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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD  CATÓLICA DEL  PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 
“LA CAPITALIZACIÓN DEL EXCEDENTE DE REVALUACIÓN” 
TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER EN  DERECHO DE LA 
EMPRESA 
 AUTOR: SERGIO FABIÁN ARANÍBAR VARGAS 
 ASESOR: GUILHERMO AULER SOTO 
 JURADO: HERNANDO MONTOYA ALBERTI 
GUILHERMO AULER SOTO 
JESSICA VALDIVIA AMAYO 
 LIMA – PERÚ 
 2015 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Ley General de Sociedades vigente en el Perú (en adelante, la LGS) permite en forma 
expresa aumentar el capital social de una compañía con cargo a la cuenta excedente de 
revaluación. La norma es bastante clara y precisa y, en principio, parece no admitir 
argumento en contrario. 
Sin embargo, las normas internacionales de contabilidad (IFRS por sus siglas en inglés) 
vigentes y de aplicación obligatoria en nuestro país desde el 7 de enero de 2012, impiden 
capitalizar el referido excedente de revaluación hasta que se haya realizado1, sea a través 
de la depreciación del activo revaluado o mediante su venta.  
Como se aprecia, existe un aparente punto de desencuentro entre la norma societaria y 
las normas contables, que no permite tener claridad respecto de la viabilidad de aumentar 
el capital social de una compañía con cargo a la cuenta excedente de revaluación. Hasta 
la fecha, dicho conflicto no ha sido resuelto, lo que afecta seriamente la seguridad jurídica 
que el ordenamiento peruano debe garantizar. 
Atendiendo a que el conflicto es reciente (se ha generado a partir de la entrada en 
vigencia de las IFRS), existe escasa doctrina sobre el tema. Tampoco existe 
jurisprudencia al respecto. Si bien algunos abogados especialistas en la materia han dado 
su opinión sobre el tema en diversos artículos publicados en revistas y diarios de 
circulación nacional, y algunos estudios de abogados han elaborado informes legales 
sobre el particular, no existe consenso sobre el tema y, en ese sentido, las opiniones 
vertidas han sido casi siempre discrepantes entre sí. En definitiva, nadie ha podido dar 
una respuesta categórica y bien fundamentada hasta el momento (tan sólo opiniones o 
aproximaciones generales al tema, o simples planteamientos de un eventual conflicto). 
 
Por su parte, los notarios tienen posiciones discrepantes sobre el tema y los registradores 
públicos, facultados por ley para calificar la legalidad de los actos, han resuelto a favor de 
la capitalización del excedente de revaluación en algunos casos, y en contra en algunos 
otros.  
                                                                 
1 El concepto contable de “realización” y sus implicancias serán analizadas más adelante en el presente trabajo.  
3 
 
Por mi parte, en los últimos meses he tenido oportunidad de investigar sobre el tema y de 
elaborar más de un informe legal respecto de la posibilidad de aumentar el capital social 
de una compañía con cargo a la cuenta excedente de revaluación, pero en la elaborac ión 
de los mismos, la duda ha estado siempre presente.  
Dado que este tema ha generado escenarios de intensas y enriquecedoras discusiones 
con amigos, colegas, contadores y socios de la Firma para la cual laboro, me encuentro 
muy interesado en contribuir al hallazgo de una solución al problema y en esbozar 
respuestas claras a las preguntas que todos los involucrados en la materia nos 
formulamos, pero respecto de las cuales nadie ha podido dar una respuesta categórica 
hasta la fecha. 
Como se aprecia, el desarrollo de la presente investigación es importante porque busca 
dar solución a un problema de orden práctico que ha surgido respecto de la interpretación 
de las normas legales y contables, el mismo que atenta contra la seguridad jurídica que 
debe primar en nuestro ordenamiento. Para lograr dicho cometido, dividiremos el 
desarrollo del presente trabajo en dos secciones principales, que a su vez se dividen en 
varias sub-secciones.  
La primera sección está destinada a describir y analizar en detalle las figuras/conceptos 
legales y contables que están comprometidos en la investigación, y que constituyen la 
base/punto de partida del conflicto legal – contable detectado (discrepancia respecto de la 
posibilidad de aumentar el capital social de una compañía con cargo a la cuenta 
excedente de revaluación). La idea central de esta sección es brindar al lector un amplio 
panorama de lo que las normas societarias y contables establecen respecto de 
conceptos/figuras claves, tales como el aumento del capital social, la revaluación de 
activos, los estados financieros, los principios contables generalmente aceptados en el 
Perú, las normas internacionales de contabilidad, entre otros, a efectos de que el lector 
conozca con detalle suficiente la regulación legal y contable de aplicación a dichos 
conceptos/figuras, así como el origen del conflicto advertido.  
En el desarrollo de esta primera sección se empleará el método de análisis – síntesis,  pues 
se analizará a detalle la figura jurídica del aumento de capital y sus modalidades (entre ellas, 
la referida a la capitalización del excedente de revaluación), describiendo los requisitos y 
formalidades impuestos por ley. Asimismo, se hará una revisión rigurosa de 
4 
 
conceptos/figuras vinculadas, tales como la revaluación de activos y la preparación de los 
estados financieros de una compañía, tanto desde la óptica legal como contable. Luego de 
dicha revisión detallada, en la que se tendrán en consideración los antecedentes y evolución 
de las normas societarias y contables en el tiempo, se analizarán los resultados obtenidos 
para tratar de entender y darle una explicación al fenómeno advertido (discrepancia entre las 
normas contables y societarias respecto de la capitalización del excedente de revaluación). 
 
La segunda sección es más precisa y específica, en tanto que se centra en el tema 
principal de la investigación, al describir el tratamiento normativo y contable del excedente 
de revaluación, así como sus antecedentes y evolución en el tiempo, a efectos de 
encontrar una explicación al conflicto legal – contable generado en la capitalización del 
referido excedente de revaluación como consecuencia de la aplicación de las normas 
internacionales de contabilidad actualmente vigentes, y de proponer alternativas para 
superar dicho conflicto, poniendo especial énfasis en la viabilidad/razonabilidad de 
proponer una reforma a la Ley General de Sociedades. Para ello, se revisará también 
doctrina, legislación y jurisprudencia extranjera, con el objeto de complementar el análisis 
con una comparación entre las experiencias foráneas y la peruana. 
 
En el desarrollo de la segunda sección se empleará el método objetivo – subjetivo, pues 
partiendo de un hecho objetivo (existencia de normas societarias y contables discrepantes 
entre sí respecto de la capitalización del excedente de revaluación), se buscará encontrar 
una explicación lógica a dicha discrepancia. Dicha explicación, naturalmente, no estará 
desprovista de un elemento subjetivo, pues partiendo de un análisis y criterio personal 
(elemento subjetivo), se buscará encontrar una solución a la discrepancia legal – contable 
identificada, y se evaluará la conveniencia de proponer una modificación/reforma a la Ley 
General de Sociedades en lo que respecta al aumento de capital social por capitalización del 
excedente de revaluación. 
  
El planteamiento de esta metodología de trabajo y línea de argumentación tiene por 
propósito respaldar la hipótesis planteada; esto es, que las normas internacionales de 
contabilidad referidas a la capitalización del excedente de revaluación, aprobadas por el 
Consejo Normativo de Contabilidad (única entidad legitimada para dictar y acoger normas 
contables en nuestro país), aunque carecen de la especialidad y jerarquía normativa de la 
5 
 
Ley General de Sociedades respecto del aumento del capital social de una compañía y 
sus modalidades, tienen una razonabilidad, una justificación y una finalidad muy 
importantes, que justifican la adopción de medidas urgentes para superar el conflicto legal 
– contable que se ha presentado en la práctica entre ambas normas y, por qué no, que 
nos podrían llevar incluso a plantear una propuesta de modificación/reforma de la Ley 
General de Sociedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
SECCIÓN I 
 
 
1. El aumento de capital.- 
 
1.1. Tratamiento legal  
  
1.1.1. Concepto 
Se puede definir el aumento de capital como la realización de nuevos aportes (sean estos 
dinerarios o no dinerarios) a una sociedad con el objeto de lograr el fortalecimiento de su 
patrimonio. A cambio de ello, el aportante, que no necesariamente es accionista de la 
compañía, recibe acciones de esta. 
Al respecto, ELÍAS señala que2 “se entiende por aumento de capital la realización de 
nuevos aportes de bienes o derechos a favor de la sociedad, que incrementan o 
fortalecen su activo y mejoran su situación económica, a cambio de la entrega a los 
aportantes de nuevas acciones o del aumento de valor nominal de las acciones 
existentes”. 
Dado que el capital social de una sociedad no sólo expresa el monto de la obligación de 
devolución que esta última tiene frente a sus accionistas, sino que es además la principal 
garantía para los acreedores y terceros que contratan con la sociedad, cualquier 
incremento del mismo va a fortalecer siempre la situación patrimonial de la compañía, 
consolidando de este modo su función de garantía.  
1.1.2. Modalidades 
De acuerdo al artículo 202° de la LGS, el aumento de capital puede originarse en: (i) 
nuevos aportes; (ii) capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión 
de obligaciones en acciones; (iii) capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas 
de capital y excedentes de revaluación; y, (iv) los demás casos previstos en la ley. 
                                                                 
2 ELÍAS, Enrique. Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú. Tomo II. Pág. 517. Lima: Editora 
Normas Legales S.A.C. Segunda Edición (setiembre de 2000). 
7 
 
En términos generales, respecto de estas modalidades, ELÍAS señala lo siguiente3:  
 “Es evidente que todo aumento de capital entraña nuevos aportes. Aun cuando la 
Ley, en el artículo 202°, diferencia los nuevos aportes de otras modalidades de 
aumentar el capital, basta analizar cualquiera de las otras formas del incremento 
de un capital para concluir que, todas ellas, representan directa o indirectamente, 
nuevos aportes en favor de la persona jurídica emisora de las nuevas acciones 
(…). Los otros elementos de la definición son igualmente claros: todo aumento de 
capital refuerza el activo social y mejora la situación económica de la empresa. 
Esta mejora también puede ser de carácter financiero, a la vez económico, si los 
aportes son en dinero, créditos que la sociedad debía pagar con urgencia, bienes 
de rápida realización o capitalización de utilidades o reservas distribuibles; pero 
ello no ocurre si el nuevo aporte se realiza, por ejemplo, con nuevos activos fijos o 
como resultado de la revaluación de los existentes: allí la mejora es sólo de 
carácter económico”.  
A continuación, se desarrollará brevemente cada una de dichas modalidades. 
a) Nuevos aportes:  
Los nuevos aportes a los que se refiere la LGS, son la entrega de nuevos bienes a la 
sociedad a cambio de acciones representativas del capital social de esta última. Al 
respecto, debe tenerse presente que la LGS no distingue entre bienes dinerarios o no 
dinerarios, con lo cual debe entenderse que los nuevos aportes comprenden ambos tipos 
de bienes. 
Respecto de esta modalidad de aumento de capital, la LGS, en el artículo 207°, prevé el 
derecho de suscripción preferente de los demás accionistas de la sociedad. 
b) Capitalización de créditos contra la sociedad: 
En virtud de esta modalidad de aumento de capital, cualquier acreedor de la sociedad, 
sea este su propio accionista o un tercero, tiene la posibilidad de recibir acciones 
representativas del capital social, a cambio de su crédito, ampliando de esta manera su 
participación en el capital o volviéndose nuevo accionista de la sociedad, 
                                                                 
3 Ídem. Págs. 517 - 518.  
8 
 
respectivamente. Como consecuencia de dicha capitalización, el referido crédito se 
extingue, lo que beneficia a la sociedad pues ya no tiene una cuenta por pagar, lo que 
además mejora su situación patrimonial al reducirse el pasivo y aumentar el capital social. 
De acuerdo al artículo 214° de la LGS, concordado con el artículo 213° de la misma 
norma, esta modalidad de aumento de capital también genera la aplicación del derecho 
de suscripción preferente de los demás accionistas de la sociedad. Del análisis de dicho 
derecho nos ocuparemos más adelante. 
De otro lado, es preciso destacar que, de acuerdo al artículo 214° de la LGS, todo 
aumento de capital por capitalización de créditos contra la sociedad requiere de un 
informe del Directorio que sustente la conveniencia del mismo. En aquellas sociedades 
que carezcan de Directorio, como por ejemplo una sociedad anónima cerrada sin 
directorio, el referido informe debe ser preparado por el gerente general. 
Asimismo, el numeral 2 del artículo 214° antes mencionado señala que la capitalización 
de créditos contra la sociedad incluye la conversión de obligaciones en acciones. Al 
respecto, debe tenerse presente que aunque esta figura, al igual que la capitalización de 
créditos, implica un simple aporte a cambio de acciones, tiene requisitos y condiciones 
particulares que tienen su origen en la existencia de un contrato de emisión de títulos de 
obligaciones. Esta operación conlleva la cancelación de los títulos de obligaciones 
emitidos. 
Respecto de la capitalización de créditos, SALAS refiere4: 
“De una parte, la operación busca extinguir total o parcialmente las deudas que la 
sociedad tiene frente a uno o más acreedores, liberando los recursos económicos 
que la sociedad tenga que destinar para su pago, permitiendo entonces su 
aplicación a los fines sociales. Como contrapartida, la extinción genera, a su vez, 
el incremento del capital y la emisión de las acciones resultantes a favor de los 
antiguos acreedores quienes, al haber prestado su expreso consentimiento a la 
operación, resultan ser los destinatarios forzosos de las mismas, adquiriendo así la 
calidad de accionistas o, en su caso, reforzando su condición de tal”. 
                                                                 
4 SALAS, Julio. La modif icación del estatuto, el aumento y la reducción del capital en la sociedad anónima. Tratado de 
Derecho Mercantil. Tomo I. Derecho Societario. Págs. 685 - 686. Lima: Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición (agosto de 
2003). 
9 
 
c) Capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital y 
excedentes de revaluación: 
 
Para fines didácticos, se van a analizar cada uno de dichos supuestos por separado. 
(i) Capitalización de utilidades y reservas: 
Al igual que hace ELÍAS en su obra maestra, estos dos (2) supuestos se analizan 
conjuntamente en vista de que poseen las mismas características. En efecto, toda reserva 
que no tenga alguna restricción estatutaria o legal, puede ser capitalizada, como sucede 
con las utilidades. 
En virtud de estas modalidades, las utilidades obtenidas en el ejercicio económico de una 
sociedad y las reservas, que están constituidas necesariamente con utilidades de la 
sociedad, pueden ser capitalizadas a efectos de mejorar la estructura patrimonial de esta 
última. Ello, como en todos los casos de aumento de capital, a cambio de la emisión de 
nuevas acciones o del aumento del valor nominal de las acciones existentes, según sea el 
caso. 
(ii) Capitalización de beneficios: 
Al respecto, consideramos que los beneficios a los que se refiere la LGS son todos 
aquellos que pueda generar/obtener la sociedad, distintos a las utilidades y reservas, 
como pueden ser, por ejemplo, cualquier beneficio extraordinario que pueda obtener la 
sociedad o cualquier ganancia que se pueda obtener por operaciones distintas a las 
habituales de la compañía (diferentes de las propias de su objeto social).  
Al respecto, ELÍAS señala lo siguiente5: 
“Creemos que, en este caso, la Ley ha querido incluir a todas las otras formas de 
beneficio o utilidad que puedan obtenerse en una sociedad anónima: aquí 
podemos comprender a todo beneficio extraordinario proveniente de operaciones 
ajenas al objeto social, ganancias de capital por enajenación de bienes del activo 
fijo o no negociable, ingresos extraordinarios y, en general, toda utilidad no 
                                                                 
5 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 525. 
10 
 
comprendida en las que se obtienen como consecuencia de las operaciones 
normales de la empresa”.   
 
Todos estos beneficios, sin excepción alguna, pueden ser materia de capitalización por 
disposición de la ley. 
 
(iii) Capitalización de primas de capital: 
Como bien define ELÍAS, “las primas de capital son una forma de beneficio o superávit 
para la sociedad (…). Ellas integran el patrimonio neto de la sociedad, como cualquier 
otra utilidad, pero no la cuenta capital”. 
El numeral 2 del artículo 202° de la LGS bajo comentario, señala en forma expresa que 
las primas de capital puedan ser capitalizadas, a cambio de la emisión de nuevas 
acciones, como en los dos (2) casos anteriores. Del mismo modo, el artículo 233° de la 
LGS establece en forma expresa que las primas de capital pueden capitalizarse en 
cualquier momento.  
El mismo artículo dispone también que si se completa el límite máximo de la reserva legal 
con parte de las primas de capital, puede distribuirse el saldo de éstas, admitiendo 
implícitamente que el saldo también puede ser capitalizado, pues si pueden ser 
distribuidas no existe argumento legal alguno para prohibir que sean capitalizadas. 
(iv) Capitalización de excedentes de revaluación: 
Esta modalidad de aumento de capital implica que, previamente, la sociedad haya llevado 
a cabo un proceso de revalorización de un activo por considerar que el valor del mismo, 
reflejado en los libros contables, no se corresponde con su valor real actual. Como 
consecuencia de dicho proceso, se obtiene una plusvalía o excedente que es 
contabilizado en una cuenta especial del patrimonio denominada excedente de 
revaluación. 
Como bien señala SALAS6:  
                                                                 
6 SALAS, Julio. Ob. Cit. Pág. 710. 
11 
 
“para que el balance refleje con claridad y precisión la situación económica y 
financiera de la sociedad, resulta necesario que el valor original sea ajustado, 
agregándole el respectivo diferencial de manera que, luego, el valor del activo o 
activos de que se trate junto con las demás cuentas del balance, permita tener la 
certeza de que el balance cumple con los requisitos de claridad y precisión que 
exige la norma citada. Presupone, además, contar con una pericia técnica que 
arroje un diferencial que, sumado al valor original, arroje un monto superior al 
contabilizado. El referido diferencial, después de restársele los ajustes 
correspondientes a las depreciaciones acumuladas, constituye el “excedente de 
revaluación” que, conforme a la LGS, es susceptible de ser capitalizado”. 
 
