PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 

Escuela de Posgrado 

¿Se respeta el derecho constitucional de igualdad ante la ley en la regulación 

sobre medidas cautelares en el arbitraje en contrataciones con el Estado? 

presenta: 

Gerardo Eto Bardales 

Lima, 2024 

Tesis para obtener el grado académico de Maestro en Derecho Procesal que

Asesor:

Alfredo Fernando Soria Aguilar



Informe de Similitud 

Yo, Alfredo Fernando Soria Aguilar, docente de la Escuela de Posgrado de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor de la tesis titulada “¿Se respeta 
el derecho constitucional de igualdad ante la ley en la regulación sobre medidas 
cautelares en el arbitraje en contrataciones con el Estado?”, del autor Gerardo Eto 
Bardales dejo constancia de lo siguiente: 

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 22%. Así
lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el 07/11/2024.

- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de Suficiencia
Profesional, y no se advierte indicios de plagio.

- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas
académicas.

Lugar y fecha:
Lima, 8 noviembre del 2024

SORIA AGUILAR, Alfredo Fernando 
DNI: 
09645703 

Firma 

ORCID:  
0000-0003-0834-9541 

II



III 

Para Bali , quien me 

acompañó muy de cerca 

al escribir este trabajo, 

con mucho cariño y recuerdo. 



IV 

Resumen 

El arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos que en nuestro 

país goza de especial relevancia dada su obligatoriedad en las disputas que 

surgen de los contratos suscritos con el Estado. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la modificación 

normativa regulada con el famoso Decreto de Urgencia N° 20-2020, mediante la 

cual se exige la presentación de una contracautela con una cuantificación 

prefijada solamente para privados cuando solicitan medidas cautelares contra el 

Estado.  

En ese orden de ideas, se analizará el principio de igualdad como principio rector 

del arbitraje y si el mismo ha sido vulnerado con la norma materia de análisis. 

Luego del estudio efectuado, se concluye que existe una percepción equivocada 

del Estado como parte débil en los arbitrajes y que el artículo 8.2. de la Ley de 

Arbitraje que exige la contracautela por un monto no menor a la garantía de fiel 

cumplimiento únicamente a los privados para solicitar medidas cautelares contra 

el Estado en arbitrajes sobre contratación pública, entra en colisión con el 

derecho de igualdad ante la ley. 

Finalmente, se propone una modificación normativa en atención al principio de 

razonabilidad en el monto exigido; así como la posibilidad de que los tribunales 

arbitrales ejerzan control difuso cuando en cada caso en concreto adviertan que 

se está vulnerando el principio de igualdad en acceso a la justicia, la tutela 

jurisdiccional efectiva y el principio de razonabilidad al imponer un monto 

irrazonable en la carta fianza exigida como contracautela. 

Palabras clave: Arbitraje, contratación pública, medidas cautelares, 

contracautela, igualdad ante la ley, acceso a la justicia, razonabilidad. 



V 
 

Abstract 

Arbitration is an alternative dispute resolution method that is of special relevance 

in our country given its mandatory nature in disputes arising from contracts signed 

with the State. 

In this context, the purpose of this paper is to analyze the regulatory modification 

regulated by the famous Emergency Decree No. 20-2020, which requires the 

presentation of a counter-security with a pre-established quantification only for 

private parties when they request precautionary measures against the State. 

In this order of ideas, the principle of equality as a guiding principle of arbitration 

will be analyzed and whether it has been violated by the rule under analysis. 

After the study carried out, it is concluded that there is a mistaken perception of 

the State as a weak party in arbitrations and that article 8.2. of the Arbitration 

Law, which requires a counter-security for an amount not less than the 

performance guarantee only for private parties to request precautionary 

measures against the State in arbitrations on public contracts, collides with the 

right to equality before the law. 

Finally, a regulatory amendment is proposed in accordance with the principle of 

reasonableness in the amount required; as well as the possibility for arbitration 

courts to exercise diffuse control when in each specific case they notice that the 

principle of equality in access to justice, effective jurisdictional protection and the 

principle of reasonableness are being violated by imposing an unreasonable 

amount on the surety bond required as a counter-security. 

 

Keywords: Arbitration, public procurement, precautionary measures, counter-

security, equality before the law, access to justice, reasonableness. 

 

 

 

 

 



VI 
 

Índice  
 

Pág 

Introducción …………………………………………………………………  1 

Capítulo I: El Arbitraje en Contratación Pública en el Perú 

1.1 La naturaleza jurídica del arbitraje……………………………………..  3 

1.2 El origen del arbitraje en la Contratación Pública en el Perú. Razones 

para huir del Poder Judicial………………………………………………….  8 

1.3 Fundamentos para que el arbitraje sea obligatorio en el marco de la Ley 

de Contrataciones del Estado………………………………………………. 11 

1.4 Percepción del Estado como parte “débil” dentro del arbitraje en 

contratación pública………………………………………………………….. 13 

Capítulo II: El principio de igualdad en el marco del arbitraje 

2.1 El derecho de igualdad ante la ley……………………………………… 17 

2.2. El principio de igualdad dentro del arbitraje…………………………… 20 

Capítulo III: La norma respecto a medidas cautelares que afectaría el 
principio de igualdad ante la ley en contratación pública en el Perú 

3.1 Definición y fundamentos de la contracautela………………………… 24 

3.2. Artículo 8.2. de la Ley de Arbitraje - Exigencia de contracautela por un 

monto no menor a la garantía de fiel cumplimiento únicamente a los 

privados para solicitar medidas cautelares contra el Estado en arbitrajes 

sobre Contratación Pública………………………………………………….. 33 

3.3. Contracautela e igualdad en el acceso a la justicia…………………. 35 

3.4. Contracautela y tutela judicial efectiva………………………………... 38 

3.5. Razonabilidad del monto exigido como contracautela en arbitrajes 

sobre Contratación Pública…………………………………………………. 39 



VII 
 

3.6. Aplicación del Test de Proporcionalidad sobre el Decreto de Urgencia 

N°020-2020……………………………………………………………………  42 

Capítulo IV. Posibles soluciones al problema 

4.1. La posibilidad de realizar control difuso contra estas normas por parte 

del Tribunal Arbitral…………………………………………………………..  43 

4.1.1. El respeto del arbitraje a los principios constitucionales y derechos 

fundamentales………………………………………………………………..  44 

4.1.2. ¿El árbitro tiene la capacidad de ejercer control difuso?............... 45 

4.2. Propuesta de cambios normativos……………………………………. 46 

V. Conclusiones…………………………………………………………...... 49 

VI. Bibliografía………………………………………………………………. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introducción 

El arbitraje es un medio alternativo para resolver disputas o controversias que 

en nuestro país ha adquirido un desarrollo importante en las décadas recientes, 

toda vez que las transacciones económicas han ido evolucionando, lo que ha 

llevado a las empresas a acudir a esta vía que, en principio, ofrece una mayor 

eficiencia que el Poder Judicial para resolver litigios comerciales. Así, el 

arbitraje brinda ventajas como la celeridad, flexibilidad y la especialización con 

la que cuentan los árbitros en las materias a resolver.  

Debido a los problemas que presenta el Poder Judicial en nuestro país y a una 

postura legislativa innovadora, hace algunos años, nuestro ordenamiento 

jurídico establece como obligatorio recurrir a este mecanismo para resolver 

controversias suscitadas a propósito de los contratos suscritos con el Estado. 

Por tal motivo, el Perú presenta un alto número de arbitrajes entre contratistas 

(partes privadas) y entidades (partes públicas). 

En ese sentido, la institución arbitral en el Perú adquiere gran relevancia para 

la actividad contractual que desarrolla el Estado, lo cual permite cumplir los 

fines públicos que se le encarga.  Ello ha despertado la preocupación del 

legislador peruano, el cual ha generado modificaciones tanto a la Ley de 

Arbitraje como a la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este contexto, el presente trabajo encuentra su razón en la medida que 

existen normas procesales (tanto de la Ley de Arbitraje como en la Ley y el 

Reglamento de Contrataciones con el Estado) que aparentan tener una 

tendencia a “favorecer” a una u otra parte, básicamente por un sesgo o prejuicio 

que tiene el legislador de percibir a la parte estatal como la parte “débil” dentro 

del proceso arbitral. 

En concreto, se observa que el legislador peruano ha regulado la exigencia de 

una contracautela con una cuantificación prefijada solamente para privados 

cuando solicitan medidas cautelares contra el Estado en arbitrajes de 

Contratación Pública a través de la disposición regulada en el del numeral 2 del 

artículo 8° (segundo párrafo) de la Ley de Arbitraje modificada mediante el 

Decreto de Urgencia N° 020-2020. Esta norma es la que origina la presente 



2 
 

investigación pues se analizará su constitucionalidad en atención al principio 

de igualdad ante la ley. 

En ese orden de ideas, se analizarán dos aspectos del principio de igualdad. 

En primer lugar, abordaremos el derecho a la igualdad ante la ley.  

Al respecto, se analizará si las partes privadas y las Entidades se encuentran 

en una situación paritaria de hecho respecto a la posibilidad de ejercer el 

derecho a acceder a una tutela judicial efectiva (en el caso en concreto, el 

acceso a una tutela cautelar). 

En segundo lugar, se realizará un análisis sobre el principio de igualdad como 

principio rector del arbitraje. Es preciso señalar que la Ley de Arbitraje en el 

inciso 2 de su artículo 34 establece lo siguiente: 

 

Es decir, esta norma positiviza el principio de igualdad de armas que debe regir 

en el arbitraje.  

Por tanto, en la presente investigación, se examinará si el principio de igualdad 

ante la ley ha sido vulnerado con la exigencia de la contracautela con 

cuantificación prefijada únicamente a los privados solicitar medidas cautelares 

contra el Estado en arbitrajes sobre Contratación Pública. 

Para ello, estudiaremos distintos conceptos, partiendo de un breve marco 

conceptual que determine las características del arbitraje en contratación 

pública en nuestro país; así como conceptos relacionados al principio de 

igualdad y su importancia respecto al derecho de acceso a la justicia; un breve 

desarrollo de la figura de la contracautela, de la relación de este requisito con 

la tutela judicial efectiva, de la razonabilidad del monto exigido como 

contracautela en arbitrajes sobre Contratación Pública; y, por último, a la 

posibilidad de realizar control difuso por parte de los tribunales arbitrales en 

casos donde existan normas que puedan vulnerar el control de 

constitucionalidad. 

 



3 
 

Capítulo I: El Arbitraje en Contratación Pública en el Perú 

1.1 La naturaleza jurídica del arbitraje 

El arbitraje se configura como un mecanismo alternativo de solución de 

controversias que se caracteriza por la participación de árbitros a los que las 

partes de una relación contractual someten sus controversias a fin de que estos 

puedan emitir una decisión definitiva a través de un laudo.  

Ahora bien, se tiene que el origen histórico del arbitraje se encuentra en las 

sociedades primitivas y que resulta ser incluso anterior a la justicia ordinaria 

estatal (Guzmán-Barrón. 2019, p. 21). También, se observa que el arbitraje 

desde su origen se presentaba como una institución práctica utilizada por 

comerciantes y que no era una institución jurídica con lo cual se alejaba de lo 

que conocemos como actualmente como juicio (Bullard, 2008, p.146). Así, el 

arbitraje se configuró como un mecanismo de solución de conflictos vinculado 

al ámbito comercial y practicado principalmente entre particulares.  

Por su parte, La Rosa y Rivas señalan elementos de la definición del arbitraje 

como i) una controversia o conflicto que pueda ser sujeto de someter a arbitraje; 

ii) un acuerdo o un convenio arbitral; iii) la participación de terceros, llamados 

árbitros, designados por las partes para que resuelvan la controversia que se 

les somete a su conocimiento; y iv) una decisión vinculante recogida en el laudo 

arbitral (2018, p. 115-116). Desde estos elementos se observan las bases del 

arbitraje tales como el sometimiento al arbitraje a partir de la voluntad de las 

partes y la necesidad cubierta por un tercero de emitir una decisión vinculante. 

En el Perú, el arbitraje tiene un importante rol para el desarrollo económico y 

social. Así, el Tribunal Constitucional reconoció el rol del arbitraje en el orden 

económico internacional como prototipo para resolver conflictos entre 

particulares e incluso entre estos y el Estado en el fundamento 4 de la 

Sentencia recaía en el Exp. N° 6167-2005-PHC/TC, conocida como el famoso 

caso “Cantuarias”.  

Tal relevancia se ha expresado en el reconocimiento y protección del arbitraje 

en la Constitución. Así, el artículo 63 de la Constitución peruana recoge la 



4 
 

posibilidad de recurrir a arbitraje tanto los sujetos de derecho público y los de 

privado a fin de poner fin a sus controversias. 

No cabe duda que esta institución, si bien tiene una antigua data y precede a 

la justicia formal, hoy se ubica en los paradigmas de la globalización del mundo 

moderno que impone reglas rápidas para que las controversias se resuelvan 

en plazos oportunos. 

Asimismo, es relevante considerar los beneficios que presentaría el arbitraje 

con respecto al proceso judicial. Al respecto, La Rosa y Rivas recogen como 

ventajas la confianza en la decisión final al ser los árbitros quienes ellos mismos 

han confiado los que emiten una decisión; la flexibilidad en el criterio de solución 

al contar con el arbitraje de derecho y el arbitraje de conciencia; la flexibilidad 

en el procedimiento al permitir que las partes puedan regular el proceso arbitral 

de acuerdo a sus intereses; la confidencialidad; la idoneidad para controversias 

complejas al permitir que los árbitros no necesariamente sean abogados y 

puedan ser especializados en la materia (2018, p. 117-118). Ello no solo 

expresa características del arbitraje, sino ventajas del proceso arbitral que 

permite reconocerlo como un mecanismo con mayor versatilidad y alejado de 

formalismos. 

En otras palabras, podemos señalar que el arbitraje presenta las ventajas de 

celeridad, flexibilidad, confidencialidad y especialidad, respecto a la justicia 

ordinaria que ofrece el Poder Judicial. 

Ahora bien, es relevante entender la naturaleza jurídica del arbitraje en nuestro 

país, puesto que ello nos permite comprender los alcances y ventajas de la 

institución arbitral.  

Sobre el particular, el presente apartado aborda la discusión doctrinaria sobre 

este punto en el Perú. Al respecto, debemos recordar que existen diversas 

posturas que plantean básicamente tres tipos de naturaleza del arbitraje: 

contractual, jurisdiccional y mixta.  

Para efectos del presente trabajo, vamos a sintetizar brevemente el fundamento 

de cada una de las teorías señaladas. 



