PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO VIVIR ENTRE REJAS: SEGURIDAD CIUDADANA Y PRIVATIZACIÓN DE LA CALLE EN URBANIZACIONES DE ATE Y LA MOLINA Tesis para optar el grado de Magíster en Sociología con mención en Desarrollo la que presenta: Gabriela Sandoval Espinoza Miembros del jurado: Presidente: Aldo Panfichi Huamán Tercer miembro: Luis Soberón Álvarez Asesor de tesis: Pablo Vega Centeno Sara Lafosse San Miguel, Lima - Perú Octubre 2013 II    AGRADECIMIENTOS Mi interés por investigar temas relacionados con la seguridad ciudadana surgió hace unos tres años cuando laboraba en el Ministerio del Interior. Posteriormente, cuando ingresé a la Maestría en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú tuve especial interés en vincular la seguridad ciudadana con otros procesos que ocurrían en el ámbito urbano. Es así que en el segundo ciclo de la maestría, en el curso de Desigualdad Social, Pobreza y Desarrollo Humano, dictado por el profesor Martín Benavides, decidimos junto a mi compañero José Luis Castañeda Andrade elaborar un pequeño ensayo sobre el enrejado de calles a consecuencia de la inseguridad ciudadana, que titulamos Espacios públicos fragmentados: entre el miedo y la diferenciación social. El caso de Ate y La Molina. Nos llamaba la atención en ese entonces, a finales del 2011, cómo habían proliferado las rejas en Lima y, en especial, en estos dos distritos, como respuesta ciudadana ante problemas de seguridad, así que realizamos unas entrevistas exploratorias en la zona que me incentivaron a continuar profundizando en el tema con el objetivo de analizar si era solo una medida para resguardar propiedad e integridad ante robos u otros delitos o si existía una intencionalidad, expresa o no, de crear barreras sociales. Mis primeros agradecimientos van a José Luis y al profesor Benavides por alentarme a seguir con el tema. III    Más adelante, en el transcurso de la investigación, recibí los valiosos aportes y asesoría del profesor Pablo Vega Centeno, quien con su experiencia en investigaciones urbanas me supo guiar en la elaboración de la presente tesis a través de nuestras conversaciones y también de sus textos. A él mi más profundo agradecimiento por haber encaminado mi trabajo y haberme contagiado su entusiasmo en la investigación de los procesos sociales que ocurren en las ciudades. Asimismo, agradezco los comentarios de los miembros del jurado, Aldo Panfichi y Luis Soberón, que ayudaron a enriquecer el trabajo. Otras muchas personas colaboraron con sus comentarios, ya sea como conocedores del tema o como ciudadanos, que fueron de mucha utilidad para darle mayor objetividad a la presente tesis. Además, recibí el apoyo de familiares y amigos que no puedo dejar de agradecer porque probablemente fueron ellos los que con más paciencia observaron el proceso de realización de esta investigación. A ellos se la dedico de una manera muy especial.             IV    ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………....VIII INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….......IX CAPÍTULO I……………………………………………………………………………..…1 DEMANDAS DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: LOS CERRAMIENTOS COMO RESPUESTA CIUDADANA………………………….…..1 1.1 INTERÉS POR ESTUDIAR LAS URBANIZACIONES “CERRADAS”……….....1 1.2 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS………………………….…..6 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………..……....9 1.3.1 Objetivo general……………………………………………………….…..9 1.3.2 Objetivos específicos……………………………………………….……..9 1.4 HIPÓTESIS………………………………………………………………….……….10 1.5 METODOLOGÍA…………………………………………………………………..…10 1.5.1 Revisión de información secundaria……………………………….…..10 1.5.2 Exploración y reconocimiento de la zona………………………….…..10 1.5.3 Observación semiestructurada…………………………………………11 1.5.4 Entrevistas a profundidad……………………………………………….12 CAPÍTULO II…………………………………………………………………………..…14 ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA: ALGUNOS APUNTES CONCEPTUALES…………………………………………………………………..…...14 2.1 ESPACIO PÚBLICO: DEFINICIÓN, DIMENSIONES Y PROBLEMÁTICAS….14 2.2 TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO: MOVILIDAD ESPACIAL Y PREEMINENCIA DE LO PRIVADO………………………………………………20 2.3 ¿DÓNDE ENTRA A TALLAR LA SEGURIDAD CIUDADANA?........................27 2.4 PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, SEGREGACIÓN RESIDENCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD……………………………………..………………...34 2.5 CIUDADES MÁS SEGURAS: ALGUNAS PROPUESTAS RELACIONADAS CON EL ESPACIO PÚBLICO……………………………………………………..41 CAPÍTULO III…………………………………………………………………………….53 BARRIOS ENREJADOS: NUEVA GEOGRAFÍA DE LAS CALLES EN LIMA….53 3.1 ENCLAVES RESIDENCIALES EN CIUDADES FRAGMENTADAS…………..53 3.2 FORTIFICACIÓN EX POST: LOS BARRIOS ENREJADOS DE LIMA………..62 3.3 NORMATIVIDAD VIGENTE EN TORNO A LOS BARRIOS ENREJADOS…..73 V    CAPÍTULO IV…………………………………………………………………………….80 ATE Y LA MOLINA: REJAS QUE DIVIDEN, CONFLICTOS QUE SURGEN……80 4.1 SOBRE LA ZONA INVESTIGADA………………………..…………………….…80 4.1.1 Ate…………………………………………………………………………...…80 4.1.2 La Molina……………………………………………………………….……..82 4.1.3 Caso de estudio: el conflictivo límite entre Ate y La Molina………..……84 4.2 ESPACIO CONSTRUIDO, PRÁCTICAS COTIDIANAS Y PERCEPCIONES………….106 4.2.1 Espacio construido: rejas y otros elementos físicos de seguridad........107 4.2.2 Prácticas cotidianas: flujos de personas y vehículos en las calles……125 4.2.3 Percepciones: entre el miedo al delito y la diferenciación social……...133 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES………………………………………………..160 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...168 LISTA DE FIGURAS Figura 1 Elementos presentes en la ocurrencia de un delito……………..….47 Figura 2 Ejemplo de un análisis de la calle que incorpora los conceptos de CPTED………………………………………………………………..…49 Figura 3 Mapa de Lima Metropolitana………………………………………….84 Figura 4 Urbanizaciones de Ate y La Molina a investigar…………………….86 Figura 5 Vista satelital del área estudiada……………….……………………..85 Figura 6 Enrejado en urbanizaciones cercanas y zona a investigar…….…101 Figura 7 La Molina: Flujo de personas………………………………………...126 Figura 8 Ate: Flujo de personas……………………………….……………….130 LISTA DE FOTOGRAFÍAS Fotografía 1 Muro de concreto en calle Barcelona (urbanización Mayorazgo, Ate)…………………………………………………….………………….3 Fotografía 2 La ‘malla de la discordia’…………………………………..………….88 Fotografía 3 Calle Bucaramanga con reja batiente al ingreso y sardinel…….....97 Fotografía 4 Calle Bucaramanga: sardinel y reja a medio instalar……………....97 Fotografía 5 Reja en mal estado al final de la calle Bucaramanga…………..….98 Fotografía 6 Sketch cómico Las pitucas de La Molina del programa cómico El especial del humor……………………………………………..………98 Fotografía 7 San Juan: una de las puertas cerradas al peatón……………..….109 Fotografía 8 Bucaramanga: reja abierta a peatón y cerrada para vehículos (La Molina)…………………………………………….…………………...110 Fotografía 9 San Juan: reja cerrada al tránsito vehicular y abierta a peatones (hacia calle Bucaramanga)………………………………..…………110 Fotografía 10 San Juan: reja cerrada al tránsito vehicular y abierta a peatones (hacia av. Melgarejo)……………………………………………..…..111 Fotografía 11 Bucaramanga: sardinel y reja a la mitad en ingreso a Ate……....111 Fotografía 12 Managua: reja abierta a peatón y vehículos con personas de vigilancia……….……………………………………………………...112 VI    Fotografía 13 El Salvador: pluma levadiza……………………………….………...112 Fotografía 14 Parque (La Molina)………………………………….………………..113 Fotografía 15 Ingreso a Ate: Asociación de Vivienda San Francisco de Asís y Urbanización El Banco de Javier Prado…………………………....117 Fotografía 16 Reja perimétrica hacia la explanada del Estadio Monumental…………………………………………………………....117 Fotografía 17 Puerta para peatones con salida hacia la explanada……..…..….119 Fotografía 18 Parque (Ate)………………………………………………….…….....119 Fotografía 19 Terrenos sin construir………………………………………………..120 Fotografía 20 Viviendas de material rústico…………………………………….….120 Fotografía 21 Portón con salida hacia Paraje Puruchuca………………………..122 Fotografía 22 Asentamiento Humano Paraje Puruchuca, manzana A………....122 Fotografía 23 Asentamiento Humano Paraje Puruchuca, manzana B………….123 LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1 Elementos de seguridad en las calles……………………………..…72 Gráfico 2 La Molina: peatones según género……………………………….…127 Gráfico 3 La Molina: peatones según edades………………………………....128 Gráfico 4 La Molina: peatones según actividades………………………….…128 Gráfico 5 La Molina: flujo vehicular…………………………………………......129 Gráfico 6 Ate: peatones según género………………………………………....131 Gráfico 7 Ate: peatones según edades………………………………………...131 Gráfico 8 Ate: peatones según actividades……………………………………132 Gráfico 9 Ate: flujo vehicular……………………………………………………..132 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Diferencias entre espacios privados, semiprivados, semipúblicos y públicos……………………………………………………..……….…..17 Tabla 2 Tipología de enclaves residenciales en las metrópolis latinoamericanas…………………………………………………..……58 Tabla 3 Diferencias y similitudes entre condominios y barrios enrejados………………………………………………………….…….64 Tabla 4 Opiniones sobre restricciones de acceso a los espacios públicos 2010 – 2012 y por zonas………………………………………..……..68 Tabla 5 Rejas en 18 distritos de Lima Metropolitana al 2010……….………71 Tabla 6 Residentes entrevistados según sexo y edad……………………….90 Tabla 7 Análisis de opiniones sobre colocación de malla en calle Bucaramanga en el 2005……………………………………….……..93 Tabla 8 Elementos de seguridad instalados en las calles de La Molina…...99 Tabla 9 Elementos de seguridad instalados en las calles de Ate……………………………………………………………………....100 Tabla 10 Análisis de opiniones sobre el Estadio Monumental……………...104 Tabla 11 Estado de rejas (La Molina)………………………………………….109 Tabla 12 Estado de rejas (Ate)…………………………………………….…...116 Tabla 13 Victimización vs. Percepción de inseguridad ciudadana………....137 Tabla 14 Análisis de opiniones sobre percepción de inseguridad en zona de residencia……………………………………………………………...141 VII    Tabla 15 Análisis de opiniones en torno al enrejado…………………….…..145 Tabla 16 ¿Qué contribuye a que un lugar sea percibido como más seguro?..........................................................................................147 Tabla 17 Análisis de opiniones sobre la importancia de la presencia de gente en las calles…………………………………………………….……...149 Tabla 18 Análisis de opiniones sobre integración entre vecinos……….…..151 Tabla 19 Análisis de opiniones sobre discriminación / diferenciación social en torno a las rejas…………………………………………………...…..156 Tabla 20 Análisis de opiniones sobre posibilidades de encuentro entre vecinos de Ate y La Molina…………………………………………..158 VIII    RESUMEN EJECUTIVO La inseguridad en la ciudad tiene repercusiones en el espacio urbano que se evidencian en fenómenos como el de la privatización de la calle, consistente en la apropiación de este espacio público por parte de un grupo de personas como si fuera una extensión del espacio privado o vivienda. Una expresión de ello es el enrejado de calles que en la actualidad se puede observar en varios distritos de Lima Metropolitana, entre los que destacan Ate y La Molina. En la presente investigación y a través del estudio de urbanizaciones colindantes en estos dos distritos se busca indagar sobre la relación entre seguridad ciudadana y privatización de la calle, como una manera de interrogarnos respecto a los efectos del problema social de la inseguridad sobre la vida urbana. Las barreras físicas; vale decir, rejas, muros, entre otros elementos que se instalan en las vías públicas bajo el argumento de la seguridad también pueden convertirse en barreras sociales que van fragmentando la ciudad. En el trabajo de campo realizado se pudo comprobar que, pese a que los residentes de uno u otro distrito admiten que no se conocen, se forman una serie de estereotipos en base al nivel socioeconómico que se asume tienen los residentes o debido a las características de las viviendas. Es así que más se teme al otro por desconocido que por “peligroso”, lo que da una señal de alerta respecto a las dificultades para integrarse en una ciudad que se va enrejando poco a poco debido no solo al temor al delito, sino también a las diferencias sociales. IX    INTRODUCCIÓN La seguridad constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la metrópoli limeña. No es necesario haber experimentado un asalto para sentir temor a la calle, lugar donde suele ocurrir el delito, pues el solo hecho de sentirnos indefensos modifica la forma en que nos apropiamos de este espacio público. La presente investigación busca analizar cómo la percepción de inseguridad ciudadana influye sobre los usos (apropiación) de la calle en zonas residenciales de la ciudad, para lo cual se decidió estudiar el caso de urbanizaciones de los distritos de Ate y La Molina que se caracterizan por haber enrejado sus linderos. La calle, como espacio público, es por definición un lugar abierto y de acceso libre a todos los habitantes de una ciudad, hecho que es amparado por la Constitución Política del Perú. Sin embargo, en Lima se observa cómo grupos de personas deciden la colocación de rejas u otros elementos de seguridad en un espacio que debería ser compartido sin encontrar mayor resistencia por parte de la autoridad municipal. En el transcurso de esta investigación se le denominará privatización de la calle a la manera en que un grupo de residentes decide sobre ella como si fuera la prolongación de un espacio privado al que solo ellos tienen acceso. La privatización de la calle, a través del enrejado en zonas residenciales, no es una intervención urbana reciente, pero en los últimos años se ha extendido a X    diferentes distritos de Lima, muchos de las cuales, incluso, se caracterizan por la gran cantidad de rejas en sus calles. Si bien se han realizado investigaciones sobre barrios cerrados y segregación residencial en diferentes países con el objetivo de indagar sobre el repliegue de los habitantes hacia espacios privados, el enrejado de calles es aún un tema poco estudiado en el Perú, por lo que este trabajo de investigación pretende ser un aporte que permita explorar los efectos que la percepción de inseguridad tiene sobre el espacio urbano, en general, y los usos de la calle como espacio público, en particular. Los espacios públicos son lugares de encuentro por excelencia, donde nos topamos probablemente con personas diferentes a nosotros, base primordial de una sana convivencia en la ciudad, pero hoy estos espacios son también lugares de temor, pues al estar abiertos a todo tipo de público surge la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en un contexto de inseguridad. Los medios de comunicación dan cuenta a diario de delitos que tienen como escenario la calle. Ello, sumado a experiencias personales vinculadas al delito o a historias contadas por individuos cercanos, generan un imaginario de la calle como lugar peligroso, pero, al mismo tiempo, como un espacio que debe ser defendido, pues es ahí donde se encuentran las viviendas y en su interior transcurre la vida familiar. Los barrios enrejados, en donde se restringe –o al menos dificulta– el ingreso de personas ajenas a la zona residencial son un ejemplo de los mecanismos de defensa que surgen con el propósito de generar un ambiente más seguro, al menos en apariencia. XI    ¿A qué se le teme? El encuentro con el “extraño” en la ciudad puede resultar problemático, más aún en zonas residenciales que actúan a manera de condominios; es decir, aunque no lo sean, en la práctica se convierten en lugares cerrados, a los que tienen acceso solo residentes o un número restringido de personas y de los que son excluidos quienes pueden representar potenciales peligros. Este “temor” hacia el otro en la ciudad puede contribuir a que la percepción de inseguridad aumente, lo que dificulta la convivencia. En el surgimiento de estos temores no necesariamente priman los encuentros reales, sino estereotipos que se puedan forjar respecto a personas de nivel socioeconómico diferente que, en la ciudad de Lima, pueden vivir uno al lado del otro. La ciudad se va fraccionando al legitimarse intervenciones urbanas bajo el argumento de la seguridad, que fomentan la exclusión social de ciertos grupos. Los distritos de Ate y La Molina son, según ASPEC (2010), las dos jurisdicciones con el mayor número de rejas en todo Lima y en el 2005 fueron protagonistas de una de las disputas más recordadas entre vecindarios originada por la llamada ‘Malla o reja de la discordia’ que se colocó en el límite y significó, para algunos, una discriminación por parte de La Molina hacia sus vecinos de Ate. Por estos motivos, se eligió como caso de estudio las rejas que separan urbanizaciones en estos distritos. Específicamente, se estudiaron las urbanizaciones que tuvieron que ver en el incidente que fue parodiado durante varios años por un programa cómico: Santa Patricia I, en La Molina; y la Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, Urbanización El Banco de Javier Prado, y Asentamiento Humano Paraje Puruchuca, en Ate. Además, la zona a XII    investigar se encuentra a pocos metros del Estadio Monumental del equipo de fútbol profesional Universitario de Deportes, en cuyas instalaciones se juegan partidos del campeonato nacional que en varias ocasiones han generado en los alrededores actos de vandalismo protagonizados por barristas. El trabajo de campo consistió en una primera fase de exploración y reconocimiento de la zona cercana al caso de estudio para poder ubicarlo objetivamente dentro de su entorno. Luego, se procedió a un trabajo de observación semiestructurada y participante a través de fichas que tuvo por finalidad conocer el espacio construido y las prácticas cotidianas que se producen al interior del área investigada. Finalmente, a través de entrevistas a profundidad, se indagó sobre los efectos sociales del enrejado y en torno a la identificación del “otro”, en este caso, el vecino del distrito colindante, en un contexto de inseguridad ciudadana. Las entrevistas a vecinos de las zonas seleccionadas de Ate y La Molina tuvieron por finalidad analizar las percepciones en torno a la seguridad ciudadana y la apropiación de la calle, así como reconstruir lo ocurrido en el 2005 para plantear algunas reflexiones sobre los motivos que propiciarían el enrejado y repliegue de las actividades hacia ámbitos menos públicos. El presente trabajo consta de cuatro capítulos, el primero de los cuales plantea la justificación y relevancia, aspectos a observar y objetivos de la investigación, así como la hipótesis y metodología utilizada. El segundo capítulo presenta el marco conceptual bajo el cual se analizó la información hallada en el trabajo de campo, tanto lo referido al espacio público, como a seguridad XIII    ciudadana. El tercer capítulo ingresa de lleno al tema del enrejado de calles como intervención en la ciudad de Lima, del cual se tiene poco registro. El cuarto capítulo está dedicado al análisis de lo hallado en el trabajo de campo en los distritos de Ate y La Molina, respectivamente. Finalmente, se plantean las conclusiones a las que se llegaron tras el caso de estudio y reflexiones sobre los problemas colaterales que la inseguridad ciudadana genera en el espacio urbano, los cuales representan un reto tanto para ciudadanos como para la gestión de las autoridades.                         1    CAPÍTULO I DEMANDAS DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: LOS CERRAMIENTOS COMO RESPUESTA CIUDADANA - Alquilo departamento en segundo piso, acabados de primera. Callao. Dos dormitorios, dos baños (…) También cabe señalar que el condominio solo permite el ingreso a residentes. - Excelente proyecto residencial Salamanca II. Recaudadores de Monterrico. Zona tipo condominio cerrado, vigilancia 24 horas. - Alquilo habitación para señoritas que trabajen o estudien. Zona segura. Condominio cerrado. Cerca a comisaría. (Oookly Bienes Raíces) 1.1 INTERÉS POR ESTUDIAR LAS URBANIZACIONES “CERRADAS” Cuando hacemos mención a las zonas residenciales cerradas, la primera imagen que se nos viene a la mente es la de condominios de todas las categorías sociales cercados por muros o rejas. Este tipo de vecindarios, que podríamos denominar defensivos por ser experiencias amparadas en la demanda social de seguridad (Méndez 2004: 1), constituyen un estilo de vivir bastante común en muchas ciudades del mundo de hoy inmersas en lo que Beck llamó sociedad del riesgo, en las que el miedo condiciona la vida y la seguridad desplaza a la libertad en la escala de valores (2008: 25-26). En el caso de Lima, son evidentes las áreas residenciales fortificadas y vigiladas que en un inicio fueron la respuesta a la amenaza terrorista (Armijos 2009: 3), pero continúan hasta la fecha no solo a manera de condominio, sino también bajo el modelo del enrejado de calles. 2    Este tipo de urbanizaciones se encuentran en distintas zonas de la ciudad como una oferta de vivienda que privilegia el hecho de residir en un espacio en el que el acceso de personas es restringido, lo cual reduce –al menos a manera de expectativa– las posibilidades de ser víctima de algún delito. Si bien los enclaves residenciales dirigidos al sector de mayores recursos ofrecen exclusividad y estatus; por lo general, para todos los casos de urbanizaciones de este tipo cualquiera sea el nivel socioeconómico, el factor de seguridad es vital. Basta con leer la sección de venta/alquiler de casas, departamentos o habitaciones para darnos cuenta que la ubicación en una zona segura es un aspecto importante a considerar, lo que ya nos habla de una demanda creciente de espacios que ofrezcan condiciones mínimas para disminuir el temor a la delincuencia. Hay una relación directa entre seguridad y calidad de vida. La inseguridad ciudadana genera miedo en la sociedad que busca maneras de protegerse ante el delito, cuya violencia es conocida, ya sea porque es experimentada personalmente, es contada por terceros o es difundida por los medios de comunicación. Esta problemática tiene consecuencias en la vida social, en diferentes ámbitos: desde la vida cotidiana al tener que variarse rutinas y adoptarse estrategias para reducir el riesgo hasta la acción del Estado, que con las medidas que adopte (o no) para enfrentar el problema repercutirá en la sociedad sobre la cual tiene competencia. 3    También tiene efectos sobre el espacio urbano. Un ejemplo de ello es la modificación en el uso o privatización del espacio público en la ciudad. Una de las reacciones es fortificar de diferentes maneras la zona en la que se reside para así reducir, al menos, la percepción de inseguridad. Los mecanismos utilizados para esta fortificación varían. Por un lado, se encuentran los condominios cerrados, diseñados y ofrecidos bajo esta estructura, y, por el otro, urbanizaciones que van cerrándose hacia el exterior progresivamente a través de la colocación de elementos físicos, como rejas e, incluso, muros, que restringen o bloquean los accesos a las calles de la urbanización (ver fotografía 1). Fotografía 1 Muro de concreto en calle Barcelona (urbanización Mayorazgo, Ate) Fuente propia (04/10/12). La calle Barcelona se encuentra cerca de la ruta de acceso al Estadio Monumental, zona por donde pasan barristas cuando se desarrollan eventos deportivos en dicho recinto. 4    La geografía de la ciudad va variando, siendo la seguridad un factor relevante para explicar sus modificaciones recientes, por lo que al abordar esta problemática social no solo hay que tener en cuenta la respuesta ante el delito, sino entender la magnitud de la problemática en la configuración de nuestro espacio urbano. Una ciudad en la que proliferan las rejas en las calles da la señal de una demanda de seguridad que va en aumento y no termina en el pedido de acción por parte de la autoridad, sino es activa en cuanto a crear formas de protección. Esto se hace más evidente cuando se conoce cómo es que se instalan las rejas en las calles. En la mayoría de ocasiones es por iniciativa de los propios vecinos que, organizados, recaudan el dinero y piden autorización municipal (a veces posterior) para resguardar el lugar en el que viven. Esta intervención en las calles de Lima nos cuestiona sobre lo que entendemos por espacio público, que se define como “lugar común” y, por ende, democrático, el cual debería ser de acceso libre a todos por igual. Sin embargo, la seguridad ciudadana entra a tallar y será considerada como prioritaria. Bru y Vicente señalan que si la ciudad genera inseguridad y, especialmente, los espacios públicos que son lo más cívico de ella, la opción de los ciudadanos pasa por prescindir de todo aquello que necesite de lo colectivo y público. Tenemos, entonces, a parques que son desplazados por jardines privados; plazas por centros comerciales o clubes; calles por corredores en galerías o vías; policías por guardias privados de seguridad; 5    barrios por urbanizaciones cerradas. Lo público queda como residual, no deseado y al servicio de quien no tiene otra alternativa (2005: 20). Al reducirse el uso de los espacios públicos las posibilidades de encuentro con la diferencia disminuyen y la posibilidad de que se generen conflictos al compartir un mismo espacio personas, por ejemplo, de diferente condición socioeconómica aumentan. Los espacios cerrados no necesitan expresar mayor relación con la trama urbana y no están expuestos a encuentros plurisociales, evitados en principio en nombre de la seguridad (Vega Centeno 2006: 3). Lo contrario sucede en espacios públicos de los cuales hoy se rehúye. Como señala el geógrafo urbano Luis Felipe Cabrales: El interés por analizar la ciudad cerrada tiene el sentido de hacer visibles nuevos procesos de segregación social, fragmentación espacial, incremento de las distancias sociales y evidenciar el reforzamiento de modelos que favorecen el repliegue de espacios públicos y entronizan las soluciones privadas al intentar resolver asuntos públicos. En el mundo actual y especialmente en Latinoamérica se percibe cada vez más la negativa e incapacidad del Estado para garantizar derechos que en un sistema democrático se considerarían irrenunciables; por ejemplo, la seguridad ciudadana o la dotación de espacios públicos. (Cabrales 2005: 185) 6    Las rejas, muros y cualquier otro tipo de tecnología de vigilancia que se instale en la calle nos cuestiona también sobre a quién se coloca tras esa barrera y por qué. Sin ahondar demasiado en su magnitud, se puede señalar que en Lima existe un problema de seguridad real que se debe atender con urgencia y que es considerado un argumento lo suficientemente sólido como para colocar tras una reja a otros ciudadanos con la finalidad de reducir el riesgo del delito. Así se van ir formando zonas relativamente homogéneas en donde la diversidad social se va evitando por descarte. En el transcurso de la investigación se indagará sobre si en ese proceso de privatización de la calle existe también una intencionalidad de segregar socioespacialmente a través de barreras físicas, como las rejas, lo cual permitirá acercarnos a los nuevos fraccionamientos que van ocurriendo en la ciudad. 1.2 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS Hay tres aspectos que se han considerado para analizar la influencia de la percepción de inseguridad ciudadana en la apropiación de la calle: el espacio construido, las prácticas cotidianas en el espacio residencial y las percepciones de los habitantes. La ciudad va construyéndose gracias a la acción de una serie de actores que tienen determinado interés por obtener y producir un ambiente con determinada forma (Méndez 2004: 4). Existe consenso general en que si el espacio urbano y sus características ambientales son planificadas, diseñadas y manejadas apropiadamente, ciertos tipos de delito y la percepción de temor pueden ser reducidos, elevando la calidad de vida de la comunidad (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 2009: 12). Es por ese motivo que 7    se considera importante analizar qué es lo que el espacio construido expresa y cómo este puede ayudar o no a que el ambiente sea percibido como más seguro. De otro lado, el análisis de las prácticas cotidianas de los ciudadanos en un espacio público, como es la calle en una zona residencial, permitirá un acercamiento a la relación que se genera entre este y el espacio construido, a la apropiación de la calle por parte del actor, que puede promover mayores o menores condiciones y percepción de seguridad. El uso continuo de un espacio público hace del mismo un lugar más seguro, pues los transeúntes o actores que permanecen en el lugar se convierten en vigilantes naturales. Tal como se propone en el enfoque de CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design) o Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental, el espacio público como lugar de encuentro en las ciudades debe ser objeto de políticas preventivas dirigidas a disminuir las oportunidades de que un individuo cometa un delito o un acto de violencia a través de una correcta disposición de los elementos del ambiente, tales como la iluminación o el mobiliario, que fomenten la permanencia de los individuos en el espacio público. El espacio público no es un ente vacío, sino que va adquiriendo significaciones a través del uso que hace el hombre del mismo. El diseño del espacio puede facilitar o limitar el ejercicio de la vigilancia natural dependiendo, 8    por ejemplo, de la amplitud y profundidad de los campos visuales que genera y de cuán atractivo es el espacio para las personas (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 2009: 13). Incluso, aquellos que están de paso pueden convertirse en vigilantes naturales. Los lugares en los que la circulación peatonal es mínima se convierten en espacios desolados proclives a ser escenarios de delitos. Si observamos el espacio y las prácticas que surgen en él se podrán apreciar aspectos que contribuyen a incrementar la percepción de inseguridad. La sensación de que estamos en una ciudad cada vez más insegura puede estar influenciada por múltiples factores que no coinciden necesariamente con lo que las cifras objetivas señalan; no obstante, modifican conductas. Percepción es la impresión subjetiva que tenemos de algún hecho y si consideramos que vivimos en una ciudad en la que podemos ser víctimas en cualquier momento de un delito, entonces existirá una percepción elevada de inseguridad, aunque nada –afortunadamente– nos haya pasado. Conocer las percepciones es relevante en la medida que, a raíz de ellas, surgen las demandas de seguridad y las múltiples respuestas ciudadanas ante el problema, como el enrejado de calles. Además, en la ciudad nos topamos con personas diversas, a quienes vamos percibiendo de distintas maneras y sobre las cuales nos vamos a generar, muchas veces, estereotipos. En ocasiones, no es necesario que se produzcan esos encuentros para que nos formemos ideas sobre habitantes de 9    determinadas zonas, a quienes se les atribuyen ciertas características que se pueden considerar de riesgo para la seguridad. Las percepciones son importantes porque nos van a dar un panorama de la configuración de los imaginarios de la ciudad y qué criterios priman a la hora de decidir la fortificación de determinada urbanización. ¿Quiénes queremos que sean nuestros vecinos y quiénes no? Esta puede ser una pregunta que desentrañe, incluso, la discriminación social hacia un grupo de habitantes de la ciudad y que puede estar oculta tras el manto de la seguridad ciudadana. 