Entonces, la LGS permite en forma expresa capitalizar dicho excedente de revaluación. 
Sobre esta modalidad nos ocuparemos más adelante (Sección II) en vista que constituye 
el tema central del presente trabajo. 
 
d) Los demás casos previstos en la ley: 
Esta modalidad de aumento de capital hace referencia a todas aquellas formas especiales 
de aumento de capital no descritas en los tres (3) primeros numerales del artículo 202° de 
la LGS. 
ELÍAS los describe apropiadamente de la siguiente manera7: 
 “Podemos señalar las siguientes: 
a) El caso previsto en el artículo 205° (…), que consiste en un aumento 
automático del capital cuando el balance lo consigna con motivo de 
revaluaciones obligatorias, dispuestas por la ley, en las que la plusvalía que 
aflora debe ser también obligatoriamente capitalizada. 
(…) 
b) La capitalización de la reserva legal, especialmente prevista en el artículo 229°, 
aunque tampoco se trata de una modalidad especial pues pertenece al rubro 
de la capitalización de reservas. 
                                                                 
7 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Págs. 526 - 527. 
12 
 
c) Las operaciones de fusión por absorción y de escisión con fusión, en muchos 
casos, originan modalidades especiales de aportes y aumentos de capital en 
las sociedades absorbentes o beneficiarias de la escisión (…)”. 
Sin perjuicio de lo antes señalado, debe tenerse presente que el artículo 213° de la LGS 
regula en forma expresa lo referente al aumento de capital por aportes no dinerarios. Al 
respecto, el referido artículo señala lo siguiente: 
“Al aumento de capital mediante aportes no dinerarios le son aplicables las 
disposiciones generales correspondientes a este tipo de aportes y, en cuanto sean 
pertinentes, las de aumentos de capital por aportes dinerarios. 
El acuerdo de aumento de capital con aportes no dinerarios debe reconocer el 
derecho de realizar aportes dinerarios por un monto que permita a todos los 
accionistas ejercer su derecho de suscripción preferente para mantener la 
proporción que tienen en el capital. 
Cuando el acuerdo contemple recibir aportes no dinerarios, se deberá indicar el 
nombre del aportante y el informe de valorización referido en el artículo 27°”.  
 
El primer párrafo del artículo nos remite a los artículos de la parte general de la LGS sobre 
aportes no dinerarios, disponiendo además que las normas que regulan los aumentos de 
capital por aportes dinerarios también resultan de aplicación en lo que fuera pertinente. 
 
El segundo párrafo del artículo antes descrito dispone que cuando se aumenta el capital 
social de una compañía con aportes no dinerarios, todos los accionistas tienen el derecho 
de suscripción preferente para asegurarse mantener su participación en el capital social. 
Este párrafo tiene una intención muy destacable, pero algunas imperfecciones en su 
redacción, como el hecho de exigir que los demás accionistas efectúen aportes dinerarios 
o el no tener presente que si es un tercero (no accionista) el que realiza el aporte no 
dinerario, es matemáticamente imposible que todos los accionistas mantengan su 
participación original en el accionariado de la compañía. Sin embargo, no ahondaremos 
en el análisis de dichas imperfecciones al no formar parte del tema principal del presente 
trabajo. 
Finalmente, el tercer párrafo del artículo bajo comentario dispone la obligación de 
consignar el nombre del aportante del bien no dinerario en el acuerdo de aumento de 
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capital. Ello, a efectos de evitar casos de conflicto de intereses o responsabilidad del 
directorio o gerente general, según sea el caso. Dicho párrafo también obliga a contar con 
un informe de valorización que sustente el valor del bien no dinerario materia de 
capitalización. En el referido informe, que tiene por propósito evitar que se aumente el 
capital social de una compañía en un valor incierto o irreal, se deben describir los bienes o 
derechos objeto del aporte, los criterios empleados para su valuación y su respectivo 
valor, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27° de la LGS. 
1.1.3.  Requisitos y formalidades.- 
De acuerdo al artículo 201° de la LGS, “el aumento de capital se acuerda por junta 
general, cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del estatuto, consta 
en escritura pública y se inscribe en el Registro”. 
Como se aprecia, todo aumento de capital debe ser acordado por la junta general de 
accionistas, en su calidad de máximo órgano de gobierno de la sociedad. Sin perjuicio de 
ello, debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 206° de la LGS, “la junta general 
puede delegar en el directorio la facultad de señalar la oportunidad en que se debe 
realizar un aumento de capital. El acuerdo debe establecer los términos y condiciones del 
aumento que pueden ser determinados por el directorio”.  
Para tal efecto, además, se deben cumplir los requisitos establecidos para la modificación 
del estatuto, previstos en el artículo 198° de la LGS. Dichos requisitos son esencialmente 
los siguientes: 
(i) Expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisión, los asuntos 
que se someterán a la junta (en este caso, el aumento de capital).                                                                                           
 
Se debe tener presente, sin embargo, que no se requerirá de dicha convocatoria 
cuando a la sesión concurra la totalidad de accionistas. Al respecto, el artículo 120° 
de la LGS señala que: “(…) la junta general se entiende convocada y válidamente 
constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, 
siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las 
acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la 
junta y los asuntos que en ella se proponga tratar”. 
 
14 
 
(ii) Que, el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126° y 127° de la LGS, 
que regulan el quórum calificado para que se instale válidamente la sesión y las 
mayorías requeridas para la adopción del acuerdo, respectivamente. 
Asimismo, debe tenerse presente que para formalizar un acuerdo de aumento de capital, 
el mismo debe constar en escritura pública (otorgada ante notario) e inscribirse en los 
Registros Públicos (concretamente, en la partida registral del Registro de Personas 
Jurídicas, correspondiente a la sociedad). 
Sin perjuicio de lo antes indicado, debe tenerse presente que el artículo 204° de la LGS 
dispone que “para el aumento de capital por nuevos aportes o por la capitalización de 
créditos contra la sociedad, es requisito previo que la totalidad de las acciones suscritas, 
cualquiera sea la clase a la que pertenezcan, estén totalmente pagadas (…)”. 
Al respecto, ELÍAS señala que8 “la razón por la cual se impide que se produzcan nuevos 
aumentos de capital mientras no estén cobrados los dividendos pasivos de las emisiones 
anteriores, es obligar a la administración de la sociedad a que concluya con el proceso de 
hacer efectivos esos recursos antes de solicitar nuevos aumentos a los accionistas”. 
Sobre el particular, SALAS es de la opinión que9 “desde la óptica económica, no parece 
tener sustento que, frente a la carencia de recursos económicos, la sociedad decida 
aumentar el capital, cuando dicha carencia puede ser suplida con los recursos que 
obtenga por el pago de los dividendos pasivos a cargo de los accionistas”. 
Coincidimos plenamente con ambos autores por cuanto consideramos que no tiene 
ningún sentido que si existen accionistas que adeudan a la sociedad el valor de las 
acciones emitidas en el pasado, se les permita suscribir nuevas acciones como 
consecuencia de un nuevo aumento de capital. Es lógico y razonable que primero se exija 
a los referidos accionistas pagar su deuda del pasado, antes de permitírseles suscribir 
nuevas acciones. De esta manera, la sociedad se ordena y obtiene los recursos 
económicos que necesita para el desarrollo de sus operaciones, máxime si las acciones 
de una compañía representan el capital social de esta, que constituye su principal 
garantía frente a terceros.  
                                                                 
8 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 529. 
9 SALAS, Julio. Ob. Cit. Pág. 690. 
15 
 
1.1.4. Efectos 
El artículo 203° de la LGS señala que “el aumento de capital determina la creación de 
nuevas acciones o el incremento del valor nominal de las existentes”. 
En el primer caso, se crean nuevas acciones, que son suscritas y pagadas (al menos en 
un 25% de acuerdo al artículo 84° de la LGS) por los accionistas de la sociedad o por 
nuevos accionistas, según sea el caso. En el segundo supuesto, no se crean nuevas 
acciones, sino que simplemente se incrementa el valor nominal de las existentes para 
reflejar el importe del aumento. Para ello, es necesario que sean los propios accionistas 
de la sociedad los que suscriban y paguen las nuevas acciones, pues si son terceros (por 
ejemplo, acreedores que decidan capitalizar sus créditos) estos no tendrían acciones en 
la sociedad cuyo valor nominal aumentar.    
1.1.5. Derecho de suscripción preferente 
El artículo 207° de la LGS señala lo siguiente: 
“En el aumento de capital por nuevos aportes, los accionistas tienen derecho 
preferencial para suscribir, a prorrata de su participación accionaria, las acciones 
que se creen. Este derecho es transferible en la forma establecida en la presente 
ley. 
No pueden ejercer este derecho los accionistas que se encuentren en mora en el 
pago de los dividendos pasivos, y sus acciones no se computarán para establecer 
la prorrata de participación en el derecho de preferencia. 
(…)”. 
 
El objetivo principal del derecho de suscripción preferente es proteger a los accionistas en 
caso de un aumento de capital, permitiéndoles suscribir nuevas acciones en proporción a 
las que tienen antes de la adopción del acuerdo y, en consecuencia, asegurar la no 
afectación de su participación en el capital de la sociedad. 
Sobre el particular, SÁNCHEZ10 señala que el derecho de suscripción preferente es “la 
potestad que la ley atribuye a los socios en los aumentos de capital para suscribir 
acciones nuevas en cuantía proporcional a las acciones antiguas poseídas”.  
                                                                 
10 SÁNCHEZ, Aníbal. El derecho de suscripción preferente del accionista. Ed. Civitas. Madrid, 1990, Pág. 21. 
16 
 
 
De no existir dicho derecho, en caso la junta general (con los quórums y mayorías 
establecidas en los artículos 126° y 127° de la LGS) acordara aumentar el capital de la 
sociedad por nuevos aportes de uno de los accionistas, los demás accionistas verían 
reducida su participación en el accionariado de la compañía (fenómeno que se conoce 
coloquialmente como “licuado de accionistas”). Además, con la reducción de su 
participación en el capital social de la compañía, dichos accionistas se podrían ver 
también impedidos de ejercer algunos derechos que tienen la condición de 
fundamentales. 
Al respecto, SALAS considera que11:  
“tratándose del aumento por nuevos aportes, dinerarios o no, o por capitalización 
de créditos contra la sociedad, el aspecto central de esta etapa es el ejercicio del 
derecho de suscripción preferente que la LGS reconoce y que no puede ser 
negado ni desconocido por el estatuto ni por la junta (…)”. Señala además que “el 
derecho de suscripción preferente nace como respuesta a la dilución de las 
participaciones accionarias que se podían producir en cada aumento de capital en 
el supuesto de que el accionista o no quisiera o pudiera intervenir en él, 
suscribiendo las nuevas acciones que se emitían. El efecto era no sólo la 
disminución de su porcentaje participatorio sino también la pérdida de su influencia 
política al interior de la sociedad. Había entonces una merma de la posición 
económica y de la posición política del accionista respecto de los demás. El 
derecho de suscripción preferente también responde a la necesidad de evitar que 
ingresen a la sociedad socios cuya presencia pudiera resultar perturbadora para la 
marcha social o para los intereses de los socios”. 
Este derecho aplica a la suscripción de nuevas acciones que se creen. Además, en 
principio, se limita a los aumentos de capital por nuevos aportes. Sin embargo, también 
resulta de aplicación a los supuestos de aumento de capital por capitalización de créditos, 
pues así lo dispone expresamente el artículo 214° de la LGS, anteriormente analizado. 
                                                                 
11 SALAS, Julio. Ob. Cit. Págs. 722-723. 
17 
 
Dicho derecho se ejerce a prorrata de la participación de los accionistas en el capital 
social de la compañía y es susceptible de ser transferido a terceros. Esto último es de 
singular importancia pues, como bien señala ELÍAS12: 
“(…) el accionista detenta también un derecho al mayor valor del patrimonio neto 
que puede tener la sociedad al momento del aumento de capital. Si no suscribiera 
un porcentaje igual de las nuevas acciones, perdería parte de ese valor 
económico. Gracias a la preferencia, si el accionista no tiene recursos para la 
suscripción de las nuevas acciones que le corresponden, puede transferir a 
terceros su derecho de suscripción preferente, recuperando de esta manera, en 
todo o en parte, el valor que de otra manera habría perdido”. 
De otro lado, de manera acertada la ley señala que aquellos accionistas que hayan 
incurrido en mora en el pago de sus dividendos pasivos por acciones del pasado, no 
tienen dicho derecho. Ello hace mucho sentido pues carecería de toda lógica que se 
permita a accionistas que aún no pagan sus dividendos pasivos, suscribir nuevas 
acciones. La propia ley establece que las acciones de dichos accionistas no son 
computables a efectos de establecer la prorrata de participación en el derecho de 
preferencia. 
Por su parte, el artículo 208° de la LGS dispone que:  
“El derecho de preferencia se ejerce en por lo menos dos ruedas. En la primera, el 
accionista tiene derecho a suscribir las nuevas acciones, a prorrata de sus 
tenencias a la fecha que se establezca en el acuerdo. Si quedan acciones sin 
suscribir, quienes han invertido en la primera rueda pueden suscribir, en segunda 
rueda, las acciones restantes a prorrata de su participación accionaria, 
considerando en ella las acciones que hubieran suscrito en la primera rueda. 
La junta general o, en su caso, el directorio, establecen el procedimiento que debe 
seguirse para el caso que queden acciones sin suscribir luego de terminada la 
segunda rueda. 
Salvo acuerdo unánime adoptado por la totalidad de los accionistas de la 
sociedad, el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia, en primera rueda, 
                                                                 
12 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 535. 
18 
 
no será inferior a diez días, contado a partir de la fecha del aviso que deberá 
publicarse al efecto, o de una fecha posterior que al efecto se consigne en dicho 
aviso. El plazo para la segunda rueda y las siguientes si las hubiere, se establece 
por la junta general, no pudiendo, en ningún caso, cada rueda ser menor a tres 
días. 
La sociedad está obligada a proporcionar a los suscriptores, en forma oportuna, la 
información correspondiente a cada rueda”. 
 
Este artículo regula el procedimiento y plazos para el ejercicio del derecho de suscripción 
preferente. Dado que el referido procedimiento y plazos se encuentran debidamente 
explicados en el artículo 208° antes transcrito, nos relevamos de mayor análisis o 
comentario en lo relativo, al no ser, además, materia del presente trabajo. 
 
Finalmente, es importante tener presente que de acuerdo al artículo 209° de la LGS, el 
derecho de suscripción preferente se incorpora en un título denominado certificado de 
suscripción preferente (documento físico) o mediante la anotación en cuenta. Ambos 
instrumentos son libremente transferibles, total o parcialmente, y confieren a su titular el 
derecho preferente a la suscripción de las nuevas acciones en las oportunidades, montos, 
condiciones y procedimiento establecidos por la junta general o, en su caso, por el 
directorio. 
1.2. Tratamiento contable 
Todo aumento de capital se registra contablemente en la Cuenta 50 (referida al capital), 
Subcuenta 50.1 (referida concretamente al capital social). La clasificación de las cuentas 
contables se encuentra contenida en la Plan Contable General Empresarial, emitido por el 
Consejo Normativo de Contabilidad, que es el órgano del Sistema Nacional de 
Contabilidad que tiene como parte de sus atribuciones, el estudio, análisis y opinión sobre 
las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado, así 
como la emisión de las normas de contabilidad para las entidades del sector privado.  
19 
 
Como quiera que el principio que rige la ciencia contable es el de la partida doble13, y que 
por definición contable, el activo de una compañía es igual a la suma de su pasivo y de su 
patrimonio, el registro del aumento de capital en la cuenta 50 debe tener necesariamente 
una contrapartida. Dicha contrapartida depende de la modalidad del aumento, es decir, de 
si este tiene como origen nuevos aportes (en dinero o en especie), o la capitalización de 
créditos contra la sociedad, utilidades, reservas, entre otros. 
A título de ejemplo, podemos señalar que cuando el aumento de capital se produce por 
aporte de dinero en efectivo, su registro contable es como sigue: en Caja y Bancos, que 
es una cuenta del Activo (Cuenta 10), se contabiliza en el “Debe” la suma materia de 
aporte; mientras que en la cuenta Capital Social (Cuenta 50), que es una cuenta del 
Patrimonio, se contabiliza en el “Haber” la misma suma. El asiento contable14 que se 
generaría sería el siguiente:   
CONCEPTO DEBE HABER 
Caja y Bancos S/. XXX 
 Capital Social 
 
S/. XXX 
 
Dado que se trata de un aumento de capital, este siempre se va a registrar en la Cuenta 
50 (Subcuenta 50.1). Sin embargo, la otra cuenta que se va a ver afectada, en 
contrapartida, dependerá, como ya se ha señalado, del origen del aumento. Así, por 
ejemplo, si el aumento de capital se produce por el aporte de un inmueble (bien no 
dinerario), la otra cuenta del Activo que se va a afectar en contrapartida de la Cuenta 50 
(cuenta patrimonial referida al capital) es la Cuenta 33. 
Es preciso destacar que no existe una norma contable especial (local o extranjera) que 
regule el tratamiento contable del aumento de capital como tal. Sólo existen normas 
                                                                 
13
 El sistema de partida doble es el método de registro de las operaciones más usado en la contabilidad, el mismo que se 
sustenta en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual valor pero de naturaleza contraria, como por 
ejemplo sucede en una operación de préstamo de dinero, en la que quien recibe debe y quien entrega tiene. Este método 
se basa en la igualdad de débitos y créditos. La suma de las cantidades anotadas en el Debe necesariamente debe ser 
igual a la suma de las cantidades anotadas en el Haber. La idea es que no hay origen sin destino no destino sin origen. 
14 El asiento contable es el registro que se hace en la contabilidad, de un hecho económico determinado acontecido en la 
compañía. El asiento contable se realiza utilizando dos columnas, una llamada débito o debe, y otra llamada crédito o 
haber; en ellas se registra el aumento o disminución de las cuentas afectadas en una transacción o hecho económico, de 
acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Las cuentas de Activos, Gastos y Costos aumentan en la columna Debe o Débito, y 
disminuyen en la columna Haber o Crédito. Por su parte, las cuentas de Pasivo, Patrimonio e Ingresos aumentan en la 
columna Crédito o Haber, y disminuyen en la columna Débito o Debe. 
20 
 
internacionales de contabilidad que regulan temas específicos, según el tipo de aumento 
de capital de que se trate. Sin embargo, al no ser materia del presente trabajo, no 
ahondaremos en el análisis. 
 