5 
 

Respecto a la teoría contractual, se precisa que la Ley de Arbitraje 

conceptualiza al convenio arbitral en el numeral 1 de su artículo 13, con la 

siguiente definición:  

 

La voluntad de someterse a arbitraje de las partes, estipulada en el numeral 1 

del artículo 13 citado es un elemento que resulta relevante recalcar, Desde 

nuestra perspectiva, este elemento representa la piedra angular del convenio 

arbitral y del arbitraje como método alterno de resolución de conflictos. (Eto 

2020, p. 447).  

Esta crucial característica del arbitraje se ve reflejada en los efectos negativo y 

positivo del acuerdo arbitral. Al respecto, el efecto negativo consiste en que las 

partes de un contrato renuncian a recurrir a la jurisdicción ordinaria (derecho a 

un juez natural) para que se resuelva una futura disputa, por su parte, el efecto 

positivo del acuerdo arbitral entraña una obligación de hacer, que implica 

recurrir a un mecanismo específico para resolver disputas con determinadas 

ventajas y características especiales (Talero 2010, p. 72), por lo que la parte 

que quiera ejercer su derecho de acción deberá acudir ante un Tribunal Arbitral 

que dirima sus controversias. 

A mayor desarrollo de la presente teoría, Guzmán-Barrón explica que la 

presente teoría concibe al arbitraje como un contrato que permite a las partes 

resolver sus disputas mediante un documento denominado laudo que contiene 

una decisión final y vinculante, emitida por el tribunal arbitral. Asimismo, el 

mencionado autor resalta la importancia de la libertad de las partes para 

escoger que sus controversias sean resueltas mediante arbitraje y no a través 

del Poder Judicial como la base de esta teoría (2017, p.30). 

Por otro lado, la teoría de la naturaleza jurisdiccional del arbitral está 

relacionada, desde nuestra perspectiva, al rol que cumplen los árbitros al 

ejercer esta labor. Recordemos que la Constitución establece lo siguiente en el 

inciso 1 de su artículo 139: 

  



6 
 

 

Sobre ello, el Tribunal Constitucional ha establecido en el fundamento jurídico 

9 de la conocida sentencia del caso “Cantuarias” (STC 6167-2005-HC) que el 

arbitraje, en tanto jurisdicción, debe respetar principios y derechos propios de 

la actividad jurisdiccional y del debido proceso. Al respecto, veamos lo 

desarrollado por el TC: 

 
(STC 6167-2005-HC, FJ 9). 
 
De tal forma, esta teoría posee gran relevancia en el Perú e incluso resulta ser 

un punto de origen importante respecto al cumplimiento, alcances y modo de 

demandar el respeto a las garantías del derecho al debido proceso en el 

arbitraje. 

También, la sentencia del caso Cantuarias permitió al Colegiado Constitucional 

desarrollar el reconocimiento constitucional que posee la jurisdicción arbitral, 

así como su competencia para solucionar los conflictos sometidos a dicha 

jurisdicción. 

Así de los fundamentos 12 y 13 de dicha sentencia podemos reseñar lo 

siguiente:  

El reconocimiento del arbitraje como jurisdicción implica la aplicación por parte 

de los árbitros de las normas constitucionales y, específicamente, de las 

disposiciones contenidas en el artículo 139 de la Constitución, el cual regula los 

derechos y principios de la función jurisdiccional. De tal forma, el Tribunal 

Constitucional reiteró la protección de la jurisdicción arbitral en el campo de sus 

competencias a partir del principio de "no interferencia", recogido en el numeral 



7 
 

2 del artículo 139 de la Constitución, el cual prohíbe a cualquier autoridad 

intervenir en el ejercicio de las funciones de un órgano jurisdiccional avocarse 

a resolver causas pendientes. Así, los árbitros cuentan con la facultad 

constitucional para rechazar intervenciones y/o injerencias de terceros 

(incluyendo autoridades judiciales o administrativas) que pretendan inmiscuirse 

a resolver a materias recurridas a arbitraje en base al convenio arbitral y a la 

voluntad de las partes (STC 6167-2005-HC, FJ 12 y 13). 

En ese sentido, Guzmán-Barrón comenta que la teoría jurisdiccional concibe la 

actividad de los árbitros como jurisdiccional y delegada por el Estado, ya que 

no concibe que la solución de controversias se realice da manera externa a la 

jurisdicción ordinaria (2017, p.30). Así, esta teoría concibe como eje principal el 

Estado como encargado de resolver los conflictos de la sociedad y 

excepcionalmente reconoce al arbitraje como un mecanismo alternativo a la 

jurisdicción estatal y de apoyo a esta. 

A partir del desarrollo de los fundamentos de las teorías contractual y 

jurisdiccional, cabe precisar que es evidente que se considera al arbitraje como 

una jurisdicción “excepcional” pues no nace a partir de la función que brindan 

los Estados de administrar justicia a sus ciudadanos, sino de la voluntad de las 

partes que se materializa en la inclusión de un acuerdo arbitral en un 

determinado contrato. 

Por su parte, otro sector de la doctrina postula la teoría mixta. Esta teoría, de 

manera básica, compatibiliza las teorías tanto contractuales y las 

jurisdiccionales. De tal forma, de una parte, reconoce como esencial la 

autonomía de la voluntad de las partes y de otra parte entiende que sin el 

reconocimiento como jurisdicción que le otorga el Estado al arbitraje; este 

mecanismo no sería tan útil a las partes. Con lo cual, el arbitraje se configura 

como un concierto de manifestación de voluntades, es decir, un contrato que 

posee efectos jurisdiccionales (Quiroga 2017, p.21). 

Sobre el particular, un sector de la doctrina, “rebautiza” a esta teoría como la 

teoría “realista”, mediante la cual se define al arbitraje como la más elemental 

manifestación de la administración de justicia. Así, a lo largo de los años, el 

arbitraje solo es considerado como una sustracción legal y autorizada de la 



8 
 

jurisdicción ordinaria del Estado. Este se concibe con un acuerdo privado en el 

cual dos o más sujetos de derecho acuerdan someter disputas de relevancia 

jurídica a un fallo que resuelva de manera definitiva y exclusiva. Esta decisión 

es emitida por árbitros que pueden ser elegidos por las partes o mediante otro 

método previsto por estas en el contrato. De esta manera, la decisión será 

obligatoria para las partes en virtud del reconocimiento del ordenamiento 

jurídico sobre el contrato como ley para las partes. Finalmente, la ejecución de 

lo decidido cuando resulte necesaria recaerá siempre en el Estado. (Castillo y 

Vásquez 2006, p. 59). 

Igualmente, se ha señalado que la teoría híbrida o mixta encuentra acogida y 

dominio mundial a partir de que el arbitraje comercial internacional denota 

elementos contractuales y jurisdiccionales. Asimismo, conforme a la teoría 

mixta, el arbitraje resulta ser un sistema de justicia privado creado de manera 

contractual. Con lo cual, queda demostrado que la teoría contractual y la 

función jurisdiccional tienen gran influencia en el arbitraje (Gonzales de Cossío 

2015, p. 15-16). 

Desde nuestra postura, nos inclinaremos por la teoría que plantea una 

naturaleza mixta del arbitraje, toda vez que consideramos que el origen del 

arbitraje recae en la voluntad de las partes al incluir este mecanismo como 

medio de resolución de controversias en un determinado contrato; y, por su 

parte, nuestro ordenamiento jurídico ha dotado de un reconocimiento 

constitucional de la función arbitral como un ejercicio de jurisdicción, lo cual 

permite que arbitraje posea mayor eficacia en sus decisiones. 

 

1.2. El origen del arbitraje en la Contratación Pública en el Perú. Razones 
para huir del Poder Judicial. 

Habiendo desarrollado brevemente los principales aspectos del arbitraje y su 

naturaleza jurídica, pasaremos a abordar un fenómeno singular respecto a este 

mecanismo en nuestro país. 

Como hemos señalado, el origen del arbitraje surge a partir de la voluntad de 

las partes para incluir este mecanismo como medio de solución de 



9 
 

controversias en los contratos donde están en juego derechos disponibles, 

básicamente de carácter patrimonial. 

Así, el artículo 62 de nuestra Constitución al regular el derecho a la libertad de 

contratar establece que las controversias que surgen de relaciones 

contractuales solo se pueden resolver mediante arbitraje o en la vía judicial, 

utilizando los mecanismos de protección establecidos en el contrato o previstos 

por la ley. 

Sin embargo, nuestro país presenta una peculiaridad respecto a los contratos 

suscritos entre privados con el Estado. En primer lugar, consideramos 

importante señalar que este tipo de contratos tienen como objetivo satisfacer el 

interés público de la población. En esa línea, la actividad contractual del Estado 

permite el desarrollo de políticas públicas y con ello el goce de los derechos en 

beneficio de la sociedad peruana.  

Cabe destacar que la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, precisa 

esta finalidad en los principios de competencia y; eficacia y eficiencia regulados 

en el artículo 2 de dicha norma. 

En atención a esta necesidad de que las obras se ejecuten, los servicios se 

brinden, los bienes adquiridos se entreguen, etc., para el beneficio de la 

población, es que surgió la necesidad de tutelar las controversias a propósito 

de los contratos estatales con un mecanismo que brinde características 

ventajosas a comparación del Poder Judicial. De tal forma, resulta relevante 

que los conflictos que se generen en la contratación estatal puedan ser 

abordados de forma oportuna, sin desmedro del interés público y con los 

garantías idóneas y atractivas para el contratista del Estado. 

En primer lugar, dada la excesiva carga procesal que presenta nuestro sistema 

de justicia estatal, el arbitraje presenta una clara ventaja en el tiempo que toma 

resolver un conflicto a través de este mecanismo. Sobre ello, La Rosa y Rivas 

consideran que el incremento y sobrecarga de procesos judiciales generó el 

reconocimiento constitucional del arbitraje para descongestionar los procesos 

en materia comercial a fin de encontrar respuestas inmediatas para satisfacer 

las necesidades de las partes (2018, p. 41). Así, la deficiencia de la justicia 



10 
 

ordinaria devino en la promoción de otros mecanismos como la conciliación y 

especialmente el arbitraje. 

Por su parte, Guzmán-Barrón señala que las ventajas del arbitraje en 

comparación con el Poder Judicial son la celeridad por la menor duración del 

proceso y la ausencia de la sobrecarga; la inmediación referida a que los 

árbitros se encontrarían en mayor contacto con la controversia que un juez; la 

flexibilidad en el sentido de que no es un proceso ritualista, sino que se adecua 

a las necesidades de las partes; y la especialización que se garantiza en mayor 

medida al ser el árbitro elegido por las partes (2017, p.39). Estas ventajas se 

expresan especialmente a partir de la comparación con el sistema de justicia 

del Poder Judicial. 

Ahora bien, resulta relevante comentar que el arbitraje en contrataciones con 

el Estado se caracteriza por la participación del central del Estado y que en el 

Perú es de gran relevancia ocupando la mayoría de las controversias llevadas 

a la vía arbitral. En esa línea, el arbitraje brinda celeridad y la confianza de las 

empresas (más aún las extranjeras) con los árbitros es mayor a la que tienen 

con los jueces del Poder Judicial, toda vez que las propias partes pueden 

designar a los árbitros y podrán elegir personas que cuenten con especialidad 

en la materia de la que trate la controversia a resolver. Esta confianza es mayor 

aun cuando se trata de empresas extranjeras que no conocen el sistema judicial 

peruano.  

En esa línea, resulta relevante la participación de los árbitros como terceros 

encargados de resolver conflictos en el arbitraje, puesto que estos son ajenos 

a la estructura del poder judicial y del Estado, lo cual constituye una garantía 

para los contratistas del Estado. De tal forma, el origen del arbitraje en materia 

de contrataciones con el Estado se encuentra en el reconocimiento de las 

deficiencias del sistema judicial y la necesidad del propio Estado de poseer un 

mecanismo eficaz para resolver sus controversias, lo que implicó incluso 

reconocer que el sistema judicial estatal no es el más idóneo por sus propias 

deficiencias estructurales. 

 



11 
 

1.3. Fundamentos para que el arbitraje sea obligatorio en el marco de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

Tal como hemos señalado en el apartado anterior, el arbitraje ha ganado 

terreno en el marco de la normativa aplicable en contratación pública a partir 

de la celeridad, especialización y flexibilidad que ofrece a comparación del 

Poder Judicial.  

Al respecto, con la Ley N° 26850 “Ley de contrataciones y adquisiciones del 

Estado” promulgada en el año 1997, se estableció por primera vez en nuestro 

país la obligatoriedad del arbitraje o de un procedimiento conciliatorio, como 

mecanismos de solución de controversias en el marco de los contratos 

suscritos con el Estado, es decir, evitando expresamente la posibilidad de 

recurrir a la tutela jurisdiccional ordinaria del Poder Judicial. 

El literal b) del artículo 41 de dicha primigenia ley estableció lo siguiente: 

“Los contratos de obras, de adquisición de bienes o 

contratación de servicios incluirán necesariamente y bajo 

responsabilidad cláusulas referidas a: 

b) Cláusula de Solución de Controversias: Cuando en la 

ejecución o interpretación del contrato surja entre las partes 

una discrepancia, ésta será definida mediante el 

procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, 

según lo acuerden las partes.” 

Ello representa un importante reconocimiento a la institución arbitral, puesto 

que implica que el Estado reconozca al arbitraje como un mecanismo más 

idóneo y beneficioso para su propia actividad contractual. En ese sentido, 

Castillo y Sabroso señalan que dicho cambio constituye un aspecto que 

revolucionó la administración de justicia en nuestro continente y que la regla de 

incluir en los contratos de manera obligatoria una cláusula de solución de 

controversias se mantuvo en posteriores leyes y reglamentos (2011, p. 206-

207). 

En la misma línea, el arbitraje se presenta como un mecanismo que permite 

reducir una excesiva carga procesal al Poder Judicial, permitiendo que centre 



12 
 

sus recursos en resolver conflictos que versen sobre derechos de naturaleza 

no disponibles, tales como materias de derecho penal, familiar, entre otras. Con 

ello, el arbitraje obligatorio en materia de contratación pública en el Perú 

adquiere una gran relevancia por la cantidad de casos; a pesar de que ciertas 

materias no son arbitrables y que necesariamente deberán recurrir a los 

procesos judiciales. 

No obstante, es necesario resaltar que, tal como ha señalado acertadamente 

el Tribunal Constitucional, que el arbitraje no está llamado a relegar o sustituir 

al Poder Judicial, sino que debe ser entendido como una opción que sirva de 

complemento al sistema judicial estatal al constituir un mecanismo de solución 

de controversias pacífico para la sociedad. Asimismo, este mecanismo permite 

abordar la necesidad de tutelar y resolver disputas de carácter patrimonial de 

libre disposición y sobre todo las controversias de la contratación internacional. 

