas principales figuras conformaban 

la cúpula central del Partido. Acudir directamente a Haya, a través de una entrevista en sus ofici-

nas de la Casa del Pueblo en Lima, debió ser esencial para mover voluntades. Sin embargo, las 

iniciativas de la CPA con respecto a Cajabamba fueron modestas, si son comparadas con las que 

favorecían a Cajamarca, Celendín y Contumazá, provincias vecinas que sí contaban con repre-

sentantes apristas.121 Desde el Parlamento, Cajabamba solo fue incluida en el plan nacional de 

construcción de colegios y se aprobó a su favor la edificación de una escuela técnica. Más impor-

tante, por el contrario, fue el impuesto al consumo de chancaca que estableció Manuel Vásquez 

Díaz, ministro aprista de Hacienda en 1946, en beneficio de las obras municipales,122 posible-

mente algo que se logró gracias a la mediación de Haya. En todo caso, el nuevo impuesto favore-

ció a la dirección aprista local y a Rubio en particular, ya que este había sido elegido alcalde 

provincial en octubre de 1945. Ahora, gracias al control de la Junta Municipal Transitoria de 

Cajabamba, los apristas pudieron intervenir en la gestión de obras públicas, desplazando a las 

cuestionadas juntas privadas, y contar con fondos propios para financiarlas. Tal cuota de poder 

evidentemente afectó, aunque solo parcialmente, el dominio local de los «principales». Por otro 

lado, el empoderamiento de Rubio y de su entorno paradójicamente habría provocado pugnas 

intestinas entre los apristas cajabambinos.123 

La Ley de Elección de las Juntas Municipales Transitorias, aprobada en ambas cámaras 

por empuje de la CPA, y promulgada por el Ejecutivo en setiembre de 1945, brindó a los apristas 

un mecanismo legal para desplazar a las élites provincianas que copaban los gobiernos ediles en 

pueblos, distritos y provincias. Las nuevas juntas reemplazarían a las desprestigiadas juntas de 

notables de origen leguiista —nombradas por prefectos, subprefectos y gobernadores— hasta que 

se actualizara el Registro Electoral y se preparara una nueva Ley Electoral Municipal. Hasta en-

tonces serían las asambleas electorales —compuestas por dos delegados de los maestros de edu-

cación primaria, seis de los obreros y artesanos, seis de los empleados del comercio y la industria 

                                                             
120 Ibíd.: 1r. 
121 En efecto, Mario Villacorta del Campo (Cajamarca), Julio Garrido Malaver (Celendín) y Fidel Zárate Plasencia 
(Contumazá) fueron muy activos con sus provincias. Véase Borea (1980). 
122 Borea (1980: 130, 140, 215). Borea yerra al señalar que Vásquez era diputado del PAP. 
123 Al cabo de un año de su elección, Rubio se rehusó a renunciar a su cargo, tal como lo establecía le ley: no solo 
desconoció a su sucesor, quien también era aprista, sino que pasó a distribuir cargos entre sus hombres de su confianza. 
Esta noticia, difundida en Lima por el tendencioso Vanguardia, podría ser falsa o exagerada. No obstante, disputas de 
este tipo entre facciones apristas en los gobiernos municipales también salieron a la luz, aunque ocasionalmente, en la 
prensa aprista provinciana. Véase, por ejemplo, Huambo Huirataca, «El cisma de las diez tribus se repite en Caja-
bamba», Vanguardia, Lima, 19 de noviembre de 1946: 2. 



   

32 
 

y, donde las había, uno de las comunidades campesinas— las que elegirían a alcaldes y conceja-

les.124 Durante el debate, el senador aprista Ramiro Prialé defendió el proyecto como la más ge-

nuina expresión de funcionalidad democrática.125 No obstante, Bustamante no se equivocó del 

todo cuando señaló que los nuevos órganos transitorios permitieron establecer «una red nacional 

de ayuntamientos deformados i anómalos, verdaderas agencias del partido en las que la función 

idílica i el interés local quedaban supeditados a las directivas centrales de aquel».126 Lo cierto es 

que aprobada la ley, la dirección aprista en Lima estableció un nuevo órgano de discusión y coor-

dinación: el Buró Nacional Aprista de Municipalidades, al que se le dotó, incluso, de un órgano 

de prensa: Urbanismo.127 En este sentido, si bien las juntas municipales transitorias respondían a 

fines descentralistas, al concederles subsidios y fondos generales y particulares aprobadas en el 

Parlamento, la jefatura aprista terminó decidiendo sobre las demandas que atendería.128  

Con candidez, Bustamante apuntó en sus memorias que las fenecidas juntas de notables 

fueron integradas por «gentes de antecedentes limpios, de independencia moral, de respetabilidad 

reconocida o de sana ejecutoria profesional, fuesen rentistas o menestrales, industriales o emplea-

dos, altos señores o modestos burgueses».129 Más fidedigna sería la apreciación de Fernando León 

de Vivero, quién acusó a los notables de cumplir una «mera función de agente del Estado, recau-

dador de impuestos y gabelas a invertirse en las necesidades provinciales que el Poder central 

determine».130 En la práctica, las juntas municipales transitorias abrieron un campo de participa-

ción política y gestión administrativa excepcional para los sectores reformistas opuestos a los 

caciques y sus redes de poder (jueces, fiscales, prefectos, subprefectos y gobernadores), cuya 

fuerza descansaba en los vínculos clientelistas con Lima. Las juntas transitorias municipales, en 

su mayoría bajo control aprista, significaron, al menos por tres años, el fin de este sistema de 

poder que se había ido gestando desde fines del siglo XIX. Así, no sorprende el pedido del dipu-

tado aprista por Huancavelica, Luis Felipe Solís Rosas, para que el Ministerio de Gobierno y 

Policía ordenara a los prefectos y subprefectos brindar todas las «facilidades», para la instalación 

de las juntas municipales transitorias. Por su parte, su colega de bancada de Piura, Rogelio León 

                                                             
124 Borea (1980: 69-71). 
125 Ibíd.: 70. 
126 Bustamante y Rivero (1949: 145).  
127 Véase bibliografía de Quiroz y Tejada (1983: 110). 
128 En efecto, estas demandas fueron oídas en la Asamblea Nacional Aprista Municipal (ANAM), celebrada entre marzo 
y abril de 1946, en un clima expectante por la participación aprista en el gabinete. En el balneario de Ancón, se dieron 
cita más de 800 delegados apristas, los cuales discutieron la problemática financiera, administrativa y política de los 
gobiernos ediles. En los cuatro discursos que pronunció, Haya destacó el papel de los municipios en la formación cívica 
de los ciudadanos, en su orientación democrática ante el latente totalitarismo; en la necesidad de una gestión honesta y 
coordinada y de gobierno técnico y en el «uso eficaz del poder»; y en la articulación de los problemas locales con los 
nacionales. En la clausura, sostuvo que los municipios eran la base de la «descentralización administrativa». Angulo 
(2002: 21-32); Ortiz (1995-III). Pero, aunque en la jornada se prometió «autonomía» y «democracia», la jefatura aprista 
terminó decidiendo sobre las demandas de sus alcaldes y regidores. Wilson (2014: 293, 308). 
129 Bustamante y Rivero (1949: 145-146). 
130 León de Vivero (1951: 52).  



   

33 
 

Seminario, incluso requerirá la presencia del Ministerio de Justicia y el uso de la fuerza pública 

donde hubiera resistencia a convocar la elección de las nuevas juntas.131 

De este modo, las juntas municipales transitorias avivaron el conflicto entre apristas y 

élites locales. En la provincia puneña de Huancané, la clase terrateniente utilizó la prensa para 

descalificar a las nuevas autoridades ediles. En su primer discurso, la alcaldesa provincial, Dora 

Madueño, quien no hacía mucho se había inscrito en el partido del Pueblo, trazó las juntas muni-

cipales transitorias como un paso más en la democratización social iniciada en las elecciones del 

pasado 10 de junio. Se refirió a «las sobras de la propaganda naszi-fascista [sic] —en la que los 

conceptos de “élite” i de grupos de casta eran primordiales— se nos moteja, a todos los que hemos 

sido designados para formar esta Junta, como mozalbete, gente sin ninguna significación social». 

Por ello, Madueño invocaba a quienes «se han quedado rezagados en la ruta del tiempo, por el 

impulso de las nuevas corrientes ideológicas» a «comprender ya que es antipatriótica i negativa 

su actitud de resentimiento i de sistemática crítica destructiva». A pesar del profundo encono, 

prometió que no habría venganzas y que se «despersonalizaría» la gestión municipal, «haciendo 

absoluta abstracción de la calidad personal i el color político de cada uno de nosotros».132 Este 

llamado a la unidad también pudo deberse a que los apristas de Huancané carecían de un repre-

sentante en el Parlamento, ya que la elección de su diputado en 1945 fue anulada. En las eleccio-

nes complementarias de 1946, fue elegido un candidato no aprista.133  

Aun cuando se contara con el apoyo de un representante provincial en Lima, las juntas 

municipales transitorias en manos apristas se vieron obligadas a establecer sus propias redes de 

apoyo que traspasaran el ámbito local. En Tarma, la táctica fue consecuencia directa del hostiga-

miento que tuvieron que enfrentar de los notables desplazados, quienes, por medio de la prensa 

que controlaban, los calificaban de «hombres ineducados y menos cultos que sus predecesores». 

Los ataques se debían al propósito de la junta de «moralizar» las relaciones laborales entre obreros 

y las patronales mineras, e implantar la sindicalización obligatoria de los trabajadores agrícolas 

de Chanchamayo. Los apristas se propusieron tejer «redes de solidaridad» entre las distintas au-

toridades de su partido. Así, el alcalde de San Ramón animó a su par de La Merced a forjarlas: 

«Debemos colaborar todo lo que podemos para trabajar por la grandeza de nuestra querida Patria. 

Debemos estar en capacidad de contar con el apoyo de todos los que ocupan cargos públicos que 

pertenecen a nuestro gran Partido».134 Sin duda una de estas autoridades era el representante la 

provincia en la CPA, Alberto Shepherd Artica, quien elevó diversas solicitudes en a favor de los 

tarmeños, incluyendo que no se detuviera la construcción de la sede municipal de su ciudad.135 

                                                             
131 Borea (1980: 70, 71). 
132 En Bedoya (2019: 83). 
133 JNE (2015-I: 120; 2015-II: 86). Sin embargo, la CPA impulsó diversas iniciativas favorables para Huancané, como 
la construcción de una escuela, caminos y obras de irrigación y electrificado. Véase Borea (1980).  
134 En Wilson (2014: 290-291). La Merced y Chanchamayo eran por entonces distritos de Tarma. 
135 Sobre las iniciativas de Shepherd, véase Borea (1980: 141, 198, 221, 240, 277). 



   

34 
 

También exigió la investigación del atropello de «un modesto celador», un atentado del que era 

responsabilizado el subprefecto. Hizo falta que el alcalde encabezara una movilización para que 

la víctima —posiblemente aprista— fuera liberada de la cárcel.136  

Es obvio que los vínculos entre los parlamentarios apristas y sus representados variaron 

según su prestigio regional partidario. A Luis Heysen, su hazaña de mantener la red de comités 

apristas —desde Chiclayo hacia Piura, Cajamarca y Amazonas— durante once años de persecu-

ción, le otorgó un capital político que después se tradujo en un respaldo electoral. Conocido por 

el alias de «Naylamp», las masas apristas preferían llama a Heysen «Cuco», por su capacidad de 

eludir los cercos policiales.137 Al igual que otros líderes apristas, Heysen contaba con una prensa 

local que exaltaba su persona. Por ejemplo, a mediados de 1946, un periódico aprista chiclayano 

que nació en la clandestinidad, ¡Hechos!, decía de Heysen lo siguiente:  
 
Pasado ese lapso, épico, legendario y romántico, su vida ha tomado el curso sereno y constructivo 
que hoy exhibe como Senador de la república, por mandato del Departamento de Lambayeque. 
A la gran dignidad de su pasado, se suma hoy otra la otra gran dignidad con que su Pueblo lo ha 
ungido, al encargarle, mayoritariamente, la realización de sus anhelos de ventura; en cuyo formi-
dable empeño se va a desarrollar y a proyectarse, brillante y maravillosamente, toda la posibilidad 
de su alma de luchador civil moderno, puesta en guarda solamente, por ahora, su garra bravía, 
legendaria y romántica, para cuando otras circunstancias la requieran.138 
  

¡Hechos! destaca el tránsito de Heysen, de su fase combativo que jugó como líder de la resistencia 

aprista a la de gestor de leyes en el Parlamento —que, en realidad, no era nada serena, al tener 

que enfrentar la oposición antiaprista en el Senado—, sin que dejara de sugerir un probable re-

torno a las armas si es que las circunstancias lo obligaran.139 Por su parte, las masas apristas del 

«sólido norte» —las cuales sufrieron con mayor dureza la represión sanchecerrista y benavi-

dista—, acicateadas por las promesas electorales, urgieron su cumplimiento. Heysen, como sena-

dor y aprista, no las defraudó.140 

La gira que emprendió Heysen por el norte del país a mediados de 1947 confirmó su 

liderazgo y reavivó las expectativas de los apristas. En las localidades que visitó en automóvil o 

a caballo, fue nombrado «huésped ilustre» o «hijo predilecto», homenajes que fueron descritos 

por ¡Hechos! como una manifestación de lealtad de las masas al aprismo y «[d]el aprecio y la 

confianza que una acción parlamentaria honesta y elevada ha inspirado». Así, en Llama, «departió 

con todos los sectores de la ciudad que acudían a su alojamiento para someter a su consideración 

                                                             
136 Ibíd.: 80. 
137 Villanueva del Campo y Thorndike (2004: 73). 
138 Ramón Larrea, «Perfil de frente de Luis E. Heysen», ¡Hechos!, Chiclayo, 13 de julio de 1946, en Heysen (1977: 
46).  
139 Fue el responsable de la Región Norte del PAP entre 1934 y 1945, pero antes, durante el presidio de Haya, estuvo a 
cargo del Comité Ejecutivo Nacional y de Comando Nacional de Acción. 
140 Heysen no decepcionó a sus electores lambayecanos. Por ejemplo, entre otras iniciativas, logró la aprobación de la 
expropiación del fundo Chacupe a favor del pueblo de Reque, el reconocimiento oficial de la comunidad campesina de 
Morrope y, junto a otros de sus colegas, la entrega en propiedad al Consejo Municipal de Pimentel de una planta 
eléctrica y de equipo de agua potable. Borea (1980: 189, 199, 283). Además, patrocinó un Comité Pro-Casa del Pueblo 
en Chiclayo, aunque un año después todavía seguiría recaudándose dinero. Véase «¡Un edificio para el Partido del 
Pueblo!», ¡Hechos!, Chiclayo, 8 de julio de 1947: 1, en CMAO-PUCP, «Caso Fernández-Cornejo», f. 11. 



   

35 
 

problemas de orden local. Recogió el clamor general de la constitución de la provincia de Llama 

y prometió someterla a consideración de la Comisión de Demarcación Territorial del Senado de 

la que forma parte». En Oyotún, prometió una vía de entrada y salida para el pequeño agricultor 

y peones de haciendas: «Entonces habrá fácil entrada al pueblo y desde luego podrán salir más 

presurosos del mismo cuantos quieren esclavos para su bandidaje feudal», señalaba ¡Hechos!141 

En Túcume, reafirmó «su fe de que el Perú, a través de la labor del Congreso y luego del partido 

cuando él gobierne, alcanzará el sitial de prestigio y engrandecimiento por el que el aprismo izó 

sus banderas hace tres lustros».142 Con estas promesas, Heysen no solo fortalecía su propio lide-

razgo regional, sino también la posición del PAP ante el Ejecutivo. 

Sin embargo, la salida de los ministros apristas del gabinete a inicios de 1947 habría sig-

nificado que las peticiones de las juntas municipales transitorias fueran desatendidas, tanto por 

razones políticas como económicas. En La Tribuna, Manuel Seoane denunció que la solicitud de 

ingenieros y reparaciones que elevó la Junta Transitoria Municipal de Huanta fue atendida solo 

un año después de que un aluvión dejara sin alumbrado eléctrico a la ciudad. Según Seoane, la 

causa de esta demora era que «la provincia padece las consecuencias de ser mayoritariamente 

aprista».143 Pero la huelga congresal, provocada por los senadores opositores al PAP a mediados 

de 1947, privó a los parlamentarios de la Sección de Pedidos. El sostenimiento de sus propias 

redes locales afectó, por ejemplo, a César Góngora Perea, exintegrante de la CPA. En un tele-

grama, informaba al alcalde, al inspector de Educación, al jefe policial y a algunos vecinos de 

Yurimaguas sobre la suspensión de su viaje a Alto Amazonas, a fin de «defender» en Lima el 

orden constitucional y, sobre todo, al Congreso de los «fuertes ataques» de la «reacción». Reite-

raba su voluntad de «seguir trabajando» por el «progreso» de la provincia, «conforme [al] ofreci-

miento [del] programa electoral», y prometía la futura construcción de un colegio nacional y otro 

industrial, así como alumbrado eléctrico.144  

La huelga permitió que un desprestigiado Ejecutivo recuperara cierta iniciativa al ser el 

único receptor de las demandas de la población. El terremoto que asoló la región central del país 

en noviembre de 1947 fue una oportunidad para desplegar su asistencialismo e impactar en la 

opinión pública a través de un filme propagandístico.145 En La Tribuna, Seoane se lamentaría que 

la huelga congresal no permitiera a la CPA elaborar una «ley específica» que levantara un nuevo 

                                                             
141 «La jira [sic] del Senador Heysen», ¡Hechos!, Chiclayo, 27 de junio de 1947: 1, «Caso Fernández-Cornejo», f. 7, 
en CMAO-PUCP. 
142 «Con fervor indescriptible los pueblos de Lambayeque proclaman su lealtad al Aprismo ante el senador Luis E. 
Heysen», ¡Hechos!, Chiclayo, 8 de julio de 1947: 2, «Caso Fernández-Cornejo», f. 11r, en CMAO-PUCP. 
143 Seoane (1991: 233-234).  
144 Telegrama múltiple del diputado César Góngora Perea, Lima-Yurimaguas, retenido el 8 de setiembre de 1947 por 
la Oficina Central de Correos y Telecomunicaciones del Ministerio de Gobierno y Policía, en CMAO-PUCP, «Temas 
diversos», ff. 46 y 47. Durante su gestión, Góngora elevó diversos pedidos para su provincia, especialmente para su 
capital Yurimaguas. Véase Borea (1980: 137, 151, 211, 223, 236, 237, 260, 279). 
145 Véase el corto propagandístico Terremoto de 1947, de la Sección Central de Cine y Noticiarios Nacionales del 
Ministerio de Gobierno y Policía. 



   

36 
 

hospital en Chanchamayo.146 Más importante todavía, la huelga había paralizado una propuesta 

de la CPA que establecía un fondo destinado a obras menores, con las pequeñas rentas locales, lo 

que atraería capitales privados para financiar electrificación, pavimentación y sistemas de agua 

potable en las capitales departamentales y provinciales, siguiendo un justo orden alfabético.147 

Pero la posibilidad de canalizar las demandas populares por medio de las juntas municipales tran-

sitorias terminó en marzo de 1948, cuando Bustamante las reemplazó por órganos cuyos integran-

tes serían designados por el Ejecutivo. Ya un mes antes, La Tribuna había publicado un docu-

mento reservado donde se instruía a los prefectos en la tarea de convocar a nuevas asambleas 

municipales. Según el diario aprista, con esta medida, el poder central podría establecer gobiernos 

locales a su medida, vulnerando así la «autonomía municipal», el «régimen democrático» y la 

«constitucionalidad, renovación y moralidad» con que se eligieron las juntas municipales transi-

torias.148 Tanto la huelga congresal como el fin de estas últimas terminaron por socavar el anhelo 

del gobierno municipal y la prosperidad material de los apristas provincianos. 

 

1.3 Las relaciones con el Ejecutivo y las otras bancadas parlamentarias 

Desde un inicio, Bustamante desconfió de los apristas. El 13 de marzo de 1945, cuando aceptó la 

invitación del FDN para encabezar su plancha presidencial, puso como condición, entre otros 

puntos, el «compromiso» de las organizaciones que conformaban la alianza a que «renuncien 

expresamente a ver realizadas […] sus aspiraciones máximas, i se avengan a que el Mandatario 

desenvuelva tan sólo el programa mínimo».149 En el denominado Memorándum de La Paz, pro-

ponía, en líneas generales, el fortalecimiento del sistema democrático a través de reformas cons-

titucionales, la moralización de la actividad política y la gestión pública; un «avance» hacia la 

justicia social y la recuperación económica; y el «fortalecimiento» del Perú en el plano interna-

cional; «todo ello dentro del de un ambiente de paz interna i de unión fraternal de la peruanidad» 

como el mismo Bustamante detallaba.150 Seis días después, los delegados de la Convención Na-

cional del FDN sancionaron el programa mínimo, comprometiéndose a seguir una «plataforma 

sin derechismos ni izquierdismos extremos dentro de planes evolutivos adecuados a la realidad 

del presente i librados, en cuanto a su iniciativa y progresión a la buena fe del mandatario».151 Los 

futuros parlamentarios apristas Alcides Spelucín, Agustín Haya de la Torre y Nicanor Mujica 

dieron su aprobación en representación de su partido. 

El 8 de abril, durante el mitin de presentación de su candidatura en Lima, Bustamante 

insistió en delinear su mandato como «un periodo de transición hacia la normalidad democrática», 

                                                             
146 Seoane (1991: 363). 
147 Ibíd.: 227. 
148 «La ley y las municipalidades», La Tribuna, Lima, 18 de febrero de 1948: 4. 
149 En Bustamante y Rivero (1949: 349).  
150 Ibíd.: 348. 
151 «Proclamación de la candidatura del Dr. Bustamante i Rivero», en Bustamante y Rivero (1949: 356).  



   

37 
 

durante el cual «se hará obra de reforma moral y de evolución social que responda a los impera-

tivos de justicia, sin desquiciar bruscamente las bases de nuestra economía».152 Por una parte, se 

refirió con desdén de los que postulaban al general Eloy G. Ureta: esas «derechas reaccionarias 

cuyos adeptos se mantienen en pleno coloniaje, encomenderos de nueva usanza que defienden el 

feudo y el fuero con sañuda intransigencia, que no entran en contacto con la miseria popular, que 

anatematizan las reivindicaciones sociales y que se niegan a compartir en equitativa proporción 

con sus dependientes los frutos del trabajo». Por otra parte, defendió implícitamente la participa-

ción aprista en el FDN y el apoyo desde afuera del PCP, al mencionar las «izquierdas peruanas» 

que «no son brote improvisado de nuestros días» y «que sus actuales programas de acción política 

enfocan la realidad peruana, con un sentido de mayor exactitud y moderación que los revolucio-

narios programas primitivos» de hace veinte años.153 Bustamante sabía bien que la naturaleza 

transicional de su gobierno dependería de la actuación mesurada de sus aliados izquierdistas en 

el Parlamento: su radicalismo solo generaría la intransigencia de la oposición. 

Según Nicanor Mujica, Bustamante se propuso definir las listas de los candidatos congre-

sales del FDN antes de la reinscripción del PAP. La respuesta táctica de Haya fue «precipitar» el 

reconocimiento legal de su partido.154 En este sentido, Haya utilizó el multitudinario mitin de 

reencuentro con las masas apristas de la plaza San Martín, para exigir un número mayor de can-

didaturas, ya que «que después de la manifestación del 20 de mayo el pueblo había dado su vere-

dicto y que cualquier ofrecimiento anterior debía ser replanteado».155 Sin embargo, en las nego-

ciaciones que siguieron —en las que Bustamante amenazó con declinar su postulación—, Haya 

prometió que no impondría candidatos donde el Partido del Pueblo no fuera la principal fuerza 

política. Lo cierto es que se proclamaron candidaturas apristas donde había un considerable anti-

aprismo sin ello afectara la victoria del FDN en ellas, un hecho que Jorge Basadre se explicaría 

la existencia de una «mancha bustamantista», es decir, que el candidato frentista tenía su «propio 

color».156 Lo cierto es que si bien Bustamante contaba con un respaldo propio, este era compara-

tivamente menor al de los apristas: se trataba de un sector de la clase media progresista de cen-

troizquierda y centroderecha.157 

                                                             
152 «El magistral discurso del Dr. José Luis Bustamante y Rivero en la gran concentración cívica del domingo ocho de 
abril de 1945, en la capital de la República», en De Belaunde (1996: 603). 
153 Ibíd.: 604, 605.  
154 Mujica y Mujica (2015: 363-364). Bustamante consideraba que los votantes no apristas del FDN debían tener su 
propia representación congresal; y temía que una aplastante mayoría del PAP desvirtuara el perfil transicional y armo-
nioso de su gestión. Además, creía que los apristas carecían de la experiencia política suficiente en el marco democrá-
tico, por lo que «requería el puntal amigo de hombres más avezados a las lides políticas o de consagrada responsabilidad 
por sus años i su actuación». Bustamante y Rivero (1949: 26-27). 
155 De las Casas (1981: 123).  
156 Un análisis del voto regional en 1945 en Basadre (1981 [1975]: 683-693).  
157 Bustamante tuvo el respaldo de sectores urbanos cercanos al socialcristianismo, como los de la Universidad Católica, 
o vinculados a la Acción Católica de Lima y Arequipa; así como de intelectuales y técnicos «socialistas» de clase 
media, como el mismo Basadre, que lo consideraban una opción liberal y democrática ante el comunismo, el fascismo 
y el aprismo. Véase Rey de Castro, ed. (1985).  



   

38 
 

Las elecciones del 10 de junio favorecieron a Bustamante con el 66 % de los votos y a las 

listas parlamentarias del FDN con la elección de treintaicinco senadores y setentaitrés diputados. 

Para Renovación, los apristas eran prácticamente los únicos responsables de la victoria de unas 

elecciones en la que Haya había cedido su derecho a la presidencia en aras de la unidad nacional: 

«Así ha triunfado el Aprismo dando al Perú un nuevo presidente, dos vicepresidentes y una gran 

mayoría de representantes. La Patria tendrá que agradecer siempre esta generosa demostración 

del civismo del Partido del Pueblo, ejemplarizado con el sacrificio de Haya de la Torre que ha 

permitido la elección del Dr. Bustamante y Rivero».158 Haya mismo alentó esta lectura de las 

elecciones en diferentes oportunidades. En el Callao, por ejemplo, señaló «que sin el apoyo aprista 

el Frente Democrático Nacional habría sido un mero artificio político»; en Chiclayo, fue más allá: 

dijo que el APRA había jugado el mismo papel de la monarquía inglesa, «creando “el gobierno 

de su Majestad” y “la oposición de su Majestad”»; y en Ica, «que como los ricos no podían orga-

nizarse políticamente, el pueblo les tendió cordialmente la mano a través del Frente Democrático 

para que pudieran actuar políticamente y fuera posible la democracia».159  

Renovación puso también énfasis en un aspecto esencial: la victoria del 11 de junio debía 

interpretarse como el triunfo del programa del PAP, pues este había sido aprobado en la Conven-

ción Nacional del FDN, lo que significaba que los frentistas no apristas debían ceñirse a él.160 

Como se señaló líneas arriba, Bustamante había logrado arrancar la promesa de los delegados de 

las diferentes organizaciones que componían el FDN, entre ellos de los apristas, que un eventual 

gobierno suyo no impondría un programa radical. Sin embargo, Haya comenzaría a sugerir des-

pués lo contrario ante las masas apristas. Así, en su primer discurso en la plaza de Trujillo pasadas 

las elecciones, aseguró que el Partido del Pueblo «controlará democráticamente a todos aquellos 

que resulten elegidos por el voto popular. Y los controlará desde el Presidente de la República 

hasta el último representante en nombre de los intereses del pueblo, no para indicarles el camino 

sino para evitar, cuando llegue el caso, que se desvíen del camino».161 Para los oyentes, tal camino 

ya habría sido trazado: se trataba del Programa de Acción Inmediata (o el Programa Mínimo de 

1931), del que esperaban fuera implementado desde el Parlamento.  

La dirección aprista esperaba una importante participación en el gabinete. Renovación 

expresó estas expectativas en términos de que había llegado el momento de establecer un Ejecu-

tivo moderno, eficiente y ceñido al equilibrio de poderes. Se preguntaba en se editorial después 

de las elecciones: «¿Será [el gabinete] parlamentario? ¿Será el gabinete democrático de partidos? 

¿Ensayará el nuevo Presidente la ansiada reforma de descentralizar el hipertrofiado poder presi-

dencial por medio de un gabinete responsable que asuma, como en las Democracias [sic] más 

                                                             
158 «Notas nacionales», Renovación, nro. 19, Lima, junio de 1945: 4. 
159 Ibíd. 
160 Ibíd. 
161 «Discurso de Haya de la Torre en Trujillo”, El Pueblo. Órgano del Partido del Pueblo, nro. 14, Lima, 26 de junio 
de 1945: 8, sin foliación, en CELH-PUCP.  



   

39 
 

avanzadas la jefatura del gobierno, que es diferente de la jefatura del Estado?».162 En esta atmós-

fera de incertidumbre y posibilidades, también se rumoreaba que Haya presidiría el gabinete.163 

Por su parte, al oír estos rumores e insinuaciones para instituir «el cargo de Premier, a la manera 

de Francia, con atribuciones de Jefe responsable del gobierno i director de la política», Busta-

mante los rechazó por inconstitucionales y porque «hubiera convertido al Presidente de la Repú-

blica en simple dignatario nominal i entregado al país a la férula del sector personificado en el 

Primer Ministro».164 Su razonamiento explicaría el mediocre ofrecimiento que hizo a Haya de dos 

de las once carteras ministeriales. Detrás estaría la intención de Bustamante de tener un control 

personal del gabinete; o cono diría en sus memorias, sin injerencias partidistas que afectaran la 

«armonía entre los peruanos».165  

La oferta de solo dos ministerios «técnicos» debió reafirmar en Haya su propósito de 

hacer del Parlamento un espacio controlado por el aprismo en donde se «vigilaría» al Ejecutivo. 

A principios de julio de 1945, declaró a un medio chileno no tener ningún afán de figuración en 

el nuevo gobierno: «Prefiero seguir en el llano, siendo el Jefe del Partido del Pueblo [sic] el que 

ha contribuido desinteresadamente en un elevado porcentaje decisivo al triunfo electoral del 

Frente Democrático Nacional. Constituiremos, con respecto al Gobierno del Dr. Bustamante, una 

fuerza política parlamentaria de cooperación y control. Ese será nuestro principal papel».166 Con 

el fin de establecer lazos de cooperación y ejercer la fiscalización del Ejecutivo, la dirección 

aprista utilizaría su mayoría simple en ambas cámaras —diecisiete senadores y cincuentaiuno 

diputados de un total de cuarentainueve y ciento cincuentaitrés escaños, respectivamente— y la 

presidencia de sus dos mesas directivas: el escritor filoaprista José Gálvez (quien también era 

primer vicepresidente de la república) presidiría durante dos periodos consecutivos la Cámara de 

Senadores, mientras que los apristas Fernando León de Vivero y Pedro Muñiz se sucederían en la 

presidencia de la de Diputados hasta mediados de 1947. 

A pesar de su número, la CPA se propuso establecer un diálogo cercano con los parla-

mentarios no apristas del FDN, e incluso con parlamentarios de la UR, pues si bien era suficiente 

la tercera parte de los senadores y diputados para abrir las sesiones en cada cámara, se requería 

de la mitad más uno para pasar al orden del día. Pero la independencia que mostraron los primeros 

en sus decisiones, así como la desconfianza de los segundos, fueron obstáculos inesperados para 

                                                             
162 «Notas nacionales», cit. 
163 Sobre estas pretensiones, véase De Belaunde (1995: 267-268). 
164 Bustamante y Rivero (1949: 28-29). 
165 Electo presidente, Bustamante destinó seis ministerios para hombres de su confianza. Consideró que las carteras de 
Relaciones Exteriores, Gobierno y Policía, y Educación «debían estar en manos de personas sin bandería política beli-
gerante»; que Hacienda «demandaba una versación bien probada»; y que los ministerios relacionados con la seguridad 
nacional (Guerra, Marina y Aeronáutica) quedaran a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, pues, «por su natu-
raleza», eran «apolíticos». Para los apristas había reservado ministerios «técnicos», por su inclinación a «las tareas de 
tecnificación de los servicios públicos». Ibíd.: 29. 
166 Haya de la Torre (1985: 46). 



   

40 
 

los apristas. Medios apristas como Renovación se quejaron tempranamente de sus aliados y ad-

versarios parlamentarios que «tienen interés en restar importancia al rol del Aprismo en esta ex-

traordinaria transformación». Tal actitud era más ofensiva en el caso de los primeros, entre ellos 

«[m]uchos ilustres desconocidos para el electorado peruano [que] han sido ungidos abrumadora-

mente por el voto insobornable del Aprismo dentro de las listas del Frente Democrático».167 En la 

Cámara de Senadores, donde ocho escaños los separaba de la mayoría absoluta, los apristas se 

enfrentaron a una recia oposición que, además de los urristas e independientes, paradójicamente 

también estaba conformada por los senadores benavidistas del FDN. Por esta razón, el diálogo y 

la moderación fueron más comunes en aquella que en la beligerante Cámara de Diputados, donde 

la CPA y sus aliados se impusieron con más frecuencia. Sin embargo, en la práctica, más de una 

iniciativa aprista aprobada en esta última fue bloqueada o alterada sustancialmente en el Senado, 

sin contar la renuencia del Ejecutivo a promulgar una ley que consideraba inviable o incómoda, 

o a reglamentarla cuando había sido promulgada por insistencia en ambas cámaras. 

Precisamente, frente a la línea moderada del Ejecutivo, el PAP se propuso demostrar de 

inmediato su fuerza en el Parlamento. Empezó confrontando la política alimentaria de Enrique 

Basombrío, ministro de Agricultura del gabinete recién inaugurado, quien fue citado a través de 

Alfredo Saco Miró Quesada, presidente de la Comisión Principal de Agricultura y de la Comisión 

de Subsistencias de la Cámara de Diputados. Si bien la CPA aprobó su exposición del 9 de agosto 

de 1945, Basombrío fue interpelado seis semanas después, por su supuesta incapacidad para re-

solver la escasez y el aumento de precios de los alimentos. Si bien Basombrío se libró de la cen-

sura gracias a un acuerdo a puerta cerrada entre Haya y Bustamante, renunció a su cargo argu-

mentando la falta de una «defensa adecuada» por parte de los parlamentarios no apristas del 

FDN.168 Un similar escenario ocurrió en octubre, cuando Rómulo Ferrero, ministro de Hacienda 

y Comercio, fue interpelado por iniciativa de los diputados de la CPA. Ferrero, un amigo íntimo 

de Bustamante, fue acusado de estar «bajo la influencia de grupos de presión», con lo cual se 

hacía referencia a sus vínculos con el Banco Agrícola, la Sociedad Nacional Agraria y la Cámara 

de Comercio de Lima. Lo cierto es que su política de austeridad era opuesta a la de gasto social 

que auspiciaban los apristas y varios parlamentarios no apristas del FDN. Al ser inminente la 

censura, Ferrero dimitió.169  

                                                             
167 «Triunfo democrático del aprismo», Renovación, nros. 20-21, Lima, julio-agosto de 1945: 1. 
168 Según Saco, la interpelación careció de causas políticas, aun cuando Basombrío era un «antiaprista declarado, cosa 
que yo pude percibir por expresiones suyas en el Palacio de Gobierno el 28 de julio, con motivo de instalación del 
nuevo gobierno». Un sector de la prensa cuestionó la interpelación de un ministro que, con siete semanas en el cargo, 
no dar solución a un problema complejo; y ridiculizaron preguntas como la planteó Saco: «¿A que no sabe el señor 
Ministro cuánto cuestan los pallares de Ica?» (1985: 266-269). Sánchez reconoció razones técnicas y políticas: «A 
causa del alza de subsistencias, del divorcio con el pertinaz grupo de la Sociedad Nacional Agraria y de viejos pleitos 
con sectores afines a los agrarios, el FDN acordó interpelar al ministro de Agricultura» (1987 [1969]-III: 31-32). 
169 Basadre (1981 [1975]: 699-700, 703). Sobre Ferrero, véase Portocarrero Maisch (1983: 103-109).  



   

41 
 

La interpelación de Basombrío distanció a un sector de los parlamentarios no apristas del 

FDN de los apristas, pues, además de injustificada, manifestaba para aquellos una franca oposi-

ción al gobierno que rompía con los compromisos de unidad asumidos con anterioridad a las 

elecciones. A ello que se sumaba el «fundado recelo» que generaba en aquellos el trabajo a puerta 

cerrada de la CPA.170 Pero fue la interpelación de Ferrero lo que los motivó a formar una bancada 

con los parlamentarios elegidos como independientes,171 aunque no con el propósito de formar 

una bancada oficialista, sino para brindar su respaldo crítico al Ejecutivo. Sin embargo, esta pro-

puesta, que hizo llegar el ministro de Educación, Jorge Basadre, fue rechazada por Bustamante y 

el presidente del Consejo de Ministros, Rafael Belaunde, al ser considerada políticamente inco-

rrecta. La incómoda situación conllevó a la renuncia de Basadre, pues —en sus propias palabras— 

subyacía «un desacuerdo fundamental sobre la política que debía seguirse en la conducción de los 

asuntos del Estado».172 Al parecer, Bustamante estaba evitando confrontar directamente a los 

apristas. Pero debido a las renuncias Ferrero, Basadre y del ministro de Justicia y Culto, Luis 

Alayza y Paz Soldán, quien se solidarizó con el historiador, se vio obligado a recomponer su 

gabinete en la primera semana de octubre, respectivamente, con Carlos Montero Bernales, Luis 

Eduardo Valcárcel e Ismael Bielich Flores, un hombre muy cercano al PAP. Oswaldo Gonzales 

Tafur ya había reemplazado al saliente Basombrío doce días antes.  

Si las dos interpelaciones promovidas por la CPA tenían el oculto propósito de encausar 

al Ejecutivo en los lineamientos populistas del APRA, la formación de una bancada de parlamen-

tarios no apristas de línea conservadora fue un resultado inesperado. En efecto, a mediados de 

octubre, surgió la Unión Parlamentaria, liderada por el diputado por Huallaga, Pedro Dulanto, 

originalmente de las filas del FDN y exdiputado pradista. La nueva bancada —que reunía a un 

número importante de diputados pero que no llegaría a ser la cimiente de una nueva organización 

política—, si bien se proclamó independiente del gobierno y de los apristas, no parecía mostrar 

una línea política clara. El antiaprista Vanguardia fue claro en este sentido: «La Unión Parlamen-

taria es una de las nuevas categorías de la política nacional de esta hora. Cuenta con una cincuen-

tena de diputados. Pero, no actúa, no orienta. Parece como si todos esos parlamentarios estuvieses 

a la espera de algo».173 La explicación de Dulanto de los «puntos fundamentales» del «programa» 

y «plan de acción» de los unionistas manifiesta una concepción elitista de la gestión pública y la 

política de quienes no aspiraban a formar bases de apoyo entre las masas populares, sino que 

creían en una administración paternalista del Estado bajo principios tradicionalistas, jurídicos y 

                                                             
170 De Belaunde (1996: 266, 287). 
171 También había parlamentario elegidos como independientes. El sistema electoral permitía la candidatura individual 
(o independiente) o de una organización política. Unos y otros elaboraban sus propias cédulas, las cuales, una vez 
aprobadas por las juntas electorales, eran entregadas por sus personeros a los presidentes de mesa. JNE (2015-II: 76). 
172 Basadre (1981 [1975]: 203-204). 
173 «Habla Pedro Dulanto jefe de la Unión Parlamentaria», Vanguardia, Lima, 23 de octubre de 1945: 2. 



   

42 
 

morales; y donde la política, como una elevada actividad, debía educar a los pueblos en «el cono-

cimiento de sí mismos». Dulanto también consideraba que «una derecha bien organizada» permi-

tiría una actividad política sin violencia y flexible. Es decir, una derecha ilustrada que no cayera 

en la política de intrigas.174 Tal visión de la política y de la sociedad parecía calzar con la de un 

abogado y educador formado en las aulas sanmarquinas durante la República Aristocrática.175 

A pesar de sus desencuentros iniciales, la CPA tuvo puntos de coincidencias con el Eje-

cutivo, particularmente en un asunto tan espinoso como era el pago de la deuda externa, gestión 

que inició el ministro de Carlos Montero en Washington a fines de1945. El jefe de la CPA en el 

senado y alto dirigente del PAP, Manuel Seoane, señaló en su cámara que la decisión del Ejecu-

tivo coincidía con un punto cardinal del programa aprista de 1931, el mismo que había sido reite-

rado por los delegados la Segunda Convención Nacional del PAP de 1944 y explicado reciente-

mente por Haya en una conferencia en el Teatro Municipal de Lima: que el pago de la deuda 

permitiría disponer de capitales que estimularían la riqueza nacional. Seoane también argumentó 

que el mismo FDN había incluido el pago en su plataforma de propuestas, algo que era demos-

trable en diferentes documentos, y que así lo había expuesto el mismo presidente del Consejo de 

Ministros, Rafael Belaunde, en su presentación en el Congreso.176 Esta serie de razones parecía 

tener como fin acallar a los críticos que, incluso dentro del PAP, cuestionaban saldar una deuda 

originada por el despilfarro y la corrupción leguiista durante el Oncenio. Pero en términos políti-

cos, era indudable que la reactivación económica gracias a la recuperación del crédito internacio-

nal apaciguaría los conflictos sociales y fortalecería la democracia, lo que a su vez vigorizaría al 

Ejecutivo y a su principal aliado en esta materia, el PAP, ante la opinión pública.  

La oposición al pago de la deuda llegó no solo de la izquierda marxista y el centro liberal. 

Desde la derecha, los agroexportadores esgrimieron razones técnicas y nacionalistas en La 

Prensa. El mismo Pedro Beltrán, por entonces embajador en Estados Unidos, entorpeció las ges-

tiones en Washington para disgusto del Ejecutivo.177 A ellos se sumaron un «grupo numeroso» de 

senadores no apristas del FDN, tal como una delegación de ellos expuso a Bustamante el 3 de 

diciembre de 1945 en Palacio de Gobierno. Óscar Arrús, Héctor Boza, Emilio Guimore, Pedro 

Rubio y Fernando Tola, vinculados al fallecido expresidente Benavides, advirtieron al mandatario 

«de los peligros que entrañaba la prosecución de la gestión [del pago de la deuda] por un camino 

                                                             
174 Ibíd. Según Luis Alberto Sánchez, la Unión Parlamentaria agrupó «más o menos», el 40 % de los diputados y el 49 
% de los senadores no apristas. Sánchez (1987 [1969]-III: 73). A medida que las tensiones aumentaron dentro y fuera 
del Parlamento, la Unión Parlamentaría ganaría protagonismo y se haría de un lugar en el juego político. Por ejemplo, 
la agresión que sufrió el diputado independiente Juan Rodríguez Tafur por parte de un diputado aprista hizo que unio-
nistas, independientes, comunistas y socialistas cerraran filas, y en este caso decidieron abandonar la cámara. De Be-
launde (1996: 296-297). 
175 Sobre Pedro Dulanto Monteroli, véase Tauro del Pino (2001 [1993]-VI: 863-864).  
176 Seoane (1984: 179). 
177 Beltrán y La Prensa argumentaron que el pago de la deuda traería la escasez de divisas, una nueva moratoria con la 
caída de las exportaciones y la reducción de los gastos militares. Además, consideraron que las negociaciones mani-
festaban un trato discriminatorio con respecto a otros países deudores de la región, que el Ejecutivo eran demasiado 
generoso con sus términos y que estas ponían en peligro las relaciones con los Estados Unidos. Portocarrero Maisch 
(1983: 141-142). 



   

43 
 

que consideraba equivocado», pues habría un gran rechazo de la opinión pública y del Parlamento. 

Por esta razón, le ofrecían su «colaboración», pero también le advertían «que ellos y el grupo que 

representaban, combatirían francamente las bases concertadas para el arreglo por el señor Minis-

tro Montero».178 La opinión pública era una variable a considerar por la clase política, pues era 

claro que el pago de una deuda carecía de legitimidad en amplios sectores, todavía más cuando 

se estaba gestionando en medio de una crisis económica.  

El enojoso asunto motivó en el Consejo de Ministros algunas interrogantes sobre la inje-

rencia del Parlamento en un tema particularmente reservado como era el pago de la deuda externa, 

cuya resolución —consideraba aquel— correspondía únicamente al Ejecutivo: ya en su momento, 

los legisladores podrían discutir y decidir a partir del acuerdo preliminar alcanzado por Montero, 

y si bien se aceptaba que no podía negarse información a los parlamentarios, cabía preguntarse 

sobre su nivel de detalle. En principio, pues, era claro para Bustamante y su gabinete que los 

senadores no deberían detener o modificar el curso trazado por el Ejecutivo de las negociaciones; 

sin embargo, eran conscientes que tampoco podían ignorar el escenario político inmediato, pues 

«había que contar con la oposición resuelta del Frente Democrático Nacional en el Senado y con 

el escándalo político que los sectores opuestos al régimen promoverían bajo el amparo de esa 

actitud, lo cual podría conducir aún a la ruptura de ese sector con el Partido del Pueblo». Por ello, 

presionados por esta disyuntiva, se decidió informar a Montero del encendido escenario político 

que estaba originando su gestión en Washington e indicársele que evitara suscribir cualquier 

acuerdo, ni siquiera «ad-referéndum» con los tenedores de la deuda.179 

Por otra parte, Bustamante temía que el pago de la deuda externa —un problema que no 

llegó a solucionar durante su mandato—, al fracturar la débil unidad del FDN, lo privara de una 

bancada con peso propio. Por ello el Consejo de Ministros acordó que la exposición que haría 

Montero en el Senado sería cuidadosamente preparada, no sin que antes el propio Bustamante 

realizara «gestiones» con «elementos del Senado a fin de aliviar la tensión producida y procurar 

la creación de un clima favorable a dicho Sr. Ministro».180 Pero a pesar de este esfuerzo, senadores 

como Manuel J. Bustamante de la Fuente —uno de los fundadores del FDN— denunciaron en los 

medios el aumento de la cotización de los bonos en la Bolsa de Nueva York y la entrega a la IPC 

de extensos territorios en el desierto de Sechura como parte del arreglo de la deuda.181 Si bien 

entre los diputados la oposición fue menor, debido al peso de la bancada aprista, aquella terminó 

                                                             
178 Los senadores rechazaban el pago inmediato de tres millones y medio de dólares del presupuesto nacional, pues ya 
se había producido un alza especulativa de los bonos y la resistencia de los tenedores a un acuerdo. También objetaron 
la oferta peruana de un 3 % de interés, cifra demasiado alta en los Estados Unidos y que, además, resultaba una ganancia 
ilegítima si se consideraba el origen oscuro de la deuda (la corrupción leguiista). Sugerían que el interés debía ser de 1 
% y que se condonaran los intereses adeudados, pero no como parte del principal. Estas propuestas diferían de las 
elaboradas por las comisiones consultivas de los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores, de las que eran parte 
tres senadores y dos diputados. Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 3 de diciembre de 1945, ff. 104-106, en ACM-
UNMSM. 
179 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 3 de diciembre de 1945, ff. 106-107, en ACM-UNMSM. 
180 Gobierno de Bustamante, t. 1 sesión del 31 de diciembre de 1945, f. 180, en ACM-UNMSM. 
181 Rúa (2018: 68-69). 



   

44 
 

imponiéndose en su cámara, ya que si bien la Comisión de Hacienda —presidida por Javier de 

Belaunde (FDN) e integrada por Florencio Portocarrero (UR), Ricardo Temoche (PAP) y José 

Tuesta (PAP)— estudió con diligencia la propuesta del Ejecutivo, «no tardaron en llegar presiones 

a los miembros de la Comisión, para torcer su criterio más en sentido político que técnico». Por 

esta razón, el dictamen —al parecer favorable al Ejecutivo— no llegó a presentarse.182 

El pago de la deuda externa fue una de las pocas ocasiones en que el Ejecutivo contó con 

el respaldo decidido del PAP, no solo por coincidencias programáticas sino también por cálculo 

político. En realidad, desde un inicio Haya estuvo abierto al diálogo con el presidente Bustamante 

sin que por ello dejara de utilizar la ventaja que le otorgaba disciplinada y numerosas. Precisa-

mente el diálogo se hizo turbulento cuando giró sobre las atribuciones legislativas del Ejecutivo, 

que parlamentarios apristas y frentistas no apristas se proponían recortar con la derogación de la 

Ley del Plebiscito, considerado por ellos como un acto ineludible de afirmación democrático, 

poco después de inaugurado el gobierno de Bustamante.183 Tal anulación de la reforma constitu-

cional que implementó la dictadura de Benavides por medio de un plebiscito en 1939 —que for-

talecía la autoridad presidencial y disminuía la función fiscalizadora y presupuestaria de los par-

lamentarios— inclinaba la balanza en favor del Legislativo. El proyecto de ley suponía, sobre 

todo, la eliminación de la facultad presidencial de vetar leyes, una prerrogativa constitucional que 

Bustamante consideraba imperiosa para objetar leyes «inconvenientes o inoportunas o que se 

apartaban de programa del régimen», es decir, formuladas por una bancada mayoritaria hermética 

y esquiva como la aprista, que acaparaba la producción legislativa y que solo ocasionalmente 

acudían sus representantes a Palacio de Gobierno para entrevistarse con él.184 

El 29 de octubre de 1945, el Consejo de Ministros evaluó las facultades constitucionales 

del Ejecutivo «para intervenir en la discusión y elaboración de las leyes» a propósito de la «nueva 

situación» que implicaba la derogación del Plebiscito de 1939, que había sido aprobada por el 

Parlamento. Se consideró que, si se perdía la facultad del «veto suspensivo», lo ministros «debían 

mantenerse informados de los proyectos de ley» para que intervinieran oportunamente en su dis-

cusión en las cámaras. Se acordó, además, que el ministro de Justicia, Ismael Bielich Flores, pre-

parara un proyecto que, partiendo del reconocimiento de la legitimidad del Plebiscito, propusiera 

una reforma constitucional que otorgara el veto presidencial.185 En su lucha con el Parlamento, en 

torno al veto presidencial, el Ejecutivo insistiría inicialmente en la legalidad del Plebiscito de 

1939, una postura contraria a la CPA. En este sentido, es significativa la intervención de Bielich, 

quien fue uno de los dos abogados que defendió a Haya cuando fue procesado por sedición en 

                                                             
182 De Belaunde (1996: 269). 
183 En la redacción de la ley participaron miembros de la CPA y los senadores frentistas Tola y Ulloa. La propuesta fue 
presentada en Senadores por Bustamante de la Fuente y modificada por Ulloa antes de ser aprobada y enviada a Dipu-
tados. Sánchez (1987 [1969]-III: 14); y Sánchez (1985-I: 246). 
184 Bustamante y Rivero (1949: 40-41).  
185 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 29 de octubre de 1945, f. 46, en ACM-UNMSM. 



   

45 
 

1932; y dirigió el Secretariado de Política del PAP en 1934.186 Bielich no era militante aprista 

cuando se sumó al gabinete de Bustamante en octubre de 1945, pero definitivamente era más afín 

al PAP que su antecesor, el antiaprista Luis Alayza Paz Soldán.187 

El 12 de noviembre de 1945, debido a las iniciativas de la CPA sobre los gobiernos mu-

nicipales y la libertad de imprenta, el Consejo de Ministros subrayó la urgencia de preparar sus 

propios proyectos, especialmente en lo referente a la reorganización de los ministerios, el derecho 

a la huelga y los sindicatos. En esta sesión, el ministro de Hacienda, Carlos Montero, expresó su 

confianza de que los senadores suspendieran la ley aprista de creación de un Consejo de Control 

Económico, después de que escucharan su informe positivo sobre los avances de la economía 

nacional. Montero también se informó sobre su entrevista con figuras «prominentes» del Partido 

de Pueblo, quienes le explicaron la propuesta del Congreso Económico Nacional y su carácter 

«deliberante» y que el proyecto le sería enviado con anticipación para conocerse la opinión de 

Ejecutivo antes de su discusión en las cámaras.188 Por todo ello, se acordó solicitar que el Legis-

lativo enviara una copia de sus proyectos para su estudio oportuno, «pues de otro modo se produ-

ciría una “dislocación” entre ambos Poderes que redundaría en perjuicio de la buena marcha del 

Estado».189 Había un relativo diálogo en un escenario en que los apristas todavía no tenían ninguna 

participación en el gabinete y en que sus diputados y senadores coordinaban sus acciones a puerta 

cerrada bajo la dirección de Haya. 

No obstante, los apristas insistieron en la Ley de Derogación del Plebiscito de 1939, la 

cual había sido aprobada por ambas cámaras, pero no promulgada por el Ejecutivo. El 24 de 

diciembre de 1945, Luis Alberto Sánchez la defendió en la Cámara de Diputados como una de-

manda del pueblo, el cual, si bien no entendía de razones jurídicas, comprendía que el Plebiscito 

había nacido bajo la represiva la Ley de Emergencia. Sánchez también añadió que la derogación 

se ajustaba con la «declaración programática» del FDN de «restablecer la majestad del Parla-

mento», una vez ganadas las elecciones, propósito que fue señalado por el mismo presidente Bus-

tamante. Por último, el Plebiscito era nulo en sí mismo, al ser un «acto compulsivo» de un régimen 

dictatorial. Por lo tanto, «medidas de esta naturaleza no necesitan el trámite constitucional de dos 

legislaturas, puesto que no son ni han sido nunca preceptos constitucionales». Con respecto al 

veto presidencial, Sánchez aseguró que la CPA veía con «agrado» un proyecto de ley en este 

sentido, aunque esto significaría una reforma constitucional que tardaría un año y medio en ser 

aprobada. Hasta entonces, el Ejecutivo carecería de tal potestad, un hecho que, sin embargo, no 

                                                             
186 Murillo (1976: 191); Sánchez (1987 [1969]-II: 96, 100). Tal vez por su propio sufrimiento bajo la represión bena-
vidista, explican las «razones personales» de Bielich para no sumarse a los elogios que Bustamante tributó al mariscal 
Benavides, cuando se procedió a otorgarse una pensión a su viuda, medida a la que por cierto Bielich no se opuso. 
Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 14 de enero de 1946, f. 187, en ACM-UNMSM. 
187 Sobre el desencuentro de Paz Soldán y los apristas, véase la sección 2.3 de esta investigación.  
188 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 12 de noviembre de 1945, ff. 55-56, en ACM-UNMSM. 
189 Ibíd., f. 57.  



   

46 
 

generaría problemas en vista de la palpable «cooperación» que había entre aquel y el Legisla-

tivo.190 Lo que Sánchez no decía es que, durante este año y medio, las disciplinadas y numerosas 

bancadas aprista de cada cámara tendrían una gran ascendiente en la producción legislativa. 

En esta pugna por el veto presidencial, el Ejecutivo contó con el respaldo de parlamenta-

rios de diferentes tiendas políticas. Por ejemplo, el 26 de diciembre, los diputados José Macedo 

Mendoza (UR), Gustavo Gorriti (PCP) y Sergio Caller (FDN) presentaron una moción de orden 

que proponía la postergación de la promulgación de la ley hasta que se dotara al Ejecutivo de un 

instrumento legal que le permitiera observar leyes. Argumentaban que, si bien todas las bancadas 

coincidían en la derogación del Plebiscito, también reconocían la necesidad de este instrumento 

del que quedaría despojado el Ejecutivo durante un considerable tiempo si se promulgaba la ley.191 

A pesar de sus argumentos, la moción fue rechazada. De este modo, el 29 de diciembre de 1945, 

se sancionó la Ley 10334, la cual derogaba el Plebiscito de 1939. Sin embargo, detrás de su vo-

tación unánime estaba el compromiso de otorgar el veto al Ejecutivo, plasmado en el último ar-

tículo de la nueva ley. Sería tarea de la Comisión de Constitución de cada cámara estudiar e in-

corporar a la Constitución las reformas del Plebiscito de 1939 que se consideraran convenientes, 

entre ellas el veto presidencial.192 

La Ley 10334 se sancionó durante la crisis ministerial que originó las polémicas explica-

ciones que dio el ministro de Gobierno y Policía y presidente del Gabinete, Rafael Belaunde, con 

respecto a los actos de violencia ocurridos en Lima el 7 de diciembre de 1945.193 Su posterior 

renuncia significó una renovación casi total del gabinete. Entre los nuevos ministros que juramen-

taron el 24 de enero de 1946 estaban los apristas Manuel Vásquez Díaz (Hacienda y Comercio), 

César Elías (Obras Públicas y Fomento) y Luis Rose Ugarte (Agricultura). Luis Eduardo Valcár-

cel, quien se mantuvo en la cartera de Educación, recordaría a Vásquez como un «hombre inteli-

gente y competente, en quien el mérito intelectual era evidente y que actuaba por encima de la 

fidelidad puramente partidaria»; y a Rose como «un ingeniero comunicativo, sujeto muy hábil y 

entusiasta, que se sentaba al lado mío en las sesiones de Gabinete».194 Parece que Valcárcel igno-

raba la trayectoria combativa de Vásquez como secretario de Defensa y de Economía del PAP, 

hasta su captura, tortura y deportación, durante la dictadura benavidista. Por su parte, Rose era un 

desconocido para los líderes de la CPA en el Senado (Seoane) y Diputados (Sánchez).195 A esta 

presencia de tres militantes aprista se sumaba la del simpatizante aprista Ismael Bielich Flores en 

la cartera de Justicia, a quien Valcárcel describió como «un abogado pro-aprista».196 

                                                             
190 Sánchez (1985-I: 245-246, 247 y 249). 
191 PAP (1946: 78-79). 
192 Ibíd.: 82-83. 
193 Sobre los disturbios del 7 de diciembre de 1945, véase la sección 2.2 de esta investigación. 
194 Valcárcel (1981: 343). 
195 Sánchez (1987 [1969]-III: 33).  
196 Ibíd.  



   

47 
 

En la primera sesión del remozado gabinete, Bustamante compartió su intención de reavi-

var la alianza que había respaldado su candidatura, particularmente con el PAP, y llevar a cabo 

un gobierno de unidad nacional. No obstante, aconsejó cautela a Julio Ernesto Portugal, presidente 

del Consejo de Ministros, cuando se presentara en el Congreso, pues anunciar este último propó-

sito podría afectar «la convivencia amistosa con todos los demás sectores». En términos prácticos, 

Bustamante «confiaba que en adelante se obtendría una mayor coordinación» entre el Ejecutivo 

y Legislativo, tal como se lo había señalado en conversaciones previas que había tenido con Por-

tugal y Haya por separado.197 Portugal, médico de profesión que asumió la cartera de Salud Pú-

blica y Asistencia Social, era una pieza clave para este consenso: gozaba de popularidad como 

exalcalde de Arequipa, era uno de los fundadores del FDN y líder de la bancada frentista no aliada 

al PAP en el Senado. La relación del Ejecutivo con la CPA mejoró con los tres ministros apristas. 

A ello contribuyó, como recordaría Valcárcel, los vínculos personales: las iniciativas del Ejecu-

tivo podían vencer «cierta intransigencia» de los parlamentarios apristas, cuando se convencía 

«individualmente a alguno de ellos, o, mejor aún, al propio Haya de la Torre», táctica que utili-

zaron tanto sus compañeros del gabinete como el mismo presidente Bustamante.198 

Las designaciones de Vásquez, Elías y Rose fueron celebradas por la prensa aprista. En 

su editorial, Renovación las describió como parte de un esfuerzo conjunto de las fuerzas «demo-

cráticas» que componían el FDN frente a las maquinaciones de la «reacción», y como una prueba 

más de la colaboración y el gesto generoso del PAP con el Ejecutivo, más allá de las diferencias 

ideológicas y programáticas, algo que Renovación esperaba que fuera comprendido por las demás 

fuerzas políticas. Era, también, la primera intervención del PAP «en la gestión directora del Eje-

cutivo» en la historia peruana: «Tres representantes del Partido del Pueblo que elevan el aporte 

tanto de sus indiscutibles calidades de capacidad y honradez como el formidable respaldo moral 

y popular de su gran Partido».199 No obstante, Renovación sabía que esta participación era un reto: 
 
Por su parte los ministros apristas tienen ante sí graves responsabilidades. Personeros del poderoso 
Partido del pueblo peruano, tienen bajo su dirección los portafolios de más compleja estructura y 
función técnica. En el portafolio de Hacienda, ajustar la vida económica y financiera de la nación 
a las impostergables necesidades del pueblo y a las exigencias de un vasto plan de reformas técni-
cas en el campo de la economía, de las finanzas, de la industria y el comercio. En Fomento, pro-
yectos y planificar con criterio moderno las más urgentes obras de progreso que exige el país. En 
Agricultura, encarar el grave problema de las subsistencias y la carestía de la vida.200 
 

Si Bustamante, después de un semestre en el poder, se planteaba insistir con su propuesta original 

de un gobierno moderado de transición que fortaleciera el sistema democrático; por el contrario, 

                                                             
197 Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 24 de enero de 1946, f. 2, en ACM-UNMSM. 
198 Véase Valcárcel (1981: 342-343, 346, 348). Valcárcel, por ejemplo, contó con el apoyo de los senadores Ramiro 
Prialé y Manuel Seoane, amigos suyos y de gran influencia entre sus compañeros, para la ampliación del presupuesto 
de su sector en 1946. Así, una propuesta podía ser presentada con optimismo en el Consejo de Ministros si se sabía que 
los apristas no se opondrían. Valcárcel también pudo tramitar pedidos de su antecesor Basadre, poco afín al PAP. 
199 «El nuevo gabinete ministerial», Renovación, nro. 23, Lima, enero de 1946: 1.  
200 Ibíd. 



   

48 
 

Renovación esperaba, con la participación aprista en el gabinete en tres carteras claves, la ejecu-

ción de las reformas estructurales trazadas por el PAP: «Son los primeros ministros apristas y por 

éllos [sic] sabrá el pueblo que el Aprismo es fé [sic], esperanza y promesa que se cumple en el 

campo mismo de la realidad».201 La cúpula del PAP comenzó a actuar en esta dirección.  

El empeño de la CPA por realizar reformas importantes en diferentes campos en la polí-

tica y la economía —que, si bien no eran extremistas, provocaron alarma— reavivó el debate 

sobre el veto presidencial. Después de promulgada la Ley 10334, Bustamante hizo una defensa 

abierta de esta prerrogativa en su mensaje a la nación del 30 de abril de 1946, trasmitido por Radio 

Nacional. Al decir que su mensaje era el cumplimiento expreso de su deseo de entablar un «con-

tacto directo entre el pueblo y el gobernante», es claro que Bustamante buscaba (y necesitaba) el 

respaldo de la opinión pública. Enfatizó que su gobierno era resultado de un esfuerzo colectivo y 

«no es el predominio de un partido o la imposición desde arriba»; y solicitó «la colaboración de 

los partidos y la prensa».202 Con respecto al veto presidencial, Bustamante cambió su argumento 

basado en esencia legal, para ahora invocar la Sexta Disposición Transitoria de la Constitución, 

que establecía la vigencia del veto hasta la instauración de un senado funcional. Su discurso tuvo 

un impacto positivo en diversos sectores, especialmente en los que eran opuestos al aprismo. Los 

Colegios de Abogados de Lima, Arequipa y Huaraz, cuyos pronunciamientos fueron divulgados 

en la prensa y publicaciones jurídicas, le dieron la razón,203 mientras que diversos gremios obreros 

de Tumbes, Piura, Arequipa y Cusco respaldaron a Bustamante.204 

Así, el debate sobre el veto presidencial trascendió la esfera parlamentaria. Por ejemplo, 

el diputado socialista Luciano Castillo, en la conferencia que dio el 5 de mayo a los obreros cha-

lacos del Gremio 482, y que fue emitida por Radio Callao, alegó que aquel era una garantía ante 

«el peligro de dictadura y de exceso y abuso de poder» de un «grupo parlamentario»; y descalificó 

la eliminación del veto después de constituirse una asamblea legislativa funcional, como indicaba 

la Constitución, al traer a la memoria las ideas fascistas que predominaban en los años treinta que 

proponían organismos corporativos.205 Al invocar el espectro del fascismo, Castillo hacía una ve-

lada referencia a la iniciativa aprista del Congreso Económico Nacional, un organismo funcional 

supranacional que dirigiría todas las esferas productivas y financieras del país.206 Por su parte, La 

                                                             
201 Ibíd. 
202 Bustamante Quiroz (2016: 246). 
203 Bernales (1971: 46, 49). 
204 «Obreros cuzqueños defienden el veto», Vanguardia, Lima, 31 de mayo de 1946: 1. 
205 «Una magna asamblea popular apoyó el veto presidencial», Vanguardia, Lima, 21 de mayo de 1946: 1, 4. El Partido 
Socialista organizó conferencias informativas-proselitistas sobre el veto presidencial. Ya el 14 de abril de 1946, «cum-
pliendo su misión de forjar una sólida y elevada conciencia doctrinaria en el pueblo», inició la discusión en los asientos 
petroleros de Tumbes y Piura, las que concluyeron, según Vanguardia, con manifestaciones de apoyo a Bustamante. 
«El Partido Socialista y el veto presidencial», Vanguardia, Lima, 10 de mayo de 1946: 1. 
206 Precisamente, su proyecto de ley fue sustentando por Carlos Manuel Cox, en nombre de la CPA, a mediados de 
mayo en la Cámara de Diputados (el proyecto sería aprobado a inicios de junio). No obstante, los apristas buscarían el 
respaldo de Bustamante. Como recordaría, fue uno de los escasos intentos de acercamiento de los líderes apristas hacia 
él (1949: 40, 49). Sobre la propuesta del Congreso Económico Nacional, véase Portocarrero Maisch (1990: 115-127) 
y Vallenas (2006 [1992]: 215-220). 



   

49 
 

Tribuna, en diferentes artículos y editoriales —que fueron compilados en un folleto en 1946— 

señaló, entre otros argumentos, que el veto había quedado suprimido en 1939 al reestablecerse el 

Senado, aunque este no fuera funcional, ya que cumplía con una labor revisora de los proyectos 

aprobados en la Cámara de Diputados. En algunos editoriales, posiblemente escritos por Haya, se 

indicaba que el Partido del Pueblo estaba dispuesto a «conceder» el veto presidencial a través de 

una reformar constitucional, pero solo si se seguía la fórmula planteada por Haya: la existencia 

de un veto senatorial que censurara «ciertos» nombramientos nacionales del Ejecutivo.207 

¿Cuál fue la posición de los tres ministros apristas en torno al veto presidencial? En prin-

cipio, las actas del Consejo de Ministros revelan que compartían la misma preocupación que el 

resto del gabinete sobre las dificultades presupuestarias para implementar las leyes sociales y 

laborales aprobadas en las cámaras.208 Así, ninguno se opuso a establecer un diálogo fluido con 

los parlamentarios, pero regulado, por ejemplo, ciñéndose a un horario estricto de atención en las 

oficinas ministeriales.209 Más importante aún, todo el gabinete aprobó la propuesta del ministro 

Ismael Bielich de preparar un proyecto de ley que obligara a las cámaras a enviar sus proyectos 

al Ejecutivo con antelación, para su respectivo estudio técnico, una iniciativa que ya estaba siendo 

alistada en el Parlamento.210 Por otro lado, entre Bustamante y los ministros apristas hubo un trato 

cordial aunque no exento de desacuerdos.211 Precisamente, con respecto al veto presidencial, en 

la sesión del 27 de julio de 1946, Vásquez se reservó su aprobación al mensaje que Bustamante 

pronunciaría al día siguiente en el Parlamento (las actas no apuntan algún reparo de Elías y 

Rose).212 No obstante, en noviembre Vásquez presentó —por solicitud de Bustamante— un pro-

yecto para que los gastos fiscales solo sean autorizados por el Ejecutivo y para que el presupuesto 

anual entrara automáticamente en rigor si no era aprobado por ambas cámaras hasta el 31 de 

diciembre.213 Vásquez sabía que la iniciativa permitiría de establecer criterios técnicos a la recau-

dación y el gasto fiscal, pero también que afectaría las reducciones y excepciones fiscales y la 

política de gasto público promovidos por la CPA. Los ministros apristas debieron ser conscientes 

de la necesidad del Ejecutivo de un instrumento legal como el veto presidencial. 

                                                             
207 PAP (1946: 7-39, 70-77). 
208 En su primera sesión, por ejemplo, el Consejo acordó que Valcárcel y Vásquez dialogaran con los parlamentarios 
autores de la ley que disponía el aumento salarial de los maestros de primaria. Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 
24 de enero de 1946, ff. 3-4, en ACM-UNMSM. 
209 Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 11 de marzo de 1946, f. 30, en ACM-UNMSM 
210 Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 14 de mayo de 1946, ff. 75-76, en ACM-UNMSM. 
211 Por ejemplo, a pesar de su oposición, pues consideraba que era un compromiso extraordinario que debían asumir 
los mismos propietarios, Bustamante acepto el pedido del ministro de Fomento Elías de brindar créditos para cubrir los 
gastos de rencauzamiento del río Ica. Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 12 de agosto de 1946, ff. 144-145, en 
ACM-UNMSM. Políticamente, la solicitud de Elías fortalecía la posición del PAP al favorecer a pequeños y medianos 
propietarios de tierras. Por otro lado, Vásquez, Elías y Rose (y Valcárcel) expresaron su desacuerdo con la autorización 
que el Ejecutivo otorgaba a la Compañía Nacional de Tranvías de «contratar personal de reemplazo en caso de mante-
nerse o reanudarse» la huelga que los trabajadores tranviarios promovían, pues consideraban que este punto podría ser 
utilizado políticamente para que se prolongue la paralización. Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 9 de setiembre 
de 1946, ff. 168-169, en ACM-UNMSM. La huelga de los tranviarios era respalda por la CTP, dirigida por el aprista 
Arturo Montoya, y los gremios apristas de Lima. 
212 Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 27 de julio de 1946, f. 133, en ACM-UNMSM. 
213 Gobierno de Bustamante, t. 3, sesión del 18 de noviembre de 1946, f. 41, en ACM-UNMSM. 



   

50 
 

En setiembre de 1946, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó 

el proyecto de ley del ministro Ismael Bielich que otorgaba un plazo de quince días al Ejecutivo 

para observar leyes y que establecía que estas solo serían promulgadas por insistencia del Parla-

mento si eran aprobadas por al menos dos tercios de cada cámara. Aquella argumentó que el 

proyecto del Ejecutivo caía en un «error sustancial» al considerar, en principio, la vigencia del 

veto presidencial. La CPA también envió su propio proyecto que sentaba diez días de plazo para 

que el Ejecutivo observara una ley, aunque esta solo procedería si los ministros no habían asistido 

a su discusión en las cámaras. El proyecto aprista también establecía que la ley observada solo 

sería promulgada si era aprobada por una mayoría «absoluta». En su dictamen, la Comisión de 

Constitución fue más allá, ya que estableció como condición una mayoría simple. Finalmente, la 

polémica del veto presidencial terminó en noviembre de 1946, cuando el proyecto de Bielich fue 

aprobado sin debate en ambas cámaras. Detrás de la votación estaba el acuerdo al que habían 

llegado, por razones políticas y no jurídicas, Bustamante y los líderes apristas.214 Según Javier de 

Belaunde, fue gracias al diálogo entre el mandatario y Haya que el PAP aceptó la potestad presi-

dencial de observar leyes a pesar de algunos desacuerdos dentro de la CPA.215  

Sin embargo, el acuerdo alcanzado no revirtió la polarización que había fracturado defi-

nitivamente al FDN en mayo de 1946, a pesar de la creación de una comisión mixta de sus parla-

mentarios y de la intervención conciliadora de Haya. Desde entonces la mayoría de los senadores 

y diputados frentistas, acusados de «desleales» y «traidores» por los apristas, se habían agrupado 

en el Frente Democrático Nacional Independiente (FDNI) y entablado un diálogo con la Unión 

Parlamentaria del exfrentista Pedro Dulanto, mientras que el resto mantuvo la denominación de 

Frente Democrático Nacional y su alianza con la CPA. Entre los últimos se encontraban los dipu-

tados Fernando Belaunde Terry (hijo del ex primer ministro Rafael Belaunde), Gerardo Rizo-

Patrón Aráoz, Enrique Dammert Elguera y Jorge Badani Chávez.216 Pero la CPA y sus aliados no 

pudieron evitar la interpelación de los ministros Vásquez y Rose, trance del que —según Sán-

chez— «salieron bien librados, el primero por sus propias capacidades, y el [segundo], por la 

denodada ayuda de sus compañeros de partido».217 A medida que la gestión ministerial y congre-

sal aprista era más atacada en diferentes frentes, Haya insistiría en el derecho del PAP a gobernar. 

El 7 de setiembre en la Plaza de Acho, señaló: «los gobiernos democráticos gobiernan con parti-

dos y los partidos mayoritarios son los que determinan la acción del gobierno».218 

                                                             
214 Bernales (1971: 44, 47, 48-50). 
215 De Belaunde (1996: 271, 305). 
216 Ibíd.: 288-289, 290-291, 296-297, 304). Esta colaboración se aprecia en el documento Producción legislativa del 
exrepresentante por Lima Fernando Belaunde Terry / Cámara de Diputados / Periodo legislativo 1945-1948, en 
ADLP-CR. Sin embargo, hay que apuntar que Belaunde no siempre respaldó a la CPA, por ejemplo, en la nueva Ley 
de Imprenta o en la ruptura de las relaciones del Perú con España. 
217 Sánchez (1987 [1969]-III: 32). En el caso de Rose, Townsend destacó la «noble» y «sacrificada» intervención de 
Heysen, quien «demostró que sabe sacrificarlo todo ante el interés supremo del pueblo, es decir ante el interés de la 
patria». En Heysen (1947: 2), sin foliación, en CELH-PUCP. 
218 Haya de la Torre (1985-V: 403). 



   

51 
 

A inicios de 1947, el asesinato del director de La Prensa, Francisco Graña Garland, en-

sombreció más el escenario político al sospecharse que el PAP estaba detrás del crimen y acusarse 

después al diputado apristas Alfredo Tello de cometerlo.219 La intención de la Unión Parlamenta-

ria de no dar quórum a la primera legislatura de 1947, si es que no tenía el control de las mesas 

directivas, no tuvo una respuesta consensuada de la CPA. Si bien los unionistas no cumplieron 

con su amenaza en la Cámara de Diputados, al parecer por la confianza de Dulanto de ganar su 

presidencia, la amenaza sí fue cumplida en el Senado.220 De acuerdo con la Constitución, se re-

quería el 55 % de cada cámara para la instalación del Congreso: los apristas solo contaban con el 

51 % en el Senado. Además, su nuevo Reglamento Interno establecía el 55 % para elegir la Mesa 

Directiva.221 Veintidós senadores independientes, reunidos en el domicilio de Héctor Boza, deci-

dieron no asistir a la instalación de su cámara, «hartos de los agravios y de la agresividad de las 

barras apristas, así como del absolutismo de la mesa directiva, copada por completo por el Apra». 

El periodista Francisco Igartua, testigo de la reunión, también recordaría las palabras del líder de 

la UR y senador elegido en 1946, Luis Flores, el cual no se sumó a la decisión: «Estos señores no 

se dan cuenta que acaba de clausurarse y que han votado por el golpe de Estado». La advertencia 

de Flores, recogida por Igartua, fue censurada en la redacción de La Prensa.222 

Según Sánchez, en las conversaciones que precedieron al acta de compromiso que firma-

ron los representantes de los senadores absentistas y de los apristas, en agosto de 1947, se acordó 

«no discutir ninguna ley si antes no le daba pase, por unanimidad, una comisión bilateral. De esta 

manera frenaríamos tanto los excesos de los unos como los de los otros». No obstante, si bien el 

acuerdo fue aprobado por Sánchez en representación de los apristas, y posteriormente por Haya, 

fue rechazado cuando se sometió a votación en la CPA.223 Tal resultado expresaría un súbito cam-

bio de opinión de Haya, el cual guardaría la esperanza de que los huelguistas volvieran al hemi-

ciclo sin ningún tipo de compromiso. Para ello, como le diría el jefe aprista al periodista Chris-

topher Isherwood a inicios de 1948, bastaba con que el mandatario suspendiera los salarios de los 

huelguistas. Sin embargo, no se hacía ilusiones en este sentido: un hombre de rígidas ideas jurí-

dicas como Bustamante no haría nada, «porque no hay nada específicamente escrito en nuestra 

Constitución sobre una huelga de senadores».224 

Por su parte, Bustamante intentó cambiar la correlación de fuerzas parlamentarias mien-

tras organizaba su propio partido. Por un lado, patrocinó varios encuentros entre los bandos con-

trarios para superar el receso; por el otro, con el fin de «quebrar» la influencia de la CPA, inició 

                                                             
219 Aunque el número de la CPA disminuyó con el fallecimiento del senador Juan Guerrero Químper en 1946 y el 
desafuero del diputado Alfredo Tello en 1947, el PAP mantuvo el control de las mesas directivas de ambas cámaras 
hasta la huelga parlamentaria. 
220 De las Casas (1981: 129); Sánchez (1987 [1969]-III: 78-79). 
221 Sánchez (1987 [1969]-III: 78, 79). 
222 Igartua (1995: 92-93). 
223 Sánchez (1987 [1969]-III: 84-85). 
224 Isherwood (1949: 121). La traducción es mía. 



   

52 
 

conversaciones con los líderes de las agrupaciones no apristas para que presentaran listas únicas 

en las elecciones parlamentarias de setiembre de 1947, pero solo obtuvo respuesta de los comu-

nistas. Por ello suspendió estas elecciones que cubrirían una senaduría y cinco diputaciones.225 El 

entrampamiento continuó en 1948, cuando Bustamante rechazó, «por razones constitucionales», 

tanto la propuesta aprista de convocar a un gabinete parlamentario, como la de los absentistas que 

proponían uno sin los apristas.226 Finalmente, no acudió al Congreso el 28 de julio, frustrando así 

el acuerdo al que habían llegado apristas y absentistas para elegir las mesas directivas por la ma-

ñana e inaugurar la legislación ordinaria por la tarde.227 Por el contrario, el 6 de agosto de 1948, 

Bustamante convocó una asamblea constituyente, argumentando que el Ejecutivo era incapaz de 

tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis social y económica y la violencia política. O 

se establecía un régimen autocrático o se planteaba una fórmula no constitucional, «pero ampa-

rad[a] en la colaboración del pueblo a base del sistema representativo», es decir, la elección di-

recta de «un cierto número de representantes», sobre la base de una lista única de candidatos 

apristas y no apristas. Los elegidos formarían, junto con los actuales senadores y diputados, una 

Asamblea Nacional. Pero, hasta entonces, el Ejecutivo tendría facultades extraordinarias.228 

Dos días después, en un Manifiesto a la nación, «las mayorías absolutas de los miembros 

expeditos» de ambas cámaras afirmaban rechazar lo que consideraban un acto «jurídica, política 

moralmente» inaceptable. Según los firmantes, Bustamante, al atribuirse funciones legislativas, 

atentaba contra la soberanía del Congreso y la Constitución, lo que significaba un «acto revolu-

cionario», un «golpe de Estado». Por ello declaraban inconstitucional el decreto del 6 de agosto, 

invocaban a las Fuerzas Armadas a cumplir su función constitucional de «asegurar los derechos 

de la República y el cumplimiento de la Constitución y de las leyes», y llamaban a todas los 

integrantes del Legislativo, «sin distinción de colores políticos, para defender la majestad y los 

fueros de la institución de que formamos parte, en un esfuerzo patriótico que asegurase para los 

peruanos la convivencia pacífica dentro del verdadero orden y la ley». En realidad, menos de la 

mitad de los senadores (veintidós) y diputados (setentaiséis) habían firmado el documento, entre 

apristas, aliados frentistas e independientes.229 Para entonces, tanto Haya como sectores recalci-

trantes de la derecha planeaban, cada uno por su cuenta, una salida golpista con diferentes sectores 

de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, para así «restauraran» la democracia. La Primavera 

Democrática peruana estaba llegando a su fin. 