2. La revaluación de activos.- 
 
2.1. Tratamiento legal  
 
El artículo 228º de la LGS señala en forma expresa que: 
“Los inmuebles, muebles, instalaciones y demás bienes del activo de la sociedad 
se contabilizan por su valor de adquisición o de costo ajustado por inflación 
cuando sea aplicable de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el país. Son amortizados o depreciados anualmente en proporción al 
tiempo de su vida útil y a la disminución de valor que sufran por su uso o disfrute. 
Tales bienes pueden ser objeto de revaluación, previa comprobación pericial.” 
El segundo párrafo del artículo antes citado regula lo referente a la revaluación voluntaria 
de activos, aspecto central del presente trabajo por cuanto el resultado de dicha 
revaluación (denominado “excedente de revaluación”) es precisamente el que las 
sociedades contabilizan (registrándolo en una cuenta del patrimonio) y que, 
posteriormente, puede ser utilizado para aumentar el capital social de acuerdo al artículo 
202º de la LGS, anteriormente analizado. 
 
Es preciso destacar que esta disposición de la LGS tuvo como origen la ocurrencia de una 
serie de fenómenos, tales como: (i) la valorización inferior a la real al momento de adquirir 
los bienes, (ii) el proceso de devaluación de la moneda nacional en el tiempo, (iii) la 
depreciación excesiva de los bienes, y/o, (iv) su devaluación como consecuencia de 
agentes externos. Estos fenómenos, que se presentaron en el Perú en las últimas 
décadas, obligaron al Estado Peruano a expedir normas a efectos de permitir revaluar los 
21 
 
activos desvalorizados y, de este modo, sincerar su valor en la contabilidad. Al respecto, 
SALAS considera que15: 
 
“La discordancia entre el valor real y actual de un bien y su registro contable, 
puede producirse por varias causas. A la valuación inferior a la real al momento de 
adquirir el bien, se agregan causas como las depreciaciones excesivas, el 
aumento del valor real del bien mismo, la inflación de la moneda (…).”   
 
El sinceramiento del valor de los activos en la contabilidad de una sociedad es además 
necesaria en aplicación de los principios contables de “realidad” y “veracidad”, y para 
guardar armonía con lo estipulado en el artículo 221º de la LGS, que establece que de los 
estados financieros debe resultar, con “claridad” y “precisión”, la situación económica y 
financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el 
ejercicio vencido. 
 
Respecto de los principios contables de “realidad” y “veracidad”, debe tenerse presente 
que el objetivo de la contabilidad es ofrecer información contable y financiera veraz y 
oportuna, que refleje la situación real de la compañía y que permita a las cabezas de esta 
tomar las mejores decisiones en función a sus intereses. De lo contrario, no será posible 
conocer la situación económica y financiera real de la compañía y, como consecuencia de 
ello, la contabilidad no tendrá utilidad alguna pues impedirá a quienes dirigen las 
empresas tomar las mejores decisiones para el negocio.  
 
De otro lado, respecto de la “claridad” y “precisión” de los estados financieros, debe 
tenerse presente que estos deben ser fáciles de comprender e inteligibles, además de 
exactos, precisos y concisos, no siendo posible que de su lectura se obtenga información 
ambigua, compleja o imprecisa.  
 
Sobre el particular, MORRIS señala que16:  
 
                                                                 
15 SALAS, Julio. Ob. Cit. Pág. 710. 
16 MORRIS, Alex. Estados f inancieros y aplicación de utilidades. Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I. Derecho Societario. 
Pág. 272. Lima: Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición (agosto de 2003). 
22 
 
“La claridad debe entenderse en el sentido de que la información de los estados 
financieros debe ser recogida y mostrada en términos claros y asequibles para que 
faciliten su comprensión. Ello se logra a través de un adecuado esquema de 
presentación del balance y de la cuenta de resultados, y supone la necesidad de 
descomponer y subdividir las partidas mínimas que se detallan en los mismos a fin 
de obtener una representación completa de la situación del negocio (…). 
El principio de precisión a que alude el artículo 221 está ligado al concepto de 
exactitud, en el sentido de conformidad y correspondencia de los datos de los 
estados financieros con la situación real de los hechos mostrados en la 
contabilidad.” 
 
Por su parte, SALAS señala que17: 
 
“Para que el balance refleje con claridad y precisión, la situación económica y 
financiera de la sociedad, resulta necesario que el valor original sea ajustado, 
agregándole el respectivo diferencial de manera que, luego, el valor del activo o 
activos de que se trate, junto con las demás cuentas del balance, permita tener la 
certeza de que el balance cumple con los requisitos de claridad y precisión que 
exige la norma citada. Presupone, además, contar con una pericia técnica que 
arroje un diferencial que, sumado al valor original, arroje un monto superior al 
contabilizado. El referido diferencial, después de restársele los ajustes 
correspondientes a las depreciaciones acumuladas, constituye el excedente de 
revaluación que, conforme a la LGS, es susceptible de ser capitalizado.” 
 
Como se aprecia, en aras de que los estados financieros de una compañía reflejen con 
toda claridad y precisión su situación económica y financiera, resulta necesario que si 
determinado bien del activo se encuentra contabilizado a un valor inferior al que realmente 
posee, dicho valor sea ajustado, incorporando el diferencial obtenido (sustentado en el 
informe de un perito) a una cuenta especial del patrimonio, para permitir que el balance 
refleje la verdadera situación de la compañía. Este diferencial, al que la LGS denomina 
como “excedente de revaluación”, es muy útil para sincerar la contabilidad de una 
                                                                 
17 SALAS, Julio. Ob. Cit. Pág. 710. 
23 
 
compañía y, de acuerdo a dicha norma, puede ser materia de capitalización si así lo 
decide la junta general de accionistas.     
 
Es preciso destacar que a efectos de llevar a cabo la revaluación de los activos de una 
sociedad, el último párrafo del artículo 228° de la LGS establece en forma expresa que es 
necesario contar con una comprobación pericial previa. Ello, a efectos de evitar que se 
aumente el valor de un activo sin contar con el sustento correspondiente que justifique de 
manera objetiva el nuevo valor, lo que reviste mayor importancia si se tiene en cuenta que 
de acuerdo al numeral 3 del artículo 202° de la LGS, es posible aumentar el capital social 
de una compañía con cargo a dicho mayor valor. 
 
Sobre el particular, ELÍAS señala que18: 
 
 “Paralelamente, la nueva LGS, en el artículo 228 que estamos comentando, 
mantiene la autorización para que las empresas puedan realizar revaluaciones 
voluntarias de sus activos sujetos a amortización. Mantiene el requisito de la 
necesaria comprobación del nuevo valor de los bienes, pero añadiendo, 
correctamente en nuestra opinión, que ella debe realizarse con el sustento de un 
informe a cargo de peritos.” 
 
Coincidimos plenamente con dicha opinión pues si el nuevo valor del activo no tiene el 
sustento que sólo un experto en la materia le puede dar, la revaluación sería siempre 
subjetiva y, por consiguiente, incierta y relativa, lo que podría impactar negativamente en 
los estados financieros de la compañía, tornándose en un contrasentido respecto de la 
finalidad de la norma. 
 
2.1.1. Definición  
 
ELÍAS define bastante bien este concepto cuando señala que19: 
 
                                                                 
18 ELÍAS, Enrique. Ley General de Sociedades Comentada. Fascículo Quinto. Página 473. Lima: Editora Normas Legales 
S.A. (1998). 
19 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 473. 
24 
 
“Todas las partidas del balance y del inventario pueden estar sujetas a 
revalorización. Revalorizar es realizar una nueva apreciación de su valor, distinto 
del que pudo haber sido en el pasado (…). 
Cuando la revalorización origina un resultado de incremento de valor del bien se 
denomina revaluación; en cambio, cuando el valor ha disminuido se genera una 
devaluación o baja de valor. Luego, cuando hablamos de revaluación de activos 
hacemos alusión a una operación por la cual aumenta el valor neto del bien en el 
balance, entendiéndose por valor neto el valor original de costo menos las 
amortizaciones acumuladas.” 
 
Como se aprecia, la revaluación de un activo implica siempre el aumento del valor de 
este, en contrapartida con la devaluación del referido activo, que implica siempre una 
pérdida o disminución de su valor.   
 
La consecuencia de una revaluación es la generación de un excedente de valor, que en 
doctrina normalmente es conocido como beneficio, utilidad, superávit, ganancia o 
plusvalía. Debe tenerse presente que este mayor valor obtenido, que genera un impacto 
positivo en la contabilidad de una sociedad, no tiene como origen la actividad comercial 
de esta (no es el resultado de sus operaciones comerciales habituales), por lo que en 
principio no correspondería considerarlo como una utilidad, una ganancia, un beneficio o 
un superávit, por no corresponderse con su definición, sino en todo caso como una 
plusvalía, por las razones que a continuación se señalan.  
 
En efecto, el término “utilidad” es definido como el interés, provecho o fruto que se obtiene 
de algo. En términos del derecho societario, ese “algo” está estrechamente vinculado con 
la actividad económica de la compañía, lo que implica que la utilidad es el resultado 
(positivo)20 de dicha actividad. 
 
Por su parte, el término “ganancia” es definido como el beneficio, utilidad o provecho que 
se saca de algo, o como un buen rendimiento en alguna materia. Nuevamente, 
apreciamos que el referido término está vinculado con el resultado (positivo) obtenido 
                                                                 
20 Decimos que es positivo el resultado porque la actividad económica de una compañía también puede generar pérdidas. 
25 
 
como consecuencia del desarrollo de alguna actividad (en términos del derecho 
societario, nos referimos concretamente a la actividad empresarial de la compañía). 
 
Asimismo, el término “beneficio” es definido como la utilidad, provecho o ganancia que se 
obtiene de alguna inversión. En términos del derecho societario, dicho beneficio tiene 
como origen la ganancia que se obtiene de las inversiones de la compañía, es decir, el 
resultado obtenido del desarrollo de su actividad empresarial. 
 
Del mismo modo, el término “superávit” es definido como la diferencia favorable de los 
ingresos y los gastos, o del debe y el haber en la contabilidad de una compañía. Como se 
aprecia, este concepto, en términos del derecho societario, también está directamente 
relacionado con la actividad empresarial de la compañía, pues la suma obtenida luego de 
restar el “debe” del “haber” es precisamente consecuencia de dicha actividad.  
 
Como se aprecia, todos los conceptos antes analizados están estrechamente ligados con 
los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de la actividad económica de 
la compañía. Siendo así, y considerando que el excedente de revaluación no es en ningún 
caso consecuencia de esta, mal podemos definirlo en dichos términos.    
 
Sin embargo, el término “plusvalía” es considerado como el aumento de valor de un bien 
por motivos extrínsecos a él. Por tal razón, para efectos del presente trabajo y por 
corresponder a su naturaleza (mayor valor de un activo generado por circunstancias 
ajenas a la marcha del negocio), nosotros simplemente lo denominaremos como 
“plusvalía” o “excedente” (para, además, guardar armonía con la modalidad de aumento 
de capital prevista en el numeral 3 del artículo 202º de la LGS). 
 
Respecto de la necesidad de revalorizar los activos, RODRIGO opina que21: “Permitir que 
figure un bien por un valor de cien mil soles cuando vale un millón, es autorizar en el 
balance una afirmación inexacta, una ficción.” 
 
Por su parte, SALAS es de la opinión que22: 
                                                                 
21 RODRIGO, Luis Carlos. Los impuestos y la revaluación del activo en las sociedades anónimas. Imprenta Santa María, 
Lima. 1953. Pág. 4. 
26 
 
“Jurídica y contablemente, la operación antes mencionada tiene por finalidad 
permitir que afloren las denominadas reservas ocultas que, al no aparecer en las 
cuentas de la sociedad, impiden que el balance refleje con claridad y precisión la 
situación económica y financiera de la sociedad. Se señalan como ocultas en la 
medida que, por cualquiera de las causas mencionadas, el valor reflejado en la 
contabilidad es menor que el valor con el que debe figurar el bien en el balance, de 
modo que no aparecen en el balance. Ello no obstante, la circunstancia de que no 
aparezcan en el balance no debe entenderse en el sentido que dicha diferencia no 
exista en la realidad. Baste con señalar, a manera de ejemplo, que si la sociedad 
decidiera enajenar el bien infravalorado contablemente, el valor de transferencia 
tendría que ser el valor real o de mercado que dicho bien tenga al transferirse o, 
por lo menos, el más cercano posible.” 
 
Coincidimos plenamente con las opiniones de Rodrigo y Salas por cuanto, como ya se ha 
mencionado anteriormente, los estados financieros de una compañía deben reflejar 
información real y veraz de esta, lo que no ocurre cuando en su contabilidad figura 
registrado un bien por un valor inferior del que tiene en la práctica. Ello atenta de manera 
directa contra la esencia y la finalidad de la contabilidad.    
 
2.1.2. Clases de revaluación 
 
En la doctrina existen diferentes clasificaciones de la revaluación de activos, atendiendo a 
su naturaleza u origen. Las tres (3) principales clasificaciones que la doctrina reconoce y 
que son bien resumidas por ELIAS23 en su obra maestra, son las siguientes:  
 
a) Revaluaciones legales y voluntarias: 
 
Las primeras tienen su origen en la existencia de alguna disposición legal o reglamentaria 
que las impone, mientras que las segundas tienen su origen en el acuerdo voluntario de la 
                                                                                                                                                                                                      
22 SALAS, Julio. Ob. Cit. Pág. 711. 
23 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 474. 
27 
 
junta general de accionistas de una sociedad para sincerar su contabilidad (para 
adecuarla a la realidad). 
 
b) Revaluaciones económicas y monetarias: 
 
Las primeras responden a una adecuación al valor actual, de los elementos patrimoniales 
indicados en el balance con los mismos valores anteriores a la desvalorización, mientras 
que las segundas tienen como origen una más realista valoración de algunos elementos 
del activo. En palabras más simples, las primeras se limitan a compensar la devaluación 
de la moneda, mientras que las segundas tienen por objeto expresar un real aumento de 
valor de los bienes, más allá del factor monetario.   
 
c) Revaluaciones nominales y reales: 
 
Esta clasificación es muy similar a la anterior porque las primeras tienen su origen en la 
devaluación monetaria en el tiempo, mientras que las segundas tienen su origen en el 
aumento de valor de los bienes como consecuencia del transcurso del tiempo y/o de las 
condiciones de mercado. 
 
En nuestra opinión, sea que las revaluaciones sean impuestas por la ley o acordadas de 
manera voluntaria por la sociedad (para adecuar sus estados financieros a la realidad), el 
excedente obtenido puede tener un doble origen, que explicamos a continuación: 
 
(i) Aquel excedente generado cuando en épocas de estabilidad monetaria se generan 
reservas ocultas (de las que nos ocuparemos más adelante), sea de un modo 
voluntario, al valorar el activo social a un valor inferior a su valor real; o de un modo 
involuntario, cuando se produce al margen de la técnica contable un aumento real de 
los bienes del activo (como consecuencia de factores o condiciones de mercado, 
siendo el ejemplo típico el de la sobrevalorización de los inmuebles en la actualidad). 
 
(ii) Aquel excedente generado en épocas de devaluación/depreciación monetaria, la 
misma que genera una continua elevación de los precios, que a su vez ocasiona 
plusvalías meramente monetarias que no implican ningún enriquecimiento real de la 
28 
 
compañía (no implican un aumento del valor real del activo, el cual sigue siendo el 
mismo pues lo único que ha ocurrido es que la moneda se ha depreciado). 
 
RODRIGO resumen bien esta idea, cuando señala que24: “existen dos clases de 
plusvalías: la plusvalía real, producida en el valor intrínseco de los bienes por agentes 
externos; y la plusvalía nominal, producida por la devaluación de la moneda. Ambas 
plusvalías deben manifestarse en el balance”. 
 
2.1.3. Uso indebido del excedente de revaluación 
 
Como ya se ha señalado, el principal propósito de una revaluación de activos es que los 
activos de una sociedad, que se hubieran adquirido a un valor inferior al que poseen, o 
que se hubieran desvalorizado como consecuencia de la devaluación de la moneda por el 
transcurso del tiempo, o cuyo valor real hubiera aumentado por factores/condiciones de 
mercado, sean revalorizados a efectos de cumplir con los principios contables de 
“realidad” y “veracidad” y, de este modo, permitir que los estados financieros de una 
sociedad reflejen con toda claridad y precisión la situación económica de ésta. 
 
Sin embargo, esta medida también genera riesgos potenciales si se usa de manera 
indebida, pues permitiría obtener excedentes ficticios que no guardan correspondencia 
con el valor real de los bienes. Estos excedentes ficticios podrían servir para resarcir 
pérdidas, repartir dividendos o para capitalizarlos (lo que coloquialmente se conoce como 
“capitalización de humo”), lo que podría generar un serio perjuicio a los acreedores de la 
sociedad, a terceros y hasta a la misma sociedad (pues distorsionaría su situación 
económica expresada en sus estados financieros). 
 
A efectos de evitar tales situaciones, la LGS exige que para llevar a cabo la revaluación 
de los activos, se cuente con un informe pericial previo. Este informe es muy importante 
por cuanto evita la generación de excedentes ficticios, con las consecuencias que de ello 
se derivan (analizadas en los párrafos precedentes). En efecto, un mayor valor ficticio 
podría, por ejemplo, ser aprovechado en forma indebida por la compañía para resarcir 
pérdidas, con lo cual se distorsionaría su situación financiera, generando potenciales 
                                                                 
24 RODRIGO, Luis Carlos. Ob. Cit. Pág. 50. 
29 
 
riesgos para la propia compañía (pues sus estados financieros estarían “maquillados” y no 
se corresponderían con su situación real) y para el mercado en sí. Con dicho informe 
pericial, entonces, se le da un sustento real al nuevo valor de los activos, cumpliéndose 
con respetar los principios contables de “realidad” y “veracidad”.  
 
Sobre el particular, ELÍAS considera que25 en tal caso, “parte importante de la plusvalía es 
ficticia y se le utiliza para cubrir pérdidas de la sociedad, lo que distorsiona su situación 
económica reflejada en el balance (…)”. 
 
Debe tenerse presente que la LGS no establece ningún requisito especial para la emisión 
del informe. Sin embargo, el denominarlo “informe pericial”, queda claro que debe ser 
elaborado por un perito, es decir, por un especialista en la materia, debidamente 
capacitado para determinar el valor actual de los activos. La especialidad del perito 
dependerá de la naturaleza del bien materia de revaluación.     
 