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1.3.1 Objetivo general: Analizar la relación entre usos (apropiación) de la calle y seguridad ciudadana en zonas residenciales de Lima. 1.3.2 Objetivos específicos:  Explicar cómo se producen los enrejados de calles como intervención en la ciudad.  Identificar y analizar los efectos sociales generados por el enrejado de calles para residentes y no residentes.  Identificar imaginarios de la calle de los residentes: cómo se construye la identificación del otro/extraño. 10    1.4 HIPÓTESIS El enrejado de urbanizaciones residenciales es considerado una medida legítima bajo el argumento de la seguridad ciudadana. Sin embargo, la expansión de esta intervención urbana, sustentada en la privatización de la calle, incrementaría la fragmentación social en la ciudad al identificar al “otro” en base a estereotipos antes que a encuentros reales. 1.5 METODOLOGÍA 1.5.1 Revisión de información secundaria Para la elaboración del marco teórico que ayudó a sustentar el análisis del estudio de caso se revisaron obras, publicaciones, artículos y tesis que han desarrollado conceptualmente los siguientes temas: espacios públicos, privatización de la calle, seguridad ciudadana, segregación residencial y otros temas vinculados. Además, se solicitó información a las municipalidades de Ate y La Molina sobre las medidas de seguridad instaladas en sus calles y se recopiló información sobre rejas en Lima de trabajos realizados al respecto. 1.5.2 Exploración y reconocimiento de la zona Tomando como referencia la tesis de maestría de Lucía Burneo (2004) sobre construcción de ciudadanía mediante el uso cotidiano del espacio público, se consideró apropiado iniciar la investigación con un periodo de exploración y reconocimiento de la 11    zona de influencia al área de investigación: Urbanización Covima y Santa Patricia (desde la avenida Flora Tristán hasta la avenida Melgarejo), en La Molina, y Mayorazgo, en Ate. Esta fase sirvió para graficar en un plano las calles enrejadas y otros elementos vinculados con la seguridad (muros de concreto, mallas, etc.) en la zona cercana al caso de estudio con el objetivo de ubicarlo de una manera más objetiva dentro de su entorno. Se utilizó un cuaderno de campo para anotar las principales características del espacio. Para esta primera fase se realizaron dos visitas los días 3 y 4 de octubre del 2012 con la ayuda de un plano de calles y una cámara fotográfica para el registro de algunos aspectos de interés. 1.5.3 Observación semiestructurada En vista de que la presente investigación busca analizar los usos de la calle en zonas residenciales de la ciudad en un contexto de inseguridad se consideró apropiado incluir la técnica de la observación dentro de la metodología por permitir al investigador ser testigo de los comportamientos sociales de individuos o grupos en los propios lugares de sus actividades o residencias. Se efectuó una observación semiestructurada y participante en la zona objeto de estudio: urbanización Santa Patricia I, en La 12    Molina; y Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, Asentamiento Humano Paraje Puruchuca y Urbanización El Banco de Javier Prado, en Ate. A través de fichas de observación, se consignaron datos sobre el flujo de personas y vehículos en la zona investigada, así como elementos vinculados a la seguridad en las calles, tales como rejas u otros elementos de seguridad. Además, la observación fue participante, pues se recorrió la zona como transeúnte, mientras se iban tomando notas en el diario de campo para describirla mejor. Se realizaron tres visitas de campo los días 12, 14 y 15 de noviembre del 2012, de 10:00 a.m. a 09:00 p.m., con el apoyo de guías de observación en las que se registraron los datos recogidos en las 23 manzanas de la zona investigada de Ate y en las 10 del área de La Molina. 1.5.4 Entrevistas a profundidad A través de entrevistas a profundidad se indagó sobre el proceso de enrejado de calles en la zona de estudio, sus efectos sociales tanto para residentes como no residentes (“dentro” y “fuera” de la reja) y cómo construyen los vecinos la identificación del “otro”, en este caso, aquel que vive en el distrito colindante, en un contexto de inseguridad ciudadana. 13    Se realizaron entrevistas a profundidad a doce vecinos de la Urbanización Santa Patricia I, en La Molina; y Asociación San Francisco de Asís, Urbanización El Banco de Javier Prado y Asentamiento Humano Paraje Puruchuca, en Ate, respectivamente. Los nombres de los entrevistados permanecerán en reserva (solo se colocará el género, la edad y el distrito al que pertenecen), en vista de que se trata de un tema vinculado a la seguridad e identificarlos podría colocarlos en riesgo. El anonimato se conversó previamente con los entrevistados, quienes accedieron a dialogar bajo esa premisa. Se utilizará el análisis del discurso, contrastando lo recabado en el trabajo cualitativo con lo que la teoría y otras investigaciones señalan, para así poder dar algunas conclusiones sobre el caso de estudio.               14    CAPÍTULO II ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA: ALGUNOS APUNTES CONCEPTUALES El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio “especializado”, al que se ha de ir como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que sean espacios públicos ciudadanos. (Borja y Muxí 2000: 7) 2.1 ESPACIO PÚBLICO: DEFINICIÓN, DIMENSIONES Y PROBLEMÁTICAS Para los griegos era el ágora, plaza pública donde los hombres discutían sobre los asuntos de la comunidad. Se era plenamente ciudadano en la medida que uno participaba en los asuntos públicos, cuando el hombre se convertía en animal político, como señalaba Aristóteles. Lo público y, por ende, el espacio público, cumplían las siguientes características: común, visible y abierto (Gonzales 2008: 73-74). El concepto de lo público de los griegos fue institucionalizado posteriormente por el derecho romano. “La res pública representa la propiedad universalmente accesible al populus (…) Utilidad común, ley común y accesibilidad general se vinculan en esta caracterización de la res pública”, precisa Rabotnikof (1997: 24). Las historias de las ciudades se pueden comprender a través de sus espacios públicos, de lo ocurrido en sus plazas (Borja y Muxí 2000: 7). Dónde más que en la calle se pueden haber llevado a cabo manifestaciones masivas 15    en defensa de los derechos o haber cobrado vida expresiones de la cultura popular. Cuando hablamos de espacio público nos referimos principalmente a la relación que existe entre el espacio físico de libre acceso y las personas, a cómo los individuos hacen uso del espacio, a cómo se apropian de él, según el enfoque propuesto por Remy y Voyé. Se define como apropiación a la forma en que la población hace suyo un espacio, imprimiéndole su sello vital. Se entenderá por espacio público a todo espacio accesible, sin importar el momento o el tipo de persona, sin discriminación alguna de actividades, las cuales no necesariamente son determinadas explícitamente, a condición que ellas sigan un reglamento de uso establecido por la autoridad pública (Remy y Voyé 1981: 92-93). La apropiación cualifica al espacio colectivo y le otorga su condición de espacio público (Takano y Tokeshi 2007: 18). Esta es orientada por la iniciativa humana con la finalidad de cumplir necesidades sociales, como planteaba Henri Lefebvre, las cuales no se agotan en el consumo como parecen plantear algunas propuestas actuales de diseño urbano (Vega Centeno 2006: 5). El espacio público se confunde con las áreas verdes, los equipamientos o el sistema de viabilidad, pero es lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad (Borja 2003: 21). Es por ese motivo que no solo hacen falta las proyecciones arquitectónicas y urbanísticas para realizar buenos espacios públicos, agradables y útiles, ya que estos no están hechos solo de piedras y materiales inanimados, sino encuentran significado en relación con los actores sociales (Mazza 2009: 11). 16    Borja, citando a Aristóteles, precisaba que no existe ciudad si la población se asemeja mucho (2003: 120). En el mismo sentido, se puede señalar que no existe espacio público si no hay diversidad de personas y usos. El concepto de espacio público supone un dominio público, uso social, colectivo y multifuncionalidad (2003: 124). La accesibilidad del espacio público es el núcleo que permite evaluar el nivel de democracia de una sociedad (Delgado 2007: 196), pues es ahí donde se puede apreciar qué tanto podemos compartir un mismo espacio personas diferentes y desconocidas, pero que forman parte de una misma sociedad. Al ser un bien público pertenece a todos los ciudadanos y a ninguno a la vez, por lo que nadie puede atribuirse su posesión (Vega Centeno 2006: 5) y, al ser de acceso libre, fomenta el encuentro y el contacto plurisocial, lo cual es vital para la convivencia en ciudades tan heterogéneas como Lima, pero también ahí radica su profunda complejidad, pues en el espacio público nos enfrentamos a la “otredad”. Es el espacio de la representación, pero también del conflicto (Borja 2003: 29), así que este debe ser asumido como parte integral de su relevancia y no como un hecho negativo en sí mismo (Dammert 2004: 18). Gonzales plantea diferencias entre espacios privados, semiprivados, semipúblicos y públicos en base a la propiedad, accesibilidad, plurifuncionalidad, utilidad y tipo de relaciones (ver tabla 1). Los espacios públicos ofrecen accesibilidad total, diversas posibilidades de funciones y 17    usos, así como relaciones principalmente anónimas. Sin embargo, como se desarrollará más adelante, los espacios públicos pueden llegar a asumir algunas características de espacios privados o semiprivados al restringirse el ingreso o limitarse su funcionalidad por iniciativa de un grupo. Tabla 1 Diferencias entre espacios privados, semiprivados, semipúblicos y públicos CARACTERÍSTICAS Privados Semiprivados Semipúblicos Públicos Propiedad Privada Privada (generalmente un grupo de personas) Pública o privada Pública Accesibilidad Restringida. Solo los admitidos por los propietarios. Restringida a los miembros de un colectivo concreto (asociados, trabajadores). Puede estar limitada al pago de una entrada, aunque no siempre. Total, basada en la libertad de entrada y la gratuidad. Plurifuncionalidad Depende del espacio en concreto. Escasa, aunque no nula. Escasa, suelen ser espacios dedicados a una actividad concreta. Alta Utilidad Dotar al individuo de un espacio propio e íntimo. Dotar de espacio a un colectivo para que pueda llevar a cabo sus actividades. Dotar al ciudadano de una serie de servicios. Manifestación de la ciudadanía, visibilidad de los grupos desfavorecidos, entre otras. Tipo de relaciones Horizontales (familiares, amistosas). Horizontales Priman las anónimas y de servicio. A priori no suelen conocerse entre sí, priman las anónimas. Pero el uso continuado puede llevar a generar relaciones más cercanas. Ejemplos Hogar Asociaciones, clubes, oficinas, centros religiosos. Bares, locutorios, gimnasios, museos. Parques, plazas, calles. Fuente: GONZALES, Elisa (2008: 91). 18    El espacio público es, además, un lugar dinámico que no solo se puede identificar por sus características físicas; es decir, como porción de territorio, sino por lo que expresa a otros niveles. Takano y Tokeshi proponen cinco dimensiones del espacio público. La primera de ellas es la dimensión físico- territorial. El espacio público se caracteriza por ser visible y con marcado carácter de centralidad. Es fácilmente reconocible por un grupo de personas que le asignan un uso irrestricto y cotidiano y, en caso no lo utilicen de manera directa, se identifican con él como una parte de la ciudad que los podría acoger eventualmente. Este ámbito es el soporte para que todas las demás dimensiones puedan relacionarse de manera orgánica (2007: 17). La otra es la dimensión política, que se refiere al diálogo entre la administración pública, como propietaria jurídica del territorio y responsable del equipamiento y la gestión del espacio, y la ciudadanía que ejerce un uso real del mismo, otorgándole carácter de dominio público. Esta relación se puede dar de forma conflictiva, ya que ambos actores no participan en la ciudad con la misma intensidad. Pese a que la dinámica en cualquier espacio público de la ciudad depende directamente del nivel de apropiación de la gente, más que del equipamiento del espacio, el planificador; en este caso, el municipio, no puede dejar de cumplir su rol (2007: 18). La dimensión social tiene que ver con las relaciones de poder reflejadas en disputas por el control de los espacios que se producen ya sea por las características de los individuos o grupos que los utilizan o por la poca 19    compatibilidad entre las dinámicas. El espacio público es el escenario del anonimato, base de cualquier forma verdadera de integración social en el sentido que nos libera de justificar nuestro origen, condición social, idiosincrasia, etc. y nos establece como iguales el uno con el otro. Esa igualdad es sistemáticamente confrontada con las relaciones de poder que condicionan la posibilidad de su uso equitativo (2007: 19). La dimensión económica se ha desequilibrado en espacios públicos de ciudades como Lima, aludiendo al uso intensivo del espacio público como un espacio laboral de tiempo completo, más que un espacio del intercambio e intersección entre lugar y flujo, como la teoría lo suele caracterizar (2007: 20). Los vendedores ambulantes son un ejemplo de ello. Finalmente, la dimensión cultural se refiere al espacio público como espacio de historia, de identificación con el pasado de toda ciudad, que expresa identidades y orígenes comunes, pero también con el presente. A partir de dicha identidad con el pasado, el espacio público se convierte en espacio de relación social, de identificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural (2007: 20-21). Para el análisis del caso de estudio de la presente investigación se utilizarán las tres primeras dimensiones planteadas por estos autores en vista de que el enrejado de calles se produce en un espacio público que tiene una dimensión física y territorial, lo que en zonas residenciales se considera un 20    espacio “privatizable” por estar cercano a las viviendas; existe una dimensión política, en vista que en la gestión de la calle no solo tiene competencia la autoridad municipal, sino también –y con una fuerza importante– los ciudadanos, y, finalmente, una dimensión social, pues se van a producir conflictos cuando hay pugnas entre distintos grupos que comparten un mismo espacio respecto a qué hacer de él. 2.2 TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO: MOVILIDAD ESPACIAL Y PREEMINENCIA DE LO PRIVADO Si bien el concepto de espacio público como elemento vital para construir una relación de identidad con la ciudad no ha variado con el tiempo, sí lo ha hecho la importancia que se le brinda. En la ciudad tradicional, la calle solía ser el espacio principal de aprendizaje de los usos y costumbres de un colectivo. La vida cotidiana, cuya lógica era peatonal, discurría en el barrio, siendo excepcionales los trayectos fuera de este. El gran referente era el centro, que albergaba las principales instituciones administrativas, religiosas y políticas de la ciudad (Vega Centeno 2006: 8-10). Vega Centeno refiere que, en el caso de Lima, el espacio público se dispuso en el centro de la ciudad de manera jerárquica como una manera de reafirmar las diferencias sociales. Lima colonial dispuso guetos para indios y libertos en los barrios de Santiago y San Lázaro. La segregación residencial era evidente, pero esta exclusión social no impedía la convivencia de blancos, mestizos, indios y negros; por el contrario, los encuentros plurisociales por las 21    calles principales y la plaza mayor eran cotidianos, pero no se ponía en duda la posición social de uno u otro estamento social. La vida cotidiana era armónica en la medida que “cada quien sabía cuál era su lugar (en la sociedad)” (2006: 13-14). La ciudad occidental cambió sus dinámicas con la llegada de la modernidad. La transformación principal se debió al paso de una organización medieval a otra sustentada en una organización dinámica de clases, que aumentaba la posibilidad de ascender o descender de posición en la sociedad. En este contexto, la importancia que se le dio a la movilidad espacial en la vida cotidiana supuso un cambio significativo. Primero fueron las calesas y carretas tiradas por caballos, a mediados del siglo XIX; luego otros medios de transporte como el ferrocarril, los tranvías y finalmente, a inicios del siglo XX, el automóvil, que le dio aún más relevancia al movimiento y reafirmó las individualidades, pues otorgó a las personas la posibilidad de construir un itinerario y elegir su destino (2006: 16-18). La noción de espacio público de la antigua calle se desvanece con el movimiento al adquirir condiciones socialmente menos valoradas a raíz de la preeminencia que se le otorga a la movilidad. Vega Centeno incide en que la capacidad de desplazarnos se convierte así en una nueva forma de segregación social. Se hicieron necesarias las construcciones de vías de comunicación que unieran destinos que físicamente ya no se podían realizar a pie. Las veredas se separaron de las calzadas y la calle, uno de los elementos 22    urbanos indispensables en la formación de una ciudad, se dividió en espacios destinados a vehículos y a peatones. La calle fue perdiendo su calidad como espacio de socialización, encuentro y convivencia, transformándose hasta convertirse en vía de tránsito automovilístico o lugar de paso (Vega Centeno 2006: 17-19; Mazza 2009: 16). Sennett considera que la eliminación del espacio público viviente está relacionada con una idea aún más perversa: la de volver al espacio contingente para el movimiento; es decir, convertirlo en área de paso para trasladarse desde el automóvil o el bus hasta los edificios, perdiéndose el significado del espacio público como tal. Se produce, entonces, un aislamiento en dos sentidos: los habitantes o trabajadores de una estructura urbana densamente poblada se ven inhibidos para sentir cualquier relación con el medio en el cual se emplaza la estructura y, segundo, en la medida que uno puede aislarse en un automóvil particular deja de creer que el medio puede tener algún significado, salvo como una forma de lograr el objetivo del movimiento propio (1978: 21-24). El espacio público muerto –según Sennett– es una razón para que la gente busque en el terreno íntimo lo que se les ha negado en un plano ajeno (1978: 24-48). Este autor identifica una decadencia del espacio público urbano y un repliegue hacia la esfera íntima, doméstica, familiar, que afecta a los ciudadanos de las ciudades occidentales (Sennett citado por Mazza 2009: 28). Es así que, además de la movilidad, el espacio público va perdiendo terreno 23    por la importancia cada vez mayor que se le da al espacio privado. Son dos procesos que van de la mano. En 1975, Sennett ya señalaba que algo se extinguía en la vida urbana y no a causa del crecimiento de las ciudades, sino por la extinción de los elementos de la vida urbana a causa de los mitos de la comunidad purificada, aquella en la que el extraño sale sobrando (1975: 71). El gran cambio se produjo debido a que la familia ahora ocupa el lugar que antes tenían los encuentros sociales en la ciudad, de manera que se pierde el contacto con un sinnúmero de espacios públicos y se genera un repliegue hacia la vivienda, en donde trascurre la vida en familia. Mi pensamiento no se aclaró hasta que me convencí de que en las últimas décadas la familia se había apropiado de las funciones y contactos sociales que los hombres buscaron en otro tiempo en el amplio redondel de la ciudad. Esta apropiación por parte de la familia de “espacios” sociales considerados en otro tiempo inapropiados para el hogar alentó algo perverso en las relaciones públicas urbanas que los hombres han abandonado, y en la misma familia. Esta perversidad es una búsqueda de solidaridad y un temor a las experiencias que pudieran crear complejidad o desorden. (1975:73) Una de las características de la familia intensa de la que hablaba Sennett y que va ayudar al análisis del presente estudio se refiere a esta como microcosmo de todas las clases de interacción que existen en el mundo social en general. No hay nada realmente “importante” en las relaciones sociales que 24    no pueda ser experimentado dentro de los límites del hogar (1975: 80-81), por lo que este espacio es defendido por las personas ante los peligros que pudieran presentarse. Es por ese motivo que las personas que viven ahora en los suburbios –en la caso de Lima, llamémoslas zonas residenciales– valoran la situación de sus casas a causa de que estiman que con ello son posibles vínculos familiares más estrechos de los que tienen cabida en el centro de la ciudad (1975: 89). De esta manera, disminuye el valor que se le da al espacio público y aumenta la defensa de la vida al interior de las viviendas, donde habita la familia. La familia urbana de esta era opulenta ha contraído un poder para absorber actividades e intereses que en otros tiempos fueron desplegados en una variedad de marcos en la ciudad (…) Es de las ordenadas pautas de esta nueva intensidad de donde pueden surgir los males de una vida comunitaria purificada. Es la polarización de la intimidad la que permite el retraimiento de la participación activa en situaciones sociales desconocidas en la ciudad. (1975: 100). Vega Centeno refiere que los sectores sociales de medianos y altos recursos abandonan los espacios públicos y se dirigen a espacios de acceso restringido o de carácter privado, lo que haría pensar que la ciudad, como espacio del encuentro plurisocial y pluricultural, está cediendo su lugar a un escenario cotidiano organizado a través de espacios cerrados. La distancia social entre clases buscará afirmarse a través de la generación de distancias 25    espaciales, que paulatinamente producirán espacios de fuerte homogeneidad social interna, pero con marcada heterogeneidad externa (2006: 18-19). Esto nos cuestiona sobre las ciudades actuales y, sobre todo, aquellas habitadas por poblaciones altamente diversas. Tanto Bauman como Sennett hacen referencia a la civilidad como habilidad especial para la vida urbana. Sennett precisa que la civilidad es “la actividad que protege a las personas y que no obstante les permite disfrutar de su mutua compañía”. Esto es, usar una máscara, la cual permite una sociabilidad pura, ajena a las circunstancias del poder, el malestar y los sentimientos privados que todos llevan. El propósito de la civilidad es proteger a los demás de la carga de uno mismo (Sennett citado por Bauman 2000: 103) y viceversa. Esta civilidad, base de la convivencia en la ciudad, entendida como asentamiento humano en el cual los extraños tienden a encontrarse (Sennett 1987: 327), se habría ido perdiendo en la ciudad contemporánea por la desnaturalización de la fraternidad en la moderna experiencia comunitaria, que lleva a evitar el encuentro con los otros (Mazza 2009: 28). Bauman va un poco más allá y señala que la civilidad, antes de convertirse en un arte aprendido individualmente y practicado privadamente, debe ser una característica del entorno social. Este debe ser “civil” para que sus habitantes puedan aprender las difíciles destrezas de la civilidad. Refiere que para que un entorno urbano sea efectivamente “civil” debe ser hospitalario para la práctica individual de la civilidad. La ciudad debe proveer espacios para que la gente 26    pueda compartir como persona pública sin que se la inste, presione u obligue a quistarse la máscara (sin dejar de ser un extraño); debe presentarse a sus residentes como bien común que no puede ser reducido al conglomerado de propósitos individuales (2002: 104-105). Para Bauman en las ciudades contemporáneas hay muchos sitios que reciben el nombre de “espacios públicos”, pero que se apartan del modelo ideal de espacio civil porque, o bien no invitan a la permanencia debido a su forma, o porque están destinados a prestar servicios a los ciudadanos que se convierten en consumidores. No hay nada de colectivo en estos lugares. Son “lugares sin lugares”, encerrados en sí mismos, donde las diferencias están tamizadas con la garantía de no poseer ingredientes peligrosos y, por lo tanto, amenazantes (2002: 104-105). Si bien Bauman se refiere en este punto a los centros comerciales o shoppings, podemos trasladar la idea también a la calle y a la forma en la que esta va perdiendo importancia dentro de la ciudad, llegando a privatizarse, como más adelante se detallará, debido a situaciones que nos resultan atemorizantes, tales como la inseguridad y la delincuencia. 2.3 ¿DÓNDE ENTRA A TALLAR LA SEGURIDAD CIUDADANA? Podríamos decir que las fuentes del peligro se han trasladado al corazón mismo de la ciudad. Los amigos, los enemigos y, sobre todo, los extraños (esos seres esquivos y misteriosos que tan pronto pueden ser amigos como enemigos nuestros) se mezclan actualmente en las calles de la ciudad y las comparten codo a codo. (Bauman, 2006: 99) 27    Los orígenes de la ciudad como realidad y como concepto han estado marcados en gran medida por la necesidad de los grupos humanos de sentirse seguros y, para ello, se generó un espacio y unas estructuras sociales de poder que la satisficieran. Se estableció una relación “dentro-fuera”, con la muralla como límite real y metafórico, que hacía del espacio urbano un lugar de orden en comparación con el exterior. El espacio no se muestra neutro ante el fenómeno del miedo ni de la inseguridad en la ciudad, sino que forma parte de él (Bru y Vicente 2005: 15-16). La ciudad es el espacio donde el número de delitos parece ser mayor y para darnos cuenta de ello basta observar lo que los medios de comunicación informan a diario: noticias vinculadas al crimen y a la delincuencia que dan la impresión de vivir en una ciudad al constante acecho de la violencia. Esto, como es evidente, genera temor. Mientras emergen ciudades metropolizadas y globalizadas, aumenta en sentido contrario el miedo que reduce las libertades (Borja 2008: 26), esas libertades que fueron la promesa de la vida moderna. El miedo es siempre una experiencia individualmente vivida, socialmente construida y culturalmente compartida (Reguillo 2000). Tampoco es un fenómeno exclusivo de nuestra época, sino que, en cada momento histórico, los miedos ciudadanos reflejan la especificidad de la situación social y urbana (Borja 2003: 204). Por ejemplo, el miedo a un ataque terrorista que se podía sentir en Lima en la década de los noventa hoy ha sido desplazado por el 28    miedo al delito violento, como los robos con arma de fuego, secuestros, ataques de pandillas, violaciones sexuales, entre otros. Estos delitos suelen suceder en la calle, máxima expresión del espacio público abierto y de libre tránsito, que se convierte en lugar inseguro, ya que es a la vez de todos y de nadie. En Modernidad líquida, Zygmunt Bauman nos remite a la imagen de Heritage Park (Somerset West, Ciudad del Cabo), proyecto de ciudad ideado por el arquitecto británico George Hazeldon. La intención era crear un pueblo seguro y autónomo donde se pudiera trabajar, hacer compras y pasar el tiempo libremente en un ambiente de seguridad. Una versión actualizada de la ciudad medieval, protegida por gruesas murallas; una ciudad hecha a medida de individuos que desean controlar y monitorear su propia proximidad; una ciudad rodeada de cercos eléctricos de alto voltaje, vigilancia electrónica de los accesos, barreras y guardias armados (2002: 99). “Si uno puede comprarse una residencia en Heritage Park, pasará gran parte de su vida alejado de los riesgos y peligros del turbulento, poco hospitalario y aterrado mundo que empieza justo afuera de las puertas de la ciudad”, precisa Bauman (2002: 99). Utiliza este ejemplo de ciudad fortificada y carente de extraños y de diversidad para evidenciar que la seguridad es hoy un valor preciado y escaso que es demandado cada vez con mayor fuerza por el grueso de los ciudadanos. Quien pueda vivir en Heritage Park estará comprando su ingreso a una “comunidad” soñada, casi utópica, donde todos 29    son buenos vecinos y se siguen mejores reglas de cohabitación (2000: 100). Lo planteado por Bauman es lo que Sennett llamaba el deseo de vivir en una comunidad “purificada”, en la cual el elemento del riesgo y la presencia de otros indeseables queda eliminada (Sennett citado por Mazza 2009: 33). Un concepto de comunidad definida por sus límites estrechamente vigilados y no por sus contenidos; la defensa de la comunidad traducida a la contratación de guardianes armados para custodiar la entrada; los merodeadores y vagabundos promovidos al rango de enemigo públicos número uno; el recorte de las áreas públicas a los enclaves ‘defendibles’ de acceso selectivo; la separación y la no negociación de la vida en común y la criminalización de las diferencias residuales: estas con las principales dimensiones de la evolución actual de la vida urbana. (Bauman 2002: 102) Antes de continuar analizando la relación entre miedos e inseguridades urbanas y espacio público, es conveniente conceptualizar de qué hablamos cuando nos referimos a seguridad ciudadana. Se entiende por seguridad ciudadana a la protección de todas las personas contra el riesgo de sufrir un delito violento o de despojo, ya sean delitos contra la vida, la integridad y/o el patrimonio (PNUD 2009: 32). La seguridad ciudadana es necesaria para lograr una mejor calidad de vida en las ciudades, pues a menor temor de transitar en las calles, más confianza e identificación con el entorno. En el manual sobre espacios urbanos seguros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile se refieren a la relación entre seguridad y ciudadanía: El concepto de seguridad ciudadana remite a la tradición de la idea de ciudadanía, esto es, a la capacidad de los ciudadanos como agentes 30    activos y no como masa relativamente pasiva que únicamente demanda seguridad de una instancia superior. La seguridad ciudadana comparte los principios bajo los cuales los Estados democráticos deben ejercer la seguridad interior (seguridad pública), pero su diferencia deriva de los agentes involucrados: las personas que son titulares de deberes y derechos ciudadanos. (2009: 10) La inseguridad se puede medir y analizar a partir de tres instrumentos; uno de ellos es la percepción de inseguridad, que es la probabilidad de que ocurran hechos delictivos o el temor a ser víctima de estos. El segundo es la victimización; es decir, la ocurrencia real de hechos de violencia o despojo; y el tercero es la segurabilidad, término menos utilizado, pero que se refiere a la percepción que tienen los ciudadanos sobre los recursos institucionales de los que disponen para prevenir las amenazas a la seguridad y protegerse de estas. Se mide, por lo general, a través de sondeos de opinión sobre la confianza en el servicio policial y su calidad, así como la de los servicios de serenazgo (Costa y Romero 2010: 55). De todos ellos, la percepción de inseguridad es relevante, pues habla de lo que la población siente a raíz de diferentes estímulos. El hecho de que la percepción de inseguridad sea alta indica, en primer lugar e indiscutiblemente, que es un problema que requiere la atención de las instituciones encargadas; además de generar desconfianza hacia el prójimo, lo que dificulta aún más la convivencia pacífica y el disfrute de los espacios públicos en la ciudad (2010: 34-35). 