                                                             
225 Bustamante y Rivero (1949: 114, 124-126). 
226 Ibíd.: 142-145. 
227 Sánchez (1987 [1969]-III: 85). 
228 Según la propuesta, en una primera fase, todos sesionarían como un solo cuerpo, con el fin de implementar reformas 
constitucionales que, entre otras cosas, robusteciera al Ejecutivo, para que el presidente y su gabinete “no quedasen a 
merced a caprichos de la política” y que evitase “la dictadura parlamentaria”; que “señale pautas al Poder Judicial para 
juzgar la inconstitucionalidad de las leyes”; y “que precise los alcances del desconocimiento en el país de los partidos 
internacionales i defina la condición civil i política de sus afiliados”. En una segunda fase, la Asamblea Nacional se 
dividiría en dos cámaras, asumiendo las funciones de un congreso ordinario conformado por senadores y diputados. 
Bustamante y Rivero (1949: 168-177). 
229 «Manifiesto a la nación de la mayoría del Congreso», La Tribuna, Lima, 9 de agosto de 1948: 1, en CD-IRA 



   

53 
 

Capítulo 2 

Iniciativas legislativas, politización y polarización  

 

En cada cámara, los apristas impulsaron diversas reformas que se proponían cambiar la realidad 

política, social y la económica. En la práctica, tales iniciativas reavivaron el antiaprismo en la 

recién inaugurada democracia, siendo inevitable el enfrentamiento, no solo en el Parlamentos, 

sino también en las calles y plazas. En este sentido, la participación de las bases apristas fue 

fundamental para respaldar, presionar y enfrentar a quienes se oponían a las iniciativas de la CPA. 

A continuación, se analizarán un conjunto de ellas en tres esferas particularmente sensibles. Pri-

mero, la relacionada con la seguridad pública a través de la Ley General de Amnistía General, 

que favoreció sobre todo a los apristas acusados de delitos políticos, y un conjunto de pedidos que 

buscaban castigar y/o destituir a las autoridades políticas y policiales comprometidas con la pa-

sada represión antiaprista. Segundo, la esfera periodística a través de la Nueva Ley de Imprenta y 

la Ley del Canillita, las cuales estuvieron dirigidas contra la gran prensa limeña de un claro sesgo 

antiaprista. Por último, la política agraria costeña, con planteamientos como la inmigración y la 

irrigación, la expropiación y cooperativización de complejos agroindustriales, y un cambio de las 

relaciones laborales por medio de la Ley del Yanacona. 

 

2.1 Amnistías y denuncias en el marco de la reconciliación nacional 

En el multitudinario mitin del 20 de mayo de 1945, en la plaza San Martín, Haya insistió en la 

actitud conciliadora con la que los apristas volvían (o debían volver) a la legalidad después de 

una larga etapa de persecución: «sin rencores ni reproches», pues el «hecho histórico de que los 

ideales por los que hemos luchado quince años han triunfado en el mundo», los había resarcido 

del sufrimiento padecido. Invocó a «nuestra disciplina» y «nuestra unidad» de apristas, para frenar 

todo desborde de la violencia, y expresar así el nuevo cause democrático del aprismo. Dijo: «no-

sotros vamos a demostrar que no somos elementos de destrucción, que no somos fantasmas a los 

que hay que temer, que nosotros no llevamos en los labios palabras de venganza».230 Era un lla-

mado excepcional hecho a pocos metros del Club Nacional, símbolo de la encumbrada oligarquía 

peruana, enemiga connatural del APRA. Pero Haya también sugirió el uso de la fuerza en defensa 

del restituido régimen libertario: «yo sé, compañeros, que cada uno de ustedes va a responder ante 

mí y ante el Perú de que no cometeremos jamás otro exceso que el que no sea defender los prin-

cipios de la democracia y sentirnos más peruanos que nadie».231 El fallido levantamiento en la 

base aérea de Ancón de dos meses antes, una acción atribuida al PAP, debió generar dudas en 

aliados y adversarios sobre la sinceridad de las intenciones democráticas de los apristas.232 

                                                             
230 Haya de la Torre (1985-V: 344). 
231 Ibíd.: 345. 
232 Sobre la supuesta participación aprista en el levantamiento de Ancón, véase Chanduví (1988: 315-323); y Villanueva 
Valencia (1977: 42-48). Sánchez implícitamente rechaza una participación del PAP (1981-III: 173-174).  



   

54 
 

Haya advirtió a las decenas de miles de apristas congregados en la plaza San Martín y 

calles adyacentes que la etapa de violencia —una «guerra civil» según el léxico aprista— había 

quedado atrás. En su lugar se abría una superior de cooperación, paz social y progreso, en la que 

el perdón otorgaba una victoria moral a los que habían «sufrido mucho» sobre sus enemigos. La 

persecución también había proporcionado una invalorable «educación cívica» como ciudadanos 

a los apristas: «Es con este magnífico capital moral y político que nosotros vamos a cooperar al 

engrandecimiento de la Patria».233 En este sentido, la recuperación de la legalidad envolvía una 

gran responsabilidad cívica para los apristas. La obediencia y la lealtad al Compañero Jefe debían 

actuar como correctivos para reprimir la venganza por los vejámenes y torturas propios o de fa-

miliares y amigos, o la muerte de compañeros en la lucha, de mártires como Manuel Arévalo, 

asesinado por la Brigada Política en 1937, cuando era trasladado de Trujillo a Lima. Por esta, 

Haya invocaba: «seamos dignos de ella [la legalidad]; se lo pide vuestro jefe y hermano».234 Por 

último, revistió su llamado a la indulgencia de un barniz bíblico: «En todo Gólgota auténtico, hay 

perdón para los que no saben lo que hacen». La frase resultó incomprensible y hasta irritante para 

muchos militantes como Héctor Cordero, que esperaban revancha.235 

El mandato de Haya de frenar acciones punitivas fue parcialmente obedecido. Por ejem-

plo, se canceló el plan de un grupo de defensistas para atentar contra el director de El Frontón, el 

excomandante del Ejército Enrique Vargas Mazén, conocido como «la Bestia» por su trato brutal 

con los internos.236 Pero otras órdenes fueron desoídas, como la prohibición de hostilizar al ex-

presidente Prado cuando abandonara el Congreso, después de la trasmisión de mando. Como re-

cordaría Luis Chanduví, los defensistas, «gente seleccionada, que había sufrido prisión y se había 

mantenido beligerante en los años de la clandestinidad», necesitaban un desahogo.237 Meses des-

pués, el diputado Luis Alberto Sánchez luciría esta contención de la violencia como un acto de 

indulgencia de los apristas con quienes habían sido sus enemigos, en sus palabras, era un «ejemplo 

de civilidad consciente»: «Lo digo sin jactancia: si fuésemos o quisiéramos ser partido único de 

que se habla, ¡cómo nos habríamos vengado el 28 de julio! (Aplausos) ¿Creen los señores Repre-

sentantes que no habían [sic] manos ávidas de destrucción y venganza el 28 de julio? ¿Creen que 

no había gentes que retuvieron su rencor para cobrar deudas y al fin y al cabo sagradas? ¿Y no 

suponen que hubo [sic] directores responsables que lo impidieron?».238 Si bien la intención de 

Sánchez era negar una pretensión totalitaria del PAP, impuesta por medio de la violencia sobre 

sus adversarios, la revelación de intenciones vengativas en sus filas debió generar inquietud en 

los diputados no apristas: si los líderes del PAP las habían contenido, también podían liberarlas. 

                                                             
233 Ibíd.: 344. 
234 Ibíd.: 346. 
235 En Cristóbal (1985: 91).  
236 Chanduví (1988: 330, 333-334). Sobre Vargas Mazén, véase De las Casas (1981: 90-91). 
237 Chanduví (1988: 330). Sobre los integrantes del Secretariado Nacional de Defensa del PAP, véase la sección 4.4. 
238 Sánchez (1985-I: 211). 



   

55 
 

El 28 de julio de 1945, por iniciativa de la CPA en la Cámara de Diputados, y con el 

respaldo del resto de sus colegas del FDN, se aprobó una amnistía que ponía fin a juicios e indul-

taba a todos los procesados y condenados por crímenes políticos o sociales en cortes marciales o 

fueros privados. El proyecto, sustentado por Manuel Seoane, fue también aprobado en el Senado 

por unanimidad.239 Se trató de «un insólito gesto consumado antes de que [el presidente] llegase 

al palacio legislativo», a decir de Jorge Basadre.240 Ley de Amnistía General o Ley 10220 fue 

promulgada el mismo día por el Ejecutivo, aunque no sin incidentes. Una delegación de parla-

mentarios apristas se dirigió a Palacio de Gobierno a felicitar a Bustamante, pero también a urgirlo 

a rubricar la nueva ley y aplicarla de inmediato, a lo que se opuso el ministro de Justicia y Trabajo, 

Luis Alayza y Paz Soldán —un cercano amigo de Bustamante—, pues consideraba que primero 

debía ser promulgada y publicada en El Peruano, lo que no se haría hasta después de los días 

feriados de Fiestas Patrias.241 Su «excesivo formalismo» obligó al presidente del Consejo de Mi-

nistros, Rafael Belaunde, a intervenir: firmó el decreto y dispuso su comunicación a las autorida-

des; la que trasmitió el diputado Sánchez al director de la Penitenciaría de Lima, Carlos Siles. 

Semanas después, este último fue nombrado asesor de la CPA, después de que fuera separado de 

su cargo por Alayza, por «de haber permitido una “bacanal” en el Panóptico aquel 28 de julio: la 

“bacanal” fue tan sólo el natural y ordenado júbilo de los liberados, al abrazar a sus parientes en 

el momento de salir de la larga prisión», según el recuerdo de Sánchez.242  

Carlos Eduardo Zavaleta describió, a través del joven protagonista de Los aprendices, el 

júbilo en los cafés y plazas de Lima cuando se anunció la ley por la tarde: Ernesto formó una 

alegre ronda con sus dos compañeros, igualmente estudiantes sanmarquinos, y otros jóvenes des-

conocidos, deteniéndose solo para aplaudir y gritar «¡Libertad! ¡Libertad!», cada vez que escu-

chaban nuevamente la noticia en las radios. También cruzaban por su mente la felicidad de tantos 

campesinos presos en las cárceles de Sihuas y Huaraz por defender sus tierras.243 Para el PAP, la 

ley significaba el fin del presidio o el retorno del exilio de sus militantes, entre civiles y militares, 

así como la reincorporaron institucional de los últimos, incluso quedando expeditos para ascender 

si tenían los requisitos.244 Sin embargo, a pesar del alcance universal de la ley, el exaprista Carlos 

Steer Lafont se mantuvo en prisión. Testimonios de exapristas señalan que fue persuadido por 

Haya y la dirección aprista, con la excusa de solucionar los trámites del juicio pendiente que tenía 

por asesinar a un guardia cuando intentó fugarse en 1944.245 La verdadera razón sería la contro-

versia que desataría la liberación de quien asesinó, diez años antes, al director de El Comercio, 

                                                             
239 Borea (1980: 76). Ya en enero de 1945, el FDN había solicitado la libertad de los detenidos irregularmente; y, en 
abril, José Gálvez había invocado al olvido y el perdón en su primer mitin en Lima. De Belaunde (1995: 591, 599)  
240 Basadre (1981 [1975]: 702-703). 
241 Sánchez (1981-III: 176). 
242 Sánchez (1987 [1969]-II: 369).  
243 Zavaleta (1998 [1974]: 84-85). 
244 Ley 10220, en ADLP-CR. 
245 Sobre la situación de Steer en 1945, véase Chanduví (1988: 307-310, 331); y Cristóbal (1985: 182-184). 



   

56 
 

Alejandro Miró Quesada, y de su esposa María Laos. Steer era un borrón embarazoso en el dis-

curso oficial de la reconciliación nacional del PAP. 

En Trinchera Aliada, Eduardo Jibaja escribió una breve pero emotiva nota informativa 

sobre la liberación de los «prisioneros» de la Penitenciaría de Lima, una jornada nocturna que 

´consideró «eminentemente aprista». En la noche de este 28 de julio, una «multitud delirante» se 

concentró, para «abrazar a los bravos que lucharon por las libertades del país», entre ellos José 

Melgar, «aquel gallardo muchacho que hace 14 años, en la Iglesia de Miraflores, descargó su 

revolver para poner fin a la vida de Sánchez Cerro, cuyo gobierno estaba ensangrentado al país». 

Al no poder ingresar al recinto, la multitud «cantó con fervor el Himno Nacional y la Marsellesa 

Aprista», lo que fue «un golpe demasiado fuerte para la emoción».246 Entre los asistentes se en-

contraban políticos, intelectuales y periodistas no apristas:  
 
Noche eminentemente aprista. La silueta de Manuel Seoane se destacaba gallarda y varonil. An-
tenor Orrego y Alcides Spelucín sonreían como niños ingenuos. Presentes Luis Rodríguez, Pedro 
Muñiz, Alejandro Garrido Roche, Hernán Boggio. No faltaba Tealdo y sus papelitos de apuntes, 
con los anteojos en peligro. Pedro Aizcorbe abraza a Pepe Melgar como hermano. Hugo Otero 
andaba de un lado a otro recogiendo impresiones para «El Pueblo». Recuerdo a Enrique Dammert 
Elguera, que se asociaba al júbilo aprista con sana alegría. Enrique de los Heros, emocionado, 
pensaba en que la justicia tarda, pero al fin llega. El rostro inteligente de Xavier Abril se llenaba 
de emoción ante el espectáculo de un pueblo esperando a sus valientes. Jorge Carcovich dirigía 
los coros de voces. Luis Carnero Checa sus horas también de presidio [sic]. Benigno Caldas ope-
raba diestramente con cámara fotográfica, llenando el local de magnesio.247 
 

Apristas y no apristas coincidían en que la liberación de los encarcelados representaba un nuevo 

comienzo de convivencia democrática que dejaba atrás una etapa de represión en que —nadie lo 

podía negar— los apristas habían sido las principales víctimas de numerosas leyes de excep-

ción.248 Entre el público se encontraban futuros aliados de la CPA Luis Rodríguez, diputado inde-

pendiente por Loreto,249 y Enrique Dammert Elguera, dirigente y diputado electo del FDN;250 el 

periodista Alfonso Tealdo, quien después se sumaría al odriísmo; Enrique de los Heros, director 

y propietario de Trinchera Aliada; Jorge Carcovich, empresario radial y de cine, además de anti-

guo enlace aprista de Haya durante la clandestinidad; y el poeta Xavier Abril de Vivero.251  

Según Jibaja, la liberación de los presos era una obligación moral para el inicio de las 

«funciones renovadoras» del presidente Bustamante. Además, políticamente, le granjearía al sis-

tema democrático el respaldo del pueblo. Históricamente era un sobresalto más de la nueva etapa 

                                                             
246 Eduardo Jibaja, «Bustamante proclama Ley de Amnistía», Trinchera Aliada, Lima, 1 de agosto de 1945: 4. El 
atentado fallido de Melgar contra el presidente Luis Sánchez Cerro fue perpetrado el 6 de marzo de 1932. 
247 Ibíd. 
248 Por iniciativa de la CPA, se derogaron catorce leyes de excepción, entre ellas la de Emergencia de 1932 y la de 
Seguridad de Interior de 1938. Con su aprobación, según Sánchez, se removieron los «obstáculos para la pacificación» 
y se recuperaba «totalmente la estructura jurídica del país». Sánchez (1987 [1969]-III: 3, 14). 
249 JNE (2015-II: 85). 
250 Sobre la participación de Dammert Elguera en el FDN y su cercanía al PAP, véase Sánchez (1987 [1969]-II: 344, 
347, 349, 352, 363). 
251 Jibaja, «Bustamante y Rivero proclama»: 4. Sobre Tealdo, véase Gargurevich (1991: 180); Igartua (1995: 31); y 
Tamariz (1997-I: 45-46). Sobre Enrique de los Heros, véase la nota el pie 636 de esta investigación. Sobre Carcovich, 
véase Bustamante Quiroz (2016: 151, 158, 162, 199, 200-201, 263); Sánchez (1987 [1969]-II: 285). 



   

57 
 

republicana que se habría de la mano del aprismo: «¡Cómo cambia el Perú! Parece todo un sueño. 

Pero es la más bella realidad y todos los peruanos —los apristas vamos adelante— debemos de-

fenderla como a nuestras propias vidas. Porque los apristas hemos dado nuestras lecciones: pri-

mero muertos que esclavos. Y el Perú está con nosotros, con el Apra y su ejemplo».252 Lo cierto 

es que para el sector de la ciudadanía que no era aprista, tal entusiasmo debió parecerles contra-

dictorio con los deslindes oficiales del PAP con acciones «terroristas» perpetradas por hombres 

como Melgar.253 Por otra parte, ya se señaló que la Ley General de Amnistía generó malestar en 

el Ejecutivo. En sus memorias, Bustamante la consideró «explicable i hasta conveniente» por 

razones de «apaciguamiento social», pero la cuestionó por beneficiar prácticamente solo a los 

apristas, ya que casi todos los delitos de subversión habían sido cometidos por ellos. Por ello, la 

ley era «una patente de impunidad frente al acto revolucionario i un premio a la delincuencia 

política».254 Si su fin era la reconciliación nacional, entre los antiapristas intensificó el odio.  

Uno de los liberados fue el comandante de Aeronáutica José Estremadoyro Navarro, con-

denado a doce años de prisión por participar en la insurrección del general Antonio Rodríguez de 

1939. Luego de escapar de la Penitenciaría en mayo de 1940, fue recapturado en enero de 1943, 

después de escapar a tiros en dos oportunidades. En el primer domicilio que allanó la policía, se 

encontró «un documento, escrito de puño y letra, con las instrucciones para nuevos atentados»; 

en el segundo, «una imprenta clandestina, gran cantidad de volantes, cartuchos y guías de dina-

mita y varios revólveres». Finalmente, el prófugo fue reducido en una tercera vivienda, no sin 

antes matar al jefe del Batallón de Guardias de Asalto, el teniente coronel Víctor Najarro. En sus 

bolsillos, informó el ministro de Gobierno, se encontraron dos revólveres Smith Wesson y dos 

bombas de dinamita. Najarro fue velado en la Jefatura del Primer Regimiento de Infantería de 

Seguridad, en la avenida España. Un pelotón de la Guardia de Asalto formó una guardia de honor 

que se renovaba con oficiales policiales. Después, una multitudinaria comitiva acompañó el fére-

tro hasta el Cementero General.255 El director de la Guardia Civil y Policía, el coronel Arturo 

Zapata Vélez, elevó una oración fúnebre que concluyó resaltando que, en su misión de proteger 

el orden público, la familia, la propiedad, la moral y las instituciones estatales, la Policía debía 

castigar a los que, como el asesino de Najarro, actuaban «siguiendo las viles y ruines inspiraciones 

de ese criminal nato, jefe también de criminales, que es Víctor Raúl Haya de la Torre».256  

                                                             
252 Jibaja, «Bustamante y Rivero proclama»: 4. 
253 Al ser interrogado, Melgar señaló que el atentado fue «resultado de un sentimiento completamente personal». En 
realidad, había renunciado al PAP poco antes a través de una carta dirigida a Haya. También declaró que la pistola que 
había utilizado fue proporcionada por Juan Seoane y que había comunicado sus planes a Reynaldo Bolaños (Serafín 
del Mar). El 14 de marzo, Melgar y Seoane fueron condenados a muerte por una corte marcial ad hoc, pero sus penas 
fueron conmutadas a no menos de veinticinco años de presidio. Según Luis Alberto Sánchez, al enterarse del atentado, 
Haya «vibró de disgusto», pues políticamente era inoportuno: si el presidente sobrevivía, vigorizaría un gobierno rumbo 
al debacle; si moría, los apristas serían «convertidos en un partido de terroristas y asesino». Sánchez (1979 [1934]: 
226). Dos versiones apristas del atentado de Melgar, en Chanduví (1988: 63-69); y Murillo (1976: 157-175). 
254 Bustamante y Rivero (1949: 32-33). 
255 El Comercio (1998-V: 543-545).  
256 Zapata Cesti (1949: 278). 



   

58 
 

La liberación de apristas como Estremadoyro, aclamados como «defensores de la demo-

cracia», sin duda enfureció a los sectores militares y policiales que asociaban la defensa nacional 

con la destrucción del APRA. El día de su liberación, Estremadoyro y Melgar fueron los primeros 

en salir de la Penitenciaría, acompañados por su director Siles, y el diputado Sánchez.257 En la 

entrevista que publicó Trinchera Aliada, en la que fue descrito como un gentil caballero, Estre-

madoyro evitó referirse a los hechos de sangre que envolvieron su recaptura, salvo para indicar 

que sus perseguidores se habían propuesto asesinarlo a cambio de dinero y ascensos. Estimó su 

persecución como única «en nuestra vida republicana»; negó con vehemencia la acusación de 

traición a la patria que le imputó Prado durante el conflicto con Ecuador; y destacó su excepcional 

sufrimiento en una celda por doscientos días: «Sé que lo que se ha hecho conmigo no se ha hecho 

con ningún preso, ni aún con los comunes, pero también sé que mi condición estaba dictada de 

[P]alacio [de Gobierno]. Se me ha tenido con el infamante vestido de rayas y en celda común 

hasta el día de mi libertad». Pero estas penurias habían terminado con una nueva etapa de «liber-

tades», la cual pondría a los peruanos en «el sitio que nos corresponde en el concierto de las 

naciones civilizadas». Con optimismo, Estremadoyro auguraba un futuro provisorio: «Retornará 

la Constitución con toda su majestad. La familia peruana habrá de unirse en un abrazo fraterno 

que nos hará cada día más orgullosos de ser peruanos».258 

Trinchera Aliada atacó a esos «periódicos rotantes del reaccionarismo en acecho» que 

criticaban una ley que se «otorgara en hora feliz de la patria amnistía total para todos los peruanos, 

en el paso más fraterno hacia la unión nacional». Eran críticas infundadas que la cuestionaban por 

su «premura excesiva» o por dañar «el prestigio de los Institutos Armados»; razones que el pe-

riódico refutaba apelando al «verdadero sentido de la democracia» de los peruanos, tanto civiles 

como militares, que, con sus actividades diarias, «contribuyen a instaurar el régimen de la libertad 

y la unidad». Ante ello, exhortaba al pueblo —a ese que marcha «hacia la justicia y el derecho 

que ya nadie ni nada podrá detener»— a «aunar intenciones y estrechar filas para rechazar impla-

cablemente a los oportunistas descontentadizos que enlodan con la pluma artera de la insidia el 

claro sendero de la prensa libre».259 Trinchera Aliada no proponía olvidar la reciente violencia 

que afectó a peruanos de uno y otro bando, pero consideraba que había llegado la hora del perdón:  
 
No se trata de juzgar el pasado. Cómo juzgarlo cuándo todos lo hemos vivido momentos con la 
amargura de quien siente el dolor en carne propia; pero, si cuando después de una noche tremenda 
de injusticias y egoísmos, cuando arriado ya el pendón del odio infecundo que hizo matar a perua-
nos por peruanos, se vislumbra ya la aurora luminosa de un provenir mejor, hay alguien que se 
alza utilizando la prensa libre para fomentar de nuevo la división entre hermanos, no cabe sino 
señalarlo ante el veredicto de los pueblos anhelantes de justicia y despreciarlos, porque su condena 
es la condena que la historia señala a los traidores.260 
 

                                                             
257 Sánchez (1987 [1969]-II: 369). 
258 «El comandante Estremadoyro nos habla de su prisión», Trinchera Aliada, Lima, 11 de agosto de 1945: 1. 
259 «La Ley de Amnistía y los Institutos Armados», Trinchera Aliada, Lima, 8 de setiembre de 1945: 1. 
260 Ibíd. 



   

59 
 

Estas líneas trazan el cuadro de una «guerra civil» que asoló al país por años, una imagen en la 

que insistirán los apristas después de 1945 para enfatizar su identidad nacional, y librarse de las 

acusaciones del gobierno de ser una organización terrorista internacional. Se advierte también los 

cuestionamientos a una prensa antiaprista que, según Tribuna Aliada, mal utilizaba la recuperada 

libertad de expresión, al insistir en odios que solo dividían a los peruanos.261 

Para el presidente del Consejo de Ministros y titular de la cartera de Gobierno y Policía, 

Rafael Belaunde, la Ley de Amnistía General era una medida que contribuiría con «el clima de 

concordia» que el Ejecutivo se proponía establecer entre los peruanos.262 Más allá de esta loable 

intención, lo cierto es que el Consejo de Ministros sabía de las consecuencias políticas y econó-

micas de su aplicación. Es por ello que decidió que los titulares de Justicia, Gobierno, Guerra, 

Marina y Aeronáutica estudiaran el régimen de ascensos y reintegro de haberes que implicaba la 

ley.263 El análisis continuó el 10 de setiembre, después de que Bustamante y el gabinete escucha-

ran los informes de la comisión. Como resultado, el Consejo acordó que el ministro Alayza y Paz 

Soldán —quien había tenido reparos en su firma inmediata— redactara el informe final que se 

enviaría al Parlamento, con el fin de que «tomara una resolución definitiva sobre el asunto».264 

Era claro que el problema no solo era por el descontento en las esferas castrenses antiapristas, 

sino también un desembolso considerable. Por su parte, la CPA siguió presionando al Ejecutivo 

para que se cumpla plenamente amnistía general, por ejemplo, oficiando al ministro de Gobierno 

para que disponga de los «fondos necesarios» para el retorno de los exiliados políticos. También 

presentó otras iniciativas que igualmente se proponían resarcir los atropellos del pasado, como 

era la devolución de bibliotecas incautadas por la policía.265 

Una de estas medidas impulsadas por la CPA, y aprobada en el Congreso, fue la exhuma-

ción de los cadáveres de los ocho marineros sentenciados y fusilados por un pelotón de la Guardia 

Republicana en la isla San Lorenzo, después de la fallida insurrección de la marinería de 1932.266 

El PAP «se movilizó» el domingo 9 de setiembre de 1945, llevó los féretros y organizó una mar-

cha fúnebre, que inició en el local central del Partido de la calle Chota y terminó en el Cementerio 

General.267 Trinchera Aliada dedicó una página entera a este «solemne acto que difícilmente 

puede tener precedentes en la historia cívica del país».268 La ceremonia se proponía hacer tácita 

la reconciliación del APRA con las instituciones armadas: 
 
A las 10 de la mañana del domingo ya estaban congregados, grandes multitudes en las proximida-
des del local del Partido del Pueblo organizándose disciplinadamente como tienen establecidos los 

                                                             
261 Sobre la libertad de prensa y la posición aprista, véase la sección 2.2 de esta investigación.  
262 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 24 de agosto de 1945, f. 15, en ACM-UNMSM. 
263 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 20 y del 27 de agosto de 1945, ff. 13 y 19, en ACM-UNMSM. 
264 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 10 de setiembre de 1945, f. 28, en ACM-UNMSM. 
265 Borea (1980: 76-77).  
266 Sobre estos hechos ocurridos en 1932, véase Chanduví (1988: 70-73); y Murillo (1976: 200-207). 
267 Chanduví (1988: 71, nota al pie 40). 
268 «Lima rindió homenaje a los mártires de la democracia», Trinchera Aliada, Lima, 12 de setiembre de 1945: 4. 



   

60 
 

organismos del Partido. Numerosos, miembros de la Marina Nacional y de otros institutos arma-
dos, y grandes masas de ciudadanos esperaban también en las puertas y mientras la banda de la 
Marina ejecutaba una impresionante marcha fúnebre, los ocho ataúdes, conducidos en hombros 
fueron saliendo del local del Partido dándose comienzo al desfile.269 
  

Las escasas grabaciones del evento muestran una vanguardia femenina que encabeza el cortejo 

fúnebre, portando banderas peruanas y apristas; seguida de seis columnas de mujeres uniformadas 

con largas faldas oscuras y blusas blancas de mangas largas, que marchan rítmicamente. Verlas 

recorrer las calles de Lima, desde la Casa del Pueblo hasta el Cementerio General, delante de 

dirigentes del PAP, autoridades gubernamentales y tropas, técnicos y oficiales de la Marina, debió 

generar una profunda impresión, incluso en los espectadores no apristas.270 

Oficialmente la ceremonia homenajeaba a ocho «mártires de la democracia», tal como lo 

recalcó la prensa aprista, aunque era obvio que tenía un alto componente propagandista partidista. 

El redactor de la nota de Trinchera Aliada describió el evento de la siguiente forma: 
 
Por las fotografías que publicamos nuestros lectores podrán darse cuenta del imponente aspecto 
que este tuvo, millares de ciudadanos visiblemente emocionados presentaron en un silencio abso-
luto el despliegue del numeroso acompañamiento. Con el brazo izquierdo en alto, los apristas sa-
ludaron en simbólico gesto la partida de los mártires, y las banderas del Tahuantinsuyo y de la 
libertad indoamericana precedidas de una gigantesca enseña nacional guiaban la marcha lenta ha-
cia el cementerio.271 
 

Con los uniformes, saludos y banderas, la dirección del PAP se propuso integrar simbólicamente 

los cuerpos de los marineros a la memoria política de los caídos apristas, aunque no como víctimas 

de una revolución fallida, sino como «mártires de la democracia». Como ha señalado Geneviève 

Dorais, Haya y la dirección central del PAP reajustaron el recuerdo de sus mártires entre 1945 y 

1948, no para incitar la venganza en sus huestes sino para reafirmar los nuevos lazos intraparti-

darios basados en los valores democráticos que ahora se auspiciaban oficialmente y, hacia afuera 

del PAP, demostrar su condición democrática y asegurar la legalidad recuperada.272 

 Para los detractores de los apristas, la ceremonia fúnebre de los marineros contradecía su 

llamado a la reconciliación nacional. Xavier Lite, columnista de Vanguardia, fue claro al res-

pecto: la decisión de la CPA de solicitar la exhumación de los cadáveres reabría viejas heridas 

cuando los mismos dirigentes de su partido habían anunciado tolerancia y perdón a sus antiguos 

perseguidores.273 También desde Vanguardia, León de Huánuco la calificó de gesto oportunista e 

innecesario, y puso en duda la estética del desfile por su similitud a las ceremonias públicas de 

los fascistas italianos y los nazis alemanes, lo que no era casualidad, según el redactor, si se to-

maba en cuenta el gusto de Haya y los apristas por estas fórmulas totalitarias: 
 

                                                             
269 Ibíd. 
270 Véase Ortiz (1995-III). 
271 «Lima rindió homenaje». 
272 Dorais (2020: 278-279). 
273 Xavier Lite, «Traficando con los muertos», Vanguardia, Lima, 18 de setiembre de 1945: 3. 



   

61 
 

Los ochos mártires de San Lorenzo cayeron virilmente, en defensa de la democracia. Pero en el 
espectacular traslado de sus restos el pueblo ha contemplado con alarma y descontento, la presen-
cia de las primeras formaciones de mujeres uniformadas. Después vendrán los uniformes mascu-
linos. Como en Roma, como en Berlín. El Perú democrático, que es mayoritario, se reserva todavía 
el acto de auténtica reparación a los ocho marineros asesinados en San Lorenzo. A los marineros 
muertos en San Lorenzo, que no a los marineros vivos y en servicio… Porque a nadie se le oculta 
la finalidad perseguida por el PAP con los actos fúnebres que Lima ha presenciado.274 

 
Otro aspecto controversial fue la presencia de efectivos de la Marina junto a destacamentos apris-

tas, lo cual resultó una sorpresa para el Ejecutivo. El ministro de Marina, el contraalmirante José 

R. Alzamora, tuvo que explicar al presidente Bustamante y a sus colegas del gabinete la presencia 

de su ayudante junto a «sendas delegaciones» de parlamentarios: este solo había rendido los ho-

nores que establecía el reglamento, mientras que los demás miembros de su institución asistieron 

voluntariamente al estar de francos. Lo que había detrás de estas críticas, señaló, era «cierta pro-

paganda política inspirada en propósitos inexplicables», por lo que recomendó emitir un comuni-

cado oficial «para explicar al público la participación del Ministerio a su cargo» y así «despejar 

la atmósfera de maledicencia». Su propuesta fue acogida.275 

El 3 de octubre de 1945, la CPA solicitó que el ministro de Guerra hiciera efectiva, «sin 

dilaciones», la Ley General de Amnistía, la cual tenía entre sus beneficiados a los militares que 

habían sido condenados por «haber apoyado la institucionalización democrática», es decir, por 

participar en movimientos insurreccionales. La reiteración de la exhortación de debió a la discu-

sión que había originado en las cámaras el ascenso del amnistiado Pablo Ontaneda,276 oficial de 

la Armada condenado a diez años de prisión por una corte marcial, por participar en la insurrec-

ción del general Rodríguez en 1939.277 Al exigir el ascenso del capitán de navío, que pertenecía a 

la UR cuando sucedió la insurrección, la CPA habría querido demostrar el compromiso con una 

ley no tendría favoritismos partidarios. Sin embargo, la Ley 10220 tenía un significado particular 

para los apristas, pues a través de ella cimentaba su relación con los sectores simpatizantes de la 

oficialidad. Fue así que la CPA, un año después, lograría una ampliación de la ley, para conster-

nación de los ministros de Gobierno y Policía, Ejército, Marina y Aeronáutica. Estos opinaron 

que las disposiciones de la ley «vulneraban los fueros del Ejecutivo e introducían graves trastor-

nos en los principios que norman los institutos armados». Bustamante y los demás ministros apro-

baron el pliego de observaciones que enviarían al Parlamento, salvo los titulares apristas de Ha-

cienda y Fomento. Para este último, la ley tenía «muy buena intención», pero si tenía «un error», 

debían ser los técnicos del Congreso los encargados de corregirlo.278 

Junto al impulso de la amnistía de presos políticos, el PAP se propuso castigar a autori-

dades civiles y policiales que habían cometido atropellos contra ellos. Así, el 23 de agosto de 

                                                             
274 León de Huánuco, «Política de morgue», Vanguardia, Lima, 18 de setiembre de 1945: 3. 
275 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 24 de setiembre de 1945, ff. 32-33, en ACM-UNMSM. 
276 Ibíd.: 121. 
277 Sobre esta participación y condena de Ontaneda, véase Chanduví (1988: 256, 259). 
278 Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 27 de junio de 1946, ff. 108-109, en ACM-UNMSM. 



   

62 
 

1945, la CPA solicitó la destitución y el enjuiciamiento de diversos jefes e integrantes de la temi-

ble Brigada Social, a los que acusó de perpetrar crímenes contra los apristas y sus familiares 

durante el periodo de persecución, una solicitud que coincidía con la decisión del Ejecutivo de 

cambiar «las autoridades, funcionarios y empleados sobre los que pesen acusaciones» y «su en-

juiciamiento, si hubiere lugar a ello». Se decidió «la sustitución de los altos funcionarios públicos 

cuya permanencia en sus cargos dificulten la realización de los propósitos de armonía y concordia 

nacional que impulsan al Gobierno».279 Fue Nicanor Mujica quien se encargó de sustentar el pe-

dido a los ministerios de Gobierno y Justicia. La moción, según el diputado de Huarochirí, res-

pondía al «clamor popular» de todo el país. Se trataba «de la sanción que los pueblos exigen 

contra aquellos que ejerciendo una mal entendida actividad policiaca, cometieron delitos contra 

el patrimonio, cometieron delitos contra la dignidad humana, contra la salud y contra la vida 

misma de los ciudadanos que desgraciadamente cayeron en sus manos». Pero los que habían co-

metido estos crímenes, amparándose en un marco de leyes de por sí ya abusivas, habían ido más 

allá, al abusar de estas mismas leyes, «para vejar, para robar, para torturar y hasta para matar».280 

Pero Mujica también apeló al ejemplo de los países europeos recientemente liberados por los 

Aliados, donde se anunciaba el comienzo de juicios contra los criminales nazis. 

En efecto, el diputado aprista afirmó ante sus colegas y las galerías de su cámara que 

Europa estaba dando una lección al enseñar «cómo es que se trata a los criminales» y diferenciar 

entre «los prisioneros de guerra y los criminales de guerra»: «Nosotros no creemos que los actos 

delictuosos cometidos por todos estos individuos, todos sin excepción, sean delitos políticos. Afir-

mamos que son delitos comunes y como delitos comunes deben expiarse en las Cortes de Justicia. 

(Aplausos)». Y, para denunciar la persecución antiaprista que llevó a cabo la temible Brigada 

Social, Mujica añadió: «Mal haríamos en asombrarnos de los crímenes de la Gestapo si en nuestro 

país estamos permitiendo que actualmente se paseen por las calles, en forma insultante, los que 

llenaron las cárceles y torturaron a los ciudadanos».281 La CPA solicitó a continuación que dieci-

ocho funcionarios del Ministerio de Gobierno y Policía de los pasados gobiernos fueran separados 

de sus instituciones y enjuiciados.282 A su turno, el diputado Luis Felipe de las Casas solicitó al 

ministro de Relaciones Exteriores que no expidiera pasaportes a los señalados, para que no «pre-

tendan fugar del país los culpables que han segado muchas vidas del pueblo». Después explicó la 

motivación de la solicitud de la CPA: «nosotros levantamos nuestra voz en este recinto, no para 

representar en ella la venganza política, queremos justicia porque sabemos que hoy hay democra-

cia y porque la esencia de la democracia es la propia justicia».283 Tal arenga matizaba el olvido y 

perdón aprista que había anunciado Haya tres meses antes en la plaza San Martín. 

                                                             
279 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 6 de agosto de 1945, f. 8, en ACM-UNMSM. 
280 Mujica y Mujica (2015: 386-387). 
281 Ibíd.: 388. 
282 Borea (1980: 298-299). 
283 Ibíd.: 299-300. 



   

63 
 

Los apristas tenían una cuesta especial que cobrar con las autoridades policiales. El 

Cuerpo de Investigaciones, creado en 1925, era la sección especializada de la Guardia Civil y 

Policía en la indagación y represión de delitos. Por las características de su labor, sus integrantes 

vestían de civil y portaban un carné de identificación. En 1928 se organizaron dos brigadas espe-

ciales en su seno: la Brigada Social y la Brigada de Investigación Criminal. La primera, también 

conocida como Brigada o Policía Política, se especializó en la investigación y descubrimiento de 

organizaciones «que profesaban ideas ácratas o atentatorias del orden social, los complots que 

con tal fin pudieran formarse; todo lo que se refería a movimientos revolucionarios y al sectarismo 

político y social». Su radio de acción se amplió en 1940, cuando se establecieron Brigadas Socia-

les en todo el país bajo la autoridad de los prefectos. Por su parte, la Brigada de Investigación 

Criminal indagaba y detenía a los involucrados en tráfico de armas y explosivos, en compra y 

venta ilegal de bienes, en comercio de pornografía y en todo aquello que «atentara contra la mo-

ral».284 Sin embargo, a pesar de dedicarse a la delincuencia común, los apristas fueron traslados a 

sus celdas como una táctica de amedrentamiento.285 Precisamente, entre los funcionarios acusados 

se encontraban los antiguos jefes del Cuerpo de Investigación de los gobiernos de Benavides y 

Prado: Moisés Mier y Terán y Damián Mústiga, respectivamente.  

El preso político recuperó su lugar en la memoria política del PAP en la Primavera De-

mocrática, después de que en los últimos años la narrativa partidaria pusiera énfasis en la victi-

mización de los militantes, en tanto sujetos inocentes y pacíficos que sufrían la persecución irra-

cional e injusta del Estado peruano.286 Por el contrario, desde 1945 los protagonistas de la historia 

apristas fueron, además de los líderes exiliados, los activos militantes de base que resistieron la 

tortura. Así, el 1 de setiembre, Trinchera Aliada publicó una extensa carta de Gilmer Villacorta, 

un trujillano exintegrante de la Federación Aprista Juvenil (FAJ) que ingresó a prisión en 1938, 

con solo quince años. El texto da cuenta de los abusos que sufrió en diferentes cárceles, por ne-

garse a brindar información sobre la resistencia aprista en el norte. Su penoso periplo comenzó 

cuando fue detenido cerca de la hacienda Casa Grande. Después, el subprefecto y un grupo de 

miembros de la Brigada Social torturarían a Villacorta en el cuartel de la Guardia Republicana de 

Trujillo. Debido a sus lesiones permanentes, el periódico reclamaba una indemnización para víc-

timas como el inquebrantable Villacorta, y exigiría la separación de sus verdugos, a los que se 

señalaba con nombre y apellido, de la administración pública.287 

El propósito de sancionar moralmente a los perpetradores se acompaña del deseo de un 

castigo justo. Los peruanos deben reconocerlos y fijar sus nombres en la memoria histórica. Este 

propósito es evidente en el artículo «Arequipa bajo el terror», firmado con las siglas S.D.C y 

                                                             
284 Zapata Cesti (1949: 197, 199, 208).  
285 Villanueva del Campo y Thorndike (2004: 135, 148, 252, 266-267). 
286 Dorais (2020: 268-272). 
287 «Los torturadores no pueden seguir ejerciendo cargos en la administración pública», Trinchera Aliada, Lima, 1 de 
setiembre de 1945: 3. 



   

64 
 

dirigido contra el exjefe del Cuerpo de Investigación del gobierno de Benavides: «A los sujetos 

como Moisés Mier y Terán es necesario castigarlos ejemplarmente. No basta el proceso y la pri-

sión. Es preciso que la conciencia pública se entere debidamente de su siniestra conducta. Es 

urgente evitar el sentimiento de conmiseraciones y piedad que surge siempre en favor de estos 

miserables».288 Después de una caricaturización grotesca de su apariencia física, S.D.C, a partir 

de un recuento de los atropellos de Mier y Terán cuando fue prefecto de Arequipa, lo traza psico-

lógica y moralmente como un sujeto violento, cobarde y corrupto, que si bien no torturó ni persi-

guió directamente apristas y comunistas, sí ordenó hacerlo. Por ello anuncia, con gran beneplá-

cito, su pronto castigo gracias al nuevo Ejecutivo y Legislativo: «El Gobierno del Frente Demo-

crático Nacional lo ha puesto FUERA DE CUADROS y de esta situación, a pedido del Congreso 

y en nombre de la Justicia, pasará a estado de: ENTRE REJAS».289 Este encausamiento por las 

vías legales de la justicia que celebraba el redactor de Trinchera Aliada también realzaba la ima-

gen de un Partido del Pueblo que no daba lugar a acciones punitivas. 

La permanencia del director de El Frontón también fue motivo de sendos reportajes. Trin-

chera Aliada, a inicios de octubre, publicó «¡Todavía se tortura en “El Frontón”! Se impone la 

salida del director» y «Vargas Mazén, ex-director del Frontón blanco de grave denuncia».290 Estos 

reportajes de estilo sensacionalista se proponían capturar la imaginación de los lectores y ganarse 

su apoyo, al narrar las penurias de los «prisioneros» encarcelados en El Frontón, o en la colonia 

penal selvática de Satipo, descritos como prototipos nacionales de los campos de exterminio nazis 

por el sadismo de sus guardias.291 Otro tópico fueron los intentos de fuga, cuyos protagonistas 

fueron retratados como verdaderos héroes.292 A pesar de una inevitable exageración,293 estos re-

portajes denunciaban un régimen carcelario casi deshumanizador. Los presidios estaban bajo la 

custodia de la Guardia Republicana (GR), una fuerza policial militarizada cuyos oficiales eran 

reclutados de la reserva del Ejército y su tropa, de los licenciados del Ejército y la Armada. El 

recelo de los custodios estaba formalmente sentado en el Primer Manual del Servicio de Prisiones 

(1943), del subteniente César Morzán Carrera, que retrataba a los reclusos como «seres de especie 

inferior» que la cárcel había depravado irremediablemente; «lobos» en los cuales no se podía 

confiar. Fruto de su «observación» e «investigación», Morzán publicó en 1946 la Guía para el 

personal de tropa GR, que, sumados a un tercer libro suyo de 1951, se convirtieron en las «bi-

blias» de los guardias republicanos.294 

                                                             
288 S. D. C., «Arequipa bajo el terror», Trinchera Aliada, Lima, 1 de setiembre de 1945: 3. 
289 Ibíd. Mayúsculas en el texto original. 
290 Trinchera Aliada, Lima, 3 de octubre de 1945: 1 y 4, respectivamente. 
291 Véase «El infierno de otro campo de concentración del Perú. Los horrores de Satipo», Trinchera Aliada, Lima, 8 de 
setiembre de 1945: 1; Julián Petrovick, «Toque de silencio en prisión», Renovación, nros. 20-21, Lima, julio-agosto de 
1945: 9; José Santos Rujel Díaz, «Estampas de prisión», Renovación, nro. 23, Lima, enero de 1946: 6, 16. 
292 Armando Villanueva del Campo, «Cómo fugamos de El Frontón», Trinchera Aliada, Lima, 18 de julio de 1945:1, 
4; «Más vale morir que ser torturado», Trinchera Aliada, Lima, 5 de agosto de 1945: 1.  
293 Chanduví (1988: 226, nota al pie s. n.). 
294 Mendoza (2012: 153, 172-173). 



   

65 
 

 La CPA propuso medidas favorables para la policía (aumentos salariales, bonificaciones, 

equipo moderno, seguros, la construcción de cuarteles, etc.), siendo la más importante su moder-

nización institucional a través de una ley orgánica.295 Esta última no llegó a materializarse por los 

recelos que despertaba la intervención aprista en materia de seguridad pública. Por su parte, la 

prensa aprista defendió la formación de un cuerpo policial profesional ajeno a causas políticas o 

a intereses personales,296 aunque, subrepticiamente, el PAP intensificó la captación de personal 

subalterno y oficiales.297 Por ejemplo, se puso en tela de juicio la preparación profesional de la 

que hacía gala el Cuerpo de Investigación. En el relato satírico «Persecución científica», Felipe 

de Cossío del Pomar la reduce a una calculada tarea de destrucción física y moral del preso polí-

tico a través de la humillación, el robo, la tortura y artimañas legales. Por encima de estos atrope-

llos, sin embargo, se impone el carácter del militante entregado a su causa: Cirilo Rojas, redactor 

de La Tribuna en la clandestinidad, al que la tortura no ha logrado doblegar, retorna de inmediato 

a su labor secreta después de ser amenazado y puesto en libertad.298  

Para los apristas, la continuidad de prefectos y subprefecto resultaba igualmente cuestio-

nable cuando el PAP era el partido más grande del país. Así lo manifestó Sánchez en la Cámara 

de Diputados a mediados de diciembre de 1945: «Cuando un Partido es mayoritario, va el Go-

bierno por voto de las masas, porque para eso le han dado la misión de integrar los Poderes Eje-

cutivo y Legislativo con su mayoría. El Partido Aprista no está en la proporción debida, ni siquiera 

en el Poder Ejecutivo. No contamos siquiera en las Prefecturas y Subprefecturas. Ya ojalá esto 

fuera oído en el Palacio de Gobierno para que vinieran con celeridad a nuestras manos».299 Sán-

chez aludió el caso del departamento de La Libertad, «en donde nadie discute la exigencia de la 

mayoría aprista», pues allí «todavía hay 5 Subprefecturas en manos de supervivientes del antiguo 

régimen, a quienes nadie ha podido desalojar de sus puestos. Sin embargo, no nos quejamos al 

Ministro de Gobierno, porque suponemos que tiene muchas dificultades el Poder Ejecutivo, y más 

apremiante».300 La consternación de Sánchez era mayor, pues, según él, incluso «hay partidos que 

sin ser el del Pueblo ni pertenecer al Frente Democrático Nacional logran hacer nombrar Subpre-

fectos que deben ser del Partido del Pueblo. Y nadie se ha quejado durante los cinco o casi cinco 

meses de ejercicio parlamentario y democrático».301 En realidad, las quejas no tardaron en mani-

festarse a través de la prensa partidaria y en las oficinas de la CPA.  

Atendiendo múltiples solicitudes, los diputados apristas requirieron la destitución de los 

prefectos y subprefectos abusivos.302 Tal fue el caso de Guillermo Beltrán (Islay), Julio Garrido 

                                                             
295 Algunas propuestas de la CPA favorables a los policías, en Borea (1980: 110-118). 
296 Véase «¿Qué es la Policía?», Trinchera Aliada, Lima, 25 de agosto de 1945: 1, 2, 4.  
297 Sobre la presencia aprista en la institución policial, véase la sección 4.4 de esta investigación. 
298 Felipe Cossío del Pomar, «Persecución científica», Renovación, Lima, nro. 23, enero de 1946: 8, 17, 19.  
299 Sánchez (1985-I: 240). 
300 Ibíd.: 240-241. 
301 Ibíd.: 241. 
302 Saco (1985: 282). 



   

66 
 

Malaver (Celendín), Ricardo Temoche (Piura), Gustavo Lanatta (Luya), Luis Felipe Solís (Huan-

cavelica) y Ernesto Merino (Ayabaca), en otros, quienes solicitaron investigaciones y/o cambios 

de estas autoridades, y no solo de sus respectivas provincias.303 Por ejemplo, el secretario general 

aprista de Lampa, de apellido Huapaya, quien dirigió un telegrama al director de Trinchera Aliada 

y a los diputados Rómulo Meneses y Fernando Tapia, solicitando «gestionar amplias garantías» 

para el «compañero Eulogio Tito», perseguido por la Guardia Civil por «vivar el Supremo Go-

bierno». Detrás de estos «procedimientos oligárquicos» estaba el subprefecto Díaz, por lo que 

suplicaba «reprimir [este] abuso». Terminaba su mensaje afirmando que Tito era un «ciudadano 

pacífico, honrado, luchador [de la] causa».304 Es obvio que Huapaya no se dirigiera al diputado 

electo de su provincia, el independiente de antecedentes pradistas Enrique Torres Belón,305 sino a 

los representantes apristas de las provincias de Puno y Melgar.  

Las presiones para destituir autoridades relacionadas con la seguridad interna recaían en 

el Ministerio de Gobierno y Policía. La misión de esta cartera era «mantener el orden interno y la 

tranquilidad pública, asegurando la marcha del país por las rutas en que se garanticen las liberta-

des, se consolide la Democracia, se haga efectivo el respeto a la Ley y la inviolabilidad de la 

Constitución». Entre sus dependencias se encontraban la Dirección de Gobierno, «a cuyas normas 

y actividad está confiada la paz y la armonía dentro de la convivencia social»; y la Dirección 

General de Policía, que tenía a su cargo «toda la organización policial», incluyendo la Escuela de 

Policía. Para cumplir con eficiencia su misión en el territorio nacional, la autoridad del Ministerio 

de Gobierno y Policía estaba representada por los prefectos, subprefectos y gobernadores con 

sede en las capitales departamentales, provincias y distritos, respectivamente; los cuales tenían 

«bajo su control y dependencia todas las fuerzas de seguridad, urbanas y rurales».306 Tales atribu-

tos explican por qué el PAP se propuso ejercer algún tipo de control sobre estas jurisdicciones 

desde el Parlamento: era indudable que sus titulares —por sus funciones, convicción política y/o 

lazos clientelistas con la élite provinciana— habían participado directamente en la represión an-

tiaprista, bajo el amparo de las leyes de excepción. De no ser reemplazados, era muy probable 

que ignoraran u obstruyeran las medidas promovidas por la CPA desde Lima.  

En Memorias de un subprefecto (1941), José Vicente Rázuri diferencia al subprefecto «de 

ayer», escogido entre personas sin tacha y reconocidas en sus provincias «por su elevada posición 

social y económica, del subprefecto «de hoy», un desconocido que obtenía su cargo gracias al 

diputado que lo llevaba «de la mano» ante el ministro de Gobierno, «exhibiéndolo como el sos-

tenedor de la causa en la provincia, el hombre más honorable, el padre más cariñoso y el marido 

más ejemplar (aunque el facineroso tenga una querida en cada calle y un hijo en cada esquina). 

                                                             
303 Borea (1980: 78-80). 
304 «El clamor del pueblo», Trinchera Aliada, Lima, 1 de agosto de 1945: 2. 
305 Sobre la filiación política de Enrique Torres Belón, véase JNE (2015-II: 86, 115). 
306 Garbín et al. (1943-1944: 502). 



   

67 
 

Este señor, así nombrado, solo hace la voluntad del diputado». Rázuri también menciona al sub-

prefecto escogido «sin recomendación de ninguna clase, sin compromiso político alguno y sin 

que nadie sospeche cual es la autoridad nombrada», una designación que expresaba una «previ-

sión administrativa superior, de un honrado criterio de parte del Ministro [sic], pues, no llevando 

el funcionario más instrucciones que las de una que señala la ley, está al margen de las odiosidades 

que pueden causarle las recomendaciones malévolas y poco inteligentes del representante».307 La 

solicitud del diputado aprista por Parinacochas, Antero Peralta Vásquez, para que Bustamante 

designara a un amigo y copartidario como subprefecto de la provincia que representaba, podría 

enmarcarse en el segundo caso que describe Rázuri, del mismo modo que la decisión final del 

mandatario de nombrar a un recomendado del senador Alberto Arca Parró, posiblemente socia-

lista como su valedor,308 pues no fueran ajenas razones personalistas y partidistas. 

Entre agosto y noviembre de 1945, Rafael Belaunde, cuyo nombramiento saludó la prensa 

aprista,309 nombró al menos dieciséis prefectos (Ancash, Piura, Moquegua, la Provincia Constitu-

cional del Callao, Lima, Lambayeque, Puno, Huánuco, Junín, Loreto, Cajamarca, San Martín, 

Huancavelica, Cusco y Ayacucho) y mantuvo al de Arequipa.310 Como sugieren las palabras que-

josas de Sánchez, los apristas esperaban más de estas renovaciones, sobre todo en las zonas de 

mayoría aprista. Sin embargo, algunos de estos nombramientos definitivamente significaron un 

cambio para aquellos. En Tacna, por ejemplo, el prefecto Gonzalo Becerra, «un hombre temido, 

odiado y adulado por algunos», fue reemplazado por Guillermo Auza Arce, «ilustre tacneño, his-

toriador y abogado de profesión», además de militante aprista.311 Por otra parte, la presión mediá-

tica y parlamentaria antiaprista también enfiló contra autoridades acusadas de parcializarse con el 

PAP. Así, el prefecto y subprefecto de Lima fueron destituidos por una supuesta pasividad durante 

la jornada de violencia del 7 de diciembre de 1945. Por una razón similar fue depuesto el prefecto 

de Lima, después de que manifestantes apristas atacaran las oficinas de El Comercio y La Prensa 

el 13 de abril de 1946.312 Fue a partir de 1947, con el general Manuel Odría, que los prefectos 

comenzaron a ser reemplazados con militares antiapristas. Fue el preámbulo de una política re-

presiva que llegará a su cenit bajo la dictadura odriísta, con el inmediato nombramiento del cues-

tionado Moisés Mier y Terán como jefe de la nueva Jefatura General de Investigaciones, Vigilan-

cia e Identificación de la República, el 30 de octubre de 1948.313 

                                                             
307 Rázuri (1941: XI-XII). 
308 Peralta Vásquez (1977: 291). 
309 Sobre los hechos del 7 de diciembre de 1945, véase la sección 2.2 de esta investigación. 
310 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesiones del 20 de agosto, 3 y 10 de setiembre, 15 de octubre y 5 de noviembre de 
1945, ff. 14, 21, 27, 42 y 52, en ACM-UNMSM.  
311 Gambetta (2005: 13); «Realizarán romería por militantes fallecidos», Correo, Lima. 20 de setiembre de 2009, ver-
sión digital s. n. La propuesta de Guillermo Auza Arce no figura en las Actas del Consejo de Ministros, lo que se 
debería a un error de registro o que Belaunde no lo puso en consideración. 
312 No obstante, cuando Rodríguez informó sobre esta medida en el Consejo de Ministros, los titulares apristas de 
Fomento y Agricultura no pusieron objeción, solo hubo la tibia opinión de Manuel Vásquez Díaz, ministro de Hacienda. 
Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 15 de abril de 1946, ff. 57-58, en ACM-UNMSM. 
313 Sobre esta nueva institución policial y el nombramiento de Mier y Terán, véase Zapata Cesti (1949: 210-213). 



   

68 
 

2.2 Regulación y conflictos en torno a la actividad periodística 

A inicios de julio de 1945, Haya se quejó en un medio chileno sobre la sesgada cobertura infor-

mativa de la gran prensa de Lima, sin duda en referencia a El Comercio y La Prensa. Declaró que 

«los dos grandes diarios de esta capital no publicaron una línea siquiera» sobre «una gigantesca 

manifestación pública de 100,000 peruanos en Lima». Por ello, debido a esta solapada censura: 

«El historiador que examine esos dos periódicos en años venideros jamás sabrá que hubo una 

demostración de esa magnitud que ha hecho época en nuestra vida republicana».314 Haya se refería 

al silenciamiento de las grandes expresiones de las masas aprista, después de once años de cen-

sura, en dos fuentes testimoniales invalorables para el conocimiento del pasado reciente. De allí 

que habría considerado necesario terminar con este sesgo, todavía más en un escenario mundial 

donde la libertad, entre ellas la de expresión, había triunfado sobre el totalitarismo fascista en 

Europa. De forma concreta, Haya señaló: «Haremos que esos diarios cumplan con sus deberes de 

ética periodística y publiquen todas las noticias que reciban, editando nosotros mismos nuestros 

periódicos que las insertará; aunque ellas no sean de la simpatía nuestra. Ese es verdadero y sin-

cero periodismo y ese es el verdadero significado de la libertad de prensa. La omisión o mutilación 

de las noticias es un atentado contra esa libertad».315 Con este propósito, los apristas se propusie-

ron establecer un nuevo marco legal para la prensa peruana desde el Parlamento.  

En efecto, la CPA se propuso reformular las regulaciones de la actividad periodística, lo 

que iba más allá del fin de toda censura oficial que requería el FDN antes de las elecciones.316 Las 

intenciones apristas tenían inevitablemente un alto componente político, pues la gran prensa era 

uno de los instrumentos de la oligarquía que utilizaba para desestabilizar o apuntalar gobiernos o 

gestiones ministeriales, legitimar sus privilegios de clase y restar credibilidad a sus críticos.317 En 

un contexto en que la prensa escrita era el principal medio informativo a nivel nacional, el poder 

de periódicos como El Comercio y La Prensa residía en la construcción de narrativas que eran 

difundidas dentro y fuera del país. Cuando se inauguró el gobierno de Bustamante, El Comercio 

era dirigido por Aurelio y Luis Miró Quesada de la Guerra (solo diez años antes, el exaprista 

Carlos Steer Lafont había asesinado al hermano mayor de ambos, Antonio). No obstante, era Luis 

quien dirigía la empresa. Su trayectoria política lo hacía un conspicuo representante de la derecha, 

exparlamentario del Partido Civil y exministro de Sánchez Cerro, y un opositor de Bustamante al 

                                                             
314 Haya de la Torre (1985: 46) 
315 Ibíd. A Haya no le faltaba razón al denunciar el sesgo informativo antiaprista de El Comercio y La Prensa. Así, el 
mitin de Bustamante del 8 de abril de 1945, en el Estadio Nacional, fue descrito por el primero como «muy lejos» de 
las expectativas por su «número» y «frialdad» de los asistentes, los cuales «no podían estar allí representados los ele-
mentos nacionalistas y de orden» ni podían entusiasmarse los que se reúnen «por consigna» (los apristas) ante un 
desconocido. El Comercio (1998-V: 37). Por su parte, según Sánchez, La Prensa «hizo cálculos raros y publicó unas 
fotografías tendenciosas» del evento, lo que replicó con volantes que reproducían una fotografía del mitin «en su hora 
plena», con una categórica leyenda: «El octavo: no mentir» (1987 [1969]: 347). Es probable que la multitud no fuera 
ni escasa ni grande: habría llenado las tribunas de occidente y parte del campo deportivo, como dice Chanduví, por el 
temor de la militancia en un momento en que el PAP todavía era ilegal (1988: 324). 
316 «Memorial del Frente Democrático al Gobierno pidiendo garantías electorales y libertad de prensa», en De Belaunde 
(1996: 591). 
317 Gilbert (1982: 232). 



   

69 
 

ser el candidato de una alianza electoral que incluía a los apristas. Por su parte, el empresario 

algodonero Pedro Beltrán y los propietarios de los complejos azucareros Casa Grande y Laredo, 

los hermanos Augusto y Juan Gildemeister, habían adquirido La Prensa en 1945, una operación 

que reafirmaba su papel como vocero de los intereses económicos y políticos de la Sociedad Na-

cional Agraria. La transacción era oportuna para Beltrán, pues temía que el gobierno de Busta-

mante se inclinara «demasiado a la izquierda».318 Ante la falta de una oposición seria en el Parla-

mento, consideraba necesario un diario que impactara en la opinión pública.319 

Frente a estos dos gigantes, la prensa aprista se hizo escuchar dentro y fuera del país, 

difundiendo posiciones oficiales partidarias, las opiniones de sus líderes y militantes de base, 

además de sus propias versiones noticiosas. Aquella salió de «las catacumbas» con un renovado 

impulso. Diversos semanarios, periódicos y folletos apristas comenzaron a publicarse en las pro-

vincias, con una variedad de estilos y propósitos. En Tacna, por ejemplo, el sectario Justicia con-

trastaba con el de línea moderada La Voz del Pueblo.320 En Chiclayo, el diario clandestino ¡He-

chos! continuó circulando después de 1945, mientras que el semanario Carteles apareció en 1946, 

sin que se dejaran de imprimir «pequeñas y agresivas hojas clandestinas».321 El puneño Claridad, 

que se presentaba como un «Semanario de índole político al servicio de la democracia», apareció 

en 1948,322 cuando arreciaba el antiaprismo. En Lima, inicialmente Trinchera Aliada respaldó la 

candidatura de Bustamante y al APRA; después de la victoria, cubrió de cerca las actividades de 

la CPA y de Haya, hasta que asumió una clara línea antiaprista desde noviembre de 1945, posi-

blemente por las leyes sobre libertad de prensa que impulsaban las bancadas apristas.  

En setiembre ya había reaparecido La Tribuna, nuevamente bajo la dirección de Manuel 

Seoane y la subdirección de Andrés Townsend, siendo su local, una amplia casona de la calle 

Belén, también un espacio de coordinación política. Haya, quien habría redactado sus editoriales, 

contaba una amplia oficina y una puerta especial de acceso a sus instalaciones.323 Además, los 

apristas señalaron tener su propia agencia informativa: Columbus, cuyos corresponsales enviaban 

noticias desde el interior del país a la vez que la prensa provinciana rebotaba las noticias nacio-

nales e internacionales publicadas en Lima por La Tribuna. La prensa internacional se convirtió 

en un canal ideal para internacionalizar la ideología aprista y la figura de Haya. Así, medios ex-

tranjeros como el cubano Bohemia, el colombiano El Tiempo e incluso The Times, hicieron re-

portajes favorables al líder aprista. Las redes de intelectuales y políticos tejidas durante los años 

de exilio, precisamente por figuras como Seoane y Townsend, quienes ejercieron el periodismo 

en Chile y Argentina, contribuyeron con este fin.324 

                                                             
318 Ibíd.: 193, 195, 230-232.  
319 Beltrán (1994: 159). 
320 Gambetta (2005: 42).  
321 Testimonio de Nicanor de la Fuente, en Ampuero (1987: 133). 
322 Véase Flores (2013: 104, 107). La reproducción de una de sus portadas permite considerarlo aprista. 
323 Enríquez (1951: 110). 
324 Sobre esta actividad periodística de Seoane y Townsend en el exilio, véase Bergel (2019) y Townsend (1989).  



   

70 
 

La nueva ley de imprenta propuesta en la Cámara de Senadores partía de la necesidad de 

derogar las recientes leyes «fascistoides» que regulaban la prensa, establecidas por Benavides, y 

de reemplazar las que tenían un siglo de antigüedad. El proyecto consagraba «el derecho a editar 

cualquier órgano periódico de publicidad que no fuera contrario a los principios democráticos», 

pero con la obligación de comunicar a la autoridad política el nombre y domicilio, tanto del di-

rector como del editor responsable, y de publicar la dirección de la imprenta. El hecho de que 

contara con la firma de veinte senadores, entre apristas y frentistas de izquierda, como Julio Er-

nesto Portugal, y de derecha, como Héctor Boza, le daba al proyecto un significativo carácter 

plural, pero numéricamente insuficiente para su aprobación. Para evitar su rechazo definitivo, sus 

autores se reunieron con los directores de El Comercio, La Prensa, La Crónica y La Tribuna, con 

los cuales se firmó un acta de compromiso.325 El resultado fue un proyecto sustitutorio que, sin 

embargo, incluyó controversiales cambios, tales como la denuncia de las infracciones a través del 

recurso acción popular, lo que permitiría a la Corte Suprema clausurar al medio infractor; o la 

obligación de informar «el capital propio de trabajo» de los medios escritos. La nueva propuesta 

fue presentada por los senadores apristas en bloque y algunos frentistas de derecha, entre ellos 

Fernando Tola.326 Dichos cambios al proyecto original no habrían sido consultados con los repre-

sentantes de los tres primeros diarios. 

El debate del proyecto fue intenso y zanjó posiciones. El senador Tola, por ejemplo, dejó 

en claro que, si bien respaldaba que la Corte Suprema determinara la pena del medio infractor, no 

era una iniciativa suya sino de los apristas. En todo caso, se oponía a su dispensa de trámite, pues 

consideraba necesaria una discusión minuciosa en las comisiones de Constitución, de Prensa y de 

Gobierno. Por otro lado, para los senadores independientes Francisco Tamayo y José Antonio 

Encinas cabía el peligro de que la ley se usara como arma política. Según el primero, el proyecto 

de los apristas irónicamente reproducía artículos de la ley «fascista» de Benavides que habían 

derogado. Por su parte, el líder de la CPA senatorial, Manuel Seoane —quien había insinuado una 

supuesta complicidad de Tamayo con una «quinta columna» fascista cuando fue ministro de Go-

bierno de Sánchez Cerro—, aseguró que la obligación de consignar el «capital propio de trabajo» 

de las empresas periodísticas satisfacía el interés de saber «quiénes respaldan económicamente a 

las publicaciones», pues «hay dineros interesados en subvertir el orden público».327 El debate 

también se acaloró por la controversial propuesta del frentista Manuel J. Bustamante de la Fuente 

de duplicar las penas más graves que disponía el Código Penal para los delitos de prensa. Esta 

iniciativa fue respaldada por Antenor Orrego y Luis Heysen como miembros de las comisiones 

de Prensa y de Gobierno del Senado.328 

                                                             
325 Sánchez (1981-III: 178); Sánchez (1987 [1969]-III: 15). 
326 Tola, «hombre de derecha, a quien no se le podía considerar ni siquiera de filo-aprista», según Soto (2002-II: 508), 
pero que era aliado de la CPA entonces, como recordaba Sánchez (1987 [1969]-III: 14). 
327 Sánchez (1981-III: 182-197). 
328 Ibíd.  



   

71 
 

A pesar de los reclamos, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores el 13 de 

noviembre de 1945; nueves días después, también lo fue en la de Diputados. Fue Luis Alberto 

Sánchez el responsable de defenderlo de los ataques de sus opositores. Entre otros argumentos, 

puso en duda la existencia de una efectiva libertad de prensa en el Perú al insinuar que esta estaba 

subordinada a los intereses de los gremios empresariales: «¿Poder político o poder económico? 

Pregunto yo. Porque los señores que poseen las grandes imprentas en un país tienen tanto poder 

como los señores que tiene mando político. Y yo pienso que se debe exigir la libertad no solo para 

protegernos de los que tienen el poder político sino principalmente para protegernos de los que 

tienen poder económico». Además, ridiculizó a quienes motejaban la ley de fascista. Así, «feli-

citó» al diputado de la UR José Macedo Mendoza, quien había citado pasajes de Mi Lucha: «Se 

ve que [Macedo] es un aprovechado discípulo [de Hitler]».329 Todo lo contrario, aseguró Sánchez, 

el proyecto evitaría la penetración mediática de una ideología totalitaria. Más adelante, debido a 

ciertas insinuaciones de Macedo, Sánchez se refirió a la libertad de expresión en Rusia. Provoca-

tivamente citó a Lenin y la constitución política de ese país, para destacar la relación de depen-

dencia que había entre la libertad de prensa y el gran capital; y a Stalin —acaso para contestar a 

los diputados comunistas que acusaban al proyecto de totalitario—: «En la URSS sólo existe 

terreno para un solo [p]artido: el Partido Comunista».330 

Sánchez fue claro en señalar que la discusión sobre el proyecto no estaba motivada solo 

por principios, sino que también tenía «un ángulo político» que debía ser abordado. Los volantes 

que circulaban en ese momento en la cámara, firmados por un Comité de Defensa de Libertad de 

Prensa, que acusaban al APRA de fascistas o de atentar contra la libertad de prensa y el pueblo, 

tenía claramente esta connotación. Más allá de esto, existía una «prensa antidemocrática» que 

respondía a móviles políticos de quienes creían menos en la democracia que en una dictadura 

como la reciente de Benavides. Esta prensa, por ejemplo, entorpecía las gestiones de la deuda 

externa, sembraba la agitación o las dudas sobre las negociaciones; o atacaba leyes como la gra-

tuidad de la enseñanza secundaria o las juntas municipales transitorias. Sánchez señaló directa-

mente a los propietarios de los grandes medios que contaban con sus propias imprentas. Eran ellos 

los que atentaban contra la libertad de prensa, pues no recogían la opinión de la población, sino 

solo la suya; ni siquiera sus periodistas podían opinar libremente al recaer sobre ellos la censura 

de los editores.331 Costeaban «hojas irresponsables», de los que «venden unos cuantos miles de 

ejemplares a base de insultos y calumnias; hojas que se financian con miras inconfesables y que 

no podrían exhibir jamás sus libros [contables]»; pues se conocería su verdadero color político: 

«que una hoja que habla como de izquierda, por sus capitales resulta de derecha».332 Lo dicho por 

el diputado aprista no carecía de verdad.  

                                                             
329 Sánchez (1985-I: 199). 
330 Ibíd.: 203.  
331 Ibíd.: 199, 200, 201, 205, 208-209. 
332 Ibíd.: 210. 



   

72 
 

Aprobada la Nueva Ley de Imprenta, el PAP convocó a una manifestación para el 29 de 

noviembre en la plaza de la Inquisición, de la que dirá La Prensa no tuvo mayor éxito. Para 

descalificarla más, ambos medios señalaron que la pequeña multitud que respondió al llamado 

estuvo integrada sobre todo por niños y mujeres. El arribo de más manifestantes a las 6 de la tarde 

no mejoró la situación. Después de los discursos de Guillermo Luna Cartland, diputado del FDN 

—quien de esa manera manifestó su público respaldo a la ley—, Luis Alberto Sánchez y otros 

dos dirigentes apristas, se inició el desfile a las 8 y 30 de la noche, no sin que los disciplinarios 

apristas tuvieron que hacer esfuerzos para evitar el desbande. Después de recorrer algunas calles 

y lanzar lemas contra el civilismo, la manifestación concluyó en el local del PAP con un discurso 

de Haya.333 El Comercio, además de una nota informativa igual de negativa, publicó una extensa 

carta del diputado Fernando Belaunde Terry, donde este rechazaba las expresiones que Haya ha-

bía lanzado contra los diputados del FDN que, como él, se habían opuesto a la ley. Haya los había 

acusado de olvidar «que fueron al Congreso con los votos apristas». Para Belaunde, tales palabras 

eran una velada censura.334 La Nueva Ley de Imprenta había dividido incluso a los diputados 

frentistas que, como Luna y Belaunde, eran cercanos a la bancada aprista. 

Mientras las críticas a la denominada «ley mordaza» trascendían en diarios extranjeros 

como El Mercurio de Santiago de Chile, en el Parlamento, el diputado aprista Jorge León Semi-

nario revelaba una lista de medios (entre ellos El Comercio y La Prensa) y periodistas (como 

Federico More y Eudocio Ravines) peruanos que habrían recibido subvenciones de las «dictadu-

ras» de Benavides y Prado, para así poner en duda su independencia ante la opinión pública.335 El 

titular de La Tribuna fue elocuente: «La C.P.A. destapó la lista de periódicos vendidos», «Figuran 

muchos de los defensores de la libertad», «652.800 soles al año se daba a las Publicaciones Ve-

nales».336 A los duelos verbales entre parlamentarios y en la prensa, se sumó la violencia callejera 

de los opositores y defensores de la nueva ley el 7 de diciembre de 1945. El propósito de los 

primeros era partir del parque Universitario rumbo a Palacio de Gobierno, para solicitar al presi-

dente Bustamante que no promulgara la ley. Según Sánchez, el evento fue «preparado larga y 

millonariamente por los diarios El Comercio, La Prensa y por el órgano procomunista Vanguar-

dia, a cargo de Eudocio Ravines, así como por un número de instituciones procomunistas».337 En 

realidad, la reunión fue convocada por el Frente Universitario de Reforma (FUR), llamado que 

fue atendido por organizaciones políticas como UNIR —conformado por jóvenes independientes 

con conexiones en las provincias— y laborales como el Comité Nacional de Prensa y el Gremio 

de Gráficos; a los que se sumaron intelectuales no apristas, antiapristas e independientes.338 

                                                             
333 Sánchez (1981-III: 197-201). Más detalles de este evento aprista, en la sección 3.1 de esta investigación. 
334 El Comercio (1998-V: 50-51). 
335 Soto (2002-II: 507). 
336 Townsend (s. f.-V: 150). 
337 Sánchez (1987 [1969]-III: 16). 
338 De Belaunde (1996: 275-276); Luis Durand Flores, «Aquel 7 de diciembre», Oiga, nro. 512, Lima, 10 de diciembre 
1990: 39. 



   

73 
 

Un llamado más discreto del FUR fue el que se hizo al PCP y la UR, para que sus brigadas 

actuaran como fuerzas de choque contra los «búfalos» apristas. Por su parte, los jóvenes de UNIR 

habían decidido «disputar la calle a los apristas y (sobre todo) romperles la mano a los que nego-

ciaban con los apristas)», en defensa de la libertad de prensa, recordaría uno de sus dirigentes: el 

universitario Luis Durand Flores. Tácticamente, se trataba «radicalizar la situación política para 

que solo haya dos posiciones [aprista y antiaprista]».339 Es decir, polarizar el escenario político de 

tal forma que solo quepan dos posturas irreductibles que obligara a definirse y agruparse: «El 

maniqueísmo tan antiguo como el de los hombres», lo que significaba «aplicar la táctica de un 

amplio frente antifascista contra el Apra».340 La conformación de este «frente antifascista contra 

el Apra», siguiendo el ejemplo de los aliados contra el nazismo, tenía también una razón práctica: 

era necesario oponerse conjuntamente a los temibles «búfalos», un rival a todas luces superior en 

mística, número, organización y experiencia de lucha ganada durante años de persecución. Por 

esta razón, para el mitin del parque Universitario, sus auspiciadores decidieron contactar a los 

comunistas y urristas, por ser «los únicos que podían formar grupos organizados».341 Lo paradó-

jico es que desde años atrás, los apristas habían intentado forjar un «frente antifascista»; ahora se 

intentaba constituir uno contra ellos. 

Según La Prensa, una multitud de 40 000 manifestantes, «inerme, confiada sin duda en 

las seguridades que las leyes acuerdan», se congregó en el parque Universitario.342 Luis Durand, 

desde el balcón de los oradores, calculó solo 1500, entre ellos un número «insignificante» de 

comunistas.343 Ante ellos se reunieron entre 15 000 a 20 000 contramanifestantes apristas. Las 

que no estaban a la vista eran las brigadas apristas comandadas por Luis Chanduví Torres, quien 

había recibido la orden de Haya de disolver la manifestación apenas iniciado el mitin. Así, después 

de recibir informes cada quince minutos, Chanduví ordenó que trescientos defensistas desembo-

caran por dos calles aledañas, a paso ligero y en filas de ocho. A la señal de silbatos, se lanzaron 

contra los manifestantes que ya estaban infiltrador por universitarios apristas dirigidos el diputado 

Luis Felipe de las Casas. Identificados por un pañuelo blanco en el cuello, los defensistas se 

abrieron paso con cachiporras, disparos al aire y estallando «cachorros» (petardos) de dinamita. 

La columna comandada personalmente por Chanduví lograría su objetivo inmediato: destruir los 

carteles y altoparlantes colocados cerca de la torre del reloj.344 En palabras de uno de sus compa-

ñeros, Eduardo Mallqui, se trató de «un acto típico organizado por Defensa»: «Nosotros produci-

mos una avalancha terrible y hubo un enfrentamiento frontal. Hubo de todo. Parecía un infierno. 

Había dinamita, pistolas, garrotes, manoplas, revólveres. Éramos un arsenal».345  

                                                             
339 Durand, «Aquel 7 de diciembre», cit.: 40. 
340 Ibíd. 
341 Ibíd. 
342 En Sánchez (1981-III: 201-207). 
343 Durand, «Aquel 7 de diciembre», cit.: 40. 
344 Chanduví (1988: 336-338). 
345 En Cristóbal (1985: 82).  