2.1.4. Destino del excedente 
 
En doctrina se discute mucho sobre el destino que se le puede dar al excedente obtenido 
una vez revaluados los activos de una sociedad. Así, se señala que el referido excedente 
puede ser empleado para distintos fines, entre los que destacan la distribución de 
dividendos, el establecimiento de reservas, la capitalización o el resarcimiento de 
pérdidas. A continuación, analizaremos brevemente cada una de dichas opciones. 
 
a) Distribución como dividendos: 
 
La doctrina, en forma prácticamente unánime, considera que no es posible que el 
excedente de revaluación sea distribuido entre los accionistas en calidad de dividendos, a 
menos que los bienes que le dieron origen se hubieran vendido y el excedente en sí, se 
hubiera realizado, entendiendo por realización su conversión en un activo líquido (es 
decir, en algo tangible).  
 
                                                                 
25 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 475. 
30 
 
Compartimos totalmente dicho criterio por cuanto consideramos que mientras los bienes 
que dieron origen al beneficio no se hubieran vendido y el excedente realizado (es decir, 
convertido en un activo líquido), sólo constituye una expectativa de beneficio que, como 
tal, no puede ser repartida entre los accionistas. 
 
Al respecto, coincidimos con GARRIGUES en que26 “no pueden ser consideradas como 
beneficio las plusvalías del activo no realizadas, ya que en ellas falta el requisito de 
tratarse de un beneficio realmente obtenido. Antes de ser realizadas, las plusvalías no 
constituyen más que una esperanza de beneficio y, por tanto, de carácter eventual e 
incierto”.  
 
Ahora bien, una vez vendidos los bienes y, con ello, realizado el activo, surge la pregunta 
respecto a cómo proceder con el provecho obtenido de la venta. Algunos autores 
consideran que puede ser distribuido como dividendo entre los accionistas, sea que el 
excedente haya tenido como origen una revaluación nominal o una real del activo, 
mientras que otro sector de la doctrina considera que sólo puede ser distribuido como 
dividendo aquel excedente que, una vez hecho líquido, tenga como origen una 
revaluación real del activo.  
 
Coincidimos con la segunda posición por cuanto en el caso del excedente obtenido y 
realizado, que tenga como origen una revaluación nominal, este no genera ningún 
beneficio (un mayor valor real) para la sociedad puesto que obedece a un simple aumento 
monetario por el mismo importe de la moneda devaluada (para recuperar su valor).  
 
Distinto es el caso de aquel excedente ya realizado, que tenga como origen una 
revaluación real, pues el mayor valor sí constituye un beneficio para la sociedad, que 
aunque extraordinario, no tiene como origen la devaluación de la moneda sino un 
aumento real de valor, en moneda constante, del activo revaluado. Al respecto, 
coincidimos con ELIAS cuando señala que27: “el incremento y el beneficio ya no son, 
además, una simple expectativa, debido a que se han materializado por la realización del 
                                                                 
26 GARRIGUES, Joaquín. Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas. Tercera Edición. Madrid, 1976. Tomo II. Pág. 459. 
27 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 476. 
31 
 
bien en ese valor, no habiendo razón alguna para (…) rechazar su distribución entre los 
accionistas”. 
 
Por tanto, una vez vendidos los bienes y realizado el excedente que tenga como origen 
una revaluación real, consideramos que no existe impedimento para distribuirlo como 
dividendo, toda vez que se ha convertido en un activo líquido, de existencia real, 
perdiendo su carácter de eventual e incierto. 
 
Sin perjuicio de lo antes indicado, debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 230° 
de la LGS, sólo pueden ser pagados dividendos en razón de utilidades obtenidas, 
entendiendo por utilidades las generadas como consecuencia del desarrollo de la 
actividad económica regular de la sociedad. En esa línea y de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 2.1.1. del presente trabajo, como quiera que el excedente, sea que fuera 
obtenido luego de una revaluación nominal o real de los activos, no tiene como origen la 
actividad económica de la sociedad, no correspondería que sea distribuido entre los 
accionistas como dividendo. Ahora bien, en línea con lo indicado en los párrafos 
precedentes, si se realiza el activo, a través de una venta, el mayor valor obtenido, en 
nuestra opinión, sí puede ser considerado como una utilidad extraordinaria del ejercicio y, 
por tanto, ser objeto de distribución entre los accionistas como dividendo.    
  
b) Establecimiento de reservas: 
 
Consideramos que en el caso de las reservas, debe aplicar la misma lógica expuesta 
precedentemente a propósito de la posibilidad de distribuir como dividendo el excedente 
de revaluación. Así, atendiendo a la naturaleza de las reservas, que no es otra que la de 
recursos (fondos líquidos de dinero) que sirven para fortalecer el patrimonio de una 
sociedad, no debería existir impedimento alguno para que el excedente que tenga como 
origen una revaluación real de los activos, es decir, un aumento efectivo del valor de 
estos, sea contabilizado como una reserva, siempre que se hubiera realizado, es decir, 
tornado líquido a través de una venta. En nuestra opinión, una vez que el activo ya es 
líquido (dinero en efectivo), no hay razón alguna para que no pueda integrar una cuenta 
de reservas voluntarias de la sociedad. 
 
32 
 
Distinto es el caso del excedente obtenido como consecuencia de la revaluación nominal 
de los activos porque en este caso, aun cuando estos se realicen (se tornen líquidos a 
través de una venta), como ya se ha dicho anteriormente, el resultado obtenido (en 
dinero) no representa un beneficio para la sociedad pues se trata de un simple aumento 
monetario por el mismo importe de la moneda devaluada, con lo cual en ningún caso este 
mayor valor, aunque realizado, resulta real y efectivo. En este orden de ideas, como no se 
trata de un mayor valor real, consideramos que no puede ser contabilizado como una 
reserva pues no serviría para fortalecer la situación patrimonial de la sociedad que, como 
se ha dicho, es el objetivo principal de una reserva.  
 
De otro lado, debe tenerse presente que la LGS no prohíbe ni expresa ni tácitamente la 
utilización del excedente de revaluación para engrosar la cuenta patrimonial de reservas, 
por lo que consideramos que dicho excedente puede formar parte de la referida cuenta, 
siempre que tenga como origen una revaluación real de los activos y que estos se 
hubiesen realizado (convertidos en dinero en efectivo a través de una venta). 
 
c) Capitalización: 
 
La capitalización del excedente de revaluación no sólo no está prohibida por ley, sino que 
se encuentra expresamente permitida en el numeral 3 del artículo 202º de la LGS. 
 
Sobre esta modalidad nos ocuparemos más adelante (Sección II) en vista que constituye 
el tema central del presente trabajo.  
 
d) Resarcimiento de pérdidas: 
 
Sobre el particular y aplicando el mismo criterio utilizado respecto de la posibilidad de que 
el excedente de revaluación sea empleado para ser distribuido entre los accionistas como 
dividendo o para fortalecer la cuenta de reservas de la sociedad, consideramos que no 
existe impedimento alguno para emplear el excedente obtenido para resarcir pérdidas de 
la sociedad, siempre que el mismo tenga como origen una revaluación real y se hubiera 
luego realizado a través de una venta. Ello por cuanto la LGS en el artículo 229° señala 
que las pérdidas correspondientes a un ejercicio se compensan con las utilidades o 
33 
 
reservas de libre disposición, y ya hemos visto que el excedente obtenido como 
consecuencia de una revaluación real, que además se hubiera vuelto líquido (convertido 
en dinero en efectivo) a través de una venta, puede ser utilizado para engrosar la cuenta 
de reservas de libre disposición de la compañía, o puede ser considerado como un 
ingreso, una utilidad extraordinaria de la compañía. Atendiendo a ello, consideramos que 
es perfectamente posible resarcir pérdidas a través del excedente de revaluación, 
requiriéndose únicamente que el activo se hubiera realizado (tornado líquido) y que se 
hubiera contabilizado, sea en la cuenta patrimonial de reservas, o en la cuenta de 
resultados del ejercicio (como un ingreso extraordinario).  
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, debe tenerse presente que si una sociedad ha 
obtenido pérdidas en un ejercicio, que afectan su situación patrimonial, es importante que 
las mismas sean resarcidas (en beneficio de la propia sociedad y de los terceros que 
contratan con esta) con todos los recursos con los que la sociedad cuente al efecto (y que 
la ley permita o, cuando menos, no prohíba). Así, consideramos que es totalmente 
legítimo que la junta general de accionistas de una compañía acuerde resarcir pérdidas 
con cargo al excedente obtenido como consecuencia de una revaluación real de sus 
activos, requiriéndose únicamente que, en forma previa, el mismo se haya vuelto líquido 
(dinero en efectivo) y que se haya contabilizado como una reserva o como parte del 
resultado del ejercicio (en calidad de ingreso extraordinario).  
 
2.2. Tratamiento contable 
 
La norma contable que regula la revaluación de los activos es la NIC N° 16, Inmuebles, 
Maquinaria y Equipos. Fue emitida por el IASB el 19 de diciembre de 2003 y actualizada 
posteriormente como consecuencia de la emisión de la NIIF 3, Combinación de Negocios 
(emitida en el 2004) y la NIIF 5, Activos No Corrientes Disponibles para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas (emitida en el 2004 también). 
 
La NIC N° 16 es aplicable a partir del periodo anual que empezó el 1 de enero de 2005. El 
IASB recomendó incluso su aplicación anticipada, de ser posible, lo que implica que pudo 
ser aplicada desde el año 2004. 
 
34 
 
En el Perú, su aplicación ha sido oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad 
mediante Resolución N° 034-2005-EF/93.01, de fecha 17 de febrero de 2005, publicada el 
2 de marzo de 2005, siendo de aplicación obligatoria para los estados financieros de los 
ejercicios económicos que comienzan el 1 de enero de 2006, y opcional para los que 
empiezan el 1 de enero de 2005. Sin embargo, en este último caso (si se aplica antes del 
ejercicio 2006), se requiere que se haga una revelación en una nota explícita a los 
estados financieros.    
 
A continuación, destacaremos en forma resumida los principales aspectos de la NIC N° 
16: 
 
a) Objetivo 
 
El párrafo 1 de la norma señala que su objetivo es establecer el tratamiento contable de 
las partidas reconocidas como Inmuebles, Maquinaria y Equipo, a fin de que los usuarios  
de los estados financieros puedan conocer y distinguir la información acerca de la 
inversión que una entidad tiene en Inmuebles, Maquinaria y Equipo, así como los cambios 
en tal inversión. 
 
b) Alcance 
 
El párrafo 2 de la norma prescribe que la misma debe ser aplicada en la contabilización 
de los elementos componentes de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, excepto cuando otra 
Norma Internacional de Información Financiera requiera o permita un tratamiento contable 
diferente. 
 
En términos generales, la norma es de aplicación a todos los componentes de Inmuebles, 
Maquinaria y Equipo, que son: terrenos, edificios y otras construcciones, maquinaria y 
equipo, unidades de transporte, muebles y enseres, equipos de cómputo, obras en curso, 
etc.  
 
c) Nuevo modelo de reconocimiento y medición – Modelo de 
revaluación/revalorización 
35 
 
La NIC N° 16 contiene una serie de cambios con la finalidad de proveer una guía adicional 
y aclaraciones en la selección de materias o asuntos relacionados con Inmuebles, 
Maquinaria y Equipos. Para efectos del presente trabajo, sólo nos vamos a referir a 
aquellos cambios que guarden relación con el tema materia de análisis en la presente 
sección, es decir, aquellos vinculados con la revaluación de activos. 
 
En este orden de ideas, es preciso destacar que la norma señala que si el valor 
razonable28 puede ser obtenido de fuente confiable o fidedigna, una entidad puede llevar 
todas las partidas de una clase de Inmuebles, Maquinaria y Equipos a valores revaluados, 
lo cual es el valor razonable de las partidas en la fecha de la revaluación, menos cualquier 
subsiguiente depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro o 
desvalorización. El cambio principal respecto de la norma anterior está en que en esta el 
uso de cantidades revaluadas no señalaba si los valores razonables debían ser obtenidos 
y medibles de fuente fidedigna.     
 
En efecto, el párrafo 31 de la norma señala que con posterioridad a su reconocimiento 
como activo, un elemento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo cuyo valor razonable pueda 
medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revalorizado, que es su valor 
razonable, en el momento de la revalorización, menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las 
revalorizaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en 
libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable en la fecha del balance. 
 
Además, el párrafo 32 de la norma señala que el valor razonable de (i) los terrenos y 
edificios se determina a partir de la evidencia basada en el mercado que ofrezca la 
tasación, realizada habitualmente por expertos independientes calificados 
profesionalmente; y, (ii) de las maquinarias y equipo será habitualmente su valor de 
mercado, determinado mediante una tasación. En el Perú existen dos organismos 
independientes de reconocida capacidad profesional: el Cuerpo Técnico de Tasaciones y 
el Consejo Nacional de Tasaciones. 
                                                                 
28 Valor razonable es definido por la propia norma como el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. 
36 
 
d) Frecuencia de las revaluaciones/revalorizaciones 
 
El párrafo 34 de la norma señala que la frecuencia de las revalorizaciones dependerá de 
los cambios que experimenten los valores razonables de los elementos de Inmuebles, 
Maquinaria y Equipo que se estén revalorizando. Cuando el valor razonable del activo 
revalorizado difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva 
revalorización. Para tal efecto, debe tenerse presente (i) que algunos elementos de 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo experimentan cambios significativos y volátiles en su 
valor razonable, por lo que necesitarán revalorizaciones anuales; y, (ii) que las 
revalorizaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de Inmuebles, Maquinaria 
y Equipo con variaciones insignificantes en su valor razonable. Para estos, pueden ser 
suficientes revalorizaciones efectuadas cada tres o cinco años. 
 
Del mismo modo, el párrafo 36 de la norma señala que si se revaloriza una partida o 
elemento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, se deben revalorizar también todos los 
elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 
 
e) Información a revelar con motivo de una revaluación/revalorización 
 
La norma señala que cuando los elementos de Inmuebles, Maquinaria y Equipo se 
contabilicen por sus valores revalorizados, se deberá revelar la siguiente información: 
 
(i) La fecha efectiva de la revalorización. 
(ii) Si se han utilizado los servicios de un experto independiente. 
(iii) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor 
razonable de los elementos. 
(iv) En qué medida el valor razonable de los elementos de Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo fue determinado directamente por referencia a los precios observables en un 
mercado activo o a recientes transacciones de mercado entre sujetos debidamente 
informados en condiciones de independencia, o fue estimado utilizando otras 
técnicas de valoración. 
37 
 
(v) Para cada clase de Inmuebles, Maquinaria y Equipo que se hubiera revalorizado, el 
importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el 
modelo del costo. 
(vi) Las reservas de revalorización, indicando los movimientos del ejercicio, así como 
cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas.   
 
f) Tratamiento contable del mayor valor resultante de una revaluación/revalorización 
 
El párrafo 39 de la norma prescribe que cuando se incremente el importe en libros de un 
activo como consecuencia de una revalorización, tal aumento se reconocerá directamente 
en el Estado de Resultados Integral (antes, Estado de Ganancias y Pérdidas) y 
acumulado en el patrimonio neto, bajo el encabezamiento de Excedente de Revaluación. 
Sobre la contabilización del excedente de revaluación volveremos en la Sección II del 
presente trabajo.  
 
 
3. Los estados financieros.-  
 
3.1. Tratamiento legal 
 
3.1.1.  Consideraciones generales 
 
El artículo 223º de la LGS dispone que: 
 
“Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país.”   
 
Al respecto, a diferencia de la Ley General de Sociedades anterior, la LGS no regula 
disposiciones sobre nombres de cuentas contables o contenido de los principales estados 
financieros. La ley vigente, con un criterio que compartimos, busca no penetrar el terreno 
de las normas contables ni ocuparse de temas reservados a la ciencia contable, para los 
que existen normas especiales, sino simplemente regular los aspectos societarios de los 
38 
 
estados financieros. La ley simplemente hace una mención general a los estados 
financieros en el artículo 223° bajo comentario, para luego, en la Cuarta Disposición Final, 
simplemente limitarse a señalar que “para efectos de la presente ley, se entenderá por 
estados financieros al balance general y al estado de ganancias y pérdidas29”.  
 
En palabras de ELÍAS30, “la nueva ley no define el contenido del balance y de la cuenta de 
ganancias y pérdidas, como lo hacían los artículos 251° al 253° de la Ley anterior, sino 
que se limita a regular los aspectos societarios relativos a estos instrumentos”. 
 
Respecto de este punto, VERÓN, citando a SAVATIER, señaló que31: 
 
“En el estudio de las cuentas, ni el jurista puede perder de vista su fin económico ni 
el economista olvidar su aspecto jurídico, y aunque el punto de vista de las dos 
disciplinas no sea el mismo, ninguna de las dos puede prescindir de la otra en el 
examen de la contabilidad”. 
 
ELÍAS también señala que32 “ambas disciplinas deben ir de la mano, con las 
discrepancias y coincidencias propias que entre ellas puedan producirse, pero guardando 
debidamente sus campos de acción respectivos.” 
 
Esta última apreciación de ELÍAS nos parece muy interesante porque enfatiza la 
importancia de que las normas societarias y las normas contables mantengan su propia 
autonomía, pero destacando, al mismo tiempo, la necesidad de que las mismas vayan 
siempre de la mano, es decir, que se respeten entre sí y se interpreten armónicamente. 
Consideramos interesante esta opinión, con la que coincidimos plenamente, precisamente 
porque en el caso de la capitalización del excedente de revaluación, este respeto 
recíproco e interpretación armónica entre las normas societarias y contables no se ha 
                                                                 
29 Tener presente que a partir del 2009, dichos estados f inancieros se denominan Estado de Situación Financiera y Estado 
de Resultados Integrales, respectivamente. 
30 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 455. 
31 VERÓN, Víctor. Sociedades Comerciales. Astrea. Buenos Aires. 1982. Tomo I. Pág. 472. 
32 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Págs. 455 y 456. 
39 
 
presentado, lo que ha generado el conflicto normativo que motiva el desarrollo del 
presente trabajo. 
 
De otro lado, es preciso destacar que si bien el artículo 223° de la LGS, bajo comentario, 
se encuentra ubicado en el libro referido a las sociedades anónimas, lo que podría 
interpretarse en el sentido que dicho artículo resulta aplicable sólo a este tipo de 
sociedades, consideramos que ello no es necesariamente así y que las disposiciones 
sobre los estados financieros son también aplicables a otras formas societarias. 
 