Siguiendo al Tribunal Constitucional peruano, se recoge que precisamente la 

naturaleza jurisdiccional del arbitraje y sus propias características permitieron 

al Colegiado Constitucional considerar que el arbitraje no consiste en un poder 

privado, sino que resulta ser una parte fundamental del orden público 

constitucional. Sobre ello, se entiende que el arbitraje, si bien representa una 

jurisdicción independiente; se encuentra obligada a cumplir directamente las 

garantías del derecho al debido proceso inherentes a las partes en el marco de 

toda jurisdicción (STC 03574-2007-PA, FJ 35-36). 

En esa línea, tanto el hecho de reconocer al arbitraje como jurisdicción; así 

como la importancia de esta institución al establecer el arbitraje obligatorio para 

las contrataciones con el Estado denotan el prestigio y necesidad de este 

mecanismo en el Perú. 

Por su parte, actualmente, la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, 

establece en su artículo 45.1 lo siguiente:  

“Las controversias que surjan entre las partes sobre la 

ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 

ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

[…].” 



13 
 

Ahora bien, con la disposición citada se establece al arbitraje y a la conciliación 

como medios idóneos para resolver los conflictos resultantes de la actividad 

contractual de las entidades estatales. En la práctica, el arbitraje a comparación 

de la conciliación resulta ser el mecanismo más idóneo, en la medida que la 

conciliación no ha prosperado en el mercado peruano relegándose a ser 

usualmente de mero trámite.  

Por otro lado, la Ley de Arbitraje, regula en su artículo 4 la facultad del Estado 

para someter a arbitraje los conflictos que deriven de los contratos suscritos por 

entidades públicas con privados; ya sean privados nacionales o extranjeros que 

tengan domicilio o no en nuestro país; así como también prescribe que en caso 

de actividades financieras, el arbitraje puede llevarse a cabo bajo una sede 

internacional. 

Al respecto, se observa que la Ley de Arbitraje prevé la participación de las 

entidades en el arbitraje. Esto resulta ser una expresión genérica del arbitraje 

en materia de contratos estatales y de la preponderancia de este mecanismo 

de solución de controversias en nuestro país. 

 

1.4. Percepción del Estado como parte “débil” dentro del arbitraje en 
contratación pública. 

En este punto, es relevante comentar que con fecha 13 de diciembre de 2021, 

el Congreso de la República a través de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos emitió un Dictamen durante el periodo anual de sesiones 2021-2022 

en los que se llevaron a cabo discusiones respecto a la exposición de motivos 

por las cuales se estaba realizando la modificación del Decreto Legislativo 1071 

en sus artículos 7 y 8, principalmente, junto a otros. 

Sobre el particular, se observa que la justificación o exposición de motivos de 

la mencionada modificación normativa parte en que la medida se realiza en 

base a un criterio de necesidad por la cual resulta indispensable impulsar su 

modificación parcial por medio de un decreto de urgencia, y no sería nada 

adecuado esperar a que el proyecto siga el mismo curso que puede realizarse 

en un proceso legislativo ordinario.  



14 
 

A causa de que los legisladores de aquella comisión consideraron que existía 

un potencial perjuicio en que el daño pueda ser continuado antes las diversas 

paralizaciones de ejecuciones de obras en los que cada año se incrementan. 

Tales casos que se presentaron en diversas situaciones con megaproyectos 

como los que se tiene con los hospitales regionales de localidades como Cusco, 

Tacna y Junín; y además otros que se tienen en proyecto para los años 

siguientes en los que resulta necesario que los contratos tengan mayor 

protección y seguridad jurídica (Congreso de la República del Perú: 2021, p. 

13) 

Por lo tanto, los legisladores de aquella comisión concluyeron que el Decreto 

de Urgencia N° 020-2020 sí cumplía con el criterio de necesidad para que se 

acelere su aprobación, y se omita el paso a un proceso legislativo ordinario, a 

fin de asegurar que en los procesos arbitrales donde el Estado sea parte, no se 

convierta en otras de las trabas que impidan próximas ejecuciones de obras 

públicas en beneficio de la sociedad peruana. 

Asimismo, los legisladores habrían valorado al arbitraje, al tratarse de un medio 

alternativo de solución de controversias que goza de reconocimiento a nivel 

constitucional como un medio de justicia de índole comercial, y en nuestro país, 

obligatorio por ley para resolver controversias en contrataciones con el Estado.  

Por lo tanto, a criterio del legislador, la reforma parcial de dicha normativa no 

supone afectación alguna al debido proceso o algún perjuicio al derecho de 

defensa ni tampoco desbalance sobre la igualdad de armas de las partes, así 

como tampoco se ha pretendido construir alguna posición de dominio sobre los 

tribunales arbitrales (Congreso de la República del Perú: 2021, pp. 15,16) 

Así, en los párrafos precedentes vinculados a la exposición de motivos, el 

legislador ha pretendido argumentar otra de las razones por las cuales la 

modificación no genera daño alguno sobre la contraparte en situaciones de 

conflictos vía arbitral.  

Asimismo, se debe estimar que el Estado por muchos años se habría 

encontrado en una posición “desfavorable”, puesto que, al ser un impulsor de 

licitaciones públicas, no habría diseñado correctamente las suficientes medidas 

que puedan deslindar la responsabilidad civil por incumplimiento del contratista. 



15 
 

En consecuencia, este último se aferraría al contrato y proseguiría a enjuiciar 

al Estado a fin de que le retribuya por el periodo de paralización atribuible a la 

primera, y a la vez, el proyecto de inversión pública se estancaría por años. 

Sin embargo, esta postura resulta injustificada, puesto que el Estado, en el 

marco de sus políticas públicas, tiene como deber diseñar de una mejor manera 

los contratos de licitación pública, a fin de desvincular de manera inmediata al 

contratista que ha incumplido con sus obligaciones.  

Por ende, aun cuando nos encontramos ante una norma que presuntamente 

brinda mayor seguridad jurídica al Estado, no habrían ocurrido cambios 

sustanciales que le aseguren dicha garantía, puesto que los procesos arbitrales 

de igual modo se han ido incrementando con los años y no se ha evidenciado 

una disminución en la conflictividad de los contratos estatales. 

A mayor abundamiento, debemos señalar que, dentro del marco de los 

arbitrajes en contrataciones estatales, el Estado a lo largo de los años ha 

obtenido resultados ciertamente positivos frente a los reclamos de los 

contratistas. 

Para estos efectos, tomaremos como referencia los datos obtenidos del estudio 

de laudos realizado por Guzmán-Barrón y Zúñiga en el año 2015. En primer 

lugar, debemos recordar que el Estado usualmente es la parte demandada en 

los arbitrajes con el Estado: 

 

Guzmán-Barrón y Zúñiga (p.25). 



16 
 

Los mencionados autores (p. 26) citando a Gandolfo Cortés señalan que 

cuando el contratista incumple sus obligaciones, la entidad posee un conjunto 

de mecanismo, Así, como primera acción deja de pagar la contraprestación 

correspondiente al contratista, posteriormente aplica las penalidades previstas, 

luego, tiene la posibilidad de resolver el contrato, a su vez, ejecuta las garantías 

entregadas como fianzas y por si no fuera suficiente, lo envía al “bombo” del 

Tribunal de Contrataciones del Estado para que sea inhabilitado. Con lo cual, 

se tiene cinco opciones contra el contratista. En cambio, el contratista no tiene 

tantas alternativas ante el incumplimiento de la Entidad y solo tiene una que es 

el reclamo en el arbitraje. 

Asimismo, se observa que el citado estudio señala que los laudos exigen pagar 

al Estado únicamente el 43% de los montos reclamados (p. 29): 

 



17 
 

 

 

De los datos estadísticos citados en los párrafos precedentes, podemos 

apreciar que el Estado en el marco de los arbitrajes en materia de contratación 

pública posee resultados meridianamente favorables por lo que no es cierto, 

desde nuestra perspectiva, que sea la parte “débil” en un arbitraje. 

 

Capítulo II: El principio de igualdad en el marco del arbitraje 

2.1. El derecho de igualdad ante la ley 

Este derecho se encuentra recogido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución 

y ha sido desarrollado por el máximo intérprete de la Constitución. Este ha 

indicado que dicho derecho posee dos fases. La primera es la igualdad ante la 

ley que es la necesidad de aplicar de manera igualitaria la Ley a todos los que 

se ubican en una misma situación de hecho. Por su parte, la segunda fase se 

vincula a la imposibilidad por parte de un órgano de modificar de forma arbitraria 

el sentido de decisión en casos significativamente iguales. Así, en caso un 

órgano se aparte de un precedente, se quiere que ello se realice con una debida 

justificación. (STC N°. 02498-2008-PA/TC, Fundamento 7). 

Es importante tener en cuenta que no puede entenderse que la prohibición de 

discriminación sea dirigida de forma única al Congreso de la República, sino 



18 
 

que esta prohibición abarca a todas las autoridades del Estado que pueden 

emitir una norma jurídica (Huerta 2005, p.315). 

En ese sentido, todas las normas emitidas por cualquier Entidad del Estado 

deben respetar este derecho. Tal como ha señalado el TC en la jurisprudencia 

citada anteriormente la igualdad implica tratar de la misma manera a quienes 

se encuentren en una misma situación de hecho.  

En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que existe una 

pretensión iuris tantum respecto de la constitucionalidad de las normas, 

(derecho a la igualdad ante la Ley, por ejemplo) en tanto que: una ley no debe 

ser declarada como inconstitucional a menos que exista una razonable duda 

sobre su evidente contradicción con el texto constitucional, por ello, mientras la 

abierta inconstitucionalidad de la norma no sea demostrada, el juez 

constitucional se encontrará obligado a adoptar una interpretación que 

armonice la norma materia de cuestionamiento con la Constitución. (STC 020-

2003-AI/TC, FJ 33). 

Por tanto, en el siguiente capítulo analizaremos si las disposiciones previstas 

en la Ley de Arbitraje y en la Ley de Contrataciones con el Estado respecto a 

la contracautela con cuantificación prefijada exigida a los privados resulta en 

sintonía con este derecho de igualdad ante la ley. 

Así, es preciso señalar que el máximo intérprete de la Constitución ha 

establecido ciertas condiciones para que existan normas “diferenciadoras”. Así, 

el Colegiado ha señalado que la igualdad ante la ley puede coexistir 

válidamente con normas diferenciadoras, siempre y cuando se acrediten las 

condiciones siguientes: 

a) Que nos encontremos ante situaciones fácticas distintas y como 

consecuencia la diferenciación sea relevante; 

b) En la norma diferenciadora debe acreditarse un objetivo concreto o 

específico; 

c)  La norma debe respetar los parámetros de razonabilidad analizados desde 

el enfoque de un Estado constitucional de derecho; 



19 
 

d) Debe respetarse un parámetro de proporcionalidad; por tanto, la 

consecuencia jurídica diferenciadora debe concordar con los supuestos de 

hecho y la finalidad que persigue, y, 

e) La racionalidad, en otras palabras, la coherencia entre los supuestos de 

hecho, el medio empleado y la finalidad que se persigue el objetivo que se 

pretende alcanzar (STC N°09617-2006-AA, FJ 5).  

En este punto, consideramos pertinente realizar un análisis preliminar respecto 

a la norma materia de análisis de la presente investigación; el artículo 8.2 de la 

Ley de Arbitraje. 

Al respecto, somos de la postura, que esta norma diferenciadora que exige la 

presentación de una contracautela con determinadas características y con un 

monto mínimo prefijado por ley únicamente a las partes privadas dentro del 

arbitraje no respeta las cinco condiciones establecidas por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia reseñada en el párrafo precede, por los 

siguientes motivos: 

- Tal como hemos desarrollado en el primer capítulo de esta tesis, la 

percepción del Estado como parte “débil” dentro del arbitraje en 

contratación pública no cuenta con un sustento adecuado dentro de las 

estadísticas obtenidas de los laudos en esta materia, donde se advierte 

que el Estado cuenta con resultados meridianamente positivos para sus 

intereses.  

- En ese sentido, la solicitud de una medida cautelar de parte de la parte 

privada o del Estado no constituiría una situación de hecho distinta que 

genere una diferenciación relevante. 

- Sin perjuicio de ello, en el caso que sí se considere como situaciones de 

hecho distintas, la norma en cuestión no acredita en su texto una 

finalidad específica, pues únicamente se limita a imponer la exigencia 

sin mayor sustento. De la misma forma, la exposición de motivos de esta 

norma carece de fundamentos sólidos, tal como hemos desarrollado en 

el capítulo I de este texto y como se profundizará al momento de 

desarrollar el punto 3.3. “Contracautela e igualdad en el acceso a la 

justicia.” 



20 
 

- Finalmente, consideramos que esta norma no respeta los parámetros de 

razonabilidad, proporcionalidad y racionalidad, tal como desarrollaremos 

en el siguiente capítulo de esta investigación. 

Bajo esta línea, es importante resaltar que la igualdad no implica que los 

individuos obtengan tratos estrictamente iguales, sino que, en base a sus 

diferencias, la legislación tenga que tratarlos de manera distinta, pero siguiendo 

las directrices de las dos fases que tiene la igualdad (Chappuis, 1994, p.15). En 

consecuencia, es importante concluir que no toda desigualdad de trato significa 

la presencia de algún tipo de discriminación, sino que lo será solo aquella que 

no se encuentre claramente sustentada y sea completamente razonable. 

En la misma línea, el TC ha determinado que la igualdad, no solo es un derecho 

fundamental, sino que además representa un pilar fundamental de la 

organización de los estados sociales y democráticos de derecho, como el 

peruano; así como de la actuación de los poderes del Estado, por ello, es 

preciso afirmar que no toda desigualdad representa un trato discriminatorio, 

pues el derecho a la igualdad solo será violado cuando el trato desigual no 

cuente con una justificación razonable y objetiva (STC 03461-2010-PA/TC, FJ 

3). 

En este orden de ideas, consideramos importante resaltar que este es el 

derecho que se vería afectado con la norma materia de análisis de la presente 

investigación (artículo 8.2. de la Ley de Arbitraje), toda vez que la propia ley 

emana una distinción injustificada hacia una de las partes (el privado) en el 

marco de un proceso arbitral. 