   

74 
 

Los urristas, de los que se esperaba que actuaran como la fuerza principal de protección, 

tampoco pudieron hacer mucho, pues no estaban presentes cuando estallaron los primeros petar-

dos de dinamita: «Llegaron peleando hasta el Parque Universitario pero se concentró contra ellos 

el grupo mayor y más armado de los búfalos y tuvieron que retirarse», recordaría Durand.346 Los 

apristas los obligarían a regresar a su local principal, ubicado en la esquina de las avenidas Grau 

y Paseo de la República, donde otras brigadas apristas ya los esperaban; poco después, el local de 

la UR ardía en llamas. Los pocos urristas que llegaron al centro de Lima tuvieron que enfrentar, 

además, a la policía: hombres como Luis Arnao Parra fueron detenidos con cartuchos de dinamita 

«y otros instrumentos del más fino carácter democrático», como afirmaría con ironía, días des-

pués, Manuel Seoane en el Senado. De la lectura del parte policial, Seoane concluyó que la UR 

«estuvo decidid[a] a concurrir al mitin del Parque Universitario, con armas contundentes, como 

ha sido comprobado por la policía, con revólveres Smith & Wesson, cachiporras, palos y laques, 

es decir, con las mismas armas que siempre usó el fascismo».347 El senador aprista no mencionó 

la violenta actuación de las brigadas de choque de Chanduví. Ocultos en un auto, algunos diri-

gentes de la UNIR fueron testigos de la victoria aprista. Según la versión de Durand, «cantaban y 

bailaban los búfalos dueños de la ciudad, disparando alegremente al aire al estilo de los gringos 

del oeste».348 Los apristas tenían razones para celebrar: habían demostrado que, una vez recupe-

rada las libertades democráticas, no había rivales que les disputaran las calles de Lima. 

El saldo de dos muertos —un universitario aprista y un policía, ambos por heridas de 

bala— y un centenar de heridos conmocionó a la opinión pública; del mismo modo que el asalto 

de las sedes de El Comercio, La Prensa y Vanguardia, y el incendio de algunas tiendas comer-

ciales y el local principal de la UR, actos que fueron atribuidos a los apristas.349 Días después, 

Vanguardia comparó implícitamente a los apristas con los nazis, al preguntarse si los peruanos 

habían votado el pasado 10 de junio por la libertad y la democracia o por el neofascismo y sus 

turbas fanatizadas: «al votar por el doctor Bustamante y Rivero nos ha sucedido algo semejante a 

lo que les sucedió a los alemanes al votar por Hindenburg».350 Para La Tribuna, en cambio, la 

muerte de un estudiante aprista demostraba que la violencia no había sido planificada por el PAP, 

sino que era una consecuencia fatal de lo que describió como una espontánea y masiva manifes-

tación del «pueblo» contra el «mitin de la reacción». La Tribuna también utilizó el símil de la 

Alemania nazi pero para insinuar que el siniestro del local de la UR había sido un autoatentado 

de provocación: «Como Hitler: incendiaron su Reichstag».351 Que unos y otros se acusaran de 

fascistas expresa la poderosa carga simbólica que tenía el mote: aludía a totalitarismo, sectarismo, 

                                                             
346 Durand, «Aquel 7 de diciembre», cit.: 41. 
347 Seoane (2003: 171, 172).  
348 Durand, «Aquel 7 de diciembre», cit.: 41. 
349 Chanduví (1988: 338-339); De Belaunde (1996: 277).  
350 «El Apra se quitó la máscara», Vanguardia, Lima, 11 de diciembre de 1945: 1. 
351 Townsend (s. f.-V: 150). Se cree que del incendio del Parlamento alemán de 1933 fue un autoatentado de los nazis, 
quienes lo presidían y eran mayoría, para justificar la persecución de los comunistas y otros enemigos del régimen. 



   

75 
 

violencia; todo lo contrario a libertad, tolerancia y paz, principios y valores que debían caracteri-

zar a la nueva etapa democrática que se estaba inaugurando en el Perú.  

En la Cámara de Senadores, Seoane aseguró que el PAP no preparó ataque alguno, sino 

que, haciendo uso de la libertad de reunión, sus militantes habían respondido espontáneamente a 

un grupo de «agentes provocadores de la reacción». Fue un acto cívico, incluso redentor, como el 

del «dulce Nazareno», cuando «expulsó, con látigo en mano, a los mercaderes que habían hecho 

del templo judío una cueva de ladrones»: «Y lo que ocurrió en la Plaza de la Universidad fue otro 

tanto; el pueblo, el dulce pueblo peruano, después de haber sufrido tantos años de opresión tam-

bién hizo correr a los que allí estaban y les dijo: “Esta calles son calles de libertad y en cueva de 

fascistas queréis convertirlas”».352 Además, la actuación de los apristas era justificable al ser los 

«intérpretes organizados y disciplinados listos a defender la causa democrática en el Perú».353 En 

privado, sin embargo, Seoane habría mencionado otras razones de la violencia desatada. De 

acuerdo con un funcionario estadounidense, el senador señaló que fue la expresión del enojo de 

las bases apristas por los titubeos de Bustamante «en permitir al partido ejercer un mayor poder 

político», así como una demostración, en especial para algunos militares, de que los apristas no 

eran «blandos y afeminados».354 Esta última razón no sería nueva, pues ya los apristas habían 

usado la violencia para demostrar su hombría durante la persecución.355 

Durante su interpelación en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros y minis-

tro de Gobierno y Policía, Rafael Belaunde, responsabilizó a los organizadores del mitin de la 

violencia, pues el evento «no contó con el brote de debajo de la tierra de una manifestación supe-

rior a la de las personas que quisieron dirigir la anterior sin organización de ninguna especie»; 

polémico punto de vista que quedó resumida en la frase «las ideas se combaten con ideas y las 

masas se combaten con masas».356 En su cámara, Sánchez le dio la razón a Belaunde: se trataba 

de una acertada lectura de la hegemonía aprista en las calles, la cual solo podía ser «democrática-

mente resistida» con otro «poder popular» organizado, y no con conspiraciones elucubradas por 

la prensa oligarca.357 Sánchez, además, trajo a colación la Revolución francesa y la rusa, y la 

victoria electoral de los laboristas ingleses, para justificar los hechos del 7 de diciembre:  
 
Con sentido histórico, no se debe olvidar que fueron masas y masas ululantes, las que hicieron la 
Revolución Francesa; que fueron también masas ensangrentadas las que en aquellos 10 días estre-
mecieron al mundo cumplieron la epopeya que nos relata John Reed. Así son las Revoluciones. 
Sin embargo, cada vez que se levantan, se dice que eso es fascismo, lo dicen los que son minoría 
porque no tienen otra cosa que decir. Lo dice hasta el mismo Churchill […] De acuerdo con míster 
Churchill, las masas laboristas; las que con un solo periódico contra todos los demás han logrado 

                                                             
352 Seoane (1988: 177). 
353 Ibíd.: 180.  
354 Masterson (2001: 139).  
355 En los años treinta, como recordó Villanueva del Campo, los apristas habían corregido el «error» de la derecha que 
auguró «la rápida destrucción del aprismo», lo que conllevó «a una procaz literatura periodística, presentando al partido 
como lideralizado [sic] por gente afeminada. ¡Y vaya que costó sangre el error!». Villanueva del Campo y Macera 
(2011: 147-148). 
356 Sánchez (1981-III: 208-209). 
357 Ibíd.: 209-210. 



   

76 
 

el triunfo, esas masas resultan fascistas para los capitalistas a quienes capitanea míster Churchill 
(Aplausos).358 
 

En otras palabras, los apristas no negaban la violencia, sino que la justificaban en tanto una ma-

nifestación abierta de las masas populares que defendían un proceso revolucionario, en este caso, 

manifiesto en las leyes promovidas por la CPA. Para quienes habían sido sus víctimas, como Luis 

Durand, por el contrario, las palabras del presidente del Consejo de Ministros eran una «peregrina 

doctrina» que atestiguaba la renuncia del gobierno de Bustamante a garantizar las libertades de 

reunión y expresión de las minorías, pues solo tendrían derecho a ellas las masas más numerosas, 

organizadas y armadas, como era el caso de los apristas.359 

En realidad, el Consejo de Ministros ya había anunciado al Parlamento su propio «estudio 

sereno» de la ley de imprenta que había sido aprobada en el Senado y era estudiada en Dipu-

tados.360 Pero su aviso no fue tomado en cuenta por la CPA, a pesar de la preocupación del Eje-

cutivo por «la fuerte repercusión que había tenido en la opinión nacional y extranjera» y el «gran 

problema» que significaba promulgar una ley «cuya fundamentación jurídica se discutía y que 

había sido elaborada sin la intervención del Poder Ejecutivo, a pesar de haber enunciado el deseo 

de presentar a las Cámaras sus puntos de vista sobre una materia de tanta trascendencia social y 

política».361 Fue solo después de los hechos del 7 de diciembre que la CPA y el Ejecutivo acorda-

ron modificar el primer artículo de la nueva ley: se enfatizó el derecho a emitir libremente ideas 

y opiniones sin incluir la condicional «siempre que no ataque las libertades individuales».362 Así, 

la Ley 10309 fue promulgada el 14 de diciembre de 1945, incluyendo uno de sus artículos más 

polémicos sobre la publicación obligatoria de la lista de los accionistas, capital y acreedores de 

las empresas periodísticas.363 De ese modo, diría Seoane años después, se lograría arrancar una 

«máscara»: «Porque cuando un diario se publica y emite su opinión y afirma “la opinión pública 

dice”, y en verdad solo son ellos, hay que saber cuántos y quiénes son».364 Ya no podría decir que 

se opinaba en nombre de los peruanos, sino en nombre de sus accionistas y acreedores. 

No obstante, la polarización en torno a la Ley 10309 contribuyó al temprano desgaste del 

PAP, pues si bien se la defendió «hasta en las calles con cuota de sangre», a decir de Andrés 

Townsend, «[a] partir de esa fecha, la reacción empezó una tenaz y virulenta campaña de des-

prestigio».365 La nueva ley no detuvo los ataques mediáticos contra el PAP, tal como se quejó 

Renovación a principio de 1946, al referirse a la renuncia del Gabinete de Rafael Belaunde: 

                                                             
358 Sánchez (1985-I: 238-239). 
359 Durand, «Aquel 7 de diciembre», cit.: 41. 
360 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 19 de noviembre de 1945, ff. 76-77, en ACM-UNMSM. 
361 Gobierno de Bustamante, t. 1, sesión del 28 de noviembre de 1945, f. 82, en ACM-UNMSM. 
362 Perla (1997: 95).  
363 Como el artículo 4, que establecía la obligación de las empresas de publicar, cada mes de marzo, «todos los datos 
referentes a la composición de su capital, nombre o nombres de sus propietarios, participación de cada uno de ellos, y 
la relación de los acreedores hipotecarios o prendarios, si los hubiere, con especificación del monto de cada crédito, 
estando obligadas a comprobarlos judicialmente». Ley 10309, en ADLP-CR. 
364 Seoane (1984: 56). 
365 Townsend (1989: 80). 



   

77 
 

Puso en juego [el grupo reaccionario] todo el engranaje de sus viejos y ladinos recursos y utilizó 
los resortes de información internacional que tiene bajo su contralor para desprestigiar en el ex-
tranjero al gobierno del Frente Democrático Nacional. La maniobra fue descubierta y desde la 
tribuna parlamentaria, los representantes del pueblo denunciaron y señalaron a los gestores de la 
campaña antiperuana en los países hermanos de América. El pueblo sabe y conoce bien los pocos 
nombres propios que actúan desde la sombra contra los supremos intereses de la nación.366 

 
El PAP respondió, a fines de marzo de 1946, revelando la lista de accionistas de La Prensa, en la 

que figuraba el apellido Miró Quesada.367 Pero las acciones de sus militantes se desbordaron en 

abril, cuando destruyeron dos imprentas y las oficinas de La Prensa, después de disolver una 

manifestación que rechazaba el encarecimiento de las subsistencias.368 En el mitin aprista de la 

Plaza de Acho, realizado en setiembre, Haya preguntaría a su audiencia si era «posible que exista 

una Nación democrática en que los partidos políticos; que son la forma de expresión doctrinaria 

y jurídica, no se expresen», a diferencia de medios —sin nombrarlo— como el periódico La 

Prensa: «¿Cómo podemos aceptar que un diario formado por un pandero de millonarios resulte 

compensando la voluntad de una nación organizada en partido mayoritario?».369  

En noviembre de 1945, Seoane sustentó otro polémico proyecto de ley relacionado a la 

actividad periodística: la creación de una Junta Nacional de Asistencia para los vendedores de 

revistas, loterías y periódicos.370 Se trataba del cumplimento de una vieja promesa hecha a los 

vendedores callejeros de este rubro. En efecto, la denominada Ley del Canillita fue anunciada 

como una iniciativa de la CPA que cumplía «una promesa formulada por el Partido del Pueblo en 

1931» con «[l]os vendedores de diarios y revistas de la República [que] constituyen un gremio 

totalmente abandonado».371 Seoane trazó el patético cuadro para fundamentar su pedido: 
 
El espectáculo que los vendedores de diarios ofrece[sic], especialmente los que venden los diarios 
de la mañana, es verdaderamente lamentable. Quien ha recorrido las calles de Lima en altas horas 
de la noche, ha visto a mujeres y hombres pobremente vestidos, haciendo cola donde se expenden 
los periódicos de la mañana; y, quien ha visitado por las noches los patios de las empresas perio-
dísticas, ha visto a muchachos abandonados muchas veces sin hogar, que desde las doce de la 
noche van a ocupar un sitio y que suelen dormir sobre el pavimento, aguardando la salida de los 
diarios.372 

 
El propósito de la ley era agremiar y afiliar a los canillitas al seguro social, e imponer a los diarios 

que lanzaban ediciones matutinas y vespertinas obligaciones sociales con ellos, como darles un 

albergue cómodo, desayunos y refrigerios gratis. Para cubrir los gastos, se crearían impuestos 

sobre el avisaje y el precio de venta de publicaciones importadas, y otras contribuciones que sos-

tendrían la Casa del Canillita. Según Seoane, no se trataba de una iniciativa política, sino de «un 

reclamo y una necesidad de justicia expresados por el gremio de vendedores de diarios y revistas». 

                                                             
366 «El nuevo gabinete ministerial», Renovación, nro. 23, Lima, enero de 1946: 1.  
367 Rúa (2018: 99). 
368 Sobre los hechos del 13 de abril de 1946, véase la sección 3.3 de esta investigación. 
369 Haya de la Torre (1985-V: 403). 
370 Borea (1980: 247). 
371 Seoane (2003: 119). 
372 Ibíd. 



   

78 
 

Puso como ejemplo el cobijo que otorgaba La Tribuna, el cual dirigía, y trazó un cuadro de anta-

gonismos de clase: «los propietarios de diarios [que] viajan al extranjero, hospedándose en los 

mejores hoteles, gastando el dinero a manos llenas mientras que aquí, la gente que les sirve, los 

canillitas que venden sus diarios, pasan hambre».373 

La aprobación de la ley supondría un estimable capital político para el PAP, al fortalecer 

sus lazos partidarios, clientelistas y paternalistas con el gremio responsable de la distribución de 

los diarios. El mismo Seoane había prometido la creación de la Casa del Canillita en su primera 

gestión congresal (1931-1932), como parte de la estrategia aprista de incorporar orgánicamente a 

los canillitas, en su mayoría niños y adolescentes, al PAP.374 El mismo propósito tendría la nueva 

ley en 1945. Pero, a pesar de que volvía a defender el proyecto con argumentos humanitarios, era 

imposible que no tuviera una lectura política al momento de emplazar a la prensa «reaccionaria» 

que proclamaba la «libertad de empresa» cuando ignoraba la lamentable situación de los canilli-

tas. El proyecto se proponía la eliminación de los intermediarios que, «con agentes de la adminis-

tración de un diario, se apoderan de la edición e imponen, a los vendedores individuales de poco 

capital, el pago de una especie de contribución». Solo se venderían a los canillitas afiliados al 

sindicato, entre ellos los niños. Para ello se crearía la Junta Nacional de Asistencia y juntas asis-

tenciales locales en cada ciudad, que tendrían funciones similares a instituciones estatales simila-

res creadas en Chile y Argentina: agremiar a los canillitas, concentrar los impresos en los locales 

de las juntas, entregarlos directamente a los canillitas, redistribuir las ganancias y supervisar el 

cumplimiento de los deberes asistenciales que debían cumplir las empresas periodísticas.375 

Los opositores a la ley debían estar al tanto de la nueva ley de prensa argentina, promul-

gada por Perón en octubre de 1945, que reconocía derechos sociales y laborales a los canillitas, 

al recibir la categoría social de «obreros», pero que establecía la sindicalización obligatoria y, con 

ello, su adscripción al Estado. En la práctica, un clientelismo institucionalizado que permitía a 

Perón utilizar a los canillitas contra los diarios «oligarcas», como los bonaerenses La Prensa y La 

Nación.376 Precisamente, ambos medios expresaron su «solidaridad espiritual» con la prensa pe-

ruana y «levantaron su voz de protesta» ante la ley aprista del canillita. El primero afirmó que la 

restricción a la circulación de los medios, entre otras acciones, era un atentado contra la libertad 

de expresión; y alertó sobre los peligros de una Junta Nacional de Asistencia, pues una institución 

                                                             
373 Ibíd.: 120-121. 
374 Como ha señalado Martín Bergel, La Tribuna le dio a los canillitas un tratamiento de «sujetos responsables y cons-
cientes de las luchas sociales y políticas» en varios reportajes publicados entre 1931 y 1932. Durante la clandestinidad, 
los «pequeños compañeros» cumplieron una función esencial a través de la circulación de impresos que fortalecían la 
comunidad aprista al afianzar su identidad. Bergel (2019). Por entonces, los canillitas estuvieron inmersos en la lucha 
política que enfrentó a apristas y sanchecerristas, lo que significó que unos y otros se propusieran captarlos, sin que 
faltara la influencia de la familia Miró Quesada en un sector de ellos. Por otro lado, como una estrategia de autoayuda, 
los canillitas y vendedores de loterías de Lima establecieron la Sociedad Unión Vendedores de Periódicos y la Federa-
ción de Obreros Expendedores de Loterías y Anexos, bajo el patrocinio de Leguía. Gargurevich (1991: 164-165). 
375 Seoane (1984: 73); Seoane (2003: 123). 
376 Los canillitas, según Eva Perón, tuvieron un papel clave en la expropiación del «oligarca» La Prensa en 1951. Sobre 
el vínculo de Perón y con los canillitas, véase Acha (2013).  



   

79 
 

similar funcionaba en Argentina. Exhibiendo un espíritu de solidaridad, La Prensa de Buenos 

Aires señaló que tales atentados contra la prensa independiente no eran exclusivos del Perú, pues 

prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos habían intentado o intentaban acallarla, pero 

los pueblos ya no eran insensibles ante las inquietudes que sufrían sus vecinos, sino que respon-

dían espontáneamente cuando se vulneraban derechos como la libertad de expresión.377  

A inicios de setiembre de 1946, una semana después de una huelga de canillitas limeños 

que exigían el 25 % de las ganancias sobre las ventas,378 y cuando la discusión de la Ley del 

Canillita llegaba a su etapa final en el Parlamento, Francisco Igartua publicó en Jornada un polé-

mico reportaje que, supuestamente, revelaba el propósito oculto que había detrás de la ley. «Opina 

contra la “Ley del Canillita” un parlamentario aprista» —reportaje ya aludido páginas atrás— 

resultaba oportuno para torpedear la iniciativa desde adentro, pues recogía las supuestas declara-

ciones de un integrante de la bancada aprista, el diputado César Góngora Perea. Según Igartua, 

Góngora le reveló que el PAP se proponía controlar la prensa a través de la ley, por «el miedo al 

poderío que puede decrecer, el temor a los ojos que se abran». Yendo más allá, el periodista de 

Jornada advertía a sus lectores: «Vivimos una época similar al comienzo del nazismo en Alema-

nia, nada se respeta para alcanzar los fines que se persiguen. Esta ley va contra todo. La libertad 

de comercio, de pensamiento, de industria no valen nada para el Apra… todo es ambición, narci-

sismo».379 En sus memorias, Igartua afirmaba que recibió amenazas de parlamentarios apristas en 

el mismo Congreso, entre ellos los diputados Julio Navarro y Alfredo Tello, para que no publicara 

su reportaje, y que hubo un tiroteo nocturno en la imprenta donde se imprimían la edición.380 Por 

su parte, en una carta pública, Góngora reconoció su desacuerdo inicial con la ley, pero reconoció 

su apoyo público como parte del respaldo en bloque de la CPA a la misma.381 

La aprobación de la Ley 10674 o Ley del Canillita, a mediados de setiembre de 1946, 

provocó la protesta de la Sociedad Unión de Vendedores de Periódicos, la única con personería 

jurídica según indicó en el memorial que envió al presidente Bustamante, donde solicitaba la 

observación de la ley. En el documento, se acusaba al PAP de utilizar a los canillitas «en la guerra 

que ha declarado a sus adversarios políticos» y se desconocía al Sindicato Único de Vendedores 

de Periódicos —al parecer una organización paralela de orientación filoaprista—, cuyos miem-

bros habían ocupado violentamente el local de la Sociedad en una reciente huelga. La Sociedad 

                                                             
377 «“La Prensa” y “La Nación” de Buenos Aires critican enérgicamente la ley aprista», Vanguardia, Lima, 20 de 
setiembre de 1946: 1-2. 
378 «Graves perjuicios irrogados a los canillitas por el aprismo», Vanguardia, Lima, 31 de agosto de 1946: 3. El diario 
de Ravines acusaría al PAP de estar detrás de esta huelga. 
379 Igartua, «Opina contra la “Ley del Canillita” un parlamentario aprista», cit., en Oiga (2010: 5-6).  
380 Según Igartua, estos diputados y otros apristas lo hostilizaron en el Parlamento para que no publique su reportaje: 
«Usted no las puede publicar. Si lo hace le puede costar muy caro». El periodista quedó especialmente impresionado 
por los ojos y la voz de Tello: «Hasta sus bigotes eran agresivos». Fue solo gracias a los guardaespaldas que el senador 
urrista Luis A. Flores envió en su ayuda, que Igartua logró escapar. Su «entrevista», reproducida con avidez por otros 
medios, se publicó no sin que antes se desatara un tiroteo nocturno en la imprenta donde se imprimía la edición. Véase 
Igartua (1995: 52, 62-64). 
381 «Carta del diputado Góngora Perea», cit., en Oiga (2010: 7-8). 



   

80 
 

rechazaba la sindicalización obligatoria con los vendedores de loterías, a quienes acusaba —no 

sin cierto desdés— de ser no contribuir a la difusión de la cultura que decían realizar; además, 

estaban relacionados con la Beneficencia Pública —lo que significaría para la Asociación un me-

nor estatus— mientras que los canillitas estaban vinculados laboralmente con empresas privadas. 

La Sociedad advertía que esta ley era propia de un «Estado sindical o fascista, que convertiría a 

los gremios, no en organizaciones defensoras del interés de los trabajadores, sino en instrumento 

de un partido político cuya tendencia no se armoniza con la democracia que impera en nuestro 

país». En esta línea, argumentaba que la obligada sindicalización vulneraba el derecho constitu-

cional a la libertad de trabajo y de ejercicio de una ocupación.382  

Pero la Sociedad también apeló a razones políticas para oponerse a la ley del Canillita: 

«Estamos acostumbrados a ejercer nuestros derechos cívicos, no como profesionales de la polí-

tica, ni como miembros de grupos con consigna sino libremente, cada vez que el interés nacional 

lo demanda».383 A todas luces la aclaración iba dirigida contra el PAP, al ser este el promotor de 

la ley. Tal rechazo a una potencial instrumentalización partidaria de ella fue articulado con la 

defensa de la juventud y la familia. En efecto, la Sociedad alertaba al presidente Bustamante sobre 

el grave peligro moral que significaría agrupar en un solo gremio a menores de edad de 12 a 17 

años con adultos, al no ser aquellos «dueños de sus derechos civiles y políticos». A ello se sumaba 

el desconocimiento de la «finalidad compleja y heterogénea» del denominado «hogar del expen-

dedor» que establecía la ley, en todo caso para la Sociedad un lugar innecesario para los canillitas 

que ya tenían hogares y que resultaría «inmoral si se pretende separar a nuestros hijos de la vigi-

lancia paterna». Por último, la Sociedad consideraba que el hogar del expendedor afectaría eco-

nómicamente a los canillitas: “Si ello significase un local para centralizar la venta, los perjuicios 

serían mayores, desde el punto de vista de la acumulación, la tardanza y aun el recargo en los 

costos. Preferimos pues la venta en los propios locales de las imprentas, para ganar la celeridad, 

base de nuestro salario”.384 Tal argumento favorecía particularmente a los grandes diarios, como 

El Comercio, La Prensa y La Crónica, pues contaban con sus propias imprentas. 

Pero la Sociedad Unión de Vendedores de Periódicos no se limitó a enviar un memorial 

al presidente Bustamante, también tomó medidas de fuerza contra los apristas después de que su 

secretario de Defensa fuera agredido: en una asamblea de sus agremiados se decidió boicotear la 

distribución de la edición del 1 de octubre de La Tribuna.385 Pero a pesar de esta oposición en las 

calles y en el Parlamento, la Ley del Canillita fue promulgada por el Ejecutivo el 5 de octubre de 

1946, aunque con sustanciales cambios. En efecto, se suprimió la sindicalización obligatoria de 

los canillitas y la preeminencia de su sindicato en la distribución de los diarios y revistas; además, 

                                                             
382 «Lo protegidos se rebelan contra sus turbios y totalitarios protectores», Vanguardia, Lima, 1 de octubre de 1946: 2. 
383 Ibíd. 
384 Ibíd. 
385 «Los canillitas boicotean “La Tribuna”», Vanguardia, Lima, 1 de octubre de 1946: 4; «Nuestra protesta», Vanguar-
dia, Lima, 1 de octubre de 1946: 2. 



   

81 
 

las juntas asistenciales de cada ciudad quedaron bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud Pú-

blica, Trabajo y Asistencia Social, lo que relegaba de esta función a la Junta Nacional de Asisten-

cia, institución que el proyecto de ley aprista diseñaba como un órgano autónomo. Tales cambios 

provocaron que un medio como Vanguardia, crítico de la gestión de Bustamante, le rindiera ho-

menaje, agradeciendo «al hombre que salva por segunda vez la Libertad de Prensa [en referencia 

a la Nueva Ley de Imprenta promulgada en diciembre de 1945], tan dura y dolorosamente con-

quistada, por la acción del pueblo». Según Vanguardia, el proyecto sustitutorio había sido apro-

bado por los parlamentarios apristas para así evitar su veto; era claro su disgusto, aunque procla-

maran que la ley demostraba la «armonía» y «cooperación» entre los dos poderes del Estado.386  

Pero a pesar de esta modificación, la Ley 10674 generó resistencias en los propietarios de 

la gran prensa limeña y los apristas no dejaron de utilizarla para fustigar a esta última. Así, a solo 

mes y medio de su promulgación, la CPA solicitó una investigación sobre la utilidad del 2 % de 

impuesto sobre el avisaje de El Comercio y La Prensa, pues había información de que ambos 

periódicos venían incumpliendo con los desayunos obligatorios a los canillitas que debían costear 

se con ese monto.387 Por su parte, pasado un año de su promulgación, el Ejecutivo condicionó la 

implementación de la Junta de Asistencia de Lima. Según la ley, las juntas de asistencia debían 

estar presididas por uno de sus cuatro integrantes. Estos eran los respectivos delegados del Mi-

nisterio de Salud Pública, de las empresas periodísticas, de la Beneficencia Pública y de los ven-

dedores mayores de edad de diarios, revistas y loterías. A mediados de 1947, el ministro de Salud 

Pública informó al gabinete que los canillitas se habían negado a elegir presidente de la Junta de 

Lima al delegado de su cartera. Ante esta situación, Bustamante y el resto de los ministros deci-

dieron suspender la elección hasta que se reglamentara la ley.388 

Promulgada la «ley del dogal», motejada así por sus enemigos, la prensa antiaprista habría 

multiplicado sus ataques. Según el chiclayano Carteles, de filiación aprista, por todo el país estaba 

proliferando una prensa «Anti-Patria», como parte de una estrategia financiada por Pedro Beltrán 

y otros «millonarios», quienes, cínicamente, estaban asumiendo la defensa de los obreros:  
 
Pero la audacia de estos energúmenos llega a tánto [sic] que siempre sacan a colación las reivin-
dicaciones de la clase obrera en el Perú. Todos ellos, en periódicos pagados por los del «Pandero 
de Millonarios», resultan defensores de la clase trabajadora. Ellos que están en contra de los sin-
dicatos. Ellos, que pagan jornales de hambre. Ellos que desvalorizaron la moneda para vender 
azúcar, algodón, arroz, en moneda extranjera.389 

  

                                                             
386 «Fracaso del intento aprista de imponer dogal a la prensa libre», Vanguardia, Lima, 8 de octubre de 1946: 1-2. 
387 Borea (1980: 104). La denuncia fue recogida por el chiclayano Carteles, afirmó: «Mientas los señores Miroquesada 
[sic] se divertían en el mayor boato de “La Cabaña” o en el “Country” o en el “Grill”, los sufridos colaboradores de su 
opulenta industria, con sus rostros grises, esperaban la hora de salida de “El Comercio”, prestos para su venta si antes 
una violenta neumonía no había liquidado su intención… Con seis millones de capital, “El Comercio” se gana dos 
millones de soles al año. ¡Y le niega una cama y un desayuno a los canillitas!...». Título ilegible, Carteles, Chiclayo, 6 
de octubre de 1946: 5. 
388 Gobierno de Bustamante, t. 5, sesión del 21 de julio de 1947, f. 131, en ACM-UNMSM.  
389 «Proyectan en cada pueblo del Perú funcione un periódico de oposición: insania de los derrotados», Carteles, Chi-
clayo, 6 de octubre de 1946: 6. 



   

82 
 

Carteles no podía disimular la inquietud que provocaba en los apristas la proliferación de esta 

prensa enemiga: «En Piura, en Cajamarca, en la Montaña, en la Capital hay periodiquillos que 

obedecen a una consigna. Como la política financiera del gobierno era desafecta para el “pan-

dero”, iniciaron una campaña de oposición, tergiversando cifras y desviando todo buen con-

cepto».390 En realidad, la prensa antiaprista estaba recogiendo el creciente descontento en un sec-

tor importante de la opinión pública que provocaba la gestión ministerial y municipal aprista. 

Un mes después de la aprobación de la Ley del Canillita, nuevamente Francisco Igartua 

fue el foco de atención de los limeños cuando sufrió una golpiza en el local de La Tribuna, después 

de recoger un provocador cuestionario que había entregado a Haya un día antes. Hábilmente, 

Igartua hizo de la agresión un «testimonio» irónico de la «libertad de prensa» aprista: con sorna, 

por cada pregunta, anotó como respuesta las onomatopeyas de los puñetes, patadas y cachiporra-

zos que recibió. La «entrevista» se publicó en La Prensa y El Comercio, después de que el director 

de Jornada, Miguel Benavides, se negara a publicarla, pues había aceptado las disculpas perso-

nales de Manuel Seoane y Andrés Townsend, «por el error del servicio de vigilancia» de La Tri-

buna.391 Las disculpas no evitaron que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú emitiera, el 

2 de noviembre de 1946, un comunicado protestando por el «atentado» que había sufrido uno de 

sus miembros, el cual era considerado un ataque a la libertad de expresión que era todavía más 

deplorable al haberse cometido «en el interior de la redacción de un diario que, sea cual fuere su 

ideología política, debe ser en todo caso un santuario de respeto a la libertad y a la dignidad 

humana».392 Por su parte, después de renunciar a Jornada, Igartua se incorporó a La Prensa. 

 Si Haya y la cúpula del PAP se propusieron poner límites a la prensa antiaprista a través 

de la Nueva Ley de Imprenta y la Ley del Canillita, fracasaron en su intento, pues si bien ambas 

leyes fueron finalmente promulgadas, el Ejecutivo realizó importantes modificaciones y se guardó 

de reglamentaría, entorpeciendo su efectividad. De allí que los apristas se habrían valido de otras 

formas, aunque legales, coercitivas para acallar a sus adversarios. Vanguardia se refirió a dos de 

ellas: por un lado, la Juntas Municipales Transitorias, los nuevos órganos municipales elegidos 

que estaban en su mayoría en manos del PAP, solo otorgaban licencias de venta de periódicos a 

los dueños de negocios que eran apristas o vinculados a ellos, lo que significaba que quedaba 

proscripta la circulación de los medios adversarios del PAP. Por otro lado, los apristas estaban 

llevando a cabo una campaña de enjuiciamientos que, hasta el momento, incluía a los directores 

de La Nación (Alfredo Cánepa Sardón), del Mundo Gráfico (Eugenio Batista), del Nuevo Mundo 

                                                             
390 Ibíd. 
391 Igartua (1995: 79-82). Algunas preguntas eran las siguientes: «¿Por qué había exigido la renuncia en blanco, entre-
gada en sus manos, a los parlamentarios apristas elegidos en las elecciones? ¿No contrariaba esa ceremonia de someti-
miento al Jefe las costumbres y las normas democráticas y más bien no se acercaba a los hábitos fascistas? ¿La exigencia 
del carnet partidario aprista para lograr ser atendido en los estanquillos que el Apra había organizado para el reparto de 
los víveres de primera necesidad no tenía similitud con las prácticas comunistas?». Ibíd.: 74-75. 
392 «La Asociación Nacional de Periodistas protesta por el atentado contra Igartua», Vanguardia, Lima, 3 de noviembre 
de 1946: 2. 



   

83 
 

(Carlos Julio Calderón) y de Vanguardia (Eudocio Ravines), «por difamación, injurias y calum-

nias».393 En este último caso, la afirmación de Vanguardia era claramente antojadiza al señalar 

que el dirigente comunista Jorge del Prado, autor de la denuncia contra Ravines, obedecía a una 

consigna de Manuel Seoane. Pero que los apristas estuvieran actuando de otras formas para con-

trarrestar lo que consideraban «prensa reaccionaria», no es inverosímil.  

Tratar de acallar a la prensa incómoda por vías legales fue una práctica común en la Pri-

mavera Democrática. El mismo gobierno de Bustamante intentó ponerle límites, incluso tratando 

de utilizar la Nueva Ley de Imprenta de 1945. Así, en la sesión del Consejo de Ministros del 6 de 

julio de 1946, con la presencia de los apristas Vásquez Díaz, Rose Ugarte y Elías, se decidió tomar 

«medidas represivas y de acción» contra la «prensa amarilla», que —en palabras del ministro de 

Justicia, el filoaprista Bielich Flores— «al amparo de la amplia libertad de prensa […] iba en sus 

ataques personales hasta extremos reñidos con el decoro y la decencia». Con este fin, se le encargó 

la reglamentación de la Nueva Ley de Imprenta.394 Por otra parte, el Ejecutivo fue incapaz de 

implementar una eficiente política comunicativa a través El Peruano. En su lugar, se hizo uso de 

la protesta formal, la denuncia judicial y la censura, medios que utilizó para acallar a la prensa 

opositora. La Tribuna solo se sumó a los detractores del Ejecutivo después de que los apristas 

dejaran el gabinete a raíz del asesinato de Francisco Graña, director de La Prensa. 

El crimen, cometido el 7 de enero de 1947, fue imputado de inmediato por la prensa 

antiaprista al PAP. El féretro de Graña fue conducido al Cementerio General por representantes 

de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, La Prensa, El Comercio, La Crónica y la 

Sociedad Unión de Vendedores de Periódicos,395 gremios y medios que se habían manifestado 

abiertamente críticos a las propuestas de la CPA en materia de prensa. La ceremonia fue una 

muestra palpable de la honda polarización nacional que también alcanzaba a la comunidad perio-

dística. En la opinión pública, el asesinato habría rememorado el del director de El Comercio, 

Antonio Miró Quesada de la Guerra, ocurrido doce años antes, asesinato del que el PAP no se 

responsabilizó, pero que sí justificó e incluso celebraron sus militantes.396 Por último, los atrope-

llos contra la prensa aprista crecieron después del crimen de Graña, desde el asalto de La Tribuna 

por tres militares, a mediados de 1947, hasta la detención de tres de sus periodistas que cubrían 

el asesinato del prefecto de Pasco, en febrero de 1948. Este hecho motivó el reclamo del Círculo 

de Prensa del Perú, que, al estar presidido por el subdirector de La Tribuna, Andrés Townsend 

Ezcurra,397 sería la contraparte aprista de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.  

                                                             
393 «Nuevos métodos compulsivos de APRA para cercenar la Libertad de prensa». Vanguardia, Lima, 31 de diciembre 
de 1946: 2. 
394 Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 10 de julio de 1946, f. 116, en ACM-UNMSM.  
395 El Comercio (1998-V: 59-61). 
396 Miró Quesada habría sido víctima de la propia violencia antiaprista que promovió contra «un pueblo exasperado y 
sin esperanza [que] recurre a defenderse en cualquier forma», según un volante del PAP. Saco (1985: 87). Por otra 
parte, los apristas vitorearon en la calle al asesino de Miró Quesada. Véase Haya de la Torre y Sánchez (1982-I: 130). 
397 «El Círculo de Prensa protesta por el atropello a la libertad de información», La Tribuna, Lima, 22 de febrero de 
1948: 4. 



   

84 
 

2.3 La política agraria costeña y la resistencia de los agroindustriales 

Los parlamentarios apristas asumieron un particular interés por la agricultura costeña, un hecho 

que no dejó de provocar recelos, sino alarma, en la oligarquía terrateniente.398 En el Programa 

Mínimo de 1931, el PAP propuso la intervención decidida del Estado en la realidad del campo, 

pues solo así se lograría una efectiva transformación de su estructura económica y social. El Es-

tado, bajo el control burocrático de los técnicos apristas, suministraría información especializada, 

tecnología moderna y créditos a los agricultores. Además, se expropiarían los grandes latifundios 

improductivos, los que eran explotados indirectamente o que estaban hipotecados y/o ubicados 

cerca a los grandes centros urbanos de consumo. El propósito era modernizarlos y reorientar su 

producción al mercado interno. También se fomentaría la pequeña propiedad y las haciendas co-

lectivas y las cooperativas; se reglamentarían los pactos laborales entre propietarios y yanaconas; 

se incentivaría la inmigración a zonas vírgenes; y se promovería la irrigación y las estaciones 

experimentales agrícolas y ganaderas.399 Estas iniciales propuestas fueron reactualizadas en el fo-

lleto Programa agrario del aprismo (1946), del ingeniero agrónomo y diputado por Chancay 

Alfredo Saco Miró Quesada. Este consideraba que solo un conjunto de medidas articuladas en un 

plan mayor de reformas tendría un impacto profundo en la realidad agrícola nacional. Al impul-

sarlas, la gestión de la CPA marcaría una gran diferencia de las dispersas disposiciones de los 

gobiernos anteriores que solo habían tratado el problema agrario de modo superficial.400 

Según Saco, el principal problema era la falta de abundantes, sanos y baratos alimentos 

para la creciente población peruana, como consecuencia de la carencia de tierras cultivables o su 

pobre tecnificación, pero, sobre todo, a la preeminencia de un modelo primario exportador de-

pendiente de las fluctuaciones del mercado exterior, en lugar de otro modelo que privilegiara el 

consumo interno. Pero esta lamentable situación, inmersa en la «complejidad de la economía in-

ternacional», se había trastornado aún más con la «última guerra universal», puesta esta había 

demostrado «que los eventos que tienen lugar en un pueblo se reflejan en todos los demás».401 Sin 

embargo, la guerra también había demostrado la capacidad del Estado para transformar realidades 

sociales y económicas. Esto se hacía urgente pues, ante la posibilidad de un nuevo conflicto mun-

dial, surgía la necesidad de establecer un modelo productivo autárquico que permitiera el abaste-

cimiento permanente de recursos estratégicos: «Pero mientras exista el peligro de guerra, debe-

mos ser previsores y organizar nuestra economía en tal forma que podamos hacer frente a cual-

quier crisis».402 La urgencia también era espoleada por las noticias de una hambruna que asolaba 

al mundo y que la prensa informaba dramáticamente. Esta resultaba palpable en el Perú a través 

                                                             
398 Sobre estas iniciativas agrarias de la CPA, véase Borea (1980: 165-211). 
399 Haya de la Torre (1985-V: 18-19).  
400 Saco (1946: 11). 
401 Ibíd.: 7. 
402 Ibíd.: 8. 



   

85 
 

de las onerosas donaciones de alimentos y dólares que solicitaba la Administración de las Nacio-

nes Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación (UNRRA por sus siglas en inglés) al gobierno 

peruano para socorrer a una Europa devastada por la guerra.403 

No obstante, durante la campaña electoral, inmigración e irrigación fueron las dos pro-

puestas del PAP para ampliar las tierras de cultivo. En parte, tal anuncio tendría como fin tran-

quilizar a los que temían una expropiación compulsiva de los latifundios, especialmente de los 

complejos agroindustriales costeños. El 20 de mayo de 1945, en su mitin de la plaza San Martín, 

Haya afirmó que en el Perú no tenía lugar la socialización de la gran propiedad privada:  
 
[E]n Europa se concibe que los planes socialistas hayan trazado un nuevo método o sistema de 
reparto de la riqueza [por la saturación de su población], pero ese no es problema: en el Perú no se 
trata de quitar la riqueza al que la tiene sino crear riqueza para el que no la tiene. Ancha es nuestra 
costa desértica, sedienta de agua y esperanzada por cien años de un constructivo plan de gobierno 
que la haga fértil para que sea el hogar de diez millones de hombres.404 

 
En esta línea de crear nueva riqueza, el senador Manuel Seoane señaló dos meses después en el 

periódico chiclayano El Norte, que la problemática agraria giraba sobre «tierras sin hombres», 

«tierras sin agua» y «hombres sin tierra», lo que significaba que no se trataba «de repartir la tierra 

ocupada», sino «de poblar desiertos y de regar tierras secas». La vía no era pues la expropiación 

de la gran propiedad sino la tecnificación del campo: «Mejorar los métodos primitivos que se 

usan para cultivarlas. Estamos, en suma, contra la tierra ociosa, la tierra abandonada, la que no se 

cultiva, la que aparentemente no pertenece a nadie».405 La inmigración y la irrigación era la solu-

ción técnica que permitiría ampliar la producción de alimentos para el consumo interno.  

En el discurso agrario aprista, la inmigración estaba asociada con la percepción nociva 

que se tenía de la presencia japonesa en el campo. En este sentido, debido al desplazamiento 

poblacional originado después de la guerra en Europa, Seoane consideraba que se habría una 

nueva oportunidad para el Perú, pues «muchos hombres europeos» estarían ansiosos de migrar a 

América, una oportunidad que no debía dejarse pasar, tal como había sucedido con los refugiados 

españoles de la Guerra Civil.406 Imbuido en prejuicios raciales de la época, declaró en El Norte: 
 
Es el momento para nosotros de aprovechar una inmigración seleccionada. La necesidad de una 
nueva inyección vitalizadora [sic] está en relación, entre nosotros, con el problema de la tierra. 
Nuestros desiertos lo son no sólo en la economía sino también en la cultura. Esos inmigrantes 
traerán una metodología y una técnica modernísimas. Y diferentes, sobre todo, a la del inmigrante 
asiático que ha competido con un poco bajo standar [sic] de vida con el trabajador peruano.407  
 

De igual manera, Alfredo Saco consideraba la inmigración europea como un medio de redención 

cultural (y racial) para el Perú: los colonos extranjeros (no asiáticos) serían parte de la solución al 

                                                             
403 Sobre estas demandas de la UNRRA, que Bustamante aceptó, para su pesar, véase Gobierno de Bustamante, t. 1, ff. 
111-112; t. 2, f. 193; y t. 3, ff. 1, 93, en ACM-UNMSM.  
404 Haya de la Torre (1985-V: 346) 
405 «Declaraciones de M. Seoane», El Norte, Chiclayo, 21 de julio de 1945: 1, sin foliación, en CELH-PUCP. 
406 Ibíd. 
407 Ibíd. 



   

86 
 

problema agrario, por ejemplo, ocupando las tierras de la montaña. Pero, para asegurar el éxito 

de esta empresa, Saco enfatizaba en la necesaria intervención estatal, «seleccionando lo más cui-

dadosamente posible» al colono, «no por un prejuicio racista, sino porque la mezcla exagerada de 

razas crea problemas de diversa índole; políticos, religiosos, psicológicos, educacionales»; es de-

cir, se debía favorecer «una política para favorecer y premiar los cruzamientos. Pero repetimos, 

hay que seleccionar la migración con sentido práctico del problema».408 A pesar de negarlo, es 

evidente que Saco proponía un cruce racial controlado entre peruanas y europeos, lo que daría 

como resultado un mestizaje biológico-cultural que incidiría en la producción agrícola. 

La rigurosa atención de Seoane y Saco a una afinidad racial, cultural y política estaba en 

relación con los miles de yanaconas japoneses asentados en las haciendas azucareras y algodone-

ras de los valles costeños, una notoria presencia que había despertado el recelo de los agricultores 

nacionales, pues muchos de aquellos se habían convertido en arrendatarios de latifundios y pro-

pietarios de empresas comerciales. Desde los años treinta, el PAP había recogido el enojo de los 

pequeños y medianos propietarios, y no contradijo los ataques de la prensa oligarca y de la So-

ciedad Nacional Agraria que denunciaban una «desnacionalización del suelo». Este proceso de 

ascenso social de los agricultores japoneses —que declinó dramáticamente con la política de con-

fiscación y deportación implementada por Manuel Prado en la Segunda Guerra Mundial— fue 

patente en el valle de Chancay, donde Nikumatzu Okada llegó a controlar la economía algodonera 

local y a disputar el poder político y social de Antonio Graña, propietario de la hacienda 

Huando.409 En su folleto de 1946, Saco acusó a hombres como Okada de haber actuado como una 

«quinta columna» del imperialismo japonés, la cual no solo fue «una amenaza para nuestra des-

plazada clase media, sino un verdadero peligro para la soberanía del país»: una «invasión foránea» 

que empezó con la contratación de yanaconas y que terminó con la «captura» de la gran propiedad, 

después de absorber la pequeña, gracias a la complicidad de gobernantes y propietarios rentistas. 

Frente a ello, aseguraba Saco en su folleto de 1946, el PAP se proponía establecer ahora una 

rigurosa regulación estatal para evitar la desnacionalización de la tierra.410 

Por otra parte, según Seoane, la intensiva irrigación de la costa tenía como objetivo pre-

parar al país ante los cambios internacionales dramáticos de la posguerra. Era un hecho que, de-

bido a la inestabilidad de los mercados, la económica mundial sería planificada por organismos 

supranacionales y que la ayuda internacional resultaría esencial. Igualmente, la competencia y los 

avances tecnológicos pronto afectarían exportaciones peruanas como el azúcar y la lana, lo que 

                                                             
408 Saco (1946: 50). Por ello razonó que el PAP no podía oponerse a los inmigrantes «pues, por el contrario, necesitamos 
de ellos. Pero como lo dice bien claro el mencionado punto del Programa [Mínimo], la inmigración tiene que obedecer 
a un plan debidamente estudiado que contemple no solamente la posibilidad de ubicación conveniente del inmigrante, 
sino su afinidad racial y, en la época actual, hasta su afinidad política con los pobladores nativos». Ibíd.: 14. 
409 Matos Mar (1976: 82-101). 
410 Saco (1946: 14-15). Estos prejuicios fueron compartidos por el gobierno de Bustamante, que no vio con buenos ojos 
el retorno de los japoneses expulsados a Estados Unidos, así como la recuperación de sus propiedades. Incluso se 
planteó la posibilidad de seguir expulsándolos del país. Véase Gobierno de Bustamante, t. 1, f. 49; y t. 2, f. 163, en 
ACM-UNMSM. 



   

87 
 

pondría en peligro las ganancias de los capitalistas y los empleos de sus trabajadores. Por esta 

razón, una intensiva irrigación surgía como una solución apropiada para ampliar la tierra cultiva-

ble, satisfacer la demanda popular de alimentos y acelerar la industrialización nacional.411 A tres 

semanas de las elecciones generales de 1945, Seoane consideraba con optimista esta posibilidad:  
 
El problema de la irrigación de la [c]osta se solucionará, según estudios técnicos, con la suma de 
750 millones de soles. Esta cantidad podría obtenerse del fondo monetario internacional [sic]. Pero 
para ello es indispensable que entre nosotros funcione la democracia efectiva. De lo contrario, nos 
aguarda un régimen de pan y agua. Ese es el dilema del Perú en la Posguerra: Democracia y pro-
greso, o regresión y miseria. Yo sé que el Perú ha elegido ya la Democracia [sic].412 
  

Para Seoane, la solución al problema agrario-alimenticio estaría ligada a una efectiva representa-

ción parlamentaria que hiciera suya las demandas de la población, tanto de las ciudades como del 

campo. Pero esto solo sería posible a través de la ayuda del recién fundado Sistema Monetario 

Internacional. Además, la guerra recién finalizada daba al problema agrario nacional una dimen-

sión global dramática de punto de quiebre: o se enmendaba el rumbo o se retrocedería más.  

En Diputados, la CPA propuso la creación de un órgano estatal planificador, ejecutor y 

conservador de todas las obras de riego, el Sistema Nacional de Irrigación, mientras que en el 

Senado se aprobó el proyecto de creación de una Comisión Nacional de Irrigación, aunque nin-

guno se convertiría en ley.413 Mejor suerte tuvo la aprobación de grandes proyectos de irrigación 

en Ica, Arequipa y Lambayeque. El fin era realizar una revolución pacífica de las estructuras 

económica y social del campo, fomentando la pequeña y mediana propiedad. Al sustentar el pro-

yecto de irrigación de las pampas de Majes, Sihuas y Vítor, el diputado Carlos Manuel Cox dijo:  
 
Es pues, esta una gran revolución económica, que teneos por delante, es una revolución en el buen 
sentido, no la revolución con sangre, destrucción, ruinas, es la revolución constructiva, es el ace-
leramiento económico del país y, es por eso, que en esta gran obra revolucionaria de dar tierras al 
hombre de la costa, y darle pan, carne y alimentos a todos los habitantes del Perú, el Partido del 
Pueblo hace un llamado vigoroso y cordial a todos los habitantes del Perú para que cooperen con 
él en esta gran obra de verdadero engrandecimiento nacional.414 
 

Lo ministros apristas en las carteras de Agricultura, Fomento y Hacienda habría facilitado la eje-

cución de estas obras, aprobando incluso de otras más modestas. Sin embargo, en su citado folleto 

de 1946, Saco señaló la imposibilidad de irrigar toda la costa, pues resultaba económicamente 

costosa, técnicamente compleja y medianamente rentable en términos productivos (los estudios 

demostraban que solo 500 000 hectáreas eran regables, un área que solo duplicaba la producción 

de las tierras ya cultivadas): «Hay gentes que suponen que toda la costa del Perú es irrigable. Esto 

                                                             
411 Juan Ríos, «“Será imposible burlar la voluntad del pueblo”, declara Manuel Seoane», Trinchera Aliada, Lima, 20 
de mayo de 1945: 2. 
412 Ibíd. 
413 Borea (1980: 174); Saco (1985: 286, nota al pie 1). 
414 En Borea (1980: 177).  



   

88 
 

es un serio error de apreciación, pues ni todos los terrenos son apropiados para el cultivo, ni 

alcanzarían las aguas de los ríos de nuestra costa para irrigarlos en toda su extensión».415  

Irónicamente, el mismo Haya era uno de estos equivocados que insistían en la viabilidad 

de una irrigación completa de la árida costa peruana. En su opinión, los obstáculos no obedecían 

tanto a razones técnicas como a los intereses de la clase propietaria. A inicios de 1948, le trazó el 

siguiente cuadro al periodista estadounidense Christopher Isherwood:  
 
Los conquistadores [españoles] deliberadamente destruyeron el sistema de irrigación que los incas 
habían erigido. Ahora la clase gobernante es propietaria de toda la tierra en las laderas de las mon-
tañas más altas y se queda con el agua. El APRA ha preparado un esquema de riego para toda la 
región costera, pero nunca lo consentirán a menos que sea necesario; si se abrieran más tierras de 
cultivo, los campesinos tendrían la oportunidad de trabajar en otro lugar y así poder exigir salarios 
más altos.416  

 
A grandes rasgos, Haya establecía una línea de continuidad que iniciaba con la destrucción his-

pana de los canales incas y que terminaba con la expansión de la gran propiedad costeña, el control 

del agua por parte de quienes detentaban el poder político. Por esta razón, Haya estaba convencido 

de que el riego intensivo y el consiguiente incremento de las tierras de cultivo socavaría este 

sistema político-económico. Inmediatamente favorecería a los trabajadores de las haciendas cos-

teñas, al brindarles condiciones favorables para negociar mejoras salariales. En realidad, no le 

faltaba razón a Haya cuando denunciaba la resistencia de una clase propietaria que advertía que 

una irrigación intensiva abarataría el precio de la tierra, emanciparía a los yanaconas y aumentaría 

el salario de los peones.417 Los gabinetes antiapristas y los serios problemas presupuestarios su-

maron para que el programa de irrigación aprista se detuviera a partir de 1947.  

Un impacto más inmediato tuvo las solicitudes de expropiación de fundos que elevó la 

CPA, más frecuentemente para requerir su parcelación y cooperativización que para crear escue-

las técnicas agropecuarias o granjas modelo.418 Tales pedidos habrían sido coordinados con célu-

las residenciales, comunidades campesinas y/o juntas municipales transitorias. En otros casos, los 

parlamentarios apristas que los solicitaron se habrían propuesto mostrase consecuentes con los 

principios políticos que defendían. Fue el caso del diputado Manuel Pérez León, cuando tomó la 

excepcional decisión de entregar su hacienda de Sullana, Jahuay Negro, a sus trabajadores, aun-

que originalmente la idea le fuera sugerida por un colega no aprista. Pérez había hecho importan-

tes mejoras en esta propiedad, adquirida solo tres años antes, con el fin de convertirla en un mo-

derno centro ganadero. En agosto de 1946, presentó su insólito pedido de autoexpropiación como 

el sacrificio de un militante firme en los ideales de justicia social, para lo cual parafraseo una de 

                                                             
415 Saco (1946: 44). 
416 Isherwood (1949: 121). La traducción es mía. El periodista estadounidense comentaría que haya no se explayaría 
en argumentos técnicos para demostrar la posibilidad de una irrigación completa de la costa. Por el contrario, Isherwood 
manifestaría sus dudas compartiendo las razones de un “experto británico”: las altas temperaturas y los terremotos.  
417 Soto (2002-II: 483). 
418 Véase Borea (1980: 184-195). Estas solicitudes contrastan con las numerosas expropiaciones de predios urbanos 
del Ejecutivo, como se aprecia en las Actas del Consejo de Ministros.  



   

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las frases célebres que pronunció Haya en su mitin de la plaza San Martín de mayo de un año 

antes, «El ideal del aprismo es crear riqueza para el que no la tiene», aunque al asociarla con su 

decisión, la cual tenía ribetes paternalistas, le resto su sentido original de crear riqueza sin expro-

piarla. Pérez finalizó retando a sus colegas no apristas a seguir su ejemplo, «y no dedicarse a hacer 

demagogia barata mientras que en su vida particular son grandes gamonales y muchas veces ex-

plotadores de su propia raza».419 Su decisión debió tener el respaldo anticipado de la CPA y del 

mismo Haya. 

Magda Portal, más de treinta años después de «sentirse defraudada en todas mis expecta-

tivas revolucionarias» y romper con el PAP, afirmaría que la cuestión «de una reforma agraria 

profunda» no fue discutida en el seno de la dirección aprista, «aunque las bases ideológicas del 

Partido señalaban que la “tierra era para el que la trabaja”». Tal actitud se debía «por temor a 

perder sus vinculaciones con la clase conservadora». Por esta razón, según Portal, cuando propo-

nía la entrega del gran complejo agroindustrial Casa Grande a sus trabajadores, la dirección aprista 

respondía: «No, ni hablar Casagrande se va al hoyo. [¿]Quién va a representar a Casagrande? 

Es un mundo, es enorme. Y, sin embargo, ahora es una Cooperativa, y se pudo expropiar».420 Es 

posible que, en efecto, existieran estas dudas sobre la posibilidad de establecer una entidad nueva 

que reemplazara la administración de los Gildemeister y articulara las diversas demandas de un 

conjunto heterogéneo de trabajadores, entre permanentes y eventuales, y que administrara efi-

cientemente las haciendas, fundos e ingenios que componían el mayor complejo agroindustrial 

del país, sin afectar su producción azucarera. La frágil estabilidad democrática recién recuperada 

en 1945 era otro factor  que habría tomado en cuenta la dirección aprista, pues no dejaba de ser 

arriesgada llevar a cabo una transformación radical de la propiedad agraria, como demandaba 

Portal, que afectara la base material de la poderosa oligarquía, siempre protegida por un sector de 

las Fuerzas Armadas. En su lugar, la Constitución otorgaba a la CPA un marco legal para enajenar 

propiedades rurales privadas, mediante la aprobación de una ley específica que demostrara su 

utilidad pública y la previa indemnización de los propietarios.421 

No obstante, los apristas habrían intentado llevar a cabo una reforma agraria integral, al 

menos en el papel, a través de dos rutas legislativas. La primera, por medio de la Comisión Prin-

cipal de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por Alfredo Saco, luego de que esta 

rechazara un temprano proyecto de reforma agraria, presentado el 6 de agosto de 1945 por el 

diputado independiente Manuel Sánchez Palacios. La Comisión concluyó que era inadecuado 

para el campo peruano, pues prácticamente era un plagio de la Ley de Reforma Agraria argentina. 

                                                             
419 Fue el independiente Enrique García Figallo quien propuso a Pérez la expropiación de su hacienda. Borea (1980: 
186-187); JNE (2015-II: 85). Por otro lado, había apristas pequeños y medianos hacendados, tal como Heilman (2087: 
142-148) y Mujica y Mujica (2015: 639-640) señalan; o los que habían perdido sus haciendas por la persecución y que 
anhelaban recuperarlas, como era el caso del padre del historiador Pablo Macera. Basadre y Macera (1974: 125-128). 
420 Portal (1978: 227). Cursivas en el texto original. 
421 Véase los artículos 29, 47 y 211 de la Constitución de 1933. 



   

90 
 

No obstante, la iniciativa estimuló la formación de una comisión mixta que elevaría propuestas 

para un futuro código agrario. Saco preparó un primer borrador de ley que, sin embargo, no llegó 

a discutirse «antes de que el Presidente Bustamante obstruyera el funcionamiento normal del 

Congreso»,422 es decir, en 1948. Lo cierto es que Saco sabía que era necesaria una «cautelosa 

reforma agraria» en el marco democrático recién inaugurado, por la reacciones adversas que pro-

vocaría, pues solo así se podría sentar las bases de futuras leyes más ambiciosas.423 La segunda 

ruta, según la versión de Carlos Manuel Cox, se discutió y aprobó en el seno de la CPA, donde 

propuso un proyecto de reforma agraria basado en el cooperativismo, junto con la propuesta de 

creación de una cooperativa agroindustrial en el valle Moche. Sin embargo, sabiendo que tomaría 

tiempo la aprobación de un proyecto de tal envergadura, la CPA decidió que Cox solo sustentara 

la expropiación y cooperativización de la Negociación Laredo, cosa que hizo el 5 de noviembre 

de 1945.424 Aun cuando se expusieran razones técnicas y sociales que los justificaran, los proyec-

tos de expropiación de los grandes latifundios costeños no dejaban de tener una lectura de revan-

cha política al ser los apristas acérrimos adversarios de sus propietarios. 

La expropiación de las tierras, edificaciones, maquinarias y demás bienes de la Negocia-

ción Laredo fue sustentada por Cox como una acción antiimperialista y antioligarca. El diputado 

trujillano señaló que la falta de agua era el gran problema agrario de la costa, pues había originado 

la concentración de tierras. Esta situación era más dramática para la provincia de Trujillo, donde 

las haciendas habían destruido la industria y el comercio local y amenazaban con asfixiar com-

pletamente a su capital. La presencia del latifundio explicaba la rebeldía popular desde tiempos 

coloniales, pasando por la gesta independentista, hasta el presente. Así, si bien pueblos como 

Arequipa habían contribuido a forjar la libertad del dominio español, Trujillo merecía una «repa-

ración nacional» especial, por el alto precio recientemente pagado y el sacrificio de más de 6000 

mártires en 1932,425 gesta que «debe ser considerada como el verdadero Pearl Harbor de nuestras 

libertades públicas». En este sentido, si bien había factores económicos, comprensibles desde el 

materialismo histórico, que explicaban la lucha de los trujillanos y demás pueblos, eran razones 

espirituales las que impulsaban su búsqueda de bienestar y libertad. Con respecto al proceso de 

expropiación de Laredo, el proyecto proponía un justiprecio y pago a los actuales propietarios, 

para después convertirla en una cooperativa agroindustrial, sin una parcelación de sus tierras que 

afectara su unidad productiva. De este modo se reorientaría parte de su producción azucarera al 

consumo interno de alimentos, beneficiando sobre todo a los trujillanos.426 

                                                             
422 Saco (1985: 285-286). 
423 Saco (1985: 397). 
424 Cox (1971 [1948]: 273). La Negociación Agrícola Laredo Ltda. también era conocida como Casa Grande. 
425 Es una referencia a la Revolución de Trujillo y a los apristas muertos antes y después por la cruenta represión 
sanchecerrista. Un relato aprista de los hechos en Murillo (1976: 207-249).  
426 Cox (1971 [1948]: 274-277). Negritas en el texto original.  



   

91 
 

El proyecto debió sorprender a los propietarios Henrique y Augusto Gildemeister. Exac-

tamente cuatro meses antes, este último había comentado divertido al empresario algodonero Pe-

dro Beltrán las palabras que los dirigentes apristas habían dirigido a sus trabajadores trujillanos 

de Laredo: «que todo permanecería como estaba, ninguna partición de tierras u otras propiedades 

o dinero, pero la creación de nueva riqueza para todo el país por parte de todos. Es realmente 

gracioso».427 Lo cierto es que los apristas tenían suficientes razones para detestar a los hermanos 

de origen alemán. Cox y los entonces senadores Antenor Orrego y Alejandro Spelucín habían 

sido testigos desde los años veinte del desastroso impacto de Casa Grande sobre la clase media 

trujillana, y, desde El Norte, los tres habían respaldado las huelgas de los trabajadores cañeros.428 

Por otra parte, al referirse a las raíces espirituales de la lucha trujillana, Cox se habría propuesto 

matizar las lecturas materialistas del fenómeno imperialista que explicaban aquella desde el mar-

xismo y la lucha de clases, como habían hecho apristas como Spelucín, Enrique Cornejo Köster 

o Ciro Alegría una década antes.429 Por último, quedan dudas sobre lo que esperaban los apristas 

de su pedido de expropiación de Laredo. Es probable que supieran que no prosperaría, sobre todo 

en la Cámara de Senadores, «donde la clase latifundista estaba muy fuertemente representada».430 

En todo caso, la adquisición que hizo Henrique Gildemeister de 16 000 acciones en 1947 es una 

evidente señal de la tranquilidad que tuvo entonces. La operación le dio a él y a su hermano 

Augusto el control de la empresa, al sumar sus acciones 32 000 de un total de 40 000.431  

A inicios de 1946, Alfredo Saco, en nombre de la CPA, sustentó el proyecto de expropia-

ción de la Empresa Agrícola San Nicolás, cuyo propósito era sustituir su alicaída producción 

algodonera por cultivos de panllevar en las 3754 hectáreas de tierras de riego que sumaban sus 

tierras en el valle de Supe, para así satisfacer la demanda de alimentos baratos de Lima y Huacho. 

Socialmente, el proyecto beneficiaría a más de 625 familias de yanaconas y trabajadores, al recibir 

las tierras en forma de una cooperativa de producción. Durante su exposición, Saco enfatizó que 

las medidas implementadas en el agro peruano debían tener un fundamento teórico y técnico só-

lido, razón por la cual debía verse a la experiencia mexicana como el principal referente para 

comprender, por ejemplo, que una excesiva parcelación de las tierras expropiadas afectaría su 

productividad. Se debía, pues, considerar que «un fundo expropiado constituye una unidad eco-

nómica y agrícola, que tiene sus construcciones, sus caminos, sus canales de riego y sus cercos».432 

Pero el caso de México también aludía a la existencia de un Estado vigoroso que fuera capaz de 

imponerse, a través de sus burócratas y monopolio de la fuerza, sobre los caciques locales y la 

                                                             
427 Carta de Augusto Gildemeister a Pedro Beltrán, 5 de julio de 1945, en Thorp y Bertram (1985: 287, nota al pie 34) 
428 Sobre esta experiencia común, véase Klarén (1976 [1970]: 163-195). 
429 En una conferencia dada a la juventud aprista en 1934, Ciro Alegría había explicado la relación directa entre el 
origen del aprismo y el imperialismo: «Tesis, Imperialismo; Antítesis, Aprismo; Tesis, Justicia Social. Y hacia allá se 
marcha […]». Alegría (2004: 16). Sobre Cornejo y Spelucín, véase Livio (2006: 357, nota 50). 
430 Saco (1985: 287). 
431 Sobre Laredo, véase Berrocal (2003). 
432 Ibíd.: 290, 386-388. 



   

92 
 

oligarquía nacional. Hay que señalar que la expropiación de San Nicolás afectaba directamente a 

las familias Miró Quesada —parientes de Alfredo Saco— y Barreda Laos, cuyos intereses fueron 

defendidos en el Senado, después que el proyecto fuera aprobado en Diputados. La huelga con-

gresal de 1947-1948 interrumpió su debate final.433 

Durante su exilio en México, exiliados apristas como Alfredo Saco debieron entusias-

marse con la segunda ola de expropiaciones que impulsó el presidente Lázaro Cárdenas a media-

dos de la década de 1930. Sin embargo, la entrega de tierras sin títulos de propiedad para su 

explotación colectiva (ejidos bajo control estatal) habría despertado recelos, por su supuesta si-

militud con las granjas colectivas soviéticas. Este fue el sentido de la pregunta que formuló Jorge 

Valcárcel, reportero de Trinchera Aliada, al artista y escritor aprista Felipe Cossío del Pomar, 

recién llegado de México, en agosto de 1945, después de más de una década de exilio: 
 
[Valcárcel:] El líder aprista revela una profunda compenetración de los problemas mexicanos. Es 
un observador inteligente de hombres y pueblos. 
— ¿El sistema agrario mexicano tiene alguna afinidad con el de las granjas colectivas de la Unión 
Soviética? 
[Cossío:] — No existe ninguna semejanza y de paso le diré que estuve en la Unión Soviética el 
año 1931 y pude apreciar la extraordinaria labor que se cumplía en ese país. Es magnífica… Sin 
embargo, nada tiene que ver esto con nuestra realidad. Estimo que el comunismo es, por ahora, 
una solución extemporánea para nuestros problemas.  
[Valcárcel:] Esta declaración, sin reticencia alguna, es bastante para comprender la médula racio-
nalmente revolucionaria de Cossío. Creería que él siempre estará a la «izquierda de la iz-
quierda».434  

 
Descartándose toda similitud con el modelo agrario soviético, el ejido mexicano estatal se reafir-

maba como un modelo inspirador para Cossío. Pero él y Saco debieron advertir que la colectivi-

zación cardenista solo fue posible al continuo debilitamiento de la gran propiedad que precedía al 

proceso. Lo que ignorarían era que la parcelación y titularidad era una demanda del campesinado 

mexicano, una demanda que incluso los comunistas mexicanos apoyaban.435 

Desde sus inicios, las cooperativas de salud, producción y consumo fueron medios que 

utilizó el PAP para integrarse en la cotidianidad y captar a las masas,436 una estrategia que se 

institucionalizó con la creación del Secretariado Nacional de Cooperativas, el cual estaba bajo la 

dirección de Saco en 1945. El diputado de Chancay no tenía dudas de los beneficios del coopera-

tivismo y, como legislador, se propuso fomentarlo tanto en las ciudades como en el campo y en 

sus distintas formas (consumo, producción y crédito), a partir de una ley general que reuniera y 

reordenara lo que se había legislado sobre la materia hasta el momento, como el decreto supremo 

del 8 de marzo de 1944, que establecía, entre otros puntos, principios democráticos absolutos y 

                                                             
433 Ibíd.: 290-291, 389. 
434 Jorge Valcárcel, «Ha regresado Cossío del Pomar», Trinchera Aliada, Lima, 8 de setiembre de 1945: 3. 
435 Knight (2013-I: 41, 51). 
436 Quiroz Velasco (2006 [1990]: 327). 



   

93 
 

principios económicos opuestos al capitalismo.437 Saco anhelaba que un nuevo espíritu coopera-

tivista inspirado en el pasado milenario andino, se impusiera sobre la lógica individualista que 

guiaba a las empresas agrarias expropiadas. Si bien esto no significaba que los socios no tendrían 

derecho de usufructo de una pequeña parcela, el resto de la tierra sería explotada en común y el 

Estado sería el propietario, algo que no debería afectar el interés por cultivarla a decir de Saco.438 

Esta ética colectivista a la que aspiraba Saco no se contradecía con la «moral sencilla de afirma-

ción personal» que, como recordaría un militante, predicaban los apristas entre los hombres del 

campo, según la cual el trabajo, el ahorro y la inversión beneficiarían a todo el país.439 

El PAP también se propuso regular las relaciones contractuales de los yanaconas, traba-

jadores rurales que, a cambio del arrendamiento de una porción de tierra, entregaban parte de su 

cosecha, dinero y/o servicios a los hacendados, lo que significaba una diversidad de tipos de ya-

naconaje. El proyecto de ley —dictaminado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de 

Diputados en diciembre de 1945, y sustentado por su presidente, Alfredo Saco, en enero de 

1946— establecía que el Ministerio de Agricultura calculara el monto de la renta, los límites del 

terreno arrendado y el periodo de renta, así como un salario por los servicios prestados al propie-

tario o rentista de la hacienda. Una vez promulgada, el Estado realizaría una ofensiva educacional 

que enseñaría a los yanaconas sus nuevos derechos. Al finalizar la sustentación del proyecto, Saco 

citó a Marx para delinear el valor por igual que tenía la fuerza de trabajo y la renta para el latifun-

dista peruano: «Quiero recordar que según Marx el poder del señor feudal no se basaba tanto en 

el monto de sus rentas, cuanto en el número de campesinos autónomos. En nuestros días los tér-

minos han variado. En realidad, tal como están las cosas en estos momentos, el poder de nuestros 

señores feudales depende no solo del número de sus yanaconas, sino particularmente del monto 

de sus rentas».440 Antes de su aprobación en Diputados, diez de los veintitrés artículos del proyecto 

fueron modificados antes de pasar al Senado. Aquí sufriría cambios más sustanciales. 

En efecto, la Comisión Agraria del Senado, presidida por Luis Heysen, estudió el pro-

yecto de Diputados sin omitir las observaciones de la Sociedad Nacional Agraria y de la Sociedad 

Agrícola Esquivel, Solar y Hnos. de Chancay. La primera, por ejemplo, indicó que la ley afectaría 

la producción nacional al fomentar la pequeña propiedad; y criticó la excesiva injerencia del Mi-

nisterio de Agricultura; en su lugar, proponía un Consejo del Yanaconaje con la participación de 

patrones, yanaconas y autoridades. El Comité Nacional del Comercio y de la Producción también 

criticó que la condición de yanacona incluyera una amplia gama de trabajadores agrícolas, lo que 

significaba que la ley afectaría no solo a las haciendas algodoneras. La Comisión consideró ne-

cesario recoger las opiniones técnicas de todos los integrantes de la Comisión de Agricultura de 

Diputados y las del senador José Bustamante de la Fuente y del gerente del Banco Agrícola de la 

                                                             
437 Saco (1985: 391). 
438 Ibíd.: 394-395.  
439 Testimonio M/C/DN-1: L, en Vega-Centeno (1991: 503). 
440 Saco (1985: 376). 



   

94 
 

Nación, así como los petitorios de la Unión Sindical de Trabajadores de la Libertad, Partidarios y 

Sindicato Campesino del Valle de Nazca, la Federación General de Yanaconas y Campesinos de 

Lima, la Confederación de Trabajadores del Perú y del Congreso Sindical Regional Obrero 

reunido en Chiclayo. En este complejo proceso de revisión, los senadores de la Comisión de Agri-

cultura trabajaron de cerca con sus pares de las de Constitución, de Legislación y de Irrigación. 

Así, el 24 de octubre de 1946, Heysen presentó un proyecto de ley sustitutorio que describió como 

el fruto de un trabajo que tuvo como inspiración, «en todo momento», la democracia auténtica 

que hace leyes verdaderas: esa que va «de abajo hacia arriba».441 

El nuevo proyecto contenía treintaiséis artículos. Al igual que Saco, Heysen lo sustentó 

haciendo un recorrido histórico de la palabra «yanacona», para demostrar tanto su arraigo como 

un tipo particular de trabajo en el agro peruano, como su heterogeneidad en la costa y sierra. Entre 

cronistas y autores contemporáneos, cito los Siete ensayos, cuya lectura no era inusual entre los 

apristas: «José Carlos Mariátegui […] no ignoró el problema del yanaconaje y consideró el “en-

ganche” y el “yanaconaje”, relievando la tremenda injusticia que esté implica cuando afirmó: 

“Cultiva la tierra yanacón, pero siempre estás obligado a trabajar para mí cuando yo lo 

necesite”. José Carlos Mariátegui hace hablar aquí a los hombres de la feudalidad, que obligan al 

yanacona a prestar los servicios que necesitan por tiempo indeterminado y a solo su arbitrio feu-

dal».442 Igualmente, Heysen señaló algunos casos concretos, entre ellos Huaral, donde «el yana-

cona goza de tan pocos derechos que recientemente se ha llegado hasta el éxodo de yanaconas 

peruanos, para instalar yanaconas japoneses…».443 Este argumento de ribetes xenófobo quedaría 

recogido en el artículo 22 de la futura ley, donde se estipulaba el otorgamiento de los contratos 

preferentemente a «peruanos de nacimiento o nacionalizados que hayan formado familia en el 

Perú».444 Para Heysen, la discusión del proyecto sobre el yanaconaje llegaba en un momento cru-

cial para la historia nacional en la consecución de la justicia social, es decir, «en una etapa de 

verdad procelosa para la república, no solamente por su carácter decisivo, sino también porque 

asechan las conjuraciones de la oligarquía feudal».445 

Una cuestión previa de Fernando Tola detuvo la discusión del proyecto por diecinueve 

días. De la versión taquigráfica del debate, se desprende que una de las reservas de Tola era la 

supuesta inadecuación del proyecto de Heysen con el Código Civil y la Ley de Bienes Rústicos. 

                                                             
441 Heysen (1977: 185-189); Matos Mar (1976: 118-119). 
442 Heysen (1977: 184). La lectura de Mariátegui no era inusual entre los apristas. Sobre la interpretación del problema 
agrario de Mariátegui, vale la pena mencionar la opinión de Alfredo Saco. Fue durante su encierro en el Panóptico, en 
1936, que por primera vez leyó, «con gran interés», el capítulo de los Siete ensayos dedicado al tema. Sin embargo, 
para un ingeniero agrónomo que ponía énfasis en soluciones profesionales, la propuesta de Mariátegui resultaba exa-
gerado, pues si bien reconocía que el problema agrario se debía fundamentalmente a causas socioeconómicas, en su 
opinión era exagerado solo reducirlo a ellas. Los agrónomos tenían mucho que aportar al respecto. Además, Saco 
consideraba que el ensayo carecía de un análisis técnico serio que incluyera datos cuantitativos. Esto lo motivaría a 
escribir un trabajo que completara el de Mariátegui. Saco (1985: 130-131). 
443 Ibíd.: 185. Negritas en el texto original. 
444 Véase el artículo 22 de la Ley 10885, en ADLP-CR. 
445 Heysen (1977: 187).  



   

95 
 

Solo después de que el segundo cediera a este requerimiento, haciendo ajustes a su proyecto, Tola 

retiró la cuestión previa.446 Al reiniciarse el debate el 15 de noviembre, Heysen destacó el carácter 

alturado del diálogo que sostuvo con su «distinguido amigo» Tola, que había dado como resultado 

una ley «mejorada». Por el contrario, censuró las distintas observaciones de los senadores inde-

pendientes Francisco Tamayo (Cusco), Emilio Romero (Puno) y José Antonio Encinas (Puno), 

con relación a la existencia o no del yanaconaje en la sierra, pero acogió dos enmiendas sugeridas 

por el socialista Jaime Benites (Piura) que, precisamente, pluralizaban su significado.447 Como 

fruto de las dos sesiones de coordinación que sostuvo con Tola, Heysen redujo su proyecto de 

treintaiséis a veintidós artículos.  

Si bien el proyecto final de Heysen fue aprobado en el Senado, la discusión se prolongó 

debido a la adición propuesta por el socialista Luis Enrique Galván (Ayacucho): «Todo yanacona 

que hubiera permanecido 20 años en la hacienda será considerado propietario de la parcela que 

cultivaba, previa indemnización conforme a la ley de expropiaciones». Ambos senadores argu-

mentaron que los yanaconas, después de dos décadas de arduo trabajo, habían cumplido una fun-

ción activa en la generación de nueva riqueza. En este sentido, la adición que proponían «com-

pletaba» la ley de yanaconaje aprobada, pues redimía todavía más al campesino de la servidum-

bre, al hacerlo «poseedor» o «copropietario» de la tierra.448 La propuesta encendió el debate. Al 

principio, el aprista Lino Muñoz (Arequipa), compañero de Heysen en la Comisión de Agricul-

tura, inquirió sobre los fundamentos constitucionales del artículo añadido; después, muñoz y Hey-

sen fueron más allá: propusieron considerar al yanacona no copropietario, sino «propietario», 

apelando a razones constitucionales como sociales. Como advirtieron los senadores que se opu-

sieron a la adición, esta implicaba la expropiación a largo plazo de la mayoría de los latifundios, 

lo que sería un atentado contra el derecho constitucional a la propiedad privada. En la práctica, 

sería irrealizable por la insolvencia de los yanaconas para cumplir con el pago de las tierras. Era 

evidente, también, que los propietarios expulsarían a los yanaconas próximos a cumplir veinte 

años, lo que avivaría los conflictos sociales. Era mejor continuar con la expropiación de tierras de 

beneficencias, colegios y corporaciones religiosas, y entregárselas a sus yanaconas.449 

Fue Julio de la Piedra del Castillo quien expuso su abierta oposición a la propuesta. El 

senador lambayecano estaba vinculado a la industria azucarera: junto con sus hermanos era pro-

pietario de la Negociación Agrícola Viuda de la Piedra e Hijos, cuyo principal activo era la So-

ciedad Agrícola Pomalca; y hasta su elección en 1945, había estado al frente de esta última.450 

Solo dos años antes, Heysen había establecido contactos con su familia para organizar el FDN en 

                                                             
446 Ibíd.: 189-192. 
447 Ibíd.: 192-195. 
448 Ibíd.: 196-198. 
449 Véase las intervenciones del frentista Felipe Alva y Alva (Cajamarca), del independiente Rafael Aguilar Páez 
(Cusco) y del socialista Alberto Arca Parró (Ayacucho), en Heysen (1977: 198-206). Tal vez este último, más que los 
apristas Muñoz y Heysen, trató de encontrar una solución a estas objeciones. 
450 Portocarrero Suárez (2020: 206); Tauro del Pino (2001 [1993]-XIII: 2054). 