31    No se puede negar la existencia de problemas de inseguridad en el mundo y en especial en las ciudades latinoamericanas durante los últimos 20 años. El fenómeno de la inseguridad ha adquirido importancia debido a que ha aumentado su magnitud y grado de violencia, ha producido impactos sociales y económicos y han aparecido nuevos tipos de violencia como la que ocurre en los estadios o en sus inmediaciones. Carrión precisa que el problema de la inseguridad ciudadana ha generado cambios en la lógica del urbanismo (ciudades blindadas, nuevas formas de segregación residencial); en los comportamientos de la población (miedo, angustia, desamparo); en la interacción social (reducción de ciudadanía, nuevas formas de socialización) y en la militarización de las ciudades (políticas de “mano dura”, ejército en las calles), a la par de que se ha ido reduciendo la calidad de vida de la población (2008: 112). Bauman, en su obra Vida líquida, afirma que en este mundo de constantes cambios solo nos queda influir en aquello que está a nuestro alcance: calcular o minimizar el riesgo de ser víctimas de los indefinibles peligros que el futuro incierto nos depara. Buscamos, de esta manera, posibles blancos para nuestros temores, basados en peligros reales o supuestos, presentes o previstos, pero que puedan constituirse en argumentos válidos que justifiquen nuestros miedos, aunque, a su vez, los refuercen (2006 93-94). En la ciudad contemporánea no se le teme a la naturaleza, sino a los otros. La diferencia inquieta, por eso el encuentro con “extraños” en la calle puede generar temor (Borja 2003: 203-208). Pueden no haber estado involucrados en hechos 32    delincuenciales, pero su presencia y el desconocimiento que se tiene de esos “nuevos vecinos” puede ser suficiente para responsabilizarlos de nuestros temores. Es precisamente en la ciudad, y con mayor probabilidad, en el espacio público donde se hace evidente el conflicto. Borja incide en que el espacio público no es hoy ni protector ni protegido, pues no ha sido pensado para dar seguridad, sino para cumplir ciertas funciones como la de circular o ser un espacio residual entre edificios y vías. Es por eso que acuña el término agorafobia urbana (temor al espacio público) como una enfermedad producida por la degradación o la desaparición de los espacios públicos integradores y protectores a la vez que abiertos para todos (2000: 23-25). Precisa que la seguridad es un derecho democrático fundamental que debe ser garantizado por la autoridad, sobre todo para los más débiles o vulnerables, pero las políticas para combatirla generan efectos perversos. Tienen un carácter clasista y racista porque “criminalizan” grupos y territorios como peligrosos y sospechosos colectivamente; mitifican a las políticas represivas, como la llamada “tolerancia cero”, y no comprenden las dimensiones urbanas de la inseguridad (2000: 57-58). El miedo a los otros del que se ha hablado conduce a la segregación y se combina con el afán de distinguirse y de protegerse estableciendo murallas. Este miedo lleva no a protegerse en la ciudad, sino de la ciudad, de acuerdo con Borja: 33    El urbanismo actual asume los miedos, los legitima y los aumenta. Hace de la segregación social una adaptación al mercado y vende este afán de separar y distinguir como derecho a protegerse. Los barrios cerrados, las urbanizaciones periféricas, las calles privatizadas, múltiples formas de «guetizar», tanto la ciudad compacta como la dispersa, se naturalizan como forma propia de la ciudad globalizada (Borja 2008: 26). Agrego a lo afirmado por Borja que no solo son las proyecciones urbanísticas las que legitiman la “arquitectura del miedo”, sino también los ciudadanos que consideran que cerrando sus espacios de residencia van a lograr mejorar sus índices de seguridad. Es decir, se trata de intervenciones en espacios públicos, como la calle, que son consideradas legítimas y, en muchas ocasiones, son apoyadas por la autoridad municipal que las considera como una contribución a la ciudad. En resumen y como señala Rodríguez, la inseguridad ciudadana se ha convertido en una fuerza importante para demandar y justificar la segregación de espacios y de grupos sociales, para estimular el control, la privatización y el encierro de las actividades cotidianas, llevando la vida individual y social hacia los interiores y promoviendo una visión del espacio público como territorio del caos (2005: 130). Borja es aún más controversial y precisa que hay que considerar la violencia urbana también en su dimensión de indicador democrático, en la medida que nos envía un conjunto de señales sobre colectivos sociales que pugnan por sobrevivir, por expresar que no aceptan la exclusión (2003: 207). 34    2.4 PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, SEGREGACIÓN RESIDENCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD Hasta el momento hemos visto la importancia que tiene el espacio público como componente fundamental para entender la ciudad y cómo ha ido cediendo su importancia ante un repliegue cada vez mayor de los habitantes de la ciudad hacia la esfera privada. La inseguridad ciudadana que aqueja a las ciudades latinoamericanas se ha convertido en un argumento que justifica y legitima la privatización del espacio público, práctica consistente en limitar sus usos e impedir la apropiación del mismo por parte de todos los ciudadanos. Atenta de esta manera contra la ciudadanía misma, pues restringe un derecho que le corresponde a todos los que viven y quieren vivir en las ciudades (Borja 2000: 11). En la actualidad, se pueden observar distintos procesos de privatización de la ciudad: grandes centros comerciales que tienden a acumular diferentes funciones urbanas; servicios de carácter público privatizados, como los relacionados con la seguridad; y barrios residenciales cerrados. Las calles van perdiendo el carácter público y su valor como mecanismo de socialización de la vida urbana (Mazza: 79-80). Es el espacio público el que paga la fractura de los ‘productos urbanos’”, refiere Borja (2000: 11). Takano y Tokeshi sostienen que privatizar el espacio público por parte de quien directamente lo habita o se encarga de su gestión, ya sea la municipalidad o los propios vecinos, atenta en primer lugar contra la libertad de 35    uso del espacio de la ciudad y, en segundo lugar, subestima nuestra capacidad de ser ciudadanos, ya que este mecanismo de control apunta a atender la seguridad y el mantenimiento a costa de la restricción total o parcial de su uso público. Precisan que el problema proviene directamente de la relación de tensión entre ciudad y ciudadanía y no del espacio urbano en sí. En ese contexto, no solo los condominios cerrados se han convertido en salidas, sino también el enrejado, que en base a imposiciones y no a un proceso de construcción de urbanidad, anula dicha relación (Takano y Tokeshi 2007: 31). Para Ledgard y Solano, el proceso de privatización del espacio urbano alcanza su mayor expresión en el cerramiento de calles, elemento sintomático de la masificación de la percepción de inseguridad, que a su vez se ha producido por un crecimiento fragmentado de la ciudad. La calle se vuelve un elemento de agresión, que genera temor y ansiedad (2011: 28-29); por tal motivo, se defiende, se fortifica, se evita. “La ciudad es la gente en la calle”, recuerda Borja (2000: 13). Por su parte, Jacobs señala que las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, sus órganos más vitales, la primera imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en una ciudad. Cuando decimos que una ciudad es insegura estamos diciendo que en sus calles nos sentimos inseguros. Pero las aceras y quienes las usan no son beneficiarios pasivos de seguridad o víctimas sin esperanza de un peligro. Las aceras (la utilidad que prestan) y 36    sus usuarios son partícipes activos en el drama de la civilización contra la barbarie que se desarrolla en las ciudades. Mantener la seguridad de la ciudad es la tarea principal de las calles y aceras de una ciudad. (Jacobs 1973: 33). La calle, espacio público de suma importancia por ser lugar democrático y por expresar el dinamismo de la ciudad, se ha convertido hoy en sinónimo de peligro, un lugar que los ciudadanos perciben como inseguro. Vega Centeno indica que ello ha provocado el cerramiento de calles en zonas residenciales, una práctica que comenzó como iniciativa de condominios habitacionales de sectores sociales de altos recursos y se ha difundido en toda la ciudad a través de diferentes mecanismos, tales como las rejas, tranqueras o, incluso, muros de concreto (2006: 48). Esta forma de privatización de la calle se ha vuelto común en distintos distritos de la capital como una forma de aumentar la sensación de seguridad, como se comprobará en el estudio de caso. Para Vega Centeno, este tipo de medidas han permitido el renacimiento de ciertas afirmaciones de colectivo y de apropiación exclusiva de áreas públicas que podían hallarse dentro de la zona residencial. “No se trata en este caso de un retorno al viejo concepto de barrio, pero sí a una afirmación de una vida cotidiana sustentada en una fuerte segregación social, donde la trama urbana como posibilidad forma parte de un mundo inhóspito y peligroso”, manifiesta (2006: 49). 37    Nos detendremos aquí para aclarar un concepto que se ha venido mencionando en reiteradas ocasiones en la presente investigación: la segregación y, específicamente, aquella que se refiere al ámbito residencial. Sabatini precisa que a lo largo de la mayor parte del siglo XX, las ciudades de América Latina exhiben un patrón de segregación residencial semejante al modelo europeo de ciudad compacta, donde en las áreas centrales se concentran los grupos superiores de la escala social, así como la mejor edificación y arquitectura, mientras las ciudades decaen social y físicamente hacia la periferia. La excepción es la ocupación por parte de las capas altas y medias ascendentes de la periferia de las ciudades a través de la creación de barrios residenciales y comerciales de mayor categoría, modelo que se asemeja al patrón anglo-americano de ciudad del suburbio (2003: 3). Sabatini define segregación residencial o segregación social del espacio urbano como “la aglomeración en el espacio de familias de una misma condición social, más allá de cómo definamos las diferencias sociales”. Se puede dar por condición étnica, etaria o socioeconómica, origen migratorio, entre otras. Abarca tres dimensiones: el grado de concentración espacial de los grupos sociales, la homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las ciudades y el prestigio (o desprestigio) social de las distintas áreas o barrios de cada ciudad (2003: 7). La sociedad no existe fuera del espacio. El espacio adquiere significación social y juega distintos roles en los procesos sociales. La segregación es parte 38    de la formación de identidades sociales, de los engranajes que determinan un acceso socialmente diferenciado de la población a bienes públicos o de consumo colectivo; por ejemplo, a la seguridad ciudadana y, en general, a la calidad de vida (Sabatini 2003: 9). Un aspecto interesante de la propuesta de Sabatini es su reinterpretación de las causas de segregación, específicamente la que se refiere a las desigualdades sociales. Afirma que la segregación residencial refleja los procesos de diferenciación social antes que las diferencias sociales; es decir, la relación existente entre diferencias sociales y segregación espacial sería inversa antes que directa. Cuando se quiere marcar diferencias o estas son poco claras, las personas se segregan. Por el contrario, cuando las diferencias sociales son claras y profundas, entonces los grupos pueden compartir el espacio urbano: menor segregación (2003: 14). Lo que Sabatini expresa es que es más probable que las personas decidan segregarse para diferenciarse socialmente de otros grupos cuando las distancias no están claramente definidas. Sin embargo, cuando no hay conflicto respecto a quien ocupa qué lugar, entonces el mecanismo de segregación se hace menos necesario. Para Caldeira, autora de Ciudad de muros, los enclaves fortificados y segregados confieren estatus. La construcción de símbolos de estatus es un proceso que elabora diferencias sociales y crea medios para la afirmación de distancia y desigualdades sociales. 39    Los enclaves están claramente demarcados por todos los tipos de barreras físicas y artificios de distanciamiento y su presencia en el espacio de la ciudad es una evidente afirmación de diferenciación social. Ofrecen una nueva manera de establecer fronteras entre grupos sociales, creando nuevas jerarquías entre ellos y, por lo tanto, organizando explícitamente las diferencias como desigualdad. (Caldeira 2007: 314) La segregación es un proceso, más que un problema. No se puede “condenar” que las personas, en uso de su libertad, escojan el lugar en el que prefieren vivir y, como hemos visto en el caso de la privatización de la calle, defiendan los espacios cercanos a sus viviendas ante los problemas de inseguridad no resueltos por la autoridad competente, sino queda cuestionarnos sobre las consecuencias de estas medidas y lo que buscamos para la ciudad como un reto para su gestión y para los ciudadanos. No podemos olvidar que somos seres territoriales que de alguno u otra manera marcamos y defendemos nuestro territorio, así como nos agrupamos según nuestros deseos y necesidades. El inconveniente surge cuando se crean estigmas respecto a ciertos sectores de la sociedad y se les rechaza por considerarlos de riesgo y, por este motivo, se crean barreras que separan territorialmente en base a prejuicios, lo cual afecta la integración de la ciudad. Además, como precisa Vega Centeno, “en nombre de la seguridad se consolida una suerte de ciudad archipiélago, donde la conexión del sinnúmero de pequeños islotes que arman la trama urbana depende de un salvoconducto llamado posición social” (2006: 66): 40    Los excluidos por una cerca o reja son violentados en su libre circulación por la ciudad y reciben el estigma de población peligrosa de parte de los que residen en la zona cercada, como ha sido (…) el caso de la valla establecida entre los distritos de Ate y La Molina. (…) Los no residentes de un territorio determinado terminan autopercibiéndose como los marginales de la ciudad, estigmatizados como potenciales malos elementos exclusivamente por su condición de extraños. (Vega Centeno 2006: 49-50) Para Borja, una parte del aprendizaje de la vida que hacemos en la ciudad implica aceptar al otro que es diferente, reconocer y saber que el riesgo existe. Existe una búsqueda de seguridad que lleva a cerrar el espacio público, a cerrar la calle, como una forma de recuperar un “paraíso perdido”. Sin embargo, hay que recalcar que esto es un mito, pues las ciudades totalmente homogéneas nunca han existido (2003: 211). Jacobs recalca que la condición indispensable para que podamos hablar de un distrito urbano como es debido es que cualquier persona pueda sentirse personalmente segura en la calle en medio de desconocidos (1973: 34). Si bien es una tarea difícil y la realidad parece ir en sentido contrario; es decir, rehuir a la calle y al encuentro con extraños, existe por encima de ello un derecho que es consustancial al ciudadano, que es el derecho a la ciudad, valga la redundancia. Como señala Lefebvre, “todos tenemos el derecho de poder vivir la ciudad, de hacer uso del espacio. La vida urbana supone encuentros, confrontaciones de diferencias, conocimiento y reconocimientos recíprocos, maneras de vivir, paterns que coexisten en la ciudad (1978: 31)”. El derecho a la ciudad se constituye como derecho a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los 41    lugares de encuentro y cambios, a los ritmos de vida y empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos y lugares (1978: 167). El derecho a la ciudad de Lefebvre se oponía a la deshumanización de la ciudad, con la idea de rescatar al hombre como elemento real y principal, como eje de una ciudad que él mismo ha construido en el curso de la historia (Mazza: 15- 16). Todos tenemos el derecho a apropiarnos del espacio público, según nuestras posibilidades y necesidades, en un marco de respeto hacia el otro. Las dificultades aparecen cuando hay que discernir quién tiene derecho a tomar la calle y decidir sobre ella para, por ejemplo, cerrarla hacia el exterior a través de la colocación de una reja, una malla u otro elemento que restrinja el paso. Es decir, privatizarla. Esta acción tergiversaría lo que se conoce como espacio público, según el concepto que hemos planteado, y generaría una suerte de segregación residencial, que fomentaría exclusiones sociales. A pesar de que el problema de inseguridad es real y no se pretende minimizarlo, hay otras alternativas que podrían ayudar a reducir, al menos, la percepción de vivir en una ciudad de riesgo y que no tienen que ver necesariamente con el encierro voluntario. 2.5 CIUDADES MÁS SEGURAS: ALGUNAS PROPUESTAS RELACIONADAS CON EL ESPACIO PÚBLICO Bauman afirma que la inseguridad genera temor, por lo que no es de extrañar que la guerra contra la inseguridad figure en un lugar preponderante en 42    la lista de prioridades del urbanista. Agregaría que no solo del urbanista, sino del ciudadano. El problema, señala Bauman, es que cuando desparece la inseguridad, también están condenadas a desaparecer de las calles de la ciudad la espontaneidad, la flexibilidad, la capacidad para sorprender y la promesa de aventuras, que son los principales atractivos de la vida urbana. “La alternativa a la inseguridad no es el paraíso de la tranquilidad, sino el infierno del aburrimiento”, incide (2006: 103-104). Lo que Bauman quiere destacar no es que el tema del miedo y las inseguridades urbanas no sean importantes, sino que el huir de la calle le resta vida a la ciudad, que está hecha de sus espacios públicos. La exclusión de personas extrañas a la zona residencial, quienes pierden la libertad del anonimato para ser observados como potenciales agresores de la tranquilidad social de un vecindario, se justifica abiertamente gracias a prácticas de seguridad sustentadas en la restricción de accesos al lugar en cuestión. Jacobs sostiene que el problema de la inseguridad no puede en absoluto resolverse dispersando o desparramando poblaciones a barrios suburbiales de tipo residencial (1973: 35). Sostiene que las calles hechas para vérselas con extraños y que aspiren a gozar de un determinado nivel de seguridad al margen de los extraños deben contar con las siguientes condiciones: En primer lugar, debe haber una neta demarcación entre lo que es espacio público y lo que es espacio privado. Los espacios públicos y privados no pueden confundirse, como sucede generalmente en los 43    baros residenciales o en los grupos de viviendas. Segundo, ha de haber siempre ojos que miren a la calles, ojos pertenecientes a personas a las que podríamos considerar propietarios naturales de la calle (…) Tercero, la acera ha de tener usuarios casi constantemente, para así añadir más ojos a los que normalmente miran a la calle y también para inducir a los que viven en las casas a observar la calle en número y ocasiones suficientes. (Jacobs 1973: 38) En resumen, la propuesta de Jacobs es “proteger las calles donde el espacio sea inequívocamente público y no mezclado físicamente con espacios privados ni con cualquier otra cosa, de forma que la zona necesitada de vigilancia tenga unos límites claros y practicables; asimismo, ver la manera de que estas calles y espacios públicos tengan unos ojos que de ser posible estén mirando continuamente” (1973: 39). Estos ojos pueden no ser ni siquiera conscientes de la tarea que hacen, pues el solo hecho de que existan disminuye la desolación de una calle. La incidencia es clara en cuanto a la importancia de la gente en las calles, pues una calle desolada es potencialmente insegura. Se trata de un planteamiento que revalora la importancia del espacio urbano y el rol del ciudadano y que va en sentido contrario de lo que hasta el momento se había señalado sobre los nuevos modelos de ciudad, en los que la calle se privatiza en nombre de la seguridad. Zonas con espacios bien compartimentados, que no se miran el uno al otro, que se protegen con rejas o 44    con muros, que evitan la calle por ser el lugar donde se encuentran con extraños que pueden significar un riesgo pueden parecer zonas sobre las que se tiene mejor control y se puede evitar con mayor facilidad el delito. Sin embargo, recordemos que desde el principio las ciudades han sido lugares en los que las personas extrañas conviven en cercanía sin dejar de ser extrañas las unas a las otras. Los extraños entrañan riesgo –considera Bauman–, pero los espacios son “públicos” en la medida en que los hombres y las mujeres a los que se les permite la entrada y tienen probabilidades de entrar no son preseleccionados (2006: 104). Entonces, ¿qué hacer? Para enfrentar el problema de la seguridad a nivel de la autoridad se han establecido una serie de estrategias que van desde el aumento del número de policías o el incremento de cámaras de seguridad en la ciudad hasta el endurecimiento en las leyes contra el crimen y la delincuencia. Pero es el ciudadano el que se ha visto obligado a responder ante esta problemática elaborando estrategias propias frente a la incapacidad de la autoridad de satisfacer su demanda de seguridad. Entre las medidas adoptadas se encuentran la contratación de guardias de seguridad privados o la adquisición de armas de fuego para protegerse de la delincuencia, pero también hay acciones que tienen que ver con el entorno urbano, como la construcción de condominios cerrados, como ya se ha visto, o la colocación de rejas en las calles, a iniciativa de vecinos, cuyo proceso pasaremos a detallar en los siguientes capítulos. Hasta el momento, hemos 45    hablado de acciones restrictivas o punitivas, pero pocas están relacionadas con la prevención y, más aún, con la prevención vinculada con el entorno urbano. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2002) plantea que “hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países”. De todas las formas de prevención que plantea dicho consejo nos centraremos en la prevención situacional, que busca reducir los delitos de oportunidad aumentando el riesgo para los infractores de ser detenidos, disminuyendo la sensación de inseguridad e incrementando la cohesión comunitaria mediante el manejo de variables sociales y ambientales. Sin restar importancia a los problemas que surgen en el sistema de policía/justicia, resulta interesante analizar otros planteamientos que se centren en la planificación urbanística (ciudades, espacio público), diseño arquitectónico (edificios, casas, calles), componentes de los edificios y diseño de productos/industrial (Van Soomeren 2007: 251). Las estrategias a desarrollar que impliquen la prevención de la delincuencia mediante el diseño urbano deben abordar necesariamente los problemas de la realidad local y sus actores; es decir, deben ser diseñadas y ejecutadas desde y por el nivel local (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 2009: 14). 46    La prevención del delito mediante el diseño ambiental o CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design), como la denominaremos en adelante, contempla un conjunto de acciones que tienen como objetivo disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos de oportunidad e incrementar la sensación de seguridad mediante la modificación del diseño y variables ambientales (2009: 14). La sigla fue acuñada en 1972 por Ray Jeffery, quien precisaba que la ocurrencia de delitos en determinados espacios ocurría debido al entorno físico y social. Ello permitía plantear que es posible alterar el entorno físico y social de manera que se disminuya la probabilidad de que se produzcan delitos (Rau 2007: 468). En la ocurrencia de un hecho delictivo se presentan diferentes elementos (ver figura 1). En primer lugar, existe un autor motivado; es decir, alguien que está dispuesto a cometer un delito si las circunstancias le indican que la recompensa será mayor al esfuerzo y al riesgo que supone una sanción; una víctima o blanco, que es percibida como atractiva y accesible por el autor del hecho delictivo cuando es de alto valor y fácil sustracción; un contexto, que depende del espacio físico, social, económico y cultural donde ocurre el acto delincuencial; el delito en sí, que es la acción que violenta las reglas de conducta o leyes aceptadas por la sociedad; y un espacio urbano, cuyas características ambientales no promueven la vigilancia natural por parte la comunidad e indiquen a los potenciales delincuentes la ausencia de control y, por ende, aumenten las probabilidades de la ocurrencia de delitos y la percepción de inseguridad. 47    Figura 1 Elementos presentes en la ocurrencia de un delito Fuente : Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (2009: 12). El enfoque CPTED propone cinco conceptos básicos: control natural de accesos, vigilancia natural, mantención, reforzamiento territorial y participación ciudadana. El control natural de los accesos promueve el diseño de elementos arquitectónicos a modo de umbrales para crear en los potenciales asaltantes la percepción de que hay un riesgo en elegir esa área porque tiene un usuario específico en un acceso espacial determinado. Las principales recomendaciones físicas que considera son: conectar accesos directos con áreas observables, prevenir la colocación de accesos en áreas no observadas, diseñar espacios que orienten a los usuarios, dando indicación natural de salida o de entrada, y proveer un número limitado de rutas de acceso (Rau 2007: 468). 48    Otro de los conceptos es el de la vigilancia natural realizada por personas que, debido a su actividad o mera presencia en un espacio urbano, vigilan su entorno de forma inconsciente. El diseño del espacio puede facilitar o limitar el ejercicio de dicha vigilancia por parte de las personas dependiendo de, por ejemplo, la amplitud y profundidad de los campos visuales que genera y de cuán atractivo hace el espacio para ellas (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 2009: 13). Busca incrementar la visibilidad sobre un espacio, a través de una apropiada ubicación, diseño de ventanas, iluminación y diseño de paisaje. Elementos como la buena iluminación o mobiliario que facilite la permanencia de los vigilantes naturales hacen que los espacios se tornen “amigables” y no repelan a los que por ellos transitan (ver figura 2). Como señala Rau: Se busca aumentar la capacidad de los habitantes urbanos de observar la actividad que ocurre en el entorno, lo que provee la oportunidad de modificar comportamientos inadecuados o reportarlos a la policía o al dueño de la propiedad. Cuando la vigilancia natural es utilizada en su máximo potencial por actores de un circuito de paz, aumenta la posibilidad de inhibir el crimen, al hacer que el comportamiento del agresor sea fácilmente notable. (Rau 2007: 468) 49    Figura 2 Ejemplo de un análisis de la calle que incorpora los conceptos de CPTED Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (2009: 21). También es importante la mantención de espacios urbanos, que se refiere a la necesidad de tener planes de manejo, de limpieza y jardinería de los espacios públicos desde el momento de inicio de una estrategia CPTED. Es muy importante que el espacio urbano sea percibido por los usuarios como un espacio cuidado. Se puede asociar el concepto de mantención de espacio urbano con la teoría conocida como de "las ventanas rotas", que supone que un 50    espacio deteriorado localiza mayor delitos de oportunidad que uno en buen estado de mantención (2007: 468). Finalmente, se encuentra el concepto de reforzamiento territorial que alude al sentido de afecto que establece el habitante con su entorno inmediato y que, por lo tanto cuida, y el de la participación ciudadana, ya que la propia percepción que tenga el habitante urbano de su entorno es clave para construir un diagnóstico del barrio que responda a las reales necesidades ambientales de los usuarios del espacio. Para el enfoque CPTED el habitante urbano sería experto en el conocimiento de su propia sensación de seguridad ambiental, ya que él es el que transita por el espacio urbano y percibe umbrales de temor asociados a diversas variables ambientales (una esquina oscura, un paradero aislado, etc.) (2007: 469). El enfoque CPTED también tiene detractores, entre los que se encuentran aquellos que consideraban que no es aplicable a cualquier entorno. En 1972, Óscar Newman también recogió el problema de la vigilancia natural, pero desde una nueva perspectiva y desarrolló el concepto del espacio defendible, que dio forma y contenido a las comunidades cerradas. En su diseño, estas comunidades cerraban literalmente su perímetro definiendo solo un acceso posible. De esta manera, se buscaba controlar a quien entraba o salía de la comunidad (Rau 2007: 471). 51    Las zonas residenciales cerradas a través del enrejado se van convirtiendo en territorios defendibles, pero a costa de poca integración hacia el exterior y posible estigma a los no residentes que circulan la calle. La ciudad con “gente en las calles” dista mucho de este modelo que parece extenderse y va fragmentando la ciudad. Observar la existencia de alternativas de prevención del delito a través del espacio urbano resulta alentador ante prácticas que disminuyen la relación de la ciudad con sus zonas residenciales.       