 

2.2. El principio de igualdad dentro del arbitraje 

El numeral 2 del artículo 34 de la Ley de Arbitraje decreta que los árbitros deben 

tratar a las partes respetando el principio de igualdad y otorgarles la 

oportunidad adecuada y suficiente de que puedan hacer valer sus derechos. Es 

decir, el tribunal arbitral debe otorgar las mismas armas y condiciones a ambas 

partes en aras de que estas tengan la capacidad de ejercer su derecho de 

defensa y contradicción y además interceder en la determinación de los plazos, 



21 
 

el tiempo de alegaciones, las entrevistas y otros. Cabe destacar que esta norma 

está inspirada en el artículo 18 de la Ley Modelo Uncitral. 

Es decir, esta norma positiviza el principio de igualdad de armas que rige en el 

arbitraje y que evidentemente se debe respetar también en los arbitrajes en el 

marco de contratos con el Estado. Así también, por ejemplo, de acuerdo a las 

Directrices IBA sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje Internacional, el deber 

de actuar con independencia e imparcialidad debe impulsarse de manera 

igualitaria tanto a árbitros como secretarios arbitrales a fin de preservar un 

desarrollo adecuado del arbitraje (2024, p.10).  

Cabe destacar que la doctrina sostiene que este principio debe ser entendido 

como igualdad de las partes en función del convenio arbitral.  

Además, es importante indicar que, de acuerdo a Castillo Freyre, el principio de 

igualdad tiene mucho que ver con la flexibilidad; siendo esta última bastante 

diferente respecto de la justicia ordinaria y el arbitraje, esto se debe a que en la 

institución arbitral son las partes, en virtud de la autonomía de su voluntad, las 

que inician el proceso arbitral, establecen las normas que regirán el mismo y 

adecuan sus etapas, plazos y el desarrollo de las actuaciones arbitrales (2009, 

p. 95).  

La flexibilidad solo se desarrolla efectivamente cuando el principio de igualdad 

se encuentre presente entre las partes. En consecuencia, el principio de 

igualdad representa el soporte fundamental para la buena dirección del 

proceso, el cual halla como su base de origen al convenio arbitral.  

Al respecto, Kundmüller, señala comentando este artículo que, a partir del 

convenio arbitral, las partes participan en el arbitraje en parámetros de 

igualdad. Por tanto, resulta imposible que predomine determinada regla 

establecida en el convenio arbitral, que sitúe en una situación ventajosa a una 

parte respecto de la otra.  

En esencia, este artículo hace referencia a la igualdad entre las partes a partir 

de lo acordado en la cláusula arbitral. Entonces, se trata de una igualdad de las 

partes dentro del arbitraje, y no se trata de una igualdad ante la ley; peor aún 

de una igualdad de las partes ante una autoridad jurisdiccional estatal. Es 



22 
 

preciso señalar que ambos son ejemplos de igualdad inherentes al 

ordenamiento jurídico. (Kundmüller, 2011, p.395). 

Cabe destacar que la propia norma es clara en entender a la igualdad como la 

obligación de que ambas partes puedan hacer valer sus derechos dentro del 

proceso arbitral. 

Por su parte, doctrina reconocida también ha señalado sobre esta norma lo 

siguiente: 

Los principios establecidos en este apartado normativo son esenciales en 

cualquier proceso, ya sea en tribunales ordinarios, arbitrales o cualquiera sea 

su naturaleza 

Los autores precisan que el deber de administrar justiciase encuentra regido 

por reglas de contradicción y de igualdad. En el arbitraje, las reglas de igualdad 

de trato requieren que los árbitros sean imparciales y además que las reglas 

establecidas sean equitativas a ambas partes involucradas en el proceso. 

(Castillo Freyre & Sabroso, 2014, p.616). 

De acuerdo a Paula Silva Longobardi y Valeria Moreno Machín, siguiendo el 

desarrollo jurisprudencial de la Corte Europea de Derechos Humanos; la 

igualdad de armas implica que cada parte cuente con las oportunidades 

adecuadas para exponer su caso bajo circunstancias que no sitúen a ninguna 

de ellas en una posición de superioridad frente a la otra. (Silva & Moreno 2020, 

397).  

En concreto, este derecho exige que los árbitros otorguen a cada una de las 

partes las oportunidades plenas de defender sus derechos en el proceso 

arbitral. 

Consecuentemente, de acuerdo a Augusto Dannon Alva, esta norma se 

encuentra acorde a lo establecido en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

arbitraje internacional, en cuyo capítulo V sobre las actuaciones arbitrales se 

regula el principio del trato equitativo de las partes (2020, p.90). 

A partir de lo desarrollado, resulta claro y pacífico por la doctrina, que el derecho 

de igualdad de armas reviste la posibilidad de que las partes puedan ejercer de 

forma adecuada su derecho de defensa dentro de un proceso arbitral, y para 



23 
 

ello, resulta importante el rol que tienen los árbitros como conductores del 

mismo. 

Entre otros aspectos, se debe analizar el respeto a las garantías del debido 

proceso y que ambas partes puedan hacer valer sus derechos. 

En ese sentido, desde nuestra postura, el presente trabajo está relacionado con 

el derecho de igualdad ante la ley, toda vez que la distinción respecto a la 

exigencia de contracautela y que contenga una cuantificación prefijada está 

impuesta por nuestro legislador, sin que esto implique que los árbitros en cada 

caso en concreto realicen un trato desigual a las partes. 

Si bien es importante que la igualdad sea abordada desde diferentes 

dimensiones constitucionales, también es relevante resaltar que este concepto 

posee diferentes vertientes en cuanto a su naturaleza jurídica. Así pues, este 

puede ser considerado como principio o como derecho; o, en todo caso, como 

ambos (Díaz, 2017, p. 33).  

En consecuencia, el derecho y principio a la igualdad se irradia en cualquier 

ordenamiento jurídico de manera transversal a todas las ramas del derecho, 

pues tiene carácter de ius cogens, lo cual es reconocido en la Opinión 

Consultiva 18 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por 

tanto, su vertiente relativa a concebirla como derecho indica que su fundamento 

principal es su entendimiento como igualdad ante la Ley; sin embargo, su 

vertiente relativa a concebirla como principio señala que la igualdad tiene más 

un contenido sustancial que hace que se valore la diferencia, pero que, a su 

vez, se tenga el impulso de combatir la discriminación tanto en el estrato público 

como en el privado. (Pérez, 2010, p. 657).  

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, la igualdad ante la ley se 

constituye como un derecho – principio. Por un lado, como derecho, se aprecia 

su carácter subjetivo (todos los ciudadanos deben ser tratados de igual modo 

en la Ley) y su carácter objetivo (tanto los particulares como las entidades 

estatales tienen la obligación de no discriminar entre las personas). Por otro 

lado, como principio, este supone un mandato social, económico y político que 

obliga al Estado a poner fin a todas aquellas situaciones de desigualdad 

material a través de la realización de acciones afirmativas; es decir, representa 



24 
 

uno de los objetivos que tiene previsto lograr el ordenamiento jurídico (Mata, 

2009: 21). 

Ahora bien, tal como se ha indicado en los párrafos precedentes, el Artículo 8.2. 

de la Ley de Arbitraje que exige la contracautela con un monto prefijado que no 

puede ser menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento únicamente a los 

privados para solicitar medidas cautelares contra el Estado en arbitrajes sobre 

Contratación Pública, entra en colisión con el derecho de igualdad ante la ley. 

En ese sentido, en el siguiente capitulo se abordará en concreto el análisis de 

esta norma. 

 

Capítulo III: La norma que afectaría el principio de igualdad ante la ley en 
el arbitraje en contratación pública en el Perú 

3.1 Definición y fundamentos de la contracautela 

En primera lugar, corresponde señalar que las medidas cautelares son 

disposiciones que se otorgan con la finalidad de garantizar el resultado de un 

proceso que tiene determinada duración; así como asegurar que la futura 

sentencia sea cumplida cabalmente, y de ese modo, se evita la frustración del 

derecho del peticionante. En otras palabras, la medida cautelar permite 

garantizar la pretensión de la controversia y evitar posibles perjuicios a los 

litigantes quienes serían los titulares presuntos del derecho subjetivo sustancial 

(María Buongermini: s/f, pp.1). 

A la par, Priori Posada indica que la medida cautelar implica una decisión 

jurisdiccional que cuenta con las características de provisoriedad, 

instrumentalidad y variabilidad según sean las circunstancias en las que 

termina por afectar la esfera jurídica del demandado. Ahora bien, se tiene que 

valorar que la afectación no se da por un juicio de certeza, sino por la 

verosimilitud, es decir, de mera apariencia (2006, p. 175). 

Dicho lo anterior, para que se pueda proseguir con la admisibilidad de la medida 

cautelar, el solicitante debe acreditar que su pedido cumple con los requisitos 

que la norma establece.  



25 
 

No obstante, en el caso de la jurisdicción arbitral que se sostiene bajo la Ley de 

Arbitraje, resulta curioso que el legislador no ha desarrollo acerca de los 

requisitos previos y necesarios para que un sujeto que busque salvaguardar su 

derecho, pueda impulsar una solicitud para que se le admita y se dictamine una 

medida cautelar en el desarrollo del proceso arbitral.  

Al respecto, en la práctica los árbitros, amparándose en el numeral 3 del artículo 

34° de la Ley Arbitraje han optado por verificar los requisitos de procedencia 

básicos que prevé la teoría general del proceso, y por tanto vienen exigiendo 

que los litigantes cumplan con acreditar los mismos en sede arbitral  

Por su parte, Natale Amprimo y Fiorella Casaverde (2020) mantienen una 

posición algo distinta, puesto que el primer autor considera que la Ley de 

Arbitraje no contempla requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares, 

siendo la contracautela potestativa (Amprimo, 2013, p. 67).  

Por su parte, la segunda autora sostiene que lo relevante para que los árbitros 

puedan emitir una medida cautelar es sustentar su decisión con una adecuada 

motivación y para ello pueden acudir a las características elementales y 

presupuestos de esta figura procesal (Casaverde, 2020, p. 171). 

Si bien la identificación de la contracautela ha sido sometida a diversos 

cuestionamientos toda vez que la Décima Disposición Complementaria dispone 

la prevalencia de la Ley de Arbitraje sobre el Código Procesal Civil, los 

tribunales arbitrales pueden recurrir a los principios procesales y requisitos para 

otorgar cautelares que emanan de la Teoría General del Proceso. 

De este modo, en sede arbitral el demandante deberá acreditar el cumplimiento 

de los requisitos exigidos y aceptados pacíficamente en la teoría general del 

proceso y en la doctrina relacionada, los cuales son los siguientes:  

(i) La verosimilitud en el derecho invocado 

 

Al respecto, Ariano señala que será suficiente que el juez compruebe la 

verosimilitud de la existencia de la situación jurídica de ventaja del peticionante 

para que otorgue una la tutela declarativa cautelar favorable (Ariano, 2014, p. 

95). En ese sentido, agrega la autora que, en otras palabras, el juez, para 



26 
 

conceder la medida cautelar, debe efectuar un simple juicio de análisis de un 

éxito probable y posible de la pretensión que se discutirá en el proceso principal 

a partir de los argumentos y pruebas presentadas por el solicitante (Ariano, 

2014, p. 97).  

 

De este modo, el hecho que el juicio que realice el Tribunal Arbitral al evaluar 

un pedido cautelar no tenga por objeto alcanzar la certeza de las pretensiones 

planteadas, ello no exime al solicitante de la medida cautelar de acreditar la 

probabilidad de éxito de sus pretensiones, si bien no de certeza, sí de 

posibilidad. 

 

Al respecto, la apariencia del derecho es más o menos “[…] intensa en función 

de la concreta medida cautelar que se solicite” (Fernández-Ballesteros 2000, 

p.329). En cualquier supuesto, el amparo de estas medidas no depende de que 

el accionante acredite que existe el derecho sujeto alegado por dicha parte en 

el proceso principal, pues esta existencia justamente será debatida en este 

proceso y no en el incidente cautela. No obstante, pero tampoco se podrá 

otorgar el pedido cautelar únicamente por el pedido del demandante. Entre 

ambos extremos la opción adecuada es que se debe acreditar indicios de 

probabilidad, verosimilitud, y de “apariencia de buen derecho” (Barona 2004, p. 

858-859).  

 

Asimismo, la mencionada autora precisa que este presupuesto, denominado 

fumus boni iuris, exige un análisis de verosimilitud, provisional e indiciario, a 

favor de la parte que solicita la medida cautelar sobre el derecho que viene 

afirmando (o previsiblemente afirmará) en el proceso principal. Con ello se 

pretende alcanzar un justo término medio entre la certeza que implica la 

sentencia que se dictará finalizado el proceso principal y la incertidumbre 

producto del inicio de este proceso. De tal modo que una decisión sin más, no 

seguida del correspondiente juicio, supondría un claro desequilibrio entre las 

partes (Barona 2004, p. 861). 

 

 



27 
 

(ii) El peligro en la demora 

 

El segundo requisito para conceder una medida cautelar es el referido al peligro 

en la demora. 

 

Este presupuesto consiste en una preocupación legítima de la parte accionante 

de que el tiempo que tome el proceso principal ocasione que la sentencia a 

dictarse en el mismo carezca de efectividad cuando esto suceda. Cabe 

señalarse que, para que se configure el peligro en la demora no es suficiente 

el peligro de daño jurídico que genera la demora del proceso, sino que se hace 

necesario un peligro inminente. 

 

Al respecto, Calamandrei sostiene sobre el peligro en la demora que éste no se 

refiere al peligro genérico de daño jurídico; sino que consiste en, un peligro de 

ulterior daño marginal que puede derivar de la demora de la sentencia final, 

hecho que resulta inevitable debido a la lentitud del procedimiento ordinario 

(1945, p.118). 

 

Ariano, comentando a Calamandrei, refiere que existen dos tipos de peligro de 

demora: (i) de infructuosidad y (ii) de tardanza. 

 

• Peligro de infructuosidad: es aquel que permite únicamente otorgar 
con antelación los medios adecuados para que la parte solicitante de 

tutela cautelar consiga que la sentencia final que resuelve el derecho 

que alega poseer se produzca en condiciones favorables para sus 

intereses. 

 

• Peligro de tardanza: se persigue evitar las consecuencias de la 
tardanza en la resolución de la controversia de fondo. En 

consecuencia, el tiempo que demora obtener la tutela definitiva 

resulta el productor del daño para el accionante. 

 



28 
 

Por lo tanto, dicha autora afirma que la existencia en cada caso de cualquiera 

de estos tipos de peligros resultará relevante pues el tipo de peligro determinará 

el contenido de la medida cautelar. Si no se advierte la existencia de alguno, 

no deberá otorgarse la tutela cautelar. (Ariano, 2014, p.94-95) 

 

(iii) La razonabilidad 

 

Sobre el particular, Priori sostiene que el presupuesto de razonabilidad 

determina si la medida cautelar peticionada cumple con el propósito de 

garantizar que la futura sentencia si es que se declara fundada la demanda sea 

eficaz.  