   

96 
 

la región norte del país.451 Para De la Piedra, la adición traería más problemas que soluciones. Por 

un lado, los hacendados perderían porciones diseminadas en diferentes fundos; por el otro, los 

yanaconas serían expulsados antes de cumplir veinte años, y, si recibían la tierra, sería incapaces 

de pagar por ella. Aún más delicado era el alcance de una medida radical que atentaría contra el 

sistema que amparaba la propiedad privada, lo que en la práctica significaría echar por tierra todo 

lo avanzado al caer la ley en una transgresión constitucional: «Creo que estamos entrando en un 

terreno muy peligroso. Estamos muy lejos de ser la Asamblea de Robespierre. El Senado, el Con-

greso del Perú, debe proceder con criterio más ponderado. Vamos a crear una serie de dificultades 

a los propios yanaconas», señaló De la Piedra.452  

Las palabras del senador lambayecano impactaron en Galván, pues si bien este último 

indicó la necesidad de imponerse sobre los intereses de los más fuertes (los hacendados), para así 

alcanzar una etapa de justicia social, ofreció posponer su propuesta de adición. Galván señaló que 

una propuesta como la suya generaría resistencias en cualquier lugar —«Por eso en Méjico, por 

ejemplo, han tenido que ir a un movimiento revolucionario, operado el año 17, tratándose de este 

problema del reparto de tierras, frente a la realidad que la conquista española nos ha traído a 

América»—. Sin embargo, retiró su oferta cuando Heysen la censuró acremente. Este último ase-

guró que él y Lino Muñoz mantendrían su propia versión del artículo adicional, porque «esta es 

una cuestión que no puede ni debe merecer una defensa ocasional acorde a los vaivenes de la 

política o defenderse y retirarse a voluntad».453 La réplica de Julio de la Piedra fue tajante: 
 
Una adición, una reforma de esta naturaleza, en la que está de por medio el valor de la propiedad, 
en un país organizado dentro de un régimen capitalista es bárbaramente peligroso. El Legislador 
debe ser sereno. No encuentro explicable esa emulación dentro del terreno político, sea por parte 
del Partido Aprista o del Partido Socialista, porque resulta que vamos a caer, con adiciones a la 
ley del yanaconaje, en las mismas consecuencias destructivas de emulación entre apristas y socia-
listas, que vimos cuando se inició esta legislatura, en cada uno se esforzaba por dar leyes a cual 
más avanzadas, y que, a pesar de su espíritu doctrinario y seguramente sincero, resultaron, en su 
mayoría, puramente demagógicas, y que llegaron a causar efectos sumamente desastrosos, como 
aquella Ley de «La Victoria», iniciada por un Representante [sic] socialista y pulida y reformada 
después y que trajo trastornos que todos sabemos que llegaron hasta el extremo de tener que para-
lizarse pequeños negocios, que no tenían reservas suficientes para poder dar cumplimiento a las 
disposiciones de esa ley.454 
 

Más adelante, De la Piedra insistió en los argumentos que ya había presentado y aseguró que el 

artículo en discusión no traería la paz social en el campo que aseguraba Heysen, sino todo lo 

contrario. Solicitó que la ley volviera a la Comisión de Irrigación y a la de Legislación para su 

estudio sereno, tal como ya se había hecho antes. Al parecer, fueron estos últimos argumentos los 

                                                             
451 Mujica y Mujica (2015: 358). 
452 En Heysen (1977: 207). 
453 Ibíd.: 207-208. 
454 Ibíd.: 209. De la Piedra se estaría refiriendo a la Ley 10300, que estableció los días 15 y 16 de agosto de 1945 no 
laborables, «por el advenimiento de la Paz Mundial, y concediendo por el mismo motivo una bonificación de un sueldo 
a los empleados y quince días de jornal a los obreros», beneficios que debían ser cancelados en un plazo de treinta días, 
bajo amenaza de multa a los empleadores que se negaran. La ley resultaba onerosa a diferencia de la 2841, que solo 
declaró dos días feriados por la victoria aliada de 1918. Ambas leyes en ADLP-CR. 



   

97 
 

que motivaron que, finalmente, los apristas Heysen y Muñoz retiraran su versión del artículo adi-

cional que habían elevado a la Mesa del Senado.455 

El texto senatorial sobre el yanaconaje fue aprobado por la Cámara de Diputados sin in-

sistir en el proyecto que había aprobado un año antes. La Comisión de Agricultura presidida por 

Saco así lo recomendó, para evitar que la ley quedara sin efecto por un tecnicismo no resuelto, 

«de lo contrario, yanaconas, partidarios, colonos y otros pequeños agricultores de similar condi-

ción, se quedarían sin la protección que buscaba por el PAP».456 En un escenario tenso, el Ejecu-

tivo promulgó La Ley del Yanacona o Ley 10885 el 15 de marzo de 1947. Solo cuatro días antes, 

el ministro de Gobierno y Policía, el general Manuel Odría, había informado al Consejo de Mi-

nistros sobre la solicitud de garantías del senador Julio de la Piedra, pues «le habían avisado que 

iban a quemar su hacienda».457 A pesar de sus concesiones a la clase propietaria, la nueva ley fue 

el primer instrumento normativo en establecer límites a las obligaciones que recaían sobre los 

yanaconas y en otorgar al Estado un importante rol regulador a través de la Inspección General 

del Yanaconaje y Campesinado, una nueva dependencia del Ministerio de Justicia y Trabajo que 

supervisaría las relaciones contractuales.458 Además, su último artículo (de carácter transitorio) 

suspendía «los juicios de desahucio y avisos de despedida» entablados a partir del 1 enero de 

1946.459 Por estas razones, aun cuando fue tildada por sus detractores de izquierda como «la ley 

de los hacendados», generó intranquilidad en estos últimos y alarma en el Ejecutivo. 

Por último, la Ley del Yanacona tuvo efectos paradójicos, pues fue utilizada por los ha-

cendados para expulsar, con apoyo policial, a los arrendatarios cuyos contratos no se ajustaban a 

sus artículos. Tales abusos estimularon la sindicalización, sobre todo bajo las banderas del APRA, 

en aquellos yanaconas que, hasta entonces, eran renuentes a la «política», tal como recordaría el 

yanacón algodonero de Chancay Erasmo Muñoz.460 Políticamente, la ley habría extendido la in-

fluencia de los apristas en el movimiento campesino costeño al fortalecer la posición de los sin-

dicatos que estaban bajo su control frente a otras organizaciones rivales.461 No es casual que los 

apristas impulsaran la futura Federación Campesina del Perú, la cual nació el 14 de abril de 1947, 

es decir, un mes después de la promulgación de la Ley del Yanacona. Precisamente, la Federación 

convocaría a una gran asamblea pública para que se derogue el decreto supremo del 22 junio que, 

                                                             
455 En Heysen (1977: 209, 210-211). 
456 Saco (1985: 288). 
457 Gobierno de Bustamante, t. 4, sesión del 11 de marzo de 1947, f. 91, en ACM-UNMSM. 
458 La Ley 10885 estableció que los yanaconas podían entregar hasta el 20 % de su producción al hacendado y pagar 
del saldo hasta el 12 % por habilitación. Pero, según su artículo 10, cuando el contrato era bajo la modalidad de «com-
pañía», las utilidades se dividían en partes iguales. Según Matos Mar, era una concesión que atenuaba los efectos de la 
ley, lo que originó que, en Chancay, los contratos por compañía se multiplicaran antes de la vigencia de la ley (1976: 
125-126). 
459 Ley 10885, en ADLP-CR.  
460 El Sindicato Unido de Obreros y Yanaconas de Ocucaje, controlado por los apristas, fue reconocido por el Ministerio 
de Trabajo en 1946, gracias a la mediación de los diputados apristas Luis Solís Rosas y Fernando León de Vivero, no 
así el ya existente Sindicato Agrario de Yanaconas de Ocucaje. Pareja (1980: 129). 
461 Matos Mar y Carbajal (1974: 118). 



   

98 
 

en su artículo 9, suspendía los efectos de la ley.462 La norma sería fruto de la presión de los ha-

cendados y de un Ejecutivo conservador y autoritario. La Ley del Yanacona politizó y polarizó 

todavía más el campo, alentado las huelgas y la toma de tierras, sin que llegara a convertirse en 

un efectivo instrumento legal contra los abusos de los hacendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
462 Véase «Pedirán los campesinos se derogue la reglamentación de la Ley 10885», en Heysen (1977: 216). 



   

99 
 

Capítulo 3 

La defensa de la revolución aprista «desde abajo» 

 

Al inscribirse, los militantes apristas debían indicar a qué brigada querían integrares, pues era una 

obligación pertenecer a un equipo especializado de trabajo de los comités barriales, los centros de 

estudio y/o de trabajo. Estaban organizadas funcionalmente: cultura, defensa, disciplina, econo-

mía, propaganda, prensa, servicio social, etc., pero no se trató de una estructura rígida, pues no 

fue excepcional la colaboración de otras brigadas para cumplir una tarea determinada. A través 

de las brigadas, las bases apristas se integraban, desde su cotidianidad, a los lineamientos nacio-

nales del PAP. Esta estructura de comités organizados en brigadas logró mantenerse durante los 

años de persecución, extendiéndose y fortaleciéndose considerablemente cuando el PAP recuperó 

su legalidad entre 1945 y 1948. Sin embargo, la lucha de los apristas continuó en este trienio. Los 

y las militantes de todas las edades fueron convocados por la dirección de su partido a defender 

la revolución aprista de los ataques de la «reacción». En este capítulo se verá cómo se libró esta 

batalla en tres escenarios: en el campo de la agitación y la propaganda en la esfera pública, en las 

aulas escolares y universitarias y en difícil escenario de la crisis de las subsistencias.  

 

3.1 Conquistando la calle: agitación y propaganda en los espacios públicos 

En 1935, Alfredo Saco Miró Quesada y Haya tuvieron una discusión epistolar sobre la mejor 

estrategia que permitieras a los apristas soportar la represión. Para Saco, a cargo de la Secretaría 

Nacional de Organización, «la organización política del Partido, por su índole sólo puede ser 

organismo de resistencia en las etapas de ilegalidad con el fin de mantener el contacto entre afi-

liados, realizar labor estimulante de propaganda, efectuar las recaudaciones, etc., pero que la única 

forma efectiva de encaminar a la masa a la acción combativa y beligerante era a través de los 

gremios de trabajadores, tanto manuales como intelectuales». Haya, por el contrario, consideraba 

que había «una actitud de política ofensiva que corresponde a las masas políticamente organiza-

das», una que se basaba en un rol activo. Así: «No se trata simplemente de resistencia sino de la 

“conquista de la calle”. Esta se logra mediante la propaganda mural, los rumores, las silbatinas, 

acciones “por sorpresa”, etc.» Saco replicó: esto era imposible «cuando a los gritos se responde 

con balas». Era preciso empujar a los apristas «adonde están las armas», ir de la agitación al 

combate; a la vez que, por medio de los sindicatos, se quebraba «el equilibrio económico y finan-

ciero del país» con «una poderosa huelga». Haya zanjó la discusión estableciendo una diferencia 

de fondo: «La de la calle no es la conquista del poder. La calle se puede conquistar sin balas, la 

conquista del poder sí necesita balas»: y para respaldar su argumento, citó un libro sobre la con-

quista callejera nazi en base de «talento, audacia, táctica y organización». 463  

                                                             
463 Saco (1985: 90-92). Cursivas y negritas en el texto original. 



   

100 
 

Era claro que Haya otorgaba a la agitación y la propaganda un rol ofensivo contra quienes 

pretendían exterminar a los apristas, y su ejecución implicaba arrojo, creatividad y especializa-

ción. El propósito no era solo demostrar a todos los enemigos que el PAP no estaba derrotado, 

sino también levantar la moral de los apristas perseguidos y encarcelados, y captar a nuevos par-

tidarios. Para ello se hizo uso de una variedad de recursos, desde la propaganda mural e impresa, 

pasando por los mítines relámpagos, hasta el estallido de bombas, la iluminación de cerros con 

fogatas o la toma de emisoras radiales para emitir proclamas. Sin comulgar con los fascistas y 

comunistas, Haya vio en ellos los mejores referentes para la conquista del espacio público. Él 

mismo había sido testigo de sus tácticas durante su exilio europeo. Así, los apristas obtuvieron 

una experiencia excepcional en materia propagandística, la cual les dio una ventaja sustancial 

cuando recuperaron su legalidad en 1945. Fue entonces que exhibieron su entrega combativa y 

capacidad organizativa. A través de la propaganda, su primer objetivo fue demostrar que no solo 

seguían siendo la principal fuerza política del país, sino que habían salido vigorizados de la per-

secución. En este sentido, el reencuentro de Haya con las masas apristas se hacía impostergable 

para tales fines, pues reavivaría el entusiasmo de las bases y sería una prueba tangible del poder 

frente a sus rivales. La hegemonía política debía verse en el espacio público.  

Para los apristas, la jornada limeña del 20 de mayo de 1945 fue una «resurrección polí-

tica». Al «mitin del reencuentro» en la plaza San Martín le antecedió una concentración en el 

Campo de Marte que fue calculada entonces entre 300 000 y 400 000 personas, al parecer una 

cifra exagerada.464 Con anterioridad, figuras como Manuel Seoane habían dudado del éxito de esta 

última por la extensión de la explanada y la moderada asistencia al mitin de Bustamante en el 

Estadio Nacional, donde ni los independientes y partidarios de otras organizaciones, ni la convo-

catoria de La Tribuna clandestina, habían logrado llenar la cancha y las tribunas.465 Pero el retorno 

de la legalidad del PAP y el trabajo del jefe del comando de organización, Luis Felipe de las 

Casas, hicieron las cosas diferentes. Desde tempranas horas arribaron los apristas para escuchar a 

los líderes de su partido. A mediodía se inició el desfile de escolares, universitarios, obreros, 

campesinos, profesionales y comités sectorales apristas, precedidos de un bosque de banderas y 

de la Banda de Guerra del PAP. Hacia el atardecer, un segundo desfile enrumbó a la plaza San 

Martín, encabezado por los principales dirigentes llegados del exilio, quienes sostenían una gran 

bandera peruana, seguidos por disciplinadas filas de ocho de m militantes y la masa de simpati-

zantes. Deliberadamente, atravesaron la plaza de Armas y divisaron el Palacio de Gobierno que 

todavía ocupaba Manuel Prado. Años después los apristas dirían que fue una oportunidad perdida, 

pues solo faltó la orden para que lo asaltaran y se hicieran del poder.466  

                                                             
464 Según el censo de 1940, Lima metropolitana tenía 645 172 habitantes. INEI (1995: s. n.). 
465 Chanduví (1988: 324); De las Casas (1981: 118); Soto (2002-II: 444). Sin embargo, la prensa frentista afirmaría que 
asistieron 120 000 personas a pesar del «silencio» de la radio y la prensa. Bustamante Quiroz (2016: 240). 
466 Sobre la jornada del 20 de mayo de 1945, véase Cristóbal (1985: 90-91); Cossío del Pomar (1969: 186-187); Chan-
duví (1988: 325-326); De las Casas (1981: 117-122).  



   

101 
 

El momento más significativo llegó a las 8 de la noche, cuando Haya apareció en un 

balcón de la plaza San Martín, iluminado por grandes reflectores. Solo después de diez minutos 

de ovación —entre desmayos, llantos, risas, aplausos y un mar de pañuelos blancos—, inició su 

discurso. Héctor Cordero, por entonces un importante dirigente de la Juventud Aprista Peruana 

(JAP), lo recordó como «extraordinario por su lógica, por su fuerza dramática, por su sensibilidad 

poética. Hay una larga pausa. Haya empieza a hablar con una voz que parece venir del tiempo. 

Poco a poco va subiendo el tono, pero más que nada en forma coloquial, como si le hablara a uno. 

Es muchísimo más orador que Perón, quizá con Fidel se puede comparar».467 Por su parte, De las 

Casas anotó en sus memorias que Haya concluyó con una invocación a la fraternidad, para des-

pués cantar con la multitud la Marsellesa Aprista. La larga jornada había llegado a su fin: «Eran 

más de las 12 de la noche. Miles se habían mantenido en pié [sic] catorce horas consecutivas, 

desde la mañana, sin alimentos y con un entusiasmo delirante sin parangón en la historia de las 

luchas populares, no solo del Perú».468 En medio de la exaltación, dos frases de Haya fueron bien 

recibidas: «Porque en todo Gólgota genuino hubo perdón para los que no saben lo que hacen» y 

«En el Perú no se trata de quitar la riqueza al que la tiene sino de crear riqueza para el que no la 

tiene». Sin embargo, como recordaría un participe de este entusiasmo inicial, Pablo Macera, pos-

teriormente hubo agrios comentarios y desencanto, incluso entre los jóvenes apristas —y dirigen-

tes como Armando Villanueva del Campo—, al ser consideradas excesivamente concesivas con 

la derecha. No eran dirigidas al pueblo sino a los atemorizados socios del Club Nacional.469 

La maquinaria propagandística aprista, propia de un partido populista de masas, estaba 

hecha a la medida de Haya y de sus carismáticos dirigentes nacionales. De allí que la campaña de 

sus candidatos al Congreso fuera difícil, no solo por la premura del tiempo —apenas tres sema-

nas— sino también por el desempeño del candidato presidencial, el taciturno José Luis Busta-

mante y Rivero. En palabras de Fernando León de Vivero, entonces candidato aprista de la lista 

del FDN por la provincia de Ica: «Muchas veces hubo que obligarlo a hablar, porque tenía alergia 

a la multitud».470 Precisamente, León de Vivero reemplazaría a Fernando Belaunde de Terry en 

el comando de la campaña electoral frentista, por el pobre desempeño de este último. Según aquel, 

Bustamante resultó un candidato difícil, aunque no tanto por su psicología como por sus prejuicios 

de clase y a su malicia política: Bustamante evitaba ir a «las regiones importantes donde primaban 

los obreros y campesinos», por su desprecio a los humildes; e invocaba «pretextos fútiles» para 

frustrar el «amplio programa de actuaciones» de los apristas. Por ejemplo, durante un banquete 

en Huancayo, donde el aspirante frentista por Yauli, el aprista Pedro Muñiz, tuvo que improvisar 

un discurso en lugar del remiso candidato.471  

                                                             
467 En Cristóbal (1985: 90). 
468 De las Casas (1981: 122). 
469 Villanueva del Campo y Macera (2011: 180).  
470 Mujica y Mujica (2015: 365). 
471 León de Vivero (1951: 44-45).  



   

102 
 

Una vez producida la victoria del FDN, la maquinaria propagandística del PAP no se 

detuvo. Como apuntó León de Vivero en El tirano quedó atrás (1951), la dirección aprista otor-

gaba a la propaganda dos funciones que iba más allá de una meramente electoral. En primer lugar, 

hacia afuera, permitía a los partidos políticos «conservar la vinculación con el pueblo», por medio 

de la radio, mítines, periódicos, folletos, volantes, libros, seminarios y charlas. Hacia adentro, 

además, de esta «experiencia diaria con las masas», se forjaría una generación de nuevos dirigen-

tes «para ocupar los [lugares] vacíos o desplazar a los ineptos». En segundo lugar, la propaganda 

era también «critica sin piedad», porque «en política hay que golpear» a los rivales, además de 

ser un medio didáctico que traducía «el programa constructivo, sano, realista» en «slogans» y 

«obleas» que impactaban emocionalmente a las masas. Por esta razón, se debía hacer «[p]ropa-

ganda y más propaganda que eduque, fortalezca creencias, alimente convicciones, empuje a las 

definiciones heroicas»; pero si solo se la limitaba a las campañas electorales, el partido político 

ya no sería el «instrumento de militancia y captación» que tenía que ser.472 La dirección aprista 

aprovechó el marco las nuevas libertades e instituciones democráticas de la posguerra para poder 

desarrollar esta campaña permanente de proselitismo en calles y plazas, lo que dio como resultado 

a una actividad inusual después un largo periodo de restricciones políticas. 

Gracias a los recursos y la logística que le facilitaba el control de los gobiernos munici-

pales, los apristas pudieron desplegar una campaña propagandística nacional de índole social para 

la Navidad de 1945, cuando todavía había una atmósfera de optimismo en el país. En efecto, el 

futuro parecía prometedor para los peruanos, ya que, después de todo, sus ciudades no estaban 

devastadas por la guerra, como las de Europa o Asia que informaba la prensa y, sobre todo, los 

impactantes cortos noticiosos en los cines. Y si bien las primeras huelgas y la carestía ya avizo-

raban una imparable crisis económica, las cifras macroeconómicas parecían augurar un futuro 

alentador.473 Tal optimismo se reflejó en el espíritu filantrópico de algunas asociaciones que lla-

maron a la solidaridad con el drama europeo, especialmente con sus niños.474 El filoaprista Trin-

chera Aliada emplazó a sus lectores a que no se permitiera «que los niños no se mueran de frío y 

de hambre en los crueles inviernos del viejo mundo», pues las condiciones materiales favorables 

nacionales obligaba a no ser indiferentes: «Somos un pueblo feliz y estamos capacitados en gran 

parte para que de cada hogar salga, un obsequio, cualquier cosa, cualquier socorro para los que 

sufren […]; si no pudimos combatir por la libertad, por lo menos demos nuestra contribución a 

los que sufren por la sagrada causa».475 La primera en responder fue la aprista Asociación de 

Inspectores de Omnibuses de Lima, que donó los ingresos de un día de trabajo.476 

                                                             
472 Ibíd.: 610-611. 
473 En efecto, entre segundo semestre de 1945 y el primero de 1946, hubo un déficit fiscal reducido, las exportaciones 
fueron favorables y la tasa inflacionaria resultó moderada.  Véase Portocarrero Maisch (1983: 133). 
474 Salazar (2001: 125, 126). 
475 Jaime Navarra «Auxiliemos a los niños de Francia», Trinchera Aliada, Lima, 21 de julio de 1945: 2.  
476 Jaime Navarra, «Auxiliemos a los niños de Francia», Trinchera Aliada, Lima, 15 de agosto de 1945: 1. 



   

103 
 

En este clima de solidaridad se celebró la primera Navidad del Niño del Pueblo, esfuerzo 

benéfico que involucró a un sinnúmero de voluntarias apristas que, en coordinación con las juntas 

municipales transitorias, recibieron, clasificaron, envolvieron y entregaron juguetes, golosinas y 

ropa; un total de 25 000 paquetes que, según Felipe Cossío del Pomar, se quintuplicaría en los 

siguientes años.477 León de Vivero describió así la fecha: 
 
El día de Pascua, miembros del Partido, colaborando con los municipios repartían entre los niños 
juguetes, caramelos y ropas. Las plazas públicas se iluminaron, los árboles eran engalanados y se 
armaron nacimientos. Las bandas de música atronaron el espacio y los castillos de fuego encendían 
el cielo. En este marco de regocijo popular se oficializaban las “Misas de gallo”. El 25 de diciem-
bre, en la tarde, se ofrecían espectáculos gratuitos a los niños [como en el Estadio Nacional]. 
En la Navidad del Niño del Pueblo cada chiquillo poseyó un juguete. Haya de la Torre, compañeros 
y compañeras del Partido visitaban las casas de vecindad y suburbios de Lima regalando en repre-
sentación del aprismo, juguetes, dulces y bizcochos. Y, como en Lima, en las demás ciudades de 
la Patria.478 
 

Además de su proselitismo político, la celebración permitía conjurar el fantasma del «aprocomu-

nismo» con que todavía era estigmatizado el PAP, al manifestar la fe cristiana que compartía la 

mayoría de sus militantes. También subyacía un mensaje social que reivindicaba a las clases po-

pulares, como era el caso de la democratización de los espacios públicos, tal como queda patente 

en las imágenes y la voz en off del corto noticioso «La Navidad del Niño del Pueblo» de 1945, 

cuando se hace referencia a las celebraciones «en la tradicional Alameda de los Descalzos, antaño 

paseo aristocrático y virreinal; hoy, alegría y tumulto feliz de los niños del pueblo». Por otra parte, 

el corto presenta al APRA con el gestor de una gran actividad sonde se conjugó laboriosidad 

capitalista, justicia social y religiosidad popular. Así, en la Navidad del Niño de Pueblo se apreció 

la respuesta favorable «[d]el comercio y la industria del país al llamado del Partido del Pueblo, 

para que la celebración llegara hasta el niño del pueblo, el hijo de las clases populares, para que 

los humildes vivieran unas horas de felicidad en la dulce fraternidad cristiana».479 

Según Roy Soto, un «gran número de mujeres apristas» participó en la Navidad del Niño 

del Pueblo, donde «no hubo discriminaciones o propósitos subalternos de propaganda política».480 

Es indudable que la festividad estuvo particularmente asociada con las mujeres, por el rol asis-

tencialista que se les atribuía por su condición «natural» de madres. No obstante, una militante 

aprista recordaría la entrega de obsequios como un acto proselitista que realizaban las apristas: 

«Las mujeres íbamos a las haciendas a repartir juguetes, en todos los juguetes poníamos APRA, 

para que sepan que es el partido el que regala: esa era la misión de la mujer».481 Otra, una dirigente 

de una hacienda cañera, subrayaría el favorable impacto que tenían los repartos como parte de «la 

lucha por el partido» en Chimbote: «allí nos daban regalos para los pobres y para los niños y la 

                                                             
477 Cossío del Pomar (1969: 198). 
478 León de Vivero (1951: 94).  
479 Ministerio de Gobierno y Policía. Dirección de Prensa y Propaganda (1945-1946). 
480 Soto (2002-II: 506).  
481 Testimonio P/C/AC-2: V, en Vega-Centeno (1991: 177). 



   

104 
 

gente quedaba bien contenta, entusiasta por el Jefe».482 Imelda vega-Centeno ha interpretado estas 

acciones como la afirmación de una verticalidad paternalista que disminuía a los pobres a la con-

dición de «eternos niños».483 Otra lectura es que el asistencialismo femenino del PAP comenzó a 

disputar abiertamente el que practicaban los comités de damas «notables», cuya caridad no dejaba 

de reafirmar las estructuras de dominación de clase y racial, sobre todo en las provincias. 

Las apristas también organizaron otras actividades recreativas infantiles a través de los 

municipios. Se llevaron a cabo paseos de invierno y verano, en que los niños eran llevados en 

ómnibus a playas y parques, «al cuidado de compañeras ejemplares, a gozar del sol o del mar». 

El niño pobre «fue alimentado, paseado y arrastrado a bañarse en las aguas frescas y fecundas de 

la dicha y la aventura», o se «rozó con el hijo del rico», naciendo así «la hermandad de la alegría 

sin trabas y clases».484 Estas actividades habrían tenido como propósito inculcar a los menores de 

edad los valores igualitarios y democráticos apristas de solidaridad y compañerismo que destruían 

las barreras de clase y étnicas, tal como se hacía una década antes en los campamentos de la 

Federación Aprista Juvenil (FAJ).485 En términos prácticos, al abrirse estos nuevos espacios de 

socialización, se lograba, de forma menos visible, la captación de familiares y amigos indiferentes 

o renuentes al aprismo. En realidad, la táctica no era original, sino que era utilizada por todas las 

organizaciones de masas. Por ejemplo, en las Tesis sobre la estructura y organización de los 

partidos comunistas (1921), se sugería el uso de veladas, fiestas, excursiones y picnics dominica-

les, etc., organizados por los órganos juveniles y femeninos comunistas, para así lograr una cap-

tación inicial de los indiferentes, atraerlos a la vida organizada común y continuar con la incor-

poración permanente de nuevos elementos del proletariado, involucrándolos en actividad útiles 

para el partido, como era la distribución de propaganda impresa.486  

Con la recuperación de la legalidad del PAP, sus escuadras femeninas se convirtieron en 

un espectáculo común en calles y plazas. Ya en las apresuradas giras proselitistas de sus candida-

tos al Parlamento, desfilaron y entonaron canciones partidarias. En Celendín, por ejemplo, el fu-

turo diputado Julio Garrido Malaver apreció «[e]l coro de muchachas apristas [que] entonaban 

canciones populares nacidas del propio corazón del pueblo. Más de una hora duró el desfile. Hubo 

brillantes discursos, de obreros, de estudiantes, de compañeras, de dirigentes del F.D.N.».487 Igual-

mente, la comitiva del senador Luis Heysen, cuando visitó Túcume en 1947, fue precedida por 

brigadas del Comando Femenino, las cuales llevaban «una gran bandera peruana […] mientras 

que otras compañeras regaban flores, entonando cantos del Partido». Según ¡Hechos!, el «fervor 

femenino» de estas mujeres fue permanente, «habiendo tenido su portavoz oficial en la fiesta 

                                                             
482 Testimonio P/N/AC-6: T, en Vega-Centeno (1991: 503). 
483 Ibíd. 
484 León de Vivero (1951: 94, 95). 
485 Townsend (1989: 55). Sobre la juventud aprista en el trienio 1945-1948, véase la sección 3.2 de esta investigación. 
486 Internacional Comunista (1921: 12-13). 
487 «Conversando con el poeta-diputado Julio Garrido Malaver», cit. 



   

105 
 

cívica del domingo en la [compañera] Carmen Mori, quien pronunció un vibrante discurso que 

arrancó grandes aplausos». Concluidos los actos oficiales, «grupos de hombres y de mujeres» 

recorrieron las calles, «cantando músicas apristas y vivando a Haya de la Torre y al Partido del 

Pueblo».488 En estas concentraciones, el elemento masculino actuó como fuerza de control y pro-

tección a través de los integrantes del Secretariado Nacional de Disciplina (disciplinarios), iden-

tificados con brazaletes rojos, quienes se encargaron de cuidar el orden, mientras que la seguridad 

quedó en manos de los integrantes del Secretariado Nacional de Defensa (defensistas).489 

Para sus adversarios, esta participación pública de las apristas resultó chocante al no en-

cuadrarse en los márgenes del servicio asistencialista, incluso indignante cuando las participantes 

eran menores de edad. Una marcha realizada a mediados de noviembre de 1946, que partió de la 

plaza San Martín al anochecer, y que concluyó en el local aprista de Alfonso Ugarte, fue descrita 

en los siguientes términos por el antiaprista Vanguardia: 
 
Al partir de la Plaza San Martín, cargando sendas banderas, las menores marcharon tras las vete-
ranas de cien combates, capitaneadas por la señora Portal. Se inició la manifestación, al grito de 
¡El Club Nacional… al corral…! 
Pensamos que sería una lástima que el edificio que embellece uno de los más bellos cuadriláteros 
de las ciudades del mundo, fuese transformado por voluntad y designio de estos angelitos en corral, 
que salones fuesen convertidos en pradera de búfalos. 
Conforme las criaturas pasaban bajo los balcones del Club, el grito se repetía con el acento chillón 
y en falsete de las voces infantiles. ¡El Club Nacional… al corral…! 
Un espectador replicó: ¡A la cocina, Magda Portal!490  
 

En su nota informativa, Vanguardia rebajó a las jóvenes apristas a la condición de criaturas ira-

cundas pero ingenuas que, bajo el liderazgo de sus manipuladoras mentoras adultas, eran incul-

cadas en un odio irracional: «Sus bocas, de las que aun manaba leche materna, se distendían en 

la mueca siniestra del odio corrosivo. Sus gritos acompasados, repetidos, sincronizados, pronun-

ciados como bajo el conjuro de una batuta, certificaban que esos chillidos no surgían espontáneos 

del alma de estas chiquillas en flor, sino que respondían al dictado, a la regimentación y a la 

renombrada “¡disciplina… compañeritas…!”».491 La celebración de la réplica contra Magda Por-

tal, jefa del Comando Femenino del PAP, deja en claro los prejuicios de género de la época. Pero, 

a pesar de su desprecio, era evidente que los enérgicos gestos y las acompasadas consignas de las 

jóvenes apristas habían impresionado al redactor de Vanguardia. 

La participación de las mujeres apristas en la esfera pública debe entenderse en el marco 

del voto femenino, una demanda común de las organizaciones feministas y que líderes apristas 

como Magda Portal defendía con particular ardor. Para quienes consideraban la política como una 

actividad de varones adultos, la participación de niñas y adolescentes de extracción popular solo 

                                                             
488 «Con fervor indescriptible los pueblos de Lambayeque proclaman su lealtad al aprismo», cit. 
489 Sobre ambos secretariados, véase la sección 4.4 de esta investigación.  
490 «Bandada de criaturas dio un espectáculo aprista, femenino y de alta truculencia», Vanguardia, Lima, 19 de no-
viembre de 1946: 1. 
491 Ibíd. 



   

106 
 

era explicable por una «ingenuidad» propia de su género, edad y condición social. Según el ex-

presidente Bustamante, la tendencia totalitaria del aprismo se reveló con la creación «de células 

de barrio para captar a la mujer del pueblo, especialmente en la edad de la adolescencia». La 

excepcional participación de niñas y jóvenes en las manifestaciones apristas evidenció esta ins-

trumentalización de las menores de edad, pues su «impetuosidad ingenua» fue «inescrupulosa-

mente utilizada en refuerzo de la actividad de los adeptos». Para Bustamante, «esta prematura 

iniciación en la vida política» tuvo como pretexto «el derecho de sufragio femenino en las elec-

ciones municipales, reconocido por la Constitución, pero limitado por ésta únicamente a la mujer 

mayor de edad i a la madre de familia».492 En efecto, la participación femenina en las próximas 

elecciones municipales fue un incentivo para las apristas, aún más cuando ya varias integraban 

las juntas municipales transitorias como alcaldesas y concejales.493 Esta participación fue desta-

cada por Ciro Alegría como un testimonio más del proyecto reivindicativo y modernizador que 

estaba realizando los apristas desde el Parlamento, ya que diversas leyes estaba liberando a la 

mujer peruana de «feudales prejuicios» sociales.494 

Los apristas también utilizaron profusamente la oralidad como medio de agitación y pro-

pagandístico. Así, en la citada movilización del 29 de noviembre de 1945, con motivo a la apro-

bación de la Nueva Ley de Imprenta en la Cámara de Diputados, la convocatoria a los limeños a 

manifestar su respaldo y su rechazo a los «reaccionarios» en la plaza de la Inquisición, a través 

de la radio, la prensa, folletos y autos con altoparlantes. La jornada se inició a la seis de la tarde, 

con las arengas de los oradores, quienes, haciendo uso de los parlantes y micrófonos cableados 

desde los balcones del Congreso, exigían «más pañuelos blancos» y «vivas al APRA». Diversos 

carteles indicaban la procedencia de los congregados, entre ellos numerosas mujeres y niños: Ca-

llao, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Pueblo Libre, Magdalena Nueva, San Miguel; otros más, 

habían sido transportados en camiones de provincias cercanas a Lima. A las 7 y 30 de la noche 

comenzaron los discursos del universitario Enrique Debarbieri, el obrero Felipe Barrientos y los 

diputados Guillermo Luna Cartland (FDN) y Luis Alberto Sánchez (PAP). Una hora después se 

dio la orden para el inicio del desfile. Encabezado por un auto con altoparlantes que invitaba a los 

peatones a sumárseles, los apristas desfilaron formando filas de ocho, bajo el control de los dis-

ciplinarios y la vigilancia de policías equipados con bombas lacrimógenas. Al pasar por la fachada 

del Club Nacional de la calle Belén, lanzaron lemas contra el civilismo. La jornada terminó en el 

local alquilado del PAP de la calle Chota, con los discursos del senador Manuel Seoane, del dipu-

tado Fernando León de Vivero y de Haya. Numerosos curiosos observaron el desfile, pero no se 

formó ninguna contramanifestación. Solo algunos oradores espontáneos pronunciaron discursos 

contrarios a la ley en la plaza San Martín.495  

                                                             
492 Bustamante y Rivero (1949: 58).  
493 León de Vivero (1951: 93). Sobre las alcaldesas apristas, véase Bedoya (2019) y Bedoya (2020). 
494 Alegría (2004: 36). 
495 Sánchez (1981-III: 198-201); El Comercio (1998-V: 50-51). 



   

107 
 

La importancia que los apristas otorgaban a la palabra hablada se aprecia en la especial 

preparación que otorgaron a la formación de sus oradores. Como señaló Haya en una «reunión de 

autocrítica» de dirigente universitarios, el estilo del orador aprista no debía tener ni mucha ni poca 

«pimienta», lo que uno de sus oyentes, Hernando Aguirre Gamio, interpretó que debía estar 

«igualmente alejado de giros excesivamente demagógicos o de un poco atrayente sequedad». Tal 

vez por contar con esta cualidad innata, fue seleccionado como uno de los expositores de la mul-

titudinaria jornada del 20 de mayo de 1945 en el Campo de Marte. El borrador de su discurso fue 

revisado y aprobado por las «instancias pertinentes».496 Una de estas instancias fue el Secretariado 

Nacional de Propaganda del PAP, el cual revisaba, sugería y corregía los contenidos de los dis-

cursos. Así, por ejemplo, los veintiséis oradores que representaban a las unidades provinciales y 

sectorales de Lima, Callao y Balnearios —entre ellos Andrés Townsend Ezcurra, Javier Pulgar 

Vidal, Luis Felipe de las Casas y Armando Villanueva del Campo—, y que harían uso de la pa-

labra el Día del Fraternidad Aprista de 1948, recibieron la orden de acercase «a la oficina del 

secretariado, para recibir las directivas pertinentes».497 Las habituales escuelas de oratoria que 

funcionaban en los locales partidarios habrían estado bajo la dirección de los comités de Propa-

ganda. En este sentido, la oralidad iba más allá del desempeño de los líderes en los mítines.  

En efecto, la proclama de consignas fue considerada un medio efectivo para interiorizar 

ideas y generar un ambiente de excitación, una habilidad en la que se adiestraron los apristas en 

años de persecución. En 1935, por ejemplo, se ordenó a los comités sectorales que organizaran 

brigadas de propaganda oral «debidamente aleccionadas», para que llevaran la voz de orden del 

PAP a centros laborales y a otros lugares de concentración de masas.498 Eduardo Enríquez, quien 

fuera secretario nacional del Interior del PAP durante la Primavera Democrática, dejaría una apre-

ciación ácida —después de romper con su partido— de la labor de estos especialistas: 
 
En la técnica empleada por los hayistas para provocar la transferencia psíquica de la masa al jefe, 
jugaban papel importante los denominados «gargantas del partido». Individuos de buena voz, con 
ciertas dotes oratorias, aleccionadas para repetir sistemáticamente las voces de orden emanadas 
del jefe. Ubicados en puntos adecuados en mítines, asambleas, reuniones de la Célula Parlamen-
taria, del Comité Ejecutivo, etc., repetían la «verdad». Y esta «verdad» siempre tendía a encajar 
en las cabezas apristas el punto de vista del jefe, como él quería que se admitiera. En brevísimo 
tiempo alcanzaba el objetivo. ¿Quién se atrevía a opinar en contra después que cinco o más «gar-
gantas del partido», bien distribuidas y con aparente espontaneidad «coincidían» en sus opinio-
nes?499 

 
Detrás de esta caricaturización de los «garganta del partido», especie de hipnotizadores profesio-

nales que, gracias a su ubicación y repetición, alineaban la psiquis de los militantes con el pensa-

miento de Haya, subyace la técnica para conseguir el efecto psicológico deseado: la unidad de 

                                                             
496 Aguilar (1984: 265-266; 268-269). 
497 Véase el aviso de la Secretaría Nacional de Propaganda «Rol de oradores hoy a las 9 p. m.», La Tribuna, Lima, 20 
de febrero de 1948: 3. 
498 Saco (1985: 99). 
499 Enríquez (1951: 114). 



   

108 
 

pensamiento al interior del partido, evitándose, así, el fraccionamiento. Ya sea en los mítines o 

asambleas, o en las reuniones del CEN o de la CPA, las «gargantas del partido» eran esenciales 

para este propósito de unidad ideológica que se valía también del factor emocional. 

 Las brigadas apristas de propaganda mural tenían como fin transcribir la voz de orden 

prácticamente sobre cualquier superficie visible. En las ciudades, tal como se había hecho durante 

la clandestinidad, las inscripciones y su cuidado quedaron bajo la responsabilidad de los comités 

sectorales, una tarea que debió ampliarse a las zonas rurales a medida que la red vial conectaba a 

más distritos, pueblos y caseríos a nivel nacional.500 En este sentido, las inscripciones en cerros, 

muros, pistas y veredas, al proclamar una determinada filiación política, eran una forma de apro-

piación simbólica de poblaciones y territorios, lo que también implicaba la protección de las ins-

cripciones propias y, por supuesto, la destrucción de las rivales. Así, en la ciudad de Huanta, 

Carlos Miranda estuvo a punto de recibir «la golpiza del siglo», cuando trazaba propaganda mural 

durante las elecciones parlamentarias complementarias de 1946, si no fuera porque un grupo de 

mujeres apristas abofeteó e hizo huir a sus atacantes.501 Un año después, varios militantes apristas 

intentaron destruir la hoz y el martillo que los comunistas huantinos habían dibujado en un cerro 

cercano. La enorme inscripción, visible desde la ciudad, fue protegida por los «campesinos ca-

maradas» de las comunidades aledañas.502 

 El trazado anónimo de injuriosas contra el rival fue otra manifestación de la lucha política 

en la vía pública. En febrero de 1947, un grupo de apristas iqueños fueron sospechosos de haberlas 

trazado contra los principales dirigentes locales de la UR.503 Al ser interrogado en la subprefec-

tura, el empleado Manuel Santa Chiri, secretario de Propaganda del Comité Departamental del 

Partido del Pueblo, aceptó que, bajo su mando, se habían trazado lemas en la noche del 27, pero 

que estos se ajustaban a las normativas de su partido, que prohibían y castigaban las inscripciones 

obscenas. Por el contrario, se habían trazado lemas «educativos» como «Apra, Dios, Patria i 

Aprismo», «Viva la Democracia», «Viva la Libertad», «Viva la Fraternidad Aprista», «Viva León 

de Vivero», «Viajero Ica Aprista te saluda», «Apra es Democracia i Justicia» o «Víctor Raúl Haya 

de la Torre Unificador de América».504 El abogado Ricardo López, «como persona civilizada, 

como aprista y como ciudadano», confirmó esta versión y añadió que los lemas trazados «eran 

una demostración de cultura de respeto a la propiedad i al ornato público».505 Además de aclamar 

al Partido, a Haya y al principal dirigente iqueño, el diputado Fernando León de Vivero, estas 

                                                             
500 Sólo entre 1935 y 1940 se construyeron 5215 kilómetros de carreteras, la mayoría en los departamentos surandinos 
Véase Guerra (1994-VIII: 571-576). 
501 García-Bryce (2018: 186); Alejandro Carrillo fue electo diputado por Huanta en las elecciones complementarias de 
1946. JNE (2015-I: 119). 
502 Heilman (2012: 94, 110). 
503 Sobre el enfrentamiento del PAP con la UR en Ica, véase la sección 3.2 de esta investigación. 
504 Manifestación de Manuel Santa Chiri, subprefectura de Ica, ¿4 de febrero de 1947?, «Caso Incendio Casa Picasso», 
f. 6, en CMAO-PUCP. 
505 Manifestación de Manuel López Regante, subprefectura de Ica, 4 de febrero de 1947, «Caso Incendio Casa Picasso», 
f. 8-8r, en CMAO-PUCP. 



   

109 
 

inscripciones tenían el propósito de comunicar a viajeros y transeúntes, de forma breve y contun-

dente, los ideales nacionalistas, democráticos y religiosos que los apristas decían creer, practicar 

y defender. Al ser proclamados como propios, implícitamente no solo se los negaban a sus rivales 

de la izquierda y la derecha, sino que declaraban su posición entre ambos extremos. 

Otro de los interrogados, el comerciante Óscar Valverde, un veterano aprista de 64 años, 

precisó que las inscripciones se habían hecho con «la aprobación del Comando Departamental 

del Partido», lo que significa que se ajustaban estrictamente a la línea política de la dirección 

central del PAP. Valverde sostuvo que no pertenecía al Secretariado de Propaganda iqueño, sin 

embargo, había trazado «lemas decentes», pues «todo militante del Partido del Pueblo es un pro-

pagandista idóneo de las virtudes, las ventajas i del patriotismo de mi partido».506 Por su parte, el 

secretario departamental del PAP y alcalde de Ica, José Oliva Razzeto, destacó la disciplina par-

tidaria: los militantes y dirigentes obedecían estrictamente las normas que prohibían el insulto 

procaz y la calumnia. Así, la decencia y disciplina, manifiestas en la propaganda mural, eran otras 

líneas que separaban a los apristas de sus enemigos.507 Al parecer, el prefecto Guillermo Sánchez 

compartía estas consideraciones sobre la urbanidad de las inscripciones apristas. En su informe al 

director de Gobierno, mencionó la sorpresa de la ciudadanía iqueña ante las inscripciones insul-

tantes contra del PAP, de las que se sospechaba que habían sido hechas por los urristas. Según 

Sánchez, la indignación que provocó en los apristas fue compartida por «toda gente [de] bien que 

no entiende esta clase de campaña y que conoce la propaganda mural que hacen los apristas, 

reducida siempre a vivas a sus líderes o a favor de determinada campaña, ejemplo las próximas 

Elecciones Municipales. Esto lo sabe todo Ica».508  

A medida que la polarización política crecía en 1947, las inscripciones se multiplicaron. 

Para el Ejecutivo, era una situación alarmante, no por razones de ornato sino por el encrespa-

miento que provocaban. Desde Lima, el ministro de Gobierno y Policía, el general Manuel Odría, 

dio instrucciones a las autoridades para que prohibieran las inscripciones políticas y los volantes 

anónimos,509 mientras que su despacho preparaba un decreto supremo que prohibía la propaganda 

mural. En setiembre, Bustamante y el resto del gabinete aprobaron la norma.510 Esta medida re-

sultaría inútil. En efecto, a inicios de 1948, del mismo modo que su colega Carleton Beals una 

década antes,511 el periodista Christopher Isherwood quedó sorprendido por las inscripciones 

                                                             
506 Manifestación de Óscar Valverde, subprefectura de Ica, 4 de febrero de 1947, «Caso Incendio Casa Picasso», f. 5, 
en CMAO-PUCP. 
507 Manifestación de José Oliva Razzeto, subprefectura de Ica, 4 de febrero de 1947, «Caso Incendio Casa Picasso», f. 
4, en CMAO-PUCP. 
508 Oficio nro. 133 del prefecto de Ica, Guillermo Sánchez, al director general de Gobierno, 25 de febrero de 1947, 
«Caso Incendio Casa Picasso», f. 2, en CMAO-PUCP. 
509 Heilman (2012: 117). 
510 Gobierno de Bustamante, t. 6, sesiones del 22 y 29 de setiembre, ff. 26-27, 37, en ACM-UNMSM. 
511 En efecto, el estadounidense Beals ya había quedado sorprendido por las numerosas inscripciones políticas que 
observó al visitar el Perú a inicios de la década de 1930: «En todas partes las casas están pintadas con inscripciones 
[del PAP]; incluso los altos precipicios andinos han sido tallados con letras gigantes: APRA. Las plantas del desierto, 
dispuestas en altos arenales áridos, deletrean APRA. En la playa Argentina vi un perro delgado marcado en el costado: 
APRA. El entusiasmo por la propaganda no puede ir más allá». En Weaver (2009: 116). La traducción es mía.  



   

110 
 

apristas y comunistas que observó cuando visitó el Perú, tantas que las consideró ofensivas para 

el paisaje natural. Durante su fugaz viaje a un pueblo cercano a La Oroya, observó:  
 
En el acantilado de arriba está incrustado un enorme fragmento amenazante de roca; si este se 
desprende por un terremoto, seguramente destruirá la estación de ferrocarril. En la roca, el Apra 
ha pintado su nombre en negritas con letras rojas. El Partido, hábilmente ayudado por los comu-
nistas, ha hecho todo lo posible para desfigurar al Perú de esta manera, aunque sus esfuerzos pa-
recen insignificantes en comparación con los de las grandes empresas de publicidad en los Estados 
Unidos.512  
 

Para Isherwood, familiarizado con los medios de difusión del capitalismo publicitario de su país 

y Europa, la propaganda mural resultaba por lo menos ordinaria: además de ser visualmente des-

agradable, su alcance era inferior a la radio y la gran prensa escrita. Sin embargo, las inscripciones 

murales tenían todavía un lugar importante en la cultura política peruana de la segunda posguerra, 

debido a su poderoso impacto visual en un medio social en que la imagen impresa todavía no era 

dominante, especialmente en las zonas rurales.  

Entre 1945 y 1946, los apristas marcharon, lanzaron consignas y enfrentaron violenta-

mente a sus adversarios en las calles, sin que sufrieran mayor hostigamiento policial (o incluso 

ninguna). No obstante, esta situación cambió al finalizar la participación del PAP en el gabinete 

a inicios de 1947. Desde entonces, los apristas tuvieron que enfrentar también a la policía. En 

Lima, un escenario habitual de estos desencuentros fue la plaza de la Inquisición, adyacente al 

Congreso, lugar de una intensa actividad proselitista aprista, con sus parlantes que emitían las 

intervenciones de los integrantes de la CPA y donde se daban encuentro sus seguidores para ce-

lebrar bulliciosamente sus iniciativas. Lo sucedido el 28 de julio de 1947, al finalizar la instalación 

de la nueva legislatura, grafica el nuevo escenario de confrontación callejera, así como el propó-

sito del ministro Odría de reprimir a los apristas. Al abandonar el Congreso, el presidente Busta-

mante fue recibido por una silbatina de más de quinientos «búfalos». Poco después, estos mismos 

despidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Fernando León de Vivero, con pañuelos 

blancos, vivas al APRA y la entonación de la Marsellesa Aprista. Luego, los apristas organizaron 

una manifestación que fue disuelta en dos oportunidades por la policía, con varas y sables, cuando 

intentaron llegar a Palacio de Gobierno. Dispersos, se dirigieron al local de La Tribuna.513  

El 1 de agosto el choque fue mayor. Más de mil apristas recibieron con aplauso y pañuelos 

blancos al senador Manuel Seoane, cuando se retiraba del Congreso a la seis de la tarde. Luego, 

se dirigieron a la Plaza de Armas, siendo disueltos enérgicamente por policías a caballo y a pie, 

quienes hicieron uso de sables y bombas lacrimógenas. Según el reporte policial, solo hubo un 

herido (con un arma blanca), quien fue rescatado por la policía.514 Se trataba del «camarada» 

                                                             
512 Isherwood (1949: 117). 
513 Comunicaciones del jefe general del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, Enrique Arangüena, al ministro de Go-
bierno y Policía, Lima, 29 de julio de 1947, «Insurrección aprista», ff. 40 y 41-42, en CMAO-PUCP. 
514 Comunicación del jefe general del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, Enrique Arangüena, al ministro de Go-
bierno y Policía del parte nro. 97, Lima, 2 de agosto de 1947, «Insurrección aprista», f. 46, en CMAO-PUCP. 



   

111 
 

Pedro Magán, militante del Partido Radical, según informó Antonio Andía al jefe de esta organi-

zación, Óscar Medelius. Este último había enviado a un grupo de sus partidarios a la plaza de la 

Inquisición, cuando se discutía la instalación del Senado. En su informe, Andía precisó que los 

apristas estaban organizados en grupos de veinticinco a treintaicinco hombres, dirigidos por un 

jefe identificado con un ají en la solapa, quienes daban vivas a los parlamentarios apristas cuando 

salieron del recinto. Los radicales respondieron con imprecaciones, lo que desencadenó un «ge-

neral pugilato». Fue entonces que Magán cayó herido, siendo rescatado por la policía de los apris-

tas. Pero Andía dio cuenta de dos hechos que sugerían un entendimiento entre los apristas y ele-

mentos de la tropa policial: los «múltiples saludos» que intercambiaron y que algunas bombas 

lacrimógenas no estallaran. Haciéndose de una, los radicales comprobarías después que no había 

estallado «por la extracción de una pieza de la espoleta».515 

Al parecer, los apristas evitaron llevar la confrontación a los exteriores de la nueva Casa 

del Pueblo, ubicada en la amplia y dinámica avenida Alfonso Ugarte. Su misma arquitectura pro-

yectaría los ideales sociales y culturales del aprismo. A inicios de febrero de 1946, La Tribuna 

anunció un proyecto que consideraba acorde «a las crecientes exigencias de su actividad y del 

número de sus afiliados»: «El Aprismo tiene en sus asambleas frecuentes un método de cultura 

cívica que exige salones para sus asambleas y concentraciones de masas. Ninguno de los locales 

en la actualidad puede satisfacer, siquiera parcialmente, las exigencias de un gran mitin. La nueva 

Casa del Pueblo ha de tener, como uno de los aspectos sobresalientes de su arquitectura, el gran 

anfiteatro que sirva para acoger a multitudes del Partido».516 Gracias a las donaciones de los mi-

litantes y simpatizantes de ocupación y condición social diversas, se reunieron S/700 000 en seis 

meses, lo que permitió adquirir un predio en la moderna avenida Alfonso Ugarte.517 El arquitecto 

Carlos Odiaga —quien había sido separado indefinidamente del PAP por su defensa del Frente 

Popular durante su exilio en México—518 dirigió la remodelación del recinto, dándole un carácter 

mixto de centro artístico-cultural y asistencialista. Se instalaron oficinas, aulas de clases, salas de 

conferencia, un pequeño teatro con piano, librerías, jardines con esculturas de estilo indigenista 

(donadas por estudiantes de la Escuela de Bella Artes), peluquería, duchas y comedores populares 

donde se servirían más de 2000 comidas diarias por 25 centavos. Sin exigir pago alguno, Odiaga 

entregó la obra el primer semestre de 1948.519 

Cuando la visitó a inicios de año, Isherwood la describió como «un edificio grande y 

alegre, decorado con posters y cuadros que ilustran problemas sociales. Hay un restaurante para 

                                                             
515 Informe de Antonio Andía al jefe del Partido Radical, Óscar Medelius, Lima, 2 de agosto de 1947, «Insurrecciones 
apristas», f. 47, en CMAO-PUCP. No se encontró información sobre el Partido radical, pero es posible que su jefe fuera 
Óscar Medelius Ferrer, constituyente urrista en 1931 y diputado pradista en 1939. JNE (2015-II: 42-68).  
516 En Rojas (2016: 143). Se han eliminado las cursivas del autor. 
517 La adquisición, ofrecida a Haya a un precio preferencial de S/200 000, se logró por el descuento de un pagaré en un 
banco limeño, operación que realizó Fernando León de Vivero en 1947. Sobre estos detalles, véase Cossío del Pomar 
(1969: 198); Villanueva Díaz (1985-II: 764). 
518 Melgar (2003: 47-48). 
519 Cossío del Pomar (1969: 198); Soto (2002-II: 462). 



   

112 
 

trabajadores a precio de costo y un auditorio al aire libre». Fue bien recibido por los apristas —

acaso, pensó, por creerse que era un periodista del Time— cuando asistió a las celebraciones por 

el natalicio de Manuel Gonzáles Prada. Apuntó que el evento fue planeado para contrarrestar las 

actividades de conmemoración del asesinato de Francisco Graña Garland, sucedido un año antes 

y atribuido a los apristas.520 Aunque no asistió Haya, Isherwood quedó impresionado por el parti-

cular encuentro donde los barristas hicieron gala de sus dotes para cautivar a la audiencia: 

 
La reunión transcurrió sin interrupción. Si algunos intrusos intentaron asistir, debieron haber sido 
detenidos en las puertas. La audiencia fue muy disciplinada, aplaudiendo cada eslogan del Partido 
con aplausos organizados y rítmicos: uno-dos-tres, uno-dos-tres. No se espera que los oradores en 
tales ocasiones digan nada sorprendente o novedoso; su función es algo similar a la de los direc-
tores de orquesta, y su éxito o fracaso depende de su habilidad para crear pausas dramáticas, excitar 
crescendos y clímax brillantes de aplausos. Además, el elemento de contacto físico es muy impor-
tante. Había un joven fornido que comenzó quitándose el abrigo y arremangándose las mangas de 
la camisa. Cuando terminó, estábamos todos estimulados y gratamente exhaustos, como si hubié-
ramos participado en un amistoso combate de lucha en masa.521 
 

Además de centro medular de decisiones políticas y administrativas, en cuyas oficinas Haya y los 

secretarios nacionales recibían numerosas comisiones y despachaban órdenes a los comités del 

interior, la flamante sede central del PAP fue diseñada para ser el lugar por excelencia de la con-

fraternidad aprista. En efecto, a través de eventos como los que presenció Isherwood, se incenti-

vaban la sociabilidad entre los militantes apristas. Además, al realizarse al aire libre, su impacto 

emocional debió proyectarse en los transeúntes no apristas.  

La Casa del Pueblo fue concebida como centro de irradiación cultural, especialmente para 

la juventud. Su cercanía a los colegios Guadalupe y Rosa de Santa María y al Museo Nacional de 

la Cultura debió contribuir con este propósito. Así, en febrero de 1948, La Tribuna anunció la 

inauguración de un servicio novedoso: el Cine Educativo del Partido del Pueblo, «un nuevo ins-

trumento de culturización» para sus militantes: «A partir de la fecha, se exhibirían en el ya clásico 

Coliseo de Alfonso Ugarte, películas destinadas a la educación cívico-cultural de los afiliados al 

Partido. Se proyectarán cintas sobre cuestiones de higiene social y personal; industria y técnica; 

geográficas; biográficas; políticas deportivas, etc. etc.». Entre las cintas estaba la del mitin de 

Haya en Acho del 12 de noviembre de 1933, secuestrada por el entonces ministro de Gobierno, 

José de la Riva-Agüero, y devuelta por el premier Rafael Belaunde: «Será la evocación visual del 

año de los jalones históricos de la vida del aprismo. La oceánica multitud, los desfiles de la ju-

ventud y el discurso del Jefe del partido, serán proyectados entre otros detalles del aconteci-

miento».522 La JAP, a través de su Departamento de Arte y Conferencias, brindaría talleres, char-

las, cursos y proyecciones de cine a sus integrantes, siguiendo así los lineamientos de Haya «de 

educar a la JUVENTUD, para forjar un Nuevo Perú».523 

                                                             
520 Isherwood (1949: 119). La traducción es mía. 
521 Ibíd.: 120. La traducción es mía. 
522 «Inaugurase en el Auditórium de Alfonso Ugarte el Cine del Pueblo», La Tribuna, Lima, 26 de febrero de 1948: 9. 
523 Véase La Tribuna, Lima, 23 de febrero de 1948: 7; y 24 de febrero de 1948: 10. Mayúsculas en el texto original. 



   

113 
 

Al igual que otros líderes populistas de la región, Haya tenía un gusto especial por las 

concentraciones de masas. Para Luis Alberto Sánchez, este «sentido de la grandiosidad especta-

cular en las demostraciones políticas» lo adquirió en Alemania en los años veinte. Influyó en él 

tanto la estética wagneriana y la filosofía nietzscheana del superhombre como el culto al Estado, 

la política, la violencia y la disciplina de los nazis, todo lo cual moldeó «sin duda la idea de Haya 

sobre el comportamiento externo del Partido Aprista». Entre otras cosas, este se manifestó en 

eventos masivos que, al ser desconocidos en el Perú, resultaron atemorizantes para los adversarios 

del aprismo.524 Precisamente, con la recuperación de su legalidad, el PAP comenzó a organizar 

demostraciones multitudinarias caracterizadas por el despliegue de símbolos y coreografías que, 

resultaban similares a las ceremonias fascistas. Con sus cuatro carriles y tres bermas de césped, 

los 1700 metros de la avenida Alfonso Ugarte, ubicada entre las plazas Bolognesi y Dos de Mayo, 

daban indudables ventajas espaciales para tales eventos. A ello se sumada ser parte de la ruta de 

diferentes líneas de microbuses y tranvías, lo que permitía el traslado relativamente rápido de 

militantes y simpatizantes procedentes de los balnearios del sur y el Callao, así como de la nueva 

zona industrial y de las áreas rurales ubicadas al norte de la ciudad.525 

Cuando las autoridades denegaron el uso del Estadio Nacional, la celebración de la «No-

che Buena Aprista» de 1948 brindó la oportunidad de usar la nueva Casa del Pueblo.526 En efecto, 

el 21 de febrero, en la víspera al Día de la Fraternidad, la JAP organizó un desfile nocturno en la 

avenida Alfonso Ugarte. Vistiendo pantalones y faldas azules, y camisas y blusas blancas con 

estrellas rojas cosidas a la altura del pecho, miles de japistas desfilaron portando antorchas. Ante 

el estrado, saludaron con el brazo izquierdo en alto a Haya y a sus invitados, entre ellos los «leales 

amigos» del FDN (es decir, los parlamentarios frentistas aliados de la CPA). El desfile se inició 

en la plaza Dos de Mayo, con un «bosque de banderas, banderines y gallardetes», seguido por las 

escuadras del Comando Nacional de la JAP, el Comité Ejecutivo Universitario, los japistas de las 

diferentes secciones académicas universitarias, la Juventud Femenina, los sectores juveniles de 

Lima y Callao y las células del Comando 23 de Mayo. A la media noche, los asistentes, entre 

ellos campesinos de Chosica y Puente Piedra, fueron testigos de las bombardas y fogatas encen-

didas «en las cumbres de San Cristóbal y del Agustino, de los cerros de Amancaes y de Vitarte», 

las cuales evocaban aquellas que se encendía en los tiempos de la clandestinidad. Haya cerró el 

evento con un discurso que exaltaba la democracia y la revolución a la vez, así como la defensa 

de la libertad y la justicia, incluso con la violencia: «antes que se implante una nueva tiranía 

correrían ríos de sangre». Como editorializó La Tribuna, el evento demostraba que el PAP seguía 

siendo el mismo «Partido invencible» que tenía a la juventud como uno de sus baluartes.527  

                                                             
524 Sánchez y Vallenas (1994: 150-151). 
525 Sobre la avenida Alfonso Ugarte, véase Córdova (2003).  
526 «La grandeza de un partido que no se compra ni se vende», La Tribuna, Lima, 23 de febrero de 1948: 4. 
527 Sobre esta «Noche Buena Aprista», véase La Tribuna, Lima, 19 de febrero de 1948: 7; y 23 de febrero de 1948: 4-
7; y «El pueblo peruano expresó el afecto a sus líderes», La Tribuna, Lima, 24 de febrero de 1948: 3. 



   

114 
 

 Como todos los años, los apristas celebraron en 1948 el Día de la Fraternidad a nivel 

nacional, con manifestaciones públicas y actuaciones a puertas cerrada en sus locales. En lugares 

como Arequipa e Ica hubo roces con las autoridades, quienes intentaron prohibirlas argumentando 

que tales homenajes a un jefe político eran una práctica totalitaria que amenazaban la paz social. 

Los apristas respondieron citando el derecho constitucional a la libertad de reunión y los home-

najes que recibían en sus países líderes democráticos como Roosevelt.528 Sin embargo, tal como 

había sucedido un año antes con el asesinato de Graña, las celebraciones se vieron enturbiadas 

por otro crimen que también fue atribuido a los apristas: el del prefecto de Pasco, Francisco Tovar 

Belmont, ocurrido el 16 de febrero, es decir, a solo una semana del onomástico de Haya. Fue en 

este clima que un nuevo gabinete integrado por militares se propuso prohibir las reuniones en los 

locales partidarios como parte de su solución al «problema político» que atravesaba el país. Pero, 

aunque el presidente Bustamante coincidió en «que mucho se avanzaría prohibiendo las manifes-

taciones callejeras», consideró inoportuno prohibir las reuniones políticas privadas, pues se aten-

taría contra el derecho constitucional de libertad de reunión.529 La respuesta debió generar desazón 

en estos militares de líneas dura que pretendían expulsar al APRA de las calles. 

 

3.2 La fe revolucionaria japista en las aulas universitarias y escolares 

El Día de la Fraternidad de 1946, celebrado en el Estadio Nacional con miles de asistentes, co-

menzó con un desfile ordenado de escuadras de los comités juveniles y adultos.530 Para la ocasión, 

sin embargo, la Juventud Aprista Peruana (JAP) preparó con anticipación un número especial: 

una coreografía gimnástica con miles de jóvenes de ambos sexos, entre obreros, campesinos, es-

tudiantes, empleadas del hogar, etc.: «La gente que participaba en el drill [sic] entrenaba desde 

las cinco de la mañana. Y eso era posible por la organización y disciplina del Partido», recordaría 

Ricardo Tello, uno de los dirigentes japistas responsables de la celebración. Fue Tello quien invitó 

al exjefe de la Vanguardia Aprista de Choque (VACH), el estudiante sanmarquino y poeta Gus-

tavo Valcárcel, para que declamara «a la lucha del pueblo, a la revolución, a que el Partido cumpla 

con su palabra, o algo por el estilo, pero no. Gustavo alaba a Haya, lo que nos fastidió bastante».531 

En efecto, Valcárcel recitó en su lugar Oración a Haya de la Torre, extenso poema que inicia así:  
 
Quiero cantarle a Víctor Raúl Haya de la Torre antes que llegue al poder o a la muerte. Y quiero 
hacerlo con voz de pólvora encendida, con gestos de intemporales manos, sin posible doblez en 
las pupilas, y completamente a solas con mi orfandad peruana. Me inicio en su forma general con 
la primera noción del ave en el espacio. Ora en la playa luminosa que limita su frente, ora en el 
horizonte que agudiza sus ojos, ora en sus ángulos andinos o en el ichu castaño que duerme en sus 
cabellos.532 
 

                                                             
528 Véase en La Tribuna «La juridicidad de los prefectos: el caso del 22 en Arequipa», 23 de febrero de 1948: 4; y 
«Subprefecto de Ica pretendió impedir el homenaje a Haya de la Torre con un mosquetón», 24 de febrero de 1948: 7.  
529 Gobierno de Bustamante, t. VII, sesión del 2 de marzo de 1948, f. 126, en ACM-UNMSM. 
530 Soto (2002-II: 493). 
531 En Cristóbal (1985: 69-70). 
532 Ibíd.: 77, nota 2. 



   

115 
 

Con su poema, Valcárcel expresó su gran admiración por el fundador del aprismo, aunque decep-

cionó a sus menores de la JAP, quienes esperaban un llamado al compromiso con la revolución 

aprista. Valcárcel, sin embargo, no se había sido un militante apático durante la pasada persecu-

ción antiaprista. Además de secretario personal de Haya, ejecutó diversas acciones violentas, 

como el atentado dinamitero que destruyó el frontis de la Faculta de Letras de San Marcos, en 

protesta por la supresión de la autonomía universitaria. Se trató de una de las varias bombas que 

fueron detonadas en la madrugada del 8 de diciembre de 1939, día de asunción de mando de 

Manuel Prado, en puntos estratégicos de la ciudad, por orden de la jefatura del PAP. Cuando 

efectuó su misión, Valcárcel estaba a pocos días de cumplir dieciocho años.533 

Según su Estatuto orgánico (1945), la JAP fue «creada» en la Primera Convención Na-

cional del PAP de 1942, «como continuación y síntesis» de otras organizaciones juveniles: el 

Sindicato Estudiantil Aprista (SEA), la Federación Aprista Juvenil (FAJ) y la Vanguardia Aprista 

Juvenil (VAJ); y «fundada en la clandestinidad» en mayo de 1944.534 La primera referencia otor-

gaba a la JAP la condición de heredera y suma de las cualidades de las organizaciones apristas 

juveniles precedentes, esto es, de su espíritu combativo frente al peligro de la disidencia y la 

divergencia doctrinal, y en la protección de los bienes materiales del partido y la integridad física 

de sus dirigentes.535 Así, un miembro de la delegación japistas que asistió a la Segunda Conven-

ción Nacional de 1944 destacó «el sacrificio y esfuerzo, la fe en el comando y la impermeabilidad 

a la traición» con que los apristas de su departamento, Piura, enfrentaban la adversidad.536 Preci-

samente fue en este último evento fue oficialmente fundada la JAP, como parte del proceso que 

aseguraría «el tránsito de una estricta y férrea organización de las “catacumbas” a la legalidad 

democrática», un tránsito que implicaba también un componente psicológico: los apristas debían 

prepararse para poner en práctica sus deberes y derechos como ciudadanos después de un estado 

de continua persecución. En términos organizativos, significaba la adopción definitiva del sistema 

funcional, lo que para la JAP representaba la estructuración de sus bases.537 En ese momento, la 

JAP era un poderos aparato clandestino de perfil paramilitar que, según Guillermo Carnero Hoke, 

contaba con 45 000 miembros solo en Lima,538 una cifra posiblemente exagerada. 

                                                             
533 Sobre la experiencia juvenil aprista de Gustavo Valcárcel, véase Aguilar (1984: 231-234) y Cristóbal (1985: 52-55). 
Cuando recordó su actuación en el Estadio Nacional, Valcárcel solo mencionó a dos oradores más: Luis Felipe de las 
Casas y el mismo Haya. No obstante, fue en esa noche que Manuel Seoane declamó su célebre discurso Recado del 
corazón del pueblo, en el que trazó a los congregados en el Estadio Nacional como la reunión de «los apristas de la 
vieja y la nueva guardia, todos en guardia contra la reacción, satisfechos y contentos de sentirnos juntos y unidos los 
cachorros y también los cachorritos, hermanos, hijos y nietos del león». Todos eran «los muchos padres, hermanos e 
hijos» y «las muchas madres, esposas e hijas» que formaban la gran «familia» del jefe aprista. Seoane (1984: 301-302). 
534 JAP (1945: 4). 
535 El SEA, la primera organización juvenil del PAP, englobó a los apristas universitarios de clase media de Trujillo, 
Lima, Arequipa y Cusco entre 1931 y 1933. Por esta razón se fundó la FAJ en 1934, para incluir a una juventud militante 
pluriclasista. Al disolverse en 1939, se formó la VAJ como una organización mucho más pequeña, pero de perfil mili-
tarizado. Al respecto, véase Murillo (1976: 320); Townsend (1989: 54); De las Casas (1981: 78). 
536 Cossío del Pomar (1969: 181, 182).  
537 Murillo (1976: 490); Soto (2002-I: 433). 
538 Cristóbal (1985: 76). 



   

116 
 

Del testimonio de algunos exintegrantes, se infiere que, desde mediados de 1944, la JAP 

comenzó a cambiar su perfil de organización paramilitar que se ejercitaba en acciones insurrec-

cionales («maniobras blancas») para derribar el gobierno de Prado. La última participación de sus 

jefes y brigadas de Lima en una revolución, sin que llegaran a actuar, habría sido la fallida insu-

rrección de la base aérea de Ancón de marzo de 1945.539 El recuerdo de Arquímedes Torres se 

enmarcaría en este proceso de cambio. Según él, fue «un organismo juvenil de masas más abierto, 

con más libertad política», en consonancia con el objetivo de «ampliar la organización partidaria 

desde el punto de vista legal». Así, Haya ordenó desaparecer la Vanguardia Aprista de Choque 

(VACH) en 1945, «por considerar que ya no era necesario una organización de tipo militar en el 

Partido, puesto que, decía Haya, había libertades. Según el líder aprista, ya no se debía pensar en 

ese tipo de tareas». Por tal razón, según Torres, «El Partido deja de tener un organismo militar o 

paramilitar y crea un organismo legal, para empujar las nuevas tareas del Partido que, desde esos 

momentos dejan de ser revolucionarios».540 Para Ricardo Tello, la «necesidad de formar la JAP» 

se dio en una coyuntura de libertades democráticas, cuando «comienza a aflojar» la «intensa tira-

nía» de Prado: fue que «hubo entonces ascenso de masas, por lo que se planteó hacer un trabajo 

en los sindicatos», para ampliar la presencia organizada aprista.541 Tanto Torres como Tello sos-

layan que la JAP ya existía desde 1942, pero el hecho que ubiquen su origen entre 1944 y 1945 

coincide lo señalado líneas arriba sobre la intensión del PAP de adaptarse a los nuevos aires de-

mocráticos y ampliar su radio de acción a través de aparatos como la JAP.  

Este propósito estaría en relación con lo dicho por Carnero Hoke sobre el trabajo de for-

mación de células de la JAP en colegios, universidades y sindicatos o con la creación de «orga-

nismos de recreación», «con el fin de que a los reticentes en política, a través de sus hijos o 

mujeres, se les animara a la acción política, se les movilizara por sus hijos a la política». En este 

sentido, a diferencia de la elitista y reducida VACH, las bases apristas tuvieron una activa parti-

cipación en el proceso de instalación y desarrollo de la JAP en la sociedad civil: «no era la diri-

gencia que nos decía «hagan esto o aquello», sino el propio pueblo aprista quien va creando sus 

propias cosas», tal como sucedió con los centros médicos que establecieron los japistas.542 Su 

Estatuto orgánico dejó por escrito esta tarea organizativa en los artículos de la sección XIII, re-

ferente a la organización urbana: por un lado, en las ciudades con población densa, la JAP se 

organizaría en centros de estudios (universidades, institutos superiores, colegios) y laborales (fá-

bricas, talleres, gremios, oficinas); por otro lado, a nivel territorial, en sectores barriales. Se era 

claro en el propósito de captación de este trabajo organizativo: «Hay que formar en las ciudades 

grandes núcleos juveniles que se conviertan en focos de irradiación organizativa, cultura, etc.». 

                                                             
539 Ibíd.: 74-76).  
540 Ibíd.: 69. 
541 En Cristóbal (1985: 48). 
542 Ibíd.: 72, 74-75. 



   

117 
 

Aunque con menos detalles, también se dispuso, al ser «el Perú un país predominantemente agra-

rio», la organización de la JAP en haciendas, fundos, comunidades, caseríos, aldeas.543 

Los japista de la generación de 1945 nacieron a mediados de los años veinte,544 lo que 

significa que los gobiernos de Benavides y Prado habían generado en ellos el rechazo a un esta-

blishment que admitía la persecución política, las extremas desigualdades sociales y la corrup-

ción. En su novela Niebla en la isla, Edmundo Bendezú expresó este sentir a través de Manolo 

Rivero y Pablo Rojas. Ambos personajes cuentan sus heridas familiares en una escena situada en 

el gobierno de Bustamante: el padre de Manolo había quedado desempleado después de ser de-

nunciado injustamente por alguien que quería su puesto; el de Pablo, por participar en una insu-

rrección en Ayacucho: «Estuvo preso en el Real Felipe. Después lo confinaron a la selva. Lo 

soltaron enfermo con paludismo. Al poco tiempo se murió».545 Pablo, recordando este encuentro, 

reflexionaría para sí acerca de lo que deberían hacer jóvenes como ellos:  
 
¿Qué otra política que la del odio virulento contra un sistema en el que no teníamos cabida ni lo 
tendríamos nunca? La solución era liquidarlo, acabar con él por cualquier medio. ¿Y qué es lo que 
vendría después, Manolo? Entonces tú lo sabías, tu padre también lo sabía como el mío segura-
mente lo había sabido, y tú eras el mensajero de Tonio, quien no sólo lo sabía sino que era el jefe 
de toda una organización que trabajaba para destruir el régimen y para traer aquello que vendría 
después. ¿Y cómo no saber lo que vendría después, cuando en los papeles que en secreto hacías 
circular entre los muchachos estaba la gran promesa en toda proclama, en toda doctrina, en toda 
noticia sensacional y en toda diatriba?».546  
 

En otras de sus novelas testimoniales, Bendezú presentó a Manolo y Pablo como dos integrantes 

de la Juventud Aprista que hacían de enlaces del partido en la clandestinidad y que, durante la 

Segunda Convención Nacional del PAP, fueron reclutados por el líder trujillano Antonio Valle 

(Tonio) para formar una célula. Solo por unos años mayor que aquellos, Tonio, fogueado, en la 

resistencia aprista en la región norte, aceptó los ajustes programáticos que se aprobaron en la 

convención como una salida realista, pero sabía bien que solo una revolución podría establecer la 

verdadera democracia que Haya prometía en estrados y escritos. Por lo pronto solo quedaba pre-

parase para el momento en que sería necesario actuar con las armas.547 

A pesar de sus recelos, la victoria del FDN entusiasmó en los japistas por la posibilidad 

de una revolución sin balas. Como uno de ellos recordaría: «Lo que yo oigo en la JAP era no 

pensar en uno mismo sino en la patria; el sacrificio que también es una enseñanza de los márti-

res».548 Las japistas, por ejemplo, esperaban el inicio de una democracia sin distinciones de gé-

nero. En su primer número, publicado emblemáticamente el 28 de julio de 1945, Acción Femenil 

se anuncia como «el vocero que aunque editado por elementos jóvenes ha de ser la pauta de una 

                                                             
543 JAP (1945: 20-22). 
544 La primera generación de apristas nació entre fines del siglo XIX e inicios del XX, como fue el caso del mismo 
Haya de la Torre. La segunda, en la década de 1910. Estos jóvenes integrarían la FAJ. Bendezú (2011: 11).  
545 Bendezú (1978: 31). 
546 Ibíd.: 32. 
547 Bendezú (2011: 91; 93-95). 
548 Testimonio P/C/AC-4: V, en Vega-Centeno (1991: 490). 



   

118 
 

nueva generación». La revista mensual de cuatro páginas, dirigida por Lucinda Chiroque, tenía el 

propósito de «culturizar a la mujer en los aspectos: social y económico, hogareño y literario», 

pero también crear conciencia sobre su deber con la sociedad: «Es pues necesario que la mujer 

deje ya de ser la muñequita soñadora y que comprenda que es ella la llamada a contribuir con su 

granito de arena, al progreso del Perú, ella puede hacerlo muy bien si se detiene a pensar en sí 

misma y en el futuro de los suyos y con poquito de esfuerzo podrá romper las cadenas que aún 

oprimen nuestros espíritus de peruanos conquistados, porque es este pensamiento, otro factor que 

inmoviliza a la peruanidad».549 A mediados de setiembre, Acción Femenil se convirtió en el ór-

gano de prensa de la JAP Femenina de Huacho, fundada una semana antes con Lilian Collantes 

como secretaria general y con Chiroque a la cabeza de la Secretaría de Cultura.550 Incluye seccio-

nes de cultura, sociales, deporte, culinaria, lo que deja en claro que las expectativas feministas de 

las japistas huachanas se articulaban con los roles tradiciones hogareños. 

Los locales de la JAP fueron espacios de estudio que llevaron a muchos jóvenes a la 

autorrealización personal a través de sus actividades, talleres y cursos. Aquí, la política y la ins-

trucción se articularon para moldear sus valores: «Recibí una formación de carácter partidario 

porque la JAP era una escuela en ese entonces, nosotros no íbamos a imponer o a acceder a puestos 

dentro del partido, buscábamos nuestra formación, allí encontré una satisfacción plena a mis as-

piraciones», recordaría uno de ellos.551 Los japistas también fueron asiduos alumnos de las clases 

nocturnas de las Universidades Populares Gonzáles Prada que funcionaban en los locales apristas. 