La exposición a la diferencia es la que, con el tiempo, se convierte en el factor principal de una convivencia feliz porque hace que, en ese caso, sean las raíces urbanas del miedo las que se consuman y se sequen, precisa Borja (2005: 105). En el marco conceptual se ha planteado la importancia del concepto de espacio público para la ciudad como eje articulador de una serie de dinámicas que dan vida a la metrópoli y la estimulan al encuentro, que es indispensable para aprender a convivir en territorios altamente heterogéneos. Sin embargo, el espacio público ha ido cediendo terreno a favor de espacios privados o semiprivados debido al miedo al delito, que ocurre, por lo general, en la calle, y a una elevada percepción de inseguridad ciudadana, lo que ha propiciado el surgimiento de estrategias de fortificación en las zonas residenciales. Estas medidas, tomadas ante la aparente poca respuesta por parte de la autoridad, constituyen una privatización de la calle al intervenirse esta con elementos físicos de seguridad, que se pueden convertir en barreras sociales. 52    Pese a que se creería que los espacios cerrados son los más seguros, existen propuestas, como la del enfoque CPTED, que plantean el uso continuo de la calle para prevenir los delitos de oportunidad, aquellos cometidos debido a la existencia de variables de contexto y de ambiente que facilitan su ocurrencia, por lo que se plantea analizar el espacio construido en la zona de estudio a la luz de este enfoque. Retomando las palabras de Bauman, el toparse con la diferencia en el espacio público es la base de la convivencia en la ciudad, pero como se irá viendo en el transcurso de la investigación las posibilidades de contacto van disminuyendo en zonas residenciales fortificadas ex post, donde se pueden presentar conflictos en torno a la apropiación de la calle.                             53    CAPÍTULO III BARRIOS ENREJADOS: NUEVA GEOGRAFÍA DE LAS CALLES EN LIMA Me parece que deberíamos estar con ciertas rejas, aunque para muchos es incómodo; es por la seguridad de las propias personas. No me parece justo que tú estés dentro de tu casa con el temor de que algo te va a pasar, o que no puedas viajar un fin de semana y regreses y no encuentres más que paredes. Mujer, La Molina, 47 años 3.1 ENCLAVES RESIDENCIALES EN CIUDADES FRAGMENTADAS Según Bähr y Borsdorf, desde 1990 las ciudades latinoamericanas empezaron un proceso de fragmentación, entendido como una nueva forma de separación de funciones y elementos socioespaciales, ya no –como era antes– en una dimensión grande, sino pequeña. “Elementos económicos y barrios habitacionales se dispersan y mezclan en espacios pequeños: urbanizaciones de lujo se localizan en barrios muy pobres; centros de comercio se emplazan en todas partes de la ciudad; barrios marginales entran en los sectores de clase alta”, manifiesta. Este proceso solo pudo ser posible a través de muros y cercos, barreras con que se separan las clases altas de la pobreza, aunque también la clase media y baja se amuralla (Bähr y Borsdorf 2005: 212), por ejemplo, a través de la colocación de rejas en sus calles, como se verá más adelante. Borja resume este proceso de la siguiente manera: El proceso de metropolización difusa fragmenta la ciudad en zonas in y zonas out; se especializan o se degradan las áreas centrales y se acentúa la zonificación funcional y la segregación social. La ciudad se disuelve y 54    pierde su capacidad integradora. (…) La ciudad como sistema de espacios públicos se debilita, tiende a privatizarse. Los centros comerciales sustituyen a las calles y a las plazas. Las áreas residenciales socialmente homogéneas se convierten en cotos cerrados, los sectores medios y altos se protegen mediante policías privados. Los flujos predominan sobre los lugares. Y los servicios privados sobre lo públicos. (Borja y Muxí 2000: 59) Los enclaves residenciales o barrios cerrados proliferan en este contexto de fragmentación en América Latina. Según la definición de Bähr y Borsdorf, se trata de urbanizaciones con dos o más departamentos o casas que cuentan con una infraestructura común y se encuentran cercados por muros o verjas, separados del espacio público mediante una barrera o puerta vigilada por guardias o cámaras de video. Por su parte, Plögger, siguiendo el concepto de “enclave residencial” propuesto por Suttles (1972), precisa que este es un área que aspira a cierta autonomía espacial posicionándose como una ciudad claramente definida hacia el exterior. A ello, se añade el rol activo de los habitantes en el proceso de apropiación del espacio (2006: 159). Teresa Caldeira, quien estudió el caso de Brasil, señala que los enclaves fortificados enfatizan el valor de lo que es privado y restringido, al mismo tiempo que desvalorizan lo que es público y abierto. Están volcados hacia el interior y no en dirección a la calle, cuya vida pública rechazan explícitamente (2007: 317). Distintas razones motivaron la formación de enclaves residenciales en las metrópolis latinoamericanas. Para Jaramillo el surgimiento se entiende como un ajuste de tendencias de segregación de las clases medias y altas al 55    contexto urbano transformado (1999: 119). La separación a través de enclaves residenciales también es una expresión del deseo de vivir en un entorno social homogéneo, según Svampa (2003), o, de acuerdo con Amendola (2000), corroborar las distancias sociales a través de la forma de la vivienda (Plögger 2006: 137). Entre las causas es frecuente encontrar una relación con el aumento de la desigualdad socioeconómica, así como con la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad a sus ciudadanos (Zúñiga 2007: 388), problema que es citado de manera recurrente en la lista de motivos para el surgimiento de enclaves residenciales. Carrión precisa que el sentimiento generalizado de inseguridad hace que las políticas de seguridad públicas, privadas o comunitarias produzcan cambios urbanos en su estructura y el más notable de estos cambios tiene que ver con el fortalecimiento de la segregación urbana bajo la forma fragmentada (123: 2008). Una ciudad fragmentada sería el resultado de los temores que generan, entre otros aspectos, la inseguridad en el espacio público, en la mayoría de los casos a nivel de percepción y no necesariamente según datos objetivos. Las urbanizaciones cerradas, entre otros productos urbanos como los malls o centros comerciales, conformarían una nueva geografía de la ciudad en la que el miedo y la inseguridad juegan un rol predominante. Mediante mecanismos de protección, los residentes de enclaves residenciales buscan preservar su tranquilidad en un contexto en que la 56    percepción de inseguridad ha crecido en importancia, ya sea como problema real o como sentimiento de encontrarnos indefensos ante los peligros que significan la delincuencia y la criminalidad. Las urbanizaciones o barrios cerrados son motivo de un número creciente de estudios que llaman la atención sobre esta forma de vivir cada vez más “hacia dentro” y “entre iguales”, que significaría el abandono progresivo del espacio público para desarrollar la vida urbana en espacios cerrados que, en nombre de la seguridad, eviten exponer a sus habitantes a encuentros plurisociales (Vega Centeno 2006: 3). Los enclaves residenciales en Latinoamérica no son exactamente los llamados gated communities norteamericanos que, además de caracterizarse por su fortificación y vigilancia, son construidos y comercializados habitualmente como un conjunto urbanístico de carácter homogéneo habilitado por una empresa constructora o inmobiliaria (Plögger 2009: 136). En el caso de los gated communities, estos pueden estar centrados en el estilo de vida, en los símbolos de distinción y prestigio de vivir en zonas cerradas o en la seguridad para sus habitantes. En cambio, en las ciudades latinoamericanas los barrios cerrados pueden presentar diversos tipos de construcciones: desde una calle cerrada al libre acceso peatonal y vehicular hasta un complejo cercado formado por distintos conjuntos residenciales; además, la homogeneidad no se refiere explícitamente a las clases altas, pues hay casos de condominios construidos por el Estado como viviendas sociales en donde los residentes pertenecen a un nivel socioeconómico bajo (Zúñiga 2007. 391). 57    En el Perú se denominan “condominios”; en Argentina, “barrios privados” o “countries”; en Ecuador, “conjuntos o urbanizaciones cerradas”, y en México, “fraccionamientos cerrados” (2005: 212). Cualquier sea el nombre que adopten tienen en común que son una especie de “isla” que busca cierta autonomía dentro de la ciudad y aislamiento del resto del entorno urbano a través de la colocación de distintas barreras físicas, negando la relación con el espacio público al que se considera de riesgo. La formación de estas zonas residenciales fortificadas y controladas representa una parte de los amplios procesos de transformación en las metrópolis latinoamericanas, que sucedieron, a su vez, por grandes cambios a nivel global a partir de la década del noventa, época en la que el número de enclaves residenciales aumentó en América Latina (Plögger 2006: 136). Existen diferentes tipos de enclaves residenciales en las metrópolis latinoamericanas, según el estrato social, tamaño y ubicación dentro del área metropolitana, tipo y cantidad de las instalaciones comunes y estado legal, como refiere Plögger en una tipología propuesta en un estudio realizado junto a Meyer Kriesten y Bähr que se reproduce en la tabla 2 (2006: 136-137). Pueden haber sido construidas por iniciativas privadas, por el propio Estado o fortificadas por voluntad de residentes. De todas ellas, llama la atención el tipo de barrios que se fortificaron posteriormente a su urbanización, por iniciativa de vecinos y, en muchos casos, de manera informal, como se puede encontrar en diferentes distritos de Lima. No se trata de los condominios tradicionales, sino de un conjunto de viviendas que se cerraron con rejas, tranqueras, 58    mallas, inclusive, muros en las calles bajo el argumento predominante de la seguridad ciudadana, como detallaremos y estudiaremos más adelante. Tabla 2 Tipología de enclaves residenciales en las metrópolis latinoamericanas TIPOS Estrato social Ubicación Características Medidas de seguridad Condominios exclusivos Alto Preferentemente dentro del cuerpo urbano consolidado, suburbano; en parte, villas individuales. Frecuentemente con exclusivas áreas deportivas. Altas Condominios periurbanos fuera del área urbana Medio y alto En áreas utilizadas anteriormente para la agricultura. Arquitectura individual en terrenos grandes, relacionados con el tiempo libre y el paisaje. Altas Condominios de clase media Medio Suburbana Estilo de construcción estandarizado (frecuentemente, casas en filas), lotes más pequeños, nivel de equipamiento, instalaciones comunes dependientes del estrato social. Condominios subvencionados por el Estado Medio y bajo Estilo de construcción sencillo y estandarizado (a veces, de varios pisos). Bajas Barrios posteriormente fortificados Diferentes estratos sociales Reacción directa a problemas urbanos, cierre de calles, frecuentemente, sin autorización. - Condominios de edificios Medio y alto En zonas urbanas densificadas. Extensas instalaciones comunes. Altas Megaproyectos Diferentes estratos sociales Periurbana Usos de suelo modificados; infraestructura propia de abastecimiento. Clubes de campo y playa Fuera del área metropolitana, en ubicaciones topográficamente atractivas (por ejemplo, en la costa/montaña). Extensas instalaciones para el tiempo libre. Fuente: Adaptación de Plögger (2006: 137). 59    Janoschka y Glasze inciden en que el análisis de los motivos y las consecuencias de la difusión de las urbanizaciones cerradas muestra que es imprescindible un enfoque de múltiples dimensiones. Para poder explicar de una manera exhaustiva el avance de las urbanizaciones cerradas a un nivel local es necesario analizar las “reglas de juego” para todo desarrollo urbano de la región en cuestión (2003: 18). En el caso de Lima, la ciudad creció indiscriminadamente desde los años cincuenta hasta los ochenta del siglo pasado basándose en un modelo de lotización y vivienda unifamiliar. Fue a partir de la década de los noventa que Lima entró en un proceso de densificación y reestructuración metropolitana en un contexto de profundos cambios sociales y políticos. Luego de la recesión e hiperinflación económica de la década de los ochenta, Lima se vio enfrentada con el problema del terrorismo. Ledgard y Solano precisan que un año clave para Lima fue 1992. Aquel año empezó con el cruel asesinato a la dirigente popular María Elena Moyano en el distrito de Villa El Salvador. Meses después, en julio, el atentado por parte de miembros de la agrupación terrorista Sendero Luminoso (SL) a una zona residencial de clase media, la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, puso en evidencia que la subversión había llegado con su fuerza funesta a la capital. En setiembre de ese año fue capturado Abimael Guzmán, máximo líder de SL, con la consiguiente derrota del terrorismo. A partir de ese momento se inició un radical proceso de reestructuración neoliberal, que estuvo acompañado de 60    una transformación urbana de profundas consecuencias también en el plano espacial de Lima Metropolitana (2011: 21). Durante estos años de apertura económica, lo privado adquirió una connotación superior a lo público. Surgió una nueva mentalidad en el ciudadano, en la que el bien público no es de todos, sino de nadie. La deficiente administración pública de los servicios en la década de los ochenta hizo que lo privado fuera percibido como una opción más eficiente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Lima pasó a ser la ciudad de la hiperliberalización. (Ledgard y Lozano 2011: 26) Plögger, citando a Ludeña (2004), afirma que la fortificación y privatización de complejos residenciales tuvo lugar en Lima ya desde el siglo XIX a través de las denominadas quintas, viviendas ubicadas en una calle sin salida con una puerta que podía ser cerrada. Ya en 1960 empezaron a aparecer conjuntos residenciales exclusivos siguiendo el tipo urbanístico de los suburbios y dirigidos a la clase alta en zonas alejadas de la ciudad, como las faldas de los cerros de La Molina y Monterrico. Antes de ello, habían surgido urbanizaciones de fin de semana y vacacionales en lugares favorecidos por su clima o paisaje, a los que se les denominó “enclaves club”. A partir de 1980 –y con mayor auge en los noventa (Ledgard y Lozano 2011: 28)– se produjo la multiplicación de complejos residenciales con medidas de seguridad, relacionados directamente con el problema del terrorismo. Las clases altas, sobre todo, fortificaron sus casas o se mudaron a condominios de edificios. Además, se incrementó el número de vigilantes privados (Plögger 2006: 141). Un amigo recordaba: “esa era la forma como nos decían que estuviéramos: 61    encerrados; teníamos miedo”. Las transformaciones que sufrió el país también se plasmaron en el territorio urbano y se expresaron en la distribución socioespacial. Carlos Reyna y Eduardo Toche precisan que la disminución de la violencia terrorista a niveles inocuos para la seguridad nacional en la década de los noventa permitió ver con mayor claridad la violencia delincuencial, un fenómeno que venía desarrollándose desde años atrás. Los daños producidos por la delincuencia generaron un clima de desconfianza muy perjudicial para la organización social (1999: 5) y también para el desarrollo de la ciudad. La encuesta Lima Cómo Vamos 2012, realizada a residentes de Lima Metropolitana, destaca que el 42.7% confía de forma regular en sus vecinos y el 32.5% confía poco o nada, encontrándose mayores niveles de desconfianza en los sectores D y E (2012: 49). Ante un incremento de la percepción de inseguridad ciudadana en Lima, surge una industria inmobiliaria que ofrece nuevos productos urbanos bajo la promesa de una vida familiar más segura en los espacios privados que esta ofrece, tales como barrios amurallados o grandes centros comerciales. Se ignoran los espacios públicos como entes articuladores e integradores y, por el contrario, son considerados peligrosos para las personas, lo que sustenta la agorafobia o miedo a los espacios públicos que citaba Borja, la cual engendra intolerancia y exclusión. Vega Centeno señala que el incremento del rol de las inversiones inmobiliarias produce efectos nocivos para la ciudad, pues oferta 62    espacios cerrados como los condominios sin relación con la urbe, lo que incrementa la fragmentación del entorno urbano y difunde prácticas explícitas de exclusión social. Este modelo de vida urbana sería causa, en parte, de las situaciones de inseguridad que vivimos en la medida que se produce una ciudad cada vez más excluyente, menos heterogénea y sin espacios públicos o con estos limitados en su condición (2013: 16-17). 3.2 FORTIFICACIÓN EX POST: LOS BARRIOS ENREJADOS DE LIMA Recién a finales de 1990, cuando el terrorismo ya no era considerado un peligro, se propagaron las zonas residenciales cerradas relacionadas con el miedo a la criminalidad y a la violencia, denominadas por Plögger, Ludeña y Carrión como “condominios ex post” o barrios fortificados posteriormente: Se trata de barrios existentes que mediante la aplicación posterior de medidas específicas y estrategias se transforman en enclaves residenciales (…) A diferencia de los condominios verdaderos, la iniciativa de la fortificación no proviene de la compañía constructora, sino, más bien, siempre de los habitantes (…) Para tal fin, los vecinos recurren a sus organizaciones vecinales existentes o forman nuevas asociaciones locales a corto plazo (Plögger 2006: 142). Este tipo de enclaves residenciales se pueden observar en diferentes distritos de Lima, tanto en los suburbios de clases altas como en las zonas de población emergente; por ejemplo, Comas o Los Olivos (Ledgard y Lozano 63    2011: 28), formados a través de un proceso de “condominización”; es decir, de apropiación espacial y fortificación que, como consecuencia, generan espacios cerrados. Surgen, por lo general, como iniciativa común de un grupo de habitantes que disponen de medidas para restringir el acceso a su vecindario dependiendo del grado de organización del barrio, el discurso local predominante sobre el tema de la seguridad y los medios disponibles para la implementación de medidas (Plögger 2006: 146). Se pueden encontrar diferencias y similitudes entre la construcción de condominios, a cargo de empresa inmobiliarias, y la fortificación de barrios ex post por iniciativa de los residentes. En la tabla 3 están representados algunos puntos destacados por Roitman (2013) respecto al origen, características, nivel socioeconómico al que pertenecen sus habitantes, así como aspectos positivos y negativos de los condominios en América Latina, lo cual se ha contrastado con barrios enrejados gracias a información obtenida de Plögger (2006) y anotaciones personales producto del trabajo de campo realizado. Si bien el origen de los condominios y barrios enrejados suele ser el mismo, las características, nivel socioeconómico, simbología y aspectos positivos difieren. Sin embargo, los aspectos negativos de este tipo de enclaves residenciales coinciden, pues privatizan el espacio público y van fragmentando la ciudad, constituyéndose en soluciones individuales o de un grupo al problema social de la inseguridad sin actuar sobre sus causas, sino sobre sus efectos (Roitman 2003). 64    Tabla 3 Diferencias y similitudes entre condominios y barrios enrejados DESCRIPCIÓN CONDOMINIOS BARRIOS ENREJADOS ORIGEN - Violencia e inseguridad ciudadana. - Incapacidad del Estado para asegurar ciertos servicios considerados básicos, como la seguridad ciudadana. - Progresiva desaparición en la ciudad del sentimiento de comunidad. - Deseo de lograr estatus y cierta homogeneidad social por parte de algunos grupos sociales. - Violencia e inseguridad ciudadana. - Ausencia e ineficiencia del Estado. - Privacidad, exclusividad. CARACTERÍSTICAS - Privatizan el espacio público. - Áreas residenciales cerradas por muros y barreras. - La compañía constructora diseña y oferta los condominios bajo una estructura cerrada. - Vigilancia 24 horas del día. - Dispositivos de seguridad impiden el libre acceso a no residentes, lo cual hace la segregación social urbana más evidente. - Pueden incluir áreas comunes, jardines y hasta instalaciones destinadas al deporte y la recreación (canchas de fulbito, vóley, piscina, gimnasio, etc.). - Pueden estar ubicados cerca de barrios pobres, por lo que las diferencias sociales se hacen evidentes. - Sus habitantes buscan homogeneidad social y un estilo de vida determinado. - Constituyen una alternativa para algunas familias en relación a la inseguridad urbana y la delincuencia. - Privatizan el espacio público. - Barrios existentes que fueron fortificados posteriormente convirtiéndose en enclaves residenciales. - La iniciativa de la fortificación proviene siempre de los habitantes. - Alto grado de informalidad en la colocación de dispositivos de seguridad. - Los vecinos recurren a sus organizaciones vecinales para la colocación de medidas de seguridad. - Usualmente contratan servicio de vigilancia particular, pero no en todos los casos. - Dispositivos de seguridad impiden el libre acceso a no residentes cuando se cierran las rejas, lo cual ocurre a discreción, pese a que existe una norma que lo prohíbe. - Otros espacios públicos, como parques dentro de los barrios enrejados, también son fortificados y se prefiere el uso solo por parte de residentes. - Se suele presentar homogeneidad social al interior de los barrios enrejados. 65    - Constituyen una alternativa para algunas familias en relación a la inseguridad urbana y la delincuencia. NIVEL SOCIOECONÓMICO - En Latinoamérica suelen ser habitados por residentes de sectores sociales medio, medio alto y alto, convirtiéndose en ambientes homogéneos. - Abarca todos los estratos sociales, desde la clase alta hasta la baja si se cuenta con el presupuesto para enrejar las calles, lo que generalmente se logra a través de actividades. SIMBOLOGÍA - Las murallas y los dispositivos de seguridad actúan como símbolos de estatus y distinción. Algunas personas deciden vivir en un barrio cerrado porque buscan tener relaciones más cercanas con gente perteneciente al mismo grupo socioeconómico y, además, buscan evitar la heterogeneidad social, así como todo contacto con situaciones de pobreza. - Aunque no de forma tan explícita, las rejas y otros dispositivos de seguridad actúan como símbolos de distinción de los otros barrios bajo el argumento de la seguridad, cuya solidez parece indiscutible, pero promueve espacios heterogéneos socialmente y una sensación de desconfianza hacia el extraño quien podría ser o no una persona de riesgo. ASPECTOS POSITIVOS - Facilitan la instalación de infraestructura y servicios básicos en la zona circundante. - Su localización produce un aumento en el valor del suelo y de las residencias de la zona. - Impulsa la actividad comercial del área que los rodea. - Son espacios de vivienda mejor valorados por reducir la percepción de inseguridad. - Son producto de la organización de vecinos. ASPECTOS NEGATIVOS - Privatización del espacio público. - Fragmentación del espacio urbano. - Pérdida de significación social de los espacios públicos. Fuente: Elaboración propia con información de Roitman (2003) y Plögger (2006: 135-163) y agregados personales (en cursiva). 66    Allí donde las estructuras informales atraviesan amplios ámbitos de la sociedad y donde el Estado no se encuentra capaz de ofrecer servicios adecuados y de controlar el cumplimiento del reglamento, son los residentes los actores decisivos en el proceso de la formación de enclaves residenciales (Plögger 2006: 138). Según la encuesta Lima cómo Vamos 2012, 73.6% de vecinos de Lima consideraron que la delincuencia es el problema más importante de la ciudad, una cifra menor que el año anterior, pero considerablemente alta si la comparamos con el siguiente problema, en orden de importancia, que es el transporte público. Cinco de cada 10 limeños se sienten inseguros en sus propios barrios y son los robos que ocurren en las calles los que más afectan los lugares en que viven (40.9%), seguido de lejos por la venta de drogas. De acuerdo a los encuestados, el Gobierno nacional/Ministerio del Interior (39.3%), la Policía Nacional (28.7%) y los municipios distritales (20.0%) son las instituciones que tienen la mayor responsabilidad de enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana (2012: 11-22), lo que demuestra la demanda de seguridad de la población hacia la autoridad, la misma que no es satisfecha. En el 2005, un estudio del Instituto de Defensa Legal (IDL) arrojó que un 11.2% de la población en Lima había tomado la decisión de enrejar el acceso a su cuadra o calle como medida de seguridad. Un año antes, la cifra alcanzaba tan solo a un 8% de la población (El Comercio 2005). En el 2010, la ONG Lima Cómo Vamos consultó a ciudadanos de Lima sobre restricciones de acceso a los espacios públicos. Un 43.4% de personas respondieron que si 67    los vecinos se ponen de acuerdo, tienen derecho a poner rejas o tranqueras y restringir el paso de extraños a las calles y parques de su barrio. En aquel año, el porcentaje mayoritario (55.3%) opinó que las calles y parques son públicos y todos los habitantes de la ciudad tienen derecho a transitar por ellos sin restricciones. Al año siguiente, en el 2011, la cifra fue de 45.9% a favor de enrejar y 51.1% en contra, pero en el 2012 el porcentaje de personas que consideró que enrejar es una opción legítima fue de 51.8% contra un 45.9% que se oponía. Los encuestados que respondieron de forma positiva al enrejado pertenecen, en su mayoría, a Lima Este (56.2%), que agrupa a los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica, El Agustino, Santa Anita y Cieneguilla. De otro lado, quienes más defienden los espacios públicos fueron los vecinos de Lima Suroeste y Sureste (60.2%); es decir, de San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena del Mar, Lince, Miraflores, Surquillo, San Borja, Santiago de Surco, Barranco y La Molina (2012: 24). Pese a ello, en este último distrito se observa una gran cantidad de rejas (ver tabla 4). 68    Tabla 4 Opiniones sobre restricciones de acceso a los espacios públicos 2010 – 2012 y por zonas ZONAS RESPUESTAS Total 2010 Total 2011 Total 2012 Lima Centro Lima Este Lima Suroeste / Sureste Lima Norte Lima Sur Si los vecinos se ponen de acuerdo tienen derecho a poner rejas o tranqueras y restringir el paso de extraños a las calles y parques de su barrio. 43.4% 45.9% 51.8% 52.4% 56.2% 36.3% 55.4% 54.7% Las calles y parques son públicos y todos los habitantes de la ciudad tienen derecho a transitar por ellos sin restricciones. 55.3% 51.1% 45.9% 44.7% 40.2% 62.0% 43.0% 43.7% No sabe / no responde 1.3% 3.0% 2.3% 2.9% 3.6% 1.7% 1.6% 1.5% Fuente: Lima cómo Vamos (2012: 24). Este nuevo modelo de enclave residencial, a través de la colocación de rejas en las calles posteriormente a la urbanización, da origen a lo que se denominará en esta investigación como “barrio enrejado”, conjunto de viviendas que se caracterizan por estar cercadas por rejas, por lo general, en todas sus entradas/salidas. Estas zonas pueden contar con personal de seguridad privado que permita el ingreso/salida de personas y/o vehículos, pero en la mayoría de los casos son abiertas y cerradas por los vecinos a discreción; es decir, pueden determinar el cierre a determinada hora o dependiendo de un evento que consideren altere la tranquilidad. 69    También puede ocurrir que las rejas permanezcan cerradas, incluso con fuertes medidas de seguridad como candados. Esto sucede en las urbanizaciones cercanas al Estadio Monumental de Universitario de Deportes, donde no hay posibilidad de que ninguna persona que no tenga la llave pueda pasar. En este caso, los comportamientos vandálicos de las denominadas “barras bravas” antes y después de eventos deportivos propiciaron la adopción de estas medidas, en vista de que afectan la seguridad de los vecinos. En adelante, observaremos este caso más al detalle. Además, existen barrios enrejados cuyos parques siguen el mismo mecanismo: se enrejan para controlar el ingreso a determinadas horas y supuestamente preservar su cuidado. Ledgard y Solano refieren que se han visto casos en los distritos de Comas o Chorrillos en los que pobladores cierran sus calles, no tanto por motivos de seguridad, sino para que “sus” parques no sean utilizados por gente de asentamientos humanos cercanos; es decir, en base a la discriminación de cierto sector de la ciudad. “Es el bien privado sobre el bien público, la hiperliberalización en el subconsciente de la población aplicada a la trama urbana”, manifiestan (2011: 29). Al cerrar “sus” calles no solo se protegen de los peligros de la delincuencia, sino también preservan un espacio que consideran como suyo y una forma de vivir determinada relacionada con dicho espacio. ¿De quién se protegen? De personas del entorno que pueden no compartir sus mismas características socioeconómicas o culturales, de los 70    “extraños” que circulan por el espacio público, cuya condición de desconocidos y diferentes les imprimen un factor de riesgo. Hacia comienzos del 2006, en todo Lima se podía enumerar 3000 rejas, tranqueras y otro tipo de bloqueos de calles, según recopiló Plögger por fuente secundaria. Calculó que la suma total de barrios enrejados era de aproximadamente 300. Pudo calcular, entonces, que el número de personas que vivían en este tipo de zonas residenciales era de 400 mil; es decir, el 5% de la población (2009: 143). Según un informe de Asociación Peruana de Consumidores del 2010 realizado en 18 distritos (ver tabla 5), La Molina y Ate son las jurisdicciones que cuentan con el mayor número de rejas en Lima Metropolitana, la mayoría de ellas sin autorización (2010: 6). Según este mismo estudio, que se basó en solicitudes a las municipalidades de las listas de autorizaciones para colocación de elementos de seguridad, las rejas son los elementos de seguridad más comunes, seguidos de lejos por las tranqueras (ver gráfico 1). Este informe podría no ser exacto, pues la Defensoría del Pueblo (2004) informó que ya en el 2002 el municipio de Lima detectó la instalación de 487 rejas en vías públicas solo en el distrito de La Molina. Sin embargo, el trabajo realizado por Aspec nos da una mirada comparativa entre distritos que resulta interesante. 71    Tabla 5 Rejas en 18 distritos de Lima Metropolitana al 2010 DISTRITO NO TIENE AUTORIZACIÓN TIENE AUTORIZACIÓN TOTAL La Molina 167 42 209 Ate 189 - 189 Chorrillos 148 - 148 San Miguel 120 2 122 San Martín de Porres 94 15 109 San Juan de Lurigancho 77 7 84 Lima Cercado 83 - 83 Los Olivos 59 15 74 Santiago de Surco 50 3 53 San Juan de Miraflores 40 10 50 San Borja 28 12 40 San Martín de Porres 38 - 38 Pueblo Libre 16 7 23 La Victoria 22 - 22 Surquillo 9 - 9 Barranco 4 - 4 Jesús María 4 - 4 Lince 2 - 2 TOTAL GENERAL 1147 116 1263 Fuente: ASPEC (2010: 6). 