 
Por tanto, una medida incongruente, no cumplirá con el objetivo previsto, y, por 
tanto, se convertirá en una medida sin utilidad otorgada a la parte solicitante. 
La adecuación, entonces, asegura al accionante que contará con una medida 
que garantice de realmente la eficacia de la futura sentencia que declare 
fundada la pretensión (Priori, 2006. p. 88). 
 
Habiendo desarrollado de manera breve los conceptos de los demás 
presupuestos, debemos señalar que, al punto que se quiere llegar por medio 
de esta investigación es analizar la contracautela como uno de los 
presupuestos de la medida cautelar.  
 
Lo anterior a fin de determinar si la exigencia impuesta por el cambio legislativo 
resulta ser constitucional o no a partir del principio de igualdad ante la ley 
analizado en el segundo capítulo; y para ello resulta necesario conocer en qué 
consiste la contracautela.  
 
Como punto de partida se tiene que Juvenal Gallardo Miraval (2000) considera 
que la contracautela puede definirse como una condición que deberá cumplir el 
solicitante para obtener una medida cautelar que tiene por finalidad garantizar 
el resarcimiento de los potenciales daños, que podría sufrir el demandado ante 
el supuesto que en el proceso principal la demanda sea declarada infundada 
(p. 40). 
Lo anterior en función a lo que indica Calamandrei al manifestar que la 

contracautela es “la prestación de la cual se ordena al interesado como 

condición para obtener una ulterior providencia judicial” (1945, p. 63). Por su 



29 
 

parte, Chiovenda sostiene que la contracautela o el acto de otorgar una fianza, 

permite garantizar una futura restitución de los daños al afectado con la medida 

cautelar ya sea por haberle quitado o reducido el goce de un bien (1948, p. 

282).  

El profesor Héctor Campos sostiene que el término “contracautela” tiene su 

origen en el derecho italiano, siendo que su uso está enfocado a dar mandato 

de otorgamiento de caución, por parte del demandante, con la finalidad de 

avalar el resarcimiento de los daños que hubiese sufrido el demandado o el 

afectado de una medida cautelar.  

Así pues, el término “caución” es el más adecuado debido a que este hace 

referencia a la finalidad que cumple ser consistente en asegurar que los daños 

que podría sufrir la contraparte ante el pedido cautelar.  

Sin embargo, el término caución y contracautela no se oponen; la caución hace 

referencia a un perfil conceptual, mientras que, la contracautela hace referencia 

a un perfil funcional (2015, p. 172-173).  

A pesar de ello, Juan Monroy Gálvez sostiene que el término adecuado debería 

ser caución, ya que contracautela resulta equivocado al partir de la premisa que 

ella consiste en la “cautela del demandado”, no obstante, la caución no tiene 

naturaleza cautelar, sino más bien, busca resguardar el trato justo y equitativo 

de las partes, al resguardar los intereses del afectado con una medida cautelar 

(2002, p. 200).  

Desde una perspectiva de la práctica jurisdiccional y arbitral consideramos que 

el término contracautela resulta más efectivo que el término caución en el 

ámbito peruano toda vez que puede llevar a equivocaciones interpretativas y 

doctrinarias. Como, por ejemplo, considerar a la contracautela como una 

garantía del ámbito civil.  

Por otro lado, se afirma que el fundamento de la contracautela radica en que 

sirve para lograr un equilibrio de las posturas de cada una de las partes dentro 

del proceso cautelar, con la finalidad de evitar perjuicios producto de ilegítimas 

actuaciones procesales. 



30 
 

En otras palabras, la contracautela representa un remedio que se ofrece a las 

partes con el propósito de evitar un impacto negativo en el patrimonio del 

afectado en caso la apariencia de un derecho sea declarada infundada 

posteriormente (Ledesma, 2013, p.42).  

Sin embargo, Ulises Yaya Zumaeta (s/f) señala que la caución tiene un 

propósito reparador en relación a la eventual ejecución de la medida cautelar 

que sea maliciosa o en todo caso, innecesaria; que generalmente es solicitada 

por la parte interesada y concedida por el órgano jurisdiccional que puede ser 

tanto el Poder Judicial o por medio del arbitraje. A manera que la contracautela 

tiene una aproximación casi similar puesto que representa una garantía en caso 

se produzca un injusto acto procesal (p. 96).    

En la misma línea de ideas, Arazi señala que la contracautela encuentra su 

fundamento en el principio de igualdad, ya que se busca un equilibrio entre las 

partes al posponer el derecho de contradicción del afectado. Toda vez que el 

peticionante tendrá asegurado su derecho aún no reconocido, pero se garantiza 

al afectado el resarcimiento de los daños que le podría generar el otorgamiento 

de la medida cautelar (1997, p.9-10). 

En esa misma línea de ideas, Hinostroza sostiene que la contracautela se basa 

en el principio de igualdad y en la necesidad de asegurar al futuro perjudicado 

el resarcimiento de los daños y perjuicios eventuales que pueda generar la 

ejecución de la medida cautelar, cuya pretensión en la que se busca garantizar 

puede resultar ser infundada (2006, p.46).    

A raíz de lo señalado en las líneas precedentes, se extrae que la contracautela 

encuentra su fundamento en el principio de igualdad, siendo que ésta sirve 

como instrumento para garantizar el resarcimiento de los potenciales daños que 

podría sufrir el afectado con la ejecución de la medida cautelar toda vez que su 

derecho de contradicción se ha visto postergado hasta dicha oportunidad. A su 

vez, funciona como un desincentivo para las partes que soliciten medicas 

cautelares de forma temeraria o sin mayor sustento.  

Ahora bien, en materia de arbitraje en contrataciones con el Estado, es usual 

que los contratistas ofrezcan como contracautela, las cauciones juratorias. 



31 
 

A fin de comprender la figura de la caución juratoria debemos enmarcarnos en 

el ámbito general de la contracautela. Este requisito, conforme señala el artículo 

613 del Código Procesal Civil, ha sido conceptualizado de la siguiente manera:  

 

Al respecto, debemos señalar que la contracautela puede ofrecerse de manera 

real o personal.  

Por un lado, la contracautela se realiza de manera real cuando el solicitante 

ofrece una garantía dineraria como aval frente a la medida cautelar ejecutada. 

Por otro lado, se da de manera personal cuando se materializa a través de una 

fianza o una caución juratoria. Esta última consiste en un documento mediante 

el cual la parte que solicita la medida cautelar se compromete a pagar un 

determinado monto a fin de asegurar los posibles daños y perjuicios que se 

puedan generar en contra del afectado con la ejecución de la medida cautelar 

concedida.  

En el marco normativo de Contratación Pública, resulta pertinente señalar que 

la novísima Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas aprobada 

por el Congreso de la República el 10 de mayo de 2024, y publicada en el diario 

el Peruano el pasado 24 de junio del presente año, señala en el artículo 86.1 lo 

siguiente: 

 

 



32 
 

Cabe destacar que en los últimos años se ha incrementado la problemática 

respecto al otorgamiento de medidas cautelares en arbitraje de contrataciones 

con el Estado. Sobre el particular, Ortiz señala que actualmente diversas 

empresas constructoras logran conseguir medidas cautelares defraudando al 

Estado mediante jueces y árbitros, en particular utilizando la figura del arbitraje 

de emergencia. (2022, p.1). 

Así, desde la práctica se aprecia que en algunos casos existen contratistas que 

realizan un “mal uso” del derecho a obtener medidas cautelares, por ejemplo, 

solicitando medidas cautelares ante árbitros de emergencia en centros de 

arbitrajes que no están contemplados en el convenio arbitral, entre otras 

acciones.  En esa línea, la problemática sobre la contracautela no se encuentra 

excluida debido a que esta representa un rol de garantía sobre la intervención 

de las medidas cautelares obtenidas por las empresas ante el Estado. 

En el presente trabajo, nos hemos enfocado en las medidas cautelares en 

arbitraje en contrataciones con el Estado, por lo que, de manera usual el 

afectado con este tipo de medidas es el Estado, de este modo, siendo que en 

la contratación pública el Estado vela por el interés público, resulta razonable 

exigir un monto de contracautela. 

No obstante, el cambio legislativo incorporado por el artículo 2 del Decreto de 

Urgencia N° 020-2020, el cual modifica el artículo 8 de la Ley de Arbitraje, 

aprobada mediante Decreto Legislativo 1071, resulta ser desproporcional e 

irrazonable puesto que pone en una situación desventajosa y agravante a los 

contratistas que quieran solicitar tutela cautelar de sus derechos.  

Esto en razón a que dicha disposición establece que, en caso el Estado sea el 

afectado con una medida cautelar, se le va a exigir a la contraparte (contratista) 

como contracautela, presentar una documentación legalizada que sirva como 

carta fianza a favor de la institución pública que resulte afectada, sin considerar 

que ello conllevaría a un mayor costo y congelamiento de capital de la 

contratista la cual podría haberlo reinvertido en alguna otra prestación a fin de 

incrementar sus ingresos. 

 



33 
 

3.2. Artículo 8.2. de la Ley de Arbitraje - Exigencia de contracautela por un 
monto no menor a la garantía de fiel cumplimiento únicamente a los 
privados para solicitar medidas cautelares contra el Estado en arbitrajes 
sobre Contratación Pública. 

El artículo 8.2 de la Ley de Arbitraje establece en su segundo párrafo 

textualmente lo siguiente: 

  

Como podemos apreciar, el segundo párrafo incorporado mediante el artículo 

2 del Decreto de Urgencia N° 020-2020, es el que establece la exigencia como 

contracautela de una fianza bancaria cuyo monto no puede ser menor a la 

garantía de fiel cumplimiento presentada por el Contratista al momento de 

suscribir el contrato con el Estado, es decir, debe ser igual o mayor al diez por 

ciento del monto total del contrato. 

Respecto a la fianza como medio de contracautela, Robles Meza (2020) cita a 

Ledesma y a la opinión de la misma al indicar que en la contracautela sí puede 

expresarse por medio de la fianza, al ser una garantía procesal que se presta 

a un tercero. En tanto, aquella documentación permite comprender que la 

contraparte cuenta con suficiente solvencia económica para responder ante 

alguna eventualidad que pueda generar posibles daños en contra del cautelado 

(p. 28).  

En efecto, se debe considerar que el Estado al ser un sujeto perpetuo, es difícil 

considerar que no pueda responder alguna eventualidad puesto que cuenta con 

un alto presupuesto que se le aprueba cada año, así como también cuenta con 

patrimonio que le permite responder ante algún incumplimiento. 

Aunque, dicha situación no compartiría su contraparte, esto en la medida de 

que generalmente cuentan un determinado capital o presupuesto que, al 

excederse, la normativa le permite liquidarse por falta de liquidez vía concursal 

lo cual es un serio riesgo. 



34 
 

Desde otra perspectiva, Christian Collantes (2020) señala que dicha fianza 

bancaria que será direccionada a favor de la Entidad estatal afectada no debe 

ser menor al valor de la garantía de fiel cumplimiento que ha sido establecido 

previamente en el contrato.  

Además, que dicha modificación es desfavorecedora e injustificada puesto que 

el Estado le exige a la contratista el cumplimiento de una carga adicional para 

que esta última puede ejercer de manera efectiva su derecho a solicitar y 

obtener una medida cautelar (p. 273).  

Cabe destacar que la norma otorga competencia la competencia del control de 

la medida cautelar y del monto de la contracautela tanto al juez como a los 

árbitros, en sintonía con el artículo 47 de la Ley de Arbitraje que permite que, 

en sede arbitral, el árbitro pueda dictar o graduar las medidas cautelares por lo 

cual podría llegar a la posible interpretación de que por medio de esta vía se 

pueda eliminar cualquier contracautela impuesta en sede judicial, en tanto, 

dicha disposición no adopta dicha institución referida a la contracautela. 

A su vez, Rodrigo Rabines Matta (2020) manifiesta que la contracautela 

representa una manera de garantizar la indemnización por los daños que le 

puede ocasionar a la parte que se vea afectada con una medida cautelar que 

en el presente caso va a ser el Estado. En ese sentido, resulta extraño que en 

la modificación normativa que se haya establecido de manera indiscriminada 

que tal garantía tenga que ser de igual valor que la garantía de fiel cumplimiento 

establecido en las Bases del contrato. Por lo tanto, no es nada proporcional ni 

razonable que se fije ese monto como una base fija, y se le prive de dicha 

decisión al juez o árbitro (p. 293). 

Incluso, Mario Castillo Freyre indica que la modificación es sumamente 

arbitraria puesto que hay un evidente tratamiento distinto que reciben los 

particulares con el Estado, puesto que el particular siempre va a tener que 

garantizar el otorgamiento de una medida cautelar con la presentación de una 

fianza con los requisitos que ha establecido la norma modificada. Aunque esto 

cambia en la situación en el cambio de roles en tanto el Estado es quien haya 

solicitado y otorgado la medida cautelar en las cuales no se tendrían que 



35 
 

cumplir con los mismos estándares establecidos en la mencionada disposición 

normativa (2022, p. 4). 

En síntesis, somos de la postura que esta modificación normativa afecta el 

derecho de igualdad ante la ley, pues está imponiendo un monto irrazonable -

sin una justificación para tal diferenciación- para que una de las partes dentro 

de un proceso pueda obtener tutela cautelar, afectando además otros principios 

como el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. 

 

3.3 Contracautela e igualdad en el acceso a la justicia.  

Tal como se advierte de la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia 

materia de comentario, el legislador sostiene que la propuesta de cambio 

normativo es urgente, en la medida que existen obras públicas paralizadas. Al 

respecto pone como ejemplo el caso de los hospitales regionales de Cuzco, 

Tacna y Junín. (Exposición de Motivos del DU 20-2020, p. 4) 

En el caso concreto de las cautelares, el sustento que esgrime el Legislador 

radica en que los contratistas abusan del uso de esta figura procesal, lo que 

ocasiona efectos perjudiciales para el Estado, paralizando obras y como 

consecuencia de ello afectando a la población y a los servicios públicos 

(Exposición de Motivos del DU 20-2020, p. 6). 

En efecto, la Contraloría General de la República (2023) emitió un reporte sobre 

las obras paralizadas en el país en el que se determinó un total de 2,171 obras 

públicas paralizadas por un importe total de S/. 28,199 millones de soles y 2,054 

servicios sujetos bajo el control simultáneo, posterior y previo (Reporte de 

Contraloría, p.8). 