Allí recibieron diversas clases, desde taquigrafía y redacción, pasando por historia, sindicalismo 

y economía, hasta oratoria.552 Tampoco se descuidaron las actividades recreativas-proselitistas al 

aire libre, como excursiones,553 o bailes sociales. Por ejemplo, la JAP organizó la fiesta de Año 

Nuevo de 1946 en la ciudad de Tacna, y una de sus dirigentes, Lelia Villanueva, integró la corte 

de honor de la Reina del Trabajo durante el carnaval de ese año;554 en otro escenario socioeconó-

mico, en el distrito rural lambayecano de Jayanca, se organizó para octubre un «gran baile popu-

lar» pro fondos, amenizado por la orquesta del compañero Luciano Quispe.555 La JAP también 

tenía un programa en Radio Alegría donde, dos veces a la semana, además de trasmitir anuncios, 

canciones partidarias y discursos, se organizaron concursos de coros u oratoria, como «quien me-

jor relate cómo se realizan los campamentos dominicales de la Juventud Aprista».556 

Pero fue en los congresos nacionales y en las convenciones regionales donde se forjaron 

los lazos entre los delegados japistas, en un ambiente de camaradería, recreación, disciplina y 

                                                             
549 En Zubieta (2009: 118). 
550 Ibíd.: 117-118. 
551 Testimonio N/AC-2: P, en Vega-Centeno (1991: 151). 
552 Testimonios P/C/AC-7: V y P/C/AC-11: V, en Vega-Centeno (1991: 151).  
553 Como la excusión que visitó las recién descubiertas ruinas de Sechín en Casma. Uno de sus monolitos fue bautizado 
la Piedra del Japista, por representar a un joven con el brazo izquierdo en alto. Townsend (1989: 39). 
554 Gambeta (2005: 17, 21). 
555 «La JAP de Jayanca ofrece hoy sábado 5 un gran baile popular», Carteles, Chiclayo, 6 de octubre de 1946: 8. 
556 Bustamante Quiroz (2016: 242). 



   

119 
 

solemnidad. En ellos se tomaron decisiones y directivas, pero también se forjaron redes de soli-

daridad basadas tanto en la identidad política común, que tenía como fundamento la figura de 

Haya como líder indiscutible, como en los vínculos personales entre este y aquellos, y entre ellos 

mismos, los futuros dirigentes, un aspecto importante para garantizar la futura unidad partidaria. 

En estos eventos también se elaboraba una lectura común de la realidad nacional, a través de 

comisiones y ponencias que discutían sus problemas sociales y económicos. A inicios de 1946 se 

organizaron dos convenciones regionales en Cusco y Arequipa. Esta última, realizada en el pueblo 

de Chilina, fue descrita en términos idílicos en un documento japista: 
 
Cada mañana, apenas despuntado el día, la metálica corneta del compañero Amador Simborth —
Jefe del Campamento— llenaba los dormitorios con voces, gritos y cantos, y estremecía los montes 
con alas y cantinelas de pájaros. La misma metálica corneta continuaba sonando bajo el límpido 
azul eléctrico del cielo arequipeño. Bien para llamar a las tareas o señalar su término. Bien para 
anunciar el «Rancho» o indicar el descanso nocturno con el toque de silencio. Así, compenetrán-
dose hombre y naturaleza, tierra y espíritu, trabajaros los dirigentes apristas —varones y mujeres— 
descubriéndose con fraterna reciprocidad, estudiando con esfuerzo mancomunado los problemas 
y realidades de la Zona Meridional del país, buscando soluciones para ellos, coordinando aportes, 
esclareciendo ideas, avizorando derroteros para futuras realizaciones de ideario y de acción.557 

 

A fines de junio tuvo lugar la Convención Regional del Norte, en medio del «ambiente campe-

sino» de la comunidad de Moche. Participó un centenar de dirigentes de ambos sexos, y si bien 

«no hubo docencia educadora de la oratoria» de Haya, sí «la palabra de hondura y vuelo filosófico 

de Antenor Orrego», además del «meditado y fuerte discurso de [Hernando] Aguirre Gamio». 

Entre otras conclusiones principales, se decidió la creación de la Secretaría de Acción Comunal, 

encargada del trabajo coordinado con los municipios a través de brigadas de acción, la creación 

de un departamento especial de expertos pedagogos para el trabajo infantil y la obligación de cada 

japista de alfabetizar al menos a dos personas durante las vacaciones.558 

El Estatuto orgánico de la JAP fue elaborado en la Convención Regional del Centro, 

celebrado en octubre de 1945, y aprobado después por el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN). El 

documento definía a la JAP como la «Escuela de Preparación Integral para la vida aprista del 

militante y futuros dirigente del Partido», la «Vanguardia y reserva moral del Aprismo» que «lu-

cha por la solución de los problemas del Pueblo y de la Juventud Peruana, canalizando aspiracio-

nes e inquietudes y orientándola hacia la conquista de la Justicia Social». Los japistas debían tener 

entre 15y 21 años, aunque la edad de los varones se podía extender hasta los 25 años; y solo 

podían ingresar después «que hayan cumplido satisfactoriamente el periodo de observación». Se-

gún el Estatuto, los deberes del japista eran: «a) Actuar disciplinadamente y en concordancia con 

la línea política y moral del Comando del Partido; b) Trabajar intensamente en el organismo o 

Brigada correspondiente; c) Captar nuevos adeptos; d) Difundir la doctrina y planes del Aprismo; 

                                                             
557 JAP (1946: s. n.). 
558 Ibíd. 



   

120 
 

e) Capacitarse cultural, sindical y políticamente; y f) Enseñar». Contaba con su propio código y 

tribunales de justicia; y si bien la JAP era una organización federada, se encontraba sujeta «es-

trictamente» a las directivas del CEN, alto órgano del PAP donde tenía representación a través de 

su secretaría nacional. Estaba organizada en comandos territoriales (nacional, regional, departa-

mental, provincial, distrital), secretariados funcionales (General, Organización, Defensa, Cultura, 

Interior, Economía, Propaganda, Disciplina, Prensa y Exterior) y en una sección femenina y otra 

infantil,559 a lo que se sumaban comités en fábricas, centros educativos y áreas rurales.  

En las universidades públicas y en las escuelas e institutos superiores, el Estatuto también 

era claro sobre la organización de la JAP. Se establecía la formación de Comandos de la Juventud 

Aprista Universitaria, los cuales quedaban supeditados a la Dirección del Comando Nacional Uni-

versitario con sede en Lima. Este último contaba con nueve secretarías: General, Interior, Orga-

nización, Defensa, Propaganda, Disciplina, Cultura, Economía y Prensa. Su estructura funcional 

se replicaba en los comandos que debían establecerse en cada año de estudio y en cada facultad. 

La base de esta compleja estructura eran las células de dos a cinco integrantes. Por su amplitud, 

el Comando Nacional de la JAP se propuso «homogenizar y coordinar» su acción en las univer-

sidades, para lo cual consideró «necesario mantener constante comunicación entre los Comandos 

Universitarios de la República».560 En el movimiento universitario, los japistas tuvieron que en-

frentar a diversos rivales que se habían manifestado contra el totalitarismo y el retorno de las 

libertades democráticas durante el gobierno de Prado. Entre ellos encontraban las centroderechis-

tas Asociación Juventud Independiente, que respaldó la candidatura de Bustamante, el Frente 

Universitario de Reforma (FUR), que convocó al citado mitin de oposición a la Nueva Ley de 

Imprenta en el parque Universitario, y UNIR, integrada por estudiantes y egresados de San Mar-

cos y Católica que no se identificaban ni con Haya, Mariátegui o Prado. Hacia la izquierda, se 

encontraban los universitarios de la Federación Juvenil Comunista.561 

Por otra parte, la presencia organizada de la JAP en las universidades públicas debe en-

tenderse en el marco del Nuevo Estatuto Universitario, o Ley 10555, impulsado por el diputado 

Luis Alberto Sánchez y el ministro de Educación Luis Eduardo Valcárcel, y promulgado por el 

Ejecutivo en abril de 1946. El Estatuto promovía la renovación curricular, la contratación de nue-

vos docentes y el establecimiento de nuevas facultades, departamentos e institutos, todo lo cual 

empalmaba con un ambiente de renovación cultural más amplio.562 El aumento de rentas, terrenos 

                                                             
559 Ibíd.: 3-5, 9-11, 29-30. 
560 JAP (1945: 24-28). 
561 Véase Benavides (1969: 35-43); De Belaunde (1996: 275); Durand Flores, «Aquel 7 de diciembre», cit.: 38-39. 
Sobre este órgano juvenil comunista, véase PCP (1989: 164-165; 270). 
562 La Primavera Democrática coincidió con un cambio cultural y social en el ambiente universitario limeño. Como 
recrearía y recordaría el escritor Carlos Eduardo Zavaleta , por entonces un estudiante de origen ancashino del Colegio 
Guadalupe y después de la Universidad de San Marcos, comenzaron a circular libros de autores antes prohibidos, como 
César Vallejo y Ciro Alegría; se estrenaron obras teatrales de Sartre y Camus, y películas rusas, francesas e italianas 
«que por fin había[n] entrado al país después de la dictadura pradista», consideradas «superiores artísticamente a las 
norteamericanos», que después eran comentadas por los estudiantes. Y en las aulas sanmarquinas se escucharon con-
ferencias como las de Francisco Miró Quesada sobre el existencialismo. Zavaleta (2000: 35-37; 1998 [1974]: 116). 



   

121 
 

y plazas, así como de la oferta académica con nuevas carreras y especialidades, dio pie a una 

nueva etapa de masificación universitaria. Fue así que, en palabras de Valcárcel, San Marcos 

dejaría de ser «el reducto de grupos oligárquicos preocupados en conformar una aristocracia in-

telectual».563 En efecto, el Estatuto estimuló la diversificación social y económica de la población 

estudiantil, gracias a los servicios sociales y programas de becas que establecía, lo que, sumado a 

la participación de los alumnos en el gobierno universitario, rompió las jerarquías étnicas y so-

ciales que hasta entonces predominaban en las universidades públicas.564 El Estatuto también 

abría el conocimiento más allá de las aulas, lo que en San Marcos se plasmó a través del Instituto 

de Extensión Cultural y la trasmisión de programas vespertinos por Radio Nacional. A través de 

los parlantes instalados, según Sánchez, la población se reunía en las plazas de los pueblos para 

escuchar las charlas de Claudio Sánchez Albornoz, Alfredo Palacios, Marcel Bataillón, Frank 

Tannenbaum, Germán Arciniegas, entre otros académicos.565 

La JAP habría cumplido un papel importante en la elección de los delegados estudiantiles 

que participaron en las elecciones universitarias de mayo de 1946. En estas fueron elegidos rec-

tores tres líderes apristas: en San Marcos, el diputado Luis Alberto Sánchez; en Trujillo, el sena-

dor Antenor Orrego; y en Cusco, Antonio Yépez Miranda. Renovación comentó de la siguiente 

manera su elección: «El aprismo, sostén de este régimen, ha logrado batir a las oligarquías en 

nuestras Universidades. Hasta ayer virreynatos [sic] del espíritu, campos de acción de todos los 

despotismos, tribuna empobrecida de familias enriquecidas a espaldas del pueblo, hasta ayer así, 

hoy nuestras Universidades inician un nuevo paso, respiran aires vivificantes, entran en capacidad 

para saltar hacia la realización de las más cimeras empresas nacionales, de enriquecimiento de los 

bienes espirituales».566 La excepción fue la elección de Manuel Suárez Polar como rector de la 

Universidad San Agustín de Arequipa, uno de los pocos focos de la socialdemocracia peruana y 

de respaldo del presidente Bustamante. También en Renovación, Eduardo Jibaja celebró la elec-

ción de los nuevos rectores como un hecho que iban a tono con «una forma humana y libre de 

convivencia [que] se abre paso, horizontal y verticalmente, en las relaciones de los peruanos de 

hoy». Así, la reforma universitaria que se estaba emprendiendo gracias al APRA no era una mera 

renovación de docentes, métodos pedagógicos, implementos o instalaciones, sino de la visión de 

los estudiantes sobre el mundo. Al pertenecer a un partido que tenía a la educación como uno de 

sus fundamentos, y al ser hombres de alto espíritu, Sánchez, Orrego y Yepes, eran una garantía 

de esta «desfeudalización» mental de las aulas universitarias.567  

                                                             
563 Valcárcel (1981: 355). 
564 Véase la Ley 10555, en ADLP-CR. Como recordó Manuel Velázquez Rojas, en 1948 circulaba entre los sanmar-
quinos una anécdota: tres años antes, el profesor Horacio Urteaga solicitó a un estudiante afrodescendiente que se 
retirara del aula, pues no podía enseñar a alguien de «su raza». Velázquez también notó la diversidad de vestimenta, 
apellidos y dialectos provincianos como pruebas del proceso de democratización social que se había iniciado. Manuel 
Velázquez, «Yo me quité el dejo piurano. Tensiones y cambios sociales en San Marcos-Años 40», en AMO-UNMSM. 
565 Sánchez (1987 [1969]-III: 92-93). 
566 «Renovación universitaria», Cit., 4.  
567 Eduardo Jibaja, «Claro de luz en el aula», Renovación, nros. 25-26, Lima, mayo-junio de 1946: 7. 



   

122 
 

Por supuesto que estos cambios fueron vividos y apreciados de diferentes formas por los 

estudiantes. Para Orestes Romero Toledo, quien se incorporó oficialmente a la JAP cuando el 

PAP recuperó su legalidad, fue una experiencia excepcional. Como alumno secundario del cole-

gio San Miguel de Piura, había hecho propaganda mural y oral, y distribuido furtivamente La 

Tribuna, seguro de «que era protagonista de la más hermosa historia de lucha, de solidaridad, de 

amor y de fe que una juventud emprendía para liberar a su pueblo de la humillación y el despo-

tismo».568 Cuando ingresó a la Universidad de Trujillo en 1946, Romero llevó consigo su pasión 

como militante japista, para consolidar tanto la presencia del PAP en sus aulas como la elección 

de Orrego, pues se la cuestionaba por no tener un título académico:  
 
Formé parte de la legendaria Juventud Aprista de 1945. Nos tocaba afianzar el Partido, organizarlo 
en la universidad, catequizar, hacer una labor efectiva de proselitismo. Todo los hacíamos con 
entusiasmo, con amor, con alegría porque sabíamos que estábamos construyendo una nueva so-
ciedad libre del dolor y la miseria. Porque de esta manera estábamos cumpliendo con el mandato 
de nuestras conciencias. Existía entre nosotros un secreto vínculo que nos empujaba a trabajar sin 
jamás pedir nada. A darlo todo por el Apra que, en esencia, era darlo todo por la Patria. Fue la 
época en que tuvimos que defender el rectorado de Antenor Orrego.569 
  

Del otro extremo, el estudiante sanmarquino de Derecho, José de la Puente Radbill, fue testigo 

del retorno de los profesores exiliados por su militancia aprista, sobre todo del impacto que trajo 

el de Luis Alberto Sánchez: «Por ejemplo, comenzábamos a cuestionar a los señores a quienes 

nosotros habíamos respetado y nos habían enseñado a admirar. El doctor Diómedes [sic] Arias 

Schereiber, catedrático, embajador de Benavides durante muchos años, vuelve a su cátedra y es 

recusado por los alumnos, se le censura y le impiden el ingreso».570 Pero al creérsele hijo de Ri-

cardo de la Puente Ganoza, quien fuera ministro de Gobierno y Policía de Prado, fue víctima de 

la hostilidad de los apristas, llegando a recibir una paliza de veinte de ellos en San Marcos, entre 

los que se encontraban Armando Villanueva del Campo.571 

Paralelo a estos cambios en el ámbito universitario se producían otros en el escolar. El 27 

de octubre de 1945, el Ejecutivo promulgó la Ley de la Gratuidad de la Enseñanza Secundaria o 

Ley 10263. En la Cámara de Diputados, Fernando León de Vivero la había sustentado en repre-

sentación de la CPA como una medida nacionalista sin fines partidarios, aunque políticamente 

necesaria puesto que, según la «certera admonición» de Haya, «la ignorancia es hermana legítima 

de la tiranía». Durante las semanas que tomó el debate, una manifestación de escolares se dirigió 

al Parlamento para expresar su agradecimiento a los representantes apristas, quienes suspendieron 

la sesión para recibirlos.572 En los colegios secundarios se habían repartido volantes invocando a 

                                                             
568 Romero (1994: 22, 23). 
569 Ibíd.: 25-26. 
570 Silva Santisteban, ed. (1995: 295-296). 
571 Ibíd.: 296. 
572 Borea (1980: 147-148). La Ley de Gratuidad de la Enseñanza Secundaria se complementó con otra iniciativa aprista 
que igualmente buscaba favorecer la masificación de la educación escolar: un plan masivo de construcción de escuelas 
a nivel nacional en cinco años bajo la supervisión en cada provincia de una Junta de Supervigilancia. Sobre este plan, 
véase Ibíd.: 130.  



   

123 
 

los estudiantes a protestar contra los senadores que supuestamente se oponían a la ley.573 La ley 

establecía la gratuidad de la enseñanza secundaria a partir de 1946 (inicialmente con plazas limi-

tadas) para los alumnos que habían terminado sus estudios primarios, beneficiando incluso a los 

que aplazaron hasta dos cursos.574 No obstante, a pesar de su carácter democratizador, hubo en-

tonces jóvenes apristas que la consideraron socialmente discriminatoria, pues afectaba a los estu-

diantes con menos recursos: «La ley de la gratuidad de la enseñanza decía que el que perdía 3 

cursos perdía la gratuidad. Esa ley la hizo el Apra en el parlamento, y yo les dije, ¿quiénes están 

propensos a perder cursos?, ¿no son los hijos de los pobres?, ¿los malcomidos, los que no tienen 

libros?».575 En este escenario de expansión educativa, y de altas expectativas de movilidad social 

que traía consigo, los cursos aplazados eran un serio obstáculo para muchos estudiantes. 

Precisamente la Ley 10554, promulgada el 23 de abril de 1946, otorgaba, entre otros, el 

derecho a rendir exámenes hasta en tres cursos aplazados, subsanados o rezagados.576 Dos sema-

nas después, Óscar Idiáquez Ríos, subsecretario regional del Comité Regional del Norte del PAP, 

informaba al secretario nacional de Organización y diputado trujillano, Carlos Manuel Cox, sobre 

el «número considerable» de alumnos del colegio nacional San Juan y de alumnas del Liceo de 

Trujillo que se habían apersonado al local aprista, pues esperaban beneficiarse de la nueva ley. 

Era una solicitud que Idiáquez no quiso (o tal vez no pudo) ignorar: «Cumpliendo con el pedido 

que nos hacen, te damos a conocer el caso para que intervengas en su favor».577 Así, la escolar de 

cuarto de media, Emma Cárdenas Meza, solicitaba por escrito a Cox su mediación ante el Minis-

terio de Educación, para ser incluida entre los alumnos que rendirían exámenes en tres materias 

desaprobadas: «Compañero en sus manos estás el que siga mis estudios que tanto ansío terminar, 

para ser algo útil en la vida y a mi Patria» y, agregará en otra carta, «a su gran partido».578 Por su 

parte, la alumna Aurelia Rebaza, pedía a Cox gestionar su pedido de rendir los exámenes de tres 

asignaturas, continuar con sus estudios y llevar otro curso aplazad, así como la pronta respuesta 

telegráfica de Cox, dirigida al colegio San Juan, donde sería recibida por la «compañera» Rosa 

Rivadeneira. Concluía su carta, al igual que Cárdenas, con el característico lema aprista FE, 

UNIÓN, DISCIPLINA Y ACCIÓN.579 Es muy probable que Rebaza y Cárdenas fueran integran-

tes de la Sección Femenina de la JAP del Liceo de Trujillo. 

El Estatuto orgánico de la JAP igualmente establecía una estructura espacial y funcional 

en los colegios. A la cabeza se encontraba un comando general del plantel conformado por el 

                                                             
573 La denuncia la hizo el senador José Antonio Encinas. En realidad, él y de otros senadores habían propuesto amplia-
ción de la gratuidad escolar que planteaba el proyecto aprista de Diputados. Véase Encinas y Ulloa (1991: 151-153).  
574 Ley 10263, en ADLP-CR. 
575 Testimonio P/N/E-4: U, en Vega-Centeno (1991: 511). 
576 Ley 10554, en ADLP-CR. 
577 Carta de Óscar Idiáquez Ríos, subsecretario general del Comité Regional Norte, al diputado Carlos Manuel Cox, 
secretario nacional de Disciplina, Trujillo, 6 de mayo de 1946, «Caso Cox Roose», f. 9, en CMAO-PUCP. 
578 Véase cartas de Emma Cárdenas Meza a Carlos Manuel Cox, Trujillo, del 6 y 13 de mayo de 1946, «Caso Cox 
Roose», ff. 10-10r, 12, en CMAO-PUCP. 
579 Véase la carta de Aurelia Rebaza a Carlos Manuel Cox, Trujillo, 6 de mayo de 1946, «Caso Cox Roose», ff. 11-11r, 
en CMAO-PUCP. 



   

124 
 

secretario general y los de organización, propaganda, cultura, economía, defensa y disciplina. En 

los grados o años donde los alumnos apristas fueran más de veinte, se organizaría un comando; 

donde fuera menor, células bajo la dirección de un jefe o subjefe. Las células se componían de 

cinco integrantes, cuyos jefes estaban subordinados al comando del grado o año, y estos a su vez 

al comando general del plantel. Sobre los comandos de los planteles existía una línea ascendente 

de mando que iba desde el comando escolar distrital, pasando por el provincial, departamental y 

regional, hasta el comando escolar nacional de la JAP.580 Esta estructura piramidal facilitaba la 

coordinación de las acciones y la interrelación entre los japistas escolares de diferentes planteles. 

El Estatuto no establecía una relación institucional entre los escolares japistas y el personal aprista 

adulto de las escuelas. Los vínculos se habrían dado a través de otros canales y en otros espacios, 

como los que brindaban las Universidades Populares Gonzales Prada. 

La politización aprista de las escuelas preocupó considerablemente al conservador Bus-

tamante. En efecto, en sus memorias, el expresidente aseguró que en los colegios secundarios se 

habían establecido una coordinación entre centros federados y células escolares con núcleos uni-

versitarios. Esta «apristización» de las aulas se alentó a través de la JAP, con «el designio de 

levantar en el país una milicia de estudiantes-políticos, verdaderos “balillas” [miembros de la 

juventud fascista italiana] que obedecían las consignas del Comité Central». Bustamante también 

denunció que los escolares apristas recibieron instrucción en prácticas de choque, ejercicios mar-

ciales y uso de armas de fuego en lugares encubiertos. El resultado de esta educación política eran 

niños y jóvenes de mente «encasillada i circunscrita al horizonte estrecho i unilateral de una po-

lítica de secta». A decir de Bustamante, en el interior del país la apristización fue más atrevida, 

pues hubo casos donde los docentes apristas llevaron a sus alumnos de primaria a mítines y mar-

chas proselitistas, un «ejercicio de la ciudadanía» que no correspondía a menores de siete a doce 

años. Este descarado adoctrinamiento quedó demostrado al coincidir las huelgas escolares con 

coyunturas de crisis. Pero, a pesar de sus quejas, y las promesas reiteradas de Haya de atenderlas, 

los apristas intensificaron sus acciones de adoctrinamiento en los planteles, con la excusa «de 

hacer frente a la campaña comunista en las escuelas, sin tomar en cuenta que esa misión le co-

rrespondía al Estado, el cual legisló, al efecto, varias veces».581  

Con respecto al proselitismo de los maestros en los colegios, Manuel Seoane le dio la 

razón al titular del Ministerio de Educación, Cristóbal de Losada y Puga, cuando este lo denunció 

en la Cámara de Senadores en febrero de 1947. No obstante, Seoane consideraba que tal actividad 

política en las aulas —sin duda refiriéndose a la de los maestros apristas— eran «errores» com-

prensibles «por la naturaleza falible del hombre y por los aspectos iniciales de aprendizaje demo-

crático que vive nuestro país», falencias que desaparecerían progresivamente. No obstante, como 

                                                             
580 JAP (1945: 21-22; 23-24). Incluso se indicaba la formación de una Sección Infantil «anexa a las organizaciones 
Juveniles locales, comandado por un miembro de la Juventud». Ibíd.: 30. 
581 Bustamante y Rivero (1949: 56-57).  



   

125 
 

ciudadanos, los maestros tenían el «indiscutible e inalienable derecho para hacer uso de su libertad 

para defender sus ideas políticas en cuanto abandonaba su función de docente; es decir, que el 

maestro no puede hacer política en la escuela, pero sí en la calle, porque es ciudadano y no es un 

ciudadano recortado».582 En La Tribuna, Seoane fue más incisivo cuando denunció el reemplazo, 

la disminución de plazas o la sanción de maestros y directores por su filiación aprista, o el su-

puesto cierre de planteles en las localidades predominantemente apristas.583 Pero redobló sus crí-

ticas cuando el Ejecutivo decretó, el 12 de setiembre de 1947, la prohibición de las actividades 

políticas de los docentes dentro y fuera de los colegios, exhortando, además, a la denuncia de los 

infractores. Para Seoane, se recortaba el «derecho natural» de libre asociación de los que «quieren 

prestar su concurso al perfeccionamiento de la sociedad»; además, no solo se atentaba contra un 

derecho constitucional y se privaba a los partidos políticos de tan importantes elementos, sino que 

la delación entre docentes afectaría su autoridad moral ante sus alumnos sin contar que incitaría 

enemistades y rivalidades políticas.584 

Pero el duelo entre maestros apristas y comunistas ya era una realidad al estar empeñados 

unos y otros en el reclutamiento de sus alumnos. En este escenario, los japistas fueron movilizados 

contra las autoridades escolares que eran comunistas o acusadas de serlo, siendo sus acciones 

descritas por la prensa de su partido como la manifestación palpable de una rebeldía libertaria que 

reaccionaba contra el despotismo y la arbitrariedad de los marxistas. Así, el director del colegio 

nacional de Andahuaylas fue acusado por Seoane, desde La Tribuna, de «simpatizante soviético» 

que «tolera a los profesores comunistas, pero que persigue, espía, vigila, reprime o rebate a los 

apristas». Según Seoane: «Sus alumnos lo llaman “Veneno” y una vez, porque dibujaron su apodo 

en una tapia, este Torquemada, también sin sentido del humor y la mesura, tomó duras represalias 

colectivas».585 Igualmente, el director Manuel Barrón Tineo, un activo militante comunista, tuvo 

que enfrentar, en octubre de 1945, a sus alumnos apristas del Liceo Gonzales Vigil de Huanta, 

quienes organizaron una huelga en su plantel para forzar su cambio. Como Patricia Heilman ha 

demostrado, las organizaciones juveniles de cada partido estuvieron involucrados en la violencia 

mayor que desencadenaron en Ayacucho.586 En efecto, tales acciones expresan los valores y com-

portamientos que interiorizaron la Juventud Aprista y su contraparte, la Federación Juvenil Co-

munista, con mayor vehemencia, incluso, que los adultos al considerase y ser considerados la 

vanguardia de sus respectivas organizaciones. En la Primavera Democrática, no hubo lugar para 

la tolerancia y la colaboración entre los jóvenes politizada. 

La prensa adversaria acusó a los apristas de contaminar la mente de los escolares con una 

ideología totalitaria que hacía de ellos sujetos autómatas y autores las acciones terroristas. Por 

                                                             
582 Seoane (2003: 229). 
583 Seoane (1991: 183, 186, 188, 194-195). 
584 Ibíd.: 207-209. 
585 Seoane (1991: 170). 
586 Heilman (2012: 102-103) 



   

126 
 

ejemplo, Vanguardia denunció a Julio Mendoza Bravo, docente secundario del colegio nacional 

de Cerro de Pasco. Mendoza era, además, rector de la Universidad Popular Gonzales Prada local, 

asesor técnico del gremio Unión Sindical y secretario general del Comité Departamental del Par-

tido del Pueblo. Dos anuncios publicados en El Minero, reproducidos por Vanguardia, demostra-

ban que ocupaba estos cargos en la estructura organizativa aprista. La nota también señalaba a 

Luis Llanos, secretario de la JAP en Pasco y alumno de Mendoza. Vanguardia acusaba —sin 

pruebas— a Mendoza de estar direccionando sus actividades de docente hacia fines sectarios: «La 

obra que está haciendo el profesor “compañero” Mendoza Bravo es nefasta, indigna y hasta cri-

minal. El adoctrinamiento político de nuestros hijos significa la formación de hombres homogé-

neos y regimentados, la destrucción del porvenir de nuestra patria y la castración moral de la 

adolescencia que no pensará ni razonará por sí». Según Vanguardia, Mendoza actuaba con des-

caro, pues abiertamente contradecía la Ley Orgánica de Educación, una circular del ministro de 

Educación y lo expresado en un reciente mensaje presidencial, que condenaban la mezcla de la 

docencia con las actividades políticas. Por esta razón, Vanguardia exhortaba a tomar acciones 

contra él, sin la necesidad de una investigación previa, pues las pruebas eran palpables.587  

Seis meses después, Vanguardia publicó una carta del 24 de agosto de 1947, donde el 

Comando Provincial de la JAP de Canchis y Canas manifestaba a Guillermo Baca, secretario 

nacional de Cultura de la JAP, su desazón por el continuo hostigamiento de tres agentes policiales 

de Sicuani: un miembro de la brigada política local, «arto conocido por los [compañeros]», y dos 

agentes «antiapristas y mui amigos de la reacción civilista». Los tres, sospechosamente, se man-

tenía en sus puestos hace años, hecho que solo fuera explicable por el soborno a un superior o la 

protección de un «patrón quien los sostiene tenazmente en el pueblo»:588 
 
Estos individuos, desde hace mucho tiempo i a quienes los conocemos de suficiente son nuestros 
enemigos número uno de la J.A.P. de esta localidad, tipos que nos tiene astiado [sic] con sus tratos 
y su matonería acostumbrada quienes se han concretado a detenerlos a los japistas por lo menos, i 
a veces por que la presencia de los japistas les causa ese dolor de ser una fuerza poderosa que sería 
mui difícil quebrantar a los japistas; como es el caso del [compañero] Mauro Guerra, desde el mes 
de febrero del [presente] año hasta hace pocos días ya completamente doblegado ha tenido que 
imigrar [sic] al Colegio del Cusco.589 
 

Los japistas eran emboscados por los agentes al salir de las charlas nocturnas que recibían en el 

local partidario. Los que reaccionaban a sus imprecaciones eran golpeados y encerrados «en un 

inmundo calabozo hasta las 24 horas», tal como había sucedido con el japista Mauro Guerra hasta 

en veinticinco oportunidades. Ante tal situación, los remitentes solicitaban que se gestionara el 

traslado inmediato de los provocadores a través de un «[compañero] de influencia», o, advertían: 

«tendremos que proceder a la criolla, pero seguros de las consecuencias», aviso que matizaron de 

                                                             
587 «Profesor de colegio y secretario general del comando departamental de Pasco», Vanguardia, Lima, 9 de mayo de 
1947: 2. 
588 «Los japistas de Sicuani plantean el dilema, o se van los policías o los echan a la criolla», Vanguardia, Lima, 14 de 
octubre de 1947: 4. 
589 Ibíd.  



   

127 
 

inmediato señalando que estaban seguros «de merecer» el apoyo del Comando Nacional de la 

JAP en Lima y de su interlocutor, Guillermo Baca.590 

Es obvio que a Vanguardia no le interesaba denunciar el abuso policial contra los menores 

de edad apristas, entrelíneas lo celebraba, sino desmentir la disolución de su organización que, 

según la nota, había anunciado Haya en la prensa aprista. Haciendo uso de su estilo corrosivo, 

también se propuso rebajar el nivel cultural de los japistas cusqueños: «Lo de “astiados” tiene 

íntima relación con una incultura rayana en ese analfabetismo mental que llega a escribir amor 

con hace. Estos japistas escriben “astiado” sin hache; y cuando no les gusta la policía, pues “imi-

gran” al Colegio de Ciencias del Cusco, donde se encuentran con un excelente compañero en la 

persona del Director del Colegio de Ciencias, el doctor Delgado». No obstante, para Vanguardia 

era más importante subrayar que los jóvenes apristas no habían dejado de lado las prácticas vio-

lentistas, como parecía sugerir la misma carta: «¿Qué será “proceder a la criolla” y que es lo 

que significarán “las consecuencias”?»: «No es muy difícil adivinarlo: hay todo un historial de 

sangre que está indicando lo que esto significa». Por último, para demostrar la autenticidad de la 

carta, Vanguardia retó al Comando de la JAP de Lima y al mismo Haya a poner en duda la au-

tenticidad del documento, amenazando con publicarlo «en gran facsímil, con los marbetes impre-

sos, las firmas [de Sixto Campana Deza y M. Salinas Álvarez, secretario general y de Cultura de 

la JAP de Sicuani, respectivamente], sellos y demás certificaciones de un documento autén-

tico».591 Es probable que este haya sido filtrado por el Ministerio de Gobierno y Policía.592 

Fue en este escenario de politización juvenil que las huelgas se multiplicaron en los plan-

teles secundarios. Estas podían tener razones inmediatas sin estar inspiradas en ideales reformistas 

ni motivadas por demandas sociales de los estudiantes. Por otra parte, también las hubo contra las 

autoridades apristas. Por ejemplo, los alumnos del colegio nacional Leoncio Prado de Huánuco 

realizaron una huelga en 1946, en protesta por el traslado de su director, una decisión que fue 

interpretada como una arbitrariedad de las autoridades apristas de Lima. El Comité de Huelga 

desarrolló una intensa campaña pública, con asambleas, sesiones, discursos y marchas por las 

calles de Huánuco, la cual fue recogida por el diario El Progreso. Incluso hubo juicios contra los 

alumnos que no se habían sumado desde un inicio a la huelga, una experiencia «durísima» cuando 

los fiscales y acusados eran amigos, como recordaría Manuel Cisneros Milla. Es probable que 

Cisneros y sus compañeros se hayan inspirado en la JAP. Él mismo había asistido a algunas 

reuniones de la JAP y, como un integrante «independiente», se enroló en una de las brigadas de 

propaganda mural durante la etapa de la clandestinidad aprista.593 

                                                             
590 Ibíd.  
591 Ibíd. Negritas en el texto original.  
592 No se ha podido indagar si, a través de La Tribuna, el PAP puso en duda la autenticidad de la carta. Lo que sí se 
halló fue una reproducción facsimilar entre los papeles de Odría, lo que posiblemente significaría que fue interceptada 
por sus agentes y filtrada después a Vanguardia. Véase «Sublevación apristas», ff. 48-49, CMAO-PUCP. 
593 Sobre estas experiencias juveniles de Manuel Cisneros Milla, véase Cisneros (2014: 61, 71-72). 



   

128 
 

Otras huelgas demandaron cambios estructurales de la educación secundaria, al parecer 

estimuladas por la Reforma Universitaria de 1946, la cual reestableció la autonomía universitaria 

y el tercio estudiantil suspendidas en 1941.594 En esta línea se encontraría la huelga que estalló en 

el colegio Guadalupe entre agosto y setiembre de 1947, una de las que tuvo mayor impacto en la 

opinión pública por su trágico final. Luis Alberto Sánchez anotó en sus memorias: 
 
Los escolares, repito, no se quedaron atrás en materia de insurgencia. Hacia agosto de 194[7], 
estalló una contagiosa huelga en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Actuó en relación 
con ella, en forma hasta ahora imprecisa, el director de Educación Secundaria que lo era el doctor 
Carlos Cueto Fernandini […]. Desde luego, entre los grupos escolares, no faltaron agitadores pro-
fesionales, que pretendían utilizar la sincera protesta guadalupana en beneficio de mezquinos in-
tereses. Pero, el trasfondo del movimiento fue típicamente escolar: se protestaba para mejorar de 
raciones [sic], por más comodidades en el internado y otros menesteres de ese tipo.595  
 

En realidad, las demandas sobrepasaban a las exigidas por los estudiantes provincianos residentes 

o por los estudiantes adultos de la nocturna, tal como se aprecia en un comunicado del Comité de 

Huelga. En su primer punto, se solicitaba el inmediato cambio del director Manuel Calvo y Pérez, 

a quien se culpaba de provocar la medida de fuerza. Según los estudiantes, Calvo de incumplir la 

mayoría de las demandas de los alumnos que ya habían sido aprobadas en 1946 por el entonces 

ministro de Educación, Luis Eduardo Valcárcel. También había desoído lo dispuesto por Valcár-

cel sobre «la necesaria colaboración de maestros y alumnos» para concretar estas demandas. En 

su lugar, Calvo había elaborado «listas negras» de estudiantes.596  

En un segundo punto, se exigía el ejercicio constitucional de libre asociación con la for-

mación de centros federados en los colegios y de la Federación de Estudiantes Secundarios. Solo 

después se solicitaba la «reorganización» de la administración del plantel, con la participación de 

la Asociación de Profesores y el Centro Representativo Guadalupano. Esto implicaba el cumpli-

miento de numerosos requerimientos materiales (mobiliario, biblioteca, museos, alimentación, 

peluquería, lavandería, zapatería, implementos deportivos, transporte, refectorio nocturno, instru-

mentos musicales y asistencia médica) y pedagógicos (selección de personal docente, capacita-

ción pedagógica del disciplinario, un departamento psicopedagógico, un departamento de excur-

siones, una editorial, un sistema radial, una colección de música), además de un comedor solo 

para estudiantes secundarios. El comunicado concluía con proclamas que dejaban en claro la pro-

yección nacional que los huelguistas daban a su acción: «¡VIVA GUADALUPE! / ¡VIVA LOS 

PRINCIPIOS DE LA REFORMA SECUNDARIA! / ¡VIVA LA UNIDAD ESTUDIANTIL SE-

CUNDARIA!».597 El Ejecutivo respondió acusando al PAP de estar detrás de la huelga, sobre 

todo después de la muerte de Heriberto Avellaneda Beltrán, un guadalupano de quince años que 

cursaba el segundo año, como resultado de la violenta intervención de la Guardia de Asalto. 

                                                             
594 Zapata Velasco (2013: 21). 
595 Sánchez (1987 [1969]-III: 81, 82). 
596 Comunicado del Comité de Huelga Guadalupano, volante, «Huelga Colegio Guadalupe», f. 3, en CMAO-PUCP. 
597 Ibíd. Mayúsculas en el texto original. 



   

129 
 

Durante la huelga, los japistas defensistas guadalupanos solicitaron ayuda a sus mayores 

del Comando de Defensa del PAP, para agenciar de víveres a los escolares internistas que ocupa-

ban el plantel. La ayuda llegó en forma de una colecta de dinero para comprarlos. Después de la 

muerte de Avellaneda, los defensistas adultos se dispusieron a recuperar su cuerpo, para lo cual 

planearon asaltar la morgue con dos grupos armados. Sin embargo, un comando especial aprista 

de estudiantes de medicina y trabajadores sanmarquinos facilitó el acceso a la morgue. El cadáver 

de Avellaneda, quien probablemente fuera japista, pues procedía de una familia aprista de Yau-

yos, fue rescatado por los guadalupanos y expuesto en el patio principal de la Casona de San 

Marcos. Después de rendirle homenaje, una multitud conmovida llevó el féretro al colegio Gua-

dalupe y de allí partió al Cementerio General. En el trayecto, se produjo un hecho inusual: la 

juramentación de la primera Junta Directiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secunda-

rios del Perú (FESEP). Esta quedó bajo la presidencia de David Juscamayta, líder de la huelga 

guadalupana, y Flor de María Saco, alumna del colegio Rosa de Santa María y posiblemente 

japista. En el sepelio, Juscamayta, quien era integrante de la JAP, pronunció un discurso contra 

el ministro de Gobierno Manuel Odría, al que responsabilizó de la muerte de Avellaneda.598 Un 

año después, el programa radial de la JAP rindió un homenaje al escolar asesinado.599 

La primera de las demandas de los guadalupanos, la creación de la FESEP, no habría sido 

reconocida por las autoridades. La misma existencia de centros federados, como los del colegio 

nacional Alfonso Ugarte, eran considerados una «fuente de indisciplina», una valoración del di-

rector de dicho plantel que el ministro de Educación compartió en el Consejo de Ministros. La 

politización de las asociaciones estudiantiles había motivado en Lozada y Puga la elaboración de 

un decreto supremo que establecía asociaciones únicas en cada colegio. No obstante, el presidente 

Bustamante se mostró en desacuerdo, pues cría que la medida no detendría la infiltración japista 

en las nuevas asociaciones, sin contar que sería más difícil para las autoridades escolares contro-

larlas. Otros ministros expresaron también su disconformidad, entre otras razones porque el de-

creto afectaría a clubes deportivos y culturales ya existentes. El ministro de Guerra, el general 

José del Carmen Marín, consideraba que, incluso, el ambiente escolar podría agitarse más, debido 

a la fórmula eleccionaria que establecía el decreto supremo para elegir asociaciones únicas. En su 

opinión, el problema se circunscribía a los planteles de las grandes ciudades, siendo la culpa de 

los maestros y directores «que no sabían orientar a la juventud», cuando era posible «desviar esa 

actitud de los alumnos hacia los caminos deportivo y cultural». Finalmente, Bustamante fue en-

fático: aprobar el proyecto de Lozada y Puga sería darle la razón a la JAP, sin embargo, conside-

raba necesario brindarle un «arma» legal que le permitiera enfrentar a las asociaciones escolares 

políticas. Puesta a votación, la propuesta del ministro de Educación fue rechazada.600  

                                                             
598 Chanduví (1988: 359); Luna (2017: s. n.); Soto (2002: II: 543). 
599 Bustamante Quiroz (2016: 242). 
600 Gobierno de Bustamante, t. 6, sesión del 22 de setiembre de 1947, ff. 27-30, en ACM-UNMSM. 



   

130 
 

Cuando entrevistó a Haya a inicios de 1948, el periodista Christopher Isherwood no pudo 

evitar preguntarle sobre la fama violentista que rodeaba a su organización: 
 
Nuevamente, con cierta vacilación, le pregunté sobre el historial de violencia del Partido. Haya se 
puso muy apasionado: «¿Qué hay de nuestro oponente?, ¿quién crees que comenzó esta violencia? 
¿Puedo decirles a estos muchachos, a estos jóvenes valientes, que no deben contraatacar, que de-
ben permitir que los golpeen, los encarcelen y los asesinen?». Tranquilizándose, se volvió más 
vago, menos directo: «Naturalmente ha habido algunos incidentes... cosas que lamentamos. Todos 
los partidos políticos tienen sus cabezas calientes. De vez en cuando se salen de control...».601 

  
Era comprensible que los japistas tuvieran sus «cabezas calientes»: a inicios de 1948, su partido 

sufría el asedio de sus adversarios de izquierda y derecha y la hostilidad del gobierno, sumado a 

la huelga parlamentaria y los rumores de un golpe promovido por los agroexportadores. Fue en 

este tenso escenario que los japistas expresaron con mayor fervor su lealtad a Haya. Durante hora 

y media marcharon frente al estrado levantado en la avenida Alfonso Ugarte, en víspera del Día 

de la Fraternidad. Entre los oradores se encontraba Julio Luzquiños, secretario general del Co-

mando de la Juventud Aprista Universitaria, quien cerró su discurso de homenaje a Haya con las 

siguientes palabras: «Solo tú has sido capaz de formar esta gran fuerza. Y este poder con que 

nosotros contamos es incontenible porque hemos puesto ante todo la verdad. Y, porque tu ejemplo 

nos ha despojado del odio y la maldad y nos ha hecho fuertes, seremos fieles hasta el sacrificio».602 

Meses después, Luzquiños participaría en el fallido alzamiento aprista del 3 de octubre. 

 Pero la JAP tuvo que enfrentar una amenaza más peligrosa: el cisma partidario. El 2 de 

marzo se pronunció contra «las calumniosas y falsas afirmaciones» que hizo el exsecretario del 

Interior, Eduardo Enriques, en su carta de renuncia publicada en La Prensa, y «asimismo, todo 

intento divisionista del Partido por ser ampliamente conocidas las maniobras de la reacción en 

este sentido». En su segundo y tercer punto, la JAP reafirmaba la unidad del Papa y de su juventud 

«en la persona de su conductor y maestro, [compañero] Víctor Raúl Haya de la Torre, repitiendo 

una vez su promesa de marchar hasta el sacrificio en defensa de esta unidad y de los ideales del 

Partido, que son la salvación de nuestro pueblo» y declaraba que «mantenía y mantendrá su acti-

tud política y revolucionaria hasta la consecución dela Justicia Social».603 Entre los firmantes del 

pronunciamiento de la JAP estaban los sanmarquinos Julio Luzquiños, quien figura como subse-

cretario general; Juan Mac Lean, secretario de Disciplina, muerto un año después, víctima de la 

represión odriista; y Juan Pablo Chang, secretario general del Comando 23 de Mayo, cuyas bri-

gadas cerraron el citado desfile del 21 de febrero (caería en 1967, al lado del Che Guevara en 

Bolivia). Sin embargo, en la misma JAP existía descontento, tal como algunas voces expresarían 

en su Primer Congreso de mayo de 1948.604 

                                                             
601 Isherwood (1949: 122). 
602 «Somos fuertes porque tú no has enseñado el camino de la verdad», La Tribuna, Lima, 22 de febrero 1948: 7.  
603 «Los organismos dirigentes de la Juventud Aprista Peruana al c. Jefe del Partido, Víctor Raúl Haya de la Torre», La 
Tribuna, Lima, 4 de marzo de 1948: 5.  
604 Sobre el peligro de la disidencia aprista, el descontento en el Primer Congreso de la JAP y la participación de algunos 
japistas en la insurrección aprista de octubre de 1948, véase la sección 4.4 e esta investigación. 



   

131 
 

3.3 Combates en torno a la política alimentaria y la crisis de las subsistencias 

Durante la campaña electoral de 1945, los apristas prometieron alimentos abundantes y baratos 

para el pueblo. Las primeras leyes impulsadas por la CPA —como la formación obligatoria de 

cooperativas de consumo en empresas, instituciones públicas y juntas municipales transitorias— 

tenían este propósito. Su autor, el diputado Alfredo Saco Miro Quesada, como presidente de la 

Comisión de Subsistencias de su cámara, también se propuso escuchar directamente a los consu-

midores: los invitó, a través de la prensa, a que enviaran por escrito sus quejas a la comisión. Pero 

estas medidas cobraron impulso con el nombramiento del ingeniero Luis Rose Ugarte, un técnico 

aprista especialista en la materia: era autor del estudio El problema alimenticio en el Perú y ex-

funcionario del Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos (SCIPA).605 

Pero una vez nombrado ministro de Agricultura, a inicios de 1946, ató al APRA con el problema 

de las subsistencias. Haya se reunió de inmediato con el nuevo ministro y los alcaldes de Lima 

para analizar la escasez de alimentos en Lima, y que ordenara a la CPA el estudio y la aprobación 

de leyes que castigaran la especulación.606 El objetivo era la coordinación de acciones en diferen-

tes niveles de la gestión pública alimentaria, ya que el desempeño de los apristas en un ámbito tan 

sensible comprometería directamente su imagen de eficiencia técnica y solvencia moral. Tal 

desempeño, además, sería visible en el día a día a través de los «estanquillos», locales de venta al 

por menor de productos de primera necesidad subsidiados que, por disposición del Ministerio de 

Agricultura, eran administrados por las juntas municipales transitorias.607 

Con la creación del Ministerio de Agricultura, a inicios de 1943, se esperaba solucionar 

los complejos problemas agrícolas del Perú, que entonces se consideraban que eran originados 

tanto por la diversidad geográfica como por los efectos de la guerra en Europa. Se inauguró, sin 

embargo, con cuatro dependencias —la Dirección de Agricultura, la Dirección de Ganadería, la 

Dirección de Asuntos Orientales, Colonización y Tierras, y la Dirección de Abastecimientos— 

que resultaban insuficientes para sus propósitos. Su reducido personal, además, tuvo que compar-

tir las instalaciones del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, aunque su presupuesto aumen-

taría de 4.6 millones a 13.8 millones de soles entre 1943 y 1944.608 Las cortas gestiones de los 

ministros de Agricultura de Bustamante en 1945, Enrique Basombrío y Oswaldo Gonzales Tafur, 

debieron cambiar poco esta situación institucional. Como se señaló páginas atrás, Basombrío re-

nunció a su cargo ocho semanas después de asumir su cargo, como consecuencia indirecta de la 

interpelación promovida por la CPA. En 1946, bajo Luis Rose Ugarte, sus egresos se calcularon 

en 20.4 millones,609 un aumento considerable que daría cuenta del crecimiento de su personal y 

de una activa gestión, aunque Agricultura todavía era el ministerio con menor gasto.  

                                                             
605 Saco (1985: 277, 280, 291-294). 
606 Rúa (2018: 78).  
607 Portocarrero Maisch (1983: 128-129).  
608 Garbín et al. (1943-1944: 499). 
609 «Crecimiento de los presupuestos 1940-1946», Vanguardia, Lima, 1 de marzo de 1946: 1.  



   

132 
 

Con Rose como ministro, y haciendo uso de su mayoría simple en ambas cámaras parla-

mentarias, la dirección aprista encontró las condiciones favorables para mejor la producción y 

distribución de alimentos según sus lineamientos. En febrero de 1946, los diputados de la CPA 

presentaron un proyecto de ley, a través de Alfredo Saco Miró Quesada, para iniciar la reorgani-

zación «técnica» del Ministerio de Agricultura con la creación de nuevos organismo ministeriales, 

entre ellos la Dirección de Economía Agropecuaria, y la coordinación con nuevas instituciones 

como la Junta Nacional de Alimentación y Nutrición y el Congreso Económico Nacional «se 

llegaría a formular la inexistente política Agropecuaria».610 Los cambios ministeriales también 

incluía la reorganización de la Dirección Nacional de Abastecimientos, cuya eficacia para distri-

buir alimentos fue cuestionada por Saco: «Esta se realizaba en forma irracional y era objeto, como 

siempre, de las maniobras especulativas de los comerciantes privados».611 El objetivo de estos 

cambios era la especialización del Ministerio de Agricultura en la producción de alimentos. La 

regulación de sus precios y distribución en los mercados, aunque sin pretensiones monopólicas, 

quedarían a cargo de la Corporación Nacional de Abastecimientos, según el proyecto de creación 

que sustentó Saco en marzo. Aunque este proyecto también fue aprobado por ambas cámaras, 

Bustamante no lo promulgó,612 probablemente por razones políticas. 

Si bien en los otros ministerios bajo control aprista la burocracia creció, en uno pequeño 

como Agricultura esto debió ser más evidente.613 Es indiscutible que el clientelismo y el padri-

nazgo partidario explican en parte tal aumento, sin embargo, también respondía a la necesidad del 

PAP de tener un control político y administrativo a través de militantes confiables y disciplinados 

que se comprometieran con las políticas alimenticias trazadas por la dirección central del partido. 

No obstante, para quienes no era apristas esto significó la «apristización» del personal. Según un 

memorándum reservado, el Ministerio de Agricultura se había convertido en un «foco del 

aprismo» desde la designación de Rose, pues este había nombrado numerosos empleados y fun-

cionarios de su partido, entre «búfalos» adultos y japistas de ambos sexos, en sus diferentes di-

recciones. Así, la suma de trabajadores apristas, entre antiguos y nuevos, alcanzaba el 95 % del 

total. Los antiguos trabajadores, como el autor anónimo del documento, fueron trasladados a otras 

dependencias, donde sufrían un hostigamiento diario. Este trato diferenciado quedó sancionado 

con la recategorización laboral y salarial que estableció Rose, y que fue aprobada, sin saberlo, por 

el presidente Bustamante: aquellos se convirtieron en jefes y auxiliares, respectivamente, mientras 

que los trabajadores no apristas descendieron a la condición de ayudantes.614  

                                                             
610 Borea (1980: 171). 
611 Saco (1985: 278) 
612 Ibíd.: 279-280. 
613 Quiroz Norris (2013: 273). Quiroz se basa en las cifras de Prieto (1979: 119) para señalar un crecimiento de la 
burocracia estatal con 44 700, lo que significaba un aumento en 160 % en comparación con la gestión de Benavides y 
un 60 % con la de Prado. Hay que señalar que las cifras de Prieto proceden del periódico antiaprista Vanguardia. 
614 Memorándum para uso personal del señor ministro de Gobierno y Policía, noviembre de 1947, «Sublevación 
aprista», ff. 56-57, en CMAO-PUCP. 



   

133 
 

El autor anónimo del memorándum describió su lugar de trabajo como un «círculo de 

fuego», por el amedrentamiento que sufría el personal no aprista: «Existe una lucha sorda y de 

trascendencia malévola entre los pocos empleados apolíticos y los apristas. Lucha que degenera 

en pugilatos e insultos groseros». Los primeros eran tildados de «reaccionarios» si leían El Co-

mercio o La Prensa o si se negaban a pagar cuotas o a suscribir las listas de socorro apristas. Era 

inútil quejarse al ministro o al director de Agricultura, ya que Rose había instituido que las quejas 

se elevaran a los jefes de sección antes de llegar al director de Administración, Alejandro Saco 

Arenas, padre del diputado Alfredo Saco Miro Quesada; no sin que antes las revisara su secretaria, 

Leonor Escalante, esposa del dirigente Juan Seoane y cuñada del senador Manuel Seoane. Esta 

supuesta red partidaria también incluía a personajes como Alfonso Ponce de León, auxiliar del 

Archivo de Tierras de Montaña, secretario de Economía del Comité Aprista de Trabajadores del 

Ministerio de Agricultura, delegado ante la Asociación de Empleados del Perú y portavoz de las 

órdenes de Haya; José Acosta Pérez, jefe de la Dirección de Asuntos Orientales, Colonización y 

Tierras, y de la Sección de Administración y de Padrón y Archivo, desde las cuales enviaba «li-

bros de propaganda» a peritos, delegados y colonos; o el expolicía Manuel Rodríguez Tafur, 

«exaltado, de animosidad para cumplir cualquier consigna de “represalia sangrienta”», quien llegó 

de Cajamarca en 1945 y fue contratado por encargo de Luis Heysen.615 

Es comprensible que los empleados nombrados durante un gobierno hostil como el de 

Prado despertaran sospechas en sus colegas apristas. Una acusación común que se hizo desde el 

PAP fue la existencia de «saboteadores» encubiertos que se proponían hacer fracasar su plan ali-

mentario, para así «demostrar» su ineptitud para gobernar. Por otra parte, más allá de la veracidad 

de las acusaciones del autor del memorándum citado —que estaba dirigido al ministro de Go-

bierno y Policía, el general Manuel Odría, siendo su intención la separación del personal aprista—

, era indudable que los apristas se hicieron del control del Ministerio de Agricultura. Por otra 

parte, los animaría la mística característica de los que estaban convencidos de que estaban reali-

zando la una revolución. Esto los llevaba a ir más allá de una eficiente gestión burocrática que 

modernizaría la producción alimenticia; en realidad, a través de ella eliminaban las viejas estruc-

turas sociales y económicas del campo que no solo eran responsables de la baja productividad de 

los latifundios, sino también de la injusticia social. Al menos fue en estos términos que Luis Hey-

sen defendió la gestión de Rose ante los ataques de Julio de la Piedra, cuando el ministro fue 

interpelación en el Senado. Según un folleto aprista, en el duelo verbal entre ambos senadores 

lambayecanos se advertía el choque «entre la expresión popular y la democracia del Departamento 

[sic] contra el privilegio económico de corte feudal, que tanto ha hecho para atrasar el progreso 

lambayecano».616 Era la reacción latifundista la que se oponía a la revolución social y económica 

agraria que estaban llevando a cabo los apristas desde el Ministerio de Agricultura. 

                                                             
615 Ibíd., ff. 58-59. 
616 En Heysen (1977: 78). 



   

134 
 

El 26 de marzo de 1946, Luis Alberto Sánchez expuso en su cámara la naturaleza política, 

además de la económica, que tenía la crisis de las subsistencias, una doble acepción que, según el 

diputado aprista, había cobrado después de que el Partido de Pueblo aceptara, «sin titubeos», 

ocupar «las carteras de mayor exposición a la crítica»: el Ministerio de Agricultura. Sánchez hizo 

referencia a la velada o abierta oposición que todo movimiento reformista, sea pacífico o violento, 

tiene que enfrentar: desde las revoluciones de Francia, México y Rusia, pasando por las victorias 

del Frente Popular en España, Francia y Chile, hasta la experiencia nacional de Leguía en 1919. 

Del mismo modo, después de la victoria electoral del FDN, los ganadores sufrieron intrigas par-

lamentarias y la abierta violencia callejera que organizaron sus enemigos el 7 de diciembre en el 

parque Universitario. Sin embargo, después de su «rotundo fracaso», se utilizó el chisme y el 

saboteo específicamente en la cuestión de las subsistencias. Por ello era necesario apuntar con el 

dedo a los autores de la carestía, la inflación, el hambre y la ocultación de alimentos. Se trataban 

de saboteadores externos, como los productores de azúcar, los transportistas de carne o los inter-

mediarios que alteraban los precios oficiales del arroz; y de saboteadores internos, tales como los 

funcionarios públicos que, por corrupción, malicia o ineptitud, no fiscalizan el contrabando u 

obstaculizaban la compra de trigo en el extranjero.617 Con su exposición, Sánchez defendía el 

proyecto de ley de la CPA que castigaba la especulación de las subsistencias.  

La propuesta de una ley que castigara a los especuladores y acaparadores fue difundida 

rápidamente en la prensa aprista del interior del país, incluso antes de que Sánchez la defendiera. 

En general, según Carteles, las juntas de control y subsistencias, creadas por Manuel Prado, ha-

bían generado su proliferación: «Fue un cauce para que se enriquecieran una serie de individuos 

de eterno mal vivir, creando una situación muy difícil de solucionar hasta el momento. Pero cree-

mos de urgencia que cada uno de los vecinos de la población denuncie a los hambreadores del 

Pueblo. Ahora vamos a tener una Ley, y sin que fuera tal, la Ley ya existe, cuando tenemos un 

derecho: el derecho de no dejarnos explotar […]. Todos los vecinos de Chiclayo debemos cons-

tituirnos en una legión de denunciantes permanentes». Líneas antes, Carteles había elogiado la 

tarea del subprefecto e intendente de Policía, el aprista Humberto Liendo, por su «defensa legal 

de los intereses y la salud de pueblo».618 Más adelante, Carteles insistió en su llamado a la denun-

cia, específicamente a los y las apristas contra los pequeños comerciantes cuando «en su barrio 

no consiga azúcar».619 En realidad, ya existí una ley desde 1939 que castigaba a los especuladores, 

el Decreto Ley 8951 de Benavides, como advirtió el senador José Antonio Encinas, aún más se-

vera que el proyecto aprista.620 No obstante, su falta de aplicación había hecho que se ignorara su 

existencia, y cuando no, su utilidad. Una ley aprista, sumada a denunciantes y autoridades apristas 

comprometidas, daba una renovada sensación de justicia. 

                                                             
617 Sánchez (1985-I: 358-363). 
618 «Los hambreadores del pueblo», Carteles, Chiclayo, 24 de marzo de 1946: 1.  
619 «El pueblo debe cooperar», Carteles, Chiclayo, 24 de marzo de 1946: 6.  
620 Encinas y Ulloa (1991: 393). 



   

135 
 

El proyecto fue defendido por Luis Heysen en la Cámara de Senadores. Aquí, José Anto-

nio Encinas se preguntaba si en el Ministerio de Agricultura habría funcionarios con conciencia 

social, honestidad y valentía suficiente que estarían dispuestos a castigar a las empresas capitalis-

tas y no solo a los pequeños y medianos comerciantes.621 Finalmente, el 14 de abril de 1946, 

Bustamante promulgó la Ley 10551 que castigaba la especulación de productos de primera nece-

sidad, su ocultamiento y reventa; la paralización injustificada de actividades asociadas a la pro-

ducción y distribución de alimentos, la exportación de alimentos sin autorización, la adulteración 

de la calidad y la alteración de los pesos, y el incumplimiento del porcentaje de cultivos de pan-

llevar al que estaban obligados los agricultores. Las sanciones iban desde la suspensión de licen-

cias, pasando por multas y decomisos, hasta años de prisión sin libertad provisional ni condicio-

nal, un aspecto particularmente riguroso. Más aún, la nueva ley concedía el recurso de acción 

popular para denunciar a los infractores, permitiéndose a los denunciantes quedarse con el 50 % 

de las multas impuestas.622 Pero este control basado en una extensa burocracia que entorpecía la 

producción, distribución y venta de alimentos —«compitiendo entusiastamente para enloquecer 

al agricultor o distribuidor, hasta que el hombre, en su desesperación, se ve forzado a dirigirse a 

alguna otra forma de actividad», en palabras de un testigo— resultó insuficiente al solo enfatizar 

la protección de los consumidores urbanos y no en los productores rurales.623 

No es casualidad que la promulgación de la Ley 10551 sucediera un día después de la 

batalla campal que protagonizaron brigadistas apristas y manifestantes que protestaban por el en-

carecimiento y la escasez de las subsistencias en Lima. Las primeras actuaron bajo la convicción 

que estaban defendiendo la revolución emprendida por el aprismo contra los que, por ignorancia 

o complicidad, instrumentalizaban la crisis alimenticia para socavarla. No se trataba de una acción 

nueva: ya en enero de 1946, una marcha de hambre de los «camaradas» comunistas había sido 

«liquidada» por los defensistas limeños según recordaría Eduardo Mallqui.624 Pero más contro-

versial fue la disolución de la marcha del 13 de abril, convocada por el Comité Pro-Abaratamiento 

de las Subsistencias del Frente Nacional de Mujeres del Perú, liderado por Nina Flores. Según sus 

volantes, el propósito de los manifestantes era el abaratamiento del vestuario y los alquileres, 

además de la «protección alimenticia y material de enseñanza por el Estado a los niños de las 

Escuelas Fiscales».625 Se anunciaba una concentración y un mitin en la plaza San Martín, para 

después marchar a Palacio de Gobierno, con el propósito de apelar directamente al presidente 

Bustamante. Según Luis Chanduví, el PAP movilizó a miembros del Comando Femenino. Tam-

bién se sumaron varones de la JAP y de las Secretarías de Defensa y Organización, quienes cum-

plirían la tarea de «resguardar» a sus compañeras, ya que «era obvio que también iba a concurrir 

                                                             
621 Encinas y Sotomayor (1991: 395-396). 
622 Ley 10551, en ADLP-CR. 
623 Thorp y Bertram (1985: 304-305).  
624 En Cristóbal (1985: 82). 
625 El Comercio (1998-V: 53).  



   

136 
 

[el] elemento masculino, azuzado por “El Comercio”, “La Prensa” y una serie de pasquines que 

se editaban en la calle de la Amargura».626  

Encabezadas por Nina Flores, las integrantes del Frente Nacional de Mujeres iniciaron su 

recorrido a las 5 de la tarde por la avenida Nicolás de Piérola (La Colmena), partiendo de la plaza 

San Martín con cartelones y coreando consignas. Cuando intentaron regresar a la plaza, según El 

Comercio, fueron atacadas por los apristas varones, quienes —despojados de las corbatas para 

distinguirse entre sí— las golpearon con piedras y cachiporras, no pudiendo escapar debido a que 

las bocacalles a la plaza estaban bloqueadas por la policía.627 Según un divertido Chanduví, «[l]a 

protesta terminó con el baño que le dieron las compañeras, en la pila de la Plaza San Martín, a 

Nina Flores, quedando los apristas dueños de la Plaza [sic]».628 En realidad, en enfrentamiento no 

tuvo nada de cómico. Tres días después, Vanguardia recogió el vívido testimonio de Flores: 
 
Cuando nos habíamos reunido cerca de cien mujeres y cuando entré a la Plaza San Martín portando 
la bandera Nacional [sic] y el cartel del Frente, nos atacaron inesperadamente destrozando la ban-
dera y el letrero, entonces sentí sobre mí descargas de una lluvia de palos y cachiporrazo los mis-
mos que vi descargar sobre las demás mujeres. Vi caer a dos de ellas: Claudia de Parra, Secretaria 
de la organización y socialista militante, ella y su hija se defendieron con las manos, con las uñas, 
pero eran hombres [sus atacantes]. Pude ver a Aurelia Tueros cogida por un grupo de búfalos que 
la estrujaban para que diera vivas al apra [sic].629 
 

La severa respuesta debió considerarse necesaria para Haya, pues se trataba de evitar que se les 

arrebatara a los apristas una reivindicación social preciada por el movimiento popular: el abara-

tamiento de las subsistencias. Resultaba inconcebible que aquellos fueron acusados de ser res-

ponsables de atentar contra ella. En este sentido, hay que llamar la atención sobre la fecha de la 

manifestación de Nina Flores: el 13 de abril de 1946 se cumplía un aniversario de la creación del 

desaparecido Comité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias, organismo no partidario fundado 

en 1919 que tuvo un rol significativo en las movilizaciones sociales y que contó con secciones 

obreras, campesinas y femeninas.630 Es probable que Flores haya participado en su gestación. 

Por otra parte, la manifestación tenía un indiscutible color político antiaprista. En efecto, 

Nina Flores era entonces una «veterana militante» que tenía el cargo de secretaria general de la 

Sección Femenina del Partido Socialista. Como tal, la reciente fundación del Frente Nacional de 

Mujeres tenía motivaciones sociales, recoger las demandas de las mujeres cuyos hogares en las 

ciudades eran golpeados por la crisis, pero también políticas al intentar mostrar la realidad que 

sufrían al presidente Bustamante que lo apristas le ocultaban:  
 
Todos saben y conocen el descontento nacional que surge a través de una libertad ficticia con el 
estómago vacío. No hice más que recoger el clamor de las mujeres de la clase media y obrera. Y 
organicé el Frente Nacional de Mujeres con el fin de romper la cortina de humo que existe entre 

                                                             
626 Chanduví (1988: 344).  
627 El Comercio (1998-V: 53). 
628 Chanduví (1988: 344). 
629 «Nina Flores valerosa dirigente del F.M.N. habla para “Vanguardia”», Vanguardia, Lima, 16 de abril de 1946: 2. 
630 Sobre el Comité Pro-Abaratamiento de Subsistencias de 1919, véase Martínez de la Torre (s. f.) y Ruiz (2001). 



   

137 
 

el Presidente de la república y el Partido del Pueblo. Clamor recogido en esas horas sin esperanza 
a lo largo de las colas interminables, clamor de los tugurios en donde viven los trabajadores; temor 
ante el invierno que llega y las telas carísimas. Esto me decidió a organizar el Frente Nacional de 
Mujeres. Esto vino a justificar el anhelo de componentes de este organismo de que se realizara ese 
mitin, truncado por la barbarie aprista.631 
 

Flores era una figura conocida en el movimiento del feminismo socialista, debido a su continuo 

trabajo político y social entre las mujeres desde los años veinte, y es muy probable que luchara 

por la consecución del voto femenino. Durante la campaña electoral de 1945, organizó clubes 

femeninos del FDN en barrios, fábricas, casas comerciales y organizaciones culturales.632 Así, 

paradójicamente, realizó las mismas tareas que estaba llevando a cabo su adversaria Magda Por-

tal, jefa del Comando Femenino del PAP. La crisis de las subsistencias fue una causa más de 

división entre las feministas socialistas y apristas durante la Primavera Democrática.  

Después de atacar a las manifestantes del Frente Nacional de Mujeres, los apristas se 

dividieron en dos grupos. El primero se dirigió a las oficinas de La Prensa, las cuales fueron 

atacadas con piedras y disparos. Se trataba de una iniciativa de Jorge Rubio, jefe de defensa que 

tenía órdenes de no salir de la plaza San Martín. Por su parte, el secretario de Defensa de la JAP, 

Antonio Rabanal, se dirigió a la calle Amargura. Aquí los japistas asaltaron, primero, la imprenta 

de la Empresa Editora Peruana sin que lograran incendiarla; luego, la imprenta La Cotera, cuya 

puerta fue abierta con un petardo de dinamita. Según sus propietarios, los apristas destruyeron 

imprentas y útiles de tipografía, además sustrajeron dinero, herramientas y repuestos.633 Medios 

apristas como Renovación condenaron a las manifestantes de Nina Flores. En su editorial, inter-

pretó su marcha de sacrificio como una demostración de que la «reacción» estaba blandiendo el 

«grave problema de las subsistencias» con fines antidemocráticos, soslayando apropósito el hecho 

de que era un «problema de dimensiones universales»: «Para ello moviliza todo su poderío eco-

nómico. Alienta la especulación, organiza rumores alarmistas, subvenciona hojas demagógicas e 

irresponsables y utiliza como instrumentos de «grotescas marchas de hambre» a hombres y mu-

jeres sin ética política ni sentido de responsabilidad».634 Eran los mismos argumentos que el dipu-

tado aprista Sánchez había expuesto en su cámara dos semanas antes, cuando defendió el proyecto 

de ley que castigaba la especulación, los que fueron reproducidos en la revista aprista. Renovación 

implícitamente justificaba la violencia contra los «reaccionarios» y los que, desde su ignorancia 

o inmadurez política, se dejaban manipular por ella.  

En el mismo número de Renovación, Eduardo Jibaja expuso lectura aprista de la crisis de 

subsistencias y de lo sucedido el 13 de abril en la plaza San Martín. Esto último era «otra batalla» 

ganada después de que «el peso del aprismo liquidó para siempre la vocinglería de los fascistas y 

sus aliados», en la jornada del 7 de diciembre de 1945 en el parque Universitario, una referencia 

                                                             
631 «Nina Flores valerosa dirigente del F.M.N. habla para “Vanguardia”», cit.: 2. 
632 Poulsen (2014: 99-100). 
633 Chanduví (1988: 344); El Comercio (1998-V: 54). 
634 «En defensa de la democracia», Renovación, nro. 24, Lima, abril de 1946: 1.  



   

138 
 

a la citada batalla campal que libraron los apristas contra los opositores a la Nueva Ley de Im-

prenta. Ahora, decía Jibaja, las fuerzas de la «reacción», en complicidad con la «demagogia mos-

covita», los socialistas y comunistas, estaban llevando la lucha al delicado campo de la economía 

y apuntaban sus armas contra el ministro Luis Rose Ugarte. Lo que pasaban por alto es que la 

crisis estaba enraizada en el tiempo, debido a la despreocupación de pasadas dictaduras, y que 

seguiría así por la campaña sistemáticamente desplegada por los enemigos de hoy. Sus tácticas 

eran «hambrear al pueblo» a través de una extensa «red de cómplices» en los ministerios, traba-

jadores en huelga, además de hacendados, gamonales e intermediarios que afectaban la produc-

ción de alimentos o los ocultaban y acaparaban; y circular rumores de desabastecimiento para 

preparar un escenario psicológico apropiado. Una vez debilitado el Partido del Pueblo, principal 

apoyo del gobierno, se daría su derrocamiento. Por ello, Jibaja hacía un llamado a los apristas: 

«cada uno de nosotros es una voz de alerta, es una tensa voluntad de trabajo, y, sobre todo, es una 

guardia tensa que espera cualquier eventualidad para probar que el aprismo es la misma fuerza de 

siempre: el centinela develado del régimen que inauguramos el 28 de julio de 1945».635 

El PAP también se propuso fiscalizar a sus militantes involucrados en la administración 

pública de las subsistencias. Desde 1946, el Tribunal Supremo de Disciplina, órgano judicial 

aprista, juzgó y condenó a varios de aquellos por peculado.636 Por su parte, Haya invocó a denun-

ciar a los apristas que delinquieran sin temor alguno, ya que —como dijo en la Plaza de Acho el 

7 de setiembre de 1946— «se encontrará en el Partido los mejores fiscales para condenar al cul-

pable»; no obstante, exigió «que cuando [se] levantara el dedo para acusar a un aprista, […] sea 

en verdad una acusación justificada».637 En el distrito de Zaña, su llamado fue atendido con pron-

titud: Adán Rodríguez, síndico aprista de la Oficina de Gastos Municipales, fue acusado por sus 

compañeros de ignorar las amonestaciones de la Junta de Control de Precios (vendía la manteca 

sobrevalorada). En su nota, el semanario aprista Carteles denunciaba, además, que la panadería 

de Rodríguez «saca un pan chico, que no alcanza el peso ni a cuarenta gramos, y lo vende a la 

hora que quiere, sin fijarse que el pueblo es de jornaleros la mayor parte y necesitan éstos del pan. 

Este señor ha confundido la libertad de industria con abuso contra el pueblo».638 La acusación 

partía de una concepción moral de la economía que rechazaba la ganancia capitalista de no ceñirse 

al bien común. Carteles se preguntaba: «¿Qué puede hacer la junta de Control?»; y se respondía 

apelando a la autoridad de Haya: «El c. Jefe, en su último mensaje en la Plaza de Acho de Lima, 

ha dicho: si hay apristas que cometan desatinos, denúncielos; y recalcó: en el Partido no damos 

cabida a los traficantes, mucho menos a los que especulan con el Pueblo».639 

                                                             
635 Eduardo Jibaja, «Conciencia del peligro», Renovación, Lima, nro. 24, abril de 1946: 8, 19. 
636 Chanduví (1988: 340-341).  
637 Villanueva Díaz (2009: 199).  
638 «Carteles en Zaña», Carteles, Chiclayo, 6 de octubre de 1946: 8. 
639 Ibíd. 



   

139 
 

La dirección del PAP también aprobó la participación de sus militantes en tareas de fis-

calización de las subsistencias, una decisión que era resultado de la necesidad de contar con una 

fuerza policial auxiliar. El mismo Luis Rose Ugarte había reconocido, en la sesión del 11 de 

febrero de 1946 del Consejo de Ministros, la incapacidad de ejecutar medidas enérgicas para con-

trolar los precios de la carne de res sin la participación del Ministerio de Gobierno y Policía. Para 

el ministro de Agricultura, se debía disponer de una «policía especial» en los lugares donde se 

contrabandeaba ganado, una práctica que había aumentado entre los criadores nacionales. Solo 

así se podría evitar el desabastecimiento.640 Una fuerza policial auxiliar no solo significaba un 

gasto adicional, sino también asegurarse de su idoneidad. Fue precisamente durante la gestión de 

Rose que el Secretariado Nacional de Defensa colaboró con el Ministerio de Agricultura para 

realizar tareas de vigilancia que vigilaran el transporte y comercio de las subsistencias, trabajo 

gratuito que se hizo también en coordinación con las juntas municipales transitorias. Al igual que 

en otras ciudades, la organización de los defensistas en Lima facilitó esta tarea al contar con bri-

gadas en sectores (barrios), mercados como el Mayorista, Minorista y Rondón —donde la mayo-

ría eran «industriales»—641 y en las secciones de Transporte y de la Policía Municipal.642 Esto 

significó la interacción cotidiana con productores, intermediarios, minoristas y consumidores, por 

ejemplo, durante agotadoras jornadas nocturnas en garitas de control,643 o en la fiscalización de 

precios y pesos en tiendas y almacenes durante los días domingos y feriados.644  

Como es comprensible, tal función celadora que se adjudicó el PAP empoderó a sus mi-

litantes, pero generó las críticas de los fiscalizados. Para Vanguardia, los inspectores, controla-

dores y pesquisadores que Haya «había nombrado» se limitaban a extorsionar a los pequeños 

comerciantes de mercados, pulperías, carnicerías, cafés, licorerías, etc. Como prueba de este 

abuso, Vanguardia publicó una carta que había llegado a sus oficinas, fechada el 30 de julio de 

1946, en la que el ciudadano Pedro Cabrera Ruiz denunciaba el intento de allanamiento de su 

domicilio por parte de policías municipales y de miembros de «lo que llaman la Brigada de Pes-

quisadores de Subsistencias del Partido del Pueblo» que actuaban en nombre del Ministerio de 

Agricultura. Cabrera llamaba la atención sobre la presencia de una funcionaria de este último: 

Carmela Vaygorroan, «portadora de un carnet aprista y de una hoja timbrada que decía Brigada 

Femenina del Ministerio de Agricultura». El propósito de la brigadista y de los policías munici-

pales era confiscar el aceite y la carne que supuestamente Cabrera vendía en secreto. Se le informó 

                                                             
640 Gobierno de Bustamante, t. 2, sesión del 11 de febrero de 1946, ff. 19-20, en ACM-UNMSM. 
641 «La brigada de búfalos de los mercados Mayorista, Minorista y Rondón [La Parada]», Vanguardia, Lima, 21 de 
octubre de 1947: 4. Según el padrón publicado por Vanguardia, doce apristas conformaban esta brigada. La mayoría 
eran provincianos del norte con edades entre los veinticinco y cuarentaicinco años. Uno era sastre, otro ebanista y diez 
figuran como «industriales», una referencia a actividades generadoras de riqueza a partir de la elaboración de objetos 
materiales, según la definición de Joaquín Capelo. Portocarrero Suárez (2020: 144, nota al pie 151).  
642 Véase «Banda armada de búfalos en la Transitoria de Lima», Vanguardia, 25 de noviembre de 1947: 2.  
643 Bendezú (2011: 160). 
644 Chanduví (1988: 344). 



   

140 
 

que la orden venía de Abraham Moscoso, inspector en jefe del mercado La Parada, y Carlos Sal-

días Álvarez, jefe de la Policía Municipal de Lima y jefe del Comité de Disciplina local. En su 

carta, Cabrera insinuaba la militancia aprista como único mérito para que los mencionados tuvie-

ran esos cargos. Por ejemplo, Saldías era un ex ayudante de mecánica. Cabrera no permitió el 

allanamiento de su domicilio: los desautorizó diciendo que sólo un juez podía ordenarlo, amenazó 

con echar a golpes a los fiscalizadores y se defendió asegurando que era un obrero y no un co-

merciante.645  

Al tener bajo su control la mayoría de los estanquillos, locales de venta al por menor de 

subsistencias que administraban los municipios, los apristas se vieron en dificultades, pues las 

largas colas, el aumento de los precios, la escasez y la corrupción desgastaron su imagen. No 

obstante, cuando los apristas no presidían los gobiernos municipales, instrumentalizaron política-

mente la crisis de subsistencias. Fue el caso de la Junta Transitoria Municipal Provincial de Are-

quipa y de su alcalde, el industrial liberal Pedro P. Díaz fue elegido alcalde. Por debajo se encon-

traba la teniente alcaldesa Eva Morales, de filiación aprista.646 Uno de los problemas de Díaz era 

la falta de alimentos para la ciudad de Arequipa, con una población cercana a los 90 000 habitan-

tes,647 y que incluía a migrantes surandinos de origen campesino que habían llegado atraídos por 

la expansión industrial y urbana, y por una importante clase media, un poco más del 40 % a nivel 

departamental, compuesta por artesanos, comerciantes y empleados. La ciudad dependía de la 

importación de alimentos, ya que los terratenientes, al caer los precios de la lana, habían reorien-

tado sus inversiones hacia el algodón y el azúcar a costa del trigo y otros productos de panllevar. 