Al respecto, MORRIS señala que33: 
 
“(…) si repasamos los distintos libros que contiene la LGS encontraremos una 
serie de disposiciones vinculadas con la preparación de los estadios financieros y 
la distribución de utilidades, que son de aplicación a otras formas de sociedad (…). 
“También encontramos otras normas en la LGS, -aplicables a todas las formas 
societarias- en las que se hace alusión a los estados financieros, a las distintas 
partidas que forman parte de un balance general o a conceptos que se 
desprenden de los mismos (…). 
(…) por lo que tendríamos que concluir forzosamente que la regulación debe ser 
observada por todas las sociedades en general y no únicamente por la sociedad 
anónima. 
(…) En resumen, son varias las normas contenidas en la LGS que se refieren a la 
preparación de los estados financieros por parte de las diversas formas de 
sociedades. Sin embargo, sólo en el caso de la sociedad anónima el legislador ha 
creído conveniente incluir adicionalmente a dichas normas, disposiciones 
específicas sobre el particular.” 
 
Coincidimos plenamente con Morris pues más allá de la ubicación sistemática del artículo 
223° en la LGS, consideramos que los estados financieros a los que se refiere el referido 
artículo, resultan de aplicación también a las demás formas societarias. 
 
3.1.2.  Definición 
                                                                 
33 MORRIS, Alex. Ob. Cit. Págs. 265, 266 y 267. 
40 
 
Como ya se ha señalado anteriormente, de acuerdo a la Cuarta Disposición Final de la 
LGS, el Balance General (hoy, Estado de Situación Financiera), conjuntamente con el 
Estado de Ganancias y Pérdidas (hoy, Estado de Resultados Integrales), conforman los 
estados financieros de la sociedad. Como se sabe34, el Estadio de Situación Financiera 
muestra las cuentas del activo, pasivo y patrimonio de una sociedad, a una fecha 
determinada (es como una fotografía de las cuentas de la sociedad a dicha fecha), 
mientras que el Estado de Resultados Integrales muestra los resultados obtenidos por 
una sociedad en un periodo o tiempo determinado. 
 
Según CABANELLAS35, “la contabilidad constituye el instrumento que suministra 
información sobre la actividad y el patrimonio de la empresa. La contabilidad cumple 
diversas funciones tanto al interior como al exterior de la empresa. Al interior, permite que 
los distintos órganos societarios puedan conocer a través de sus registros, en forma 
cuantitativa, la actividad y desarrollo patrimonial de la misma y, de esta manera, puedan 
estar en aptitud de adoptar las decisiones con un conocimiento cabal de la realidad 
económica y financiera de la empresa. Externamente, esta información interesa a todo 
aquel que tenga relación con la empresa.” 
 
Como se aprecia, los estados financieros son muy importantes porque permiten, tanto a 
los accionistas como a los terceros interesados en relacionarse con la sociedad, conocer 
la situación económica y financiera de esta y, sobre la base de la misma, tomar las 
mejores decisiones en función de sus intereses y necesidades. 
 
3.1.3.  Funciones 
 
Coincidimos con MORRIS cuando, respecto de las distintas funciones que cumplen los 
estados financieros de una compañía, señala que36: 
  
                                                                 
34 Recomendamos revisar el desarrollo que, de la definición, naturaleza y funciones del balance general y del estado de 
ganancias y pérdidas, efectúa MORRIS en el artículo “Estados f inancieros y aplicación de utilidades”, el mismo que forma 
parte del Tratado de Derecho Mercantil, Tomo I, Derecho Societario (Págs. 277 a 290).  
35 CABANELLAS, Guillermo. “Derecho Societario. Parte General”. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 1999. Págs. 
15 y 16. 
36 MORRIS, Alex. Ob. Cit. Págs. 276 y 277. 
41 
 
 “(…)  
 
a) Proporcionan información sobre la situación económica de la empresa (…).  
b) Proporcionan razonablemente información sobre la situación financiera de la 
sociedad y los resultados de las operaciones de la empresa. Permiten conocer 
la situación de los ingresos frente a los egresos y establecer, con ello, el grado 
de liquidez con el que cuenta para hacer frente a sus obligaciones (…).  
c) En el caso concreto del balance general, este brinda información sobre la 
situación patrimonial de la empresa (…).  
d) Mediante la cuenta de ganancias y pérdidas se brinda información sobre los 
resultados de la sociedad al cierre de un cierto periodo (…).  
e) Los estados financieros suministran información para la preparación de la 
memoria y propuesta de aplicación de utilidades, y constituyen un medio 
sumamente importante para que dicha información sea transmitida a terceros 
(…).” 
 
Como se aprecia, los estados financieros de una compañía cumplen una función muy 
importante por cuanto permiten conocer la situación económica y financiera de esta, lo 
que sirve de base para que sus accionistas y los terceros que contratan con la misma 
puedan tomar las mejores decisiones en función de sus intereses y necesidades. 
 
3.1.4. Ámbito de aplicación 
 
Cabe preguntarse a qué disposiciones legales se refiere el artículo 223º de la LGS, bajo 
comentario. Consideramos que se refiere a la Ley Nº 24680, que creó el Sistema Nacional 
de Contabilidad y le encargó la formulación de las normas contables que deben aplicarse 
en nuestro país (a través del Consejo Normativo de Contabilidad), así como a las distintas 
regulaciones aprobadas por resoluciones del referido Consejo Normativo de Contabilidad 
o de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú – CONASEV 
(hoy, la Superintendencia de Mercados de Valores - SMV). 
 
Esta opinión se ve, además, refrendada en la Resolución Nº 013-98-EF/93.01, de fecha 
17 de julio de 1998, expedida por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), que, entre 
42 
 
otros, dispone que los principios de contabilidad a los que se refiere el artículo 223º de la 
LGS son las normas internacionales de contabilidad oficializadas por el CNC, y que, por 
excepción, pueden emplearse supletoriamente los principios que se aplican en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Sobre los principios contables generalmente aceptados en el Perú y las principales 
competencias del CNC regresaremos más adelante. Sin embargo, como conclusión sobre 
este punto, citando a ELÍAS, podemos afirmar que37: “es a la ciencia y a las normas 
contables a quienes corresponde determinar la forma de preparación y presentación del 
balance y de la cuenta de ganancias y pérdidas, y es el derecho societario quien tiene a 
su cargo la regulación de su aprobación y empleo por las sociedades.” 
 
Coincidimos con el parecer de ELÍAS por cuanto consideramos que es necesario que, por 
razones de especialidad en la materia, las competencias de ambas disciplinas estén bien 
definidas y que, en ese sentido, corresponda a la ciencia contable regular todo lo 
referente a la elaboración y presentación de los estados financieros, y al derecho 
societario regular la aplicación y uso de los referidos estados financieros por parte de las 
compañías. De esta manera, el orden y la no superposición de competencias estarán 
garantizados.  
 
3.2. Tratamiento contable 
 
La norma contable que regula los estados financieros es la NIC N° 1, referida a la 
Presentación de los Estados Financieros. Esta norma dispone que las sociedades deben 
aplicar la misma para elaborar la contabilidad de los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2009.  
 
A continuación, destacaremos en forma resumida los principales aspectos de dicha 
norma: 
 
a) Objetivo 
 
                                                                 
37 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 457. 
43 
 
El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados 
financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto 
con los estados financieros de la misma entidad, correspondientes a periodos anteriores, 
como con los de otras entidades. La norma establece requerimientos generales para la 
presentación de los estados financieros, así como guías para determinar su estructura y 
requisitos mínimos sobre su contenido. 
 
b) Alcance 
 
Respecto del alcance de la norma, esta prevé la obligación de toda sociedad de aplicar la 
misma al preparar y presentar estados financieros que tengan como propósito brindar 
información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). También prevé que la misma no resulta de aplicación a la estructura y contenido 
de los estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la 
NIC N° 34, referida a la Información Financiera Intermedia (con determinada fecha de 
corte). 
 
Es importante destacar también que la norma establece su aplicación obligatoria a todas 
las sociedades, incluyendo las que presentan estados financieros consolidados y las que 
presentan estados financieros separados. 
 
c) Definición de estados financieros y de normas internacionales de información 
financiera (NIIF) 
 
Respecto a los estados financieros con propósito de información general, la norma los 
define como aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. 
 
Respecto a las normas internacionales de información financiera (NIIF), estas son 
definidas como las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas  
Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas normas comprenden principalmente: 
 
44 
 
(i) Normas internacionales de información financiera. 
(ii) Normas internacionales de contabilidad. 
 
d) Finalidad de los estados financieros 
 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de una sociedad. El objetivo de los estados 
financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de una sociedad, que sea útil a una amplia variedad 
de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  
 
Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, 
los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de 
una sociedad: (i) activos; (ii) pasivos; (iii) patrimonio; (iv) ingresos y gastos, en los que se 
incluyen las ganancias y pérdidas; (v) aportaciones de los propietarios y distribuciones a 
los mismos en su condición de tales; y, (vi) flujos de efectivo. Esta información, junto con 
la contenida en las notas a los estados financieros, ayuda a los usuarios a predecir los 
flujos de efectivo futuros de la sociedad y, en particular, su distribución temporal y su 
grado de certidumbre. 
 
e) Conjunto completo de estados financieros 
 
Los estados financieros comprenden: 
 
(i) Un estado de situación financiera (ex balance general) al final del periodo. 
(ii) Un estado del resultado integral (ex estado de ganancias y pérdidas) del periodo. 
(iii) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. 
(iv) Un estado de flujos de efectivo del periodo. 
(v) Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa. 
(vi) Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando 
una sociedad aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión 
45 
 
retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en 
sus estados financieros. 
 
Sin perjuicio de lo antes indicado, es preciso destacar que la NIC N° 1 establece que las 
sociedades pueden utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos distintos a los 
utilizados en la norma. Asimismo, dispone que las sociedades deben presentar, con el 
mismo nivel de importancia, todos los estados financieros que forman un juego completo 
de estados financieros. 
 
f) Características generales de los estados financieros  
 
Las principales características que deben tener los estados financieros son las siguientes:  
 
(i) Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF: los estados financieros deben 
presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como 
los flujos de efectivo de una sociedad. La presentación razonable requiere la 
presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros 
sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco 
Conceptual38.  
 
Por su parte, la aplicación de las NIIF, con información adicional a revelar, cuando 
sea necesario, se supone que da lugar a estados financieros que permiten conseguir 
una presentación razonable. Las sociedades cuyos estados financieros cumplan las 
NIIF deben efectuar, en las notas, una declaración explícita y sin reservas, de dicho 
cumplimiento. Al efecto, las sociedades no deben señalar que sus estados financieros 
cumplen con las NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de estas. 
 
(ii) Hipótesis de negocio en marcha: al elaborar los estados financieros, la gerencia 
evaluará la capacidad que tiene la sociedad para continuar en funcionamiento. Una 
sociedad debe elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en 
marcha, a menos que se pretenda liquidar la sociedad o cesar en su actividad, o no 
                                                                 
38 Este concepto va a ser desarrollado más adelante, en el acápite referido a las normas internacionales de contabilidad. 
46 
 
exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la 
sociedad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, 
debe revelar este hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y 
las razones por las que la sociedad no se considera como un negocio en marcha.  
 
(iii) Frecuencia de la información: las sociedades deben presentar un juego completo de 
estados financieros al menos una vez al año. Cuando una sociedad cambie el cierre 
del periodo sobre el que informa, y presente los estados financieros para un periodo 
contable superior o inferior a un año, deberá revelar, además del periodo cubierto por 
los estados financieros, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o 
superior. 
 
(iv) Información comparativa: a menos que la NIIF permitan o requieran algo distinto, las 
sociedades revelarán información comparativa respecto del periodo anterior para 
todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente.   
 
(v) Uniformidad en la presentación: las sociedades deben mantener la presentación y 
clasificación de las partidas en los estados financieros, de un periodo a otro, a menos 
que: (i) tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la sociedad o una 
revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada 
otra presentación u otra clasificación; o, (ii) una NIIF requiera un cambio en la 
presentación. 
 
(vi) Materialidad y agrupación de datos: los estados financieros son el producto del 
procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos, que se agrupan 
por clases de acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de 
agregación y clasificación es la presentación de datos condensados y clasificados, 
que constituyen las partidas de los estados financieros. 
 
(vii) Compensación: las sociedades no deben compensar activos con pasivos o ingresos 
con gastos, a menos que así lo requiera o permita una NIIF. Ello porque la 
compensación limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones 
47 
 
y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los 
flujos futuros de efectivo de la sociedad. 
 
 
4. Principios contables generalmente aceptados en el Perú.-  
4.1. Antecedentes39 
La práctica contable en el Perú, hasta mediados del siglo pasado, consistía básicamente 
en la aplicación del método de la partida doble. Luego, en los siguientes veinte años, se 
mejoró la práctica contable con la formación educativa impartida por el Instituto de 
Contadores del Perú y por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Ello sin perjuicio de la influencia recibida de las empresas 
internacionales que ya utilizaban los principios de contabilidad generalmente aceptados 
(compañías de los Estados Unidos de Norteamérica básicamente). 
Sin embargo, en el Perú no se desarrollaron normas contables hasta la década de los 
setenta, con la implementación del Primer Plan Contable General. En efecto, con la 
creación del Sistema Uniforme de Contabilidad para Empresas, aprobado mediante 
Decreto Ley Nº 20172, a partir del 1º de Enero de 1974 las empresas comenzaron a 
registrar sus operaciones y a presentar sus estados financieros e información 
complementaria a la entidad oficial competente de aquella época. 
En la norma antes mencionada se contemplaban las actividades económicas de los 
sectores agropecuario, minero y pesquero, exceptuando a las instituciones de crédito y a 
las empresas aseguradoras, toda vez que estas empresas se encontraban reguladas por 
la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Con la elaboración del Primer Plan Contable General, se estableció un plan de cuentas 
homogéneo, con criterios comunes uniformes para todas las empresas, con el fin de que 
estas puedan ser comparables a través del tiempo. 
Posteriormente, con fecha 25 de febrero de 1984 se publicó la Resolución CONASEV Nº 
006-84-EFC/94.10, en virtud de la cual se aprobó el Plan Contable General Revisado, que 
                                                                 
39 La fuente para el desarrollo de esta sección es: http://w w w .monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml. 
48 
 
reemplazó al Primer Plan Contable General, el mismo que estuvo vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2010.  
Asimismo, con la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley Nº 
24680, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-89-EF (ambas normas, 
de 1987), se establecieron los criterios de forma y fondo de la contabilidad en el Perú.  
La mencionada ley fue derogada con la entrada en vigencia de la Ley N° 28708, Ley 
General del Sistema Nacional de Contabilidad, de fecha 10 de abril de 2006, la misma 
que se encuentra vigente a la fecha y que tiene por objeto establecer el marco legal para 
dictar y aprobar normas y procedimientos que permitan armonizar la información contable 
de las entidades del sector público y del sector privado, así como para elaborar las 
cuentas nacionales, la Cuenta General de la República, las cuentas fiscales y, sobre esa 
base, efectuar el planeamiento que corresponda.  
Es preciso destacar que en el artículo 5° de la antes mencionada ley, se estableció que el 
Sistema Nacional de Contabilidad está conformado, entre otros órganos, por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC), encargado de la formulación de las normas contables 
que deben aplicarse en nuestro país. 
De otro lado, como ya se ha señalado en el numeral 3.1.4. precedente, mediante 
Resolución Nº 013-98-EF/93.01, de fecha 17 de julio de 1998, expedida por el CNC, dicha 
entidad dispuso que los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se 
refiere el artículo 223º de la LGS comprenden, substancialmente, a las normas 
internacionales de contabilidad oficializadas mediante resoluciones del CNC, y a las 
normas establecidas por Organismos de Supervisión y Control para las entidades de su 
área, siempre que se encuentren dentro del Marco Teórico/Conceptual
40
 en que se 
apoyan las Normas Internacionales de Contabilidad.  
 
Asimismo, en la referida Resolución se señala que, por excepción y en aquellas 
circunstancias en que determinados procedimientos operativos contables no estén 
debidamente normados por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad41 (IASC 
                                                                 
40 Dicho concepto es desarrollado con mayor detalle en el numeral 4.1.1. del presente trabajo. 
41 A la fecha, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) ha sido reemplazado por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 
49 
 
por sus siglas en inglés), pueden emplearse supletoriamente los Principios de 
Contabilidad aplicados en los Estados Unidos de Norteamérica. 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, debe tenerse presente que, en términos generales, 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son entendidos como un conjunto 
de reglas y normas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos 
a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y 
económicos de una sociedad. En tal sentido, constituyen parámetros para que la 
elaboración de los estados financieros se haga sobre la base de métodos uniformes de 
técnica contable.  
4.2. El Consejo Normativo de Contabilidad 
 
4.2.1.  Origen y atribuciones 
Como ya se ha mencionado, el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) es uno de los 
órganos que conforman el Sistema Nacional de Contabilidad, y tiene a su cargo el 
estudio, análisis y emisión de normas en materia contable. 
 
De acuerdo al artículo 10° de la Ley N° 28708, el CNC tiene las siguientes atribuciones: 
 
 Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad 
de los sectores público y privado. 
 Emitir resoluciones, dictando y aprobando las normas de contabilidad para las 
entidades del sector privado. 
 Absolver consultas en materia de su competencia. 
 