Ante dicho inconveniente que resulta preocupante se ha ido contratando 

diversos estudios de abogados especializados en arbitraje por los cuales los 

gastos son sumamente altos. A partir de las causas derivadas de lo indicado 

en el párrafo anterior, ahora se va a exigir que los contratistas tengan que 

presentar de una carta fianza, como requisito de procedencia para el 

otorgamiento de una medida cautelar, lo cual, a criterio del legislador tendría 

un doble efecto positivo: i) garantizaría el resarcimiento por los daños que se 



36 
 

podrían generar al Estado producto de la cautelar y, ii) disminuiría el uso 

indebido y abusivo de esta figura procesal (Exposición de Motivos del DU 20-

2020, p. 6). 

No obstante, como se puede apreciar, el Estado ha tenido que generalizar una 

situación que se ha presentado en casos específicos de malos manejos en 

obras públicas debido a problemas más complejos como la corrupción y que no 

constituyen la mayoría de casos en el mundo del arbitraje en contratación 

pública, por lo que de dicho sustento plasmado en la Exposición de Motivos, se 

advierte que no existe un fundamento razonable ni objetivo para establecer 

mediante ley un tratamiento desigual que faculte al Estado a contravenir el 

ordenamiento jurídico constitucional.  

Sin embargo, con la promoción de la modificación legislativa, no se han 

valorado ciertos principios y derechos como el derecho a la igualdad, regulado 

en artículo 2º de la Constitución; sobre el cual el Colegiado Constitucional ha 

señalado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: 

 
(STC N° 02835-2010-PA/TC, FJ 38). 
 

Nos encontramos entonces ante un derecho que exige tratar a las personas de 

la misma forma que quienes se encuentren en una situación idéntica  

Luis Alberto Huerta ha señalado, por otro lado, que el mencionado artículo 

constitucional que hace referencia al derecho de la igualdad tiene un enfoque 

sobre la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Ahora bien, el 

derecho a la igualdad no posee un reconocimiento general, pues existe una 

mera referencia a dicho derecho ante la ley como una de sus manifestaciones. 

En dicho artículo tampoco se menciona el deber del Estado en adoptar medidas 

o políticas públicas con la finalidad de lograr una igualdad material, en favor de 



37 
 

las personas que se encuentran en una situación de desigualdad. Aunque, esto 

no prohíbe o impide que en el desarrollo jurisprudencial se precisen 

determinados alcances sobre dicho derecho, y adopten las medidas necesarias 

a fin de salvaguardarlo hacia una tendencia de igualdad material (2005, p. 309). 

En efecto, se entiende que por mandato constitucional las normas deben ser 

aplicables por igual, por tanto, la sola razón de que el Estado actúe como parte 

de un arbitraje producto de un contrato suscrito con un privado, más allá de las 

prerrogativas que ya tiene por su calidad de entidad pública; no implica que se 

deban admitir exigencias legales que contravienen el principio constitucional de 

igualdad. 

En este orden de ideas, desde nuestra perspectiva, el requisito es exigido 

(únicamente a los privados) por medio del Decreto de Urgencia N°020-2020 en 

donde ya no se trata de una contracautela, sino en muchos casos, significaría 

un inconstitucional obstáculo al derecho de acceso a la tutela de urgencia.  

Esto en la medida de que la norma establece de manera genérica un monto 

mínimo de la carta fianza (10% del monto contractual), sin tomar en 

consideración que muchas veces la pretensión cautelar busca tutelar 

pretensiones declarativas o patrimoniales por montos menores al prefijado por 

ley.  

Por tanto, teniendo en consideración que el principio de igualdad representa un 

una base constitucional que exige la igualdad de trato en todas las situaciones 

jurídicas, y con mayor razón en arbitrajes donde debe respetarse el derecho al 

debido proceso, el cual implica que ambas partes cuenten con las mismas 

oportunidades de ejercer su derecho de defensa, consideramos que de exigirse 

la contracautela con la cuantía mínima prefijada por ley a que hace referencia 

al Decreto se configuraría un desbalance respecto a la parte privada y a la 

pública, por lo que debería analizarse en cada caso en concreto cuál es el 

petitorio cautelar para establecerse el monto de la carta fianza exigida, lo 

contrario, significará, reiteramos, una inconstitucional brecha para el acceso a 

la tutela de urgencia para las partes privadas. 

 



38 
 

3.4. Contracautela y tutela judicial efectiva.  

El Colegiado Constitucional ha establecido que “la tutela judicial efectiva es 

un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 

persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales” (Sentencia del TC, Expediente N° 763-2005-PA/TC, 

Fundamento Jurídico 6) .  

Es importante señalar que el derecho a la tutela jurisdiccional, que se encuentra 

reconocido en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política vigente, 

contiene al derecho de acceso a la justicia, el cual, garantiza, entre otras cosas, 

la posibilidad de recurrir al órgano jurisdiccional a pedir que resuelvan una 

controversia. Este derecho también puede poseer límites. Sin embargo, precisa 

el TC que, cualesquiera que sean las restricciones que se establezcan, su 

validez depende de que éstas no obstaculicen de manera irracional el acceso 

de una persona a un órgano jurisdiccional (Sentencia del TC, Expediente N° 

2763-2002-AA/TC, Fundamento Jurídico 4). 

Al respecto, como ya hemos analizado, la propia exposición de motivos del 

Decreto de Urgencia 20-2020 citada en los párrafos precedentes, establece 

como la razón de ser de esta norma evitar el uso indebido y abusivo de las 

cautelares.  

No obstante, el legislador en dicha exposición no ha acreditado de manera 

fundamentada que nos encontremos ante un escenario general de malas 

prácticas de parte de los contratistas que solicitan medidas cautelares.  

Por ello, consideramos que esta generalización no cuenta con sustento que 

permita comprender que la implementación de normas de esta naturaleza, no 

pueda vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al establecerse una 

exigencia únicamente a los privados, que no resulta razonable ni proporcional. 

Aun cuando, Carlos Alberto Matheus López (2014) indica que el procedimiento 

arbitral se debe fijar sobre las bases de los principios de audiencia, 

contradicción y de igualdad que deben estar entrelazados entre las cuales las 

partes gozar de actuaciones procesales en un plano de igualdad que les 

permita ejercer su derecho de contradicción (pp. 161). 



39 
 

A mayor abundamiento, la doctrina sostiene sobre el Decreto materia de 

análisis que el mismo impone un monto mínimo equivalente a la garantía de fiel 

cumplimiento a la carta fianza que debe presentar el privado como 

contracautela  

Sin embargo, se tiene que contemplar que la contracautela resulta ser una 

garantía que puede tener una naturaleza tanto personal como real, la cual se 

ofrece y no se presenta en el momento de la solicitud de una medida cautelar. 

De modo que tanto los jueces y árbitros pueden aceptar la propuesta o hacer 

modificaciones a esta con el fin de garantizar de manera adecuada al afectado. 

Sobre el particular, se evalúa de manera previa sobre las circunstancias y la 

magnitud de los daños que se ocasionarían. (Horna, 2020, p.1).  

En el presente caso, el mencionado Decreto inclina más la balanza hacia el 

Estado. De tal forma, no importa cuál sea la medida cautelar y su afectación, 

ya el solicitante debe presentar una carta fianza conforme al monto mínimo 

establecido por la ley. En ese sentido, si no se cuenta con los recursos o 

capacidad para costearlo, resultará sumamente difícil que reciba tutela cautelar 

(Horna, 2020, p.1). 

En ese sentido, resulta evidente que la exigencia del Decreto de Urgencia 20-

2020 limita la tutela judicial únicamente a la parte privada dentro de un arbitraje 

con el Estado. 

 

3.5. Razonabilidad del monto exigido como contracautela en arbitrajes 
sobre Contratación Pública  

El Tribunal Constitucional ha desarrollado en diversa jurisprudencia que la 

razonabilidad es un valor intrínsecamente vinculado al de justicia y se 

encuentra intrínsecamente relacionado a la esencia del Estado constitucional 

de derecho.  

Adicionalmente, ha establecido que la razonabilidad es también un mecanismo 

que sirve de control o interdicción de la arbitrariedad respecto de las facultades 

discrecionales que poseen el Estado y en esa medida exige que sus decisiones 



40 
 

sean tomadas en función a criterios razonables y no producto de una 

arbitrariedad (STC N° 1803-2004-AA/TC, FJ 12).  

De modo que Perello Domenech (s/f) señala que este principio resulta un 

importante instrumento de la justicia constitucional hasta el punto que se ha 

buscado equiparar el análisis de razonabilidad con el de constitucionalidad, 

tanto en su contenido (sólo lo razonable es constitucional) así como en su límite. 

De la forma que en distintos desarrollos jurisprudenciales hizo uso del test de 

razonabilidad sobre determinados derechos a fin de probar una posible 

vulneración a derechos fundamentales (p. 78). 

Ahora bien, se tiene que considerar que las razones expuestas en la exposición 

de motivos del Decreto materia de análisis en esta investigación en el que 

busca imponerse la exigencia de una fianza con un monto prefijado por ley para 

la concesión de una medida cautelar resultan insuficientes, además de no 

haber desarrollado la razonabilidad de esta medida, más allá de esbozar 

superficialmente un análisis costo beneficio.  

Cabe precisar que en el marco de la contratación pública, los contratistas tienen 

la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento como requisito para 

suscribir el contrato. No obstante, consideramos importante realizar la 

diferencia de esta garantía que constituye un requisito legal para suscribir un 

contrato con el Estado, mientras la contracautela constituye un requisito 

procesal para obtener una medida cautelar.  

En efecto, la postura que se pretende direccionar es que, si bien es necesario 

que los contratistas presenten una carta fianza como contracautela, el valor 

mínimo no puede ser establecido de manera genérica por el legislador. Por el 

contrario, resulta más razonable que sea establecido por el juzgador en el caso 

en concreto, teniendo en cuenta la cuantía de la pretensión solicitada. 

Recordemos que la norma modificada establece que el monto de la 

contracautela no debe ser menor al de la garantía de fiel cumplimiento, es decir 

al 10% del total del monto contractual. Esto significa que sin importar cual sea 

el pedido cautelar, la carta fianza deberá ascender a dicho monto. 



41 
 

Sin embargo, en muchos casos la pretensión cautelar está referida a un monto 

incluso menor al del 10% del monto contractual, por lo que consideramos que 

la regla general debería ser que el monto de la contracautela debe ascender al 

10% de la cuantía que se solicita. 

Es preciso señalar que la Ley Nº 31589, Ley que garantiza la reactivación de 

obras públicas paralizadas, publicada el 22 de octubre de 2022 pretende 

postular una postura más razonable en el monto exigido como contracautela. 

Así pues, en su segundo párrafo del numeral dos de la Tercera Disposición 

Complementaria Final, que regula la tramitación de las medidas cautelares, 

señala lo siguiente sobre el monto de la contracautela: “Si el monto de la 

solicitud cautelar es menor a la garantía de fiel cumplimiento, el monto de 

la contracautela es equivalente al monto protegido por la medida 

cautelar.” 

Esta norma citada si bien significa un avance en el caso de la cuantificación de 

la contracautela para los casos de obras públicas paralizadas, aún significa un 

monto irrazonable, pues consideramos que deberían ascender al 10% de la 

cuantía cautelar solicitada. 

Sin embargo, Luis Enrique Ames (s/f) indica que en el inciso 2 del artículo 2 de 

la citada normativa se exige que la interposición de una medida cautelar debe 

estar acompañada de la presentación a su vez de la contracautela que debe 

estar debidamente acreditada, y guardar armonía con el Decreto.  

Aunque, la primera disposición se da por una cuestión de hecho y no de 

derecho en la cual permite que la contracautela pueda acreditarse con fianzas 

patrimoniales, pero podría resultar contradictoria sobre la segunda, puesto que 

esta se limita sobre las fianzas bancarias que son de carácter no patrimoniales 

(p. 3).  

En tanto, ya en la doctrina se ha sostenido enfáticamente que la regla genérica 

del Decreto “vulnera el principio constitucional de igualdad, que forma parte de 

la tutela cautelar efectiva en el arbitraje” (Matheus, 2020, p.1).  

 

 



42 
 

3.6. Aplicación del Test de Proporcionalidad sobre el Decreto de Urgencia N°020-
2020. 

Diversos operadores de justicia han determinado que el test de 

proporcionalidad cumple el propósito de servir una herramienta metodológica 

de interpretación y argumentación jurídica que es moldeada y en diversas 

formas precisada por el máximo órgano de justicia.  

Así, a través de este test se pueden determinar la conflictividad y colisión entre 

principios y derechos en los que unos prevalecen sobre otros y que usualmente 

sucede con normativas recientemente aprobadas vía legislativa (Baldera: 2023, 

p.1) 

Aunque si bien Pedro Grández Castro (2009) indica que respecto al test de 

proporcionalidad que esta guarda un gran vínculo con la doctrina mayoritaria 

en los que se hace referencia a la protección de la dignidad humana, así como 

también de las cláusulas establecidas en todo Estado Democrático en los que 

se han ido incorporando continuamente en sus constituciones (p. 1). Con lo cual 

resulta relevante el presente test a fin de observar la constitucionalidad de la 

cuestionada norma 

En efecto, si es que una normativa resulta ser cuestionable, esta podría pasar 

por el test de proporcionalidad entre las cuales tiene que superar los siguientes 

grados o subprincipios, tales como: 

 

i) Finalidad legítima: Está vinculada a que si la medida aplicada en la 

normativa cuestionada responde a un fin legítimo y no 

discriminativo en la cual no tiene que carecer de razonabilidad. 

ii) Idoneidad: En este subprincipio se busca identificar que si la 

medida aplicada en la normativa resulte ser la menos dañina sobre 

la limitación de algún derecho fundamental 

iii) Necesidad: En esta se comprende que la restricción o limitación de 

algún derecho fundamental resulte ser lo suficientemente 

necesario para satisfacer el fin legítimo que se busca, pero la 

medida adoptada sea a su vez la menos gravosa. 



43 
 

iv) Proporcionalidad en sentido estricto: En base a este último 

subprincipio se busca determinar el por qué la normativa le ha 

otorgado a un grupo selecto darles un trato diferenciado para que 

les permita alcanzar el fin legitimo esperado. De modo que se va a 

realizar una comparación entre las ventajas y desventajas que 

puede traer consigo la vigencia de dicha normativa sobre la 

sociedad. 

Bien cabe a estas alturas de todo lo abordado en el presente trabajo en relación 

con el Decreto de Urgencia N°020-2020 que dicha norma ostenta una 

manifiesta inconstitucionalidad que viola un principio y derecho fundamental 

vinculado a la igualdad ante la ley. 

Es evidente que la manifiesta discriminación al imponer un monto determinado 

o prefijado como contracautela únicamente a la parte privada en el marco de 

un arbitraje con el Estado para buscar tutela cautelar.  