El inicio de las actividades de la empresa estadounidense Gloria en 1941-1942, tampoco alivió la 

demanda de lácteos, razón por la que se comenzó a plantear su futura nacionalización.648  

De allí que la elección de Díaz despertara grandes expectativas entre los arequipeños (no 

apristas); sin embargo, abrumado por quienes lo acusaban de no solucionar, entre otros problemas, 

la escasez de un alimento esencial como la leche, renunció a su cargo en octubre de 1946. Solo 

un mitin de respaldo y la solicitud del propio Bustamante hicieron que diera marcha atrás.649 Para 

el diputado Javier de Belaunde, el retorno de Díaz habría la posibilidad de solucionar graves pro-

blemas como el de las subsistencias aunque en este caso solo sería posible con la participación 

del gobierno central, a través de la habilitación de tierras de cultivo en Majes y Siguas que se 

                                                             
645 «Otra de las formas en que se ejerce la dictadura totalitaria del Apra», Vanguardia, Lima, 9 de agosto de 1946: 2. 
646 Bedoya (2020: 248). 
647 Según el censo de 1940, la ciudad de Arequipa tenía 85 452 habitantes. 
648 Meza y Condori (2018: 212-216, 224, 228). En este escenario de escasez Luis A. Huaco, presidente de la Sociedad 
Agrícola de Arequipa, donde los pequeños y medianos propietarios también se encontraban representados, respaldó la 
propuesta del senador frentista Manuel J. Bustamante de la Fuente, que planteaba la participación de los propietarios 
de la provincia en la empresa estadounidense Leche Gloria, hasta en un 49 % de sus acciones. La medida paliaría, según 
Huaco, los efectos del control de precios, además de considerarlo un paulatino proceso de nacionalización de la indus-
tria y enraizamiento de la riqueza nacional. Su colega, el aprista Lino Muñoz Escobedo respaldó la iniciativa, hecho 
que fue aplaudido por Huaco. Véase «La participación de los agropecuarios en las acciones representativas del capital 
de “Leche Gloria”», El Deber, Arequipa, 19 de octubre de 1945: 5. 
649 Arce (2017b: 216). 



   

141 
 

destinarían al cultivo de trigo y alfalfa.650 Pero la situación de Díaz resultó precaria: los concejales 

apristas intentaron instalar una nueva junta municipal. Fue en esta enrarecida atmósfera que, el 3 

de diciembre de 1946, un incendio destruyó la fábrica América.651 Las llamas consumieron gran 

parte del moderno complejo industrial que era propiedad de Díaz y que producía y exportaba 

artículos de cuero y «toda clase de pieles de animales de nuestra montaña», además de búfalo y 

bueyes salvajes de Asia y África traídas de Estados Unidos. La fábrica era parte de la cotidianidad 

de la ciudad, al ser centro de trabajo y estudios para centenares de obreros y contar con un pro-

grama radial que organizaba concursos promocionales. El Deber recogió la denuncia del jefe de 

bomberos sobre el corte intencional de las mangueras y los «gritos hostiles» contra Díaz «de 

ciertos grupos de estudiantes y gentes del pueblo conocidos por su fanatismo». Sin decirlo, el 

diario arequipeño responsabilizaba a los apristas del siniestro.652 

La ciudad de Arequipa se vio sumergida en la violencia el 10 de febrero de 1947. Desco-

nocidos tañeron las campanas de la catedral para convocar a la población. Después atacaron el 

Club Arequipa, la Compañía de Bomberos y el edificio del Consejo Provincial ante la supuesta 

inacción policial. Según Javier de Belaunde, las acciones fueron incitadas «por agitadores apristas 

llegados de Lima», quienes aprovecharon el reparto incontrolado de aceite para azuzar a la pobla-

ción. Los comités departamentales del PSR, el PCP y la UR y diversos sindicatos laborales res-

pondieron organizando una manifestación contra los ataques y en apoyo al alcalde Díaz. Días 

después, llegaron de Lima delegados de la UR, mientras que la Confederación de Trabajadores 

de Arequipa convocó a un mitin, el cual tuvo lugar el 14 de febrero a pesar de los «rumores 

amenazantes» y la «guerra de nervios» que desataron los apristas. En su discurso, De Belaunde 

acusó a los «agentes provocadores de fuera» de traicionar la «tradición arequipeña» al tocar las 

campanas con «fines aviesos». Sin decirlo, señaló al PAP: «Arequipa rebelde, revolucionaria y 

altiva no podrá nunca trocar su papel de vigía y baluarte de las libertades, para ser una célula más. 

Sometida disciplinadamente, a un organismo político, que ahogaría su ansia de libertad y glo-

ria».653 Por su parte, Díaz destacó la limpieza de su gestión de todo interés personal, de círculo o 

partidario e hizo también de la «magna manifestación» un acto de respaldo a Bustamante.654 

Hay que precisar que los sucesos arequipeños de febrero se dieron un el nuevo escenario 

de politización de la crisis de subsistencias. La renuncia de todo el gabinete había hecho que el 

ingeniero agrónomo Pedro Venturo, amigo personal del presidente y cercano a los agroexporta-

dores, reemplazara a Luis Rose Ugarte en el Ministerio de Agricultura. Su nombramiento el 12 

                                                             
650 Arce (2017a: 102-103). 
651 «Una luz en la cortina de humo sobre el incendio de la fábrica “América”», Vanguardia, Lima, 3 de enero de 1947: 
2. 
652 Véase la publicidad de América en El Deber del 5 y 6 de diciembre de 1945: 5 y 7, respectivamente. 
653 De Belaunde (1996: 308-309, 617-619). 
654 Arce (2017b: 104-105).  



   

142 
 

de enero de 1947 significó el desmantelamiento de la política alimentaria aprista. En el caso con-

creto del control de precios, por ejemplo, se establecieron precios máximos que, en teoría, favo-

recerían a los consumidores pero que en la práctica significó una concesión para los grandes pro-

ductores nacionales. En consecuencia, los precios subieron 116 puntos solo en Lima, comparados 

a los 19 de un año antes. A pesar de incrementos periódicos de los precios máximos, la escasez 

de las subsistencias se mantuvo al no verse afectada la demanda.655 Conscientes del impacto ne-

gativo en la opinión pública, el Ejecutivo discutió la reorganización de la Oficina Central de Con-

trol de Precios del Ministerio de Hacienda. Venturo propuso su descentralización a partir del con-

trol que haría cada ministerio de los productos de su rubro. Sin embargo, el Consejo de Ministros 

decidió mantener dicha oficina aunque bajo la asesoría y supervisión de un organismo consul-

tivo.656 Otro paso del Ejecutivo fue la creación de la Junta de Control de Precios, órgano del Mi-

nisterio de Hacienda, con sedes a nivel nacional.657 

Como es obvio, la nueva política alimentaria, que incluía la paulatina liberación de sus 

precios, trajo a Venturo la abierta oposición del PAP. Medidas concretas contra los apristas, como 

multar a la cooperativa de alimentos de la Junta Municipal Transitoria del Rímac, a la que acusó 

de ser un negocio y no un servicio, debieron granjearle un encono visceral entre los militantes de 

a pie. Pero el primer lugar donde encontró oposición fue en el Ministerio de Agricultura. De allí 

que el primer paso que dio fue sustituir a los funcionarios de alto rango y despedir a los empleados 

de menor categoría que eran apristas. Estos respondieron con recursos como la propaganda mural, 

donde los insultos contra Venturo, el director de Investigaciones y el ministro de Gobierno y 

Policía eran visibles, incluso, en lugares reservados y mesas de trabajo.658 En la sesión del 20 de 

mayo de 1947, Venturo informó al Consejo de Ministros sobre la campaña que atacaba su política 

de subsistencias en su propio ministerio y de las «maniobras» de los extrabajadores apristas que 

había despedido, «por no ser necesarios». El caso del coordinador general, un aprista de apellido 

Blume, le generaba especial preocupación. Había recibido informes sobre su actividad proselitista 

entre los trabajadores. Ante la interrogante de cómo proceder, el presidente Bustamante propuso 

una salida legalista sutil para evitar un tedioso y largo juicio de índole laboral: la apertura de un 

expediente que justificara la subrogación del funcionario, para después trasladarlo a otro cargo, 

aunque no de inmediato, «porque, de lo contrario, el Sr. Blume podría argüir que había sido re-

bajado de categoría». La solución fue aceptada por el Consejo de Ministros.659 

                                                             
655 Portocarrero Maisch (1983: 156); Saco (1985: 296-297). 
656 Gobierno de Bustamante, t. 5, sesiones del 3, 7 y 15 de julio de 1947, ff. 49-50, 105-106 y 122, respectivamente, en 
ACM-UNMSM. 
657 Gobierno de Bustamante, t. 5, sesión del 15 de julio de 1947, f. 122; y t. 6, sesión de 21 de octubre de 1947, f. 56, 
en ACM-UNMSM. 
658 Memorándum para uso personal del señor ministro de Gobierno y Policía, cit., ff. 57-58.  
659 Gobierno de Bustamante, t. 4, sesión del 20 de mayo de 1947, ff. 191-192, en ACM-UNMSM. 



   

143 
 

La salida de Rose le permitió al PAP recuperar parte de la iniciativa en la lucha por las 

subsistencias. Durante su gestión, medios como Carteles no pudieron negar lo evidente: la cre-

ciente escasez de artículos de panllevar, tal como denunció su corresponsal de Chongoyape, pero 

culpar solo a los grandes y pequeños propietarios, a los que acusaba de destinar sus tierras al 

cultivo de arroz, sin responsabilizar en absoluto al APRA ni al gobierno resultaba exagerado.660 

Las continuas peticiones de socorro que se elevaron a Rose desde el Congreso, como las del Gre-

mio de Panaderos de Puno que denunciaba la falta absoluta de harina,661 también habrían com-

prometido el nombre del PAP. En la provincia de Tacna el prestigio del aprismo se mantuvo 

elevado a pesar de la crisis de las subsistencias —el precio oficial del kilo de carne era de S/1.60 

pero se vendía a S/2.60 en 1947—, gracias a la Ley Tacna, impulsada por el senador aprista Juan 

Arce Arnao y aprobada a fines de 1945. Dicha ley enorgullecía a los tacneños por las numerosas 

obras públicas que contenía. Sin embargo, con la salida de los ministros apristas de Hacienda y 

Fomento, era evidente que no prosperaría. La ley había sido un estímulo ante la escasez de pro-

ductos de primera necesidad como azúcar, arroz, aceite y harina (la falta de esta última hizo que 

el alcalde Filidor Cavagnaro Herrera prohibiera su uso en postres y pastas). Las tarjetas de racio-

namiento y las largas colas en los estanquillos agudizaron el descontento en los tacneños, quienes 

acusaron a los parlamentarios apristas de sujetarse a dictados partidistas.662 

 A la vez que Pedro Venturo implementaba su política de precios máximos, el ministro de 

Gobierno y Policía, Manuel Odría, nombraba nuevos prefectos y subprefectos de línea antiaprista, 

entre ellos Francisco Tovar Belmont, un funcionario de larga trayectoria al que se le encargó la 

Prefectura de Pasco.663 En la tarde del 16 de febrero de 1948, fue linchado por una multitud con-

formada por hombres, mujeres y niños. Los pocos efectivos policiales no habían podido disolver 

a las cuatro mil personas que se habían congregado a las afueras de la prefectura. Antes, una 

comisión negociadora había comunicado a Tovar tres exigencias: la venta libre del azúcar, la 

liberación de los detenidos en la cárcel y su renuncia y salida de Cerro de Pasco. Las dos primeras 

fueron atendidas de inmediato; la tercera, solo después de los estallidos de petardos de dinamita 

y la invasión de la prefectura por los manifestantes. Tovar sabía que las tropas solicitadas a Lima 

solo arribarían en varias horas. Con maleta en mano, y rodeado de otras autoridades, abandonó la 

prefectura, pero a sesenta metros fue derribado y golpeado con palos y piedras. Su cadáver, atado 

por el cuello con un alambre, fue arrastrado y después abandonado.664 Al llegar las noticias a 

Lima, el Ejecutivo culpó a «agitadores apristas» del crimen; el PAP y La Tribuna, al propio Tovar 

                                                             
660 Título ilegible, Carteles, Chiclayo, 25 de mayo de 1946: 7.  
661 Encinas y Ulloa (1991: 607-608; 638). 
662 Gambetta (2005: 13, 25, 31, 32, 36, 37, 43, 55). 
663 El Comercio (1998-V: 70). 
664 Comunicado del Ministerio de Gobierno, Lima, 17 de febrero de 1948, «Caso Tovar Belmont», ff. 21-22, en CMAO-
PUCP. 



   

144 
 

y las masas pasqueñas. Pero ambas versiones, igualmente sesgadas, coincidían en señalar que la 

crisis de subsistencias estaba amenazando la paz social. 

 El corresponsal especial de La Tribuna, Eduardo Jibaja, insistió en describir los hechos 

de Pasco como una «espontánea» revuelta popular sin «dirigentes políticos». Presentó a Tovar 

como una autoridad vulgar e iracunda que exhibía una pistola para intimidar a los pasqueños y 

que se ensañaba sobre todo con las mujeres de la cola del estanquillo, a las que llamaba «ratas 

serranas». Fueron los golpes y el encarcelamiento de una de ellas, que además estaba embarazada, 

lo que provocó la movilización del pueblo que, sin embargo, no actuó como una masa anárquica, 

sino con civismo y justicia: «Nosotros podemos decir que el orden se restableció en el mismo 

instante en que el pueblo cantó el Himno Nacional junto a los despojos del señor Tovar». Según 

Jibaja, sectario no era el APRA sino Tovar, quien permitía la venta del kilo de azúcar con sobre-

precio y peso adulterado, y atribuía a los apristas su especulación y escasez: «Es así como el 

Prefecto convertía las colas en tribunas de oposición al Partido del Pueblo. Allí mismo, frente a 

la desesperación de las mujeres, a su cansancio e impaciencia, el Prefecto pronunciaba discursos 

picantes contra el Aprismo. Como siempre el pueblo rechazaba sus discursos, profería en derrota: 

“Ratas miserables, las voy a matar de hambre”. O si no: “endulcen con aprismo”». Jibaja redondeó 

la identidad política de Tovar al asociarlo con la coalición antiaprista Alianza Nacional, a través 

del dirigente aliancista Bao Peña, quien «lo abandonó en el momento del peligro, escapando por 

el techo de la Prefectura.». Por último, culpó al gobierno de desoír las quejas de los pasqueños.665 

 En su editorial del 19 de febrero, La Tribuna descalificó a los funcionarios del gobierno, 

«surgidos merced al voto de los ciudadanos apristas», que ahora «culpan a los apristas, vale decir 

a los mismos que son fuente de su soberanía, de ser los autores exclusivos de ese luctuoso suceso». 

En realidad, los autores del «drama» pasqueño eran las masas hambrientas y el insensible Tovar, 

es decir, «los que actuaron desesperados y enloquecidos, y los que operan fríamente, “a control 

remoto”, provocando y exasperando al pueblo». En realidad, en todo el país se era víctima de las 

políticas de «mercado libre» del ministro de Agricultura y de «importación con divisas propias» 

del ministro de Hacienda.666 Los apristas no eran pues los responsables, porque «a las gentes 

adultas del Perú no se las maneja como a muñecos». Además:  
 
[…] porque si hubieran decidido soliviantar las colas, habrían tenido muchos otros campos de 
experimentación en otras ciudades, muy especialmente Lima, donde solo la paciencia y la disci-
plina populares, ejemplarizadas por su Gran Partido, explican que miles de miles de niños y madres 
de familia hagan cola sacrificada desde las primeras horas de la tarde, pasando toda la noche sen-
tados sobre el suelo, o sobre cajones, para comprar al día siguiente, cuando alcanza, un kilo de 
arroz o un poco de pan.667  

 

                                                             
665 Eduardo Jibaja, «Exasperado por la falta de azúcar y los abusos del prefecto, el pueblo de Cerro fue al motín», La 
Tribuna, Lima, 19 de febrero de 1948: 3.  
666 «Los sucesos de Cerro», La Tribuna, Lima, 19 de febrero de 1948: 2. 
667 Ibíd. 



   

145 
 

Los que actuaban a la distancia eran los que exacerbaban, con fines «siniestros», al pueblo en una 

atmósfera ya recargada, las autoridades de Lima, desoyendo las múltiples quejas sobre la conducta 

del prefecto Tovar que oportunamente se hicieron llegar. La Tribuna también responsabilizaba a 

los que, desde el gobierno central, no sabían resolver la crisis de las subsistencias. Concluía ha-

ciendo un llamando a la cooperación democrática de toda la ciudadanía.668 

 La Tribuna trazó un cuadro del fenómeno de la cola. Si bien en términos concretos era 

«la agrupación escalonada de gentes de toda condición […], en nuestro medio, en donde cada 24 

horas las cosas tienen distinto nombre del que verdaderamente le corresponde», había «muchas 

interpretaciones según los ángulos de donde se mire. Por ejemplo, para los señores del Club Na-

cional, significa: “montón de cholos baratos, buscando entretenimiento” o también “ralea de agi-

tadora, incapaz de gobernarse”. En tanto que, para otros: “el producto del hambre y la miseria 

que, en fila, va derecho a la muerte”. Para los que están en ella: “maldición”, unos; “imprecaciones 

indescriptibles” otros».669 Los prejuicios de clase y raciales se traslucen en la mirada que tiene la 

oligarquía de las colas, del mismo modo que la insensibilidad del burócrata que sabe que el es-

fuerzo de los hombres, mujeres y niños hambrientos que las forman será en vano, mientras que 

en ellos cundía un descontento justificado. El gobierno conocería este drama, que no era reciente, 

si se acercara a las colas: así sabría que «tienen historia, pensamiento, humanidad, crítica, blasfe-

mia y “aprismo” […], deben, pues, ir en su buscar, oírlas, sopesarlas y enmendar rumbos». Ad-

vertirían la violencia desesperada que se iba gestando: «Ahora “Fuenteovejuna” mora en las colas. 

Que no se le menosprecie, ni se le tilde de “aprista”, ni se trate de hurgarla como trampolín de 

infames apetitos. Pues en ellas se está gestando, al par que la muerte por hambre, irremediables 

consecuencias». La restauración de la paz social, según sentenciaba La Tribuna, estaba en retomar 

la economía planificada propuesta por el aprismo.670 

  Una de sus tareas inmediatas al coronel Emilio Pereyra, jefe político y militar de Pasco, 

fue iniciar las investigaciones que diera con los asesinos de Tovar. En su primer informe a Odría, 

aseguraba que el crimen era parte de un plan subversivo preparado con antelación por los apristas. 

Así lo demostraba que, desde diciembre de 1947, el malogrado prefecto había recibido amenazas 

de muerte por haber arrestado al conocido sindicalista Luis Negreiros Vega, cuando llegó a Cerro 

de Pasco Fue entonces que «una poblada» excitada por los apristas intentó tomar la prefectura. 

En este sentido, las motivaciones políticas de la última asonada no era la crisis de las subsisten-

cias, tal como lo demostraba la ausencia de saqueos después del linchamiento de Tovar. La com-

probada militancia aprista de los integrantes de la comisión que garantizó a Tovar su seguridad, 

cunado fin era entregarlo a la multitud, era otra prueba: «En la ejecución de este crimen han 

intervenido conocidos dirigentes apristas, agitadores de los centros sindicalizados, teniendo una 

                                                             
668 Ibíd. 
669 «En las “colas” el pueblo expresa la impaciencia y protesta», La Tribuna, Lima, 20 de febrero de 1948: 3. Negritas 
en el texto original. 
670 Ibíd. 



   

146 
 

participación que, por lo coordinada, demuestra en forma inequívoca, que ha respondido a un plan 

premeditado». Se sindicaba a Humberto Luis Solís, Patricio Chahua Osorio, Víctor Germán del 

Mazo, Julio Vera y Atilio León Silva.671 Pereyra había solicitado al agente fiscal y al juez de la 

provincia que no participaran en el proceso contra los acusados, por ser apristas, una decisión que 

tuvo la aprobación del Consejo de Ministros.672 Cuando se lo solicitó al agente fiscal Óscar F. 

Lavado, Pereyra fue directo: tenía informes de su «enemistad» política con Tovar, la cual se acen-

tuó en su condición de presidente de la Asamblea Electoral Municipal, después de la renuncia 

irrevocable de la Junta Municipal Transitoria Provincial de Pasco.673  

 La muerte de Tovar se enmarca en el tipo de motín de subsistencias que no culmina con 

saqueos sino con el castigo de los responsables del hambre. En su condición de prefecto, Tovar 

presidía la Junta de Subsistencias, responsable de la comercialización de los alimentos que en-

viaba el Ministerio de Agricultura. Según Ricardo Temoche, Tovar formó una camarilla de co-

merciantes que los vendían a precios mayores y con peso alterado.674 También presidía la Junta 

de Control de Precios, dependiente del Ministerio de Economía. Pero su muerte también se ins-

cribe en el conflicto existente entre el gobierno central, las empresas mineras y los obreros: Tovar, 

un declarado enemigo de los sindicalistas apristas, había detenido a Negreiros cuando visitaba 

Pasco por invitación de la Federación de Mineros del Centro. Se puede suponer que los sindica-

listas apristas quisieron canalizar el descontento originada por la carestía: convocó a una mani-

festación que terminó desbordándose. La muerte de Tovar fue contraproducente para el APRA, 

no solo por su impacto negativo en la opinión pública, sino porque inició una represión que afectó 

a los sindicatos que controlaba. No obstante, era claro para el gobierno que se debían tomar me-

didas para paliar la crisis de las subsistencias en Pasco. La Junta de Control de Precios, presidida 

el coronel Pereyra, e integrada por el alcalde, el inspector municipal de Subsistencias y el presi-

dente de la Cámara de Comercio, anunció el fin de las «colas»: la Municipalidad entregaría con-

traseñas al público para adquirir un kilo de azúcar por persona a un precio fijo, con la indicación 

oportuna de las fechas y la lista de los establecimientos comerciales.675  

 

 

 

 

 

 

                                                             
671 Informe refutando al diario «La Tribuna», del jefe político y militar de Pasco, coronel Emilio Pereyra, al ministro 
de Gobierno, Cerro de Pasco, 23 de febrero de 1948, «Caso Tovar Belmont», ff. 60-62, en CMAO-PUCP. 
672 Sobre estas recusaciones, véase Gobierno de Bustamante, t. 7, sesión del 16 de marzo, f. 133, en ACM-UNMSM.  
673 Oficio sin número no fecha del jefe político y militar de Pasco, coronel Emilio Pereyra, al agente fiscal de la pro-
vincia de Pasco, Óscar F. Lavado, «Caso Tovar Belmont», f. 392, en CMAO-PUCP. 
674 Temoche (1955: 74). 
675 Véase, «Venta libre de azúcar», recorte periodístico sin datos, «Caso Tovar Belmont», f. 91, en CMAO-PUCP.  



   

147 
 

Capítulo 4 

El renovado combate contra la «reacción» 

 

Durante la Primavera Democrática, los apristas enfrentaron a sus rivales de la izquierda y la de-

recha, tanto en la arena ideológica como en las calles. Tenían a su favor la mística y experiencia 

de lucha que les había dado años de persecución. Esta batalla que libraron en el nuevo escenario 

de libertades de la posguerra perfiló su identidad: los apristas se consideraron la única fuerza 

capaz de proteger al Perú del peligro comunista y fascista que querían destruir la democracia 

recién recuperada. No obstante, el rechazo al PCP tuvo primero que extinguir las simpatías que 

existían a la Unión Soviética por su sacrificio en la guerra. Con respecto a la UR, los apristas 

pasaron del acercamiento inicial al enfrentamiento en la medida que los urristas tomaron una 

posición claramente antiaprista. La creación de la Alianza Nacional en 1947 fue interpretada por 

los apristas como la suma de todos enemigos unidos con un solo propósito: la destrucción del 

APRA. Por último, los apristas no estuvieron libres de tensiones internas que desembocarían en 

acusaciones, renuncias y una insurrección que se fraguaría a espalda de la jefatura aprista. 

 

4.1 El imperialismo soviético y los «bolcheviques criollos»  

La solicitud de que el Perú estableciera lazos diplomáticos con la Unión Soviética estuvo relacio-

nada con la admiración que provocaba su «guerra patriótica» contra el nazismo y se entreveía su 

lugar hegemónico después de la guerra. Los comunistas peruanos fueron los que más vehementes. 

En su Primera Conferencia Nacional de 1944, exigieron el establecimiento de relaciones oficiales 

«con el país del Socialismo, con el régimen soviético, con el gran pueblo que dirige el más genial 

de los hombres: el Mariscal Stalin», pues habían varias razones para ello: era un reconocimiento 

al pueblo ruso y al Ejército Rojo por estar librando a la humanidad de la amenaza nazi-fascista; 

por el surgimiento de la Unión Soviética como una potencia en la escena mundial al lado de los 

Estados Unidos e Inglaterra; y porque la tecnología, la ciencia y la cultural soviética serían fun-

damentales para la reconstrucción del mundo de la posguerra. Todo esto demostraba «de un modo 

incontrovertible que el Perú debe establecer relaciones con la Unión Soviética a la brevedad po-

sible como lo habían hecho México, Cuba, Colombia, Uruguay y están por hacerlo Brasil, Bolivia, 

Ecuador y Chile».676 Los dirigentes comunistas sin duda tenían razón en un punto: gobiernos la-

tinoamericanos de derecha e izquierda habían establecido lazos con los soviéticos, por solidaridad 

moral o pragmatismo, siendo el peruano una notoria excepción en la región.677 

Dirigentes apristas como Luis Alberto Sánchez, exiliado en Chile, habían expresado su 

preocupación por la admiración que despertaba la gesta soviética. A inicios de 1943, le escribió 

                                                             
676 PCP (1989: 318-319). 
677 Por ejemplo, Perón, tildado de «nazifascista» por los comunistas argentinos, estableció vínculos diplomáticos con 
los soviéticos, en 1946, para fortalecer su propia posición política y comercial en la región frente los Estados Unidos. 
Sobre las relaciones oficiales soviéticas con Latinoamérica y el Perú, véase Varas (1981) y Adins y Rooney (2019). 



   

148 
 

a Haya que la juventud peruana se haría comunista si las victorias soviéticas definían la suerte de 

la guerra, tanto así que «hasta un joven compañero de ejemplar vehemencia, escribe entusiasta 

loa a los defensores de Stalingrado».678 El «joven compañero» sería el combativo estudiante san-

marquino Gustavo Valcárcel, quien, conmovido «por las grandes victorias del Ejército Rojo bol-

chevique», había dedicado un extenso poema a un héroe de la resistencia soviética.679 No era el 

único caso en las filas apristas: en Buenos Aires, Alberto Hidalgo había publicado su Oda a Stalin 

(1941), un exuberante homenaje al pueblo ruso y a su líder, «quien ha dado condición de persona 

a la materia».680 Sánchez también temía que el gobierno peruano reconociera oficialmente a la 

Unión Soviética antes de que los apristas se pronunciaran abiertamente a favor. No hacerlo afec-

taría su imagen ante una creciente opinión pública que demandaba relaciones diplomáticas dentro 

y fuera del Perú. Por ello sugirió a Haya que las solicitara públicamente a Prado, sin que esto 

significara un acercamiento con el PCP, pues, como advirtió, «[s]ería lamentable que un conser-

vador resultara más liberal que nosotros».681  

Haya respondió con aspereza: acusó a Sánchez de ignorar la realidad peruana, donde, 

según aquel, gracias a la propaganda civilista, los «comunistas» eran los apristas, por lo que «los 

triunfos rusos solo nos benefician a nosotros».682 Si bien se trataba de una apreciación exagerada, 

Haya no ignoraba el impacto de las victorias soviéticas, pero se había propuesto reconocerlas sin 

conceder mérito al régimen estaliniano. Esta posición la había comenzado a delinearla en La de-

fensa continental (1941), obra donde renovó su tesis antiimperialista, el «interamericanismo de-

mocrático sin imperio», que diferenciaba el sistema económico y político estadounidense —que, 

si bien agredía a los países latinoamericanos, dejaba espacios para luchar contra sus males— de 

los imperialismos totalitarios fascista y comunista que ahogaban la libertad. Este desarrollo doc-

trinal hayista fue confirmado en la Primera Convención Nacional del PAP de 1942, donde se 

proclamó «[la] profunda admiración y más alta solidaridad hacia todos los pueblos que luchan 

heroicamente por la libertad, especialmente por los de Rusia, India, China, por los sojuzgados de 

la Europa central y occidental y por los que en Indoamérica aún sufren despotismo», a la vez que 

se rechazaba el «oportunista» discurso antiyanqui soviético. Por otra parte, en aquel evento, el 

PAP renunció a la tesis de separación Iglesia-Estado, una decisión que remarcaba su distancia del 

comunismo y facilitaba su retorno a la legalidad y la formación de futuras alianzas.683 

Sin embargo, a pesar de su voluntad, Haya no pudo evitar que la lucha conjunta de los 

aliados estimulara el acercamiento entre apristas y comunistas. El pacto de unidad sindical alcan-

zado en Chile en 1943, entre representantes obreros de ambas partes, fue el antecedente para que 

                                                             
678 Haya de la Torre y Sánchez (1982-I: 411). 
679 En Cristóbal (1985: 74). 
680 Hidalgo (1945: 17). Las autoridades secuestraron las dos primeras ediciones, una tercera circularía solo en 1945. 
681 Haya de la Torre y Sánchez (1982-I: 419). 
682 Ibíd.: 426. Haya se estaría refiriendo al «aprocomunismo», rótulo utilizado por la prensa civilista y el gobierno con 
el que se acusaba al aprismo de comunismo solapado.  
683 Sobre estos cambios, véase Murillo (1976: 486-487). Kantor (1964: 179-180); y Vallenas (2006 [1992]: 200-204). 



   

149 
 

dirigentes apristas y comunistas arequipeños firmaran una alianza política basada en dos deman-

das comunes: retorno de la democracia y elecciones generales libres en el Perú. Si bien el pacto 

fue rechazado por el CEN aprista en Lima, una nueva ronda de conversaciones concluyó con la 

creación del FDN en junio de 1944, con la participación de «hombres de distintas clases e ideo-

logías», incluyendo a los comunistas. En su primer manifiesto, el FDN anunció batallar por el 

restablecimiento de la democracia y de las libertades fundamentales (sufragio, expresión, im-

prenta, reunión y elección), la representación de las minorías y el limpio escrutinio en las mesas 

de sufragio. Sn embargo, los delegados comunistas terminarían retirándose del FDN en diciem-

bre, durante la Convención Regional del Sur del FDN, denunciando que sus acuerdos «estaban 

democrática y moralmente viciados con la participación en ellos de conocidos fascistas». Si bien 

la decisión del PCP se debía a la presencia de dirigentes con un pasado urrista, los apristas la 

interpretaron como un intento más de los comunistas de sabotear la coalición.684  

Así, a diferencia de otras coaliciones democráticas en la región, la peruana no incluyó a 

los comunistas.685 Bustamante, una vez designado su candidato presidencial del FDN, intentó re-

incorporarlos, según recordaría Nicanor Mujica, con el argumento de la participación rusa en la 

guerra «al lado de la democracia».686 En su calidad de delegado aprista, Mujica dejó en claro las 

razones de su partido para oponerse: «nuestra tradicional política anticomunista, la adhesión in-

condicional de los rojos a Prado, su saboteo al FDN».687 Haya fue más enérgico: advirtió «que no 

toleraría a los comunistas en el Frente, y que, en cambio, debían formar parte de él, ampliando su 

base, los del Partido Democrático Reformista (leguiísta) y los de la Unión Nacional (sanchece-

rristas)».688 En definitiva, Haya no estaba dispuesto a que los comunistas fueran reconocidos como 

parte de «la fuerza política y electoral de mayor potencia, en la que están representadas las agru-

paciones políticas auténticamente demócratas». Aceptarlos sería, además, un contrasentido 

cuando el mismo había censurado el totalitarismo estaliniano que no había «titubeado» en pactar 

con Hitler en 1939 y la colaboración comunista con diversas dictaduras latinoamericanas, inclu-

yendo la de Prado.689 Por último, la presencia comunista habría dado al FDN la forma de un frente 

popular, la táctica electoral antifascista de Moscú que Haya siempre rechazó.690  

                                                             
684 Dos testimonios sobre la formación del FDN en De Belaunde (1996: 171-205); y Peralta (1977: 230-242; 251-287). 
Sobre la participación de la UR en el FDN, véase la sección 4.2 de esta investigación. 
685 Los comunistas participaron en estas alianzas democráticas en Bolivia y Argentina. En Brasil, por el contrario, se 
reusaron, y en Venezuela fueron aliados del gobierno derrocado. Véase Bethell y Roxborough, eds. (1997). 
686 En sus memorias, Bustamante señaló que su propósito democratizador se correspondía con la gran lección que 
dejaba la guerra: el «imperativo de una más libre forma de existencia dentro de un molde republicano de verdad» (1949: 
11). En términos prácticos, la inclusión del PCP habría sido un contrapeso al PAP dentro del FDN. 
687 Mujica y Mujica (2015: 363). 
688 Sánchez (1987 [1969]-II: 346-347).  
689 Pereda (1979: 295-296). En efecto, los comunistas latinoamericanos apoyaron diversas dictaduras desde su táctica 
de la unidad nacional, dictada por Moscú después de la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941. Consistía en 
formar amplias alianzas antifascistas que, en Latinoamérica, incluiría el capitalismo y la oligarquía. El PCP apoyó al 
pradismo, considerado «un poderoso sector de la burguesía que busca consolidar sus posiciones dentro de una economía 
nacional propia, si bien vinculada a las necesidades que la guerra ha impuesto a los EE.UU. [sic]». PCP (1989: 22). 
690 El frente popular fue la táctica dictada por Moscú en 1935 a los partidos comunistas para evitar el ascenso del 
fascismo. Consistía en abandonar la línea cerrada de clase contra clase para promover alianzas electorales con otras 



   

150 
 

Aunque Vanguardia Socialista —nombre con el que el PCP recuperó su legalidad— no 

fue parte del FDN, los comunistas respaldaron a Bustamante, pues, como señaló su secretario 

general, Jorge Acosta, había coincidencias programáticas con sus propuestas de industrializar la 

economía nacional y de luchar contra «la casta oligárquica que mantiene supervivencias colonia-

les». En general, los comunistas respaldaban los «planes evolutivos adecuados a la realidad pre-

sente» que proponía Bustamante. Acosta también anunció la participación de candidatos parla-

mentarios comunistas en las provincias donde se consideraba que tendrían respaldo popular: Are-

quipa, Andahuaylas, Cusco, Puno, Lima y el Callao.691 Entre ellos estaba Gustavo Gorriti Butrón, 

quien, por su admiración al sacrifico soviético en la victoria sobre el nazismo, se había incorpo-

rado recientemente al PCP. Gracias a una eficiente gestión en Camaná durante el gobierno de 

Prado, fue reelegido como diputado de la provincia arequipeña en 1945.692 Por su parte, los vete-

ranos comunistas cusqueños Sergio Caller Zavaleta y Juan Jacinto Paiva fueron también elegidos 

aunque como parte de la lista del FDN.693 En otras provincias, las bases comunistas apoyaron 

candidaturas afines, como fue el caso del socialista ayacuchano Oswaldo Regal.694 El PCP se 

proponía desarrollar una actividad parlamentaria independiente, distinta a la «desviacionista de 

derecha» de sus anteriores diputados aliados a Prado. Sin embargo, como reconocería su direc-

ción, su «fracción parlamentaria» empezó con mal pie al dejarse arrastrar por las iniciativas de la 

CPA, incluso en un tema sensible como los lazos diplomáticos con la Unión Soviética.695 

 A pesar de presentar su doctrina como una adaptación original del marxismo para la reali-

dad indoamericana, y de solidarizarse oficialmente con la lucha del pueblo ruso contra el nazismo, 

los apristas no pudieron capitalizar la victoria militar de los soviéticos de la misma manera que 

los comunistas peruanos, un hecho que resultó irritante para aquellos. Renovación publicó un 

ácido artículo de Moisés Arroyo Lozada, escrito en Cusco, donde el aprista ironizaba los afanes 

de «quienes se han hecho dueños absolutos del importado denominativo [el Comunismo]», sin 

haber luchado en el frente oriental: «No hemos sabido que ninguno de estos bravos corifeos [co-

munistas criollos] hubieran tratado de marchar a los campos de batalla rusos en las horas críticas 

de la guerra. O que la noticia de la formación de la División Azul de los fascistas españoles in-

tentara siquiera en nuestros pagos constituir una División Roja quechua-aimará [sic] para ir a 

defender Stalingrado…». Con más acritud, Arroyo distinguía «entre aquel comunismo creador 

ruso —mística dinamizadora de un gran pueblo— y este simiesco afán de presentarse en súbditos 

coloniales de un distante y poderoso imperio victorioso, solo para aprovecharse del nombre con 

                                                             
organizaciones de izquierda y liberales. Los frentes populares vencieron en España y Francia en 1936 y Chile en 1938. 
Haya manifestó en múltiples oportunidades su rechazo al frente popular desde que lo propuso a los apristas Eudocio 
Ravines, como comisario de la Comintern, en 1935. Véase Haya de la Torre y Sánchez (1982-I). 
691 En Flores Galindo (1982: 210, 215-216). 
692 JNE (2015-II: 82). Sobre la gestión de Gorriti Pavón como diputado de Camaná, véase Claverías (2021). 
693 JNE (2015-II: 83). 
694 Heilman (2012: 99). 
695 PCP (1989: 121-122). 



   

151 
 

fines inconfesables» del «Comunismo original y verdaderamente ruso y erigido gloriosamente 

como todas las grandes causas: Con religiosa austeridad, con gallardía heroica, con disciplina 

férrea, con legítima e incorruptible moral revolucionaria» y este «comunismo criollo […] un lán-

guido remedo, una torcida suplantación».696 Entre líneas Arroyo equiparaba la doctrina original y 

praxis revolucionaria aprista con la de los revolucionarios de Lenin. 

Para Arroyo, los comunistas criollos también demostraron una falta de voluntad demo-

crática cuando apoyaron las «autocracias discípulas de Hitler y Mussolini» de Latinoamérica. Esta 

«táctica de colaboracionismo» demostraba que ignoraban la «lección grandiosa» de la Revolu-

ción rusa: «que con oligarquías sensuales; con regímenes gubernativos que no responden a la 

voluntad popular; con sistemas sociales de injusticia, de abuso y de embrutecimiento de las masas, 

jamás se puede convivir ni colaborar. Porque la grandeza de los pueblos no la realizan nunca esas 

oligarquías, ni las cumplen esos despotismos». Así, con su pérfido proceder, los comunistas crio-

llos desconocían la lección de la historia sobre las revoluciones: eran procesos sociales libertado-

res y modernizadores que las oligarquías nativas no podían ni estaban dispuestas a hacer, sino 

solo los pueblos oprimidos, tal como lo habían hecho el ruso, el inglés y el estadounidense. Eran 

gestas populares que, además, habían puesto a estos países en un lugar preeminente en el escenario 

mundial: «Rusia ha realizado su Revolución libertadora como Inglaterra, y como Estados Unidos 

fincan [sic] su poderío actual en las revoluciones que hicieron libres antes sus pueblos».697 Para 

los lectores de Arroyo, no quedaría duda de que eran los apristas los llamados a realizar esta 

revolución libertadora en el Perú, aunque no necesariamente por la violencia. En todo caso, para 

1945, la Revolución rusa ya no era una fuente de inspiración para la rebeldía aprista.698  

Durante la campaña electoral, la dirección del PAP tuvo una postura ambivalente con 

respecto a los soviéticos, incluso después de que estos precipitaran la rendición incondicional de 

Alemania a inicios de mayo de 1945. Para la gran jornada de reencuentro aprista del día 20 de ese 

mes, los anuncios invitaban a los peruanos «de buena voluntad, sin distinción y sinceramente 

dispuestos a trabajar por el bienestar general, para defender juntos nuestra democracia en una gran 

campaña nacional contra el totalitarismo de Moscú»”.699 Si bien Haya fue más ponderado en su 

discurso de la plaza San Martín, contrastó el nacionalismo aprista con el comunismo extranjero: 
 
Y este es el secreto, compañeros, que el programa de nuestro gran Partido debe cumplir, y para 
que se cumpla es necesario que tengamos libertad. Nosotros queremos justicia social, sin que la 
justicia social nos venga de Moscú. Nosotros concebimos la justicia social no al servicio de los 
intereses de una potencia extranjera, sino al servicio de las necesidades e intereses de nuestro pue-
blo. Por eso nuestro gran Partido no nació como un partido de clases sino como un partido de 
frente único de trabajadores manuales e intelectuales.700 
 

                                                             
696 Moisés Arroyo Lozada, «Comunismo de fe y comunismo de oportunidad», Renovación, nro. 19, Lima, junio de 
1945: 8. Tales elogios estarían inspirados en los escritos de Haya sobre Rusia. Al respecto, véase Sessa (2017).  
697 Ibíd.: 8-9. Cursivas en el texto original. 
698 Según Ciro Alegría, había sido la «alta llama en el horizonte» que «abrió los ojos» a una generación (2004: 26). 
699 En Clayton (1998: 315). 
700 Haya de la Torre (1985-V: 347). 



   

152 
 

Por el contrario, en aras de la unidad nacional, Haya alentó en esa oportunidad a los apristas a 

«conceder oportunidad a quienes se equivocaron y creyeron que el fascismo podía triunfar, para 

que vengan a nosotros, para que escuchen la voz fraterna del aprismo que dijo desde 1931», pero 

reiteró: «no queremos ninguna forma de influencia extranjera en la política de nuestra Patria, ni 

de derecha ni de izquierda; ni la Internacional Roja, ni la Internacional Negra». Y aunque Haya 

homenajeó a Rusia, para demostrar a quienes lo negaban que los marxistas también eran patriotas 

—con lo cual reivindicaba indirectamente el patriotismo aprista en cuanto a sus raíces marxistas— 

agregó: «Y así como yo considero a los Estados Unidos y a Inglaterra potencias extranjeras, tam-

bién considero a Rusia una potencia extranjera, digna de nuestra admiración, pero también man-

tenida en la distancia que nuestra soberanía y nuestra realidad histórica exigen».701 

Sin embargo, un destacado dirigente como Manuel Seoane tenía una postura más favora-

ble a la Unión Soviética. Precisamente, el mismo día del mitin hayista del 20 de mayo, Trinchera 

Aliada publicó la entrevista que le hizo el escritor Juan Ríos, un exmiliciano republicano en la 

Guerra Civil española y admirador de las guerrillas del general Tito.702 En ella, Seoane expresó 

su apoyo al establecimiento de lazos diplomáticos con los soviéticos: 
 

Soy abiertamente partidario de un inmediato reconocimiento. Es absurdo que el Perú continúe 
ignorando oficialmente que el Ejército Rojo se encuentra hoy en muchas de las capitales de Eu-
ropa. En 1942, el Partido del Pueblo envió un Mensaje fraternal al Pueblo Soviético, saludándolo 
con motivo de la epopeya de Stalingrado. Por lo demás, todas las naciones vecinas del Perú han 
reconocido a la Unión Soviética. Este hecho se desconoce en nuestro país por inexplicables razo-
nes de técnica policial.703 
 

Tres meses después, la recomendación del Parlamento al Ejecutivo de establecer lazos oficiales 

con los soviéticos fue interpretado por Vanguardia como una victoria de Seoane sobre la línea 

antisoviética de Haya, esta última explícita, según el semanario, en recientes discursos en Are-

quipa y Lima, en que este se refirió a «gentes que obedecían órdenes y consignas de Rusia».704 En 

la carta que envió a Vanguardia, Seoane negaría la existencia de dos «tendencias contrapuestas» 

en el PAP, pues afirmaba que su postura era consecuente con la posición oficial de su partido, 

expresada ya en 1941, cuando «la Jefatura del Partido Aprista Peruano hizo entrega, en Washing-

ton, en las propias manos del embajador Molotov, una comunicación de solidaridad con el pueblo 

ruso por su heroica defensa en la lucha contra el nazismo». Él solo era un «disciplinado portavoz» 

de tal postura.705 Sin embargo, es evidente que el rechazo de Haya al foráneo totalitarismo sovié-

tico y el reconocimiento de su gobierno que impulsaba la CPA eran paradójicos.  

 La CPA pidió al Ejecutivo establecer lazos diplomáticos y comerciales con la Unión So-

viética en ambas cámaras. En Diputados, Carlos Manuel Cox alegó sendas razones económicas, 

                                                             
701 Ibíd.: 350, 352. 
702 Juan Ríos, «Canto a los soldados de Tito», Trinchera Aliada, Lima, 8 de agosto de 1945: 3.   
703 Juan Ríos, «“Será imposible…”, declara Manuel Seoane», cit.: 2. 
704 «Seoane gana la partida a Haya de la Torre», Vanguardia, Lima, 28 de agosto de 1945: 4. 
705 «Respuesta al senador, señor Seoane», Vanguardia, Lima, 18 de setiembre de 1945: 4. 



   

153 
 

morales y geopolíticas, entre otras. Por su parte, Pedro Muñiz señaló que la Revolución rusa fue 

posible gracias a que sus caudillos habían interpretado correctamente «los pensamientos de su 

pueblo», para después advertir que el pueblo peruano estaba «descubriendo dolorosamente su 

realidad y que la está interpretando en forma nacionalista y constructiva. No importando ideas ni 

doctrinas ajenas que son exóticas por extrañas».706 Era evidente que Muñiz había comparado so-

lapadamente a los revolucionarios rusos con los líderes apristas y acusado a los comunistas pe-

ruanos de agentes de ideas foráneas.707 Salvo los parlamentarios de la UR, los apristas recibieron 

el respaldo mayoritario de sus demás colegas. En el Senado, por ejemplo, el independiente de 

filiación socialista José Antonio Encinas y el frentista derechista Alberto Ulloa Sotomayor se 

sumaron a mociones similares.708 La moción de la CPA se impuso sin problemas sobre la que 

elevó después la pequeña bancada comunista de cinco integrantes, un hecho que fue interpretado 

como una manifestación de debilidad en la aplicación de la línea política correcta del PCP.709 En 

realidad, la amplia moción comunista, sustentada por Gustavo Gorriti, tuvo que enfrentar la hos-

tilidad de las barras apristas y de otros parlamentarios no apristas.710 

Así, la admiración común que compartían apristas y comunistas fue un motivo más para 

su mutua intolerancia. El primer choque brutal que protagonizaron en la Primavera Democrática 

sucedió el 6 de setiembre de 1945en la ciudad del Cusco. El antecedente inmediato fue un discurso 

pronunciado por Haya en Arequipa, donde hizo referencia a los «hueratacas», un término asociado 

al tinterillo y la cobardía que, según los informantes (apristas) de Trinchera Aliada, fue maliciosa 

o torpemente interpretado por el Comité del Cusco de Vanguardia Socialista.711 De inmediato se 

puso en marcha una campaña de volantes que acusaban a Haya y al APRA de violentistas y fas-

cistas. En el primero, los comunistas no solo otorgaron a «huerataca» un significado reivindica-

tivo y popular, sino que se apropiaron de él haciéndolo sinónimo de comunista:  
 

¡De pie, hueratacas del Cuzco! 
 
Haya de la Torre, el tambor mayor del más enconado anticuzqueñismo de estilo hitlerista, se 
acerca a nuestra tierra. Viene custodiado de pistoleros a sueldo. Ahora las Tropas de Asalto de 
Hitler en Alemania, se llaman en el Perú, Búfalos Apristas. El heredero de Mussolini viene a 
repetir en el Cuzco las fechorías y los crímenes que sus secuaces cometieron aquí cuando en 1931 
asesinaron al obrero Baltazar Gutiérrez. 

                                                             
706 En Borea (1980: 87-88). 
707 Más que desinterés de los soviéticos, como señaló Sánchez (1987 [1969]-III: 12), desde un inicio Bustamante no 
habría dispuesto a establecer relaciones diplomáticas con un país «comunista» (1949: 81). 
708 Sin embargo, lo que resultó enojoso para muchos parlamentarios es que el Gobierno soviético hiciera pública su 
aceptación a estas solicitudes, con lo cual puso en evidencia que no eran una iniciativa suya (Encinas y Ulloa (1991: 
13). El establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética no llegaría a concretarse durante la gestión 
de Bustamante, no necesariamente por desinterés de los soviéticos, como señaló Sánchez (1987 [1969]-III: 12), sino 
por la renuencia del Ejecutivo de establecer relaciones diplomáticas con un país «comunista» (Bustamante 1949: 81). 
709 PCP (1989: 121). Por otro lado, la solicitud aprista favorable a los soviéticos iba de la mano con la de inmediata 
ruptura con la España de Franco, una iniciativa que Bustamante, el canciller Javier Correa y Elías y el diputado Fer-
nando Belaunde Terry no aprobaban. Borea (1980: 85); Sánchez (1987 [1969]-III: 12-13); Severo del Campo, 8 de 
agosto de 1945, cit. 
710 Severo del Campo, 8 de agosto de 1945, cit. 
711 «Sensacional reportaje sobre los sucesos del Cuzco. Graves desórdenes producidos con premeditación», Trinchera 
Aliada, Lima, 12 de setiembre de 1945: 1. 



   

154 
 

El megalómano y fanfarrón Jefe del Apra, quiere pisar nuestro suelo después de haber insultado 
al Cuzco en Arequipa. ¡Somos hueratacas, sí! Y eso no es un deshonor. No es una vergüenza. Ni 
la pobreza ni la miseria pueden ser motivo de desprecio o de humillación. Solo los enemigos del 
pueblo, solo los rabiosos perros de presa del fascismo han vejado e insulfado [sic] a los trabajado-
res con el encono y el desprecio con que VÍCTOR ADOLFO HAYA DE LA TORRE lo ha hecho. 
¡Se trata del honor del pueblo cuzqueño! Se trata de la gallarda tradición combativa de los huera-
tacas de esta tierra. Se trata de responder con dignidad, con coraje, con orgullo de cuzqueño al 
asqueroso escupitajo que el führer del Partido del Pueblo ha lanzado a nuestra tierra y a los cuz-
queños. 
 
Hueratacas del Cuzco: ¡De pie! ¡Seamos dignos de Túpac Amaru, el más grande huerataca 
del Cuzco y América! 
 
COMITÉ POPULAR DE HUIRATACAS [sic]712 
 

Con el fin de boicotear las actividades del visitante, la Federación de Trabajadores del Cuzco 

(FTC) convocó a un paro y un mitin para las 4 de la tarde en la Plaza de Armas, a la misma hora 

en que Haya brindaría una conferencia en la Universidad del Cusco. Según los informantes de 

Trinchera Aliada, las intenciones de los comunistas fracasaron. No obstante, al aglutinar a nume-

rosas asociaciones culturales y religiosas, y gremios de obreros, profesionales y artesanos, el lla-

mado de la FTC debió tener un mayor impacto del que se quiso reconocer. La FTC, dominada 

por los comunistas, había sido fundada durante la gestión de Manuel Prado (él mismo le donó su 

local) y reconocida solo semanas antes por el presidente Bustamante.713  

En la noche del 5 de setiembre, un impresionante desfile aprista de antorchas que recorrió 

las calles del Cusco concluyó en la Casa del Pueblo, lugar donde Magda Portal realizó un mitin. 

Al mediodía del día siguiente, entre 40 000 y 50 000 apristas recibieron a Haya, quién, después 

de «un desfile formidable», pronunció un discurso «en medio del más vivo entusiasmo cívico». 

El choque con los comunistas sucedió en la tarde, antes de que Haya pronunciara su conferencia 

«Aprismo y democracia» en la Universidad del Cusco. Según la versión aprista, doscientos co-

munistas provocaron a un grupo de japistas que se dirigía a la universidad: «Los apristas, natural-

mente, rechazaron la incitación con vivas al Partido y a Haya de la Torre. Entonces los comunistas 

comenzaron a tirar piedras y a hacer uso de sus armas de fuego», señaló un informante a Trinchera 

Aliada. A pesar de la intervención policial, la gresca dejó un obrero muerto, Santos Huallpa, y 

decenas de heridos. En la noche, los apristas se concentraron y expresaron su respaldo a Haya 

frente al hotel donde se alojaba. Finalmente, el día 7, realizaron un desfile en Machu Picchu., con 

las banderas nacional, incaica y aprista a la cabeza, seguidas de las banderas de las veintiuna 

repúblicas indoamericanas. Haya cerró su visita con una conferencia en el Teatro Municipal y 

otra en el colegio de Ciencias del Cusco; y con su asistencia, acompañado de Fernando León de 

Vivero, al velorio de Santos Huallpa en la Casa del Pueblo.714 

                                                             
712 Ibíd. Negritas, mayúsculas y cursivas en el texto original. Sobre la FTC, véase Aranda y Escalante (1978: 54-55). 
713 Aranda y Escalante (1978: 54-56); Rénique (1991: 175). 
714 «Sensacional reportaje sobre los sucesos del Cuzco», cit.: 1-2. Al día siguiente de la muerte de Santos Huallpa 
circuló un volante con el siguiente texto: «El criminal atropello fue abiertamente provocado por los pistoleros de la 
Aprostapo [en referencia a la Gestapo] que descerrajaron sus revólveres sobre la multitud indígena contando con la 



   

155 
 

El departamento del Cusco no había favorecido al PAP en las últimas elecciones: solo 

había obtenido una senaduría de tres y tres diputaciones de trece.715 La desproporción de doscien-

tos comunistas revoltosos frente a miles de apristas, según señalaron los informantes de Trinchera 

Aliada, motivó a que el medio preguntara por los recientes resultados en las urnas. Según aquellos, 

el fraude que apañaron las autoridades cusqueñas era la razón de que los comunistas triunfaran en 

la provincia del Cusco: «Eso fue mitimaes políticos. Miles de personas fueron llevadas a Aco-

mayo, Quispicanchi y Anta y allí votaron. ¿Diputados comunistas por la provincia del Cuzco? 

Paiva y Caller; este, capitalista; aquel, terrateniente. Además, debe usted saber que los comunistas 

en el Cuzco tenían en sus manos las llaves burocráticas —los Juzgados, los colegios, los Consejos, 

las Inspecciones de Trabajo—, y eso fue todo».716 Así, según los informantes de Trinchera Aliada, 

los electores golondrinos y la complicidad de las autoridades habrían dado la victoria a los dipu-

tados Juan Jacinto Paiva (La Convención) y Sergio Caller Zavaleta (Cusco). Aquellos también 

ponían en duda la genuina condición de defensores del pueblo de los diputados marxistas: perte-

necían a la élite socioeconómica local. Detrás de esta apreciación tendenciosa, sin embargo, sub-

yace el desprecio de los apristas a la tácita alianza que, de acuerdo con Luis Rénique, los comu-

nistas cusqueños, la élite local y Prado establecieron, y que el FDN y Bustamante, con su llamado 

a un frente amplio nacional antioligarca, parecía replicar.717 

 El choque violento del Cusco conllevó a que, en Lima, César Miró, por entonces perio-

dista de Jornada, se preguntara por la naturaleza izquierdista del aprismo: ¿cuál era su posición 

frente al comunismo y el socialismo? Su entrevistado, el senador Luis Heysen fue escueta y ás-

pera: «Nosotros no somos aficionados a la demagogia». Miró insistió: «¿Es el APRA un partido 

de ideología marxista? Y, si no es marxista, ¿por qué se le considera de izquierda?». Heysen: «El 

marxismo es solo un método. Su aplicación aquí no podía hacer a un lado el imperativo espacio-

tiempo-histórico. Algún día, nadie hablará en Indoamérica del marxismo. Pensemos en el aprismo 

que lo niega creativamente, señalando el único camino de la justicia social».718 La oscuridad de 

la respuesta solo dejó más dudas. Miró consideró encontrar más precisión al interrogar a Heysen 

sobre ruptura del Perú con Franco y el reconocimiento diplomático de la Unión Soviética: 
 

En ambos problemas, el pensamiento de Haya de la Torre ha sido orientador en el Partido del 
Pueblo. «La Tribuna» clandestina se adelantó en años a la exigencia de hoy por la ruptura con 
Franco y por el reconocimiento de Rusia. Mi pensamiento es, pues, un pensamiento de hombre de 
partido. No me explico porqué [sic], aún después de la definición del parlamento en ambos pro-
blemas, todavía nuestra Cancillería tarda a tal punto que, cuando se resuelva, va a parecer que lo 
hizo tardíamente y ello no dará prestigio al Perú, llamado a un rol director en Indoamérica.719 

                                                             
parcialidad de la policía que lanzó sus caballos disparó a cargó a balazos contra la gran masa ciudadana en momentos 
en que iniciaba un desfile bajo la bandera de la Patria». Ibíd.: 2.  
715 Véase JNE (2015-II: 80, 83). Según el JNE, Germán Linares Gutiérrez habría sido electo originalmente por la UR. 
Según Borea (1980) y Saco (1985), integró la CPA, lo que significaría que se sumó a esta después de su elección.  
716 «Sensacional reportaje sobre los sucesos del Cuzco», cit.: 1-2. 
717 Rénique (1991: 175). 
718 César Miró, «Declaraciones de Luis E. Heysen», Jornada, Lima, 12 de setiembre de 1945: 1, sin foliación, en 
CELH-PUCP. 
719 Ibíd. 



   

156 
 

Esta respuesta satisfizo a Miró, pues incluso parecía aclarar la postura del propio Heysen, aunque 

lo cierto era que Haya estaba tan poco dispuesto a solicitar el reconocimiento de los soviéticos 

como el presidente Bustamante a otorgarlo. La entrevista a Heysen tuvo que concluir, pues en su 

cámara empezaría el debate sobre los sucesos cusqueños. 

En el Segundo Congreso Nacional del PCP, estos fueron descritos como «atentados te-

rroristas cometidos bajo la dirección de determinados organismos del Partido Aprista Peruano». 

Sin embargo, se destacó la respuesta organizada de los camaradas cusqueños y otras similares 

«acciones callejeras» en Huancayo, Puno, Huanta, Huaraz y Andahuaylas, que, según sus dele-

gados, expresaban la valentía del pueblo peruano y de los militantes comunistas. Entre estas so-

bresalían las celebraciones, por un aniversario más de la Revolución rusa, del 7 de noviembre de 

1945, «pese a las amenazas del Partido Aprista y a la rabiosa campaña anti-soviética y anti-co-

munista de sus dirigentes».720 Se trató de una revancha después de que los diputados apristas 

lograran imponer su propia lectura de esta fecha histórica, cuando fue aprobada su moción de 

saludo a la «conmemoración del aniversario de la liberación del pueblo ruso de la tiranía zarista» 

y de reconocimiento a «la gloriosa contribución del pueblo ruso a la victoria de la democracia 

sobre el Nazi-fascismo». Más elocuentes eran sus buenos deseos porque «la heroica contribución 

del Ejército Ruso en la lucha contra el nazismo afiance en aquel país el imperio de las cuatro 

libertades básicas de la Democracia, garantía de la convivencia libre y soberana de las naciones 

del mundo». La moción no solo ignoraba la victoria bolchevique sobre el gobierno reformista de 

Kérenski, sino que indirectamente enjuiciaba el estaliniano al enaltecer los cuatro principios li-

bertarios de Roosevelt (libertad de expresión, religiosa, económica y de vivir sin temor). Para 

Vanguardia, lo sorprendente era que la moción fuera aprobada por los diputados comunistas, al 

parecer «intimidados» por las barras apristas.721 

No obstante, los apristas no pudieron evitar es que el PCP organizara sus propios home-

najes a nivel nacional. En el Campo de Marte de Lima, por ejemplo, asistieron personalidades no 

comunistas, lo que sustrajo al evento de un color político específico y lo teñía de otro más cálido 

de unidad nacional. Según Andrés Townsend Ezcurra, se trató de una «manifestación popular» 

donde Jorge Basadre fue el orador principal: «dijo entonces que el Perú se dividía en dos grandes 

sectores: los amigos y enemigos de la Revolución Rusa».722 Otro homenaje organizado por los 

comunistas se realizó en los estudios de Radio Nacional. La Revolución rusa se celebró, sin omi-

siones, como una gesta de Lenin y los bolcheviques, y se anunció «el inminente establecimiento 

de relaciones diplomáticas y comerciales entre nuestro país y la Unión Soviética». Debió ser es-

pecialmente emocionante la interpretación, por primera vez en el Perú, del himno soviético por la 

                                                             
720 Ibíd. 
721 «Los diputados comunistas han aprobado un voto anti-soviético», Vanguardia, Lima, 13 de noviembre de 1945: 4. 
Estos retiraron su propia moción de saludo. PCP (1989: 122). 
722 Silva Santisteban (1995: 438). Townsend se equivoca cuando afirma que Basadre era todavía ministro de Educación. 



   

157 
 

Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del austriaco nacionalizado peruano Theo Buch-

wald. Pronunciaron discursos el senador independiente Francisco Tamayo, la dirigente de Acción 

Femenina María Luisa Oquendo, el subsecretario de Organización del PCP, Jorge del Prado, y 

Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional.723 Es muy probable que los apristas hicie-

ran lo mismo a través de sus programas radiales, pero con más discreción y sin la convocatoria y 

pluralidad de sus adversarios. 

Para los apristas, los comunistas eran «los adversarios más temibles, porque que se ven-

den a cualquier precio», o los que «cumplían órdenes de Rusia de acabar con el PAP».724 Era por 

esta razón que el poeta afroperuano Alfredo Gordon Changa podía admirar a Stalin, «[constructor] 

con odio de la grandeza actual de Rusia», y responder entusiasta el llamado del jefe del Comando 

Universitario, el japista Roberto Okura, «para una batalla campal con los comunistas».725 Fue con 

esta animosidad que las fuerzas de choque del PAP atacaron a los comunistas en la manifestación 

contra la Nueva Ley de Imprenta del 7 de diciembre de 194 en el parque Universitario, donde, en 

palabras de un defensista aprista, «si no está la policía allí despedazábamos a los camaradas».726 

Este odio creció con la oposición de la pequeña bancada roja al pago de la deuda externa y la 

concesión petrolera de Sechura a la IPC, iniciativas del Ejecutivo que el APRA apoyó con de-

nuedo pero que dio argumentos para cuestionar su reputado antiimperialismo.727 Los defensistas 

apristas, duchos en la provocación verbal y el duelo a «cachiporrazos», fueron movilizados, por 

ejemplo, para disolver las asambleas comunistas.728 El anticomunismo aprista creció también a 

medida que se polarizaba la escena mundial. Un titular de La Tribuna de fines de 1945 cuestio-

naba la postura descolonizadora rusa en Asia y África al oponerse a la independencia de Corea.729 

Las solicitudes de la CPA de establecer relaciones con los soviéticos se hicieron más discretas.  

Desde 1946, con tres de sus militantes a cargo de ministerios comprometidos con el desa-

rrollo material y el bienestar social, los apristas comenzaron a culpar a los comunistas de organizar 

                                                             
723 Bustamante Quiroz (2016: 245). 
724 Testimonios de M/P/S/AC-13: K y J/P/S/AC-5: A, respectivamente, en Vega-Centeno (1991: 424, 425).  
725 Valencia (1986: 35, 81). 
726 En Cristóbal (1985: 82). 
727 La dirección del PAP defendió su acercamiento a Estados Unidos en términos pragmáticos y realistas: el desarrollo 
nacional solo sería posible sin la integración del Perú a la economía capitalista. Como señaló Seoane en marzo de 1946, 
durante el debate sobre el Contrato de Sechura: «Porque somos antiimperialistas, no creemos que el anti-imperialismo 
consiste en erigir una muralla dura alrededor de las fronteras de la Patria, para mantenerla aislada de las corrientes 
internacionales que pueden propulsar el desarrollo de la riqueza». Y —acaso para acallar a los comunistas— citó la 
Nueva Política Económica de Lenin, quien habría dicho: «enriqueceos capitalistas, a condición de que desarrolléis las 
fuerzas técnicas de la producción técnica soviética, porque así se irá aumentando el poderío económico del país». El 
Contrato de Sechura, por ejemplo, costearía la Corporación Peruana del Petróleo, que permitiría la explotación nacional 
petrolera. En Borea (1980: 320-321). En Chile, Haya destacó los beneficios salariales de este acercamiento: «En el 
Perú las grandes compañías y firmas americanas aceptan ahora mejoras que no toleraron jamás durante 50 años. Mejo-
res salarios (varios de ellos alzados en cien por ciento) y una serie de medidas más que han cambiado totalmente el 
panorama». Además, la geografía se imponía: «¿Estamos en América o en Europa? ¿Estamos más cerca de Europa o 
de Estados Unidos? Hay que proceder de acuerdo con la ubicación geográfica nuestra y no en el aire… Es el error de 
los comunistas, que por otra parte son 4 gatos en el Perú…». «Sensacional y expresiva, el Jefe hace terminantes decla-
raciones», Carteles, Chiclayo, 25 de mayo de 1946: 4-5. 
728 Cristóbal (1985: 68); Chanduví (1988: 346). 
729 «Los nuevos amores y odios apristas», Vanguardia, Lima, 28 de diciembre de 1945: 3. 



   

158 
 

las protestas contra el Ejecutivo. En mayo, Renovación aseguraba que el propósito de una reciente 

visita del sindicalista mexicano Lombardo Toledano a Stalin en Moscú, tenía como fin iniciar un 

plan que destruyera las democracias latinoamericanas, desestabilizando sus economías nacionales 

a través del avivamiento de las demandas populares.730 Pero los apristas no lograron evitar que, a 

medida que la crisis se ahondaba, el PCP canalizara parte del descontento social y engrosara poco 

a poco sus filas, gracias a una campaña de reclutamiento y organización sindical, y al impacto 

positivo del prestigio de la Unión Soviética.731 Para 1947, uno de sus principales impulsores apris-

tas, Manuel Seoane, aseguraba que los lazos oficiales con ella carecía de importancia para los 

peruanos más pobres, por ejemplo «en las ciudades y pueblos del sur costeño, que he recorrido 

kilómetro a kilómetro». En La Tribuna, escribió: «No piden pavimentación para sus calles ni para 

sus caminos polvorientos, ni solicitan luz eléctrica para sustituir los románticos candiles, ni de-

mandan retóricamente que concluya “el caos político y social”, ni imploran que sobrevenga una 

rígida ley de huelgas, ni impetran relaciones inmediatas con la URSS. Su programa es sencillo y 

escueto: “el agua para las tierras y escuelas para los niños”».732  

Entre otros argumentos para rechazar al comunismo, y al régimen soviético que lo encar-

naba, el discurso hayista apelaba a las diferencias históricas y geográficas (e incluso raciales) que 

distanciaban a las democracias occidentales del despotismo asiático ruso. En la entrevista que dio 

a un grupo de periodistas cubanos en Lima, en mayo de 1946, Haya señaló: «No tenemos [los 

indoamericanos] la mentalidad asiática de los pueblos que creen que se puede comer el pan de 

rodillas. A nosotros la historia nos enseña otra cosa, y el espectáculo abominable de las tiranías 

nos enseñó que ninguna tiranía es buena otra cosa».733 En la representación axiológica del esce-

nario político mundial de Haya, Indoamérica se encontraba espiritual, cultural y geográficamente 

del lado occidental. Por esta razón era imperativo tomar una «posición clara y definitivamente 

anticomunista como inseparable de una auténtica línea democrática», puesto que el mundo estaba 

dividido en dos partes irreconciliables: «toda tendencia política que preconice violencia, despo-

tismo, autocracia, encuadra dentro de la doctrina y táctica comunistas. Y consecuentemente, toda 

tendencia democrática basada en la libertad y en el gobierno representativo del pueblo es tan 

inaceptable para el comunismo como para la reacción».734 No había, pues, una posición interme-

dia: el comunismo era el enemigo que se tenía de combatir y liquidar en lo que fue figurado por 

Haya casi como una guerra a muerte contra un enemigo externo e interno. 

Una de las esferas donde los apristas libraron esta lucha fue la sindical. Para Ricardo 

Temoche Benites, una figura representativa del movimiento obrero aprista, al no ser una fuerza 

política importante, los comunistas no se proponían establecer la dictadura del proletariado ni 

                                                             
730 «Mientras rueda el mundo», Renovación, Lima, nros. 25-26, mayo-junio de 1946: 15. 
731 Sobre este aumento, véase PCP (1989: 107-118).  
732 Seoane (1991: 31). 
733 Tony Delahoza, «Impresiones de un viaje al Perú», en Alva Castro (1990-II: 230). 
734 Ibíd.: 231.  



   

159 
 

capturar directamente las federaciones y los sindicatos, donde las «fuerzas democráticas» (los 

apristas) los habían derrotado, sino derrocar la incipiente democracia recuperada en 1945, con la 

complicidad de oligarcas, latifundistas y militares. Se trataba del movimiento de colaboración que 

habían ejecutado con dictaduras del pasado (Benavides y Prado): «Nuevamente el comunismo se 

volvía a mostrar huérfano de una línea política propia, servilmente seguía las directivas de las 

fuerzas más regresivas de nuestra Patria [sic]».735 El mismo Haya se preocupó de que su lectura 

del comunismo calara en la dirección obrera aprista. Su cursillo Dialéctica Anti-comunista, al que 

asistían, cuando había tiempo, Temoche y el secretario general de la Confederación de Trabaja-

dores del Perú, Luis Negreiros Vega, ofrecía una visión general del comunismo desde el tamiz 

hayista, desde sus bases filosóficas y objetivos políticos mundiales, pasando por la realización de 

los ideales económicos y políticos rusos en el mundo, hasta las técnicas de infiltración en organi-

zaciones obreras y medios para contrarrestarlo.736 

Los parlamentarios comunistas fueron particularmente atacados por los apristas, no solo 

por tratarse de críticos con tribuna, sino porque constituían las cabezas de redes de poder local. 

Por ejemplo, en La Tribuna, Seoane señaló haber recibido, en Camaná, «quejas respecto a muchos 

maestros» que habrían logrado su colocación gracias a la influencia de un «diputado comunista», 

los cuales «utilizan la cátedra como tribuna partidista»: «Especialmente se denuncia a los comu-

nistas que se han apoderado del Colegio Nacional y que imponen a los alumnos hasta representa-

ciones teatrales soviéticas». Para pesar de Seoane, dicho diputado parecía mantener sus pasadas 

influencias con el poder central.737 Las quejas iban contra el citado diputado Gustavo Gorriti, 

quien había gestionado la construcción del colegio nacional Sebastián Barranca durante el go-

bierno de Prado,738 y es muy probable que haya intercedido en la designación de docentes comu-

nistas. Lo que había detrás era la intensa pugna entre apristas y comunistas en una provincia, 

siendo el nuevo plantel uno de los espacios principales de confrontación por su acceso a padres 

de familia y adolescentes. Por otra parte, no sería extraña la difusión en las aulas de obras teatrales 

soviéticas en las aulas escolares, si se toma en cuenta el entusiasmo que suscitó la cultura soviética 

en los círculos intelectuales y artísticos nacionales después de la guerra, algo palpable en la fun-

dación de organizaciones fraternales peruano-soviéticas.739  

Otro enemigo comunista identificado del APRA era el médico Hugo Pesce, fundador y 

director del moderno Hospital de Andahuaylas y gestor de los servicios sanitarios contra la lepra 

a nivel departamental y nacional, faceta profesional sumada a la de cofundador del Partido Socia-

lista Peruano de Mariátegui y votante a favor de Eudocio Ravines como nuevo secretario general 

                                                             
735 Temoche (1955: 47-48). 
736 Ibíd.: 50-52. Sobre el conflicto entre apristas y comunistas en el ámbito sindical en este periodo, véase Pareja (1980). 
737 Seoane (1991: 40).  
738 Sobre Gorriti y el Colegio Nacional Sebastián Barranca, véase Claverías (2021: 58-62). 
739 Sobre las simpatías que generó la Unión Soviética en el Perú, véase la sección 4.1 de esta investigación. 



   

160 
 

del futuro en 1930 PCP.740 En 1945, un optimista Pesce señaló que en Andahuaylas se venía dando 

un fenómeno excepcional: la «cooperación democrática amplia» entre técnicos y autoridades del 

Estado, sectores progresistas urbanos y latifundistas, y campesinado indígena; la cual estaba im-

pulsando la modernización social, cultural y material de la provincia.741 Se trataba de una versión 

local de la táctica comunista de unidad nacional. Políticamente, es probable que Pesce utilizara 

su cargo público para empoderar a los comunistas en Andahuaylas, o al menos así lo denunciaron 

los apristas. Cuando visitó la provincia en 1946, Nicanor Mujica observó que había una «implan-

tación comunista», debido a que el gobierno de Prado había favorecido a los camaradas con con-

tratos de obras públicas o por medio de una ampliación del personal sanitario, especialmente del 

antilepra.742 Este supuesto clientelismo había sido denunciado por La Tribuna: en uno de sus ar-

tículos Seoane tildó a Pesce de «connotado dirigente del soviet ismo peruano» que, en 1946, había 

colocado a ocho empleados comunistas en el Servicio Antileproso de Apurímac: «todos eran y 

son súbditos de Stalin, dedicados, preferentemente, a usar sus cargos y medios de trabajo como 

instrumentos de expansión quinta-columnistas». En general, había hecho del Servicio Nacional 

Antileproso «la máscara que oculta una de las redes soviéticas tendidas sobre el país».743 

Hay que señalar que la disputa electoral en Andahuaylas no había concluido en 1945, 

pues la victoria del candidato comunista Juan Barrio Contreras había sido anulada por el JNE. En 

las elecciones complementarias de 1946, sucedió lo mismo con la del aprista Víctor Zúñiga.744 A 

nivel local, también se hicieron sentir las presiones e influencias. Según Mujica, el cura principal 

de la provincia, quien era un «influyente político local», respaldaba al candidato comunista por 

tratarse de su familiar, un testimonio de que no se tenía que ser estrictamente comunista para 

respaldar a Barrio. Por su parte, las organizaciones católicas andahuaylinas se alinearon con Zú-

ñiga, según recordaría Mujica, quien integraba la delegación aprista que llegó de Lima. Guardaría 

en su memoria una imagen estereotipada de los comunistas que vio en la plaza de Andahuaylas: 

hombres emponchados de apariencia sombría y de gestos autómatas, acostumbrados a obedecer 

sin razonar, aunque no exentos de «la vieja hidalguía provinciana».745 Fue para las complementa-

rias de 1947 —que no llegaron a realizarse— que Seoane acusó a Pesce de utilizar los recursos y 

servicios médicos del Estado para favorecer al candidato comunista.746 A pesar de esta supuesta 

desventaja para Zúñiga, tenía fe en la victoria aprista: «Andahuaylas no quiere ser feudo soviético. 

Dos veces ha ganado el Aprismo la elección y vencerá también en la tercera. Pueblo de profunda 

                                                             
740 Tauro del Pino (2001 [1993]-XIII: 2041). 
741 Pesce (2005 [1945]: 168). 
742 Mujica y Mujica (2015: 636). 
743 Seoane (1991: 165-166). 
744 JNE (2015-II: 82); JNE (2015-I: 119). 
745 Mujica y Mujica (2015: 636-637). 
746 Seoane (1991: 167). 



   

161 
 

raíz nacional, espesamente indígena, agrícola y trabajador, sabe que tras la máscara de los rábanos 

se esconde el látigo de los gamonales y la cola de paja de los súbditos de Moscú».747 

Fue usual que, en sus ataques, los apristas asociaran el comunismo peruano con el gamo-

nalismo. Para Seoane, los unía intereses políticos y económicos que explicaban su antiaprismo, 

dándose el caso de que había gamonales que, además de comunistas, eran parlamentarios que, 

elegidos, incumplían sus promesas de justicia social.748 De ese modo, unos y otros «conservan sus 

tierras, sin mejorar las viviendas, ni aumentar los salarios. Ser gamonal y comunista, al mismo 

tiempo, es tomar una póliza de seguro, y contar con el apoyo de las autoridades antiapristas».749 

Pero esta perversa asociación, según Seoane, tenía proyecciones internacionales, pues se articu-

laba con los intereses geopolíticos de la Unión Soviética. Por ejemplo, a los gamonales les con-

venía que fracase proyectos de inversión como Sechura, pues de lo contrario su oferta laboral en 

los yacimientos petroleros afectaría el trabajo servil de sus haciendas; por su parte, los soviéticos 

evitaban «que el Perú produzca más petróleo, geográficamente a disposición de las grandes de-

mocracias». Esto explicaría que el jefe de Correos de Andahuaylas, el cual era de filiación comu-

nista, pintarrajeara una noche: «El contrato de Sechura es una traición». Así, advertía Seoane, 

«[e]l pueblo peruano está frente a dos enemigos, confabulados, aunque en apariencia antagóni-

cos».750 Aparentemente «antagónicos» al ser los comunistas los que alentaban la toma de tierras, 

acusación frecuente que también lanzaron los apristas contra aquellos.  

Según Seoane, los comunistas instrumentalizaban el descontento campesino por los agra-

vios de los hacendados para «agitar el ambiente» en el campo. Así lo habían hecho, por ejemplo, 

entre los comuneros cusqueños, «ofreciéndoles la entrega de las tierras, la parcelación de los la-

tifundios y hasta la servidumbre futura de los gamonales. En no pocas ocasiones se han producido 

escenas de fuerza porque los indígenas, creyendo en sus promesas, han invadido las tierras, y han 

ido a parar a la cárcel. Algunos comunistas, paradójicamente, son gamonales, porque su comu-

nismo es verbal y político».751 Tales acusaciones hechas en Lima desde La Tribuna, empalmaban 

con las denuncias que hacían los hacendados apristas a las autoridades. Así, Vicente Pérez Mora-

les denunció, en 1947, que los invasores de sus tierras estaban al servicio del candidato comunista 

a la diputación por Huanta, siendo la invasión la «culminación y realización» del principio comu-

nista «que niega la propiedad privada y promete convertir a los arrendatarios y aparceros en pro-

pietarios de la tierra que siembran. Además, fue un tipo de propaganda política, para mostrar a las 

masas ignorantes que el comunismo cumple su promesa de dar tierras a los que le tienen, quitán-

doselas a los hacendados».752 La violenta ocupación de tierras contradecía la máxima hayista de 

                                                             
747 Ibíd.: 171. 
748 Ibíd.: 113, 128, 133, 171-172, 176. 
749 Ibíd.: 129. 
750 Ibíd.:170-171, 172-173. 
751 Ibíd.: 113. 
752 Heilman (2012: 110-111). La traducción es mía. 



   

162 
 

crear riqueza para el que no la tiene; creación que para apristas como Seoane, debía basarse en la 

libertad económica para arrendar, comprar y vender tierras, cosas que no podían hacer, por ejem-

plo, los comuneros andahuaylinos de Pacucha, a los que las autoridades comunistas habían obli-

gado a formar una comunidad, «para consumar impunemente su régimen de extorsión política». 