4.2.2.  Conformación 
 
El CNC es presidido por un funcionario nombrado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, y está conformado por un representante de cada una de las entidades que se 
detallan a continuación, los mismos que podrán contar con sus respectivos suplentes: 
 Banco Central de Reserva del Perú (BCR). 
50 
 
 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV (hoy, 
Superintendencia de Mercados de Valores). 
 Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS). 
 Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT). 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP). 
 Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. 
 Facultades de Ciencias Contables de las universidades del país, a propuesta de la 
Asamblea Nacional de Rectores. 
 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). 
Sin perjuicio de lo antes indicado, debe tenerse presente que el Director Nacional de 
Contabilidad Pública es miembro nato del CNC, el que adicionalmente contará con un 
asesor jurídico permanente. 
Para ser representante titular o suplente de las entidades integrantes del CNC, se 
requiere: 
 Poseer título de contador público, ser colegiado y tener como mínimo diez (10) años 
de ejercicio profesional.  
 Ser designado por el Presidente del CNC, en base a una terna propuesta por cada 
entidad integrante del indicado Consejo y por un periodo de tres (3) años, pudiendo 
ser designado por otro periodo igual a propuesta de la entidad correspondiente. 
 No estar inhabilitado en el ejercicio profesional. 
 No tener condena penal consentida o ejecutoriada, por delito doloso. 
 No haber sido destituido de cargo público por sanción disciplinaria. 
 No tener rendiciones de cuentas pendientes con las entidades del sector público.  
4.3.  Las normas internacionales de contabilidad 
 
4.3.1.  Definición 
51 
 
De acuerdo al Marco Conceptual42 de la NIIF, las Normas Internacionales de Contabilidad 
pueden ser definidas como pronunciamientos profesionales que establecen la forma de 
preparación y presentación de los estados financieros, buscando homogenizar el lenguaje 
contable universal. En efecto, son un conjunto de normas o leyes que establecen la 
información que debe presentarse en los estados financieros, así como la forma en que 
dicha información debe aparecer en ellos.  
 
Atendiendo a ello, son normas contables de alta calidad, orientadas a terceros 
(inversores), cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del 
negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una compañía. 
 
Las referidas normas son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) y aprobadas por la Federación Internacional 
de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en inglés).  
 
Las referidas normas se conocen con las siglas de NIC y NIIF, según la oportunidad en 
que fueron aprobadas. Durante su vigencia, el IASC emitió 41 normas NIC (de las cuales 
sólo 29 están vigentes en la actualidad), y luego de su reforma, pasando a llamarse IASB, 
se han emitido 13 normas NIIF (de las cuales 9 están vigentes y 4 están en proceso de 
implementación). 
 
En nuestro país, la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, 
en su calidad de miembro del IFAC, tiene la responsabilidad de divulgar y promover la 
aplicación correcta de las Normas Internacionales de Contabilidad en nuestro medio, las 
mismas que son oficializadas por el CNC en su calidad de órgano competente para dictar 
normas contables. 
 
4.3.2.  Evolución en el tiempo y aplicación43 
                                                                 
42 El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad es como el Título Preliminar del Código Tributario. 
Este punto será desarrollado con mayor detalle en el siguiente numeral del presente trabajo. 
43 El desarrollo de esta sección se sustenta en el libro de los Contadores Públicos Colegiados Carlos Paredes Reátegui y 
Pascual Ayala Zavala “Normas Internacionales de Contabilidad. Normas Internacionales de Información Financiera. 
Interpretaciones SIC’s y CINIIF’s. Concordado con el Nuevo Plan Contable General Empresarial. Tomo I. Págs. 19 y 
siguientes.   
52 
 
En el mundo de la contabilidad, existe el denominado “Marco Conceptual”, el mismo que 
es definido como el conjunto de teorías, conceptos y fundamentos (principios) básicos y 
esenciales a partir del cual se han desarrollado las Normas Internacionales de 
Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Dicho Marco Conceptual fue aprobado por el ex International Accounting Standard Board 
(IASC por sus siglas en inglés) o Comité de Normas Internaciones de Contabilidad, en 
abril de 1989. 
 
Actualmente, el ente emisor de normas de contabilidad es el International Accounting 
Standard Board (IASB por sus siglas en inglés) o Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, que en el año 2001 reemplazó al IASC y adoptó el Marco Conceptual para 
la Preparación y Presentación de los Estados Financieros.  
 
En el mundo, las empresas normalmente preparan y presentan sus estados financieros 
para que sean revisados por terceros. Dichos estados financieros, aunque pudieran 
parecer iguales o similares entre un país y otro, suelen ser diferentes. Las diferencias 
pueden tener distintos orígenes, tales como: (i) distintas circunstancias sociales, 
económicas y legales de cada país; o, (ii) las necesidades de los terceros usuarios de los 
estados financieros, que son siempre tomadas en cuenta al establecer la normativa 
contable de cada país. 
 
Dichas diferencias han generado diversos efectos en la práctica, tales como: (i) el uso de 
una amplia variedad de definiciones para los componentes de los estados financieros ; (ii) 
el uso de diferentes criterios para el reconocimiento de partidas en los estados 
financieros; (iii) la afectación del alcance de los estados financieros y de la información 
revelada en ellos; entre otros. 
 
El IASB tiene la misión de reducir tales diferencias por medio de la búsqueda de la 
armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos que se 
relacionen con la preparación y presentación de los estados financieros. 
 
53 
 
Al respecto, el IASB considera que esta armonización puede lograrse si los esfuerzos se 
centran en los estados financieros que se preparen con el propósito de suministrar 
información que sea útil para la toma de decisiones económicas. El IASB considera que 
los estados financieros preparados para tal fin cubren las necesidades comunes de la 
mayoría de los usuarios. Ello porque casi todos los usuarios toman, de alguna manera, 
decisiones económicas, como por ejemplo: (i) regular las actividades de la empresa, (ii)  
determinar las políticas comerciales, societarias y tributarias, (iii) determinar las ganancias 
obtenidas y decidir su eventual distribución, entre otras. 
 
En línea con lo anterior, el IASB considera que cada gobierno puede fijar requisitos 
contables diferentes o adicionales. Sin embargo, tales requisitos no deben afectar a los 
estados financieros publicados para beneficio de otros usuarios (terceros ajenos a la 
sociedad), a menos que cubran también las necesidades de dichos usuarios. 
 
El Marco Conceptual ha sido desarrollado de manera que pueda aplicarse a los distintos 
modelos contables, así como a los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Para 
poder cumplir con su misión, el Marco Conceptual trata los siguientes asuntos: (i) el 
objetivo de los estados financieros; (ii) las características cualitativas que determinan la 
utilidad de la información de los estados financieros; (iii) la definición, reconocimiento y 
medición de los elementos que constituyen los estados financieros; y, (iv) los conceptos 
de capital y mantenimiento de capital.  
 
Debe tenerse presente que el Marco Conceptual es de aplicación a los estados 
financieros de todas las empresas, pertenezcan estas al sector privado o al sector público. 
No obstante ello, es preciso destacar que también se vienen emitiendo Normas 
Internacionales de Contabilidad para el sector público.  
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que en el Marco Conceptual se señala que el 
modelo contable utilizado para la preparación de los estados financieros estará 
determinado por la selección de las bases de medición o valoración y del concepto de 
mantenimiento del capital. Los diferentes modelos contables tienen diferentes grados de 
relevancia y fiabilidad, correspondiendo a la gerencia general y al contador de cada 
sociedad buscar un equilibrio entre estas dos características. 
54 
 
Queda claro, entonces, que este Marco Conceptual es aplicable a una amplia gama de 
modelos contables, constituyendo una guía para cada compañía al momento de preparar 
y presentar los estados financieros según el modelo elegido.  
 
4.4. Regulación especial de la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV). 
Con fecha 25 de febrero de 1984 se publicó la Resolución CONASEV Nº 006-84-
EFC/94.10, en virtud de la cual se aprobó el Plan Contable General Revisado, aplicable a 
las empresas del sector privado y público del Estado, con el objetivo de permitir a dichas 
empresas disponer de modernos instrumentos de medición de los resultados económicos, 
contribuyendo de este modo a mejorar su correspondiente gestión.  
El Plan Contable General Revisado fue elaborado por la CONASEV, en vista que en la 
fecha de su publicación aún no se le había atribuido dicha competencia al Consejo 
Normativo de Contabilidad. 
El referido Plan Contable General Revisado fue reemplazado por el Plan Contable 
General Empresarial, aprobado por Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 
043-2010-EF/94, vigente en nuestro país desde el 1 de enero de 2011. 
Sin perjuicio de la participación de la CONASEV (hoy, la SMV) para aprobar el Plan 
Contable General revisado, es preciso destacar que dicha entidad, en su condición de 
ente supervisor, también emite resoluciones de carácter técnico para verificar que las 
empresas sujetas a su control lleven la contabilidad de acuerdo a los 
parámetros/lineamientos dictados por el CNC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
SECCIÓN II 
 
 
1. La capitalización del excedente de revaluación en el Perú.- 
 
1.1. Tratamiento legal  
  
1.1.1.  Consideraciones generales 
 
Como ya se ha señalado anteriormente, la revaluación de los activos de una sociedad 
genera un excedente que, hasta antes de dicha revaluación, se encontraba oculto en los 
estados financieros de la compañía (concretamente, en el estado de situación financiera). 
Este excedente tiene como origen un mayor valor actual de los referidos bienes, respecto 
del que aparece registrado en los libros contables de la sociedad, como consecuencia de 
diversos factores/situaciones, tales como: (i) el proceso de devaluación de la moneda 
nacional en el tiempo, (ii) la depreciación excesiva de los bienes y/o su devaluación como 
consecuencia de agentes externos (que no es otra cosa que un cambio de valor como 
consecuencia de condiciones de mercado), o, (iii) el simple hecho de que al momento de 
adquirir los bienes estos se hayan valorizado a un valor inferior al que realmente tenían. 
 
Al respecto, ELÍAS considera que44: “la revaluación de los activos de la sociedad hace 
aflorar las plusvalías ocultas en el balance y que provienen del aumento de los valores 
que pueden haberse acumulado en el tiempo con respecto a los activos revaluados”. 
 
Por su parte, SALAS señala que45 “jurídica y contablemente, la operación antes 
mencionada (la revaluación) tiene por finalidad permitir que afloren las denominadas 
reservas ocultas, que al no aparecer en las cuentas de la sociedad, impiden que el 
balance refleje con claridad y precisión la situación económica y financiera de la 
sociedad”.  
 
                                                                 
44 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 403. 
45 SALAS, Julio. Ob. Cit. Pág. 711. 
56 
 
Debe tenerse presente que al referido excedente se le denomina “oculto” por cuanto, por 
cualquiera de las razones/supuestos de hecho expuestos precedentemente, el valor de 
los bienes reflejado en la contabilidad es inferior que el valor real que tienen y con el que 
deberían figurar en el estado de situación financiera de la sociedad.  
 
La aparición de este excedente origina la obligación de registrar contablemente el mismo, 
lo que ocasiona que el patrimonio neto de la sociedad se incremente y que, con ello, su 
situación patrimonial mejore (se torne más sólida, además de real). En efecto, si un activo 
de la compañía aumenta su valor, la consecuencia natural es que ese mayor valor se vea 
reflejado en su contabilidad, con la consecuente mejora de su situación patrimonial.  
 
De otro lado, debe tenerse presente que este excedente permite tener la certeza de que 
el balance cumple con los requisitos de “claridad” y “precisión” que exige el artículo 221° 
de la LGS, analizado en la Sección I del presente trabajo, lo que permite que los estados 
financieros reflejen de manera apropiada la situación económica de la compañía y que, 
como consecuencia de ello, los terceros que contratan con esta tomen sus decisiones 
sobre la base de su situación real. 
 
Respecto del destino de dicho excedente, la LGS, en el numeral 3 del artículo 202°, 
permite que el mismo sea utilizado para aumentar el capital social de la sociedad. Esta 
norma debe interpretarse armónicamente con el artículo 228°, que establece la posibilidad 
de efectuar una revaluación de los activos siempre que se cuente con un informe pericial 
previo.  
 
Consideramos acertada la previsión legal del artículo 202° por cuanto si se permite la 
revaluación de los activos, la misma que se contabiliza en una cuenta del patrimonio de la 
sociedad, incrementando el patrimonio neto de esta, resulta razonable que, en principio, 
se permita también capitalizar dicho excedente, fortaleciendo la cuenta capital social, que 
además de ser otra cuenta del patrimonio de la compañía, constituye la principal garantía 
frente a los acreedores y terceros que contratan con esta. Sin embargo, teniendo en 
cuenta esto último (la naturaleza de la cuenta capital social), que para nosotros resulta de 
significativa importancia, consideramos que, aunque la LGS no lo exija en forma expresa, 
debería ser necesario que el activo revaluado haya sido realizado primero. Sobre este 
57 
 
punto regresaremos más adelante, cuando analicemos con más detalle el conflicto 
existente entre la LGS y las normas contables vigentes.   
 
1.1.2.  Naturaleza jurídica 
 
Atendiendo a que se trata de incrementos del valor de los bienes, que además tienen 
sustento en una pericia técnica que, con criterios objetivos, determina el mayor valor de 
estos, la naturaleza que tiene el excedente que se genera es, en nuestra opinión, el de 
una plusvalía que, atendiendo a los argumentos esgrimidos en el desarrollo del numeral 
2.1.1. del presente trabajo, no puede ser considerada como una utilidad, ganancia, 
beneficio o superávit, y que además puede ser empleada para los fines detallados en el 
numeral 2.1.4., siendo uno de dichos fines precisamente su capitalización (expresamente 
permitida por la LGS). 
 
Sobre el particular, SALAS señala que46: “(…) en la medida que se trate de incrementos 
reales del valor de un determinado bien, el excedente de revaluación constituye una 
reserva en el sentido estricto y jurídico”. Coincidimos parcialmente con dicha opinión por 
cuanto consideramos que si el incremento es real, es decir, que tiene como origen una 
revaluación real (no nominal) del activo, en efecto el mayor valor obtenido puede ser 
considerado como una reserva y, por consiguiente, ser contabilizado como tal. Sin 
embargo, para ello es indispensable que el mayor valor generado sea realizado (tornado 
líquido a través de una venta). Al efecto, nos remitimos a lo señalado en el numeral 2.1.4 
del presente trabajo. 
 
1.1.3.  Requisitos y formalidades  
Como ya se ha señalado en el desarrollo del numeral 1.1.3. de la Sección I del presente 
trabajo, todo aumento de capital se acuerda por junta general de accionistas, cumpliendo 
los requisitos establecidos para la modificación del estatuto; consta en escritura pública y 
se inscribe en el Registro. 
                                                                 
46 SALAS, Julio. Ob. Cit. Pág. 713. 
58 
 
La exigencia de la existencia de un acuerdo de junta general de accionistas es lógica y 
razonable en tanto esta constituye el máximo órgano de gobierno de la sociedad, 
legitimada para decidir sobre los aspectos más importantes que regulan la vida de la 
sociedad. Ello, además, guarda estrecha relación con lo señalado en el artículo 115° de la 
LGS, que en el numeral 3 establece que es atribución de la junta general acordar 
aumentar o reducir el capital social.  
Sin perjuicio de lo antes mencionado, debe tenerse presente que el artículo 206° de la 
LGS prevé la posibilidad de que la junta general delegue en el directorio la facultad de 
señalar la oportunidad en que se debe realizar un aumento de capital, siempre que en el 
acuerdo de la junta se establezcan los términos y condiciones del aumento que pueden 
ser determinados por el directorio.  
En consecuencia, queda claro que si bien el aumento de capital es, en principio, una 
facultad privativa de la junta general, se permite la delegación en el directorio de manera 
excepcional y siempre que se verifique el cumplimiento de determinados requisitos. 
Las normas antes citadas regulan el aumento de capital como género y, en consecuencia, 
son aplicables a todos los supuestos/modalidades contemplados en la ley, incluyendo el 
aumento de capital por capitalización de los excedentes de revaluación. 
Para ello, además, se deben cumplir los requisitos establecidos para la modificación del 
estatuto, previstos en el artículo 198° de la LGS. Dichos requisitos son los siguientes: 
(i) Expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisión, los asuntos 
que se someterán a la junta (en este caso, el aumento de capital por capitalización 
del excedente de revaluación), a no ser que a la sesión concurra la totalidad de 
accionistas, en cuyo caso no será necesaria convocatoria alguna (al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 120° de la LGS).                                                                                           
 
(ii) Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126° y 127° de la LGS, 
que regulan el quórum calificado para que se instale válidamente la sesión y las 
mayorías requeridas para la adopción del acuerdo, respectivamente. Al respecto, es 
preciso destacar que la ley considera al aumento de capital, bajo cualquier 
modalidad, como un supuesto especial que requiere de quórum calificado. 
59 
 
Finalmente, debe tenerse presente que para formalizar un acuerdo de aumento de capital 
se requiere que el mismo conste en escritura pública (otorgada ante notario), en la cual se 
deberá insertar el acta de junta general de accionistas correspondiente, y que se inscriba 
en los Registros Públicos (concretamente, en la partida registral del Registro de Personas 
Jurídicas, correspondiente a la sociedad). 
1.2. Tratamiento contable 
 
La norma contable que regula el tratamiento contable del excedente de revaluación 
también es la NIC N° 16, analizada y comentada en el numeral 2.2 de la Sección N° 1 del 
presente trabajo, a propósito del desarrollo del tratamiento contable de la revaluación de 
activos. Por tal razón, respecto a los antecedentes, objetivo, alcances y principales 
implicancias de la referida norma, nos remitimos a lo desarrollado en el referido numeral. 
 
Debe tenerse presente que el párrafo 41 de la norma señala dos formas para disponer del 
excedente de revaluación de una partida o elemento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, 
incluido en el patrimonio neto: 
 
a) El excedente de revaluación puede ser transferido directamente a la cuenta de 
Resultados Acumulados (reservas por ganancias acumuladas), cuando se dé de baja 
en cuentas al activo. Esto implica la transferencia total del excedente cuando el activo 
sea enajenado o se disponga de él por otra vía. 
 
b) Parte del excedente podría transferirse a medida que el activo es utilizado por la 
sociedad. En ese caso, el importe del excedente transferido sería igual a la diferencia 
entre la depreciación calculada según el valor revalorizado del activo y la calculada 
según su costo original. 
 
La norma también dispone que las transferencias desde las cuentas de excedentes de 
revalorización a las cuentas de resultados acumulados realizadas, no deben pasar por el 
resultado del ejercicio.   
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS), oficializadas en nuestro país mediante Resolución N° 048-2011-EF del 
60 
 
Consejo Normativo de Contabilidad, y vigentes desde el 7 de enero de 2012, señalan, 
respecto al tratamiento contable del excedente de revaluación (párrafo 41 de la NIC N° 
16), lo siguiente:  
“(…) El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y 
equipo incluido en el patrimonio, podrá ser transferido directamente a 
ganancias acumuladas, cuando se produzca la baja del activo. Esto podría 
implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad disponga del 
activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que el 
activo fuera utilizado por la entidad (…)”.  
De lo anterior, se aprecia claramente que la referida norma no contempla la posibilidad de 
capitalizar directamente el excedente de revaluación reconocido en el patrimonio. Por el 
contrario, exige que el mismo se realice previamente a través de su disposición, baja o 
uso, antes de ser capitalizado. Atendiendo a ello, sólo en la medida que el excedente de 
revaluación se realice, podría ser transferido a resultados acumulados y, recién a partir de 
este momento, podría ser capitalizado. 
 