72    Gráfico 1 Elementos de seguridad en las calles Fuente: ASPEC (2010: 9). Otra de las características de los barrios enrejados es la informalidad para la instalación de las medidas de seguridad. La implementación de rejas, tranqueras u otros elementos por parte de los pobladores es otra respuesta a los vacíos de seguridad percibidos. Para Plögger, la magnitud y expansión de estas prácticas informales es un indicio de la debilidad y poca legitimación del Estado. Pese a que existen normas que regulan de cierta manera el enrejado, estas no son cumplidas o se regularizan después de instaladas las rejas. Este descuido es aprovechado para la cuasi legalización de las medidas instaladas, que se consideran legítimas por perseguir un fin que los vecinos consideran debería ser salvaguardado por la autoridad. Esta nueva “geografía de la ciudad”, compuesta por calles y barrios enteros enrejados, reproduce desigualdades sociales, pues la posibilidad de protegerse y la provisión de 73    seguridad se distribuyen desigualmente (2006: 159). Además, se rechaza el encuentro en el espacio público, lo que va fragmentando aún más la ciudad. 3.3 NORMATIVIDAD VIGENTE EN TORNO A LOS BARRIOS ENREJADOS En el 2004, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe N° 81, titulado Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana, que daba cuenta sobre quejas presentadas desde fines del año 2000 por grupos de vecinos de diferentes distritos, entre ellos, Ate y La Molina, contra sus respectivas municipalidades por permitir que particulares instalen rejas en distintas vías públicas de sus zonas de residencia. El reclamo se sustentaba en la afectación a su derecho de libre tránsito y a los problemas colaterales generados para el acceso a locales comerciales, circulación de vehículos de transporte público, acceso a parques públicos, utilización para fines privados de algunos barrios enrejados, etc. (2004: 5). El derecho al que se hace mención es consagrado en el artículo 2° numeral 11 de la Constitución Política del Perú, que señala que toda persona tiene derecho “a elegir su residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo las limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería” (Bernales 1996: 115); es decir, al desplazamiento libre y con total discrecionalidad por cualquier lugar del territorio nacional. 74    Otros instrumentos internacionales también reconocen este derecho. El artículo 13º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 22º de la Convención Americana de Derechos Humanos se refieren al derecho de toda persona a transitar libremente por el territorio del Estado del cual se es nacional. Se trata de uno de los derechos reconocidos dentro del catálogo clásico de libertades fundamentales o núcleo duro de derechos reconocidos a toda persona humana en las Constituciones de todo Estado moderno (2004: 9). Este derecho se relaciona con otros derechos fundamentales como el de igualdad de trato (2004: 10-11), ya que –según la Constitución en su artículo 2° numeral 2– a ninguna persona se le puede discriminar restringiéndole, por ejemplo, su libre circulación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Sin embargo, los cuestionamientos surgen cuando consideramos otro derecho constitucional que es el de la seguridad. Las calles tienen la naturaleza de ser vías públicas, en las cuales todas las personas pueden transitar sin necesidad de pedir permiso a alguna autoridad u otra persona, pues, al igual que las avenidas, puentes, etc. tienen por finalidad servir como medios para la circulación de personas y vehículos, de acuerdo a las necesidades de la vida diaria. Al ser pública, la calle pertenece a 75    todos y no a una sola persona o grupo en particular. En principio, las calles no pueden ser apropiadas por ninguna autoridad o persona ni se pueden imponer sobre ellas medidas restrictivas, derechos reales o cargas que afecten el contenido esencial del derecho de transitar libremente sobre ellas (2004: 11). La calle es un uso de bien público, cuyos principios son: igualdad, pues no hay lugar a preferencias a favor de determinadas personas o usuarios; libertad, ya que está permitido hacer en ellas todo aquello que no dañe a otro y solo puede ser restringida por razones de orden público; y gratuidad, en vista de no se cobra derechos por parte de la administración, con excepción de los peajes en ciertos casos (Castro de Ulloa y Burritica en Defensoría del Pueblo 2004: 13). En tanto, la seguridad ciudadana es un bien jurídicamente protegido  por nuestro ordenamiento constitucional, en vista de que el concepto tiene como fuente directa dos deberes primordiales del Estado recogidos en el artículo 44º de la Constitución, el cual expresamente señala que “son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (2004: 14-17)”. Según la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, dentro de las competencias que le corresponden a las municipalidades se encuentra la de brindar servicios de seguridad ciudadana y organizar acciones para preservar la seguridad ciudadana de su respectiva jurisdicción, bajo la forma de un servicio público local (2004: 19). 76    En el caso de los barrios enrejados se observa que un grupo de personas, residentes de una zona específica, se apropian de manera exclusiva de un espacio considerado público, como es la calle, bajo un argumento que consideran superior: preservar la seguridad de los que viven en un área determinada. Se trata de una apropiación, es cierto, pero en sentido contrario al esperado en los espacios públicos, pues la esencia de los mismos se ve tergiversada al adoptar un grupo la decisión de limitar el acceso a otros considerados extraños. Asistimos pues a una práctica de privatización. Borja afirma que la privatización del espacio público puede significar una negación de la ciudadanía y convertirse en un factor de ruptura con el entramado social (2003: 209), pues al impedirse la posibilidad de que la calle sea espacio de encuentro se contraviene al concepto mismo y se limita sus potencialidades como eje articulador de la ciudad. Entonces, surge un conflicto entre un derecho fundamental, que es el del libre tránsito, y un bien jurídicamente protegido, como la seguridad ciudadana. La Defensoría del Pueblo argumenta que para poder optar por el último se debe estar completamente seguro que el derecho fundamental al libre tránsito no va a ser desvirtuado o anulado en su ejercicio; es decir, va a mantener su contenido esencial (2004: 30). Debería existir proporcionalidad en la aprobación del enrejado por parte de la autoridad competente. Por tanto, se debería realizar una evaluación de las ventajas y desventajas de esta medida: 77    No se podría admitir un cierre absoluto de una vía pública ya que ello afectaría el contenido esencial del derecho fundamental al libre tránsito. Consecuentemente, tendría que garantizarse que los enrejados en las vías públicas no serán un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, sino solo una limitación razonable o proporcional al bien jurídico que se quiere proteger. Ello quiere decir que dicha medida tiene que estar justificada por los hechos que le han dado origen –por ejemplo, el crecimiento de la delincuencia-, por la necesidad de salvaguardar un interés público superior -la protección del bien jurídico “seguridad ciudadana”-, y debe ser proporcional a los fines que se procuran alcanzar con ella, en los términos que hemos señalado. (Defensoría de Pueblo 2004: 32) La Municipalidad Provincial de Lima, a fin de regular el uso de elementos de seguridad, emitió en setiembre del 2004 la Ordenanza N° 690, que establece que para solicitar la instalación de elementos de seguridad en las calles la agrupación vecinal deberá estar inscrita previamente y la directiva asumir la titularidad y responsabilidad directa. Se debe contar con la conformidad de por lo menos el 80% de los conductores de predios (una firma por predio) dentro del área que se genera por la instalación de los elementos de seguridad; la opinión favorable de la oficina de Defensa Civil de la municipalidad distrital correspondiente, los detalles y especificaciones técnicas del elemento de seguridad a instalar y los pagos correspondientes por derecho a inspección ocular y de trámite. 78    Una vez realizada la instalación, los titulares autorizados deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  Contar con la presencia de al menos un vigilante por vía local con elementos de seguridad. La reja y, en su caso, la pluma levadiza, deberá permanecer cerrada únicamente cuando se encuentre presente un vigilante, el mismo que permitirá el paso vehicular con la sola manifestación del ciudadano de querer transitar por la vía. No podrá pedir ni retener ningún documento o establecer condiciones que restrinjan el libre tránsito, salvo flagrante delito para lo cual deberá comunicarse en forma inmediata con la Policía Nacional del Perú a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Sin la presencia del vigilante, el elemento de seguridad deberá permanecer abierto necesariamente.  Los ingresos peatonales permanecerán abiertos y sin ningún obstáculo que impida el ingreso a las personas.  Proveer el necesario mantenimiento y operatividad del elemento de seguridad en concordancia con las disposiciones previstas en la ordenanza en mención.  Exhibir carteles de libre pase en lugar visible.  Instalar a su costo la señalización que indique la respectiva autorización (Municipalidad Metropolitana de Lima 2004; Aspec 2010: 6-7). Esta ordenanza se ocupa de rejas batientes, plumas levadizas (que se conocen comúnmente como tranqueras) y casetas de vigilancia, mas no otro 79    elemento de seguridad, con una autorización o renovación por dos años. Se considera como falta muy grave negar el tránsito peatonal o vehicular por parte del vigilante, instalar o usar los elementos de seguridad antes mencionados sin autorización o utilizar otros que la ordenanza no permita o dejar el elemento de seguridad cerrado en estado de abandono. La sanción en estos casos será el retiro, demolición o incautación de lo instalado. Llama la atención que en esta ordenanza se solicite la autorización de los conductores y no de aquellos que no manejan un vehículo y que realizan traslados a pie por las calles de la urbanización. Si bien existe normatividad al respecto del enrejado, en la práctica las dinámicas son otras y la informalidad se puede apreciar en los barrios enrejados, en algunos más que en otros. Sin embargo, hay que recordar que el Tribunal Constitucional y la Corte Superior de Lima han dictado sentencias a favor de ciudadanos que impusieron recursos por afectarse su libre tránsito con el enrejado. 80    CAPÍTULO IV ATE Y LA MOLINA: REJAS QUE DIVIDEN, CONFLICTOS QUE SURGEN Yo creo que las rejas han sido una reacción del vecindario ante la incapacidad de las autoridades de turno de controlar la inseguridad. Ha sido un hecho de autodefensa, vedado, abusivo, prepotente, desatendido, lo que fuera, pero es tu casa, es tu inversión. La Constitución te garantiza el libre tránsito, que vivas tranquilo con el solo pago de tus impuestos ¿Para qué es el Estado? Tú pagas y mereces una contraprestación, mereces calles limpias, recojo de residuos sólidos, mereces áreas de esparcimiento, seguridad. No es ningún favor, no es ninguna dádiva, no es ningún lujo; es una necesidad para vivir en una sociedad pacífica. Hombre, 50 años, La Molina. 4.1 SOBRE LA ZONA INVESTIGADA 4.1.1 Ate El distrito de Ate está ubicado al este de la ciudad de Lima y colinda por el norte con el distrito de Lurigancho-Chosica; por el este con Chaclacayo; por el sur con Cieneguilla y La Molina; y por el oeste con Santiago de Surco, San Borja, San Luis y Santa Anita (ver figura 3). Tiene una superficie de 77,72 km2 y una población de 478 mil 278 habitantes. La densidad poblacional es de 6152 habitantes por kilómetro cuadrado. El uso del suelo es predominantemente residencial. Según su Plan de Desarrollo Concertado, en cuanto a la estratificación socioeconómica se caracteriza por un alto grado de desigualdad. El 5% de hogares pertenecen a los estratos altos, 25% a los medios y el 70% a los 81    estratos bajos. Presenta más de la cuarta parte de sus áreas deprimidas si se considera que el 61% de su población se encuentra en niveles socioeconómicos muy bajos. Las actividades económicas de Ate tienen una estructura diversificada y de baja especialización relativa, con predominio del comercio y servicios, con un alto componente de pequeñas y micro empresas, muchas de ellas informales, localizadas en diferentes zonas de manera muy desordenada. En las últimas décadas el crecimiento poblacional de Ate fue mucho mayor que el de los demás distritos que comprenden la zona Este de Lima. La concentración de la población genera una presión demográfica por vivienda y trabajo que no puede ser absorbida por el distrito. Esta situación ocasiona una tendencia a la densificación y tugurización de las áreas, produciendo informalidad y marginalidad urbana. Esto también ha generado problemas urbano ambientales en el distrito, pues se han poblado las faldas de los cerros. Los asentamientos humanos son mayoritarios en el distrito y esto se traduce en un déficit de servicios básicos y de equipamiento urbano. Entre los principales problemas que aquejan al distrito se encuentran el desempleo y bajo nivel de ingresos de la población del distrito, desorden urbano y del tránsito con parcial instalación de servicios básicos en sectores urbano marginales, hechos de violencia diaria y sensación de inseguridad (Municipalidad Distrital de Ate 2003: 16-48). En la Segunda Encuesta Metropolitana de Victimización 2012, Ate tuvo un 44.8% de hogares con 82    alguna víctima de delito, cifra mayor al año anterior (38.4%); sin embargo, la percepción de inseguridad es bastante alta. Esta es de 80.5%, ligeramente más arriba que el 2011. Ate es uno de los distritos percibidos como más inseguros de Lima, junto al Rímac, San Juan de Miraflores, La Victoria y Comas (Ciudad Nuestra 2012: 7, 13). 4.1.2 La Molina El distrito de La Molina limita por el norte con Ate; por el este con Pachacamac y Cieneguilla; por el sur con Pachacamac y Villa María del Triunfo; y por el oeste con Surco (ver figura 3). Tiene una superficie de 65,75 km2. Su población es de 132 mil 498 personas, según datos del censo del 2007. El suelo distrital está distribuido en 94 urbanizaciones, cinco asentamientos humanos y 23 asociaciones de vivienda y conjuntos residenciales. Las viviendas son, en su mayoría, del tipo casa independiente, departamento en edificio o vivienda en quinta, mientras que el número de viviendas improvisadas es mínimo. Las viviendas, en su mayoría, están construidas de ladrillo o bloques de cemento y un número reducido de madera o adobe. Solo el 1.31% de la población del distrito no dispone de agua potable, el 1.72% no cuenta con instalaciones sanitarias y un 1.25% no cuenta con alumbrado eléctrico. La incidencia de pobreza es del 18% y de 0.9% para el caso de pobreza extrema (Municipalidad Distrital de La Molina 2012: 13- 137). 83    En su Plan de Desarrollo Concertado se señala que, si bien el distrito no acoge bandas de delincuentes, no está libre del ingreso de estas a su territorio para cometer diferentes actos delictivos. Precisa que, no obstante cuentan con dos comisarías y un servicio de serenazgo, uno de los mayores problemas es la inseguridad ciudadana. Al 2011 los delitos de mayor incidencia fueron los robos a domicilios, robos de vehículos y autopartes y el vandalismo generado por las barras de los equipos de fútbol en las rutas de acceso y salida del Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes, ubicado en Ate, antes y después de los partidos, así como las grandes concentraciones de personas que acuden a eventos culturales y artísticos en el mismo lugar. En cuanto a victimización; es decir, la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo (Costa y Romero 2011: 41), La Molina se encuentra en un nivel no muy alto. La victimización por hogares en el 2012 fue de 35.8%, menos que el año anterior (38.4%). A su vez, la percepción de inseguridad no es elevada. Se ubica en el cuarto lugar de los distritos percibidos como más seguros con un 34.6%, cifra también menor que el año anterior (40.7%) (Ciudad Nuestra 2010: 7, 13). 84    Figura 3 Mapa de Lima Metropolitana Fuente: http://www.tierra-inca.com/album/lima/index.php?lg=es (18/05/13) 4.1.3 Caso de estudio: el conflictivo límite entre Ate y La Molina Ate y La Molina colindan al este de la ciudad de Lima. El óvalo Huarochirí, al final de la avenida Javier Prado y el Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes, que empezó a construirse en 1991 y fue finalmente inaugurado en el 2000, son dos referentes para ubicarnos en la zona limítrofe de ambos distritos. Por un lado, se encuentra la urbanización Santa Patricia I, en La Molina, compuesta por 10 manzanas, entre las calles Bucaramanga, San Juan, la avenida Melgarejo y las faldas del cerro, donde se ubica el condominio cerrado Alameda de La Molina. La zona se encuentra 85    completamente urbanizada y consolidada. Las rejas cubren todos los accesos a esta urbanización desde aproximadamente mediados de los noventa, según información de los vecinos. Al lado se encuentran la Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, Urbanización El Banco de Javier Prado y Asentamiento Humano Paraje Puruchuca, conformados en total por 23 manzanas. Esta zona de Ate es más extensa que la mencionada de la Molina y, pese a diferencias en cuanto a su urbanización en el tiempo, estos tres conjuntos de viviendas están localizados en una misma área, entre la calle Bucaramanga, las faldas del cerro y la explanada del Estadio Monumental (ver figuras 4 y 5). En este caso, aún se puede observar buena cantidad de terrenos sin construir o en proceso, en vista que la urbanización ha sido mucho más reciente que en la zona colindante perteneciente a La Molina. Incluso, se pueden observar algunas viviendas precarias, conocidas como “invasiones”, en los cerros de Ate. El área de Ate a investigar también se encuentra enrejada en todos sus ingresos. En la salida hacia la explanada del Estadio Monumental existe un muro perimétrico con rejas que fue construido por la municipalidad hace unos doce años, mientras que la reja de entrada que da hacia el límite de Ate fue colocada hace unos dos años (antes existía un portón), de acuerdo con la información recabada a través de las entrevistas. 86    Figura 4 Urbanizaciones de Ate y La Molina a investigar Santa Patricia I A.H. Paraje Puruchuca Estadio Monumental Urb. El Banco de JP La Molina Ate Límite Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 87    Figura 5 Vista satelital del área estudiada Fuente: Google Maps (05/11/12). El límite exacto entre ambos distritos es la calle Bucaramanga, que en el 2005 fue escenario de un conflicto entre vecinos de Ate y La Molina por la instalación de una malla de seguridad (ver fotografía 2), que fue denominada por los medios de comunicación como la ‘malla o reja de la discordia’. Según reseña el diario La República, los trabajos de colocación de este elemento en la calle empezaron el 29 de abril del 2005 y culminaron el viernes 6 de mayo. “Una malla de rejas de casi 270 metros de largo se convertía en la materialización de una frontera que intenta dividir dos clases sociales”, opinó el medio escrito. 88    Fotografía 2 La ‘malla de la discordia’ Malla metálica instalada en el 2005 por iniciativa de vecinos de La Molina en el límite con Ate (calle Bucaramanga).  Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=ndiqTHHIRw4 (mayo 2005). Esta malla fue colocada sobre un sardinel, construido por el Colegio Alpamayo, que se encuentra en la calle Bucaramanga hacia el lado de Ate, precisamente en el punto de controversia. En el año 1998 los vecinos de Las Colinas (como entonces se llamaba la actual urbanización Santa Patricia I, en La Molina) firmaron un convenio con el entonces alcalde del distrito, Paul Figueroa, y con el director del centro educativo de esa época, Jaime Millás Mur, en el que el colegio se comprometía a colocar un sardinel y en el caso de que alguno de sus alumnos “cruce de una vía a otra con el riesgo de ser atropellado (…), Alpamayo colocará sobre el sardinel una malla de 1.5 metros de altura a lo largo de la calle Bucaramanga”. Sin embargo, nunca se produjo algún incidente que propiciara que se hiciera efectivo dicho convenio (La República 2005). 89    Lo cierto es que la malla fue instalada –según un entrevistado habría costado 70 mil soles–, lo que generó un revuelo entre los vecinos de ambos distritos. Mientras los residentes de Ate argumentaban que eran víctimas de discriminación por vivir en una zona que en aquel entonces no contaba con servicios básicos, como alumbrado público o agua potable, ni tampoco con vías asfaltadas, pues su urbanización fue reciente, los vecinos de La Molina señalaban que el Colegio Alpamayo no había cumplido con ordenar el estacionamiento de las movilidades escolares hacia la avenida Javier Prado, en el lado perteneciente a Ate, y permitía que los vehículos aparquen en toda la calle Bucaramanga y en otras cercanas, dentro de la Urbanización Santa Patricia I. Este hecho incomodaba a los residentes de esta zona, por lo que acordaron la colocación de la malla. Además, afirmaban que no impedía el libre tránsito, pues se podía ingresar por las puertas de la reja batiente a inicios de la calle. En cambio, el alcalde de La Molina en aquel momento, Luis Dibós, argumentó que se trataba de una medida de seguridad. La presente investigación partió de este hecho para indagar sobre el proceso del enrejado y la relación que existe entre la seguridad ciudadana y la apropiación de la calle. Para efectos del estudio se realizaron doce entrevistas a profundidad a residentes adultos de la zona limítrofe entre los distritos de Ate y La Molina que se analizarán a la luz del marco conceptual planteado en anteriores capítulos. Los nombres se mantendrán en reserva, pero se colocará en adelante el distrito de residencia, así como el sexo y la edad, tal como se detalla en la tabla 6. 90    Tabla 6 Residentes entrevistados según sexo y edad ATE LA MOLINA Sexo Edad Sexo Edad Mujer 55 Hombre 62 Hombre 62 Mujer 43 Hombre 58 Mujer 42 Hombre 78 Hombre 50 Hombre 61 Mujer 63 Mujer 63 Mujer 57 Fuente propia. Las percepciones que hasta la fecha se tienen sobre este tema son diversas, pues mientras algunos aún hablan de discriminación hacia los residentes de Ate, otros insisten en que no existió algo más que un problema con el centro educativo, encontrándose diferencias marcadas en las opiniones de los vecinos de Ate y La Molina. Sin embargo, no existieron conversaciones entre vecinos de ambos distritos antes de decidir la colocación de la malla que dividía ambos distritos, bajo el argumento de que la calle, en su dimensión físico territorial, pertenecía al distrito de La Molina y, por ende, sus vecinos, con la anuencia de la autoridad municipal, podían decidir libremente sobre ella. La calle, pese a ser un lugar público, fue vista como parte extendida de la vivienda sobre la cual se pueden ejercer derechos excluyentes. Como se aprecia en las entrevistas realizadas hasta ahora hay muchos estereotipos respecto a quiénes son los “vecinos de al lado”, pese a que se admite que no se conocen o tratan; es decir, se estigmatiza al desconocido al atribuírsele determinadas características aunque poco se sepa de él o ella realmente. 91    Lo ocurrido demuestra los conflictos que pueden surgir en cuanto a la apropiación del espacio público en zonas residenciales; es decir, en su dimensión social, en vista que existe un entendimiento de las calles como prolongación de las viviendas; esto es, una división poco clara entre espacio privado y público. Por un lado, estaban aquellos que decían defender su calidad de vida, ya sea por el tema de la seguridad o el de la tranquilidad, y, del otro, aquellos que se sintieron agredidos por el levantamiento de una barrera a pocos metros de sus viviendas, como se puede apreciar en las respuestas de los entrevistados cuando se indagó al respecto: Los de Ate sí están bien enrejados. Ellos se cerraron recién. Ellos evitaron que nos cerráramos nosotros, pero ellos sí se cerraron. Graciosos, ¿no? (…) Dijeron: “me impiden”, pero, ¿para qué vas a entrar para acá? Acá no hay panaderías, no hay hospital, no hay nada. Era un pretexto: “mi libre acceso al tránsito”. Un juez amparó y ordenó que se retire la reja y se retiró este pedacito. Y los señores siguen caminando por allá, nunca vienen por acá (…) Queríamos cerrar para vivir tranquilos, con nuestra plata. ¿A quién le hacemos daño? (…) En nuestra sana intención, dijimos: “si acá termina La Molina, enrejamos La Molina, hacemos un condominio y bestial”. Pero la gente de mal vivir de al costado, apoyados por el colegio Alpamayo… Hombre, 50 años, La Molina Antes San Francisco, que ahora es casi una urbanización, empezó como una invasión. Se suponía que había personas de mal vivir, pero como en esa época robaban bastante, entonces la gente decía: “no es que salieran de allí, sino que por allá sí había acceso”. La gente pasaba, no se les controlaba mucho porque se suponían que eran de allá. Ellos también lo tomaron como que nosotros los discriminábamos, pero… el enrejado que pusieron en la calle Bucaramanga, en realidad, no fue con el motivo de 92    dividir. Ha sido por el problema que nos ocasiona el colegio Alpamayo (…) Si hubiera sido en verdad discriminatorio, se hubiera cerrado todo. Mujer, 57, La Molina Yo no estuve de acuerdo con la reja, aunque claro, dicen que era por seguridad. Es cierto que también en algunos sitios cercanos hay gente que no tiene mucha educación, pero perdimos en el juicio, la sacaron. Mujer, 42 años, La Molina La reja que levantaron fue porque no les gustaba “los del frente”. Sí, así de simple, lo único que les gustaba como vecinos era el colegio Alpamayo. En el pasaje, en Puruchuca, antes había delincuentes. Ya ha desaparecido prácticamente; antes estaba más tugurizado. De repente, en ese tiempo ellos lo veían así. (…) Pero, ¿qué cosa es discriminación? Hace un momento dijeron “barrios pobres, barrios ricos”. Hay 50 mil formas de hablar de discriminación; una es haber puesto la reja para solucionar el problema que están mencionando cuando más fácil hubiera sido reunirse con los vecinos de acá e ir de frente al colegio a plantearle la solución. Hombre, 58 años, Ate Sí hubo discriminación porque decían: “de la barriada están saliendo y están pasando por Santa Patricia” (…) Ya las épocas han cambiado, cómo vamos a estar dividiendo Ate y La Molina, es injusto, pues. Hombre, 61 años, Ate Quisieron hacer una discriminación porque Ud. sabe que Santa Patricia es de personas de tener y nosotros somos asentamiento humano, precisamente por el nombre. “Asentamiento humano, gente de mal vivir, estos han venido a invadir, ¿de dónde serán?”. Ellos no saben por qué le pusimos asentamiento humano. A veces, como dicen “asentamiento humano”, es una discriminación. Eso es lo que piensa Santa Patricia. ¿Qué quisieron ellos? Enmallar toda su zona, así como sale en la televisión. La gente pobre y la gente rica… Mujer, 55 años, Ate 93    Yo tengo tres amigas que están frente a la entrada principal, donde ahora han puesto una pluma. Ellas no ven la discriminación como personas pobres o adineradas, sino que a ellas les molesta el colegio Alpamayo, que pasen por ahí y cuadren sus carros, y no es solo movilidad escolar, sino son todos los que vienen a dejar a sus hijos (…) Es más fácil cerrar la reja y no dejar que nadie se cuadre. Mujer, 63 años, Ate Tabla 7 Análisis de opiniones sobre colocación de malla en calle Bucaramanga en el 2005 ATE LA MOLINA La malla fue vista por algunos vecinos de Ate como un acto discriminatorio por parte de los residentes de La Molina para no mirar a los vecinos y urbanizaciones de “enfrente”, a las que consideraban como “barriadas” o “asentamientos humanos”, términos que – opinaron– tienen carga negativa y están relacionados con gente de mal vivir. La malla fue vista por algunos vecinos de La Molina como una forma de buscar tranquilidad, utilizando el dinero, para hacer valer el presunto derecho sobre la calle que les asiste porque sus viviendas están ubicadas en los alrededores. Como señalaba Sennett, existe un repliegue hacia la esfera privada en vista de la preponderancia que adquiere la familia, a la que se le debe preservar de los peligros. Es así que se termina protegiendo el espacio privado, aunque para ello se tenga que restringir el espacio público, la calle, a la que se considera como extensión de la vivienda en zonas residenciales. Se habló de una intención de dividir a la “gente pobre” de la “gente rica” con la colocación de esta barrera física. Pese a que en las entrevistas solo algunas personas mencionaron el tema de la discriminación, se percibe que este evento, ocurrido hace ochos años, aún se recuerda con una mezcla de sorna y fastidio. Pese a que se niega que existió discriminación, afloraron expresiones como “se suponía que había personas de mal vivir” o “hay gente que no tiene mucha educación” que dan cuenta sobre el surgimiento de estereotipos como base del conocimiento del otro y no sobre la experiencia o encuentros reales. Fuente propia. 94    El tema en mención fue ventilado en el Tribunal Constitucional, que el 17 de agosto del 2005 dictó sentencia a favor de Patricia Rabanal Galdos, residente de la Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, que colinda con la urbanización Santa Patricia I y el Colegio Alpamayo. Dicha persona había interpuesto el 9 de mayo de ese año un hábeas corpus contra el alcalde de La Molina en ese entonces, José Luis Dibós Prada, en el que solicitaba que se ordene a dicha autoridad retirar de forma inmediata las rejas metálicas ubicadas en la calle Bucaramanga por impedir la salida a la Av. Javier Prado, así como el cerco perimetral (malla metálica) que dividía la calle en dos. Argüía que las rejas permanecían cerradas con candado lo que les impedía el paso. Por parte de la Municipalidad Distrital de La Molina se argumentó que el cerco perimétrico era un elemento de seguridad que se había instalado en estricta aplicación de la ley para beneficio de los alumnos del Colegio Alpamayo y de las propiedades y viviendas de sus vecinos de Santa Patricia; además, no interfería con el libre tránsito, pues existían otras vías que podían ser utilizadas. También se señaló que la ocurrencia de robos y el incumplimiento por parte del Colegio Alpamayo de la colocación de la malla metálica provocaron que la comuna tomara medidas al respecto. Anteriormente, el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 23 de mayo del 2005, ya había declarado fundada una demanda al respecto por considerar que no existía ningún problema de seguridad en la zona que 95    justificara la instalación del cerco perimétrico. Esto sirvió de antecedente para que el Tribunal Constitucional precisara que las vías de tránsito público no solo sirven para el desplazamiento de las personas, sino para facilitar otros ámbitos de su autodeterminación o el ejercicio de una diversidad de derechos constitucionales. Como tales, se constituyen en elementos instrumentales sumamente importantes de los cuales depende la satisfacción plena o la realización de una multiplicidad de objetivos personales. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda interpuesta y ordenó a la Municipalidad Distrital de La Molina el retiro inmediato e incondicional de las rejas ubicadas en los extremos de la calle Bucaramanga colindantes con la avenida Melgarejo y la calle San Juan, entre los distrito de Ate y La Molina, además del retiro del cerco perimétrico y el mecanismo de mallas instalado sobre la calle. Esta sentencia aclara que no se está en contra de que los municipios puedan convenir la implementación de algún mecanismo de seguridad compatible con las necesidades de protección de la ciudadanía, pero sin que ello suponga la privación de la libertad de tránsito ni la adopción de mecanismos irrazonables o desproporcionados (Tribunal Constitucional 2005). Este caso duró algunos meses y concitó la atención de la prensa y de la población por tratarse de un hecho controversial. ¿Puede un grupo de personas decidir sobre un espacio “público”? ¿Habría otra motivación, además del problema de la seguridad y de la tranquilidad de los vecinos, para colocar barreras físicas en las calles? 96    Ocho años han pasado desde dicha sentencia y, aunque la malla fue retirada, la reja batiente continúa en la calle Bucaramanga, así como en el resto de vías de los distritos de La Molina y Ate (ver fotografías 3, 4 y 5). Este hecho fue, incluso, parodiado durante varios años por el programa cómico El especial del humor, que en su sketch denominado Las pitucas de La Molina, se mofaba de los conflictos sociales entre residentes de ambos distritos representados por marcados estereotipos. Por un lado, las vecinas de La Molina, de nivel socioeconómico alto, que hacían alarde de su fortuna y menosprecian a los que “no están a su nivel”; y, del otro lado de la reja, los vecinos de Ate, de nivel socioeconómico bajo y lenguaje popular, que se mofaban de sus vecinas por su arrogancia. Este programa televisivo utilizó un hecho real para generar comicidad en torno a estereotipos que no fueron creados para el sketch, sino que forman parte del habla cotidiana (ver fotografía 6). Es por ese motivo que se consideró esta zona como referente icónico de los barrios enrejados de Lima, pues presenta antecedentes de conflicto por la apropiación del espacio público y la formación de estereotipos respecto a los que están “de un lado y del otro” de la reja. 97    Fotografía 3 Calle Bucaramanga con reja batiente al ingreso y sardinel Fuente propia (12/11/12). Fotografía 4 Calle Bucaramanga: sardinel y reja a medio instalar Fuente propia (12/11/12). 98    Fotografía 5 Reja en mal estado al final de la calle Bucaramanga Fuente propia (12/11/12). Fotografía 6 Sketch cómico Las pitucas de La Molina del programa cómico El especial del humor Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=LIS4xjSxfk0 (05/03/11). La zona investigada se ha ido enrejando con el tiempo y para conocer la situación actual se recurrió a solicitar a las municipalidades de Ate y la Molina información sobre los elementos de seguridad (rejas, plumas y casetas) instalados en sus jurisdicciones hasta la fecha (2012), amparados en la Ley de 99    Transparencia y Acceso a la Información Pública. La información fue entregada en un formato distinto por cada comuna y abarca a todo el distrito, no solamente a la zona de investigación. En el caso de La Molina se informó que se había autorizado a la fecha la colocación de 547 rejas batientes, 524 casetas y 58 plumas levadizas en toda el área del distrito, presentándose una mayor concentración de elementos de seguridad en la zona 1, en la que figura Santa Patricia (ver tabla 8). Tabla 8 Elementos de seguridad instalados en las calles de La Molina ZONA REJAS CASETAS PLUMAS TOTAL 1 222 251 6 479 2 219 139 19 377 3 57 92 30 179 4 49 42 3 94 TOTAL 547 524 58 1129 Zona I: Portada del Sol, SITRAMUN, El Cascajal, La Capilla, Las Lomas de La Molina Vieja, Rinconada del Lago, La Planicie, MUSA, Santa Patricia, La Fontana, Magdalena, Sofía, Villa FAP “Fundo Vásquez”, Camino Real, Los Cactus, Mayorazgo, etc. Zona II: Franja que circunda todo el distrito de La Molina, etc. Zona III: Urb. El Remanso de La Molina, Las Viñas de La Molina, El Sol de La Molina, La Estancia, El Haras, Los Portales, Rinconada Baja y Las Lagunas, etc. Zona IV: La Molina Vieja, la UNA, etc. Fuente: Informe N°218-2012-MDLM-GSC-SGTT (pedido de acceso a información pública). En el caso de Ate, 178 pedidos de autorización para la colocación de rejas fueron declarados procedentes desde el 2004 hasta el 2012 (ver tabla 9). En vista de la superficie de este distrito es amplia, es probable que el número de elementos de seguridad sea mayor, pero no haya recibido la conformidad por parte de la autoridad municipal, lo que sería pasible de multas e iría contra la 100    ordenanza de la que hicimos mención en el capítulo III. Sin embargo, esta forma de colocación de rejas de manera informal no sorprende, pues, como se ha señalado, es habitual que se realice de esta forma, luego de un acuerdo tomado entre residentes de una determinada zona. Tabla 9 Elementos de seguridad instalados en las calles de Ate AÑO1 REJAS PUERTAS METÁLICAS 2004 6 6 2005 7 - 2006 3 - 2008 28 - 2009 26 - 2010 54 - 2011 6 - 2012 48 - TOTAL 178 6 Fuente: Informe N°482-2012-MDA-GDU/SGTTV (pedido de acceso a información pública) La zona a investigar se encuentra emplazada en un área enrejada; es decir, a su alrededor todos los barrios son enrejados. Como parte del trabajo de campo se recorrieron las urbanizaciones cercanas para tener elementos que nos permitan compararla y ubicarla en su entorno. Es así que se observaron las calles de la Urbanización Covima y Santa Patricia (desde la avenida Flora Tristán hasta la avenida Melgarejo), en La Molina; y Mayorazgo, en Ate. Con la información hallada y recogida en el cuaderno de campo se graficaron en un plano los elementos de seguridad colocados en los espacios públicos, tanto calles como parques (ver figura 6), comprobándose que, a excepción de la calle Centenario, en la que se encuentra la sede principal del Banco de                                                              1 No se encuentra con información del 2007. 101    Crédito y cuenta con gran cantidad de personal de seguridad, todas las calles se encuentran enrejadas, incluso los pasajes y los parques. En algunos casos, las rejas se encuentran no solo en el cruce con las avenidas, sino también hacia adentro; es decir, dos rejas en una misma calle, como sucede en la parte de Santa Patricia que va hacia la avenida Flora Tristán. Figura 6 Enrejado en urbanizaciones cercanas y zona a investigar Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 102    La fortificación es mucho más notoria en la Urbanización Mayorazgo por su cercanía al Estadio Monumental. No solo las rejas, en muchos casos, se encuentran con candados, sino que, incluso, como se puede observar en la fotografía 1 (página 3), se han construido muros en las calles con una puerta para el paso de personas, lo que constituiría una violación a la ordenanza sobre elementos de seguridad en las calles. Los hechos de violencia protagonizados por barristas a la entrada/salida del recinto deportivo han provocado que se agudice el encierro y, sobre todo, se legitime. En el 2009, una muchacha fue arrojada por barristas de un vehículo de transporte público en marcha, causándole la muerte, precisamente cuando estos se trasladaban hacia el estadio. En el 2011, un joven fue arrojado de un palco dentro del Monumental, causándole la muerte. En este caso, también fueron barristas los que protagonizaron el hecho, por lo que hay una sensación generalizada de temor cuando se produce un partido de fútbol que motive la asistencia masiva de presuntos vándalos. Si bien los hechos mencionados no ocurrieron en las calles de la zona investigada, queda la percepción de que esto podría volver a suceder si uno se cruza con estos seudo hinchas. Las rejas sirven como un elemento disuasivo, aunque la seguridad no es absoluta. Las actividades, tanto para vecinos de La Molina como de Ate, varían durante los días que se programan eventos deportivos, informándose sobre un repliegue hacia las viviendas, pese a la existencia de elementos físicos de seguridad. Este hecho, aunque estaría cada vez más controlado, habría reducido la calidad de vida en la zona y 103    motivado a los residentes a justificar acciones de enrejamiento e incremento de medidas de seguridad. El temor surge por la incertidumbre de la ocurrencia de algún hecho de violencia, que como ha sucedido en anteriores ocasiones, puede ocurrir de forma inusitada y sin posibilidad de ejercer mayor control, de acuerdo con lo recabado en las entrevistas: La parte del estadio ha perjudicado mucho más. En dos o tres oportunidades los barristas se han filtrado, no en mucha cantidad, pero pese a las rejas. Salen por la parte de San Francisco (Ate) y entran a la urbanización, por la parte peatonal, porque lamentablemente no se pueden cerrar las puertas para el peatón. Mujer, 57 años, La Molina Cuando hay partidos todos se repliegan. Haces tus cosas en la mañana, se cierran las puertas. Hombre, 50 años, La Molina La verdad que cuando yo me vine era más tranquilo, ahora percibo que con el estadio de la U, cada vez que hay partido o alguna función es caótico. Yo, por lo general, cuando hay fútbol no salgo de mi casa, por temor a que me pueda pasar algo, pero, en realidad, acá dentro de la urbanización es tranquilo. Mujer, 42 años, La Molina (Cuando hay partidos) somos más vulnerables. A veces el Alpamayo no cierra sus rejas y no sabemos quién entra ni quién sale, no hay manera de controlarlo y lo otro es que en la parte peatonal se tiene el ingreso por la parte de San Francisco hacia acá. La parte de San Francisco en algún momento se une hasta la parte del estadio y para controlar un poco eso, cuando hay partidos fuertes; por ejemplo, un clásico, se cierran todas las 104    puertas: peatonal, tránsito, se cierra la principal y se abre la reja que está más cerca del Banco de Crédito. Esa casi nunca se abre. Mujer, 43, La Molina La inseguridad es afuera, es un caos infernal para entrar acá. Hubo un vecino al que tuve que defender porque un motorizado lo persiguió hasta acá porque se metió a su casa. Estos temas se fueron dando hasta hace dos años, más o menos. Desde que hubo este tema del chico que falleció (dentro del estadio) han comenzado a cambiar algunas cosas. Hombre, 58 años, Ate Acá adentro es seguro, aparentemente. El problema es cuando uno está afuera. Sobre todo cuando hay espectáculos en el estadio sí nos da un montón de inseguridad. Mujer, 63 años, Ate Imagínate tú que vengan un grupo de las barras y se quieran meter. ¿Cómo me pongo yo ante esas personas? Me tumban y me matan. En cambio, con la reja ya es un poco difícil. Mujer, 55, Ate. Tabla 10 Análisis de opiniones sobre el Estadio Monumental ATE LA MOLINA Se expresa preocupación y se admite vulnerabilidad cuando hay partidos de fútbol, en vista que deben cambiarse las rutinas diarias. Se considera a las rejas como elementos disuasivos en caso de desmanes, pero se admite que de todas formas podrían ocurrir. No hay elementos que certifiquen que efectivamente las rejas contribuyen a prevenir hechos delincuenciales. Fuente propia. 105    En este caso, residentes de Ate y La Molina comparten una misma problemática: se ven indefensos e intentan utilizar las rejas como elemento de seguridad al notar a las fuerzas del orden desbordadas ante la cantidad de barristas que concurren al estadio en determinados eventos deportivos. Pese a las rejas, se admite que no está del todo garantizado que no ocurran hechos de violencia, por lo que cabe pensar si esta es la forma más adecuada para atacar la problemática o si se podrían adoptar otras medidas destinadas a prevenir que estos ocurran. Las entrevistas a los vecinos de Ate se realizaron un domingo por la tarde, día en que los equipos de Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputaban un partido del Torneo Descentralizado. Ese día, tanto yo como mi acompañante para el registro de las entrevistas, fuimos testigos del avance de los concurrentes al partido por la avenida Javier Prado, cerca al Óvalo Huarochirí. Pocos taxis se animaban a llegar hasta esa zona y, si lo hacían, eran conscientes de que corrían el riesgo de ser víctimas de asalto. Los barristas avanzaban acompañados por policías y se observaba a muy pocas personas paradas en la calle o transitando la zona. Las rejas de acceso a vehículos se encontraban cerradas y la vigilancia se había redoblado en los ingresos a las urbanizaciones. Si bien no existe la certeza de que algo malo pudiera ocurrir, existen antecedentes que dan contenido al temor generado por el paso de barristas y justificaría para los residentes la existencia de rejas, en vista que el apoyo policial es considerado insuficiente. 106    4.2 ESPACIO CONSTRUIDO, PRÁCTICAS COTIDIANAS Y PERCEPCIONES En esta sección se analizarán las características de las calles observadas, así como el flujo de personas y de vehículos en las mismas para luego contrastarlo con las percepciones que tienen los residentes tanto de Ate como de La Molina sobre la seguridad ciudadana y los usos de la calle en esta zona residencial. La información se obtuvo en un proceso de observación semiestructurada y participante a través de fichas en las que se consignaron datos (ver anexo 1), además de la toma de fotografías. El objetivo fue conocer las principales características del espacio construido que pudieran tener relevancia para el análisis de la seguridad en la zona y las prácticas cotidianas que se suelen observar en el área investigada. El análisis del espacio construido se hará siguiendo el enfoque CPTED, que plantea un diseño ambiental adecuado para la prevención del delito y, por ende, la reducción de la percepción de inseguridad, mientras que el conocimiento de las prácticas cotidianas en el espacio permitirá conocer qué tanto son utilizadas las calles en las urbanizaciones estudiadas y si la existencia de elementos físicos de seguridad, como las rejas, propician o disminuyen la posibilidad del encuentro; es decir, alteran o no la concepción tradicional del espacio público, no solo en su dimensión física-territorial, sino también en su dimensión política y social, como proponen Takano y Tokeshi. Las percepciones de los entrevistados se han organizado en torno a temas recurrentes en las conversaciones que ayudarán a identificar los efectos 107    sociales generados por el enrejado, así como los imaginarios de la calle y la identificación del “otro” que utiliza este espacio público (ver anexo 2). ¿Qué tanto se basa en estereotipos? ¿Qué conflictos surgen? ¿Qué demandas tiene la ciudadanía respecto a los espacios públicos en zonas residenciales y, en general, la ciudad? ¿Qué tanto afecta la inseguridad ciudadana del disfrute de la calle? Lo hallado en este estudio de caso, si bien demuestra que existe un problema de percepción de inseguridad ciudadana extendido, también da cuenta sobre una voluntad de los vecinos de integrarse para responder a sus problemáticas y de la ausencia de espacios para que esto se dé no solo entre residentes de una zona, sino también con los que viven “del otro lado”. 4.2.1 Espacio construido: rejas y otros elementos físicos de seguridad En la Urbanización Santa Patricia I, en La Molina, se encontraron rejas en todos los ingresos posibles a la zona, lo que la convierte en un barrio enrejado típico, en el que, si se cerraran los accesos, la zona se aislaría de su entorno, convirtiéndose en un condominio ex post, según la denominación que propone Plögger en vista de que las rejas se colocaron posteriormente a la urbanización. De las 10 calles que componen esta urbanización, siete de ellas se encuentran sin rejas, pero las que dan hacia la avenida (Bucaramanga, San Juan y Managua) se encuentran enrejadas. Como se aprecia en la tabla 11, ninguna de las rejas colocadas en la Urbanización Santa Patricia I se encuentra cerrada al peatón (salvo la calle San Juan que tiene una de las rejas para el 108    peatón cerrada), en cumplimiento con la ordenanza N° 690 (ver fotografía 7). Sin embargo, las rejas de las calles Bucaramanga y San Juan sí restringen el acceso vehicular a la urbanización (ver fotografías 8, 9 y 10). En el caso de la calle Bucaramanga, se observa el sardinel sobre el cual se colocó en el 2005 la llamada ‘malla o reja de la discordia’ (ver fotografía 11). El acceso vehicular por esa calle se da precisamente por la parte que corresponde a Ate; es decir, de lado izquierdo del sardinel. Tanto la reja de acceso vehicular de Bucaramanga (La Molina), como de San Juan, se encuentran cerradas con candado y no suelen ser abiertas. Esto hace que el ingreso de vehículos solo se pueda dar por la calle Managua, donde personal de seguridad contratado por los vecinos – como parte de su presupuesto mensual familiar– se encarga las 24 horas de verificar qué autos ingresan (ver fotografía 12). En la calle El Salvador, si bien no hay una reja, existe una pluma o tranquera que suele estar abierta (ver fotografía 13). Al momento de la realización de la visita de campo, los vecinos de Santa Patricia I se encontraban organizando una actividad para recaudar fondos e instalar cámaras de videovigilancia para así lograr la identificación de eventuales delincuentes. 109    Tabla 11 Estado de rejas (La Molina) CALLES Abierta peatón Abierta vehículo Cerrada peatón Cerrada vehículo Sin reja San Juan 1* - - 1 - El Salvador - - - - 1 Bucaramanga 1 - - 1 - Puerto España - - - - 1 Tegucigalpa - - - - 1 Santo Domingo - - - - 1 Surinam - - - - 1 Panamá - - - - 1 Jamaica - - - - 1 Managua 1 1 - - - TOTAL 3 1 0 2 7 * Una de las rejas de peatones se encuentra cerrada. Fuente propia. Fotografía 7 San Juan: una de las puertas cerradas al peatón Fuente propia (12/11/12). 110    Fotografía 8 Bucaramanga: reja abierta a peatón y cerrada para vehículos (La Molina) Fuente propia (12/11/12). Fotografía 9 San Juan: reja cerrada al tránsito vehicular y abierta a peatones (hacia calle Bucaramanga) Fuente propia (12/11/12). 111    Fotografía 10 San Juan: reja cerrada al tránsito vehicular y abierta a peatones (hacia av. Melgarejo) Fuente propia (12/11/12). Fotografía 11 Bucaramanga: sardinel y reja a la mitad en ingreso a Ate Fuente propia (12/11/12). 112    Fotografía 12 Managua: reja abierta a peatón y vehículos con personas de vigilancia Fuente propia (12/11/12). Fotografía 13 El Salvador: pluma levadiza Fuente propia (05/10/12). 113    Si analizamos lo observado siguiendo el enfoque CPTED, se encuentra que las rejas colocadas en esta urbanización, si bien proveen de un número limitado de rutas de acceso, no siempre se conectan con áreas observables; es decir, una vez superadas las rejas de ingreso pueden existir oportunidades de delito, pese a la vigilancia en los alrededores. La presencia de vigilantes naturales se da, principalmente, en los parques al interior de la urbanización, que cuentan con mobiliario que promueve la permanencia (ver fotografía 14). Asimismo, los pocos comercios que existen en la zona atraen el movimiento de personas, lo que, por el contrario de lo que se podría pensar, hace menos desoladas las calles y desincentiva el delito (aunque se pueden producir situaciones en los que se presente). La iluminación es adecuada y permite al transeúnte tener visibilidad al andar. Fotografía 14 Parque (La Molina) Fuente propia (12/11/12). 114    Los elementos mencionados, que pueden contribuir a prevenir el delito y reducir la percepción de inseguridad, existen sin la necesidad de la colocación de rejas en los ingresos; sin embargo, estas son instaladas en nombre de la seguridad y, sobre todo, para prevenir el vandalismo durante los partidos de fútbol en el Estadio Monumental, cuyo control escapa de las manos de los ciudadanos y se traslada a la autoridad, que no consigue dominar del todo la situación. Esto nos invita a pensar en el dilema que supone tener espacios públicos abiertos si es que no se puede garantizar que en ellos no vayan a ocurrir delitos o que se produzcan en mínimo rango. Como se ha visto en el enfoque CPTED y como incidía Jacobs, los “ojos en la calle” son importantes para vigilar el entorno urbano de manera natural, enfoque que puede ser aplicado a zonas residenciales, previo estudio de cada caso, con participación de los mejores conocedores: los vecinos. No obstante, no se puede soslayar la importancia de la autoridad en garantizar condiciones mínimas de seguridad para evitar la apropiación de la calle a través de la instalación de rejas que nos dan la alerta de una fragmentación de la ciudad y que nos advierten sobre ciudadanos que prefieren vivir “hacia adentro” por temor, lo que afecta el disfrute de la ciudad. En el caso de la Asociación Vivienda San Francisco de Asís, Urbanización El Banco de Javier Prado y Asentamiento Humano Paraje 115    Puruchuca, en Ate, existen dos rejas de ingreso, una que da hacia la calle Bucaramanga, en el límite con La Molina (ver fotografía 15), y la otra, que incluye un muro perimétrico de cemento, hacia la explanada del Estadio Monumental (ver fotografía 16). El área observada en Ate es más extensa en territorio que la de La Molina y está compuesta por 23 manzanas, por lo que la tabla 12 consigna los datos por manzanas. Esta zona residencial también ha pasado por un proceso de “condominización”, pues pese a no ser un condominio, en la práctica si se cerraran todos los accesos se convertiría en un enclave residencial. La fortificación se realizó posteriormente a la ocupación y contó con el apoyo de la municipalidad, ante la demanda de los vecinos, en vista de los desmanes producidos durante los partidos de fútbol en el Estadio Monumental. 116    Tabla 12 Estado de rejas (Ate) MANZANAS Abierta Abierta Cerrada Cerrada Sin reja MZ. A - - - - 1 MZ. B - - - - 1 MZ. C - - - - 1 MZ. D - - - - 1 MZ. E 1 1 - - - MZ. F - - - - 1 MZ. H - - - - 1 MZ. J - - - - 1 MZ. K - - - - 1 MZ. L - - - - 1 MZ. N - - - - 1 MZ.M - - - - 1 MZ. O - - - - 1 MZ. P - - - - 1 MZ. Q 1 1 - - - MZ. R - - - - 1 MZ. S - - - - 1 Asoc. de Vivienda San Francisco de Asís MZ. T - - - - 1 URB.A - - - - 1 URB.B - - - - 1 Urbanización El Bco. de Javier Prado URB. C - - - - 1 A.H.A - - - - 1 A.H. Paraje Puruchuca A.H.B - - - - 1 TOTAL 2 2 0 0 21 Fuente propia. 117    Fotografía 15 Ingreso a Ate: Asociación de Vivienda San Francisco de Asís y Urbanización El Banco de Javier Prado Fuente propia (14/11/12). Fotografía 16 Reja perimétrica hacia la explanada del Estadio Monumental Fuente propia (14/11/12). 118    Las rejas de ambos ingresos se encuentran abiertas al peatón y a los vehículos, pero cuentan con vigilantes que se encargan de observar quiénes ingresan a la zona. La reja que da hacia la explanada del Estadio Monumental se cierra a partir de las 08:00 p.m. y no se abre los fines de semana (ver fotografía 17). Solo aquellos que tienen llave (los vecinos de la Asociación San Francisco de Asís) pueden ingresar luego de ese horario o los sábados y domingos por esa reja. El único acceso, de no contar con la llave, es el que da hacia La Molina. Una vez pasadas las rejas se pueden encontrar espacios públicos recientemente habilitados como un parque a inmediaciones de la explanada (ver fotografía 18). Además, hay una serie de comercios chicos, que proveen los artículos necesarios para que los residentes no tengan que salir del lugar, aunque no se observa mucho dinamismo. Al ser una zona urbanizada hace tan solo algunos años, aún se observan varios terrenos sin construir (ver fotografía 19), que pueden causar temor por encontrarse baldíos y oscuros. Asimismo, se han producido “invasiones” en el cerro colindante con La Molina. Las viviendas son precarias y de material rústico (ver fotografía 20). 119    Fotografía 17 Puerta para peatones con salida hacia la explanada Fuente propia (14/11/12). Fotografía 18 Parque (Ate) Fuente propia (14/11/12). 120    Fotografía 19 Terrenos sin construir Fuente propia (14/11/12). Fotografía 20 Viviendas de material rústico Fuente propia (14/11/12). 121    Entre la Asociación San Francisco de Asís y la Urbanización El Banco de Javier Prado, en Ate, y Santa Patricia I, en La Molina, existe un asentamiento humano de tan solo dos manzanas llamado Paraje Puruchuca, que no cuenta con enrejado, pese a dar directamente hacia la explanada del Monumental. Sin embargo, al ser una calle angosta, no es muy utilizada como vía de tránsito, sino quienes suelen utilizarla son residentes del lugar. Un portón une este asentamiento con la Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, pero permanece cerrado. Solo tienen acceso a él algunos residentes del lugar, pues les permite una salida adicional hacia el exterior (ver fotografía 21). Paraje Puruchuca solo cuenta con asfaltado en una de sus manzanas. La pavimentación se daría el 2013 gracias al presupuesto participativo (ver fotografías 22 y 23). Este asentamiento tiene una antigüedad de 20 años, según relatan los vecinos en las entrevistas, y recién contó con servicios de agua y desagüe hace 11. Pese a que fueron los primeros en asentarse en esta zona, algunos como propietarios de terrenos de cultivo y otros como invasores, su desarrollo ha sido más lento. De acuerdo a los entrevistados, esta zona es mirada como la “oveja negra” de los alrededores; en primer lugar, por su condición de asentamiento que provocaría una suerte de discriminación hacia sus habitantes. Al parecer, pronto esta área también se cerraría, ya que se encuentran en 122    conversaciones con el municipio para tal fin. Si esto se diera, el íntegro de la zona investigada estaría entre rejas. Fotografía 21 Portón con salida hacia Paraje Puruchuca Fuente propia (14/11/12). Fotografía 22 Asentamiento Humano Paraje Puruchuca, manzana A Fuente propia (14/11/12). 123    Fotografía 23 Asentamiento Humano Paraje Puruchuca, manzana B Fuente propia (14/11/12). De acuerdo con el enfoque CPTED, hay elementos que pueden contribuir a que la zona sea percibida como insegura. En la zona investigada de Ate, los accesos no están conectados con áreas observables y los espacios no están diseñados para orientar a los usuarios (por ejemplo, solo algunas calles tienen nombre y no se cuenta con señalización). Salvo en el parque mencionado, no hay otro espacio público que pueda propiciar la permanencia de vigilantes naturales. Hay otras áreas verdes, pero sin ningún mobiliario. En vista de que aún hay lotes sin construir o en proceso, el espacio aún no aparenta estar cuidado, salvo ciertas zonas. Además, la tenue iluminación no permite observar dentro de los terrenos baldíos, lo que podría incrementar la percepción de inseguridad en la zona. 124    Su cercanía al Estadio Monumental propició un primer enrejamiento perimétrico para evitar el ingreso de barristas hacia esta zona. La otra reja fue colocada, según mencionan, por una cuestión de orden y seguridad. Pese a las medidas de seguridad adoptadas, los entrevistados refieren que se han producido robos a viviendas, por lo que consideran que no son suficientes las medidas de seguridad que se adoptan. Al contrario de lo que se pensaría por ser un área cerrada, existe percepción de inseguridad que no solo está motivada por la ocurrencia de eventos deportivos que pudieran convocar a las llamadas “barras bravas”, sino también por un diseño del espacio que no fomenta la prevención del delito y por una aparente falta de organización respecto a la vigilancia. Además, como se planteará en la siguiente sección, el reducido flujo de personas no favorece la vigilancia natural y las calles aparecen desoladas. En su dimensión física, un espacio público con rejas expresa una apropiación del mismo para satisfacer las necesidades de seguridad de un grupo en un territorio determinado, aunque no haya elementos de juicio que comprueben que esta sea la mejor manera de protegerse contra el delito. Este elemento físico es considerado, ante todo, un disuasivo, pese a que crea una imagen de ciudad fragmentada y a la defensiva. La intervención en el espacio físico está justificada por el grupo que la promueve y se pueden producir conflictos, como sucedió en el 2005, ya que el espacio público, en su dimensión social, es un terreno en el que hay luchas de poder respecto a quién decide sobre el mismo. 125    En la dimensión política, la municipalidad suele ser permisiva con la colocación de rejas, pues, pese a que la ordenanza señala que la reja debe estar abierta o con un vigilante que la controle, se presenta el caso de Santa Patricia que tiene rejas de acceso vehicular y una de acceso peatonal cerradas con candado, y, en cuanto a Ate, una reja que no se abre los fines de semana y se cierra a partir de cierta hora de la noche, con la sola posibilidad de salir o entrar con la llave. Si bien estas pueden ser medidas que los residentes consideran adecuadas para preservar la seguridad, hay poca competencia al respecto por parte de la autoridad, estableciéndose un poder mayor por parte del residente en zonas residenciales. 