En su lugar, anhelaban fundar una moderna cooperativa.753 

La exacerbación del anticomunismo permitió a la dirección aprista fortalecer la identidad 

colectiva apristas, a través de una prédica furibunda y acciones de choque donde participaban 

jóvenes y adultos. Además, era una respuesta palpable a quienes señalaban al PAP de soterrada 

organización internacional anticapitalista y anticatólica, como hizo La Prensa con la reproducción 

documentos apristas, algunos de sus años augurales.754 En contraste, el PAP perdió la iniciativa 

de liderar el frente antiimperialista, por ejemplo, en el movimiento estudiantil. Lo sucedido en 

una asamblea sanmarquina de mediados de 1947, donde se tomaría una posición ante la entrega 

de catorce bases militares en Panamá a los Estados Unidos, es ilustrativo. Los apristas interrum-

pieron a los oradores peruanos y extranjeros que la condenaban por no referirse también al «im-

perialismo ruso». Fue ignorado el llamado al silencio del líder nacionalista de Puerto Rico, encar-

celado y desterrado por las autoridades estadounidenses, Juan Juarbe, pues «los sucesos que ha-

bían ocurrido tanto en la República de Panamá y Puerto Rico estaban por encima de rencillas 

internas». A su turno, el estudiante argentino Rubén Reynoso, ante los gritos «QUEREMOS QUE 

HABLE UN PERUANO», recordó que su compatriota Alfredo Palacios, recientemente homena-

jeado, no había sido tratado como extranjero. Pero los reclamos apristas arreciaron cuando el 

estudiante sanmarquino de apellido Morales hizo una velada referencia al Contrato de Sechura. 

Si bien la asamblea concluyó con la aprobación de una moción de solidaridad con los estudiantes 

panameños, la acalorada discusión se prolongó en los patios. Morales recibió un puntapié.755  

Entre 1947 y 1948, el PAP se había alineado visiblemente al lado de los Estados Unidos 

en la Guerra Fría, del mismo modo que la mayoría de los partidos socialdemócratas reformistas 

de Latinoamérica.756 Si bien hubo apristas que, decepcionados con esta «traición» al antiimperia-

lismo original, se sumaron al PCP,757 la mayoría se mantuvo fiel a Haya y a su partido. Los fun-

cionarios estadounidenses apreciaron al PAP como una fuerza popular efectiva para frenar el 

avance del comunismo en la región, especialmente en el campo sindical.758 Las declaraciones de 

Haya ante la prensa durante sus giras internacionales, como su apreciación de la guerra civil en 

Costa Rica como «la Checoslovaquia del Hemisferio Occidental», fueron aprobadas por aquellos 

                                                             
753 Seoane (1991: 175). 
754 Parte de estos documentos están compilados en Mendiguren (1959). 
755 Parte nro. 12 del agente auxiliar Demetrio Recalde Oropeza al subinspector jefe del Departamento de Asuntos Es-
peciales del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, Lima, 17 de diciembre de 1947, «Sublevación aprista», ff. 70-72, 
en CMAO-PUCP. Las mayúsculas en el texto original. 
756 Véase la introducción de Bethell y Roxborough, ed. (1992: 16-17). 
757 Fue el caso, por ejemplo, de Alfonso del Pozo, secretario de Disciplina del distrito huantino de Luricocha. La prensa 
comunista hizo eco de su decisión. Véase Heilman (2012: 106). 
758 Haworth (1992).  



   

163 
 

por contribuir a sobredimensionar el peligro comunista en Latinoamérica.759 Por su parte, la prensa 

aprista intentó convencer a la opinión pública de la existencia de una conspiración comunista 

internacional, unas veces apelando al sensacionalismo policial. No se requería de «pruebas» que 

la demostraran el financiamiento ruso de la campaña «millonaria» de los comunistas en el Perú, 

como señaló Seoane en un artículo publicado en el primer número de Juventud, órgano oficial de 

los japistas de la región sur: solicitarlas, como lo hacía la prensa comunista y el diputado Luis 

Paiva, era ingenuo, además de «una manera de salirse de la tangente» según Seoane.760  

Sin embargo, los apristas fracasaron cuando intentaron probar que el asesinato del em-

presario y director de La Prensa, Francisco Graña Garland, era parte de una conspiración dirigida 

desde Moscú. Según La Tribuna, Los Documentos de Rancagua, «descubiertos» en Chile en vís-

peras del primer aniversario del crimen, probarían que su móvil era la oposición de los soviéticos, 

al Contrato de Sechura por su carácter estratégico en caso de una tercera guerra mundial. También 

se culpaba indirectamente a la oligarquía, opositor al contrato petrolero y poco interesado en la  

defensa continental.761 Pero la inconsistencia de los documentos puso en duda su autenticidad, por 

ejemplo, vinculaban a Eudocio Ravines con el asesinato cuando este ya no era comunista.762 En 

general, los apristas persistirían en culpar a los comunistas de estar detrás de la violencia de la 

que el gobierno de Bustamante culpaba a los apristas. Ya de lleno en la atmósfera sofocante de la 

Guerra Fría, señaló, desde el exilio, Fernando León de Vivero en 1951: «Asesinatos e incendios 

forman parte del plan siniestro, matemático, ruin, soviético. Como en Yugoeslavia, Rumanía, 

Checoslovaquia, se mata y se incendia. La tierra se abona… Los defensores de la democracia 

serán cabeza de turco… El crimen de la provocación todavía no lo recoge el Derecho Penal de 

Occidente… Mas ya es institución y herramienta política de una refinada conciencia y praxis 

asiática».763 Según esta visión casi apocalíptica, los apristas eran los adalides de la democracia 

occidental que eran víctimas de los agentes provocadores del comunismo oriental.  

 

4.2 El retorno de un viejo rival: la Unión Revolucionaria 

Fundada en 1931 en torno a la candidatura de Luis Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria (UR) 

se convirtió en la segunda fuerza política más importante del Perú de la década. Marginales urba-

nos, pequeños y medianos propietarios, yanaconas y hacendados costeños y serranos de simpatías 

sanchecerristas se sumaron a sus filas. Muerto Sánchez Cerro en 1933, la UR quedó bajo la di-

rección de Luis A. Flores, quien adoptó la parafernalia y la doctrina fascista de inspiración ita-

liana, siendo uno de los elementos más saltantes los escuadrones de camisas negras urristas y su 

                                                             
759 Cerdas (1992: 294). 
760 Manuel Seoane, «¿Quién financia al comunismo en el Perú?», Juventud. Órgano del Comando Regional de la JAP 
del Sur, nro. 1, Arequipa, 28 de febrero de 1948: 6.  
761 Soto (2002-II: 537-538). 
762 Una visión crítica de los Documentos de Rancagua, en Rúa (2018: 177-180). 
763 León de Vivero (1951: 134). 



   

164 
 

gusto por el combate callejero. En los siguientes años, sin embargo, el vigor de la UR decayó, 

debido a la represión de la dictadura benavidista y de las tensiones entre Flores y una facción 

urrista que se distanciaban del fascismo. Estas pugnas fueron palpables en las elecciones generales 

de 1939, cuando Flores proclamó la candidatura de José Quesada, mientras que sus rivales res-

paldaron la de Manuel Prado. Para estos últimos, esta última representaba una opción nacionalista 

y populista frente al comunismo y la oligarquía.764 Cinco años después, una debilitada UR parti-

cipó en la gestación del FDN en Arequipa, a través de dirigentes como José Muñoz Najar, razón 

por la cual los comunistas terminarían alejándose de la alianza frentista a fines de 1944. Si bien 

Muñoz reconoció su pasado sanchecerrista, negaría «haber vestido la camisa negra».765 En reali-

dad, diez años antes la había vestido orgulloso al frente de un pelotón urrista en el colegio La 

Salle de Arequipa, tal como el órgano oficial de la UR, Acción, informó entonces.766 

Sin embargo, la UR terminó abandonando el FDN, debido a la inconformidad de su cú-

pula en el reparto de curules. El 23 de marzo de 1945 anunció su respaldo al general Eloy G. 

Ureta, el héroe de la guerra de 1941 con Ecuador. Este respaldo debió ser importante para Ureta, 

al contar los urristas con diversas bases a nivel nacional. De parte de la UR, su perfil político 

calzaba mejor con una candidatura que ofrecía progreso y unidad revestidos de autoritarismo y 

nacionalismo. El equipo de asesores de Ureta estaba integrado por tres cuadros urristas importan-

tes (José Quesada, Manuel Mujica Gallo y Guillermo Hoyos Osores) y otras figuras de la derecha 

peruana, como el historiador hispanista Raúl Porras Barrenechea y el filofascista Carlos Miró 

Quesada Laos. No obstante, a tres semanas de las elecciones del 10 de junio, la UR dio un nuevo 

giro cuando anunció su abstención formal de respaldar la candidatura de Ureta, por desvanecías 

sobre el reparto de curules.767 Lo cierto es que, más allá de estas idas y vueltas, la participación 

electoral de la UR no dejaba de ser extraña en una coyuntura de exaltación por la victoria sobre 

el fascismo en Europa. A pesar de ello, los excamisas negras de Flores lograrían hacerse un lugar 

en la escena política nacional, gracias a su reinvención como una organización que proclamaba 

defender las libertades por las que habían luchado los Aliados. 

Por otra parte, medios como Trinchera Aliada pusieron en duda la renovación democrá-

tica y el espíritu de unidad nacional con los cuales Ureta presentaba su candidatura. Para el perió-

dico limeño de línea filoaprista, esto no era creíble al tener el respaldo de las organizaciones como 

la UR o Renovación Nacional de Carlos Miró Quesada Laos: 
 
Hablemos de «enconos». ¿Qué… significan, si no eso, la «Unión Revolucionaria» de Luis M. 
Sánchez Cerro, Luis A. Flores y sus camisas negras? [sic] Que otro sentido tiene la «Renovación 
Nacional» que dirige Carlos Miró Quesada Laos, el panegirista de la violencia Mussoliniana que 
acaba de gritar en un frenético discurso: «ESTAMOS DISPUESTOS A DEFENDERNOS CON 

                                                             
764 Anderle (1985: 376-377). 
765 Peralta Vásquez (1977: 267-268). Los urristas también debieron ver con simpatía a Bustamante, autor del Manifiesto 
de Arequipa, secretario privado de Sánchez Cerro y diplomático antiaprista en la gestión de Benavides. 
766 Véase Molinari (2004: 184-185). 
767 Palacios (2006-XVIII: 34); Quiroz y Tejada (1983: 67). 



   

165 
 

UÑAS Y DIENTES Y a conseguir la victoria, AUNQUE HAYA QUE ARRANCARLA POR 
MEDIO DE TREMENDOS SACRIFICIOS».768 

 
Carlos Miró Quesada Laos —hijo de Antonio Miró Quesada y María Laos, ambos asesinados por 

el exaprista Carlos Steer Lafont en 1935— había abandonado las filas de la UR con la muerte de 

Sánchez Cerro. Sin embargo, cobró fama como difusor de las ideas fascistas a través de los ar-

tículos y las entrevistas que publicó en El Comercio. En sus escritos expresó su admiración por 

la Italia fascista y la Alemania nazi, países que visitó y donde conoció a algunos de sus líderes. 

En 1944, fundó Renovación Nacional, un pequeño partido de obreros y profesionales chalacos 

que defendía, entre otros puntos, el salario familiar, el minifundio y el voto de la mujer.769 Acu-

sado de organización fascista por apristas y comunistas, el local de Renovación Nacional fue 

atacado por los primeros en plena campaña, mientras que medios limeños como Trinchera Aliada 

y Jornada insistían en identificar a Miró Quesada Laos con ideas violentistas y totalitarias. Re-

novación Nacional fue el único partido con que la UR aceptó coaligarse en 1945.770 

Haya había respaldado abiertamente la participación de la UR en el FDN, en aras de un 

amplio frente que convocara a todas las fuerzas democráticas de la nación. El mismo Haya había 

propuesto una alianza con la UR de cara a las elecciones generales de 1939, siempre que Flores, 

exiliado en Chile, rompiera públicamente con el fascismo.771 Otros dirigentes apristas como Ni-

canor Mujica, exiliado en Francia, también imaginaron formar una «alianza transitoria, pero ne-

cesaria por los vital» entre «los dos partidos de base popular que hay en el Perú» después de 

inaugurase el gobierno de Prado.772 Por el contrario, líderes apristas como Luis Alberto Sánchez, 

Manuel Seoane y César Enrique Pardo, también exiliados en Chile, se opusieron tajantes a esta 

posibilidad. En su opinión, debía forjarse un «bloque de centro» que no incluyera a la extrema 

derecha, especialmente al «florismo» y el «miroquesadismo», a los que consideraban los «opo-

nentes naturales» del APRA.773 Para las elecciones de 1945, sin embargo, el escenario político era 

otro. En su discurso del 20 de mayo de 1945, en la plaza San Martín, Haya aseguraba a miles de 

apristas que la UR había acogido el «programa común» aprista del FDN:  
 
Quiero mantener y ratificar esta promesa, quiero en nombre de todos los apristas del Perú decir 
que ratifico este gesto de fraternidad patriótica; quiero decirles que ha llegado el momento de que 
nos juntemos todos los peruanos para construir un Perú grande; en el seno del Frente Democrático 
Nacional nosotros propusimos un programa común que fuera el común denominador de todos los 
programas de todos los partidos del Frente; y declaro que por nuestro llamamiento, la Unión Re-
volucionaria formó parte del Frente Democrático Nacional y declaro aquí que la Unión Revolu-
cionaria se suscribió a ese programa originando un movimiento que echó las bases para una coor-
dinación de una positiva unidad nacional.774 

 

                                                             
768 «Habla Ureta», Trinchera Aliada, Lima, 28 de mayo de 1945: 1. Mayúsculas en el texto original. 
769 Miró Quesada (1961: 477). 
770 Sobre Carlos Miró Quesada Laos y las elecciones de 1945, véase Yrigoyen (2016). 
771 Villanueva Valencia (1975: 219). 
772 Mujica y Mujica (2015: 349).  
773 Haya de la Torre y Sánchez (1982-I: 369, 370, 373, 387). 
774 Haya de la Torre (1985-V: 349-450). 



   

166 
 

Al renegar del fascismo, la UR de la posguerra compartía con el PAP algunos atributos: ideoló-

gicamente, ambos se declaraban fuerzas democráticas antioligarcas, antiimperialistas y, sobre 

todo, anticomunistas. Además, la UR y el PAP tenían la misma estructura de un partido de masas. 

Sus bases populares resultaban, incluso, atractivas para sus rivales. Por ejemplo, los asistentes a 

la Primera Conferencia del PCP, celebrada en setiembre de 1944, creyeron posible pactar con los 

mandos medios urristas y captar así a sus masas: «A estos grupos [la facción de Flores y la que 

rompió con él] hay que ganarle sus masas engañadas pero no fascistas. Hay que pactar sobre la 

base de la unidad [nacional] con sus dirigentes», concluyeron.775 

El 10 de junio de 1945, la UR obtuvo un pobre resultado en las ánforas. Si bien fueron 

elegidos cuatro senadores de sus listas por Tumbes, Moquegua, Huancavelica y Pasco, fueron 

anuladas las victorias de los dos últimos. Igualmente, de las veintinueve diputaciones ganadas, se 

anularon las de Cutervo y Huánuco. Por si fuera poco, dos de sus diputados, Ernesto Diez Canseco 

Yáñez (Pasco) y Germán Linares Gutiérrez (Cusco), terminarían migrando a la bancada aprista.776 

Es posible que Diez Canseco y Linares no fueran militantes urristas, sino «invitados» que, por 

afinidades doctrinales y/o por razones pragmáticas, se integrarían al PAP. En todo caso, el apoyo 

de la bancada mayoritaria, y de sus barras en las galerías, podían asegurar una eficiente gestión 

parlamentaria. A pesar de todo, la UR no había desaparecido del mapa político: sus veinticinco 

diputaciones eran una manifestación de una organización partidaria todavía existente a nivel na-

cional. Incluso donde no consiguió ninguna curul provincial (Apurímac, Callao, Ica, Junín, Lam-

bayeque, Madre de Dios y Tacna), los pocos comités urristas debieron recobrar alguna vitalidad. 

Los candidatos de las listas urristas, si bien apabullados por sus rivales en las ánforas, pudieron 

hacerse de algunas victorias en las regiones norte y sur del país, donde apristas y comunistas eran 

las principales fuerzas, respectivamente. Tumbes y Moquegua fueron la excepción: los seis can-

didatos urristas vencieron en todas las provincias de ambos departamentos.777 

Después de las elecciones, la UR comenzó a ganar más espacio una vez que el llamado a 

la unidad nacional cobrara otro significado en los sectores antiapristas. Para Vanguardia, esta 

unión significaba proteger las libertades ciudadanas recién recobradas del peligroso «partido 

único» aprista, cuyas intenciones totalitarias ya se podían observar en su acaparamiento de las 

prefecturas, subprefecturas y municipios, en la infiltración de las instituciones armadas y policia-

les, y en la creación de «condiciones insurreccionales en el país, para ampliar su hegemonía, para 

imperar en el Gobierno y desde el Gobierno, como una sola y totalitaria fuerza política». Van-

guardia pronosticaba que la «derecha extrema» sólo esperaba «que el Apra le saque las castañas 

del fuego», para irrumpir «en calidad de salvadora de la nacionalidad, guardiana de la Constitu-

ción y restauradora de las leyes violadas». Por esta razón, convocaba a forjar nuevamente la 

                                                             
775 Copia de documento sin título fechado marzo de 1946, «Temas diversos», f. 2, en CMAO-PUCP. 
776 Ambos figuran como diputados electos por la UR en JNE (2015-II: 83, 85). No obstante, figuran como integrantes 
de la CPA en el índice onomástico de Borea (1980). 
777 Esta información se ha elaborado a partir de JNE (2015-II: 80-86). 



   

167 
 

«Unión Nacional», después de que el FDN hubiera «muerto estrangulado por el Apra». No obs-

tante, la unidad debía establecerse bajo sólidos fundamentos doctrinales y un programa concreto. 

Vanguardia proclamaba a Bustamante como «jefe», «conductor» y «guía» de esta unidad de todos 

los peruanos, salvo de los apristas que tenían sus propios símbolos: «La Unión Nacional tiene una 

bandera: la bandera de la Patria; tiene un himno: el Himno Nacional; tiene una gran voz: ¡Perú… 

Perú… Perú…!». Se debía, pues, seguir el ejemplo de la «huella gloriosa» de la Coalición del 

95.778 Esta referencia a la coalición nacional pierolista que derrocó al cacerismo en 1895, no era 

gratuita: si los apristas la habían hecho suya en 1931, ahora era usada en su contra. 

Días después, Vanguardia comentó el anuncio del 22 de setiembre de 1945, que hizo la 

UR en su diario oficial, El Heraldo. Según Vanguardia, el documento proclamaba querer «el 

imperio de la lógica y del sentido común y no el neblinoso confucionismo… Queremos la demo-

cracia… y que dure la democracia eternamente». Líneas más abajo, la nota informaba sobre la 

reciente reunificación de la UR bajo la dirección de Flores y su solemne proclama de «orienta[r] 

su política en el espíritu y en el contenido del Manifiesto de Arequipa y que sus Estatutos reafir-

marán su constitución democrática».779 El uso simbólico del Manifiesto de Arequipa como acta 

fundacional y declaración de principios resultaba apropiada para una nueva UR que buscaba rein-

ventarse como una organización comprometida con la democracia y la unidad nacional. También 

podría interpretarse como un gesto de adhesión al presidente Bustamante, autor del Manifiesto de 

Arequipa. Este documento anunció el alzamiento de Sánchez Cerro en 1930 como la expresión 

del anhelo nacional de alzarse contra la autocracia de Augusto B. Leguía, a la cual acusaba de 

corromper las instituciones públicas, socavar las libertades ciudadanas y de entregar los recursos 

naturales a los capitales extranjeros. Además, con la evocación del Manifiesto de Arequipa, Flores 

se habría propuesto reavivar para la UR el recuerdo del Sánchez Cerro, no tanto la del presidente 

autoritario, sino la del valeroso militar que derrocó la tiranía leguiista.  

Para Vanguardia, esta nueva UR, «democratizada y democrática», no solo tenía todo el 

derecho de participar en la construcción de la democracia peruana, sino también el imperioso 

deber de hacerlo, siempre que sea bajo el imperio de las leyes y de la Constitución. Haya mismo 

había destacado esto en la plaza San Martín el pasado 20 de mayo. Vanguardia creía necesario 

reconocer, desde la izquierda, los éxitos de la derecha: «En este país, los izquierdistas hemos sido 

injustos con Manuel Pardo, con Nicolás de Piérola, con Augusto Leguía. Se les enjuició exclusi-

vamente por sus errores, por sus debilidades, por sus desaciertos. Y se silenciaron sus clarividen-

cias, sus éxitos, sus aciertos». No obstante, esta situación ya estaba cambiando con gestos valien-

tes como los del socialista Luciano Castillo, «que hizo hace poco un esclarecimiento somero pero 

enérgico de la posición rectificatoria frente al régimen de Leguía». Lo que sí reclamó Vanguardia 

                                                             
778 Véase «¡Peruanos de a pie, a defender la democracia! Unión Nacional en torno al presidente de la república, a su 
ideario y a su programa». Vanguardia, Lima, 18 de setiembre de 1945: 1. 
779 «La Unificación y el viraje de la U.R.», Vanguardia, Lima, 25 de setiembre de 1945: 1. 



   

168 
 

a esta nueva versión de la UR era que abandonara la «designación anómala» de sus dirigentes, es 

decir, sin la participación de sus bases, como hacía el APRA. Este comportamiento contradecía 

el papel de «ejemplos cívicos» al que estaban llamados a ser los urristas y apristas. Por estas 

razones, Vanguardia estaba dispuesto a tomar «una posición de la mano tendida ante la Unión 

Revolucionaria, imbuida de anhelos democráticos». No obstante, había expuesto antes una espe-

cial condición: «Sobre todo si [la UR] renuncia a sus ataques inútiles y perniciosos para ella, a la 

Unión Soviética, y arrojar por la borda sus defensas del cadáver de Franco».780  

No pasó mucho tiempo de la anunciada reunificación para que la nueva UR tomara una 

posición crítica ante el APRA. Con motivo de la aprobación de la Nueva Ley de Imprenta, Trin-

chera Aliada —que había dejado su línea filoaprista para fines de 1945— publicó una entrevista 

a Luis A. Flores. Lo presentó como el líder de postura madura de un partido popular, un demócrata 

que había sufrido en carne propia la persecución de Benavides y Prado: «Las declaraciones del 

doctor Flores tienen excepcional importancia porque su partido es respetable, y, por lo tanto, es 

una garantía en la lucha por el respeto a las libertades consagradas en nuestra Constitución y en 

la Carta del Atlántico».781 La amenaza a tales libertades venía, según Flores, del lado aprista: 
 
La promulgación de esa ley puede tener efectos insospechados, conociendo como conocemos las 
modalidades de nuestra política. Acaso pueda significar la ruptura definitiva de la legalidad y en 
consecuencia la posibilidad sería convulsiones políticas y sociales. Se halla generalizada en el País 
la impresión de que nos encontramos a las puertas de la dictadura aprista. Los últimos discursos 
de sus leader [sic] en Ica, amenazando con golpear fuerte a quienes no piensen como ellos, acusan 
propósitos de franca violencia. Por nuestra parte, no hacía falta que se nos recordara cómo procede 
el Aprismo con sus adversarios. No hemos olvidado y el país también recuerda la masacre de 
oficiales y soldados en la Cárcel de Trujillo, el crimen del Hipódromo y los asesinatos de la Plaza 
San Martín.782 
 

Al rememorar los hechos violentos asociados con el APRA —los asesinatos de militares y policías 

en la Revolución de Trujillo (1932), del presidente Sánchez Cerro (1933) y del matrimonio Miró 

Quesada-Laos (1935)—, Flores reactualizaba miedos, resentimientos y odios. No eran hechos 

lejanos, aunque sí menos vividos en la memoria de los más jóvenes. Por su parte, a pesar de su 

pasado culto a la violencia, la UR no estaba del todo asociado con episodios similares, salvo la 

intervención de Flores, como el severo ministro de Gobierno y Policía que aprobó y presenció el 

fusilamiento de ocho marineros participantes de la insurrección de 1932. Los apristas solo podían 

descalificarlo moralmente, evocando esta siniestra participación, así como su pasada admiración 

por Mussolini y la verborrea violentista de sus caminas negras. 

Los urristas comenzarían a enfrentarse a los apristas incluso en lugares tan debilitados 

electoralmente como Ica, donde no ganaron ninguna curul. En el pasado, el sanchecerrismo con-

                                                             
780 Ibíd.: 1-2.  
781 «“Nos hallamos a las puertas de la dictadura aprista” nos dice el jefe de la unión revolucionaria», Trinchera Aliada, 
Lima, 30 de noviembre de 1945: 4. 
782 Ibíd. 



   

169 
 

taba con una importante aceptación en la provincia. Por ejemplo, la anulación de la Ley de Cons-

cripción Vial, una de las primeras medidas de Sánchez Cerro después de derrocar a Leguía, fue 

sumamente popular entre las masas campesinas. Un testigo, Raúl Eurice, recordaría que «en Ica 

la gente prendía una vela al Señor de Luren y otra al retrato de Sánchez Cerro a quien llamaban 

salvador».783 Electo presidente, Sánchez Cerro ejecutó importantes obras de regadío en el valle, 

que, si bien beneficiaron sobre todo a los hacendados, permitió a muchos exyanaconas cultivar 

en las nuevas tierras irrigadas.784 No obstante, fueron sobre todo latifundistas los dirigentes prin-

cipales de la UR. Al otro lado se encontraban los medianos propietarios, profesionales, comer-

ciantes, obreros, artesanos y campesinos de filiación aprista. El encono entre ambos bandos mar-

caría la vida política de los iqueños en los siguientes años. Así, a inicios de 1934, Acción felicitó 

la oportuna intervención policial que había desarticulado el «plan terrorista aprista», según el 

medio urrista, concebido por los seguidores fanáticos de Haya, después de que este dictara una 

«odiosa» conferencia en la ciudad. El chofer Manuel Valencia y el empleado ferrocarrilero Carlos 

Gálvez habían sido detenidos con cartuchos de dinamita y una lista de sus víctimas, entre ellas el 

alcalde José Picasso Perata «y varios miembros del PARTIDO UNIÓN REVOLUCIONARIA 

que combaten decididamente a los farsantes y logreros apristas».785 

Las diferencias sociales y étnicas se articulaban con las diferencias políticas en Ica. Los 

hacendados eran una minoría de origen europeo, sobre todo italiano, que ejercían su poder sobre 

una masa campesina andina, asiática y africana, a la cual despreciaba.786 Los grandes latifundios, 

donde se cultivaba especialmente la vid, dominaban la vida social y económica de la provincia. 

En el norte, los Elías eran propietarios de la hacienda Chavalina, los Olaechea de Atacama, los 

Gotuzzo de La Máquina y las hermanas Cabrera de La Caravedo; al sur, los Picasso de Vista 

Alegre, los Bosa de Machacona, los Elías de San Román y Tronquitos, y los Rubio y Álvarez 

Calderón de Ocucaje. Las propiedades más grandes alcanzaban mil hectáreas, y en ellas se impo-

nía un sistema paternalista que normaba las relaciones entre patrones, administradores, mayordo-

mos, yanaconas y peones. Como también recordaría Juan Pévez, eran aquellas familias las que 

determinaban quiénes de ellos serían diputados y senadores haciendo uso de la amenaza y el 

clientelismo sobre sus trabajadores.787 Los «notables» iqueños también controlaron el gobierno 

municipal, un ejercicio exclusivo del poder en que se destacaron los Picasso: desde 1890 hasta 

1937, cuatro miembros de la familia ocuparían la alcaldía de la provincia hasta en ocho oportuni-

dades, una recurrencia que manifestaría un mayor estatus entre sus pares. 

Al igual que otras familias de la oligarquía peruana, los Picasso, de origen genovés y 

miembros del Club Nacional, convirtieron sus haciendas en sociedades agrarias, afirmación de 

                                                             
783 En Molinari (2004: 7). 
784 Anderle (1985: 295); Gonzales (2019); Molinari (2004: 7, 139); Pévez (1983: 194). 
785 Molinari (2004: 350). Mayúsculas en el texto original.  
786 Peloso (2013: 253-255). 
787 Véase Pévez (1983: 24-26; 60-63). 



   

170 
 

una gestión empresarial moderna, y diversificaron sus inversiones.788 En efecto, hicieron de Vista 

Alegre una de las principales firmas vinícola del país a la vez que adquirían minas en Castrovi-

rreyna e incursionaban en el rubro comercial y financiero. Los Picasso fueron propietarios de la 

Casa Comercial Picasso Hnos., cuyas oficinas y depósitos ocupaban más de la mitad de una de 

las manzanas adyacentes a la Plaza de Armas de Ica. Se trataba de una imponente casona cuya 

segunda planta era el hogar de la familia desde mediados del siglo XIX. La Casa Picasso se dedi-

caba a la venta de herramientas y víveres, pero principalmente acopiaba fibra de algodón. El viejo 

edificio, con sus talleres, depósitos y tiendas, era el símbolo del poder social, económico y político 

que ostentaba una élite iqueña que galopaba entre la modernidad empresarial y la vida señorial. 

Después de la muerte de su hermano mayor José en 1943 —quien había presidido la Cámara de 

Comercio y Agricultura de Ica, además de ocupar el sillón municipal—, Jorge Picasso Peratta 

asumió las riendas de los negocios familiares. Por los cargos que ocupó se diría que su gestión 

fue exitosa: llegó a ser director de la Sociedad Nacional Agraria, de la Confederación Nacional 

de Comerciantes y del Banco Wiese.789 

Sin embargo, después de la victoria del FDN en 1945, las cosas cambiaron para los Pi-

casso y el resto de la élite iqueña. Si bien se podría decir que los intereses latifundistas estuvieron 

representados por los senadores Emilio Guimoye Hernández y Héctor Boza Aizcorbe, los apristas 

ganaron tres de las cinco diputaciones iqueñas.790 Poco después de la victoria del 10 de junio, 

Haya y el flamante diputado Fernando León de Vivero realizaron una apoteósica gira por ellas, 

quedando las imágenes de las multitudinarios recibimientos registradas en los noticieros de la 

época.791 Cinco meses después, el empoderamiento aprista en la provincia de Ica aumentó cuando 

dominó la junta municipal transitoria. En este sentido, el enfrentamiento entre el PAP y la UR se 

manifestó, por ejemplo, en la política de reforestación del alcalde aprista (y secretario general 

departamental aprista) José Oliva Razzeto: los árboles sembrados en las calles de la ciudad y en 

los cerros aledaños, eran una y otra vez arrancados por «un grupo de reaccionarios». Sin embargo, 

en esta pugna, los apristas iqueños no lidiaron solos: desde Lima recibieron el apoyo de sus com-

pañeros parlamentarios y de funcionarios ministeriales.792 Un aliado muy importante fue el dipu-

tado iqueño Fernando León de Vivero, por su condición de alto funcionario público y partidario: 

era presidente de la Cámara de Diputados y secretario de Política del Comando Nacional de 

PAP.793 Al otro extremo se encontraban personajes como el empresario Jorge Picasso Peratta, 

                                                             
788 Gilbert incluye a los Picasso como parte de la oligarquía (1982: 55). 
789 Sobre la actividad empresarial de los Picasso, véase Negreiros (2019: 48, 62); y la manifestación de Jorge Picasso 
Peratta, subprefectura de Ica, 8 de marzo de 1947, «Caso Incendio Casa Picasso», f. 75, en CMAO-PUCP. Algunos 
datos biográficos de José Picasso Peratta en El Comercio (1998-V: 318-319). 
790 JNE (2015-II: 80, 84).  
791 Véase Ortiz (1995-II). 
792 León de Vivero (1951: 96). 
793 Algunos datos de Fernando León de vivero en Villanueva Díaz (1985-II: 741-766). 



   

171 
 

simpatizante de la UR y con quien León de Vivero había compartido las aulas del colegio San 

Luis Gonzaga y las de la Facultad de Derecho de San Marcos.794 

En el oficio del 25 de febrero de 1947, dirigido al director general de Gobierno, el prefecto 

Guillermo Sánchez informaría que la provincia de Ica era «la única agitada en todo este Departa-

mento, pues si Chincha también es algo movida, no tiene mayor importancia». La agitación se 

debía a las inscripciones con que amaneció la ciudad. Estas atacaban al jefe nacional de la UR, 

Luis A. Flores, a los hermanos Picasso y al secretario departamental urrista de Ica, Pedro Luciano 

Olaechea; y culpaban a los urristas de la crisis alimentaria: «Viva Flores Loco», «Mulas Picasso, 

Olaechea de la U.R.», «Iqueños no hay carne por robo de la U.R.», «Alerta Pueblo Aprista» y, en 

alusión a los marineros fusilados en 1932, «Viva Flores ocho marineros».795 Hay que tomar en 

cuenta que Flores había sido electo senador por Piura en las elecciones complementarias de 1946, 

después que la muerte de Hildebrando Castro Pozo dejara vacante esta curul. Como se señaló 

páginas atrás, las sospechas de las pintas recayeron en los apristas que habían trazado lemas par-

tidarios en la misma noche. Al ser interrogado, el secretario departamental de Propaganda del 

PAP, Manuel Santana Chiri, culpó del atentado al «grupo político antidemocrático que lo deno-

minan como Unión Revolucionaria», el cual se proponía difamar al aprismo, alarmar a la opinión 

pública y distraer al Gobierno con hechos insulsos. Santana sugirió que los urristas se auto ataca-

ban para culpar al PAP, pues tenían «las mismas pinturas que utiliza el Partido».796 

Para el prefecto Sánchez, estas inscripciones expresaban la crispación causada por la 

prensa partidista, que «[crea] un clima por demás inconvenientes produciendo los desahogos na-

turales ya sea por medio de la prensa o en cualquier actuación pública». Sánchez se refería espe-

cíficamente al número del 15 de febrero del semanario aprista Adelante, donde se informaba sobre 

el contrabando del pallar y la sentencia —veinte días de prisión y el pago de una multa de 

S/500.00— que emitió un juez instructor contra Manuel Balta Bresani, un «destacado dirigente 

de la Unión Revolucionaria». Sánchez también llamó la atención sobre el artículo «Intranquilidad 

ficticia», donde el director de Adelante, César Reyes Carrera, se refiere al pedido de garantías del 

secretario general urrista, Pedro Luciano Olaechea, a la supuesta amenaza de Reyes de colgar de 

los ficus de la Plaza de Armas a «sus enemigos políticos». También publicó un artículo contra 

Augusto Pita, «y dado lo duro que es su contenido es natural esperar las respectivas reacciones». 

La respuesta llegó el día 22 desde el semanario urrista El País. En el artículo «Dos líderes», se 

imputaba a los diputados Pedro Muñiz y Luis de las Casas el asesinato de Francisco Graña Gar-

land. En «Apostillas de la Semana», se continuó acusando a los apristas del crimen, pero lo que 

generó mayor enojo, de acuerdo con el prefecto Sánchez, fue el ataque al diputado Fernando León 

de Vivero.797 

                                                             
794 Sobre Jorge Peratta Picasso, véase Tauro del Pino (2001 [1993]-XIII: 2049-2050).  
795 Manifestación de José Oliva Razzeto, cit., f. 4. 
796 Manifestación de Manuel Santa Chiri, cit., ff. 6-6r. 
797 Oficio nro. 133 del prefecto de Ica, Guillermo Sánchez, cit., f. 2. 



   

172 
 

Las manifestaciones públicas eran otro dolor de cabeza para el prefecto Sánchez. Preci-

samente el director de Adelante había denostado contra la dirección urrista y, por si fuera poco, 

nuevamente amenazado con colgar de los ficus de la Plaza de Armas a los «reaccionarios», en el 

encendido discurso que pronunció en el local aprista por el Día de la Fraternidad:  
 
Empleó adjetivos por demás duros contra los principales dirigentes como el Dr. Pedro Luciano 
Olaechea, el señor Anaximandro Pita, Pedro Uribe y Luna y los simpatizantes señores Picasso 
Hnos., José Enrique de la Borda y otros. Tergiversó mi intervención amistosa y de la que di a Ud. 
cuenta telefónica sobre la quema de cohetes y camaretas que mediante acuerdo con el Secretario 
General [del PAP], se circunscribió a cuatro sectores de la localidad. Volvió a repetir que en caso 
de que lo que llaman reaccionarios hicieran la revolución, serían colgados de los ficus de la Plaza 
de Armas. En una palabra, fue un discurso inconveniente y provocativo.798 
 

Según Sánchez, «[l]a reacción fue inmediata, es lógico suponerlo». Al día siguiente, los urristas 

cubrieron la ciudad con inscripciones de grueso calibre contra el PAP y el diputado León de Vi-

vero. Si bien los responsables fueron capturados por la pronta reacción de Sánchez y del subpre-

fecto Pedro Sebastiani, gracias al habeas corpus de los abogados contratados por los jefes de la 

UR, fueron excarcelados después de veinticuatro horas. En sus declaraciones, sin embargo, los 

detenidos afirmaron haber seguido las órdenes de Olaechea, lo cual motivó ampliar sus manifes-

taciones y citar al aludido a la Comisaría de Ica. Sánchez compartió al director de Gobierno su 

esperanza de «que el señor juez sea enérgico en aplicar la correspondiente sanción, para ver si así 

se logra poner fin a esta campaña tan dañina para esta localidad».799  

 Las expectativas de la renovación del gobierno edil habría igualmente alterado el am-

biente político iqueño. De manera provocadora, como informó el prefecto Sánchez, El País ponía 

en duda los resultados de las próximas elecciones municipales, afirmando que serían igual de 

fraudulentas que en 1945, cuando vencieron los apristas.800 El control de precios y la fiscalización 

de pesos de las subsistencias fue causa de conflicto entre las autoridades ediles y los terratenientes 

iqueños. Esta situación de relativa ventaja para los primeros se revirtió con la política de precios 

máximos que aplicó el nuevo ministro de Agricultura, Pedro Venturo, desde inicios de 1947. En 

lo que se puede interpretar como un respaldo a su política, numerosos volantes sin pie de imprenta 

circularon en la mañana del 4 de marzo. En uno se lee: «La venta libre ha determinado la baja de 

artículos de primera necesidad en Lima, y esto mismo sucederá en Ica dentro de algunos días. Por 

eso los apristas locales no quieren que suceda esta rebaja pues no tendrían qu[é] mangonear». El 

volante concluía con esta arenga: «Pueblo de Ica hay que presentarle pelea a los succionadore[s] 

aprista[s]».801 Otro volante era más intenso en sus acusaciones:  
 
PUEBLO DE ICA.- Venta libre no significaba alza de precios.- La culpa del alza de precios la 
tiene la Municipalidad Transitoria, en cuyo seno, en la Inspección de Subsistencias se encuentra 

                                                             
798 Ibíd., f. 2r. 
799 Ibíd. 
800 Ibíd. 
801 Oficio nro. 190 (copia) del subprefecto de Ica, Pedro Sebastiani, al prefecto de Ica, Ica, 4 de marzo de 1947, «Caso 
Incendio Casa Picasso», f. 3, en CMAO-PUCP. 



   

173 
 

el famoso búfalo Valverde, quien era el que mangoneaba con los artículos de primera necesidad 
Hoy quiere que se suprima la venta libre que ha determinado en Lima, la baja de los artículos de 
primera necesidad y sus aparición en abundancia en el Mercado. No te sumes al saboteo que quiere 
hacer el búfalo Valverde a la política del Ministro de Agricultura, Venturo.- Pueblo de Ica no te 
dejes engañar.802 

 
El «búfalo Valverde» haría referencia al citado Óscar Valverde, veterano dirigente aprista y uno 

de los integrantes de la brigada que hizo inscripciones murales partidarias en la misma noche que 

se trazaron otras que atacaban a la UR. En su condición de inspector de Subsistencias, Valverde 

habría cuestionado la liberación paulatina de precios del ministro Venturo. Por su parte, el sub-

prefecto Pedro Sebastiani capturó a los responsables de la circulación de los volantes: eran «el 

conocido agitador de la U.R., don Jorge Valle (a) “Cachalote” y un individuo que responde al 

nombre de Gonzales (a) “Arroz con carne”».803 

La polarización entre apristas y urristas llegó a su cenit la noche del 4 de marzo de 1947, 

con el incendio de la Casa Picasso. Fue entonces que la provincia se polarizó visiblemente en dos 

bandos antagónicos. Cuando sucedió el siniestro, Jorge Picasso Peratta se encontraba todavía en 

Lima. Su viaje que había prolongado por una entrevista con el ministro Venturo.804 Probablemente 

Picasso y Venturo eran viejos conocidos, pues este último estaba vinculado con la actividad viní-

cola nacional: era miembro del Comité Vinícola de la Sociedad Nacional Agraria.805 El incendio 

se prolongó por horas debido a la falta de agua, bomberos experimentados y equipos necesarios. 

Se envió auxilio desde los balnearios de Miraflores y Chorrillos. Los escasos efectivos policiales 

tampoco pudieron evitar que parte de la mercadería rescatada fuera robada en medio del caos y la 

oscuridad, cuando bomberos, policías y vecinos trataban de apagar las llamas.806 Al amanecer, los 

iqueños fueron testigos de la destrucción. Los talleres, depósitos y mercaderías habían desapare-

cido, junto a los «efectos personales, recuerdos de familia, colecciones de cerámica incaica, bi-

bliotecas en número de tres y documentos relacionados con la Historia regional y Nacional de 

valor inapreciable en dinero» de la segunda planta. Más adelante, Jorge Picasso calculó las pér-

didas en más de S/ 3000 000, una cifra posiblemente exagerada según La Tribuna, y aseveró que 

sus propiedades no estaban aseguradas.807 

En su manifestación del 8 de marzo, Picasso expuso sus razones para acusar a los apristas 

del siniestro: en abril, mayo y diciembre de 1946, y en enero de 1947, habían circulado volantes 

incitando a los iqueños al saqueo de sus almacenes, «que se decían llenos de pallares, frijoles y 

garbanzos y otros víveres más, y en los que se invitaba al pueblo hambreado a tomarlos».808 Uno 

de estos volantes, incluido en el atestado policial, tildaba a los propietarios de «fachistas número 

                                                             
802 Ibíd.  
803 Ibíd. 
804 Manifestación de Jorge Picasso Peratta, cit., f. 75. 
805 Portocarrero Maisch (1983: 147). 
806 Oficio nro. 2 del subdirector general de la Guardia Civil y Policía, Teobaldo Castro León, al director general de la 
Guardia Civil y Policía, Lima, 11 de marzo de 1947, «Caso Incendio Casa Picasso», ff. 108-109, en CMAO-PUCP. 
807 Manifestación de Jorge Picasso Peratta, cit., f. 75. 
808 Ibíd. 



   

174 
 

1 de Ica», acaso por las simpatías urristas de Picasso, sumado al origen italiano de su familia.809 

El texto completo es el siguiente: «HAMBREADOS DE ICA / En la calle LIBERTAD N°. 119 

de los Picasso Peratta los fachistas número 1 de Ica, hay Pallar, Frijol, Garbanzos y muchos más 

artículos alimenticios. / PUEBLO: si tienes hambre, ya sabes dónde hay».810 Picasso aseguró tam-

bién haber recibido una carta anónima que advertía sobre un atentado del subprefecto de Ica: «Un 

amigo de Ud. cumple con comunicarle el Sub-prefecto y aprista Pedro Sebastiani tiene prepara-

ción y ejecución un plan terrorífico contra Ud. y posee un plano completo de su casa. Lo que va 

a ocurrir va a ser infernal, horroroso. Tenga cuidado, un amigo que lo estima». Según su propia 

manifestación, Picasso mostró la carta «a un sin número de personas», incluyendo al prefecto y a 

su hermana Anita Picasso,811 quien era nada menos que esposa de Fernando León de Vivero. Para 

el declarante, no había duda de que el siniestro tenía un origen político, y por ello mismo que las 

investigaciones no llegarían a buen término. 

Según un volante de la UR, los responsables del siniestro eran las «turbas sectarias que 

nada respetan». Para hacerles frente, convocaban «a todas las gentes de orden y de bien social» a 

un mitin y una manifestación en su local partidario”, para el domingo 9 de marzo.812 El anuncio 

alarmó al prefecto Guillermo Sánchez, pues si «las pasiones ya están calientes», el mitin se reali-

zaría «seguido de un hecho que ha conmocionado fuertemente a muchos o que por lo menos 

quieren derivar ventajas».813 En decir, más allá de un origen accidental o intencional, el incendio 

de la Casa Picasso podría ser utilizado para exaltar los sentimientos antiapristas. Para evitar una 

posible batalla campal, Sánchez solicitó refuerzos policiales a Lima y ordenó el cierre de cantinas, 

así como el resguardo de las viviendas del subprefecto, del alcalde, del director de Adelante y de 

Óscar Valverde (el «citado búfalo Valverde» del volante de la UR). También puso guardias en la 

Casa del Pueblo de Ica, en la cooperativa de consumo local y en la botica de Valverde. Paralela-

mente, las autoridades políticas, tanto en Lima como en Ica, presionaron sobre los dirigentes 

urristas, quienes, a regañadientes, redujeron el recorrido de la manifestación, «para evitar en lo 

posible todo incidente con los eternos provocadores», y comprometieron a sus huestes a asistir 

sin «inscripciones ni distintivos de ninguna clase».814 De este modo, las autoridades trataban con-

vertir el evento proselitista de la UR en un acto cívico en contra de la violencia. 

                                                             
809 Al menos un miembro de la familia, Luis Picasso Rodríguez, integró la UR. Véase Molinari (2004: 495, 653, 582). 
810 «Hambreados de Ica», volante sin pie de imprenta, «Caso Incendio Casa Picasso», f. 122, en CMAO-PUCP. Ma-
yúsculas en el texto original.  
811 Manifestación de Jorge Picasso Peratta, cit., f. 75. Debido a ests acusaciones, Sebastiani sería separado de su cargo. 
812 «Pueblo Iqueño», volante de la Unión Revolucionaria, Ica, 6 de marzo de 1947, «Caso Incendio Casa Picasso», f. 
43, en CMAO-PUCP.  
813 Oficio nro. 156 del prefecto de Ica, Guillermo Sánchez, al director general de Gobierno, Ica, 6 de marzo de 1947, 
en «Caso Incendio Casa Picasso», f. 42, en CMAO-PUCP. 
814 Oficio nro. 100 del prefecto de Ica, Guillermo Sánchez, al jefe de la Vigésima Comandancia de la Guardia Civil, 
Ica, 8 de marzo de 1947, f. 91, en CMAO-PUCP. 



   

175 
 

Por su parte, los apristas no se quedaron atrás: el Comité Departamental de Ica prohibió 

todo acto hostil, según su secretario general, «para en caso de un posible fracaso en la manifesta-

ción [urrista] del domingo no se nos culpe de haber amedrentado ni hecho contramanifestación». 

Con anticipación, José Oliva Razzeto había acusado a los jefes de la UR de «traer elemento al-

coholizado del campo, preferentemente los que trabajaban en las haciendas de los dirigentes urris-

tas quienes eran reclutados a la fuerza». Sobre los «sucesos que dichos individuos provoquen», 

no se hacía responsable el Partido del Pueblo.815 La movilización de los peones, haciendo uso de 

la coacción y el clientelismo no sería extraño en la sociedad iqueña dominada por los hacendados. 

El propósito de Oliva era desvirtuar la acusación de su par urrista, Pedro Luciano Olaechea, de 

una supuesta distribución de laques y garrotes entre los apristas. Esta acusación fue igualmente 

desvirtuada por el prefecto Sánchez, pues, según su experiencia, los apristas no eran de usar la-

ques; además, sus informantes le aseguraron que sólo tenían garrotes y, posiblemente, algunas 

pistolas.816 Al ser citados por la policía, los secretarios iqueños de Defensa y Organización del 

PAP igualmente rechazaron la acusación de Olaechea y manifestaron su «gran extrañeza» por las 

advertencias que les hacía el prefecto. Por ello solicitaron que se «extreme la vigilancia», para 

que, en caso de desórdenes, se detengan a los responsables y se esclarezcan los hechos.817  

Gracias a estas provisiones, el mitin urrista se realizó «sin al menos novedad».818 Cuatro 

días después, Cascabel publicó un extenso artículo, posiblemente del caustico Federico More. En 

él, la familia Picasso es pintada como la suma de la nobleza señorial y el emprendimiento capita-

lista, cualidades que no calzaban con las nuevas prácticas y los valores de una economía aprista 

de subsidios y contribuciones: «Lo indoamericano es andar en plena gitanería y vivir de cuotas y 

óbolos». Estos antivalores eran la razón de la destrucción del hogar-negocio de los Picasso:  
 
Durante noventa años, esta familia vivió en esa casa. Durante setenta años, los negocios de la firma 
Picasso Peratta, tuvieron sus oficinas en esa casa. Fue hogar, oficina y casa de comercio. Pero 
noventa años son muchos años. Porque lo comprendió así, la delincuencia de discos de [sic] a 
tecnificar a algunos búfalos para que, en nombre del buen gusto indoamericano, procediesen a 
incendiar la magnífica mansión iqueña que, erguida frente a los maravillosos ficus de la Plaza de 
Armas, representaba cuanto [sic] hay de noble, de tierno, de hermoso y de profundo en la vida del 
hogar y en la vida de trabajo. Pero es que el hogar ya no se usa y el trabajo es una estupidez. Ahora 
hay que crear riqueza y llenarse de deudas. Eso se llama crecimiento.819 

                                                             
815 Copia de la carta del secretario general del Comité Departamental de Ica del PAP, José Oliva Razzeto, al prefecto 
de Ica, Ica, 8 de marzo de 1947, en «Caso Incendio de la Casa Picasso», f. 90, en CMAO-PUCP. 
816 Oficio nro. 160 del prefecto de Ica, Guillermo Sánchez, al director general de Gobierno, Ica, 9 de marzo de 1947, 
en «Caso Incendio Casa Picasso», f. 93, en CEAMO-PUCP.  
817 Manifestaciones de Antonio Guevara Bañon y Felipe Mejía Valle, Oficina de la Sección de Investigación de la 
Comisaría, Ica, 8 de marzo de 1947, «Caso Incendio Casa Picasso», ff. 88 y 89, respectivamente, en CMAO-PUCP.  
818 Oficio nro. 2 del subdirector general de la Guardia Civil y Policía, Teobaldo Castro León, cit., f. 110. 
819 «Incendiada por razones de ornato público. Documentos para la historia referentes al incendio mandado ejecutar en 
la propiedad de la firma M. Picasso Hermanos de Ica», hoja suelta impresa que reproduce un artículo de Cascabel, 
«Caso Incendio Casa Picasso», f. 113, en CMAO-PUCP. El artículo alude también al parentesco que unía a los herma-
nos Picasso Peratta con Fernando León de Vivero: «Ahora, los maridos son cómplices en los incendios que destruyen 
la hacienda de las esposas. Eso de las residencias patricias, de las familias respetables y de las grandes firmas comer-
ciales, no es propio de Indoamérica». El mismo Jorge Picasso, en el telegrama múltiple que envió a la prensa, afirmó 
que su hermana Anita —«quien calificó el incendio como producto del sectarismo ante autoridades noche que se pro-
dujo», según el primero— y el resto de su familia querían que el Perú entero conociera «la naturaleza nuevo crimen 
sectario con propósito de destruir al país y a la nacionalidad». Ibíd. 



   

176 
 

Cascabel también sugería una siniestra conexión entre el incendio de la fábrica América del al-

calde de Arequipa, Pedro P. Díaz (5 de diciembre de 1946), el asesinato de Francisco Graña Gar-

land (7 de enero de 1947) y el incendio de la casa Picasso (4 de marzo): «En tres meses dos 

incendios y un asesinato. Esto es lo gordo y reciente. Todos esperamos que, entre la segunda 

quincena de este mes de marzo y la primera de abril —de abril de 1947, caballeros— ocurra algo 

más». El artículo fue reimpreso y distribuido por los urristas iqueños. La hoja incluía la carta de 

Jorge Picasso dirigida a los medios donde se quejaba de los «datos equívocos» que aparecieron 

en la prensa, sobre todo en La Tribuna, que aseguraban que sus propiedades estaban aseguradas 

por compañías nacionales e internacionales o que desvirtuaban un atentado al decirse que los 

depósitos del local siniestrado guardaban material inflamable y explosivos.820 

 En El tirano quedó atrás (1951), Fernando León de Vivero brindó su propia versión ten-

denciosa del siniestro de la Casa Picasso. Sugería que había sido provocado por sus propietarios: 

«uno de los Picasso, miembro de la Alianza Nacional», había dejado el negocio familiar en manos 

de una empleada antes de viajar a Lima, no sin antes obligar a su familia a viajar. Además, se 

aseguraron de que la bomba de agua recién comprada no funciones. Para descalificar más a los 

hermanos Picasso, León de Vivero afirma que el fuego fue apagado solo por la policía y las demás 

autoridades; el pueblo, por el contrario, observaba con deleite el siniestro. Por indicación de Pedro 

Beltrán, latifundista y acérrimo enemigo del APRA, los Picasso regresan al día siguiente para 

convocar una marcha antiaprista.821 La respuesta del «pueblo iqueño» es diferente:  
 
 Sobre los escombros de la casa de adobe y mampostería —construida a mediados del siglo pa-
sado—, se congregan doscientas personas. A la cabeza marchan las esposas de sus deudores. El 
viril pueblo de Ica repudia la maniobra de los cambia casacas tradicionales y echa sobre ellos el 
trágico apelativo de “genoveses traficantes de incendios”. No es que Ica sea xenófoba […]. Re-
chazamos sí la intervención de los extranjeros en la política del país. Impugnamos la explotación 
de los mismos. La combatimos y la combatiremos. Y en ello es muy celoso el hijo de esos luga-
res.822 

 
Es posible que, en efecto, los Picasso vendieran a crédito o prestaran dinero a quienes no podían 

de acceder a un crédito bancario; su calidad de acreedores habría sido doblemente odiosa por su 

origen extranjero. León de Vivero fue más allá: estableció un vínculo doloso entre los Picasso y 

el Ejecutivo: «El incendio de Ica también suministra divisas», pues aquellos recibieron licencias 

de importación de productos (clavos) que son vendidos a precios elevados. Se trata de un negocio 

rentable tanto para futuras «víctimas» como para el Gobierno que, a la vez, trae réditos políticos: 

se puede culpar a los apristas. Según León de Vivero, Clemente Revilla se lo ha dicho ante testi-

gos: «emisarios de Palacio y La Prensa» le han propuesto sacar ventaja del incendio accidental de 

                                                             
820 Ibíd. Las primeras investigaciones policiales concluirían un origen fortuito; las segundas pesquisas ordenadas por 
el ministro de Gobierno y Policía, Manuel Odría, concluirían uno deliberado. Véase la carpeta «Incendio Casa Picasso», 
en CEMAO-PUCP. 
821 León de Vivero (1951: 157, 158). En realidad, aún no se había fundado la coalición antiaprista Alianza Nacional, 
pero las conversaciones ya estaban en marcha. Sobre la Alianza Nacional, véase la sección 4.3 de esta investigación. 
822 Ibíd.: 159. 



   

177 
 

una bodega de una sus haciendas de Arequipa.823 Revilla no era un desconocido: como presidente 

de la Constituyente, había abandonado las filas de la UR en 1933, llevándose consigo a casi la 

totalidad de los constituyentes de su expartido.824 

Los sucesos de Ica demuestran que una alicaída UR se estaba ganado posiciones a medida 

que la polarización política se profundizaba y el descrédito del PAP crecía. No obstante, para 

cimentarse como una alternativa democrática, debía reelaborar su historia inmediata. El hecho 

que uno de sus dirigentes, David F. Aguilar, fuera entrevistado favorablemente por La Nación, 

órgano del centroizquierdista Partido Social Republicano (PSR), a inicios de 1947, expresa que 

este proceso iba por buen camino. Aguilar, al repasar el pasado de su organización, sorprenden-

temente destacó los aspectos comunes que compartían la UR y el PCP. Opinaba que ambos tenían 

«sus más profundas raíces en el elemento proletario y humilde»; además, habían luchado por igual 

por los derechos de la clase trabajadora. También reconoció que, en el pasado, apristas y urristas 

llegaron a tener contactos circunstanciales, «a fin de conseguir para el Perú el imperio de la juri-

dicidad».825 Con respecto al pasado fascista de la UR, Aguilar fue más imaginativo: la parafernalia 

fascista que adoptó en la década pasada era a lo más una anécdota, en todo caso históricamente 

justificable por la coyuntura de eso años. En realidad, en su esencia, la UR nunca había sido una 

organización ideológicamente fascista, sino todo lo contrario: 
 
En cuanto a su ideario la Unión Revolucionaria es un partido socialista por excelencia. Con él se 
ha cometido una injusticia histórica atribuyéndosele tendencias de extrema derecha, y hasta fas-
cistas, que no ha tenido nunca. La circunstancia de haber usado algunos militantes la camisa negra 
no significa nada. El hábito no hace al monje. Esta actitud no fue sino una ingenua respuesta a los 
adversarios de entonces que exhibían actitudes y predicaban doctrinas de extrema izquierda in-
aplicables para nosotros.826 
 

De esta manera esta parecía concretarse la reinvención de la UR como una fuerza democrática, 

un proceso que había iniciado cuando integró inicialmente el FDN en 1944. Con este aspecto se 

integró a la Alianza Nacional como parte de la Coalición Democrática Nacional —que reunía al 

PSR, donde militaban Jorge Basadre y otros intelectuales progresistas, al Partido Social Cristiano 

y al Partido Socialista Auténtico. Durante el trienio 1945-1948, la UR logró ser aceptada como 

una organización democrática de base popular, y reconocida como un actor imprescindible en la 

lucha contra el «peligro totalitario» aprista. 

 

4.3 Las «masas» combaten a las masas: la Alianza Nacional 

En octubre de 1946, se fundó el Partido Social Republicano (PSR), de línea centroizquierdista. A 

diferencia de otras nuevas organizaciones, el PSR contaba con su propio órgano de prensa, La 

Nación. Aunque era una modesta hoja, no fue una publicación anodina: de gran dimensión, tuvo 

                                                             
823 Ibíd.: 159-160. 
824 Sobre Revilla, véase Molinari (2004: 121, 149).  
825 «La posición y actitud de la Unión Revolucionaria», Vanguardia, Lima, 28 de enero de 1947: 1-2. 
826 Ibíd.: 2. 



   

178 
 

una importante circulación y publicó artículos de intelectuales nacionales y extranjeros. Inicial-

mente dirigido por Sebastián Salazar Bondy, privilegió la noticia política y era particularmente 

duro con el APRA. Incluso su beligerancia provocaría la protesta de uno de sus dirigentes del 

PSR, Javier de Belaunde, creía que tal tono perjudicaba la imagen del PSR y rebajaba el debate 

de los problemas nacionales. Otro de sus dirigentes, Jorge Basadre, recordaría la «inmediata hos-

tilidad» de los apristas hacia el PSR: organizados por distrito, dificultaron la colocación de carte-

les y la distribución de propaganda impresa en Lima, unas veces con ayuda de funcionarios mu-

nicipales y de la policía. Los apristas también dificultaron la distribución de La Nación en los 

quioscos de Lima o de su envío por correo o por trasporte terrestre a provincias.827 Si fue así, esta 

anticampaña revelaría acciones coordinadas entre canillitas, choferes y funcionarios del correo 

apristas. A estas acciones se habría sumado la abierta amenaza: «bandas armadas» de apristas 

asediaron el local del Partido Social Republicano, así como las oficinas de La Nación, hechos que 

fueron denunciados en sus páginas.828 

La promulgación de la Ley de Elecciones Municipales el 5 de diciembre de 1946,829 debió 

animar al PSR y a los demás adversarios del APRA a prepararse para los próximos comicios. Sin 

embargo, la CPA logró la prórroga de las juntas municipales transitorias hasta mediados de 1947. 

Esto motivó la formación de frentes unitarios provinciales contra las juntas apristas. En Chincha, 

por ejemplo, surgió un «vasto Frente Único Popular» que aglutinaba, según informó Vanguardia, 

a todos los chinchanos, «sin distinción de clases sociales, tendencias, ni credos políticos», que se 

proponía reemplazar a su junta transitoria municipal dominada por el teniente alcalde y los con-

cejales apristas. Con beneplácito, Vanguardia añadía que esfuerzos similares se estaban dando en 

otras provincias, «con tendencia a constituir un movimiento de amplitud grandiosa en todos los 

confines del país».830 El gesto de solidad del Frente Único Chinchano (F.U.CH.) «con Arequipa, 

Cusco, Sicuani y otros pueblos de la República, donde pacíficamente han eliminado a sus Juntas 

Transitorias», parecía abrir esta posibilidad. Siguiendo su ejemplo, el F.U.CH. convocaba a los 

chinchanos a ejercer su derecho constitucional y elegir a sus propias autoridades municipales en 

una asamblea pública el domingo 6 de enero en la plaza Bolognesi de Chincha.831  

Los hechos de Chincha tenían como trasfondo la renuncia del alcalde Víctor Villa García 

Blondet y de seis concejales el 27 de diciembre de 1946, según Vanguardia, en circunstancias 

similares a lo sucedido en los municipios de Piura y Arequipa, donde la «política partidista» y 

«diferencias personales» había llevado a sus alcaldes a renunciar.832 Se trataba de una estrategia 

                                                             
827 Basadre (1981 [1975]: 715); De Belaunde (1996: 366-367). 
828 «Alfredo Tello sindicado como dirigente de las bandas armadas del aprismo». Vanguardia, Lima, 21 de enero de 
1947: 1-2. 
829 Ley 10733, en ADLP-CR.  
830 «En Chincha se organiza el Frente Único contra la Junta Municipal Transitoria», Vanguardia, Lima, 7 de enero de 
1947: 4. 
831 Ibíd.  
832 «El alcalde y seis concejales de la Junta Municipal de Chincha presentan renuncia», Vanguardia, Lima, 7 de enero 
de 1947: 2. 



   

179 
 

para descabezar las juntas transitorias y obligar un cambio de su composición, a la vez que se 

movilizaba a la población y la prensa. En el caso de Villa García, su dimisión se debía a la decisión 

de los concejales apristas de anular el subsidio de S/ 5000 para la construcción del nuevo local 

del Club de Tiro. La mayoría de los concejales, incluyendo los apristas, había aprobado la inicia-

tiva solo dos meses antes. Estos entendimientos no eran extraños, sin embargo, concejales apristas 

y no apristas también habían protagonizados «desagradables» incidentes en las sesiones públicas. 

En una de estas, los primeros habían reconsiderado el citado subsidio, cuando Villa García se 

encontraba fuera de Chincha. En su carta de renuncia, si bien reconocía la potestad del Consejo 

para reconsiderar sus decisiones, Villa García acusó a los apristas de pretextar razones económi-

cas: su real intención era desacreditarlo, pues el anuncio de la obra había sido recibido favorable-

mente, según él, por la población y la prensa.833 

El caso chinchano muestra el conflicto entre las élites locales que habían monopolizado 

el gobierno municipal y los apristas que integraban las nuevas juntas municipales transitorias. La 

tensa relación entre ambos bandos aumentó con la polarización política y la agudización de la 

crisis social. Villa García tenía un interés particular en la construcción del nuevo local del Club 

de Tiro de Chincha, tal como se desprende de su carta de renuncia: la solicitud del subsidio estaba 

firmada por varios concejales, además de los miembros de la Comisión Pro Local de la Sociedad 

de Tiro, presidida por el párroco Carlos A. García e integrada por vecinos «notables» y otras 

autoridades de la ciudad.834 Claramente la Sociedad de Tiro era un espacio reservado para los 

vecinos «principales» que tenían en el alcalde a su principal patrocinador en el Consejo Munici-

pal. En la sesión que se aprobó el subsidio, señaló Villa García que «era justo el aporte municipal, 

pues él iba a favorecer, no solo al embellecimiento urbano, sino, lo que valía más, a una institución 

que siempre había sabido prestigiar a la Provincia y que al favorecer la práctica y difusión del 

Tiro Civil se hacía una obra verdaderamente nacionalista y patriótica, ya que el Tiro Civil es 

considerado como una verdadera Institución Nacional».835 Villa García revistió a la iniciativa de 

un contenido cívico-deportivo que legitimaba más al revestirlo de nacionalismo. Por su parte, los 

apristas no eran ajenos a estos valores nacionalistas ni extraños de los polígonos de tiro. La deci-

sión de dar marcha atrás debió llegar de la jefatura central de Lima: en medio de la galopante 

crisis de las subsistencias, un gasto así debió ser considerado políticamente incorrecto.  

El que Vanguardia calificara al F.U.CH. de «vasto Frente Único Popular» no era casua-

lidad. El calificativo aludía a la táctica comunista del frente popular que su director, Eudocio 

Ravines, propuso a los apristas, como representante del Comintern, para terminar con al régimen 

«fascista» de Benavides en las elecciones de 1936. Ahora, Ravines proponía la unión de las fuer-

zas locales de izquierda, centro y derecha para vencer a los apristas, a los que su semanario tildaba 

                                                             
833 Ibíd. 
834 Ibíd. 
835 Ibíd. 



   

180 
 

de fascistas y totalitarios, en las municipales de 1947. Entre los que acogieron su llamado estu-

vieron los asistentes a la asamblea pública del 15 de marzo en Cotahuasi, capital de la provincia 

de La Unión, ubicada a más de 2600 m s. n. m. Allí, decidieron la formación del Comité Electoral 

Municipal de Unidad Provincial, organismo que surgía, según su secretario Alfredo Alarcón, «al 

calor de una lucha para frenar los métodos totalitarios que el Partido del Pueblo viene ejerciendo 

en toda la Provincia desde la llegada del Apra al poder», específicamente desde que fue electo 

diputado Fabio Gastelú Portocarrero por «fraude del Jurado Electoral que fue netamente 

aprista».836 La acusación sugiere el revuelo que trajo la victoria de Gastelú en las elecciones com-

plementarias de 1946, después de la anulación de su primera elección en los comicios del año 

anterior. Además, Alarcón alertó sobre maniobras electoreras cuando acusó al registrador del pa-

drón electoral municipal, Juan Miguel Calderón, de rechazar «sistemáticamente a numerosos elec-

tores no apristas» e inscribir «a elementos de otros distritos, especialmente maestros, con el obje-

tivo de controlar sus votos y ganar las elecciones a favor del Partido Aprista».837 

En su Manifiesto al Pueblo de La Unión, los asambleístas de Cotahuasi dibujaron un ho-

rizonte crítico en que «las libertades democráticas conquistadas el 10 de junio de 1945» estaban 

en peligro por «la campaña de predominio desatada por el Partido Aprista que intenta subyugar a 

los demás partidos, instituciones y ciudadanos democráticos del Perú». La solución era «la más 

amplia unidad, tanto nacional como provincial de todas las fuerzas democráticas, unidad que será 

sin distinciones partidaristas, ideológicas, raciales, ni de otro orden, pero sí dentro del marco de 

una plataforma genuinamente democrática». Las «bases fundamentales» de esta unidad era una 

plataforma liberal que indicaría que no estaban detrás la élite terrateniente sino sectores medios 

progresistas: el cumplimiento de las garantías constitucionales como la libertad de expresión, 

elecciones municipales libres, el bienestar material del pueblo, una reforma agraria que liquide 

«las trabas feudales que frenan el desarrollo económico del Perú en general y de esta provincia 

en particular», la «democratización de la enseñanza y la creación de nuevas escuelas» que no 

estén sujetas a «consignas partidarias», el cumplimiento de los postulados del FDN y la «morali-

zación de la administración pública». Por último, presentaron al Comité Electoral Municipal de 

Unidad Provincial como el «primer órgano de lucha inmediata», encargado de «organizar y dirigir 

la campaña electoral en toda la provincia». Su fin era que los futuros municipios «estén integrados 

por ciudadanos autenticados de la confianza popular y sean esforzados luchadores por el progreso 

y el bienestar del pueblo y no meros ejecutores de consignas partidistas».838 

Los llamados a formar una coalición nacional contra el APRA cobraron forma un año 

después de iniciado el gobierno del FDN. Uno de estos acuerdos se dio el 20 de noviembre de 

                                                             
836 «En La Unión se agrupan en un solo haz todas las fuerzas populares», Vanguardia, Lima, 9 de mayo de 1947: 2. 
837 Ibíd. Sobre Gastelú, véase JNE (2015-I: 119). 
838 «En La Unión se agrupan en un solo haz todas las fuerzas populares», cit.: 2. 



   

181 
 

1946, cuando se constituyó la Unión Nacional, una alianza de pequeñas organizaciones de dere-

cha en que cada una, si bien mantendría su independencia, coordinaría acciones contra la amenaza 

que significaba para ellas el APRA. Así, la Unión Nacional prometía defender al Estado de todo 

intento de división por parte de una institución o partido, combatir todo método violento o de 

intimidación que atentara contra las garantías constituciones, garantizar una vida democrática 

verdaderamente libre en lo económico, político y social, abastecimiento con la industria y los 

recursos nacionales sin dejar de estimular y fomentar las exportaciones, solucionar los problemas 

básicos de la población (alimento, vestido, viviendo) sin derroche fiscal, favorecer al capital na-

cional en la explotación de los recursos naturales y «mantener el patrimonio nacional lejos de una 

incontrolada y preponderante influencia extranjera».839 Si bien la alianza fue ratificada después, 

no se le dio publicidad hasta el 25 de enero de 1947, «porque consideramos que era nuestro deber 

atender a esfuerzos que de unos y otros sectores se han hecho para dar vida a un solo gran orga-

nismo nacional», como señaló la Unión Nacional en su primer manifiesto. Sin embargo, debido 

a la amenaza del momento, no solo se había decidido a informar su existencia, sino que además 

invitaba a otras organizaciones a sumar fuerzas, sin reparar en las diferencias ideológicas o pro-

gramáticas, bajo la fusión y creación de una sola organización.840 

El llamado de la Unión Nacional no fue atendido, acaso por el poco peso político de sus 

miembros. Al contrario, terminó sumándose a otro proyecto unificador de mayor envergadura. En 

efecto, el 26 de marzo de 1947 surgió la Alianza Nacional, una coalición que reunía a la mayoría 

de las organizaciones de derecha, centro e izquierda. Su catalizador, aunque no inmediato, fue el 

asesinato del director de La Prensa, Francisco Graña Garland, sucedido el 7 de enero de 1947. 

Entre ambas fechas, debieron multiplicarse las reuniones y acuerdos entre las cúpulas de organi-

zaciones sumamente dispares. El hecho de que llagaran a un acuerdo indica que el antiaprismo 

había llegado a tal nivel que opacó, por el momento, las diferencias programáticas e ideológicas. 

La Alianza Nacional fue la expresión institucional más acaba de lo que Pedro Planas describió 

como la corriente tácita de antiaprismo que, entre 1931 y 1956, reunió por igual a sectores de la 

derecha empresarial y a los comunistas en una resistencia común contra la fuerza e influencia del 

APRA.841 La Coalición Democrática Nacional, que reunía a la Unión Revolucionaria, el Partido 

Social Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Socialista Auténtico; la Unión Nacio-

nal, conformada por el Partido Nacionalista del Perú, el Partido Constitucional, el Partido Liberal, 

el Partido Radical, la Unión Democrática y el Frente Nacional de Mujeres; el Movimiento Cívico 

Independiente y el Partido Demócrata suscribieron en Lima el primer manifiesto de la Alianza 

                                                             
839 «Las plataformas de la Unión Nacional», Vanguardia, Lima, 28 de enero de 1947: 1. el Partido Nacionalista del 
Perú, de Víctor Arévalo; el Partido Radical, de Óscar Medelius; el Partido Constitucional, del coronel Antenor Herrera; 
la Unión Nacional Democrática, de V. F. Rosas Benavides; y el Partido Sanchecerrista, del hermano del presidente 
asesinado Hortensio Sánchez Cerro; entre otras organizaciones (no está completa la impresión de la nota periodística). 
840 Véase «El Manifiesto de la Unión Nacional», Vanguardia, Lima, 28 de enero de 1947: 1.  
841 Planas (2000: 116). 



   

182 
 

Nacional.842 El empresario agrícola, economista y periodista Pedro Beltrán, quien reemplazó a 

Graña en la dirección de La Prensa, fue elegido presidente de la coalición. 

El gran ausente en la Alianza Nacional fue el PCP, pues, si bien este aprobaba la postura 

antiimperialista y democrática que proclamaban sus integrantes «progresistas burgueses», rece-

laba de los que representaban los intereses algodoneros y azucareros; por esta razón, planteaba 

una «lucha conjunta pero separada» en términos leninistas.843 La decisión del PCP fue criticada 

por Vanguardia. Para el semanario de Eudocio Ravines, quien pronto destacaría como uno de sus 

dirigentes, la Alianza Nacional reunía a las verdaderas fuerzas democráticas del país: la derecha 

progresista, es decir, la que no era reaccionaria; a las fuerzas de centro de línea equilibrada, pon-

derada y reformista, y no a las de «actitud quietista y negativa»; y la izquierda realista, construc-

tiva y progresista, y no la demagógica e internacionalista.844 En palabras de uno de los dirigentes 

de la Alianza Nacional, Manuel Helguera, se trataba de la unidad de las «derechas progresistas» 

y las «izquierdas comprensivas». Entre las primeras se encontraba la UR de Luis A. Flores, a 

quien, en un discurso de agasajo a la dirección aliancista, Helguera saludó como «quien, restable-

cido de su dolencia, acude presuroso con las fuerzas compactas de la Unión Revolucionaria, a 

prestar su apoyo a la evolución patriótica que presenciamos».845 La activa participación del jefe 

de la UR fue usada por los apristas para cuestionar la naturaleza democrática de la Alianza Na-

cional, a la cual rebautizaron mordazmente como Alianza «Nazi-Onal». 

En su primera proclama, los aliancistas presentaron un amplio conjunto de promesas y 

propuestas dirigidas a todos los sectores de la población. Prometían defender el derecho a vivir 

sin temor frente a la «permanente amenaza de bandas terroristas, cuya sistemática violencia no es 

reprimida por el Estado». Sin señalarlo, acusaban a los apristas de proponerse «crear un régimen 

de servidumbre, fundado en el temor», usando «procedimientos semejantes a los que hace poco 

ensangrentaron al mundo». Prometían cumplir con el anhelo de la unión nacional del FDN, que 

los apristas habían traicionado con su sectarismo, resguardando las garantías constitucionales 

como la libertad de prensa. Prometían respetar la independencia de los sindicatos obreros, la de-

fensa de la dignidad y libertad de conciencia de los parlamentarios, la recuperación del honor de 

las instituciones policiales y tener colegios y universidades libres de odio y sectarismo. Frente al 

capital extranjero voraz, los aliancistas prometían la independencia económica del país; y, ante 

los problemas nacionales como la desnutrición, la ignorancia y la falta de vivienda, poner en 

práctica soluciones «realistas». Los aliancistas proponían medidas asistencialistas, fomentar la 

pequeña propiedad y destinar partes de las ganancias de las empresas privadas a obras y servicios, 

                                                             
842 Véase «Proclama de la Alianza Nacional», Vanguardia, Lima, 28 de marzo de 1947: 4. 
843 Sobre las rectificaciones de la línea de la Unidad Nacional del PCP después de 1945 y su posición frente a la Alianza 
Nacional, véase PCP (1989: 88-89, 363-365, 371-373). 
844 «La derecha, el centro, la izquierda y la estructura de la Alianza Nacional», Vanguardia, Lima, 23 de mayo de 1947: 
1. 
845 «Unión sagrada de las derechas progresistas y de las izquierdas comprensivas es la Alianza Nacional», Vanguardia, 
Lima, 18 de julio de 1947: 2. 



   

183 
 

para así beneficiar a obreros, campesinos y trabajadores públicos. Por último, los aliancistas de-

nunciaron el clientelismo partidista, sin duda refiriéndose a los apristas, como causa del creci-

miento de la burocracia estatal y prometieron un sistema público basado en el mérito.846  

Las promesas de la Alianza Nacional eran lo suficientemente amplias como para aglutinar 

a todos los insatisfechos o afectados por el APRA. En todo caso, las diferencias fueron matizadas 

en nombre de la defensa común de la democracia ante peligro totalitario aprista que amenazaba a 

todos los peruanos. Según Vanguardia, la fundación de la coalición fue un poderoso estímulo 

para que organizaciones como el Comité Electoral Municipal de Unidad Provincial de La Unión 

o el Frente Electoral Municipal de La Merced en Chanchamayo se propusieran librarse de las 

juntas municipales transitorias dominadas por los apristas. Por su parte, la Concentración Obrera 

y Campesina de Puno y el Frente Unido de Trabajadores de Moquegua, por ejemplo, saludaban 

el esfuerzo unitario aliancista. En los departamentos de La Libertad y San Martín también estaba 

naciendo la Alianza Nacional.847 Una carta fechada el 24 de abril de 1947l, firmada por los dele-

gados de la Unión Revolucionaria, el Partido Nacionalista del Perú, la Unión Cívica Indepen-

diente y la Unión Democrática del Frente Nacional, daban cuenta de una asamblea «espontánea» 

en Moyobamba, a la cual asistieron «elementos de distintas clases sociales». En ella se decidió 

respaldar la formación de la Alianza Nacional en Lima y condenar las intenciones del APRA de 

establecer un «gobierno totalitario».848 Si bien la Alianza Nacional debió entusiasmar a los que 

pretendían participar en las próximas elecciones municipales, era claro que la dirección de la 

coalición se proponía gobernar al país. Para tal fin, era necesario establecer las bases de una es-

tructura organizativa a nivel nacional que enfrentara al APRA.  

A fines de 1945, Rafael Belaunde había sentenciado, con referencia a la lucha política 

contra el APRA en las calles, «las masas se combaten con las masas». En mayo de 1947, la di-

rección aliancista se propuso organizar a las masas no apristas y antiapristas, aunque no integrán-

dolas bajo un solo partido, una propuesta que hizo Eudocio Ravines, pero que rechazaron el PSR 

y la UR.849 En su lugar se mantuvo la coalición, pero se le dio una estructura funcional y espacial 

propia de un partido de masas. En la cima se hallaba el Comité Nacional estaría conformado por 

los titulares de ocho secretarías: Organización, Economía, Defensa, Prensa y Propaganda, Elec-

toral, Trabajo y Defensa Sindical, Juventud y Femenina. Esta estructura funcional se replicaba en 

departamentos, provincias, distritos y localidades (pueblos, villas, caseríos). También se funda-

rían comités en fábricas, minas, haciendas, campamentos, comunidades campesinas y barrios ur-

banos, lo que significa la participación de una población socialmente diversa y una presencia 

continua en la cotidianidad laboral y barrial. La Secretaría de Organización de la Alianza Nacional 

                                                             
846 Véase «Proclama de la Alianza Nacional al país», Vanguardia, Lima, 28 de marzo de 1947: 4. 
847 «El proceso de la unidad política se desarrolla a lo largo del país», Vanguardia, Lima, 9 de mayo de 1947: 2. 
848 «Frente Electoral Provincial Municipal en el departamento de San Martín», Vanguardia, Lima, 9 de mayo de 1947: 
2. 
849 De Belaunde (1996: 372). 