Las normas contables que estuvieron vigentes hasta antes de la publicación de la 
Resolución N° 048-2011-EF, no tenían una regulación restrictiva o condicionante respecto 
del destino del excedente de revaluación. Sin embargo, el escenario de crisis financiera 
internacional justificó que se incorporara esta restricción a efectos de evitar que las 
sociedades continuaran con una práctica que, hasta ese momento, era común y que las 
afectaba patrimonialmente. Esta práctica consistía en acordar distribuir dividendos entre 
los accionistas con cargo al excedente de revaluación no realizado. Si bien las 
revaluaciones contaban siempre con el respaldo/soporte de un informe pericial que 
justificaba el mayor valor obtenido, al no haberse realizado este, es decir, al no haberse 
tornado líquido a través de su venta, este valor era todavía referencial y expectaticio y, en 
un escenario de crisis internacional, resultaba incluso un valor inflado. En efecto, las 
sociedades distribuían como dividendos entre sus accionistas el mayor valor obtenido, 
pero lo cierto es que, de haberse realizado el activo revaluado, el valor real obtenido 
hubiera sido menor que el estimado por el perito, con lo cual lo que había sucedido en la 
práctica es que las compañías habían repartido como dividendos entre sus accionistas un 
valor que en realidad no era tal, lo que afectaba seriamente su estructura patrimonial. 
61 
 
A fin de evitar una situación como la antes descrita, las IFRS optaron por regular de 
diferente manera el tratamiento contable del excedente de revaluación, estableciendo que 
este sólo podía pasar a integrar la cuenta de resultados acumulados de la sociedad una 
vez que se hubiera realizado el activo revaluado. De esta manera, el mayor valor se hace 
líquido y real y, con este, los accionistas pueden disponer como mejor les parezca, sin 
afectar la situación patrimonial de la compañía. 
 
Como se aprecia, las IFRS, al establecer restricciones para el destino del excedente de 
revaluación, no lo hicieron a efectos de prohibir su capitalización, sino para evitar que sea 
distribuido indebidamente entre los accionistas como dividendo. Por tal razón, las IFRS no 
contienen ninguna disposición expresa, permisiva o prohibitiva, respecto del uso del 
excedente para aumentar el capital social de la compañía. Sin embargo, consideramos 
que los argumentos por los cuales no se permite su distribución como dividendo, sin antes 
haber sido realizado el activo revaluado, deberían también resultar de aplicación al uso 
del excedente para aumentar el capital de una sociedad. Naturalmente, una vez realizado 
el activo, es decir, una vez tornado líquido este (a través de su venta), y como quiera que 
las IFRS permiten que el excedente forme parte de la cuenta resultados acumulados, el 
mismo podrá ser capitalizado sin ningún inconveniente. En dicho caso, dado que formaría 
parte de los resultados acumulados, se trataría de una modalidad de aumento de capital 
por capitalización de utilidades. 
 
Consideramos que los argumentos en virtud de los cuales las IFRS han establecido 
restricciones para que el excedente de revaluación sea utilizado para distribuir dividendos 
entre los accionistas, son exactamente los mismos por los cuales la doctrina societaria, 
nacional y extranjera, en forma prácticamente unánime, se ha manifestado desde siempre 
en contra de esta posibilidad (reparto como dividendos) pues considera que el excedente, 
mientras no se haya realizado, constituye simplemente una expectativa de beneficio que, 
como tal, no puede ser repartida entre los accionistas. En efecto, la doctrina societaria 
señala de manera categórica que no pueden ser consideradas como beneficio las 
plusvalías del activo no realizadas, ya que en ellas falta el requisito de tratarse de un 
beneficio realmente obtenido. Antes de ser realizadas, señala la doctrina, las plusvalías 
no constituyen más que una esperanza de beneficio y, por tanto, de carácter eventual e 
62 
 
incierto. Sobre el particular, nos remitimos al desarrollo del numeral 2.1.4 de la Sección I 
del presente trabajo. 
 
En nuestra opinión, carecería de sentido alguno que no se permita la distribución entre los 
accionistas, como dividendo, del excedente de revaluación de un activo no realizado, pero 
que sí se permita su capitalización sin que dicha realización se haya llevado a cabo. 
Consideramos que tratándose de la cuenta capital social, que como ya se ha señalado, 
constituye la principal garantía con la que cuentan los acreedores y terceros que contratan 
con la sociedad, es tan o más necesario que se exija la realización del activo revaluado. 
 
La norma societaria no prohíbe en forma expresa la distribución entre los accionistas, 
como dividendos, del excedente de revaluación. Sin embargo, en vía de interpretación del 
artículo 230° de la LGS, podemos señalar que esta prohibición es de alguna manera tácita 
pues la norma prescribe que sólo pueden ser pagados dividendos en razón de utilidades 
obtenidas, siendo que el excedente de revaluación no califica como una utilidad. Sin 
perjuicio de esta interpretación, bastante clara y razonable, la doctrina societaria se ha 
manifestado en forma unánime en contra del reparto de dividendos con cargo al 
excedente de revaluación, mientras el activo revaluado no se hubiera realizado. Ahora 
bien, una vez realizado este, es decir, una vez convertido en dinero líquido, el mismo 
puede ser considerado como un ingreso extraordinario del ejercicio y, por tanto, formar 
parte de la cuenta de resultados, con lo cual queda habilitada su reparto como dividendos 
sin contravenir lo dispuesto en el artículo 230° de la LGS antes comentado. 
 
Sin embargo, respecto del aumento del capital de una sociedad con cargo a la cuenta 
excedente de revaluación, la doctrina societaria no ha dicho absolutamente nada, y ello se 
debe a que, al estar este supuesto expresamente permitido en la LGS, no ha sido 
necesario desarrollo o comentario alguno. Discrepamos con este silencio por cuanto, 
como ya hemos visto, la lógica que subyace a la prohibición del reparto del excedente no 
realizado, como dividendo, es exactamente la misma que la que debería aplicar al uso del 
excedente no realizado para aumentar el capital de una sociedad. 
 
En esa línea, consideramos que las restricciones que han surgido a propósito de la 
entrada en vigencia de las nuevas IFRS, aun cuando no han sido pensadas en la figura 
63 
 
de la capitalización del excedente de revaluación, nos deben hacer advertir que la norma 
societaria que regula las modalidades de aumento de capital es, cuando menos, 
imperfecta, por cuanto contiene una imprecisión que nos puede llevar a una interpretación 
contradictoria y, por qué no decirlo, colindante con lo absurdo, en virtud de la cual no sería 
posible repartir como dividendo el excedente de revaluación no realizado, pero sí sería 
posible aumentar el capital social con cargo a ese mismo excedente no realizado. 
 
Atendiendo a lo antes indicado, somos de la opinión que la razonabilidad de los 
argumentos contables para restringir el uso del excedente de revaluación mientras el 
activo revaluado no haya sido realizado, que además son los mismos argumentos en 
virtud de los cuales la doctrina societaria se ha mostrado en contra del uso del referido 
excedente para ser distribuido entre los accionistas como dividendo, mientras no se haya 
realizado el activo, justifican una revisión de la norma societaria y, por qué no, su 
modificación/rectificación.   
   
 
2. Conflicto entre las normas societarias y contables.- 
 
Como se ha señalado a lo largo del presente trabajo, la LGS permite en forma expresa en 
el numeral 3 del artículo 202°, aumentar el capital de una sociedad con cargo al 
excedente de revaluación, no discriminando entre si el mayor valor obtenido, al que le 
hemos denominado “plusvalía”, tiene como origen una revaluación nominal (como 
consecuencia de la devaluación de la moneda) o una real (como consecuencia de un real 
aumento del valor de los bienes, más allá del factor monetario), ni exigiendo que dicho 
excedente sea antes realizado. 
Sin embargo, como también se ha señalado, las normas internacionales de contabilidad 
(IFRS por sus siglas en inglés) vigentes y de aplicación obligatoria en nuestro país desde 
el 1 de enero de 2011, impiden capitalizar el referido excedente de revaluación hasta que 
se haya realizado, sea a través de la depreciación del activo revaluado o mediante su 
venta.  
64 
 
Como se aprecia, existe un evidente punto de desencuentro entre la norma societaria y 
las normas contables, que requiere ser resuelto a fin de no afectar la seguridad jurídica 
que el ordenamiento peruano debe garantizar. 
Para lograr dicho fin, podría realizarse un análisis muy simple y concluir que dado que la 
LGS permite en forma expresa la capitalización del excedente de revaluación sin 
condicionante alguno, entonces no resulta posible que las normas contables, que además 
no cuentan con rango de ley, establezcan un criterio distinto o, peor aún, pretendan 
modificar o superponerse a la norma societaria. Ello se vería, además, reforzado, por el 
hecho de que en aplicación de los principios de “jerarquía normativa” y “especialidad”, la 
norma societaria debe imponerse sobre las normas contables. 
 
Sin embargo, consideramos que no basta con realizar un análisis tan simple como el 
antes efectuado, para dar respuesta al conflicto normativo presentado. Por el contrario, 
somos de la opinión que para poder dar solución a este conflicto de una manera sólida y 
bien fundamentada, resulta necesario analizar con todo detalle los fundamentos de la 
norma societaria y los que han inspirado la reciente modificación de la norma contable 
(respecto al criterio aplicable a la capitalización del excedente de revaluación). 
 
Así, desde la óptica del derecho societario, apreciamos que la LGS no ha considerado 
ningún condicionante o restricción para aplicar el excedente de revaluación a aumentar el 
capital social de una sociedad. Sin embargo, la pregunta es: ¿debió hacerlo? 
Consideramos que sí, por las mismas razones por las que, conforme se ha señalado en el 
numeral 2.1.4 del presente trabajo, no resulta posible, per se, utilizar el excedente de 
revaluación para distribuirlo como dividendo, considerarlo como reserva o resarcir 
pérdidas, a no ser que se hubiera realizado, es decir, que se hubiera vuelto líquido como 
consecuencia de su venta, dejando de ser una esperanza de beneficio y, por 
consiguiente, perdiendo su carácter de eventual e incierto. Consideramos que si por esta 
razón no es posible, por ejemplo, repartir entre los accionistas el excedente generado 
como dividendo, lo que implica retirar dinero de la compañía, hasta que dicho excedente 
se hubiera realizado (se convierta en dinero en efectivo que pueda ser repartido), no 
resulta lógico, coherente ni razonable que el excedente que no se hubiera realizado sí 
pueda ser utilizado para aumentar el capital social de una compañía, por más que se 
cuente con un informe de valorización, el mismo que, en un caso extremo, podría incluso 
65 
 
ser manipulado. Si bien en este último caso se generarían las responsabilidades del caso, 
del gerente de la compañía y del perito que hubiera elaborado el informe en forma 
tendenciosa, ello no impediría que el capital social de la compañía ya se hubiera 
aumentado, con las consecuencias que de ello se derivan. 
 
Ello se ve, además, complementado con el hecho de que el capital social constituye la 
principal garantía de los acreedores y terceros que contratan con la sociedad. En tal 
sentido, si se aumenta el capital social de una compañía con cargo al excedente de 
revaluación y, con ello, se refuerza su situación patrimonial, la misma que es tomada en 
cuenta por los acreedores y terceros que contratan con la sociedad (por ejemplo, las 
entidades financieras que le prestan dinero), resulta indispensable que dicho excedente 
se haya tornado líquido para que sea real y no tan sólo una expectativa de beneficio. De 
lo contrario, podría darse el caso de que la sociedad y los terceros que contraten con ella, 
tomen decisiones sobre la base de un monto incierto de capital social, por más que el 
mismo esté registrado en la contabilidad de la compañía e inscrito en los Registros 
Públicos. 
 
Sobre este punto y sin conocer lo que años después regularían las normas contables 
sobre el particular, ya ELÍAS anticipaba de alguna manera la lógica que subyace a la 
capitalización del excedente de revaluación cuando señaló que47 “también pueden ser 
capitalizadas las plusvalías reales, aunque lo aconsejable sea mantenerlas como reservas 
y decidir su destino final (de distribución o capitalización) una vez que los bienes 
respectivos hayan sido realizados”. 
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, debe tenerse presente que en caso se aumente el 
capital social de una sociedad con cargo al excedente de revaluación y, luego, en un 
momento posterior, se determinase que el referido aumento estuvo mal efectuado (porque 
el valor no era real aún al no haberse realizado el activo), correspondería llevar a cabo 
una reducción de capital respecto de dicho mayor valor. Sin embargo, esta situación 
genera un problema de orden práctico por cuanto las modalidades para llevar a cabo una 
reducción de capital se encuentran taxativamente previstas en el artículo 216° de la LGS, 
el mismo que no contempla un supuesto como el recientemente analizado. Por tal razón, 
                                                                 
47 ELÍAS, Enrique. Ob. Cit. Pág. 477. 
66 
 
consideramos que para evitar la ocurrencia de una situación de hecho como la antes 
descrita, resulta conveniente realizar primero el activo antes de proceder a su 
capitalización.      
 
De otro lado, desde la perspectiva contable, existe una justificación que consideramos 
razonable para que, antiguamente no hayan existido restricciones para registrar 
contablemente un aumento de capital con cargo al excedente de revaluación, pero a partir 
del 7 de enero de 2012 (con la entrada en vigencia de las IFRS) dichas restricciones 
(consistentes precisamente en la realización del activo revaluado, sea a través de su 
depreciación o mediante su venta) hayan aparecido. Respecto de dicha justificación y su 
razonabilidad, nos remitimos a lo señalado en el desarrollo del numeral 1.2.2 de la 
presente Sección. 
 
Por tal razón, consideramos que las normas contables tienen un fundamento sólido y 
razonable que justifica que la norma societaria sea revisada y, por qué no, modificada, a 
efectos, no de prohibir la capitalización del excedente de revaluación (pues ya nos hemos 
pronunciado a favor de la misma anteriormente), sino de precisar dicha figura, 
estableciendo como requisito que en el caso del excedente generado como consecuencia 
de una revaluación real, el mismo sea previamente realizado, lo que lo tornaría líquido, lo 
haría susceptible de ser considerado como una utilidad extraordinaria y justificaría que 
forme parte de los resultados de la compañía. Si bien ello decantaría finalmente en una 
capitalización de utilidades, la misma tendría como origen la preexistencia de un 
excedente de revaluación, lo que en nuestra opinión justifica su diferenciación de una 
capitalización de utilidades pura y simple. Ahora bien, en el caso del excedente generado 
como consecuencia de una revaluación nominal de los activos, no consideramos 
necesaria dicha precisión por cuanto la capitalización del excedente sería obligatoria pues 
no hacerlo significaría aumentar el valor, meramente nominal, del activo, sin el automático 
y correspondiente incremento, por el mismo monto, de la cuenta capital (y, por ende, del 
patrimonio neto), lo que resulta necesario para no alterar la ecuación básica de la ciencia 
contable, según la cual el activo es igual a la sumatoria del pasivo y del patrimonio.  
 
 
3. La capitalización del excedente de revaluación en el extranjero.-  
67 
 
3.1. La experiencia chilena 
 
En Chile, las revalorizaciones del activo son de dos (2) clases: 
 
a) Las revalorizaciones tributarias o revalorizaciones legales, provenientes de la 
corrección monetaria de los activos y pasivos a que se refiere el artículo 41° de la Ley 
de la Renta. 
b) Las revalorizaciones técnicas, que son aquellas no obligatorias o voluntarias  que 
acuerdan unánimemente los socios y que no tienen relevancia tributaria, pero que, 
para ser contabilizadas, deben cumplir con los principios generalmente aceptados de 
contabilidad. 
 
Tradicionalmente, las revalorizaciones del activo, que suponen un incremento de valor de 
dichas cuentas, se reflejan en el pasivo, bajo el título de “fondo de revalorización” u otro 
similar, y forman parte del pasivo no exigible. Este fondo tiene una peculiaridad especial. 
Como no está formado por utilidades, ni siquiera de aquellas provenientes de 
comparación de activos y pasivos iniciales y finales o de carácter no operacional o de 
plusvalor, sino que representan una tentativa de corrección monetaria de los valores 
contabilizados de los bienes que forman el activo, evidentemente su creación no 
incrementa los recursos sociales. Ello origina que no pueda hacerse reparto de utilidades 
contra estos fondos, y si de hecho se efectuaran tales repartos, tampoco pueden 
considerarse retiros con cargo a capital, pues estos no es dable realizarlos sin reforma de 
estatutos que acuerde la disminución de capital, salvo el caso de disolución de la 
compañía. Por consiguiente, los llamados repartos con cargo a fondos de revalorización, 
que no cumplan con los requisitos señalados, son meros préstamos de la sociedad a los 
socios. 
 
Si bien estos fondos, por su propia naturaleza, no pueden repartirse, pueden capitalizarse, 
existiendo dos formas  de hacerlo, a saber: 
 
a) La capitalización automática, que es el sistema que la ley aplica a las sociedades 
anónimas. En efecto, la ley obliga a repartir el fondo de revalorización entre las 
cuentas patrimoniales de capital y otras reservas, variando el monto de ellas, sin 
68 
 
necesidad de aportes ni reforma de estatutos. Este sistema se puede establecer por 
la vía del pacto en las sociedades de responsabilidad limitada. 
b) La capitalización voluntaria, que se efectúa mediante aumento de capital por reforma 
de estatutos, en que se acuerda capitalizar estos fondos. Este es el sistema normal 
que se emplea en las sociedades de responsabilidad limitada. 
 
La ley chilena también dispone que los fondos de revalorización, como representan una 
actualización de los activos y no utilidades, les corresponden a los socios en la misma 
proporción en que se reparten el capital social. 
 
3.2   La experiencia argentina 
 
En el caso de Argentina, la Ley N° 19.550, Ley de Sociedades Comerciales, regula el 
tratamiento legal de las sociedades anónimas, y, específicamente, en el artículo 189° de 
la referida norma se contempla la posibilidad de aumentar el capital con cargo a reservas 
u otras situaciones. Dicho artículo señala lo siguiente: 
 
“Debe respetarse la proporción de cada accionista en la capitalización de reservas y otros 
fondos especiales inscritos en el balance, en el pago de dividendos con acciones y en 
procedimientos similares por los que deban entregarse acciones integradas”. 
 