4.2.2 Prácticas cotidianas: flujos de personas y vehículos en las calles Yo uso bastante la calle porque salgo a caminar con mi esposa, la veo tranquila aparentemente, aunque de repente alguien está vigilando, viendo qué casa tiene algo más importante para pegar el salto. Hombre, 78 años, Ate En las visitas de campo realizadas también se observaron las prácticas cotidianas de los usuarios de la calle, para contrastarla con la información que se pudo obtener en las entrevistas a profundidad. Tanto en la zona de Ate como en la de La Molina se observó el flujo de personas y de vehículos, así como sus actividades principales, durante una hora, en cada caso (09:00 – 10.00 a.m.) y se tomó nota de lo obtenido en las guías 126    de observación. Los datos se refieren al género, edad aproximada (en vista de que se trató de transeúntes no hubo posibilidad de preguntar la edad exacta) y actividad realizada en la calle de la zona investigada. En el caso de La Molina se registró el paso de 80 personas por las distintas calles de la urbanización Santa Patricia, percibiéndose, como era evidente, un mayor flujo por los ingresos con rejas (Bucaramanga y Managua) que por las demás calles al interior (ver figura 7). La mayoría de usuarios de la calle, según lo observado en nuestras visitas de campo, son hombres adultos, de entre 21 y 30 años de edad (ver gráficos 2 y 3). Los peatones usan la calle para caminar antes que para otras actividades, como pasear al bebé a la mascota o montar bicicleta (ver gráfico 4). Se trata de personas que, en su mayoría, están de paso por las calles de dicho espacio residencial. Las actividades son reducidas y no se fomenta la permanencia, solo el tránsito para llegar a algún destino. Figura 7 La Molina: Flujo de personas Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 127    En cuanto al flujo de vehículos, este se presenta con mayor intensidad, al igual que en el caso de los peatones, en las vías de acceso a la urbanización. Durante la hora que duró el proceso de observación, se registró la circulación de 40 vehículos en las diferentes calles de la urbanización. La calle Bucaramanga es la que presenta mayor número de vehículos (14 en una hora), pese a que esta no permite el ingreso hacia La Molina, sino hacia Ate, lo que señala que el acceso de autos a Santa Patricia I es mínimo, al menos en el horario en que se recogió la muestra (ver gráfico 5). Gráfico 2 La Molina: peatones según género Fuente propia. 128    Gráfico 3 La Molina: peatones según edades Fuente propia. Gráfico 4 La Molina: peatones según actividades Fuente propia. 129    Gráfico 5 La Molina: flujo vehicular Fuente propia. En el caso de Ate se registró el tránsito de 98 personas por las calles de la Asociación de Vivienda San Francisco de Asís, Urbanización El Banco de Javier Prado y Asentamiento Humano Paraje Puruchuca; en el total de 23 manzanas (ver figura 8). Al igual que en La Molina, el flujo de personas fue mayor en las calles que dan hacia las rejas de ingreso (manzana O y Q). Sin embargo, fueron las mujeres, entre los 41 y 50 años de edad, las que más usaron la calle durante el horario de observación (ver gráfico 6 y 7). Caminar continúa siendo la actividad más común en la calle, seguida muy de lejos por otras actividades (ver gráfico 8). 130    Figura 8 Ate: Flujo de personas Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. En cuanto al flujo de vehículos, la mayor circulación se da por las calles de ingreso, tanto la que da hacia el límite con La Molina, como la que da hacia la explanada del Estadio Monumental. Del total de 49 vehículos registrados, 14 vehículos ingresaron por la manzana O (gráfico 9). Pese a que la diferencia no es alta, se presenta mayor movimiento que en La Molina. Según lo que se pudo observar, las calles en la zona investigada son utilizadas como medios para desplazarse de un lugar a otro y, en muy pocos casos, las personas permanecen en el lugar al tener pocas posibilidades de realizar otro tipo de actividades. 131    Gráfico 6 Ate: peatones según género Fuente propia. Gráfico 7 Ate: peatones según edades Fuente propia. 132    Gráfico 8 Ate: peatones según actividades Fuente propia. Gráfico 9 Ate: flujo vehicular Fuente propia. 133    En la muestra se halló que las personas utilizan la calle en zonas residenciales como lugar de paso antes que como espacio público y la mayor afluencia de personas ocurre en las vías en las que el acceso es libre, mientras que las otras se tornan desoladas. Pese a la existencia de elementos físicos de seguridad en las calles, aquellas en las que el flujo de personas es menor pueden convertirse en blancos de robos si no son intervenidas adecuadamente para ser percibidas como más seguras y prevenir los delitos de oportunidad. 4.2.3 Percepciones: entre el miedo al delito y la diferenciación social Percepción es la idea que nos formamos sobre algo, la sensación interior que resulta de una impresión hecha en nuestros sentidos. En el caso de la seguridad ciudadana, se sintetiza en el temor a ser víctima de un delito. Podemos percibir espacios seguros, como también podemos pensar que un espacio, de acuerdo a determinadas características, es potencialmente inseguro. En los últimos años se han realizado una serie de encuestas sobre percepción de inseguridad ciudadana, que dan cuenta sobre un número elevado de personas que consideran que la ciudad se ha vuelto un lugar peligroso para vivir. Sin embargo, la percepción de inseguridad ciudadana no está necesariamente acompañada de la victimización u ocurrencia real del delito, sino que es independiente de ella. Para Lagos y Dammert, los elementos que podrían generar mayores niveles de temor varían desde la desconfianza en la policía, percepción de abandono 134    estatal, aumento de delitos, limitada cohesión social hasta medios de comunicación que llenan un vacío de liderazgo haciendo que la formación de la opinión pública sobre este tema esté al vaivén de los hechos diarios y puntuales (2012: 17). Las causas son complejas y la disminución de la criminalidad de un determinado país o ciudad –digamos también de un distrito o zona residencial– no es un correlato de la disminución del temor, pues este tarda un tiempo mayor. A este fenómeno se le denomina la inercia del temor (2012: 18). No solo estamos hablando de un miedo que se puede vivir a nivel personal, sino de una percepción que modifica comportamientos y estilos de vida de las personas, afectando el funcionamiento de las sociedades. Ejemplo de ello es que los individuos eviten salir de noche y se encierren más en sus hogares o que se implementen medidas de seguridad, que según el nivel de ingreso pueden ir desde perros hasta armas, pasando por rejas y cercos eléctricos (2012: 43), como se analiza en esta investigación. Como se ha señalado anteriormente, el surgimiento de urbanizaciones cerradas está asociado, entre otros factores, a la inseguridad, pero el tema es mucho más amplio, pues la gobernabilidad de una ciudad o país se puede ver amenazada por un aumento de las demandas hacia el Estado y servicios privados por mayor seguridad y una delincuencia con mayores niveles de organización que desafíe permanentemente a las instituciones públicas, según advierten Lagos y Dammert. El temor al delito tiene una serie de 135    consecuencias sociales: abandono de espacios públicos, aumento de la desconfianza en las instituciones, encierro e, incluso, utilización de medidas autoritarias (por ejemplo, linchamientos o “juicios” populares a delincuentes) (2012: 34). La respuesta ante esta problemática por parte de los gobiernos suele no ser satisfactoria: Como consecuencia los gobiernos suelen responder con mayor control, reflejado en la promesa de más policías y más cárceles, lo cual no solo no resuelve el problema, sino que también implica mayores costes económicos, y cuando la promesa no se cumple, erosiona la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas. Esto a su vez erosiona la gobernabilidad. (Lagos y Dammert: 2012: 35) Se distinguen dos tipos de temor: el afectivo, que tiene que ver con las emociones que desarrollan los individuos frente a situaciones delictivas o peligrosas, y el temor objetivo, vinculado con el análisis realizado por el sujeto que, tomando en cuenta diversas variables personales y de contexto, estima la probabilidad de ser víctima de algún delito. Este último está ligado a la presencia y confianza en la institución policial (2012: 35-36). Distintos sondeos de opinión han indagado sobre la percepción de inseguridad ciudadana, en su nivel afectivo. La encuesta de Lima cómo Vamos, por ejemplo, señala que el 67.8% de limeños está insatisfecho con la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia, hecho que incide en su calidad de vida (2012: 6). Sin embargo, no se han realizado muchos estudios sobre victimización. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 136    (INEI) en el 2010 y la ONG Ciudad Nuestra en el 2011 y 2012 realizaron encuestas al respecto que arrojaron una cifra menor de victimización que de percepción de inseguridad. En el caso del INEI el muestreo se realizó en el área urbana de los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao de mayo a diciembre del 2010. Un dato interesante de esta encuesta es que, a nivel nacional, solo el 18,9% de personas que fueron victimizadas denunció el hecho ante la comisaría. Por su parte, Ciudad Nuestra aplicó su encuesta entre el 11 de febrero y el 3 de mayo del 2012, en 35 de los 43 distritos de Lima Metropolitana. No fueron incorporados los distritos de Ancón, Cieneguilla, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Santa Rosa. Lima cómo Vamos, que realizó su encuesta en base a un muestreo de 1920 residentes de 40 distritos de Lima Metropolitana, también incluyó en su encuesta del 2012 una pregunta sobre victimización o experiencias de inseguridad. En la tabla 13 se pueden apreciar los resultados de estas encuestas para los tres años a nivel nacional, en Lima Metropolitana y en los distritos de Ate y La Molina. Si bien no se cuentan con los mismos datos para todos los casos, si se puede apreciar a grosso modo que la diferencia entre percepción de inseguridad y victimización varía entre 8% y 40%, lo que demuestra que el temor a ser víctima de un delito en el país, ciudad o distrito en el que se vive es autónomo a la ocurrencia del mismo. Esto genera demandas de seguridad en el espacio público que son elevadas hacia las autoridades y, si no son resueltas satisfactoriamente, se buscan respuestas para disminuir esa 137    percepción de vulnerabilidad ante el crimen y la delincuencia. No se puede soslayar el problema de la inseguridad real ni tampoco minimizar las percepciones de las personas. Por el contrario, estas cifras son un llamado de atención sobre la situación real de la inseguridad y sus consecuencias en la vida de las personas en las ciudades, que también se evidencia en el espacio público al cerrarse calles que, en otro contexto, deberían cumplir con su característica de ser libres al acceso de todos. Tabla 13 Victimización vs. Percepción de inseguridad ciudadana FUENTE Ámbito Año Percepción Victimización Nacional 79.2% 45.5% INEI Lima 2010 81% 45.8% 2011 71.6% 42.5% Lima 2012 70.2% 42.9% 2011 80.2% 38.4% Ate 2012 80.5% 44.8% 2011 47.3% 38.4% Ciudad Nuestra La Molina 2012 52.1% 35.8% 2010 49.7% 46.3%* 2011 71.1% 45.4%* Lima cómo Vamos Lima 2012 50.7% 41.1%* * Se consideraron los siguientes ítems: “le robaron algo mientras caminaba por la calle, estaba en un local público o en un transporte público o particular” y “su vivienda fue objeto de algún robo”. Fuente: Elaboración propia con información de Lima Cómo Vamos (2012: 20, 22), Ciudad Nuestra (2012: 5, 7) e INEI (2010). La percepción de inseguridad también tendrá consecuencias sobre el espacio público que o se rechaza por el temor que genera o se interviene para aparentar mayor seguridad. En el estudio de campo realizado en las zonas residenciales seleccionadas de Ate y La Molina se indagó, a través de entrevistas a profundidad, sobre la percepción de inseguridad en el lugar de 138    residencia y la incidencia de la misma en la apropiación de la calle. Se halló que la percepción de inseguridad es mayor en la zona investigada de Ate, lo cual tiene relación con altas cifras de percepción de inseguridad recabadas por la encuesta de Ciudad Nuestra, mientras que en La Molina hay una sensación casi común de encontrarse en un lugar seguro, aunque no se descarta que se puedan presentar eventos que afecten la seguridad como han ocurrido en otras ocasiones. El temor varía dependiendo del sistema de seguridad que se cree para enfrentarlo; por ejemplo, la instalación de rejas y la contratación de vigilancia privada o las vivencias vinculadas al delito de personas conocidas. Mientras existan formas de protegerse, sean estas individuales o colectivas, la percepción de inseguridad disminuye, pero mientras más sean las historias vinculadas al delito que lleguen a los oídos de las personas o que se presencien aunque uno no sea el protagonista, la percepción de inseguridad aumenta. Si se cuenta con formas de protección, como suelen ser las rejas, la sensación de seguridad es mayor, pese a que se admite que no es suficiente. Un entrevistado de la zona de Ate hizo mención de problemas de infraestructura y con el municipio como factores que también contribuyen a una percepción de inseguridad. Se refiere a falta de intervención en el espacio para que este se perciba como más seguro; por ejemplo, mejorando la iluminación, e ineficiencia por parte de las autoridades competentes en mejorar el problema de inseguridad con políticas adecuadas. En general, los entrevistados atribuyen la percepción de inseguridad a la incertidumbre de 139    que alguien te esté observando, vigilando o pueda hacer el mismo daño que causó a otras personas. Otro punto a observar es que la percepción de inseguridad en la zona de residencia se mide en función a Lima; es decir, se compara de acuerdo a cómo se percibe la falta de seguridad en la ciudad. Si se percibe la ciudad como insegura, entonces la zona de residencia busca convertirse en un lugar en el que el riesgo se reduzca. Un “paraíso” en medio de una vorágine, como precisaba un entrevistado. Estoy afuera del colegio Alpamayo y me muero de miedo. Parece una bendición… cruzo la reja, así no haya ningún vigilante, ya me siento cubierto. Es como un halo, aquí hay un sistema de seguridad (…) En la calle no hay robos, es muy difícil porque, por ejemplo, yo estoy viendo que están asaltando a un vecino, llamo a la tranquera, cierran las puertas y el ladrón nunca sale. Una vez estábamos haciendo un bingo y entraron a robar a una casa, alertaron y cerraron todas las calles y nunca pudo salir (…) Si roban, al toque se activan las alertas (…) En la ciudad se vive una inseguridad tremenda. Este es un paraíso. Hombre, 50 años, La Molina La delincuencia está en todo sitio y uno no sabe que de repente hay alguien que te pueda asaltar o te pueda hacer daño. Este año (2012) fui a comprar a la tienda, estaba hablando por celular, con un Blackberry, acá dentro de la urbanización, y me di cuenta de una persona medio rara. Me iba a quitar el celular, pero me di cuenta. Yo sentí esa cosa como cuando a uno le va a pasar algo. Al toque cogí mi celular y me fui para el otro lado y justo un señor que me conoce me mira y me dice: “¡qué bueno que no se ha ido por ahí porque era solitario!”. Mujer, 42 años, La Molina 140    Mi temor es cuando se paran en el óvalo. Hay personas que esperan los camiones que traen arena, cemento: obreros, trabajadores. Esperan que los contraten, buscan trabajo, toda la gente esa se para en la esquina; uno pasa y no sabes quiénes son. Mujer, 47 años, La Molina Yo te diría que es una zona segura con necesidad de preocupación de los vecinos por integrarse y ver lo que pasa. Hay otros factores que inducen a que esta zona se vuelva insegura: problemas de infraestructura, problemas de la municipalidad. Todos esos parámetros van a producir que esta zona, a pesar de ser una zona segura, vaya camino a la inseguridad. Hombre, 61, Ate No estamos caminando en Caquetá a las 5 de la tarde, no es igual acá, pero sí han sucedido algunos casos y tenemos que comunicarlos para estar alertas. Hombre, 58 años, Ate Estamos siendo vigilados, no sabemos en qué momento nos van a robar, hay alguien que nos está mirando, hay departamentos que alquilan. De repente el ladrón es el que tiene su departamento y nos está haciendo guardia y no sabemos en qué momento nos van a robar. Ahora el cambio se está dando porque ya tenemos un vigilante y debemos redoblar eso (…) Otros denuncian robos, otros se callan, a veces por vergüenza ni lo manifiestan. Hombre, 62 años, Ate Hace un tiempo todo esto era tranquilo, no había peligros. Ahora vienen de lejos a observar en moto; a las chicas en la entrada les han estado arranchando el celular, les han quitado la cartera, en la salida de Javier Prado, en el óvalo. Esa parte es un poco oscura, hasta las zapatillas le han quitado a un joven. Mujer, 55, Ate. 141    El año pasado también presencié el caso de un ‘Tico’ color amarrillo que le arranchó a una chica su cartera aquí en el óvalo. Yo la vi pasar, yo también me venía por el lado de al frente. Le arranchó la cartera y arrancó. Decía taxi. Justo acá en el paradero. Desde ahí tuve un poquito de miedo porque yo llevo a mis hijas al colegio y si así arranchan las carteras qué le pueden hacer a las niñas que ahora están en la etapa de la adolescencia. Mujer, 46, Ate Tabla 14 Análisis de opiniones sobre percepción de inseguridad en zona de residencia ATE LA MOLINA Pese a las rejas, existe una sensación de estar siendo “vigilados”; es decir, que el delito ronda, pese a que este hasta el momento no se haya presentado. Esta percepción surge, según los vecinos, debido a que los peligros han aumentado y ahora uno está “más observado” por el delincuente en la calle. Se teme a este espacio público a razón de que en él suele producirse el delito. Surge la agorafobia de la que hablaba Borja o temor hacia los espacios públicos por poder ejercerse poco control sobre los mismos, más aún si no existen prevención o atención por parte de la autoridad. Las rejas actúan como “halos” de seguridad en las zonas de residencia, que son percibidas como “paraísos” en medio de la vorágine que es Lima. Como una respuesta a la inseguridad que se percibe en Lima, los residentes colocan rejas, pese a que no se ha comprobado su eficacia. Esto va generando una geografía distinta de ciudad, una ciudad que se va enrejando progresivamente, a la defensiva de los peligros y que, a su vez, causa fragmentación social al resolverse los problemas individualmente o por parte de ciertos grupos sin mirar hacia afuera. La percepción de inseguridad surge por hechos vividos o contados por terceros. La incertidumbre de ser víctima de un delito genera temor. Hay una percepción de inseguridad mayor cuando se observan desconocidos, pues “no se sabe qué están haciendo”, lo que reafirma lo señalado respecto a que en zonas residenciales bajo el modelo de condominio ex post se evita el encuentro con la diferencia por causar incertidumbre. Las calles oscuras y desoladas acrecientan la percepción de inseguridad. Este tipo de calles, por las que no circulan muchas personas, se vuelven solitarias y son aprovechadas por los delincuentes para realizar sus fechorías, como señalaba Jacobs. Se da importancia a la integración entre vecinos para afrontar la inseguridad ciudadana. Fuente propia. 142    Esta percepción de inseguridad ciudadana no va de la mano con la ocurrencia real del delito. En cuanto a la victimización en la zona de residencia, los casos que se presentaron fueron mínimos. Solo dos personas en La Molina y una en Ate habían sufrido robo dentro de la urbanización, específicamente dentro de su vivienda, pero sí varios de los entrevistados hicieron mención de delitos ocurridos a personas conocidas. Entraron dos veces al edificio y robaron bicicletas; las dejamos en el tercer piso y subieron. Seguro fue alguien de por acá. También empezamos a sospechar de los vigilantes. Mujer, 42 años, La Molina Nosotros siempre hemos tenido vigilancia, pero no es completa, no se abastece. A mí particularmente no me ha tocado cuando he estado acá, pero antes de vivir acá sí; yo tenía antes un almacén acá y me robaron una vez (…) La zona es medianamente segura. Al enamorado de mi hija lo atracaron en la esquina, saliendo, lo golpearon y le robaron, saliendo de la reja, desde ahí ya está el problema. Hombre, 62 años, La Molina. (Robaron) mi vivienda, así, aunque este es un lugar donde hay bastantes policías. La asociación ha sido formada por policías, pensé que era seguro porque hay tantos policías. Hombre, 62 años, Ate Acá hubo dos casos. Hay una señora que un taxista le robó su celular (adentro). Después, intentaron secuestrar a una niña. Cosas muy disímiles. Hombre, 58 años, Ate 143    La inseguridad ciudadana, al generar temor, provoca que las demandas de solución al problema sean aún mayores e influyan en la apropiación de los espacios públicos, no en el sentido democrático que se mencionó en el marco conceptual, sino bajo la forma de la privatización; es decir, la apropiación por parte de un grupo, en este caso, residentes de una zona específica. La percepción de inseguridad ciudadana ha propiciado, entre otros aspectos, el enrejamiento de las calles en zonas residenciales. Si bien las rejas no son garantía absoluta de que el delito no ocurra, para los entrevistados suelen ser elementos disuasivos, pero sobre todo, hitos que generan una percepción de seguridad mayor, aunque no se han hallado elementos que confirmen su efectividad en la prevención del delito. Sin embargo, también hay quienes opinaron que si existiera una autoridad que pudiera enfrentar la problemática y generar alternativas, las rejas no serían necesarias, lo cual es un llamado serio de atención a las autoridades competentes y una demostración que la ciudadanía es activa en cuanto a la dar soluciones a los problemas que se presentan en la ciudad, aunque ello traiga otras consecuencias. Las rejas son defendidas y legitimadas de igual manera por vecinos tanto de Ate como La Molina, pese a que se admita que generan incomodidad, sobre todo para el vehículo. También se encontraron opiniones que mencionaron la desconfianza acrecentada en el vecino a raíz de que no existen mecanismos establecidos por los municipios para dialogar con el vecinos “de al lado”: 144    Las vallas, las rejas, son las que incentivan los conflictos de convivencia. (…) El peruano es conversador, es amigable; hay excepciones, pero por naturaleza es así. Lamentablemente son las autoridades las que fomentan estas cosas. Como tú dijiste, 80% de firmas para que pongan rejas. Ya te incentivaron a mirar al otro de manera desconfiada, con recelo, duda; te están incentivando a perder la confianza, en vez de acrecentar los medios y las situaciones que te den la seguridad de poder conversar con el vecino, con otro vecino que vive más lejos. Tantas cosas que nosotros pagamos como tributos si ellos los invirtieran realmente en tener buenos profesionales que pudieran crear una infraestructura, planeamiento de integración, no tendríamos que estar pensando en rejas, ni nada. Hombre, 58, Ate Yo creo que las rejas son muy útiles cuando hay una persona que puede abrir y cerrar las puertas. Tiene que abrir y cerrar las rejas, no irse de un extremo a otro de la cuadra. También para que entre un carro pueda ingresar tranquilamente debe identificarse. Eso evitaría que uno que no pertenece a la cuadra ingrese, pero si quieres cruzar de un extremo a otro y no darte 20 vueltas, entonces la reja está demás. Mujer, 63 años, Ate ¿Por qué se ponen las rejas? Por seguridad. Tú das seguridad, ya no se necesitan poner rejas, pero te pregunto, ¿la inseguridad se mantiene, está en merma o está en avance? Hombre, 50 años, La Molina Si bien es cierto las calles deben ser libres, todo eso siempre y cuando nosotros tengamos la seguridad de que nuestra ciudad sea segura, pero, lamentablemente de acá a que ocurra eso, falta bastante. Mujer, 47 años, La Molina. Yo creo que porque empezaron a poner rejas por todas partes optaron por poner rejas aquí; por sentirse más seguros. Mujer, 42 años, La Molina 145    Tabla 15 Análisis de opiniones en torno al enrejado ATE LA MOLINA En ambos distritos, los residentes justificaron la colocación de rejas en las calles, mientras exista el problema de inseguridad en la ciudad. Aunque concuerdan en que las calles son libres, no se vislumbra otra alternativa para reducir la percepción de inseguridad. Para algunos vecinos de Ate las rejas son las que provocan conflictos de convivencia, en vista de que afianzan la desconfianza en el otro. La crítica está dirigida a las autoridades que no dan alternativas de diálogo entre vecinos y con los de la otra jurisdicción y que no pueden enfrentar el problema de la inseguridad con eficacia. Para algunos vecinos de La Molina las rejas se van colocando debido a que es un modelo que se va extendiendo en la ciudad como medida de seguridad. Fuente propia. Las calles como espacios públicos pueden causar temor porque principalmente son abiertos y no se conoce quién los utiliza. El hecho de que sea un espacio compartido no debería ser problemático, pero parece serlo en zonas residenciales cerradas, más aún en contextos de inseguridad ciudadana. Mientras se indagaba sobre la importancia de la presencia de personas en la calle, afloraron algunos comentarios sobre otro espacio público: los parques. Tanto en la zona investigada de Ate como de La Molina, y como se ha señalado anteriormente, existen parques que cuenta con mobiliario para que las personas permanezcan en el lugar y no solo estén de paso, lo que para algunos vecinos constituye un peligro antes que una oportunidad de contar con vigilantes naturales. 146    Desde que se ha hecho el parque y se han puesto bancas, hay diferentes personas desconocidas por completo que están acá con el pretexto de sentarse. Yo me he dado la vuelta para ver si las conozco y no son de acá. ¿Cómo ingresan a un lugar que está tan apartado de otra urbanización? El parque muchas veces atrae a personas que no son conocidas; ahí no sabemos quién es sospechoso, quién está vigilando, quién es ciudadano. Mujer, 63 años, Ate Cuando hay un grupo de personas en un parque o en una esquina no pensamos que están conversando sanamente, sino planeando algo. Es gente extraña que está por algo malo. Mujer, 42 años, La Molina Justamente (el parque) por ser público se presta para que vengan los delincuentes. Hombre, 61 años, Ate Existen diversos elementos que pueden contribuir a que un espacio pueda ser percibido como más seguro. Se le dio a los entrevistados cuatro opciones sobre aspectos que contribuyen a mejorar la percepción de seguridad en un espacio público: iluminación, presencia policial/serenazgo, vigilantes particulares o gente en las calles, con la posibilidad de que escogieran más de una alternativa. En el caso de La Molina, los residentes respondieron mayoritariamente que una buena iluminación producía un efecto positivo en el espacio público en cuanto a la seguridad, mientras que la presencia de la autoridad, representada en la Policía Nacional o el cuerpo de serenazgo también ayudaba a que el lugar sea percibido como menos inseguro. En el caso de Ate la buena iluminación también fue importante, 147    pero un poco más la presencia de vigilantes particulares, ante una ausencia de las fuerzas del orden (ver tabla 16). Tabla 16 ¿Qué contribuye a que un lugar sea percibido como más seguro? ENTREVISTADOS ILUMINACIÓN PRESENCIA POLICIAL/ SERENAZGO VIGILANTES PARTICULARES GENTE EN LA CALLE LA MOLINA H, 62 - 1 - - M, 47 1 1 - - M, 42 1 - - - H, 50 1 1 1 1 M, 63 1 - - 1 M, 57 1 - - - TOTAL 5 3 1 2 ENTREVISTADOS ILUMINACIÓN PRESENCIA POLICIAL/ SERENAZGO VIGILANTES PARTICULARES GENTE EN LA CALLE ATE H, 61 - 1 - - H, 78 - - 1 - H, 58 1 - - - H, 48 - 1 1 - H, 62 1 - 1 1 M, 63 1 - 1 - TOTAL 3 2 4 1 Fuente propia. Entre las opciones figuraba la presencia de gente en la calle, que según el enfoque CPTED puede contribuir a que los espacios públicos sean percibidos como más seguros. Sin embargo, fue de las alternativas menos elegidas. Se reiteró la pregunta respecto a si la gente en la calle puede servir de factor disuasivo de la delincuencia, al convertirse en vigilantes naturales. En esta oportunidad, las respuestas afirmativas fueron más, pero 148    también hubo por parte de La Molina y Ate casos en los se opinó que la presencia de personas no constituye un elemento que disuada la ocurrencia del delito, sino que por el contrario lo alienta al no conocerse quiénes son los que circulan las calles o no es muy útil, pues no significan una ayuda en caso algo ocurriera. Nuevamente, se corrobora la complejidad del uso del espacio público en zonas residenciales. (La gente en la calle) también te crea el otro problema: ¿quién camina por ese grupo? Hombre, 58 años, Ate (Un lugar desolado es) mucho más inseguro. Al menos en parte porque la gente no se mete, no defiende. Hombre, 62 años, La Molina. Cuanta más gente esté, cuántos más ojos, la gente se va a cuidar de lo que hace. Mujer, 47 años, La Molina. En las situaciones comunes y corrientes, lo ideal es que haya vigilancia, sino, te da un poco de seguridad que esté iluminado y haya gente. Entonces, uno piensa que hay menos riesgo de que pase algo. Mujer, 63 años, La Molina. Yo creo que cuando uno tiene una buena iluminación puede ver qué personas están cerca y se siente la seguridad cuando hay público, pero definitivamente habiendo un vigilante en la cuadra da mucho más seguridad. El colegio Alpamayo tiene a un vigilante caminando; yo ya lo identifico y me siento segura y tranquila, así no haya nadie en la calle. Entonces, para mí el público, el alumbrado y un vigilante son necesarios. Mujer, 63 años, Ate 149    Debe haber Policía Nacional y policía particular, las calles tienen que ser amplias, limpias e iluminadas, circulación de la gente, sí, y patrullaje constante. Hombre, 50 años, La Molina Tabla 17 Análisis de opiniones sobre la importancia de la presencia de gente en las calles ATE LA MOLINA Hay opiniones encontradas respecto a la presencia de personas en la calle. Mientras algunos señalan que los espacios públicos atraen personas desconocidas, por lo que existe la incertidumbre de que pueden estar vigilando, otras personas consideran que es un factor disuasivo, pues previene la ocurrencia de delitos al existir vigilantes naturales; es decir, gente en las calles. Se incide en que un lugar desolado es un lugar mucho más inseguro, como precisaba Jacobs. Los “ojos en la calle” son factores disuasivos importantes y no restringen el uso de los espacios públicos como sí hacen las rejas. “Mirarnos en la calle” podría reducir la ocurrencia de hechos de excesiva violencia (siempre pueden existir excepciones) en vista que hay más ojos testigos del delito, lo cual es evitado por el delincuente. Es una forma de cuidarse el uno al otro sin siquiera percatarse de ello, pero sobre todo, cuidar la ciudad. Otros factores como iluminación, presencia policial o vigilancia particular son importantes, lo que revela que si se tomaran en cuenta una serie de factores para disminuir la percepción de inseguridad podría evitarse la colocación de rejas en la calles. Fuente propia. Durante las entrevistas se observó un pedido importante de mayor integración entre vecinos, con una incidencia más fuerte en Ate. La cohesión que, según los entrevistados, existe en la zona investigada de La Molina ha permitido que se puedan adoptar acciones en cuanto a la seguridad, sin recurrir a la Policía Nacional o a la municipalidad para que brinden una solución a la problemática. En Santa Patricia I, la contratación de personal de vigilancia privado significa un monto adicional dentro del presupuesto mensual, que no todos los vecinos pagan, lo cual genera 150    discordia. Recordemos que la malla colocada en el 2005 en el límite de ambos distritos fue iniciativa de los vecinos, con aprobación del municipio, lo que representó también la recaudación de una cifra considerable de dinero. En Ate se percibe un menor nivel de organización y una demanda más grande para que los residentes se unan con el objetivo de actuar en torno a la seguridad. Estos pedidos de mayor cohesión, lejos de ser un problema, pueden ser una oportunidad para trabajar en medidas que no restrinjan el espacio público, sino promuevan espacios de discusión de nuevas alternativas. El enfoque CPTED, entre uno de sus principios, menciona la importancia de que sean los vecinos quienes, como conocedores del lugar en el que viven, contribuyan al diseño de estrategias para reducir la percepción de inseguridad: En el tema de seguridad no hay desunión. A veces hay otro tipo de desuniones, pero en el tema de seguridad no. Mujer, 47 años, La Molina. Creo que parte de la seguridad es integrarnos con las personas que viven cerca de nosotros, conocernos; eso también es parte de la seguridad. Las personas que te conocen pueden pasarte la voz si en tu casa están bajando artefactos. Mujer, 42 años, La Molina. Organización del vecindario, eso es fundamental. Si hay un vecino al que le están robando, que salga un bocinazo que diga: “sospechoso”. Eso solo se hace con trabajo en conjunto. Hombre, 50 años, La Molina. 