Aunque dicha situación no le sucede al Estado que actúa por medio de alguna 

de sus instituciones públicas entre las cuales podría solicitar la medida cautelar 

sin que necesariamente tenga que adjuntar la fianza u otra análoga para tener 

acceso a la justicia.  

Por lo tanto, no se está ante un trato diferenciado que resulte ser viable y legal, 

sino ante una situación de desigualdad e inconstitucional puesto que las partes 

se presume que están bajo las mismas condiciones a fin de que no surja en un 

principio, una especie de desbalance y aprovechamiento del estado del otro. 

No obstante, se observa la posibilidad de regular o de disponer diversos 

mecanismo menos gravosos tales como la reducción del estándar exigido como 

contracautela al 10% de la pretensión cautelar solicitada o que sea el mismo 

Tribunal Arbitral quien determine la pertinencia y alcance de la contracautela 

en cada caso en concreto. 

 

IV. Posibles soluciones al problema 

4.1. La posibilidad de realizar control difuso contra estas normas por parte 
del Tribunal Arbitral 



44 
 

4.1.1. El respeto del arbitraje a los principios constitucionales y derechos 
fundamentales. 

Giusseppi Vera Cacho (2013) indica que el origen de la jurisdicción parte de su 

esencia y dimensión por las cuales es netamente una de las manifestaciones 

del poder del Estado, entre las cuales se crean órganos de control para que 

ejerzan determinadas funciones. Por ende, entre uno de estos se le da el poder 

de impartir justicia a fin de que puedan resolver los diversos conflictos que se 

suscitan cotidianamente. Así que el poder absoluto de que la decisión sea 

definitiva se ejercer por medio de la coerción en cumplimiento de las decisiones 

del juez que aplica la ley. 

No obstante, este poder jurisdicción no está únicamente bajo el control 

constitucional, sino también de manera explícita el artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú establece la existencia de otras jurisdicciones 

independientes tales como la militar y arbitral por las cuales, las decisiones que 

se tomen por estas vías se limitan bajo los principios constitucionales, y a la 

vez tienen reconocimiento para ejercer su validez ante alguna disconformidad 

que busque desconocerla (pp. 17-19). 

Un notable ejemplo se tiene con el caso Cantuarias (en donde se contrasta el 

reconocimiento de la jurisdicción independiente con la que cuenta la vía arbitral 

de modo que sus decisiones remitidas por medio de laudo, no pueden ser 

cuestionados en su fondo en respeto del principio de no interferencia. De modo 

que este último principio se infiere y cuya extracción se deduce del numeral 2 

del artículo 139 de la Carta Magna. 

Por lo tanto, hay un evidente caso de reconocimiento constitucional tanto por el 

órgano máximo jurisdiccional que puede interpretar la Constitución como por la 

misma normativa que se encuentra en el máximo grado de reconocimiento en 

las cuales da origen a otras normas con grado de legalidad. En ese sentido, se 

infiere que las decisiones adoptadas gozan del mismo respaldo que una 

decisión judicial, la cual puede tener la calidad de cosa juzgada, con 

posterioridad. 

Dicho esto, Reynaldo Bustamante Alarcón (2013) tiene una opinión semejante 

al autor anterior al indicar que el propio Tribunal Constitucional reconoce que, 



45 
 

la autonomía de la jurisdicción arbitral posee una consagración constitucional, 

lo que exige que este mecanismo respete los derechos fundamentales que, a 

su vez, estos últimos construyen los criterios de validez de todo ordenamiento 

jurídico (pp. 398). 

 

4.1.2. ¿El árbitro tiene la capacidad de ejercer control difuso? 

Tal como hemos señalado en el primer capítulo de la presente tesis, 

reconocemos una naturaleza mixta del arbitraje, en tanto su origen recae en la 

voluntad de las partes de pactar este medio de solución de controversias en 

sus contratos; y por su parte, nuestro ordenamiento jurídico ha dotado de un 

reconocimiento constitucional de la función arbitral como un ejercicio de 

jurisdicción.  

Este reconocimiento como jurisdicción cuenta a la vez con respaldo 

jurisprudencial que se tuvo con el conocido caso Cantuarias, por lo que no 

podría resultar extraño que los árbitros tengan similares facultades a las de un 

juez en sede judicial.  

Sin embargo, el artículo 138 de la Constitución establece que el control difuso 

tiene como finalidad inaplicar normas que le pueden resultar violatorias a la 

Constitución, por las cuales los jueces la inaplican. En ese sentido, solo se le 

permite de manera expresa a que el juez pueda ejercer dicha facultad. 

Dicho esto, Oswaldo Hundskopf Exebio (2006) señala que el arbitraje al ser una 

jurisdicción más, no se le podría privar de ejercer dicha función al árbitro puesto 

que este puede considerar que hay una grave transgresión normativa contra la 

Constitución. De tal modo que se llega a la inferencia de que el control difuso 

es una facultad única que recae sobre el juez, sino es un deber de todo 

operador imparcial que ejerce justicia; por lo tanto, es un deber propiamente 

que recae en el árbitro el ejercer el control difuso. 

A lo anterior, resulta necesario añadir la preminencia del principio de 

supremacía constitucional que concurre con el de jerarquía normativa por las 

cuales es obligatorio para todos los gobernantes y gobernados, sin excepción 

alguna. Por ende, no pueden haber argumento con asidero legal y justificada 



46 
 

que exima al árbitro del ejercicio de un control constitucional durante el proceso 

arbitral, puesto que estos buscan asegurar al justiciable darle todas las 

garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva (pp. 

9,10) 

El Tribunal Constitucional ha establecido acertadamente en el precedente 

vinculante “María Julia” que el arbitraje en tanto constituye una jurisdicción 

independiente, al ser jurisdicción cuenta con todas las garantías de un órgano 

jurisdiccional, dentro de ellas la facultad regulada en el artículo 138 de la 

Constitución de ejercer control difuso de constitucionalidad (Sentencia del TC 

N° 142-2011-PA/TC, Fundamento 24). 

Por tanto, teniendo en consideración que la modificación normativa del artículo 

8° inciso 2de la Ley de Arbitraje, vulnera en los casos donde el petitorio cautelar 

sea menor al 10% del monto contractual: i) el principio de igualdad ante la ley, 

ii) el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y; iii) el principio de 

razonabilidad, los cuales cuentan con reconocimiento constitucional, 

consideramos que los Tribunales Arbitrales (como ya lo vienen realizando) se 

encuentran facultados para hacer uso del control difuso en el marco del 

reconocimiento establecido en el precedente establecido por el TC en la 

sentencia recaída en el expediente N° 142-2011-PA/TC, e inapliquen esta 

exigencia cuando resulte desproporcionada, y a su criterio establezcan un 

monto razonable para exigir la presentación de la carta fianza a los privados en 

el marco de las medidas cautelares solicitadas en los arbitrajes en Contratación 

Pública. 

 

4.2. Propuesta de cambios normativos. 

En atención a lo desarrollado en la presente investigación, además de la 

facultad constitucional que tienen los tribunales arbitrales de ejercer control 

difuso, consideramos que existen algunos cambios normativos que podrían 

solucionar esta vulneración al derecho de igualdad ante la ley que presenta 

actualmente el artículo 8.2 de la Ley de Arbitraje. 



47 
 

Como ya hemos señalado anteriormente la Ley Nº 31589, ha establecido una 

postura más razonable señalando que si “el monto de la solicitud cautelar es 

menor a la garantía de fiel cumplimiento, el monto de la contracautela es 

equivalente al monto protegido por la medida cautelar”. 

En similar sintonía, en el marco de un desarrollo de políticas legislativas, el 

Congreso de la República ha aprobado recientemente el 10 de mayo de 2024 

la denominada Ley General de Contrataciones Públicas, norma en cuyo artículo 

86.3 se establece lo siguiente:  

 

No obstante, consideramos que bajo ese supuesto igualmente significaría un 

monto irrazonable. Para una mejor ilustración, veamos el siguiente ejemplo: 

Un contratista privado tiene un contrato con el Estado por un monto ascendente 

a 100000.00 soles, al respecto, solicita vía cautelar el pago de una valorización 

ascendente a 5000.00 soles. A continuación, se detallan los montos que 

debería pagar el contratista como contracautela bajo las siguientes normas: 

- Art. 8.2 de Ley de Arbitraje modificada por el Decreto de Urgencia N° 

020-2020. 

- Ley Nº 31589 y nueva Ley General de Contrataciones Públicas 

- Propuesta normativa 

Art. 8.2 Ley de Arbitraje 
(modificado por DU. 020-
2020 

Ley Nº 31589 y Ley 
General de 
Contrataciones 
Públicas 
 

Propuesta normativa 
(20% del monto del 
petitorio cautelar) 
 

10000 soles  5000 soles  1000 soles 

 



48 
 

Así pues, consideramos que en caso el petitorio cautelar sea por un monto 

menor a la garantía de fiel cumplimiento (10% del contrato), la contracautela 
deberá ascender al 20% del monto del pedido cautelar. 

En ese sentido, la redacción de nuestra propuesta normativa, en relación a la 

contracautela, sería bajo el siguiente tenor: 

“Si la controversia se refiere a una pretensión cuantificable y el monto en 

disputa es menor que la garantía de fiel cumplimiento, el valor de la 

contracautela es equivalente al veinte por ciento del monto de la pretensión 

referida en la solicitud cautelar”. 

Dicha propuesta radica en entender que el monto de la contracautela “no puede 

ser igual al valor de la pretensión de la demanda principal, porque dicho valor 

no tiene por qué tener relación alguna con el daño que pueda sufrir el afectado 

con la medida” (Reggiardo, 2015, p.219).  

Por tanto, consideramos que en casos donde el petitorio cautelar sea 

cuantificable y sea por un monto menor a la garantía de fiel cumplimiento, el 

20% es un monto razonable de exigir al Contratista a efectos de que su derecho 

de acceso a la tutela jurisdiccional en su vertiente cautelar no se vea afectado; 

y, por otro lado, resguardando a la Entidad ante posibles daños en caso la 

demanda sea desestimada luego de culminar el arbitraje. 

En este punto es importante recordar que “la contracautela no funciona como 

una cláusula penal que reemplaza automáticamente a la indemnización del 

daño.” (Reggiardo, 2015, p.225).  

Por tanto, el afectado con la medida cautelar en caso acredite que el daño 

causado sea mayor al garantizado, podrá solicitar al Tribunal Arbitral una 

indemnización por daños y perjuicios previo contradictorio, al amparo del 

numeral 8 del artículo 47 de la Ley de Arbitraje.  

Para finalizar, otra opción, es dejar en discrecionalidad de los árbitros la fijación 

del monto de la contracautela, sin embargo, consideramos que esta solución 

afectaría principios como la seguridad jurídica, pues resulta evidente que cada 

Tribunal tendrá sus propios criterios. 



49 
 

Al respecto, consideramos que la norma debe servir como parámetro para fijar 

un monto razonable que permita equilibrar la protección del demandado y 

afectado con la ejecución de la medida cautelar, en este caso, el Estado; y por 

otro lado, evitar que una contracautela con un monto excesivamente oneroso 

signifique una barrera para acceder a la tutela jurisdiccional cautelar a los 

contratistas privados. 

 

V. Conclusiones 

a) El arbitraje presenta las ventajas de celeridad, flexibilidad, 

confidencialidad y especialidad, respecto a la justicia ordinaria que 

brinda el Poder Judicial, lo que generó que en el Perú sea el mecanismo 

obligatorio de solución de controversias en el marco de los contratos 

estatales. 

b) A partir de los datos estadísticos de los laudos en arbitrajes con el 

Estado, podemos apreciar que el Estado en el marco de los arbitrajes en 

contratación pública posee resultados meridianamente favorables por lo 

que no es cierto que sea la parte “débil” en un arbitraje. 

c) Consideramos que el sustento del Decreto de Urgencia N° 020-2020 

referente a la exigencia únicamente a los privados a presentar como 

contracautela una carta fianza cuyo monto mínimo debe ser ascendente 

al 10 % del total del monto contractual, señalado en la exposición de 

motivos de dicha norma, resulta insuficiente, pues generaliza sin mayor 

desarrollo casos específicos donde han existido actos de corrupción y 

mala praxis en materia de arbitraje en contratación pública. 

d) El Artículo 8.2. de la Ley de Arbitraje que exige la contracautela por un 

monto no menor a la garantía de fiel cumplimiento únicamente a los 

privados para solicitar medidas cautelares contra el Estado en arbitrajes 

sobre Contratación Pública, entra en colisión con el derecho de igualdad 

ante la ley. 

e) El requisito de presentar una contracautela por un monto irrazonable 

está relacionada con la igualdad en el acceso a la justicia y a la tutela 

judicial efectiva, por lo que si se mantiene en la práctica la exigencia 

genérica regulada por la modificatoria establecida por el Decreto de 



50 
 

Urgencia N° 020-2020 significará una inconstitucional barrera de acceso 

a la tutela de urgencia para las partes privadas. 

f) El monto a exigir como contracautela debe ser razonable a la cuantía de 

la pretensión cautelar que se está solicitando y desde nuestra 

perspectiva un monto adecuado sería el 10% del pedido cautelar. 

g) En la práctica, existen contratistas que realizan un mal uso de la tutela 

cautelar en el marco del arbitraje en contratación pública, recurriendo a 

medidas cautelares bajo arbitrajes de emergencia irregulares, no 

obstante, ello no significa que el legislador, deba fijar normas 

inconstitucionales. 

h) Los Tribunales Arbitrales podrán ejercer control difuso sobre la norma 

materia del presente trabajo, cuando en cada caso en concreto adviertan 

que se está vulnerando el principio de igualdad en acceso a la justicia, 

la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de razonabilidad al imponer 

un monto irrazonable en la carta fianza exigida como contracautela. 

i) Nuestra propuesta consiste en fijar como monto de la contracautela el 

veinte por ciento de la pretensión cautelar cuando la misma sea 

cuantificable y el monto en disputa sea menor al de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

j) La contracautela debe buscar un equilibrio entre la protección al afectado 

con la medida cautelar (desincentivando pedidos temerarios); con la 

protección al acceso a la tutela jurisdiccional cautelar de los accionantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

VI. Bibliografía 

● Álvarez Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional. Vol. I. Madrid: 

Tecnos. 4.° edición, 2003. 

● Ames, Luis  (s/f). Comentarios a la Ley N°31589, Ley que garantiza la 

reactivación de obras públicas paralizadas. En: 

https://www.caeperu.com/columnistas/luis-enrique-

ames/pdf/comentarios-a-la-ley-n-31589.pdf 

● Amprimo Plá, Natale (2013). La tutela cautelar arbitral. IUS ET PRAXIS, 

Revista de la Facultad de Derecho, número 44, pp. 59-79. 