Si bien el artículo citado no se refiere específicamente a la capitalización del excedente de 
revaluación, contemplaría la posibilidad de que pueda ejecutarse un aumento de capital 
con cargo a dicha cuenta. En ese sentido, la Ley N° 19.742, Ley de Revalúo Contable, 
establece y regula la posibilidad de las personas jurídicas, en general, de actualizar el 
valor de sus bienes a efectos contables. Asimismo, el artículo 9° de la referida norma 
señala lo siguiente: 
 
“El saldo de actualización contable tendrá el siguiente destino: 
 
a) Un importe equivalente al veinticinco por ciento (25%) del saldo de actualización 
contable, hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, no podrá 
69 
 
distribuirse ni capitalizarse y se registrará bajo el rubro "Saldo por Actualización 
Contable Ley 19.742", integrando el grupo contable que incluya el capital. 
b) La parte que exceda del importe indicado en el inciso a), con las limitaciones 
resultantes del inciso e), se registrará bajo el rubro "Saldo Ley 19.742", integrando el 
grupo contable que incluye el capital. La suma que arroje este rubro podrá ser 
capitalizada sin limitaciones, salvo en el caso de las sociedades cuyos títulos valores 
tengan autorización de oferta pública, en las que la parte capitalizable no podrá 
superar, por ejercicio, el veinticinco por ciento (25%) del patrimonio neto resultante 
del balance general respectivo. Los montos no capitalizados, dentro del máximo 
autorizado en cada ejercicio, podrán acumularse al o a los siguientes. 
c) Para cubrir eventuales pérdidas finales de los ejercicios económicos, debiendo 
afectarse en primer término la parte referida en el inciso b) y la suma resultante del 
inciso d) y, agotadas estas, la parte referida en el inciso a). 
d) Las acciones, cuotas sociales o partes de interés de otras sociedades que hubieren 
actualizado sus bienes conforme con esta ley, se ingresarán directamente por su 
valor nominal o el de cotización a la fecha de su puesta a disposic ión, el que sea 
menor, registrándose en el rubro "Saldo por Actualización Contable Participaciones 
en Otras Sociedades", y podrá capitalizarse sin limitaciones. 
e) No podrá registrarse suma alguna bajo el rubro "Saldo Ley 19.742" mientras el rubro 
"Saldo por Actualización Contable Ley 19.742" mantenga un monto inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito".  
 
Al respecto, Van Thienen
48
 señala que con lo dispuesto por la norma citada, se buscaba 
superar las “dificultades propias de la noción de un capital social nominal y estático”. Para 
efectos ilustrativos, el autor cita el pronunciamiento del Dr. Francisco Bosch, miembro de 
la Sala D del Tribunal C.N. Comercial, en el caso “LOSA Ladrillos Olavarría S.A.”, en el 
cual se sostuvo que “el régimen de capitalización de saldos de revalúo procuró superar 
las propias dificultades que planteaba un sistema nominalista en donde el capital social 
como cifra matemática nominal determinada en el estatuto social, únicamente podía ser 
alterada o modificada mediante el procedimiento y las formalidades impuestas por la Ley 
                                                                 
48  VAN THIENEN, Pablo; DI CHIAZZA, Iván; PAOLINI, Florencia; LA VISTA, Miguel. ¿Capitalización del Capital Social? 
(Examen crítico al régimen de capitalización de ajustes integrales de capital). Pág. 4. CEDEF Law  & Finance. Working 
Paper N° 1G. Año 2005.  
70 
 
N° 19.550 (…) el revalúo contable constituye el mecanismo en virtud del cual se logra el 
sinceramiento entre el valor del patrimonio social nominal y el real como consecuencia de 
la incidencia negativa de la depreciación monetaria y la necesidad de adecuar la 
contabilidad a sus cifras reales. Entiéndase que este procedimiento arbitrario y contable, 
en definitiva, ha sido consagrado con el objeto de superar las dificultades que plantea el 
mismo sistema legal concebido dentro de un esquema de inamovilidad monetaria, 
abandonado de hecho o de derecho pero abandonado (…) de allí que, la capitalización de 
saldos de revalúo consagra un modo de actualizar el capital social…” 
 
De lo expuesto, podemos concluir que, aunque la Ley de Sociedades Comerciales no 
contemple expresamente a la capitalización de los saldos de revalúo contables 
(excedentes de revaluación en el caso peruano) como una modalidad de aumento de 
capital; conforme a lo establecido por la Ley de Revalúo Contable, consideramos que 
dicho procedimiento sí calificaría como un supuesto de aumento de capital en los términos 
establecidos por la primera, por lo que, siguiendo nuevamente a Van Thienen49, su 
aplicación implicaría, entre otras cosas, (i) la emisión de acciones liberadas50, (ii) la 
aprobación de la asamblea de accionistas, y, (iii) la eventual reforma de estatutos, por lo 
que, de acuerdo con el mencionado autor, el tratamiento legal de aquellos saldos o 
excedentes es equivalente al de una reserva patrimonial, susceptible de ser capitalizada. 
 
3.3  La experiencia mexicana 
 
En el caso de México, el artículo 116° de la Ley General de Sociedades ha previsto de 
forma expresa la capitalización del excedente de revaluación como una modalidad de 
aumento de capital. De esta forma, el mencionado artículo establece que: 
 
“Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas 
que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general extraordinaria, 
como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones 
previas de los accionistas, así como de  capitalización de utilidades retenidas o de 
                                                                 
49 VAN THIENEN, Pablo; DI CHIAZZA, Iván; PAOLINI, Florencia; LA VISTA, Miguel. Ídem. Pág. 5. 
50 Entendidas como acciones emitidas con cargo a las reservas libres de la sociedad.  
71 
 
reservas de valuación o de revaluación. Cuando se trate de la capitalización de 
utilidades retenidas o de reservas de valuación o revaluación, éstas deberán haber sido 
previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la asamblea 
de accionistas.” 
 
A diferencia del caso argentino, la norma mexicana sí ha contemplado específicamente la 
capitalización del excedente de revaluación o del superávit de revaluación como una 
modalidad de aumento de capital, y, además establece que de aplicarse dicho 
procedimiento, el monto a capitalizar debe haber sido expresado en estados financieros 
que la Junta de Accionistas haya aceptado. Sobre este punto, Gómez51 señala que dicha 
disposición busca que el capital social no se incremente artificialmente a través de la 
capitalización de reservas de revaluación, por lo que se acoge al principio de sinceridad 
de los superávits, estableciendo que los mismos deberán basarse en valorizaciones 
realizadas por valuadores independientes autorizados por la Comisión Mexicana de 
Valuadores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados. 
 
Ahora bien, pese a que la norma contempla dicha posibilidad, Sparza52 señala que, en la 
práctica, es poco común que las sociedades anónimas mexicanas lleven a cabo 
aumentos de capitales con cargo a este tipo de reservas. Los argumentos en los que basa 
esta opinión son, en esencia, los mismos por los cuales, en el Perú, la doctrina societaria 
nacional se ha manifestado en contra del reparto, como dividendos, del excedente de 
revaluación no realizado, lo que de alguna manera refuerza nuestra posición sobre el 
tema, esgrimida a lo largo del desarrollo de la Sección II del presente trabajo.  
 
 
4. Propuesta de solución al conflicto entre las normas societarias y contables.- 
 
En línea con lo señalado en el numeral 2 de la Sección II del presente trabajo, 
consideramos que para solucionar el conflicto surgido entre la norma societaria y la norma 
                                                                 
51GÓMEZ, Fernando. Tipos de aumentos al capital social, tipos de aportaciones y las primas sobre acciones. Blog del 
colegio de profesionales en Derecho de México. 2011 http://colegiodeprofesionalesenderecho.blogspot.com/2011/08/tipos-
de-aumentos-al-capital-social.html  
52 SPARZA, José. Formas de Aumentar el capital en la sociedad anónima.2011 
http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=44178  
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contable respecto de la capitalización del excedente de revaluación, no basta con efectuar 
un simple y superficial análisis como el que han realizado algunas personas que han 
escrito artículos sobre el tema en los últimos meses, en el sentido que, en aplicación de 
los principios de “jerarquía normativa” y “especialidad”, no corresponde que la norma 
contable se superponga o prime sobre la norma societaria, debiendo permitirse la 
capitalización del excedente de revaluación en todos los casos (sin condicionante o 
restricción alguna), sino que, por el contrario, consideramos que para resolver este 
conflicto de la mejor manera posible, buscando siempre la armonía entre las normas 
societarias y contables a la que se refiere y propende ELÍAS, resulta necesario realizar un 
análisis de fondo de la norma contable, poniendo especial énfasis en su evolución en el 
tiempo, para tratar de entender las causas que motivaron su cambio y que justifican que, 
a la fecha, se hayan establecido algunas restricciones para el tratamiento contable del 
excedente de revaluación.  
 
Así, luego de efectuar dicho análisis, que se encuentra debidamente detallado en el 
desarrollo del numeral 1.2 de la Sección II del presente trabajo, apreciamos que la norma 
contable tiene fundamentos bastante sólidos para justificar la aplicación de restricciones a 
la capitalización del excedente de revaluación, las mismas que en ningún caso deben 
entenderse como una prohibición a dicha capitalización, sino tan sólo como una limitación 
a la misma, que a nuestro entender resulta razonable, hasta que se haya verificado el 
cumplimiento de una condición indispensable, cual es la realización del activo revaluado, 
sea a través de su depreciación o de su venta. 
 
Como hemos visto, la doctrina societaria es unánime al señalar que el excedente de 
revaluación no puede ser distribuido entre los accionistas como dividendo hasta que no se 
haya vuelto líquido, es decir, hasta que no se haya realizado. Existen argumentos sólidos 
para impedir dicha aplicación directa del excedente de revaluación. Lo mismo sucede 
respecto de la posibilidad de emplear el referido excedente para engrosar la cuenta de 
reservas voluntarias de la sociedad, o para resarcir pérdidas. Y son esos mismos 
argumentos, los que en nuestra opinión, justifican que para la capitalización del excedente 
de revaluación se exija la misma condición (la realización del activo revaluado). 
 
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Atendiendo a lo antes indicado, consideramos que la norma contable no busca 
contravenir la norma societaria, sino que lo que en realidad pretende es poner de 
manifiesto la necesidad de regularla mejor, estableciendo una serie de condiciones cuyo 
cumplimiento debe verificarse, para que la capitalización del excedente de revaluación 
sea lo más razonable posible, en armonía con el interés social y la seguridad de aquellos 
terceros, acreedores o no, que contratan con la sociedad. 
 
Es verdad que en aplicación del principio de jerarquía normativa, las normas contables no 
podrían regular o precisar mejor los alcances de la ley societaria, y que en ningún caso 
podrían establecer restricciones o limitaciones que la propia ley no establece. Sin 
embargo, consideramos que en ningún caso ello puede ser óbice para que no analicemos 
los fundamentos de la norma contable, a efectos de determinar si, bajo un criterio de 
razonabilidad, la misma en realidad nos permite desnudar una omisión de la norma 
societaria, que debe ser rectificada. 
 
En efecto, consideramos que la norma contable vigente se sustenta en argumentos 
bastante razonables que justifican que, cuando menos, la norma societaria sea sometida 
a revisión a efectos de determinar si resulta necesaria una reforma de la misma. En ese 
sentido, consideramos que se debería formar una comisión revisora del numeral 3 del 
artículo 202° de la LGS, la cual debería estar conformada por abogados especialistas en 
derecho societario y por contadores debidamente capacitados, quienes luego de analizar 
con bastante detalle los argumentos contables que justifican la actual regulación de las 
IFRS, así como los argumentos legales en virtud de los cuales, en vía de interpretación 
(pues las normas societarias a veces no contienen algunas restricciones expresas), no es 
posible realizar algunos actos societarios (la imposibilidad de repartir el excedente de 
revaluación no realizado, entre los accionistas, a título de dividendo, es el mejor ejemplo), 
deberían concluir que la norma societaria, respecto de la capitalización del excedente de 
revaluación, es imperfecta o, cuando menos, está incompleta, siendo necesario que la 
misma sea modificada a efectos de precisar que, en el caso del excedente generado 
como consecuencia de una revaluación real, el mismo debe ser previamente realizado 
para poder ser capitalizado, mientras que en el caso del excedente generado como 
consecuencia de una revaluación nominal de los activos, la capitalización del excedente 
es obligatoria (pues, como ya se ha dicho, no hacerlo significaría aumentar el valor, 
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meramente nominal, del activo, sin el automático y correspondiente incremento, por el 
mismo monto, de la cuenta capital y, por ende, del patrimonio neto).  
 
Como se aprecia, nuestra propuesta de solución al conflicto entre las normas societarias y 
contables respecto de la capitalización del excedente de revaluación, pasa por efectuar 
una modificación del numeral 3 del artículo 202° de la LGS, para lo cual, previamente, 
deberá elaborarse una muy buena y bien detallada exposición de motivos de la norma 
modificatoria que se plantea, sobre la base de los argumentos esgrimidos en la Sección II 
del presente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. La LGS permite en forma expresa (en el numeral 3 del artículo 202°) aumentar el 
capital social de una compañía con cargo a la cuenta excedente de revaluación. Sin 
embargo, las normas internacionales de contabilidad (IFRS por sus siglas en inglés) 
vigentes y de aplicación obligatoria en nuestro país desde el 7 de enero de 2012, 
impiden capitalizar el referido excedente de revaluación hasta que se haya realizado, 
sea a través de la depreciación del activo revaluado o mediante su venta. 
 
2. Esta modalidad de aumento de capital implica que, previamente, la sociedad haya 
llevado a cabo un proceso de revalorización de un activo por considerar que el valor 
del mismo, reflejado en los libros contables, no se corresponde con su valor real 
actual. Como consecuencia de dicho proceso, se obtiene una plusvalía o excedente 
que es contabilizado en una cuenta especial del patrimonio denominada excedente 
de revaluación. 
 
3. El principal propósito de una revaluación de activos es que los activos de una 
sociedad, que se hubieran adquirido a un valor inferior al que poseen, o que se 
hubieran desvalorizado como consecuencia de la devaluación de la moneda por el 
transcurso del tiempo, o cuyo valor real hubiera aumentado por factores/condiciones 
de mercado, sean revalorizados a efectos de cumplir con los principios contables de 
“realidad” y “veracidad” y, de este modo, permitir que los estados financieros de una 
sociedad reflejen con toda claridad y precisión la situación económica de ésta. 
 
4. El excedente de revaluación, una vez obtenido, podría ser empleado para diversos 
fines, tales como el reparto de dividendos entre los accionistas, el engrosamiento de 
la cuenta de reservas voluntarias de la sociedad, el resarcimiento de pérdidas, entre 
otros. Sin embargo, en todos estos casos, resulta necesario que el activo revaluado 
haya sido previamente realizado. Para ello, es importante determinar si el excedente 
obtenido tiene como origen una revaluación nominal o una revaluación real del activo. 
En caso el excedente obtenido y realizado tuviera como origen una revaluación 
nominal, éste no podría ser aplicado para ninguno de los fines antes mencionados 
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por cuanto no genera ningún beneficio (un mayor valor real) para la sociedad puesto 
que obedece a un simple aumento monetario por el mismo importe de la moneda 
devaluada (para recuperar su valor). Por el contrario, en caso el excedente obtenido y 
realizado tuviera como origen una revaluación real, sí podría emplearse para dichos 
fines por cuanto el mayor valor sí constituye un beneficio para la sociedad, que 
aunque extraordinario, no tiene como origen la devaluación de la moneda sino un 
aumento real de valor, en moneda constante, del activo revaluado.  
 
5. Existe un aparente punto de desencuentro entre la norma societaria y las normas 
contables, que no permite tener claridad respecto de la viabilidad de aumentar el 
capital social de una compañía con cargo a la cuenta excedente de revaluación. Para 
encontrar una solución a dicho conflicto, consideramos que no basta con efectuar un 
simple análisis en virtud del cual, en aplicación de los principios jurídicos de “jerarquía 
normativa” y “especialidad”, la norma societaria debe primar sobre la norma contable 
y, por tanto, se debe permitir la capitalización del excedente de revaluación sin 
limitación ni restricción alguna; sino que, por el contrario, se debe realizar un análisis 
a fondo de los fundamentos de la norma contable, a efectos de determinar si los 
mismos resultan lógicos y razonables y, como consecuencia de ello, justifican una 
revisión y eventual modificación de la norma societaria. 
 
6. Consideramos que la norma contable tiene fundamentos bastante sólidos para 
justificar la aplicación de restricciones a la capitalización del excedente de 
revaluación, las mismas que en ningún caso deben entenderse como una prohibición 
a dicha capitalización, sino tan sólo como una limitación a la misma, que a nuestro 
entender resulta razonable, hasta que se haya verificado el cumplimiento de una 
condición indispensable, cual es la realización del activo revaluado, sea a través de 
su depreciación o de su venta. 
 
7. En ese sentido, nuestra propuesta de solución al conflicto entre las normas 
societarias y contables respecto de la capitalización del excedente de revaluación, 
pasa por efectuar una revisión del numeral 3 del artículo 202° de la LGS, teniendo en 
cuenta tanto los fundamentos contables de las IFRS vigentes, como los argumentos 
societarios en virtud de los cuales, en vía de interpretación (pues no existe norma 
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expresa), se prohíben algunos supuestos (como por ejemplo, el reparto del excedente 
de revaluación no realizado, entre los accionistas, en calidad de dividendos). 
 
8. Luego de dicha evaluación concienzuda, se podrá advertir la razonabilidad de los 
fundamentos de la norma contable y se estará en capacidad de concluir que existe 
una omisión o imperfección en la norma societaria, que requiere ser rectificada, y que 
el hecho de que la norma societaria tenga mayor jerarquía que las normas contables, 
no impide advertir y corregir dicha omisión. Para ello, será necesario elaborar una 
bien fundamentada exposición de motivos (consideramos que los argumentos 
esgrimidos en el presente trabajo constituyen un buen punto de partida para tal 
efecto) en el proyecto de ley que busque modificar el numeral 3 del artículo 202° de la 
LGS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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