151    Yo creo que es la falta de interés de pertenecer a un grupo. Es más fácil, como dicen, sacar cuerpo, retirarse. “No me entero, no sé nada”. No es así, pues, estamos en una sociedad. Mujer, 63, Ate Eso está faltando, integración a conciencia de los vecinos, que es un deber cívico. Sería más seguro si hubiera más integración entre vecinos. Hombre, 61, Ate Hay que pensar que de aquí a cinco años la población va a aumentar. ¿Qué pasará de acá a cinco años? Si no nos organizamos ahora, de acá a cinco años, ahí se va a complicar el asunto. Hombre, 78 años, Ate El concejo está que te chanca, que te chanca, te cobra, pero al final cuando tú le dices “¿y?”, no hay nada. Ahí viene el tema de la unión de vecinos. Hombre, 48 años, Ate Tabla 18 Análisis de opiniones sobre integración entre vecinos ATE LA MOLINA Se critica la falta de interés de algunas personas en colaborar para proponer iniciativas con la finalidad de reducir la percepción de inseguridad. La falta de integración entre vecinos se considera una carencia y se demanda organización para enfrentar la problemática de inseguridad. Esta organización entre vecinos también es una respuesta a las falencias de la autoridad en la resolución del problema. Se percibe una mayor integración entre vecinos en cuanto a temas de seguridad y se rescata la importancia de que esto sea así, pues el hecho de conocerse hace que puedan ayudarse mutuamente en caso sean víctimas de un delito. Fuente propia. 152    Hasta aquí se han señalado aspectos de la percepción de inseguridad ciudadana que influyen sobre la apropiación de la calle, pero existe otro factor que no es la delincuencia y que también puede llegar a generar temor o incertidumbre y está en el terreno de las percepciones: la identificación del “otro”. Sabatini plantea que las personas se segregan dentro de un proceso de diferenciación social; es decir, cuando las distancias entre estratos sociales no están muy definidas, las personas se segregan para dejar establecidas esas diferencias en el espacio. En la zona investigada y como se ha visto a la largo de la investigación, el conflicto surge en torno a quién le corresponde decidir sobre un espacio público, como es la calle, y si en la colocación de una barrera física existe también una intencionalidad de crear una barrera social. Si bien no todos los entrevistados aluden estrictamente a la discriminación (en el caso de los vecinos de Ate se presentan más respuestas en ese sentido), sí se acepta que se han creado estereotipos respecto a los residentes de cada zona que pueden no ser reales. En la generación de estereotipos se puede observar el establecimiento de ciertos perfiles vinculados a las características de los individuos. Un término que podría ayudar a entender este proceso es el de racial profiling o establecimiento de perfiles raciales, definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una acción represora que se adopta por supuestas razones de seguridad o protección pública y está motivada en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y 153    no en sospechas objetivas, que tiendan a singularizar de manera discriminatoria a individuos o grupos con base en la errónea suposición de la propensión de las personas con tales características a la práctica de determinado tipo de delitos (2005: 50). Si bien el término se relaciona más con prácticas policiales o de administración de justicia, las investigaciones que se han hecho al respecto destacan, por ejemplo, que las personas relacionan pobreza con delincuencia y, por ende, son las personas de menores recursos las que se perciben como más sospechosas (Wagman 2005: 60). Si trasladamos el concepto de profiling al ámbito urbano, apreciamos que al momento de opinar sobre el vecino de al lado surgen una serie de estereotipos basados en el nivel socioeconómico en que se piensa están ubicadas las personas que pertenecen a cada distrito, pese a que se comprueba que no han tenido la oportunidad de conocerse y comprobar sus opiniones sobre el otro. Las ideas que se forman sobre los vecinos “de al lado” no se basan en el encuentro, sino en estereotipos formados por el “prestigio” del distrito, el nivel socioeconómico que se supone tienen sus residentes, tipo de viviendas, etc. Se admite también en la zona investigada de Ate se ha logrado mayor desarrollo en los últimos años (por ejemplo, construcción de viviendas de material noble, asfaltado de las pistas, etc.), lo que ha ido modificando un poco la percepción que se tenían de estos vecinos: 154    Yo diría que no hay diferencias, porque todos somos vecinos, como vecinos debemos estar unidos, conociéndonos. Hombre, 61 años, Ate Es que sí hubo problemas con los vecinos de La Molina con los de acá. Para defender esto ha salido toda la gente de la asociación y se han peleado con los de allá; los de allá les gritaban “rateros”, “ladrones” a los de acá; y los de acá les decían “ustedes tienen hijos fumones, drogadictos”; ese ha sido el enfrentamiento con ellos. Mujer, 63 años, Ate Nosotros no somos diferentes a ellos; ellos tendrán su casa bonita, pero dentro de ella también hay personas que son como nosotros. Humildes, no tienen plata, ni para pagar su luz. Mujer, 55 años, Ate No hay niño casi de esta zona que estudie en Ate. ¿Eso qué hace? Que la interacción con los amigos de aquí o los de allá se dé. No es tanto esa diferenciación, sino un tema político, de autoridades, solo eso. Hombre, 62, Ate En este caso no (hay discriminación), no es como el cerro de Surco. Mujer, 63 años, Ate Las señoras (de La Molina) hablaban de forma despectiva… por eso es que sacaron ese sketch (del Especial del Humor), pero no estamos de acuerdo, ni con eso, ni tampoco con la diferenciación. Pienso que la reja no hace nada, la gente igual transita. Ellos son los que sienten un poco agredidos, pero no tienen por qué. Nada me hace caminar por acá, mejor camino yo por allá, por la sombra. Hay gente que se viene por acá… ¿para qué? ¿Para decir que son de La Molina? A mí no me afecta decir que soy de Ate o de La Molina, pero ellos se sienten así (…) No son tales las diferencias, hay personas que dicen que sí, pero para mí no son muy definidas. Hombre, 62 años, La Molina 155    De que hay diferencias sí, La Molina en cuanto pagas más impuestos que Ate, desde ese punto ya hay diferencias. Si estás en La Molina tal vez es porque ganas más, estás en un estatus más alto que vivir en Ate, aunque en Ate también hay bonitas urbanizaciones. Mujer, 42 años, La Molina (Los estereotipos) se crearon como un pretexto para enfrentarnos (…) Yo no conocía a nadie de San Francisco, nadie conocía a nadie, ni sabíamos que existía, sabíamos que era una barriada que está ahí, pero para nada. Hombre, 50 años, La Molina Como en todo sitio hay personas que creen ser superiores a otras, pero no es la generalidad. Mujer, 47 años, La Molina. El nivel sociocultural ha mejorado bastante (en Ate). Ahora tú vas y encuentras edificios, ya casas terminadas. Mujer, 57, La Molina Está bonito, ha cambiado bastante. Hay personas que alquilan casas a personas muy humildes, con casas de esteras. Hay casas bien bonitas como casas todavía precarias. Mujer, 63 años, La Molina 156    Tabla 19 Análisis de opiniones sobre discriminación / diferenciación social en torno a las rejas ATE LA MOLINA Se incide en que no existen diferencias entre residentes de Ate y La Molina, pues son vecinos y deben conocerse antes que enfrentarse. Sin embargo, sí se admite que existen estereotipos de uno y otro lado, surgidos principalmente por el desconocimiento. La interacción parece darse más entre los más jóvenes debido a que comparten centros educativos. Se considera que la reja no es un impedimento para el tránsito y menos un elemento discriminatorio hacia residentes de La Molina, aunque se admite que sí hubo en el 2005 personas que se referían a los vecinos de Ate de forma despectiva y existen ciertas diferencias en cuanto al nivel adquisitivo. No obstante, se señala que los residentes de Ate se pueden sentir agredidos por la colocación de estas rejas que podrían impedir el paso hacia la parte de La Molina y que se crean estereotipos para enfrentarlos. También se vincula el nivel sociocultural con la urbanización, lo que corrobora la formación de estereotipos respecto a quienes habitan del otro lado tan solo por el tipo de vivienda. Fuente propia. Las posibilidades de que los vecinos de Ate y La Molina se encuentren y dialoguen son reducidas; por un lado, debido a que no se promueven reuniones en conjunto, pese a compartir problemáticas en común como la seguridad ciudadana o el vandalismo durante partidos en el Estadio Monumental. En ocasiones, las municipalidades de dichos distritos han organizado actividades a las que han concurrido vecinos de ambas jurisdicciones, pero no suelen coordinar, a pesar que todas las zonas residenciales que se han investigado cuentan con una asociación de vecinos que pudiera servir de representante. En vista de que se trata de distritos distintos, cada uno resuelve sus problemas por un lado, en la dimensión físico territorial que les corresponde, y no se producen 157    encuentros reales, solo aquellos bajo la forma del anonimato en la calle. A pesar de esto, y como se ha visto líneas arriba, sí se forjan ideas sobre cómo son los vecinos de uno u otro distrito, basadas en estereotipos. Se hizo el homenaje al chico Oyarce (quien murió en el Estadio Monumental) en el óvalo. Fue la inauguración de la pileta. Eso fue el año pasado (2011). Tuvimos la oportunidad de reunirnos todos los de la zona: Puruchuca, Mayorazgo. Mujer, 47 años, La Molina Cuando hay cosas así sí se unen, cuando hay un interés por alguna cosa. A veces cuando la municipalidad hace actividades, espectáculos. El año pasado hubo el retablo, hubo gente de todo, no se dijo “tú eres de Ate”. Mujer, 57, La Molina No coordinamos porque somos dos distritos diferentes, Ate Vitarte y La Molina. Yo formo parte de mi junta vecinal, de mi presupuesto participativo, ellos de los suyos; yo tengo mis inquietudes, ellos las suyas. Hombre, 50 años, La Molina Una vez conversé con personas de Santa Patricia y nunca quieren reunirse con nosotros. Hombre, 58 años, Ate Entre La Molina y Ate debe haber una reunión compartida y agarrar el tema de seguridad. Sería estupendo, pero no ocurre, dicen: “yo vivo en Santa Patricia”. Ellos no han entrado o a ciertas partes solo han entrado. Hombre, 61 años, Ate 158    Tabla 20 Análisis de opiniones sobre posibilidades de encuentro entre vecinos de Ate y La Molina ATE LA MOLINA Se critica que los vecinos de La Molina no quieran reunirse con sus pares de Ate, pese a que ellos tienen la intención de hacerlo para poder resolver en conjunto los problemas de seguridad. Se señala que en ciertas ocasiones sí hay oportunidad de encontrarse, pero ello ocurre en eventos específicos y esporádicamente. No obstante, se indica que Ate y La Molina son distritos diferentes, por los que las reuniones en conjunto no rendirían fruto. Fuente propia. Las entrevistas a profundidad permitieron conocer cuáles son las percepciones de los residentes de la zona investigada de Ate y La Molina en torno a la percepción de inseguridad ciudadana, que es más elevada en el caso de Ate que La Molina, pese a que ambos distritos se dividen por tan solo unos metros y la sensación que genera el espacio no debería ser tan distinta. Sin embargo, las características del entorno y la existencia de sistemas de seguridad más organizados, al margen de las rejas en los ingresos, contribuyen a que la percepción de inseguridad disminuya. Esta organización no depende de la autoridad competente, a quien se le exige, pero no se espera su respuesta, sino que se toman acciones coordinadas entre los vecinos que pudieran verse afectados por la delincuencia. Este grado de coordinación varía entre cada distrito, pero es considerado como un punto importante para los residentes de ambas jurisdicciones, lo que abre posibilidades de dialogar sobre el tema de la 159    seguridad sin que las soluciones pasen necesariamente por un enrejado que dé la impresión de una ciudad a la defensiva de los peligros. Aunque el riesgo no se puede evitar del todo y existe un problema de inseguridad real en la capital, también se siente temor del encuentro con la diferencia; es decir, al no conocerse quiénes son los que viven al lado y generarse ciertos estereotipos sobre cómo podrían ser de acuerdo a, por ejemplo, lo que se dice de las personas que viven en ese distrito respecto a su nivel socioeconómico, existe una posibilidad mayor de desconfianza hacia el otro. Como se señaló en las entrevistas, las posibilidades de conocerse y, más aún, de coordinar por algún motivo, son muy limitadas, pese a que podría reducir la tensión respecto a quiénes son los que habitualmente circulan por las calles de la zona residencial. Hay una legitimación del enrejado en estas urbanizaciones residenciales, que intuimos se replica en otras zonas de este tipo en la ciudad, debido a un aumento de la percepción de inseguridad ciudadana. Sin embargo, la instalación de estos elementos físicos de seguridad privatiza un espacio que debería ser público, hecho que debe ser analizado a la luz de las transformaciones que problemáticas sociales como la inseguridad y los miedos urbanos generan sobre el espacio urbano. 160    CONCLUSIONES Y REFLEXIONES Lima ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos 40 años, que significaron cambios en su estructura urbana, en la forma en que la población fue ocupando el territorio. Las zonas residenciales se fueron fortificando, en un inicio, como alternativa de las clases altas para diferenciarse y luego como una respuesta de distintas clases sociales ante la amenaza terrorista que obligó a “encerrarse” para poder sobrevivir. Este encierro posteriormente se volvió una opción más de vivienda ante el surgimiento de enclaves residenciales en la capital que ofrecían espacios aparentemente seguros. Para otros, se tornó una necesidad debido a una creciente percepción de inseguridad ciudadana que tiene serios efectos sobre la calidad de vida. Barrios residenciales de Lima adoptaron las estrategias que se siguieron para la creación de condominios, basadas en la separación del espacio de la vivienda con el exterior, donde se encuentra la calle, espacio público por excelencia, pero hoy considerado como la principal fuente de peligro en un contexto de miedo al delito. Es así que la fortificación se dio posteriormente a la urbanización, principalmente a través de la instalación de rejas en las vías públicas, aunque ello contraviene el derecho al libre tránsito amparado por la Constitución. Esta fortificación ex post se puede apreciar hoy en distintas urbanizaciones de Lima Metropolitana y es una intervención que, pese a tener algunos detractores, es comúnmente aceptada en la ciudad como una forma de reducir la percepción de inseguridad ciudadana. 161    Mientras las iniciativas privadas continuaban ofertando condominios cerrados como la mejor y más segura manera de vivir, los ciudadanos adoptaron otras medidas de protección a través de la privatización del espacio público. La instalación de rejas en las calles es una expresión de apropiación del espacio público mediante la privatización del mismo; un intento por distanciarse de este, lo que Borja denominada agorafobia en la ciudad: temor al espacio público que es propiedad de todos y de ninguno a la vez. Por lo general, la apropiación del espacio público es conflictiva dentro de zonas residenciales en vista de que diferentes actores e intereses pugnan por decidir qué es lo que se debe hacer con “sus” calles, las cuales son percibidas como extensiones de la vivienda, del espacio privado. Decidir restringir el paso de extraños en una zona residencial es una decisión que se adopta entre un grupo de residentes antes que una decisión de la municipalidad producto de la planificación del distrito. En el caso observado, tiende a ocurrir lo que observaba Sennett en Estados Unidos: la familia pasó a ocupar un lugar predominante en la vida social y las personas optaron por dejar de lado sus actividades en la vida pública para refugiarse en la familia, que habita la vivienda, la misma que debe ser defendida ante los peligros que la puedan acechar. Es así que el espacio público, la calle, se vuelve una prolongación del hogar y, por tanto, se puede decidir sobre ella como si fuera propiedad de un grupo determinado de familias. Ello ocurre, en muchas ocasiones, al margen de lo que la autoridad defina, como se puede apreciar en el enrejado de barrios por iniciativa de los vecinos y, casi siempre, de manera informal; es decir, sin autorización previa. Sin embargo, cuando se habla de 162    urbanizaciones cerradas, cualquiera sea su forma, surge el cuestionamiento sobre el modelo de ciudad al cual estamos apuntando y en qué lugar queda la integración dentro de la ciudad, si cada vez nos “miramos” menos. Como ha sido expuesto, el enrejado de urbanizaciones residenciales es considerado una medida legítima bajo el argumento de la seguridad ciudadana, como se pudo comprobar en el trabajo de campo realizado en barrios enrejados de Ate y La Molina. Los vecinos de La Molina compararon su zona de residencia enrejada con un paraíso en una ciudad que consideran potencialmente peligrosa. Pese a que los vecinos de Ate precisaron que se sienten más seguros en el barrio enrejado que en otras zonas de la ciudad, la sensación de vulnerabilidad no disminuye del todo, pues aún existe temor de ser vigilados, así que si una medida apunta a combatir ese problema es bien aceptada. Existe un consenso en cuanto a que las calles deberían ser libres, pero a condición de que se garantice la seguridad, hecho que aún no se ha logrado. Ya sea porque es un modelo de zona residencial que se va extendiendo en la ciudad, como señalaron los vecinos de La Molina consultados, o una respuesta ante la ineficiencia de las autoridades para combatir los problemas de inseguridad, los residentes de ambos distritos coincidieron en que la colocación de rejas es una buena alternativa para reducir la percepción de inseguridad, lo que legitima su uso. Ya sea porque se ha sido víctima de delito o se teme serlo, las demandas por mayor seguridad –lo que redunda en una mejor calidad de vida–, tienen que ver con la calle, pues es en este espacio público donde el delito suele ocurrir. Es así 163    que la colocación de una barrera física, como es la reja, es aceptada tanto para residentes como por la autoridad, que tiene el encargo de aprobarlas, pero poco hace para dar propuestas alternativas al enrejado. En el caso estudiado en los distritos de Ate y La Molina se pudo apreciar los conflictos que pueden surgir en cuanto a la apropiación del espacio público en zonas residenciales. La marcación de sus límites en el 2005 a través de la colocación de una malla de seguridad, que aislaba a la Urbanización Santa Patricia I, en La Molina, de su entorno, generó un punto de discordia que continúa recordándose hasta la fecha, en algunos casos como un hecho anecdótico, pero en otros como un indicio que desentraña la discriminación de un sector hacia otro que, en apariencia, pertenecería a un nivel socioeconómico distinto. Para algunos, la instalación de la malla fue una estrategia para “no mirar a los de enfrente” por existir en las cercanías un pequeño asentamiento humano y haberse urbanizado con mucha posterioridad a la zona de La Molina, mientras que para los entrevistados de La Molina solo fue una forma de mejorar su calidad de vida, aunque ello sea a costa de generar separaciones físicas. Pese a que se acepta que no se conocen, afloraron marcados estereotipos sobre cómo “son” las personas de uno y otro distrito en referencia al nivel socioeconómico o al prestigio que tiene cada jurisdicción. Los estereotipos basados en el desconocimiento del otro, separado tras una reja, fomentan la fragmentación, pues, como se mencionó, no se consulta con el “otro” para resolver problemas en común, aunque sí se expresa, al menos por parte de algunos vecinos, una voluntad de hacerlo. Una 164    prueba de ellos es que, aunque viven uno al lado del otro y comparten una misma problemática, como es el caso de la inseguridad durante los partidos de fútbol en el Estadio Monumental, no dialogan al respecto y optan por medidas más individualistas y restrictivas para disminuir tanto la percepción de inseguridad como el temor hacia el otro desconocido que circula por la calle. Un elemento interesante que se halló en el estudio de campo fue la demanda de los residentes de ambos distritos de una mayor organización para enfrentar la problemática de la inseguridad ciudadana, no de manera individualista necesariamente, sino en grupo, sin que ello tenga que pasar necesariamente por el enrejamiento de las calles. Por lo tanto, no se percibe al enrejado como una medida definitiva, sino que se abre la posibilidad de la adopción de otros métodos para reducir la percepción de inseguridad, paradójicamente en sentido contrario al encierro: a través de la unión de los vecinos. Esta necesidad de cohesión podría ser bien utilizada por las autoridades al incluir a los vecinos en la elaboración de estrategias de seguridad, que deberían considerar un mejor diseño ambiental con la finalidad de que los espacios públicos sean percibidos como más seguros. De esta forma se conseguiría un mayor disfrute del espacio público y se haría valer el “derecho a la ciudad”, lamentablemente amenazado por las inseguridades urbanas vinculadas al delito que tampoco pueden ser soslayadas por la autoridad y se deben combatir con suma urgencia. Tal como se señaló en la entrevistas, las personas brindan una importancia particular a la presencia de personas en las calles; es decir, consideran que las 165    calles desoladas son potencialmente inseguras, por lo que se podrían considerar otras alternativas, como las que plantea el enfoque de Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés), para que los fraccionamientos cerrados no se conviertan en la primera opción. Jacobs incidía en la importancia de los “ojos en la calle” como vigilantes naturales del espacio público, hecho que debe ser considerado, luego de un adecuado análisis de la zona en la que se vaya a aplicar, como una posibilidad para reducir la percepción de inseguridad sin que para ello la ciudad tenga que enrejarse cada vez más con divisiones físicas que pueden convertirse en divisiones sociales que afecten la integración. Un distrito enrejado es una señal de una ciudad que se va fragmentando, cerrando sus linderos y separándose de su entorno en busca de seguridad, pero también para evitar el contacto con el otro del que se conoce poco, vive al costado e, incluso, puede ser estigmatizado por tener un nivel socioeconómico distinto. En el caso estudiado, si bien hay ciertas diferencias en cuanto a la urbanización de las zonas, en vista a que el proceso ha sido más lento para el caso de Ate que el de La Molina, en la actualidad presentan muchas semejanzas. ¿Qué sucedería si este modelo se va aplicando indistintamente en toda la ciudad como una forma de protegerse ante la alta percepción de inseguridad ciudadana? El peligro está en que este tipo de intervenciones en el espacio público, si bien tienen un fundamento en la seguridad ciudadana, tienden a legitimar la desconfianza hacia el otro desconocido y no apuntan hacia una cohesión dentro de la ciudad, cuyos habitantes, todos, comparten la misma problemática de inseguridad. 166    En resumen, se corroboró a través del estudio de caso en los distritos de Ate y La Molina, tal como se señaló en la hipótesis, que las calles han sido privatizadas bajo el argumento de la seguridad ciudadana, pero a costa de un mayor fraccionamiento de la ciudad, pues esta medida se sustenta en decisiones de grupos de personas, como si las vías pertenecieran a unos cuantos. Se comprobó en las entrevistas la desconfianza y el desconocimiento en torno a los que viven “al lado”, de los se presume su pertenencia a un nivel socioeconómico distinto por las características de las edificaciones y la urbanización de la zona que habitan, así como el prestigio mismo del distrito. Es así que los estereotipos pesan más que los encuentros reales al momento de decidir de quién nos separamos y por qué. Se trata de un círculo vicioso, pues mientras la ciudad se va fragmentando por los enrejados producidos bajo el manto de la inseguridad ciudadana, esta fragmentación, a su vez, alimenta la inseguridad al incrementarse el mundo de los “desconocidos”; es decir, al crecer el número de personas a las cuales tememos y de quienes nos distanciamos en el espacio público. No se intenta, bajo ninguna circunstancia, disminuir la importancia de la inseguridad en los distritos de Lima Metropolitana. Que la percepción de inseguridad sea alta es un indicador de que las demandas de seguridad, reflejadas en los espacios urbanos, serán cada vez más fuertes, por lo que las alternativas con las que cuenten los ciudadanos para prevenir el delito no deberían pasar solo por la represión a la delincuencia, sino también por una preocupación en el diseño 167    de espacios públicos más seguros para que así no se considere una necesidad enrejar los espacios residenciales. El reto de las autoridades es combatir el problema de fondo que es la delincuencia y, a la par, preocuparse de que el diseño de los espacios públicos reduzca la percepción de inseguridad para lograr que poco a poco estos vayan recuperando su esencia. Las calles son los órganos vitales de la ciudad, por lo que es necesario que se preserve la seguridad en estos espacios públicos, pero buscando opciones para no rehuirles, sino para volver a disfrutar de ellas. 168    BIBLIOGRAFÍA ARMIJOS, Blanca 2009 “Lima: una metrópoli cercada”. Ciudad segura. Vivienda y seguridad. Quito, número 33, pp. 3. ASPEC 2010 Informe especial Lima entre rejas. Lima. Consulta: 28 de abril de 2013 BÄHR, Jürgen y Axel BORSDORF 2005 “La ciudad latinoamericana; la construcción de un modelo. Vigencia y perspectivas”. Urbes. Lima, año 2, número 2, pp.207-221. Consulta: 14 de mayo de 2013. BAUMAN, Zygmunt 2002 Modernidad liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina 2006 Vida líquida. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. BECK, Ulrich 2008 La sociedad del riesgo mundial. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. BERNALES, Enrique 1996 La Constitución de 1993. Análisis comparado. Lima: CIEDLA. 169    BORJA, Jordi 2003 La ciudad conquistada. 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Actividad FLUJO USUARIOS (*) FLUJO VEHÍCULOS OTROS ESPACIOS PÚBLICOS 178    ANEXO 2 GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DATOS GENERALES: Nombre: Edad: Dirección: BLOQUE A: INFORMACIÓN GENERAL  ¿Hace cuánto vive en esta zona?  ¿Cómo llegó a vivir en esta zona?  Diferencias entre la época en la que empezó a vivir en la zona y la actualidad.  ¿Hay algún valor o significado que usted considere asociado a vivir en este lugar?  ¿En qué nivel socioeconómico se colocaría? ¿Y a las personas que viven en esta zona? BLOQUE B: USOS DE LA CALLE  ¿Qué actividades suele realizar en la calle?  ¿Usa menos la calle que antes? ¿Más? ¿Por qué?  ¿Siente temor de caminar por las calles de la zona en la que vive? ¿Por qué?  ¿Considera que la inseguridad afecta los usos de la calle?  ¿Cree que esta especie de encierro, a través de las rejas, afecta la integración de los vecinos? BLOQUE C: PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA  ¿Cómo describiría la seguridad en la zona en la que vive? a) Muy seguro b) Seguro c) Poco seguro d) Nada seguro ¿Por qué?  ¿Ha cambiado la situación de inseguridad desde que usted vive en esta zona? ¿Cómo?  ¿Alguna vez ha sido víctima de robo cerca al lugar en el que vive? Cuénteme su experiencia.  ¿Conoce de algún caso de robo cerca al lugar donde vive? ¿Quién fue la víctima? ¿Cómo ocurrió?  ¿Contratan servicio privado de seguridad? ¿Cómo se organizan?  ¿Qué labores cumplen los vigilantes?  ¿Qué dificultades se presentan para acordar temas de seguridad con los vecinos?  ¿En qué cambia la situación de seguridad cuando hay partidos en el Estadio Monumental? ¿Y conciertos?  ¿Qué debería ocurrir para que usted se sienta seguro en la zona en la vive? a) Más iluminación b) Más vigilantes c) Más presencia de serenazgo/policías d) Más gente en las calles 179     ¿Considera que la gente en las calles es un factor disuasivo? BLOQUE D: ENREJADO DE CALLES  ¿Desde cuándo hay rejas en la zona? ¿Qué tanto tuvo que ver el Monumental?  ¿Cuál cree que sea el motivo de la colocación de rejas?  De no existir reja, ¿cree que sería necesario colocar una? ¿Por qué?  ¿Cree que las rejas afectan el libre tránsito?  ¿Cree que las rejas sirven para diferenciar a los vecinos de un distrito de los otros?  ¿Le otorga algún valor al vivir en un espacio cerrado?  En el 2005 se colocó una reja en la calle Bucaramanga ¿Recuerda el caso? ¿Estuvo de acuerdo?  ¿Considera que fue una medida discriminatoria? BLOQUE E: IDENTIFICACIÓN DEL OTRO  ¿Qué características tiene para Ud. un potencial delincuente?  ¿Hay en su zona o cerca alguna persona que cumpla con esas características? ¿Y en el distrito aledaño?  ¿Nota alguna diferencia entre las personas que viven en Ate y La Molina? ¿Cuáles?  ¿Considera que se han creado estereotipos entre las personas que viven en uno u otro distrito? ¿Son fundados?  ¿Mantiene algún tipo de contacto con personas que viven en el otro distrito?  ¿Podría compartir el mismo espacio público (calles, parques) con personas que viven en el otro distrito?  Algo más que desee agregar