   

184 
 

dispuso que eran miembros de la coalición los militantes de los partidos políticos integrantes de 

la coalición o todas las personas independientes que solicitaran su inscripción.850  

Los poderes económicos que respaldaban a la Alianza Nacional se manifestaron, entre 

otras formas, en varios programas radiales trasmitidos estaciones como América, Lima, Victoria, 

Selecta, Callao y Central. Los aliancistas lograron prácticamente un «dominio del aire», gracias 

a una programación variada, desde amenos espacios de música clásica, «típica» y criolla, pasando 

por «charlas» serias con políticos que denunciaban los supuestos planes golpistas del APRA, hasta 

radioteatros y programas de preguntas y respuestas. Uno de estos últimos, emitido en cadena por 

las radios Lima, Miraflores y Selecta, se premió a las mejores preguntas del público.851 Preguntas 

como las siguientes:  
 
1) ¿Hay civilistas en la Alianza Nacional?, 2) ¿Existen en la Alianza Nacional sectores contrarios 
a los Estados Unidos?, 3) ¿Admite la Alianza Nacional afiliaciones individuales o es preciso pre-
viamente ingresar a uno de los partidos políticos que la conforman?, 4) ¿La Alianza Nacional tiene 
el propósito de ser un organismo duradero en el país o se disolverá cuando pase esta crisis?, 5) 
¿Cree la Alianza que el Perú tiene necesidad del capital extranjero y cuál es su posición frente a 
él?852 
 

Uno de estos programas radiales era Nuestra Voz, conducido por la citada líder feminista Nina 

Flores, la jefa del Frente Nacional de Mujeres que, en abril de 1946, las apristas del Comando 

Femenino de Magda Portal habían arrojado a una de las piletas de la plaza San Martín. Algunos 

de los temas que trató Flores fueron «Nuestra palabra frente a los problemas nacionales», «El 

Partido Aprista y los problemas económicos nacionales del Perú» y «En Frente Nacional de Mu-

jeres en la Alianza Nacional, frente al país».853 Es posible que Nina Flores fuera puesta al frente 

de la Secretaría Nacional Femenina de la Alianza Nacional.  

Desde Lima, los dirigentes aliancistas enviaron delegaciones para instalar comités en el 

resto del territorio. Según Vanguardia, el arribo de una de ellas a Huánuco, a inicios de junio de 

1947, fue precedido de «[v]olantes amenazadores, convocatorias de los búfalos y disciplinarios, 

rumores terroristas, inscripciones totalitarias y concentración de todos los efectivos apristas». Al 

ingresar a la ciudad, Luis Durand, Julio Portocarrero, Esteban Pavletich, Eudocio Ravines y los 

demás delegados fueron recibidos con una bandera de la JAP, desplegada en los balcones de la 

Municipalidad. Durante su discurso en el Teatro Huánuco, Ravines convirtió retóricamente la 

bandera japista en una señal de las intenciones apristas de instaurar una dictadura de partido único. 

No hacía mucho, decía Raines, el pueblo peruano esperaba incorporar las Cuatro Libertades de 

Roosevelt a su cultura cívica, mas ahora vivía una «hora triste, porque hay en el ambiente manos 

ensangrentadas, cachiporras en alto, bandas armadas, incendios y crímenes». Así, si antes las dic-

taduras encarcelaban periodistas, ahora los asesinaban (una alusión al asesinato de Graña y a la 

                                                             
850 «Normas y esquema de organización de la Alianza Nacional», Vanguardia, Lima, 9 de mayo de 1947: 4. 
851 Bustamante Quiroz (2016: 244-245). 
852 Ibíd., 244. 
853 Ibíd.: 245. 



   

185 
 

supuesta responsabilidad aprista). Frente a esta situación dramática, los aliancistas se comprome-

tían a realizar la revolución democrática, social y económica que el FDN había prometido y que 

el país necesitaba, pero que el APRA había traicionado: la harían sin búfalos, cachiporras o mor-

dazas.854 A pesar de la virulencia del discurso, la instalación del comité aliancista en Huánuco se 

habría hecho sin incidentes, más allá de los duelos verbales que sostuvo Ravines con los airados 

apristas, y que siempre ganó él según la versión parcializada de Vanguardia. 

La dirección aliancista no omitió utilizar los medios clientelistas del caciquismo provin-

ciano para instalar comités políticos. Por ejemplo, en la hacienda liberteña de Cayaltí, propiedad 

de la familia Aspíllaga, una comisión aliancista había establecido un comité político. Había arri-

bado con una carta de presentación del senador lambayecano y hacendado azucarero Julio de la 

Piedra. El superintendente de la hacienda, R. Neumann, brindó todas las facilidades para la insta-

lación del comité aliancista, pero dejó en claro a los comisionados que no haría propaganda polí-

tica, pues no era su tarea como superintendente. Lo que sí ofreció fue transportar, incluso por tren, 

a los trabajadores que quisiera asistir al mitin dominical que se realizaría en Chiclayo, aun cuando 

fuera un solo trabajador. Dos días después, una segunda comisión, «de mayor importancia que la 

primera en la calidad de personas», a decir de Neumann, también fue atendida «con almuerzo y 

abundante cerveza» y le ofreció la misma facilidad de transporte. No obstantes, llegado el do-

mingo, ningún trabajador de Cayaltí se presentó para ser trasladados al mitin. Neumann negaría 

ante los Aspíllaga la acusación de los comisionados de simpatizar con el APRA.855 Es más pro-

bable que su propósito fuera evitar todo conflicto con el sindicato de trabajadores, en su mayoría 

simpatizantes sino militantes del APRA. Sin embargo, desde Lima, los Aspíllaga no tuvieron los 

mismos reparos: Cayaltí debía ser una base firme de la Alianza Nacional en la provincia de Chi-

clayo. Ordenaron a los administradores de gastar 340 dólares para alimentar a 700 trabajadores 

que asistirían a un mitin aliancista.856 

Con la intención de desafiar cara a cara a sus rivales en su «sólido norte», la dirección 

aliancista programó, para el domingo 29 de junio de 1947, un mitin en la plaza de Armas de 

Chiclayo. El APRA respondió con una furibunda campaña impresa que retrataba a los aliancistas 

como inmorales, sacrílegos y antipatriotas. Por ejemplo, ¡Hechos! denunció que en sus filas había 

traidores al APRA, como el comerciante Carlos Castañeda, al que acusó de «desdoblamiento po-

lítico». Ahora dirigía «a maleantes en la labor de pintar las paredes de Chiclayo con groserías», 

es decir, trazaban inscripciones murales que insultaba a los apristas: «Usar de pintores y lamado-

res [?] para atentar contra la cultura de un pueblo que lo vio nacer, que lo vio trabajar, y que nunca 

pensó en que fuera uno de los tantos ¡Avivatos [sic] que hay en la política local! Da un poco de 

                                                             
854 «El Partido Aprista fue espectacularmente abatido en Huánuco», Vanguardia, Lima, 13 de junio de 1947: 1, 4.  
855 Véase Huertas (1974: 265-266). 
856 Gilbert (1982: 139). 



   

186 
 

pena… y mucho asco».857 Traidores, y además sacrílegos, eran también los comunistas de la 

Alianza Nacional. En su primera plana, ¡Hechos! publicó invariablemente la siguiente leyenda:  
 
JUDAS. El mismo que traicionó a Cristo. Judas comunista y por los tanto ateo; Judas, el mismo 
que traicionó a la Patria; Judas, el que dijo primero Rusia que el Perú, como el Civilismo dijo 
primero los chilenos que Piérola; el mismísimo Judas, junto con sus hermanos, los que pretendie-
ron asesinar y los que asesinaron a don Augusto B. Leguía y al hijo de Miguel Grau; Judas, en 
compañía de los demás traidores y opresores del obrero y campesino de Lambayeque, se exhibirá 
aquí, en persona, el domingo 29 representando a la Alianza Nacional.858 
  

En su discurso anti-aliancista, ¡Hechos! hizo de los comunistas desalmados miembros de la 

Alianza Nacional, pues resultaban apropiados para avivar los sentimientos religiosos y regiona-

listas de los chiclayanos. Según ¡Hechos!, comunistas aliancistas atacaron a un anciano devoto 

de la Cruz de Motupe y vociferaron insultos contra los motupanos y la Cruz de Chalpón. Con la 

misma intensión, rebotó una nota de La Tribuna sobre el «bochornoso hecho de sangre» protago-

nizados por aliancistas en la fiesta de Amancaes, siendo la conclusión de que la Alianza Nacional 

reclutaba a delincuentes que despreciaban las festividades patrióticas y familiares.859 

 La comitiva que arribó a Chiclayo el 29 de junio de 1947 estuvo encabezada por el presi-

dente de la Alianza Nacional. El periodista de La Prensa, Francisco Igartua, recordaría que, a 

excepción de él, todos estaban armados: «Pero mucho más armados estaban los apristas y, ade-

más, eran mucho más».860 En un encendido discurso, Pedro Beltrán se refirió al fracaso de las 

medidas controlistas del APRA y a la permanencia de las juntas municipales transitorias.861 Tam-

bién se dirigió a la multitud Eudocio Ravines, quien fue presentado como presidente del Partido 

Socialistas Auténtico —había sido expulsado del Partido Socialista a inicios de año— y secretario 

nacional de Propaganda de la Alianza Nacional.862 Precisamente, con tono sensacionalista, su se-

manario describió la manifestación como una fiesta democrática, donde estuvieron «confundidos 

en un solo bloque, el obrero y el industrial, el peón y el hacendado progresista, el empleado y el 

artesano, el campesino y el comerciante». La contracampaña aprista había fracasado en «envene-

nar el corazón del pueblo [chiclayano] con el odio a los “Barones del Azúcar” y del Algodón”. 

Odio a los peruanos para facilitar su tarea entregar el país, en calidad de colonia, a los consorcios 

extranjeros».863 Así, Vanguardia reivindicaba a los agroexportadores enemigos del APRA, como 

                                                             
857 «Los Avivatos de la política», ¡Hechos!, Chiclayo, 23 de junio de 1947: 1, «Caso Fernández Cornejo», f. 1, en 
CMAO-PUCP.  
858 «JUDAS», ¡Hechos!, Chiclayo, 26 de junio de 1947: 1, «Caso Fernández Cornejo», f. 5, en CMAO-PUCP. Mayús-
culas en el texto original. 
859 Véase «Contra el ultraje proferido a su fe en la Cruz de Chalpón, por los representantes de la Alianza Nacional» y 
«Nueve delincuentes al grito de Viva Alianza Nacional provocaron bochornoso hecho de sangre», ¡Hechos!, Chiclayo, 
27 de junio de 1947: 2, 3, respectivamente, «Caso Fernández Cornejo», ff. 7r, 8, en CMAO-PUCP. 
860 Igartua (1995: 86). 
861 «Alianza Nacional se forma para realizar el anhelo patriótico de mejoramiento, de progreso y de superación», Van-
guardia, Lima, 3 de julio de 1947: 1. 
862 «Síntesis del discurso de Ravines», Vanguardia, Lima, 3 de julio de 1947: 3. Sobre la expulsión de Ravines del 
Partido Socialista, véase Prieto (1979: 120-121). 
863 «Aguerrido y rebelde, el pueblo chiclayano levanta la bandera de la Alianza Nacional», Vanguardia, Lima, 3 de 
julio de 1947: 1. 



   

187 
 

los De la Piedra y los Aspíllaga (hacendados azucareros) y Beltrán (hacendado algodonero). Ellos 

eran empresarios progresistas y nacionalistas. El APRA, por el contrario, era un lacayo del impe-

rialismo que estaba seguro de poder entregar la mitad de Chiclayo a la Standard Oil Company 

(una referencia de Vanguardia al apoyo aprista al Contrato de Sechura).864 

 Más allá de los insultos, las interrupciones y los empujones, el mitin aliancista de Chi-

clayo concluyó sin incidentes. En realidad, la ciudad estaba consternada por los sucesos de la 

madrugada: el limeño de veintidós años, Héctor Fernández Cornejo, había recibido un mortal 

disparo en la cabeza mientras hacía inscripciones murales. Internado en el Hospital de Chiclayo, 

todavía agonizaba cuando la comisión de Beltrán asistía a un banquete después del mitin. Sobre 

el crimen, hay dos versiones igual de tendenciosas. La Agencia Columbus, a través de La Tribuna 

de inmediato informó que alumnos jóvenes y adultos de la Universidad Popular enfrentaron y 

desarmaros a los «matones» que atacaron con armas de fuego el local aprista de Chiclayo: «Los 

atacantes se dieron a la fuga, corriendo y en autos que los esperaban. A raíz de este ataque hay un 

herido, de apellido Cornejo, venido de Lima, y al parecer contratado por la Alianza».865 Si bien la 

noticia los exaltaba, también ponía en aprietos a los apristas chiclayanos una vez que las autori-

dades preguntaron por el destino de las armas arrebatas: interrogado, el corresponsal de la Agen-

cia Columbus negó ser la fuente de la información y aseguró ya no tener vínculos laborales el 

APRA.866 Por su parte, el secretario general aprista de Lambayeque, Carlos Arana Cuadra aseguró 

a la policía que grupos armados habían abaleado la Casa del Pueblo y hecho inscripciones insul-

tantes. Sin embargo, aclaró que los apristas no habían provocado ni respondido el ataque. 867 

 La segunda versión corresponde al subprefecto Gumberto Leveroni. En su informe del 8 

de julio de 1947, responsabilizó solo a los apristas de la muerte de Fernández. Según la autoridad, 

los incidentes habían comenzado antes en Chiclayo, con la intensa campaña a través de la prensa, 

volantes y e inscripciones murales en contra de mitin de la Alianza Nacional. Un día antes, un 

auto con altoparlantes de la Alianza había sido abaleado sin que se lograra capturar a los atacantes. 

Por la noche, 150 apristas se habían reunido en su local partidario, simulando asistir a la Univer-

sidad Popular, mientras que «grupos de Búfalos» borraban las inscripciones de los aliancistas. 

Fue en estas circunstancias que fueron atacaron Fernández y a su grupo en el parque Villarreal. 

Después de constatar el hecho, Leveroni ordenó el cierre del local apristas.868 En realidad se habría 

tratado de un cruce de fuego, como se intuye en la enmendadura que contiene el informe: «Los 

                                                             
864 Ibíd. 
865 Copia mecanografiada de la nota «Se pretendió atacar el local aprista de Chiclayo», La Tribuna, Lima, 30 de junio 
de 1947, «Caso Fernández Cornejo», f. 58, en CMAO-PUCP. 
866 Manifestación de Alejandro Arias Samamé, despacho del comisario, Chiclayo, 7 de julio de 1947, «Caso Fernández 
Cornejo», f. 50, en CMAO-PUCP.  
867 Manifestación de Carlos Arana Cuadra, despacho del comisario, Chiclayo, 7 de julio de 1947, «Caso Fernández 
Cornejo», ff. 47-48, en CMAO-PUCP.  
868 Documento reservado del subprefecto de Chiclayo, Gumberto Leveroni, al director general de Gobierno, Chiclayo, 
8 de julio de 1947, «Caso Fernández Cornejo», ff. 14-15, en CMAO-PUCP. 



   

188 
 

disparos o mejor dicho el encuen-/tro entre aliancistas y apristas, se sucitó [sic] en el parque Villa-

rreal».869 Con beneplácito, Leveroni informaba que solo dos días después los presuntos responsa-

bles, «todos miembros prominentes del partido Aprista» habían sido identificados, capturados y 

entregados al juez.870 El primero en ser nombrado era hermano mayor del líder japista, y secretario 

de Haya, Carlos Delgado Olivera.871 Por otra parte, las inscripciones de los aliancistas en el parque 

Villarreal debieron ser particularmente ofensivas para los apristas chiclayanos. Federico Villa-

rreal era un motivo de orgullo particular para ellos. Solo en febrero, el senador Luis Heysen había 

logrado la aprobación en su cámara de diversos homenajes, entre ellos la colocación en dicho 

parque de una réplica del monumento del sabio que se erigiría en la plaza de Túcume.872 

Héctor Fernández Cornejo murió en el Hospital de Chiclayo. Según Francisco Igartua, 

Ravines y Beltrán habían decidido su suerte: «Lo que necesitamos es un muerto. Eso conmoverá 

la opinión pública», habría dicho el primero ante la impasividad del segundo.873 En el homenaje 

que se rindió a Fernández en Lima, el presidente del Partido Social Cristiano, Alberto Acevedo, 

presentó su deceso como una expresión más de la violencia aprista: «el Perú no puede vivir bajo 

la amenaza constante de la bala asesina, del garrote del búfalo, de la coacción del chantaje polí-

tico», señaló.874 Por su parte, ¡Hechos! siguió denunciando a los «cuidajudas» aliancistas que 

amenazaban a mujeres y ancianos, que asaltaban a niños, que se burlaban de la devoción a la Cruz 

de Chalpón o que saqueaban parroquias como la de Ferreñafe.875 Reprodujo un volante que había 

circulado en Trujillo que exhortaba a «desarmar a estos miserables matoncitos de la Alianza y 

entregarlos a la policía».876 Según ¡Hechos!, cada trujillano acogió el «mandato popular» de «des-

manchar [su] ciudad de las sombras viles y asquerosas de los cuidajudas», los cuales no tuvieron 

más remedio que huir a las haciendas de las familias Prado y De la Piedra. En la ciudad de Chi-

clayo, robaron, amenazaron de muerte y planearon quemar un cañaveral para crear un «nuevo 

infundio» contra el APRA: «Su plan es claro y el público lo conoce: dieron muerte a uno de sus 

congéneres [Fernández] para culpar a un defensor del pueblo».877 

A inicios de 1948, la Alianza Nacional parecía firme. En la romería que se organizó en el 

Cementerio General por el primer aniversario del asesinato de Graña, Beltrán pronunció un dis-

curso en nombre de la Alianza Nacional. Ante su tumba. Beltrán hizo de aquel un mártir de la 

democracia que había caído en su lucha contra la tiranía aprista, además de un empresario patriota 

                                                             
869 Ibíd., f. 16. 
870 Los detenidos eran Francisco Delgado Olivera, Roberto Osores Torres, Alfonso Pacora Bazán, Wenceslao Santillán 
Sandoval, Juan Echandía Vásquez y Domiciano Camisán Palacios. Ibíd., f. 15. 
871 Townsend (1989: 90). 
872 Heysen (1977: 156). 
873 Igartua (1995: 87, 88). 
874 «Homenaje a Héctor Fernández Cornejo», Vanguardia, Lima, 8 de julio de 1947: 3. 
875 Véase «Ante el odio y la farsa de la reacción» y «Hasta los niños son víctimas de los cuidajudas», ¡Hechos!, Chi-
clayo, 7 de julio de 1947: 1, «Caso Fernández Cornejo», f. 9, en CMAO-PUCP. 
876 «Trujillo recibe a los cuidajudas», ¡Hechos!, Chiclayo, 8 de julio de 1947: 1, «Caso Fernández Cornejo», f. 11, en 
CMAO-PUCP. 
877 «Panorama de ¡Hechos!», ¡Hechos!, Chiclayo, 8 de julio de 1947: 1, «Caso Fernández Cornejo», f. 11, en CMAO-
PUCP.  



   

189 
 

comprometido con el bienestar del pueblo que se oponía vigorosamente a una política fiscal y 

monetaria responsable de la inflación y el hambre. En este sentido, según Beltrán, Graña era un 

precursor de la Alianza Nacional: «Ya no podrá llegarse a creer que las balas pueden poner fin a 

las grandes causas. Por dura que sea la contienda, seguiremos con el mismo empeño confiados en 

que el Todopoderoso ha de permitir que esta santa cruzada llegue a cumplir la misión que el gran 

mártir le señaló con su acción y con su prédica».878 Christopher Isherwood fue testigo de la ins-

trumentalización antiaprista del primer aniversario del crimen de Graña y de los rumores de vio-

lencia antiaprista que circulaban. También advirtió los intentos de los apristas para contrarrestar 

esta maniobra con otra: la celebración del centenario del nacimiento de Manuel González Prada 

en la Casa del Pueblo, a decir del periodista estadounidense, «un librepensador y anarquista tem-

peramental, del que Haya de la Torre, en su juventud, fue discípulo. González Prada ciertamente 

nunca habría aprobado al Apra, pero el Partido ahora lo reclama como su gran precursor».879 

 Sin embargo, al cabo de año y medio, la Alianza Nacional se había roto. Como ha dicho 

Margarita Guerra, el antiaprismo no fue lo suficientemente fuerte para mantener la unidad entre 

organizaciones con intereses tan disímiles.880 La razón de la ruptura fue la convocatoria a una 

asamblea nacional que hizo el presidente Bustamante, en agosto de 1948, fue la razón de la ruptura 

inicial. Al ser rechazada por la Alianza Nacional, el PSR se apartó de ella, denunciando las inten-

ciones golpistas de algunos sectores políticos. La misma decisión tomó la UR de Flores.881 Un 

año antes, cuando los senadores opuestos al APRA acordaron el receso de su cámara, él sabía 

bien en qué desembocaría esta decisión: sin saberlo, los senadores habían votado por un golpe de 

Estado. Flores no se había sumado a la votación.882 Ahora era evidente para él la intensión golpista 

de los sectores derechistas que terminaron dominando la Alianza Nacional. Eudocio Ravines se 

mantuvo al lado de Beltrán. Por su parte, desde inicios de 1948, Haya había decidido conspirar 

con altos jefes militares para planear una salida golpista al impase inconstitucional que significaba 

para el jefe aprista la convocatoria de Bustamante. Más vacilante, había aprobado la formación 

de un comando insurreccional que preparara la ansiada revolución aprista. Lo que desconocía es 

que un grupo de apristas estaba dispuesto a alzarse en armas sin esperar que lo ordenara. Tampoco 

supo evaluar la magnitud de las diferencias y contradicciones que se iban gestando dentro de su 

partido, que terminarían generando una crisis en sus filas. 

 

4.4 Entre las fricciones intrapartidarias y la insurrección aprista 

Como otras organizaciones de masas, el PAP contaba cuerpos paramilitares. El primero de ellos, 

el Secretariado Nacional de Disciplina, fue establecido durante la violenta campaña electoral de 

                                                             
878 «Pedro Beltrán ratifica su promesa», Vanguardia, Lima, 9 de enero de 1948: 3.  

879 Isherwood (1949: 119). La traducción es mía. 
880 Guerra (1994-VIII: 605). 
881 Arce (2017a: 110); De Belaunde (1996: 373). 
882 Igartua (1995: 92). 



   

190 
 

1931. José Antonio Genit, «un hombre alto, vigoroso y simpático», según Andrés Townsend Ez-

curra, que se encargó de «escoger y organizar los cuerpos de protección del Partido, que no eran 

matones reclutados, sino compañeros —manuales e intelectuales— que dedicaban voluntaria-

mente y sin retribución ni sueldo, varias horas a cuidar locales, manifestaciones o líderes del 

Partido». Fueron estos los que formaron una doble fila y reconocieron a Haya como su jefe le-

vantando el brazo derecho a la vez, un gesto que fue corregido por el líder aprista: «Gracias com-

pañeros, pero somos un Partido de izquierda y el saludo es con el brazo izquierdo».883 Al disponer 

de su propia fuerza de protección, el PAP podía prescindir de la policía para cuidar de sus líde-

res.884 Sin embargo, la «lucha a muerte» que desató el electo presidente Luis Sánchez Cerro obligó 

la formación de un cuerpo especializado que respondiera con violencia defensiva a la violencia 

desproporcionada del gobierno. Disciplina se dividió para conformar el Secretariado Nacional de 

Defensa.885 De este modo, disciplinarios y defensistas se encargarían de tareas diferencias: los 

primeros se encargarían del control interno del Partido; los segundos, de protegerlo de sus enemi-

gos externos. En la práctica, no obstante, estas tareas de confundirían.  

La disciplina cobró un lugar importante en la cultura aprista y se moldeó durante la per-

secución. En efecto, si bien la Cartilla del disciplinario aprista, en la que Genit explicaba el 

sentido filosófico y moral del «servicio disciplinario» y precisaba los deberes de los militantes y 

dirigentes, circuló en 1933, durante la etapa de tregua política de Paz y Concordia de Óscar Be-

navides,886 el Reglamento de Organización de 1936 era más precisó en señalar las faltas y penas 

relacionadas con el incumplimiento de los deberes de los apristas: «Eran tiempos de guerra y sin 

disciplina los ejércitos no pueden operar», apuntó uno de sus autores, Alfredo Saco Miro Que-

sada.887 Al reiniciarse la persecución contra los apristas a fines de 1934, Disciplina tuvo que adap-

tarse a las exigencias de la lucha clandestina. Por ejemplo, la centralización del mando y la falta 

de cuadros obligaron a que formara un solo secretariado con Defensa, pero sin fusionarse. Los 

disciplinarios supervisaron que los comités sectorales cumplieran con sus tareas y vigilaron y 

«neutralizaron» a los miembros de la policía secreta.888 Fue en este escenario que la disciplina 

habría sido valorada como distintiva del aprista y como esencial para la sobrevivencia de su par-

tido: «Si no se acata las normas del partido no somos apristas. Nuestro partido ha subsistido por 

la disciplina, si esto se pierde, el partido pasará», recordaría un veterano aprista.889 

Los disciplinarios fueron formados para vigilar el cumplimiento de las tareas y castigar a 

los apristas que —cuestionando su línea política, doctrina o liderazgo— amenazaban la unidad 

del PAP. Quien debió ser un disciplinario de la primera generación señaló: «Nos preparaban para 

                                                             
883 Townsend (1989: 39). 
884 Sánchez (1987 [1969]-II: 17). 
885 Testimonio M/C/DN/-10: L, en Vega-Centeno (1991: 484). 
886 Murillo (1976: 307). 
887 Saco (1985: 123-124). 
888 Sobre estos cambios de Disciplina, véase Saco (1985: 94, 115-116). 
889 Testimonio P/C/AC-10: V, en Vega-Centeno (1991: 484). 



   

191 
 

el cumplimiento del deber, con métodos para controlar la disciplina interna, se corregía al que se 

portaba mal, sabíamos incluso que el Apra había liquidado a algunos traidores: aprendí la disci-

plina y el cumplimiento de las tareas, esa militancia que se recibe como mandato sagrado».890 Es 

posible que se hayan ejecutado a algunos «traidores al pueblo», es decir, de colaboradores de la 

policía en un escenario considerado de guerra civil;891 no obstante, debieron ser más comunes las 

amenazas de muerte.892 A través Disciplina, la dirección aprista instituyó tribunales de justicia 

dentro y fuera del país. El Tribunal Nacional de Disciplina centralizaba todos los procesos en 

Lima. Jueces y vocales declaraban inocente o culpable al aprista denunciado por sus propios com-

pañeros, después de que los testigos del fiscal y del abogado defensor hubieran declarado bajo la 

«promesa aprista de decir la verdad». El fallo podía ser la absolución, la suspensión temporal de 

la militancia o la expulsión definitiva. Aunque el Tribunal Nacional de Disciplina era la última 

instancia de apelación, es muy probable que la opinión de Haya fuera la definitiva.893 

Según Jorge Idiáquez, Haya personalmente creó una brigada especial para defender al 

PAP de sus enemigos, pero nunca para enfrentar a las Fuerzas Armadas. Las víctimas de Trujillo 

y de las posteriores sublevaciones apristas así lo demostraban: «Eso es un tontería, una brigada 

de 100 hombres no se puede enfrentar a cañones y a hombres preparados para la guerra».894 Tales 

afirmaciones eran parcialmente ciertas, pues si bien hechos como los de Trujillo demostraron que 

las milicias apristas eran insuficientes para derrotar a un ejército profesional, no era verdad que 

los apristas no se plantearan un enfrentamiento inevitable con el sector militar antiaprista. Por 

esta razón, era importante para ellos realizar un trabajo de captación de oficiales y la tropa. De 

allí que Haya pusiera un especial interés por establecer vínculos con los oficiales del Ejército: 

estuvo al tanto de sus ascensos y pugnas en el seno de la institución; ordenó recibimientos y 

asistencia para los que eran exiliados, así como el envío de folletos y libros para los «milicos» 

que integraban las delegaciones diplomáticas.895 Así, en sus planes, la captura del poder debería 

ser fruto de golpes precisos, para cuyo éxito era necesaria la cooperación de militares. 

Para sus adversarios, el defensista era un «búfalo», mote que personificaba la violencia 

fanática y brutal del APRA.896 Para los apristas, por el contrario, era un título honorífico que 

evocaba sacrificio, disciplina y entrega excepcionales del militante que luchaba por una sociedad 

más justa: solo «el hombre más revolucionario, el héroe, líder de muchas cualidades» podía ser 

                                                             
890 Testimonio M/N/E-1: U, en Vega-Centeno (1991: 484). 
891 Sobre este accionar punitivo, véase Cristóbal (1985), Villanueva y Macera (2011) y Villanueva y Thorndike (2004). 
892 Testimonio P/N/E-4: U, en Vega-Centeno (1991: 488). 
893 Estas afirmaciones se deducen del juicio de 1936 a Esmaro Salas, exiliado en Chile. Véase Salas (1942). 
894 Villanueva Díaz (1985-II: 591). Tales palabras deben contextualizarse en una coyuntura especial: la reciente muerte 
de Haya y la participación del PAP como el principal aliado político en el proceso de transición democrática empren-
dido por el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez; y la posible desactivación de la Secretaría de Defensa, 
una medida que estaría relacionada con las demandas de aquellos apristas que consideraban que esto legitimaría la 
participación democrática del PAP en las próximas elecciones de 1980. 
895 Véase Haya de la Torre y Sánchez (1982-I: 101, 151, 279, 309, 314). 
896 Los «búfalos» ingresaron en la historia aprista en noviembre de 1933, aunque no como una fuerza de choque sino 
como un grupo juvenil que entonó «La marcha de los búfalos», himno en honor a Manuel «Búfalo» Barreto, en el mitin 
en la Plaza de Acho que dio Haya. Villanueva del Campo y Macera (109-110).  



   

192 
 

un búfalo, explicaría un veterano aprista.897 Tales cualidades se habrían puesto a prueba durante 

los once años de persecución benavidista y pradista. Ahora un aprista que aspiraba a búfalo debía 

sacrificar incluso su vida por Haya y el Partido: «Nos prepararon para juramentar como búfalos; 

nos citaron a un sitio reservado, se presentó un líder perseguido, nos hablaron de la responsabili-

dad, de que debíamos ser ejemplo en la sociedad. Llegó el líder y ya estábamos predispuestos, 

con un ánimo especial, solemne, se nos leyó el código, yo recuerdo que nos hablaban de la muerte, 

de la marca de nuestro juramento».898 Los búfalos no constituyeron una fuerza de choque especí-

fica, pero sin duda el nombre recayó sobre todo en quienes se especializaron en ejercer la violencia 

organizada aprista: los defensistas.899 Pero estos últimos, el menos en Lima, Callao y Balnearios, 

tuvieron que realizar otras tareas, como el trazado propaganda mural. Ello debido a que, en 1935, 

se reglamentó que los secretarios de cada comité sectoral —lo que incluía al de Defensa y Disci-

plina— se responsabilizaran conjuntamente de todas las tareas de su jurisdicción.900 Es suma-

mente probable que la medida se extendiera al resto del país.  

El Secretariado de Defensa desarrolló una identidad de aparato insurreccional. En efecto, 

para sus integrantes, el derrocamiento del gobierno «tirano» que se proponía destruir al PAP era 

la mejor manera de proteger. Además, las amargas experiencias electorales y la exclusión del 

marco legal, los convenció de que la instauración de la democracia y la justicia social solo serían 

posibles a través de una revolución.901 Conscientes de su misión, los defensitas (llamados también 

«legionarios») se consideraron la vanguardia aprista que estaba dispuesta al sacrificio. Se desco-

noce el número total de defensistas durante la persecución, pero su sostenimiento como «principal 

acción combativa de las masas» fue una preocupación que compartió Alfredo Saco Miro Quesada 

en 1935: las brigadas defensistas, «debidamente organizadas», en coordinación con una gran 

huelga que golpeara los centros económicos, trazarían el camino a la conquista del poder, diría el 

entonces secretario de Organización del PAP.902 Los jefes defensistas no concibieron la insurrec-

ción como una prolongada guerra civil, sino como la conquista armada del poder por medio del 

rápido control de los centros burocráticos y productivos llevadas a cabo por conspiradores profe-

sionales, tal como prescribía Técnica del golpe de Estado (1931), obra de Curzio Malaparte que 

tuvo gran influencia en los apristas.903 

                                                             
897 Testimonio P/N/E-1: U, en Vega-Centeno (1991: 279). 
898 Testimonio M/N/E-1: U, en Vega-Centeno (1991: 451). 
899 Los defensistas también fueron llamados «dorados». En realidad, como aclara Chanduví en sus memorias, con este 
nombre se conocía a la guarida personal de Haya (1988: 29). Se habría tratado de una brigada especial que no pasó de 
cien integrantes, si se toma en cuenta el testimonio interesado de Jorge Idiáquez, en Villanueva Díaz (1985-II: 591).  
900 Saco (1985: 97, 123). 
901 En su Manifiesto a la Nación de febrero de 1932, Haya diferencia entre «el sentido catastrófico del cuartelazo, motín 
o anarquía» que se daba a la palabra «revolución», de «su profunda significación, histórica y constructiva» que le daban 
los apristas: la realización de profundas transformaciones económicas y políticas de la vida social. Haya de la Torre 
(1985-V: 97). Si bien en este documento, Haya aclaraba que las revoluciones no necesariamente tenían que ser violen-
tas, tampoco lo negaba. En todo caso, para entonces, estaba comprometido en acciones conspirativas armadas. 
902 Saco (1985: 91). 
903 Véase Sánchez (1987 [1969]-II 2: 105-108); y Villanueva del Campo y Thorndike (2004: 28, 29). 



   

193 
 

La persecución hizo de la conspiración y la lucha armada parte de la cultura política 

aprista. Por esta razón, la dirección del PAP consideró necesario preparar a sus militantes para el 

nuevo escenario de paz social y garantías constitucionales que se avizoraba a inicios de los años 

cuarenta. Esto significaba tomar acciones con respecto a Defensa, el cual fue oficialmente desac-

tivado. Según la versión que narró Luis Negreiros Vega al semanario PAN en 1949, esta decisión 

se tomó en la Convención Nacional del PAP de 1942, y fue ratificada en la de 1944. La medida 

se ajustaba con la línea aprista de conciliación democrática con las demás fuerzas políticas, «in-

clusive con la UR, los leguiístas y Benavides», y era consecuente con la «adhesión e impulso» a 

la candidatura del FDN.904 Tomada la decisión, otros organismos partidarios asumieron las fun-

ciones del desaparecido secretariado: «La Defensa Jurídica del Partido pasó a formar parte del 

Sindicato Aprista de Abogados. El orden y la moral de las filas del Partido quedó a cargo del 

Secretariado Nacional de Disciplina». Por último, la inexistencia de Defensa durante el gobierno 

de Bustamante quedaba demostrada, según Negreiros, al no figurar en los estatutos ni en el pro-

grama político que presentó el PAP cuando se reinscribió como Partido del Pueblo en 1945. Tam-

poco se discutió la creación de un organismo defensivo en el Congreso Nacional Aprista de 

1948.905 De este modo, Negreiros desligaba a Defensa de su pasado y presente revolucionario en 

una coyuntura en que el PAP estaba otra vez proscrito y perseguido. 

La versión del exjefe defensista Luis Chanduví es opuesta: Defensa pasó a la clandestini-

dad según una disposición reservada de la Convención Nacional de 1942, y se mantuvo como tal 

después de 1945. No obstante, sí pasó por un proceso de reorganización después de la insurrección 

en la base aérea de Ancón de marzo de 1945: se dispuso que los defensistas de la JAP quedaran 

bajo la competencia de Defensa, y que tanto defensistas jóvenes como adultos se abocaran a una 

rápida tarea de organización en las fábricas donde existían células apristas. Esta orden significó 

que Defensa ya no tendría solo una organización sectoral (o barrial). Ahora, un defensista debía 

pertenecer tanto a un equipo sectoral según su domicilio, como a uno laboral según su ocupa-

ción.906 Defensa pasó por otros cambios en vísperas del ascenso de Bustamante: el mayor Víctor 

Villanueva Valencia fue nombrado su secretario general, una designación que animó a sus jefes 

como el mismo Chanduví, por ser Villanueva un «militar activo y revolucionario», «ya que si 

Defensa era un cuerpo semi-militarizado, él impartiría una disciplina consciente y los defensistas 

sacrificarían sus horas de descanso, con la confianza de un triunfo cercano». Por su parte, los 

defensistas de la JAP recuperaron su independencia, pero continuaron su trabajo de organización 

de los cuadros en sectores y sindicatos al lado de los defensistas adultos. Esta decisión se corres-

pondía a la condición de órgano independiente en el PAP que tenía la JAP. 907 

                                                             
904 [PAP] (1976: 11-12). 
905 Ibíd.: 4-5, 6. Negreiros quería demostrar que no existía una relación entre el PAP y el comando defensista que había 
participado en el levantamiento del Callao del 3 octubre de 1948. 
906 Chanduví (1988: 324, 342). 
907 Ibíd.: 331-332. 



   

194 
 

A diferencia del rápido crecimiento de otros secretariados, Defensa inició un proceso de-

puración en 1945: los que solicitaban su ingreso debían contar con el aval de tres miembros anti-

guos o de dos dirigentes destacados. Además, según anota Chanduví, solo se aceptaron volunta-

rios que estuvieran dispuestos al sacrificio, incluso de su vida, «para hacer la revolución», sin 

esperar recompensa alguna. Los defensista debían ser «gente probada en la lucha clandestina» de 

los años de persecución, en palabras de Chanduví;908 o «gente comprobada o gente que ya tenía 

experiencia, que ya había combatido antes, que quería que el Apra tomara el poder», según 

Eduardo Mallqui.909 Los defensistas de Lima que no tenían servicio militar recibieron instrucción 

los días domingo de dos subtenientes del Ejército que dictaban el curso de Instrucción Militar en 

los colegios. Eran entrenados, «de manera muy disimulada» y costeando sus gastos de transporte, 

en lugares solitarios como playas o cerros, para evitar testigos inoportunos. Según algunos testi-

monios, Defensa rápidamente se convirtió en una fuerza importante en Lima para 1946: Chanduví 

señala que a inicios de año se podían movilizar 1000 efectivos. Para Mallqui, llegarían a sumar 

5000 los defensistas, entre jóvenes y adultos, organizados en brigadas de veinte a treinta efectivos 

cuya instrucción se centró en el combate, la obediencia y la entrega: «Nos entrenaban en prepa-

ración de molotov, tiro con pistolas, con fusil etc. Había que inculcar la lealtad, la mística, la 

disciplina, la responsabilidad a los compañeros y eso no es fácil de adquirir. Hacerles sentir que 

Defensa era un grupo selecto, dispuesto a todo, eso era difícil».910 

Por su parte, Disciplina también sufrió cambios en 1945, después de que el PAP recupe-

rara su legalidad y de la victorial electoral del FDN. Miles de hombres y mujeres acudieron a los 

locales partidarios de su barrio a registrarse y recibir su respectivo carné del Partido del Pueblo. 

Entre ellos había apristas de convicción, simpatizantes sin trayectoria partidaria y meros oportu-

nistas. En este escenario, los disciplinarios, ahora reconocibles por sus llamativos brazaletes rojos, 

cumplieron la tarea visible de velar por el orden en las actividades públicas y en los locales del 

PAP. No obstante, al seguir siendo un aparato de seguridad, el ingreso a sus brigadas fue restrin-

gido: solo cuadros escogidos fueron admitidos. Este fue el caso del cobrador de tranvías Melquia-

des López, personaje literario con el que Alberto Herrera Thompson recreó las experiencias de su 

padre en el APRA. Melquiades no tuvo dificultades para ingresar a la brigada de Disciplina, 

cuando acudió al local aprista de Barranco para inscribirse. Sus años de carcelería y lealtad ava-

laban su admisión a un aparato que solo aceptaba apristas de «probada militancia». Así, con su 

brazalete rojo, Melquiades comenzó a cumplir su servicio voluntario, apostándose en la entrada 

del local partidario todas las noches.911 Es indudable que, para cumplir con sus funciones, los 

disciplinarios debieron seguir haciendo uso de la coacción.  

                                                             
908 Ibíd.: 330, 331-332. 
909 En Cristóbal (1985: 83). 
910 Chanduví (1988: 343); en Cristóbal (1985: 82, 83-84). 
911 Thompson (1988: 213-214). 



   

195 
 

A inicios de 1946, Haya nominó a los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Disci-

plina, quienes fueron designados por el CEN. El órgano fue presidido por el coronel en retiro, y 

senador por Lima, César Enrique Pardo; y contaba con tres salas en Lima y con sedes en cada 

departamento y provincia del país. Estas se encargarían de investigar y sentenciar las faltas co-

metidas por los apristas tanto en su condición de militantes como de funcionarios públicos. La 

Tribuna informó sobre la juramentación de los miembros de las salas de Lima ante Haya en la 

Casa del Pueblo. La dirección aprista quería demostrar su esfuerzo fiscalizador ante la opinión 

pública. No obstante, según los recuerdos de Chanduví, quien integraba la Segunda Sala de Lima, 

no siempre se cumplieron las sentencias al ser Haya la última instancia de apelación. Además, 

solo prosperarían las acusaciones en las que este mostró interés, mientras que otras fueron 

desechadas por órdenes del jefe aprista. Esto sucedió, según Chanduví, con Jorge Eliseo Ríos 

Idiáquez, secretario departamental de La Libertad y denunciado por inmoralidad. Aun así, las 

salas tuvieron una importante actividad. Solo en la Segunda Sala de Lima, se revisaron más de 

cincuenta casos y se castigó delitos como «estafa, abuso de autoridad, acaparamiento, deudas, 

contra el honor sexual, corrupción, extorción y otros actos condenados por la ley o por el Código 

de Justicia de la Vanguardia Aprista de Juventud». Las penas estuvieron entre la expulsión tem-

poral o definitiva del Partido, o el «trabajo intensivo» en alguna brigada.912 

No obstante, los brigadistas y los tribunales de Disciplina actuaron en un escenario de 

lucha entre facciones, donde la oportunidad de denunciar a los rivales habría estimulado estos 

conflictos, aún más cuando el mismo Haya había invocado a los apristas a hacerlo, pues encon-

trarían en el Partido a los mejores fiscalizadores.913 Así, en Ferreñafe, uno de los bandos apristas 

denunciados eran los que controlaban la junta municipal transitoria. Su presidente y secretario 

habían solicitado resguardo policial antes las intenciones de un «grupo de “disociadores”» que 

pretendía interrumpir las sesiones municipales que se llevaban a cabo en la Casa del Pueblo. Se-

gún el corresponsal del aprista Carteles, ambas autoridades, «del tipo reaccionario», habían men-

tido: no se trataba de un grupo de opositores, sino todo el «Partido del Pueblo, quien se equivocó 

al llevarlos a ese sitial», pero que ahora «quiere que dejen el puesto, por su incapacidad adminis-

trativa. El Partido también confió en los c.c. concejales, pero se observa que están al lado de los 

malos personeros municipales. Por eso los leales a la fé [sic] aprista, cumplirán con las palabras 

de nuestro c. Jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, tratando de evitar un nuevo desgobierno munici-

pal».914 No obstante, al parecer, la facción que respaldaba el corresponsal de Carteles se había 

hecho del control del comité provincial, pues este celebraba su renovación: «Como verán nuestros 

c.c. el personal que ocupa ahora las distintas secretarías son apristas de conciencia sana y honrada 

y no permitirán que el buen nombre del Partido sea ultrajado en Ferreñafe».915  

                                                             
912 Chanduví (1988: 340-342).  
913 Discurso de Haya en la Plaza de Acho del 7 de setiembre de 1946. Véase Haya de la Torre (1985-V: 397). 
914 «Carteles en Ferreñafe», Carteles, Chiclayo, 2 de febrero de 1946: 8. 
915 Ibíd. 



   

196 
 

No es que las causas que se ventilaron en los tribunales de Disciplina hayan estado úni-

camente motivas por las luchas intestinas entre apristas, pero es indudable que las facciones en 

pugna encontraron en ellas un espacio para atacar a sus adversarios y, acaso, lograr su expulsión. 

Las acusaciones alcanzaron a casi a todos, incluso dos jóvenes figuras del aprismo militantes, 

como Eduardo Jibaja y Luis Carnero Checa, fueron denunciadas, en su caso por el Comando 

Universitario por malversación de fondos.916 Solo Haya y los líderes nacionales quedaron fuera 

de sospecha. Los integrantes de las salas apristas no pudieron ignorar que fuera posible que una 

acusación no tuviera una motivación moralizadora. Por ejemplo, para Chanduví, las «condenas a 

muerte por Alta Traición» que llegaron de Trujillo a la Segunda Sala de Lima, dispuestas por el 

secretario departamental de La Libertad, Jorge Elías Ríos Idiáquez, tenían como fin eliminar a 

sus antagonistas locales. Detrás estaría el descontento por la decisión de Ríos de anular la elección 

de los delegados al Segundo Congreso del PAP. En su ligar, el secretario departamental los había 

escogido «a dedo» de Ríos de los delegados al Segundo Congreso del PAP.917  

No obstante, hubo una causa de carácter estructural que originó el descontento entre los 

apristas: los anhelos democratizadores dentro de su partido. Tales anhelos iban a tono con las 

expectativas democratizadoras de la posguerra, pero se contradecían con uno de los principios 

organizativos sobre el cual descansaba la línea vertical de mando del PAP: el centralismo demo-

crático. Este era de origen leninista y era propio de las organizaciones revolucionarias clandesti-

nas de estructura piramidal. Consiste en concentrar las discusiones en el pequeño círculo de cua-

dros que conformaban la dirección central. De este modo, se resguardaba la seguridad de la orga-

nización, pues deliberaciones y votaciones descentralizadas facilitarían a las instituciones poli-

ciales su infiltración y desmantelamiento; y evitaba el desviacionismo doctrinal y el faccionalismo 

en sus filas. La discusión concentrada en el sector «esclarecido», según los lineamientos de un 

programa inmediato y un proyecto revolucionario más amplio, implicaba una férrea disciplina, 

pues no solo la minoría perdedora acogía y defendía la solución que había votado la mayoría, sino 

los niveles inferiores se sometían a lo que había decidido la dirección central. Esto conllevaba a 

aceptar la designación mandos intermedios e inferiores sin una elección de por medio.918 Desde 

Lima, Haya reforzó el centralismo democrático durante los once años de persecución que sufrió 

el PAP. Sin embargo, su práctica resultó por lo menos extraña, cuando no contradictoria, con los 

valores libertarios proclamados en el escenario inmediato de la Primavera Democrática. 

Las fuentes apristas son más que discretas sobre el descontento y los conflictos dentro del 

PAP. Sin embargo, algunos documentos, sobre todo publicados por exapristas, pueden ayudar a 

comprender este fenómeno. En su carta de renunciar al PAP, fechada el 26 de febrero de 1948 y 

publicada en el diario antiaprista La Prensa, Eduardo Enríquez incluyó la misiva que envió él, en 

                                                             
916 Ibíd.: 341-342. 
917 Ibíd.: 342 
918 Mascitelli, ed. (1979: 50-52); Suárez (2019). 



   

197 
 

su condición de secretario nacional del Interior, y los parlamentarios apristas del Cusco a Haya y 

al secretario general del Partido del Pueblo, el senador Ramiro Prialé. En esta carta, fechada el 31 

de octubre de 1947, sin tono amenazante, pero sí firme y demandante, los remitentes señalan la 

existencia, dentro del Partido del Pueblo, de «métodos y actos reñidos con los principios demo-

cráticos, lo cual ha ocasionado una evidente desviación en su línea principista, así como el auge 

del favoritismo y la compadrería. Deploramos la ausencia de toda norma democrática en el go-

bierno y la dirección del Partido».919 La carta, sin embargo, tenía un grado acusatorio inusual, 

pues alcanzaba a la jefatura de Haya, al señalar que el CEN «no es sino la pantalla que encubre 

las decisiones unilaterales de la jefatura». Lo mismo podía decirse del Buró Político, el cual es 

«capaz de alterar a su modo los rumbos del Partido». Enríquez y el resto de lo firmante también 

acusaban que la CPA era un mero «instrumento de la jefatura», donde se ignora la opinión mayo-

ritaria de los representantes provincianos. Sin embargo, era posible corregir el rumbo del Partido 

a través de la democratización de sus organismos por medio de la elección popular. Para ello era 

impostergable la convocatoria del prometido Segundo Congreso Nacional del Partido.920 

Esta carta revela las serias diferencias que había, por lo menos, entre un sector de los 

parlamentarios apristas provincianos, de aquellos que no pertenecían al círculo de Haya: los «lo 

líderes de prolongada trayectoria», como los llamó el citado diputado César Góngora Perea. La 

precepción de la existencia de una «argolla» que rodeaba a Haya y lo alejaba de las masas y sus 

demandas no era extraña en las filas apristas. Un aprista de entonces recordaría que: «Los jóvenes 

queríamos trabajar honestamente en política y nos preocupaba la actitud de “a argolla” alrededor 

de Haya. Había un grupo de gente que se distinguía por su valor y lealtad al hombre y no a los 

principios; no tenían nivel político, lo cuidaban, lo halagaban: cuando surgía una actitud discor-

dante con el Jefe, inmediatamente nos consideraban traidores y no nos daban acceso a Haya, no 

podíamos hablar con él y que él nos escuche».921 A pesar de aislar a los militantes y bases del jefe, 

la «argolla» lo protegía de los ataques y cuestionamientos, desviándose estos en dirección de 

aquella. Sin embargo, altos dirigentes como Enríquez y los parlamentarios apristas cusqueños 

podían culpar a Haya de permitir la existencia de un poder informal que gozaban algunos, no por 

su lugar en la estructura partidaria, sino por su relación íntima con él. 

Según Enríquez, la consecuencia de la carta de octubre fue la promesa de Haya de la 

convocatoria al Segundo Congreso del PAP para enero de 1948. La renuncia de Enríquez un mes 

después de esta fecha se debió a la indefinida postergación del evento. La publicación de su carta 

de renuncia generó la enérgica respuesta de la dirección aprista. Así, la Comisión Nacional de 

Control del Partido del Pueblo, acusó a Enríquez de «contubernio con elementos reaccionarios y 

antiapristas», siendo la prueba la publicación de su carta en un medio como La Prensa.922 Otros 

                                                             
919 Enríquez (1951: 175). 
920 Ibíd.: 176. 
921 Testimonio M/N/E-1: U, en Vega-Centeno (1991: 389). 
922 «La Comisión del P. del Pueblo denuncia plan reaccionario», La Tribuna, Lima, 1 de marzo de 1948: 3. 



   

198 
 

organismos apristas se pronunciaron en el mismo sentido. Por ejemplo, en su carta de renuncia, 

Enríquez había acusado que: «La deformación de las normas apristas [en el Partido del Pueblo] 

han llegado al extremo que más de una vez se trató de impedir la presencia de las compañeras del 

Comando Nacional Femenino en el CEN, por úcase [sic] de Haya de la Torre, que considera 

insoportable “la charlatanería femenina”».923 El Comando Nacional Femenino se pronunció de 

inmediato, señalando que tales afirmaciones sobre su organismo eran «absolutamente falsas». Sin 

embargo, entre las firmantes del escueto comunicado no figuraba Magda Portal.924 

La denuncia de Enríquez sumó a la imagen de organización autoritaria y vertical, sino 

totalitaria, que tenía el APRA entre sus adversarios. El mismo presidente Bustamante, en su men-

saje a la nación del 29 de febrero de 1948, mencionó que «nos hallamos en el Perú frente a un 

propósito no disimulado de implantación de un Partido Único de organización vertical… que tiene 

en su constitución interna todas las características de una dictadura y en su acción política sobre 

el país aspira a una dominación integral basada en la disciplina de la obediencia y en la con-

signa».925 La dirección aprista respondió, a través de un artículo publicado en La Tribuna, seña-

lando, entre otros puntos, la inexistencia de un Comité central, como señalaba el presidente, sino 

de un Comité Ejecutivo Nacional. Tampoco era desconocida la estructura interna de su partido, 

su disciplina ni estatutos, ni estos fueron cuestionados cuando el PAP recuperó su legalidad. Por 

el contrario, se celebró su retorno al sistema político legal, empezando por el mismo Bustamante, 

y no se cuestionó entonces. Lo cierto es que el partido del Pueblo, como otros partidos democrá-

ticos del mundo, contaba con una autoridad central ejecutiva y una línea de acción partidaria 

conforme a la decisión de una mayoría. Quien actuaba en contra de ella, se ponía en rebeldía. En 

este sentido, era «vertical» al igual, por ejemplo, que el Partido Laborista. Y en este y otros par-

tidos democráticos existían comisiones disciplinarias y de control, aunque, en el artículo de La 

Tribuna, se sugiere que estas cumplen la misión de fiscalizar y orientar la gestión de sus militantes 

que eran autoridades (parlamentarios, ministros, concejales).926 

La realización del Segundo Congreso del Partido del Pueblo, del 27 de mayo al 3 de junio 

de 1948, fue celebrada por su dirección como una demostración más de los principios democrá-

ticos de su organización. Diversos sectores apristas esperaban que se diera una efectiva democra-

tización interna con la elección de los cargos. Otros, como señaló Magda Portal, una rectificación 

de la línea política del Comando Nacional, al cual culpaban de la situación de vulnerabilidad del 

Partido ante sus adversarios, en una coyuntura donde eran crecientes las amenazas contra los 

apristas. Precisamente, ante este peligro, la dirección aprista hizo un llamado a la unidad aprista 

que pasara por encima de las críticas y el descontento. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio 

de Magda Portal, los altos cargos fueron designados de una lista cerrada elaborada por Haya y su 

                                                             
923 Enríquez (1951: 173). 
924 «El Comando Nacional Femenino desmiente falsas afirmaciones», La Tribuna, Lima, 1 de marzo de 1948: 3. 
925 «Los partidos y la organización democrática», La Tribuna, Lima, 3 de marzo de 1948: 3. 
926 Ibíd. 



   

199 
 

círculo íntimo. La misma Portal fue elegida subsecretaria general, una decisión que tenía según 

ella, acallar su oposición al artículo del Estatuto que negaba la militancia aprista a las mujeres.927 

En medio de estas tensiones discusiones internas, los defensistas apristas se preparaban 

para derrocar a Bustamante y llevar, de una vez por todas, a Haya al poder. El compromiso con 

la democracia Para Chanduví, los proyectos revolucionarios del PAP habían quedado en suspenso 

ante la posibilidad de la recuperación de su legalidad y la restauración de la democracia. Se trataba 

de un alto precio a pagar: «En ambas cámaras habían ubicado a elementos enemigos del Partido, 

muchos de ellos sin ninguna solvencia moral A toda la gente que había luchado en la clandestini-

dad, se le hizo creer que era un “juego político”, necesario para salir de las catacumbas y que nos 

permitiría trabajar para llevar a cabo la revolución».928 En realidad, para el defensista, la partici-

pación aprista en el Parlamento era una maniobra que encubría los preparativos de la insurrección 

armada, la cual sería la verdadera vía que llevaría a la consecución de la revolución aprista, es 

decir, las profundas transformaciones estructurales que el país necesitaba. La victoria en las elec-

ciones de 1945 no cambió su forma de pensar con respecto a la vía revolucionaria. Con este fin, 

como se ha señalado, continuaron con su tarea de reclutamiento selectivo y adiestramiento. Se 

llevó a cabo una tarea de registro de cada defensista: «si había hecho servicio militar; arma, grado; 

si poseía arma de fuego; marca, calibre»; así como otro registro de los oficiales militares y poli-

ciales y de «connotados políticos enemigos del partido» que vivieran en el sector.929 

Las precauciones que tomaron para mantener ocultas la identidad de los nuevos recibieron 

una tarjeta de identificación y una medalla con su número de registro, información que fue guar-

dada más allá del alcance normal del Partido.930 Defensa también comenzó a establecer células 

entre el personal subalterno del Ejército, Marina, Aviación, Policía y Guardia Republicana. A 

inicios de 1946, se formó una célula en el Cuerpo de Investigaciones, lo que permitió obtener 

«tres costales» de documentos «reservados», entre ellos el archivo fotográfico de los agentes 

(«soplones») e informantes civiles a sueldo de los gobiernos de Benavides y Prado. La documen-

tación se escondió en un domicilio del distrito de La Victoria, una de las «bases» donde se guar-

daba armamento. Además, uno de los dos apristas que trabajaban en el Departamento de Claves 

del Ejército instruyó al buró de Defensa en el arte del encriptado. Este grupo especial de inteli-

gencia del PAP era conocido con las siglas de DIPA.931 Tal infiltración coincidiría con el inicial 

desinterés que, según Daniel Masterson, tuvo Bustamante en mantener la red de espionaje que la 

policía secreta de Benavides y Prado habían tejido contra el APRA.932 

                                                             
927 Portal (2019 [1950]: 48-50). 
928 Chanduví (1988: 330). 
929 Ibíd.: 333. 
930 Ibíd.: 343. 
931 Ibíd.: 1988: 343, 365. Posiblemente DIPA signifique Dirección de Inteligencia del Partido Aprista. 
932 Masterson (2001: 138-139). 



   

200 
 

Según un documento policial, aparentemente del 19 de junio de 1947, las acciones arma-

das apristas estallarían una vez finalizado el juicio del diputado Alfredo Tello Salavarría, sea que 

resulte absuelto o condenado por el asesinato de Francisco Graña. Según el contenido, las armas 

se encontraban depositadas en diferentes puntos de la capital, entre ellos el local partidario de 

Alfonso Ugarte, listas para ser usadas. La mayoría de ellas fueron adquiridas en La Habana, «de 

un lote que estaba destinado a hacer la revolución a Trujillo, el Presidente de Santo Domingo». 

En cuanto al financiamiento, «parece indudable», señala el anónimo informante, la ayuda del 

Gobierno venezolano de Rómulo Betancourt: 100,000 bolívares que habían sido registrados como 

gastos para el agasajo de Haya, de visita en ese país. La mercadería habría ingresado al Perú en 

cajones de zinc, camufladas como maquinaria y material de imprenta para La Tribuna; la mayoría 

por el Callao, pero también por Paita y, posiblemente, Arica. Además, se señalaba que la compra 

de armamento a militares ecuatorianos que no llegó utilizarse en la guerra de 1941, el cual se 

ingresó clandestinamente por Tumbes. En un documento complementario, se añade que el alcalde 

del Cusco, Alcides Fuentes, ha participado en la introducción de armas procedentes de Bolivia a 

través de Puno. Ambos documentos consignan los nombres y direcciones de los agentes de armas 

extranjeros que habían intervenido en las operaciones, lo que le daría por lo menos verosimilitud 

a la información.933 La referencia al gobierno venezolano de Rómulo Betancourt resulta verosímil 

si se toma en cuenta su ayuda material a la Legión del Caribe y a los intentos de derrocamiento 

del dictador dominicano Rafael Trujillo.934 

La posibilidad de un movimiento insurreccional aprista respaldado por los estadouniden-

ses también fue recogido por el Ministerio de Gobierno y Policía. Un informe que recoge esta 

información (o rumor) señala que «[f]uncionarios de la Embajada Americana tienen estrecho con-

tacto con los apristas, especialmente Broderick, que ha reemplazado a Dorsey. Se cree que el 

Gobierno Americano tiene también estrechos contactos con los apristas en la campaña contra el 

comunismo, de la cual ha aprovechado Haya para acercarse a los americanos. Se sabe que en los 

Estados Unidos se ha hablado del reconocimiento de un gobierno aprista en caso de una revolu-

ción».935 Otro documento, de diciembre de 1947, señala que «[s]e sabe de buena fuente que la 

Standard Oil ha introducido al País 2,000 toneladas de armamentos con el fin de ayudar la revo-

lución del aprismo. Se dice asimismo de que [sic] dicha Compañía, está haciendo derroche de 

dólares. Así como se comenta de “cosas importantes”, que han tratado en sus viajes los esposos 

Arrus, en Norte América».936 ¿Hasta qué punto estas inquietudes de un posible respaldo de Esta-

dos Unidos a los planes insurreccionales del PAP eran reales? ¿Eran parte de una campaña para 

                                                             
933 Documento sin título y fechado a mano en el margen derecho, en «Sublevaciones apristas», ff. 9-10, en CMAO-
PUCP. 
934 Véase Ferrero y Eiroa (2016).  
935 Documento sin título, «Sublevación aprista», f. 9, en CMAO. 
936 Asunto Standard Oil, «Sublevación aprista», f. 76, en CMAO. 



   

201 
 

avivar las pasiones antiapristas? Acaso el apoyo decidido de los apristas a la IPC con respecto al 

Contrato de Sechura le otorgaba cierta verosimilitud. 

Como se ha señalado páginas atrás, los apristas insistieron e hicieron todo lo posible para 

agenciarse de fondos y armas durante los años de persecución. ¿La situación fue diferente en 1947 

y 1948? En una supuesta carta, fechada el 3 de febrero de 1947, dirigida desde el “Incahuasi”, se 

da cuenta de las coordinaciones para recoger «60 cajones de mercaderías automáticas» que serían 

desembarcados en la desembocadura del río arequipeño Tambo. Su autor es el secretario del PAP 

de la Región Sur, David Tejada, quien escribe lo siguiente: «El C. Jefe comprueba que no está en 

las brigadas militares el porvenir de nuestro gran partido.-Son las fuerzas civiles agrupadas en los 

comandos de defensa i disciplina los más sólidos pedestales de nuestra causa, por eso [el] c. Jefe, 

quiere que esas agrupaciones tengan en sus manos con que responder a su llamado». A continua-

ción, reafirmando lo escrito, Tejada citó al mismo Haya: «Compañeros: pongo toda mi fe i todo 

mi optimismo en el comando Regional del Sur.- En el éxito de esta gran empresa está el provenir 

de nuestro gran partido».937  

Durante la Primavera Democrática, el PAP mantuvo su estrategia de captación e infiltra-

ción en comisarías y cuarteles, entre la tropa y los oficiales de mediana graduación. El llamado 

«¡A la boliviana!» se convirtió en una expresión común en la propaganda aprista que invocaba a 

seguir el ejemplo de la insurrección armada boliviana que terminó con el asesinato del presidente 

Gualberto Villarroel en 1946.938 Por otro lado, Haya y la alta dirigencia aprista conspiraron con 

un sector reformista de oficiales de alta graduación. El objetivo político del denominado «Plan 

G» era un golpe de Estado que se adelantara al que estarían planeando las fuerzas de la derecha y 

que estableciera una junta cívico-militar que convocara a elecciones presidenciales, las cuales 

esperaba ganar Haya. Se trataba del mismo plan que la dirección aprista había tratado de concretar 

en los años treinta. Sin embargo, la demora y dubitación de los oficiales comprometidos llevó a 

los defensistas apristas a sublevarse el 3 de octubre de 1948 en el Callao, junto a personal de tropa 

y oficiales de la Marina. Se trataba de un plan elaborado por el Comando de Defensa dirigido por 

el mayor Víctor Villanueva Valencia, un plan que tenía la aprobación inicial de Haya.939  

El fracaso de esta acción, debido a las contraordenes de la dirección aprista no compro-

metida, reveló las contradicciones internas del PAP con respecto al uso de la violencia revolucio-

naria. Acaso el rechazo de Haya al levantamiento se debió al temor a un desborde la violencia tal 

como había sucedido en la capital colombiana seis meses antes. La vía electoral o un pacto con la 

facción constitucionalista de las Fuerzas Armadas resultaban alternativas menos peligrosas que 

un «Bogotazo» limeño. Semanas después, el 27 de octubre, se produjo el cuartelazo liderado de 

Manuel Odría. La autodenominada Revolución Restauradora contó con el respaldo inmediato de 

                                                             
937 Carta fechada el 3 de febrero de 1947 en Incahuasi, «Sublevación aprista», f. 18, en CMAO. 
938 Véase «Sublevación aprista», ff. 74 y 109, en CMAO. 
939 Villanueva Valencia (1973: 75). 



   

202 
 

la derecha. La dictadura odriísta implementó una dura pero calculada represión contra el APRA 

las acciones emprendidas serán policiales, judiciales y políticas. No obstante, el supuesto «peligro 

terrorista sectario y extranjero» fue sobredimensionado para justificar y legitimar la dictadura. 

Para 1949, el APRA a pesar de estar sumamente debilitado por la persecución y las disputas in-

ternas, fue mostrado como un peligro latente para la seguridad nacional e internacional. 

Como había sucedido durante la Gran Persecución, la represión antiaprista encarceló y/o 

deportó a los apristas. Entre los primero se encontraron jóvenes apristas como el dirigente univer-

sitario sanmarquino Juan Mac Lean, quien fue encarcelado en el Real Felipe, recordaría Pablo 

Macera, “en una celda donde los policías sabían que había una enfermedad, que después supimos 

que se llamaba penfigo [sic] y lo soltaron 15 días antes de su muerte. Uno de los efectos finales 

de esa enfermedad consiste en que se abren las carnes hasta los huesos; se forman grandes ampo-

llas y se abren las carnes”.940 Entre 1945 y 1948, las condiciones carcelarias apenas habían cam-

biado y mucho menos el criterio de las autoridades con respecto a los internos. En 1951 se publicó 

la obra definitiva de César Morzán Carrera, Manual de Servicios de Prisiones. Reglamento de 

Guardia Republicana. En sus páginas, el recluso era descrito como un ser perverso cuya psicolo-

gía estaba irremediablemente deformada por la cárcel, pues «le sobra tiempo para meditar y con 

los «grandes maestros» (los detenidos reincidentes) establece una escuela de astucia y malicia; 

cede paso al prejuicio y actúa por instinto. Semejándose en ese sentido a los seres de especie 

inferior». Los custodios, pues, debían estar alertas, ya que el detenido fingiría ser su amigo, o 

intentaría despertar su curiosidad o piedad, o «urde un cuento donde él es la víctima; también ha 

sido soldado (casi todos los presos dicen haber sido soldados, otros se auto ascienden a clases). 

Hay detenidos cuyo rostro los ayuda a simular ser ingenuo, mientras son unos “lobos”».941 Fue 

este manual el que se utilizó para sistematizar el trato a los internos bajo Odría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
940 Basadre y Macera, Conversaciones, (1974: 129).  
941 Mendoza (2012: 172-173). 



   

203 
 

Conclusiones 

 

En la historiografía en general, la lectura de la acción política aprista de los años treinta y cuarenta 

se ha hecho a partir de los mismos juicios de valor con que se apreció la acción política aprista de 

los años cincuenta (la Convivencia) y sesenta (la Superconvivencia). Del mismo modo, las ex-

pectativas de una revolución armada en los Andes, a imitación de la Revolución cubana, o las 

reformas velasquistas que se llevaron a cabo han incidido en la interpretación histórica del 

aprismo peruano. El antiaprismo dominante en la historiografía peruana prácticamente ha reco-

gido sin mayor sentido crítico las versiones de aquellos que rompieron con el PAP en los años 

cincuenta y sesenta, o antes, como Magda Portal, pero estas mismas deben contextualizarse. Del 

otro lado, el relato histórico oficial del PAP, si bien rico en datos, resulta muchas veces pobre en 

interpretación, especialmente por su carácter maniqueo. Pasa por alto las complejas y contradic-

torias relaciones internas del PAP y externas de éste con otros actores político. Los impresos 

panfletarios y la prensa institucional han sido su materia prima. Por otro lado, el tema de la vio-

lencia partidaria revolucionaria ha sido prácticamente silenciado salvo como manifestaciones in-

surreccionales justificadas. El PAP es solo víctima, pero no agresor en estas lecturas del pasado. 

Los años de violencia política interna que atravesó el Perú en los ochenta y parte de los noventa 

parece también haber sido una razón para acallar las voces apristas que en su momento planteaban 

una revolución armada antiimperialista y antioligarca que estableciera en el Perú una verdadera 

democracia basada en la justicia social y en los valores socialistas. 

La violencia que sufrió el PAP en los años treinta y el primer lustro de los cuarenta moldeó 

su estructura organizativa y la cultura política de sus militantes. La necesidad de adaptarse a la 

clandestinidad le dio al PAP, sin embargo, una experiencia única, pues si bien el PCP y la UR 

pasaron por etapas de persecución durante el gobierno de Benavides, estas fueron de menor in-

tensidad a la del PAP. La persecución dio a los apristas una mística de lucha y entrega que tuvo 

en su culto a los mártires una de sus manifestaciones más importantes. En este sentido, la transi-

ción a la democracia plena no fue concebida por los apristas como una vía pacífica, sino como 

necesariamente violenta en la medida que gobiernos «tiránicos», militaristas y oligárquicos, les 

cerraban el paso a elecciones justas, tal como lo había hecho en su momento con Piérola. La 

violencia también era defensiva cuando estos gobiernos desataban una violencia aniquiladora. En 

estas condiciones era legítimo el uso de las armas para derrocarlos. El PAP, en este sentido, no 

era responsable de las acciones de sus militantes, cuando no podía ejercer un control sobre ellas. 

Tal desborde, sin embargo, respondía al justo castigo que el pueblo imponía sobre sus agresores, 

alcanzado a los que los instigaban. Esa fue la interpretación del asesinato de Antonio Miró Que-

sada de la Guerra. La revolución como un proceso necesariamente violento fue aceptada también 

desde una perspectiva que hacía de ella un proceso transformador de las relaciones sociales, eco-

nómicas y políticas. Los apristas se sintieron parte de una historia secular mundial que marchaba 



   

204 
 

hacia la justicia social, desde las revoluciones de Francia, México y Rusia; la revolución hispa-

noamericana había sido solo parcial. Es con todo este bagaje sobre la violencia y la revolución 

que el PAP ingresó a la vida política legal en 1945. 

El lugar que tuvo la violencia insurreccional en el accionar político aprista durante los 

años de persecución buscó después ser mitigado una vez que las posibilidades de retornar al sis-

tema legal. Para ello la dirección aprista estableció mecanismos institucionales y un nuevo marco 

organizativo de control. De este modo, se buscaba evitar en lo posible desbordes que atentaran 

con la integridad del Partido. Paralelamente, se realizaron gestos y prácticas políticas que dejaran 

de lado la confrontación y apostaran por formas de consenso y acuerdos con otras fuerzas políti-

cas, propias de formas políticas democráticas. Sin embargo, a medida que la crisis social avanzaba 

y las fuerzas antiapristas se reagrupaban y cobraban fuerza, la intransigencia aprista trascendió 

con más vigor. Estas ya estaban presentes desde un inicio, con prácticas sectarias y a puertas 

cerradas durante la etapa parlamentaria. A pesar de ello, no obstante, los apristas lograrían inter-

actuar con otros grupos o personalidades políticas. Hasta 1948, la CPA contaría con el apoyo de 

parlamentarios no apristas como Fernando Belaunde Terry. Pero lo que finalmente predominó fue 

el enfrentamiento, lo que terminó generando un desgaste inmanejable, no solo del PAP, sino de 

todo el sistema democrático restituido plenamente tres años antes. 

Las reformas que emprendió el PAP desde el Parlamento respondían a las expectativas 

que habían ido acumulándose entre sus militantes y simpatizantes desde 1930. Lo primero que 

buscó el PAP fue intentar establecer una marcada diferencia entre lo que sería su gestión parla-

mentaria, honesta y austera, y las administraciones anteriores. Esta gestión fue concebida como 

una vitrina a través de la cual se buscaba ganar el respaldo de la opinión pública. No obstante, el 

control del Parlamento que tuvieron los apristas, gracias a su número y a sus aliados; la naturaleza 

hermética del trabajo de la Célula Parlamentaria Aprista, y la hostilidad de los militantes apristas 

dentro y fuera del Hemiciclo, desgastaron rápidamente la gestión aprista. De la misma manera, 

las reformas que emprendieron sus legisladores, como las referentes a la libertad de imprenta, el 

gobierno municipal, la difusión del cooperativismo en el campo, la gratuidad de la enseñanza 

secundaria y la reforma universitaria, así como sus iniciativas que buscaban responder a demandas 

concretas locales, generaron diversos conflictos, tanto con el Ejecutivo como con otros sectores 

políticos y sociales. Queda también la impresión de que el PAP no fue capaz de controlar las 

expectativas que había generado en sus propias filas, expectativas que había alimentado en las 

elecciones sus candidatos a una diputación y senaduría. Cuando se declaró la huelga parlamentaria 

a mediados de 1947, medida que fue planificada por un grupo de parlamentarios no apristas, los 

apristas perdieron el control del Parlamento y no fueron capaces de retomarlo. 

Durante la Primavera Democrática peruana, el fascismo y el comunismo fueron percibi-

dos como dos fuerzas malignas internacionales a las que se debía enfrentar y destruir. El rechazo 

al fascismo fue un elemento nuevo en la cultura política peruana que surgió con fuerza en los años 



   

205 
 

treinta y que se generalizó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con la participación de 

los Estados Unidos en ella, los defensores del fascismo como tal desaparecieron. No obstante, 

esto no significó la desaparición de la UR, el único partido peruano que se había declarado segui-

dor de las dictaduras de Mussolini y Hitler. La UR atravesó por un proceso de transformación que 

lo llevó a abrazar las banderas de la democracia y la libertad. Al parecer tuvo éxito, pues durante 

la Primavera Democrática tuvo cierta relevancia. Lo que no podían negar apristas ni comunistas 

es que contaba con arraigo popular. Por otro lado, el PAP utilizó la lucha antifascista para enar-

bolar su propia causa contra, según su lectura, los gobiernos «profascistas» de Benavides y Prado. 

Esta lucha no significaba, sin embargo, una alianza con los comunistas y socialistas peruanos. Al 

menos esto era lo que esperaba Haya. En la práctica, estando en clandestinidad, no pudo evitar 

que se dieran alianzas o acercamientos coyunturales. Con el retorno de la democracia y la polari-

zación política, los apristas retomaron el discurso antifascista para desprestigiar a la Alianza Na-

cional, en la cual se encontraba la UR.  

El anticomunismo aprista se vio afectado parcialmente por el innegable prestigio militar 

de la Unión Soviética, que remitía a una eficaz economía. Aunque los apristas distinguieron entre 

el heroico pueblo ruso y el régimen estalinista, sus parlamentarios no dudaron en exigir inicial-

mente el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con los soviéticos. Pero el 

anticomunismo aprista rápidamente superó esta incongruencia a medida que la Unión Soviética 

se expandía por Europa oriental. La imagen de una «amenaza roja» que se cernía también sobre 

Indoamérica no solo calzaba con la tipología totalitaria que Haya había trazado durante loa década 

de 1930, sino también con su propuesta de Interamericanismo Democrático sin Imperio. En el 

mundo bipolar que recién comenzaba a bosquejarse después de 1945, Haya ya estaba orientando 

al PAP hacia el lado estadounidense. Además, la «amenaza roja» permitía al PAP construir un 

discurso que los exoneraban de culpa frente a quienes los acusaban de incendios y asesinatos. Por 

ejemplo, la muerte de Francisco Graña o el siniestro de la fábrica de cueros de Pedro P. Díaz eran 

parte de una conspiración comunista internacional. Según este relato, el PAP era un baluarte de 

la democracia que esta quería derribar. Fue por entonces que Haya presentó al aprismo como una 

superación dialéctica del marxismo, aunque dirigentes como Magda Portal todavía destacaron, 

desde La Tribuna, el uso interpretativo de la historia económica de la dialéctica marxista para 

comprender la realidad social de los pueblos. En términos ideológicos, la Primavera Democrática 

fue un periodo de transición y de una temprana bifurcación, aun sin ruptura, para el PAP. Solo 

después los apristas “marxistas” romperían con Haya y el PAP. 

Las relaciones entre el PAP y las Fuerzas Armadas fueron complejas. La animadversión 

entre apristas y militares fue algo que el PAP buscó evitar y un sector del Ejército buscó avivar. 

Sin embargo, durante los años de persecución, el PAP siempre encontró algunos oficiales de alta 

graduación dispuestos a llevar a cabo un golpe de Estado con su respaldo. Se trataba de sectores 

reformistas que vieron en el PAP una fuerza política organizada en la cual podían apoyarse. Esto 



   

206 
 

no significaba que no fueras vistas con cierta desconfianza las organizaciones paramilitares apris-

tas. Queda la duda de si Haya pensó en ellas como fuerzas revolucionarias con las cuales se haría 

del poder, como éstas esperaban, o vio en ellas un instrumento de negociación. Lo cierto es que 

si bien había un Haya al que fascinaba la entrega y el espíritu militar; también había otro al que 

la guerra le resultaba un camino de incertidumbre. Después de recuperar su legalidad en 1945, el 

PAP mantuvo su estrategia de captación entre la tropa y los oficiales de mediana y alta graduación. 

 Haya nuevamente conspiró con un sector reformista de oficiales de alta graduación al 

ver que los espacios democráticos se cerraban y que la derecha amenazaba con su propio golpe 

de Estado. Una vez más estimuló la acción de los defensistas, el «ejército revolucionario» del 

Partido, pero terminó por oponerse al levantamiento del 3 de octubre de 1948. La decisión de 

Haya no necesariamente expresa su rechazo a la violencia, sino a su viabilidad en términos mili-

tares. ¿Era posible vencer con las brigadas de Defensa y con algunas tropas procedentes de la 

Marina, el Ejército, la Aviación y la Policía? El ejemplo del Bogotazo y el recuerdo de los fracasos 

de intentos similares y la represión que les siguió debieron pesar en el ánimo de Haya. No obs-

tante, el «peligro terrorista sectario y extranjero» fue sobredimensionado por la dictadura de Odría 

para legitimarse en los siguientes años. Tal campaña propagandística quedó a cargo del Ministerio 

de Gobierno y Policía. 

  



   

207 
 

ABREVIATURAS DE REPOSITORIOS FÍSICOS Y VIRTUALES 

 
ACM-UNMSM Actas del Consejo de Ministros. Desde Manuel Prado Ugarteche hasta 

el primer gobierno de Alan García Pérez de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
https://sisbib.unmsm.edu.pe/repositorio_ACM/ 
 

ADLP-CR Archivo Digital de la Legislación del Perú del Congreso de la Repú-
blica 
https://leyes.congreso.gob.pe/ 
 

AMO-UNMSM Archivo de Memoria Oral de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos  
https://sisbib.unmsm.edu.pe/Memoria_Oral/ 
 

CMAO-PUCP Colección Manuel A. Odría de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú 
 

CEASM-PUCP Colección Especial Arturo Sabroso Montoya de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú 
 

CELH-PUCP Colección Especial Luis Heysen de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú 
 

CD-IRA Colección Denegri del Instituto Riva-Agüero 
 

EAP-TBL Endangered Archives Programme of the British Library  
https://eap.bl.uk/pro-
ject/EAP498/search?fbclid=IwAR1IJyM7B1ba7lXlI3i_B8Z45WgoV
ihT3LC_M23lgDgt89ihwasDVr4VmJ0 
 

FA-BNP Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional del Perú 
 

H-BNP Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú 
 

H-PUCP Hemeroteca de la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Ca-
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