● Arazi, Roland. (1997). Capítulo I: Normas Generales. En Medidas 

Cautelares (pp. 1-42). Editorial Astrea. 

● Ariano, Eugenia. (2013). Arbitraje, tutela cautelar e imparcialidad 

"objetiva" del juzgador: un tema para el debate. Athina, (010), 107-

125. 

● Ariano Deho Eugenia (2014), Estudios sobre la Tutela Cautelar, Gaceta 

Jurídica S.A., Lima. 

● Balderas Espinoza, Luis Fernando (2023). ¿Qué es el test de 

proporcionalidad? En: https://www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-

el-test-de-proporcionalidad-hegewischlopez/?originalSubdomain=es 

● Barona Vilar, Silvia,( 2004) Comentarios a la Ley de Arbitraje. Thomson 

Civitas, primera edición, Madrid. 

● Bullard González, A. (2008). ¿Es un arbitraje un juicio? Arbitraje 

Comercial y Arbitraje de Inversión: El Arbitraje en el Perú y el mundo, 

145-153. Instituto Peruano de Arbitraje. 

● Buongermini, María (s/f). Las Medidas Cautelares. En: 

https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%

ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf 

● Bustamante Alarcón, Reynaldo (2013). La constitucionalización del 

arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en torno a la relación del 

arbitraje con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de 

derecho, número 71, pp. 387-411. En: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32501.pdf 

https://www.caeperu.com/columnistas/luis-enrique-ames/pdf/comentarios-a-la-ley-n-31589.pdf
https://www.caeperu.com/columnistas/luis-enrique-ames/pdf/comentarios-a-la-ley-n-31589.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-el-test-de-proporcionalidad-hegewischlopez/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-el-test-de-proporcionalidad-hegewischlopez/?originalSubdomain=es
https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf
https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32501.pdf


52 
 

● Calamandrei, Piero. (1945) Introducción al Estudio Sistemático de las 

Providencias Cautelares. Traducción de Santiago Sentís Melendo. 

Editorial Bibliográfica, Buenos Aires. 

● Campos, Héctor. (2015). Breves apuntes dogmáticos y funcionales de la 

caución contracautela en el proceso civil peruano. En Sobre la Tutela 

Cautelar (pp. 165-212). Editorial Jurídica Themis. 

● Casaverde, Fiorella (2020). Medidas cautelares en el arbitraje. Revista 

Foro Académico, número 18, pp. 166-180.   

● Castillo Freyre, Mario (2022). El arbitraje con el Estado: Algunas 

consideraciones sobre el Anteproyecto de Ley para suprimir el arbitraje 

estatal. En: https://www.caeperu.com/noticias/pdf/el-arbitraje-con-el-

estado-mario-castillo-freyre.pdf 

● Castillo Freyre, Mario, y Ricardo Vásquez Kunze. 2006. Arbitraje: 

Naturaleza Y Definición. Derecho PUCP, n.º 59 (diciembre), p. 283. 

https://doi.org/10.18800/derechopucp.200601.012. 

● Castillo Freyre, Mario (2009). El Principio de Flexibilidad en el Arbitraje. 

Tercer Congreso Internacional de Arbitraje. Editorial Palestra Editores.  

● Castillo Freyre, M., y Sabroso Minaya, R. (2011). Arbitraje obligatorio y 

de derecho en la contratación pública. Iuris Tantum. Revista Boliviana 

de Derecho, (11), 204-221. 

https://www.redalyc.org/pdf/4275/427539908009.pdf         

● Castillo, Mario y Sabroso, Rita (2014): Comentarios a la Ley de Arbitraje. 

Primera parte, Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre, 

Palestra Ediciones, Lima 

● Cárdenas Mejía, Juan Pablo (2003). El arbitraje en equidad. Revista 

Vniversitas, número 105, pp. 347-374. En: 

https://www.redalyc.org/pdf/825/82510514.pdf 

● Castro, María (2022). Solución de controversias en materia de 

contratación pública: ¿sigue siendo el arbitraje la vía idónea? Biblioteca 

de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre Volumen 103. 

● Chappuis Cardich, J. (1994). La igualdad ante la ley. THEMIS Revista 

De Derecho, (29), 15-21. Recuperado a partir de 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11457 

https://www.caeperu.com/noticias/pdf/el-arbitraje-con-el-estado-mario-castillo-freyre.pdf
https://www.caeperu.com/noticias/pdf/el-arbitraje-con-el-estado-mario-castillo-freyre.pdf
https://doi.org/10.18800/derechopucp.200601.012
https://www.redalyc.org/pdf/4275/427539908009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/825/82510514.pdf
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11457


53 
 

● Chiovenda, Giuseppe (1948). Instituciones de Derecho Procesal Civil. 

Volumen I, traducción del italiano y notas de Derecho español por E. 

Gómez Orbaneja, 2da. edición. Editorial Revista de Derecho Privado, 

Madrid. 

● Collantes Rojas, Christian (2020). No utilizar en caso de emergencia: 5 

patología latentes en el procedimiento de árbitro de emergencia 

peruano. Themis Revista de Derecho, numero 77, pp. 265-283. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/23484  

● Congreso de la República del Perú (2021). Dictamen recaído en el 

Decreto de Urgencia 020-2020, Decreto de Urgencia que modifica el 

Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. 

● Contraloría General de la República (2023). Reporte de obras 

paralizadas en el territorio nacional a octubre de 2023 – N°0010-2023-

CG/SENC. En: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5464666/4876411-

informe-de-obras-paralizadas-octubre-2023.PDF 

● Cruz Solis, D. (2021). “La caución juratoria y su incidencia en caso el 

derecho que sustenta la pretensión sea desestimada con el derecho del 

afectado al resarcimiento de los daños y perjuicios, en el primer juzgado 

civil de Huánuco, 2019” [Tesis para optar el título profesional de 

Abogada]. Recuperado de: 

http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/2953?show=full 

● Dannon Alva, A. (2020). Una aproximación a los convenios arbitrales 

asimétricos: intuiciones sobre su tratamiento legal en el Perú. THEMIS 

Revista De Derecho, (77), 59-97. 

https://doi.org/10.18800/themis.202001.003 

● Díaz Revorio, F. (2017). Las dimensiones constitucionales de la 

igualdad. Pensamiento Constitucional, (22), 21-60. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/articl

e/view/19938/19960   

● Domenech, Perello (s/f). Notas sobre el concepto de razonabilidad y su 

uso en la jurisprudencia constitucional.  

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/23484
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5464666/4876411-informe-de-obras-paralizadas-octubre-2023.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5464666/4876411-informe-de-obras-paralizadas-octubre-2023.PDF
http://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/2953?show=full
https://doi.org/10.18800/themis.202001.003
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/19938/19960
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/19938/19960


54 
 

● Eto Bardales, Gerardo. 2020. La Extensión Del Convenio Arbitral a 

Partes No Signatarias En La Ley De Arbitraje Peruana. Derecho & 

Sociedad, (55), 445-460. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/2

3260. 

● Fernández-Ballesteros López (2000), M. A.: «Articulo 7128», en 

Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento civil (con RIFA y RIFA Y 

VALLS Gombau), Atelier, Barcelona. 

● Gallardo Miraval, Juvenal. Cautela y contracautela en el proceso civil. 

Tesis UNMSM disponible en: 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/gallardo_m_j/t_

completo.pdf 

● Gandolfo, Ricardo (2023) En defensa de las medidas cautelares para 

reactivar la economía. Ediciones Propuesta 

http://edicionespropuesta.blogspot.com/2023/04/en-defensa-de-las-

medidas-cautelares.html  

● González de Cossío, Francisco: SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA 

DEL ARBITRAJE HOMENAJE A DON RAÚL MEDINA MORA, p. 15-16. 

Disponible en: 

http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/SOBRE%20LA%20NAT%20JD

CA%20ARBITRAJE%20Hom%20%20Raul%20Medina.pdf 

● Grández Castro, Pedro (2010). El principio de proporcionalidad en la 

jurisprudencia del TC peruano. 

● Grossi, Paolo (2017). Propiedad, constitución y globalización. Santiago 

de Chile, Ediciones Olejnik 

● Guzmán-Barrón, C y Zúñiga, Rigoberto (2015) “Tendencias del arbitraje 

de contratación pública: análisis de laudos arbitrales”. Disponible en: 

https://cdn01.pucp.education/carc/wp-

content/uploads/2018/05/22204433/estudio-laudos-carc-pucp.pdf 

● Guzmán-Barrón, C. (2019). Arbitraje comercial nacional e internacional 

(Vol. 16). Fondo Editorial de la PUCP. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/23260
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/23260
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/gallardo_m_j/t_completo.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/gallardo_m_j/t_completo.pdf
http://edicionespropuesta.blogspot.com/2023/04/en-defensa-de-las-medidas-cautelares.html
http://edicionespropuesta.blogspot.com/2023/04/en-defensa-de-las-medidas-cautelares.html
http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/SOBRE%20LA%20NAT%20JDCA%20ARBITRAJE%20Hom%20%20Raul%20Medina.pdf
http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/SOBRE%20LA%20NAT%20JDCA%20ARBITRAJE%20Hom%20%20Raul%20Medina.pdf
https://cdn01.pucp.education/carc/wp-content/uploads/2018/05/22204433/estudio-laudos-carc-pucp.pdf
https://cdn01.pucp.education/carc/wp-content/uploads/2018/05/22204433/estudio-laudos-carc-pucp.pdf


55 
 

● Horna, Emily. Principales modificaciones a la Ley de Arbitraje: Decreto 

de Urgencia No 020-2020. IUS 360. https://ius360.com/principales-

modificaciones-a-la-ley-de-arbitraje-decreto-de-urgencia-no-020-2020/  

● Hinostroza, Alberto. (2006). El Embargo y Otras Medidas Cautelares 

(cuarta reimpresión actualizada). Editorial San Marcos 

● Huerta, Luis (2005) El derecho a la igualdad. Pensamiento 

Constitucional. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/articl

e/view/7686  

● Hundskopf Exebio, Oswaldo (2006). El Control Difuso en la Jurisdicción 

Arbitral. Gaceta Jurídica, número 23, pp. 1-12. En: 

https://urbeetius.org/wp-content/uploads/news_23_exebio.pdf 

● Kundmüller Caminiti, Franz (2011). Comentarios a la ley peruana de 

arbitraje, Carlos Alberto Soto Coáguila y Alfredo Bullard Gonzáles 

(Coordinadores), Instituto Peruano de Arbitraje. 

● La Rosa, J., & Rivas, G. (2018). Teoría del conflicto y mecanismos de 

solución (Vol. 33). Fondo Editorial de la PUCP. 

● Ledesma, Marianella. (2013). Tratamiento de la contracautela en el 

Código Procesal Civil. En Las medidas cautelares en el proceso civil. 

Gaceta Jurídica. 41-82 

● León Pastor, Ricardo (2015) Anulación de laudo arbitral por defecto de 

motivación: estudio de casos en Lima, Perú. Período 2011-2015. Tesis 

PUCP disponible en http://hdl.handle.net/20.500.12404/8469  

● Maraví, Milagros (2022) Desequilibrio en el Arbitraje con el Estado 

https://rubio.pe/publicacionescont/10061/   

● Mata Sierra, M. (2009).  El principio de igualdad tributaria. Madrid: 

Editorial Aranzadi S.A.   

● Matheus, Carlos (2020). Comentarios al Decreto de Urgencia sobre la 

Ley de Arbitraje peruana. Disponible en: 

https://ciarglobal.com/comentarios-al-decreto-de-urgencia-sobre-la-ley-

de-arbitraje-peruana-por-carlos-matheus/ 

● Matheus López, Carlos Alberto (2014). El derecho de arbitraje peruano. 

● Mendoza Pérez, Hugo Gustavo (2016). La razonabilidad de la medida 

para garantizar la eficacia de pretensión de la medida cautelar. Trabajo 

https://ius360.com/principales-modificaciones-a-la-ley-de-arbitraje-decreto-de-urgencia-no-020-2020/
https://ius360.com/principales-modificaciones-a-la-ley-de-arbitraje-decreto-de-urgencia-no-020-2020/
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/7686
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/7686
https://urbeetius.org/wp-content/uploads/news_23_exebio.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12404/8469
https://rubio.pe/publicacionescont/10061/
https://ciarglobal.com/comentarios-al-decreto-de-urgencia-sobre-la-ley-de-arbitraje-peruana-por-carlos-matheus/
https://ciarglobal.com/comentarios-al-decreto-de-urgencia-sobre-la-ley-de-arbitraje-peruana-por-carlos-matheus/


56 
 

de suficiencia profesional para optar por el título de abogado. En: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2246/TRA

B.SUF.RPOF.HUGO%20GUSTAVO%20MENDOZA%20PEREZ.pdf?se

quence=2 

● Monroy, Juan.(2002). Bases para la formación de una teoría cautelar. 

Comunidad. 

● Ojeda & Machín (2020). “El principio de buena fe. Su relevancia para el 

arbitraje”. En: La pedagogía metancera ante los retos de la educación 

en tiempos de Covid-19. IX Congreso de Educación y Pedagogía, 

REDIPE. Pág. 397. Recuperado de https://redipe.org/wp-

content/uploads/2021/04/cidep-2020-2-parte-x-

matanzas.pdf#page=225 

● Ortiz, David (2022). Procuraduría Pública del MTC Logra otro Importante 

Resultado en favor de los Intereses del Estado. En 

https://www.caeperu.com/noticias/procuraduria-publica-del-MTC-logra-

otro-importante-resultado-en-favor-de-los-intereses-del-estado.html  

● Pérez Portilla, K (2010).  Más allá de la Igualdad Formal: Dignidad 

Humana y Combate de la Desventaja. Recuperado de Biblioteca Jurídica 

Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2834/27.pdf 

● Priori, Giovanni F (2006), La Tutela Cautelar. Su configuración como 

derecho fundamental. Lima: ARA Editores,  

● Quiroga, Anibal: La naturaleza procesal del arbitraje, p. 71. Disponible 

en http://hdl.handle.net/20.500.12404/9141 

● Rabines Matta, Rodrigo (2020). ¿Justo pagan por pecadores? 

Analizando las modificaciones a las reglas del arbitraje contra el Estado 

peruano. Themis Revista de Derecho, número 77. 

● Reggiardo, Mario. (2015). La Contracautela cálculo del monto y caución 

juratoria. En SOBRE LA TUTELA CAUTELAR (pp. 215–228). THEMIS. 

https://doi.org/10.26439/athina2013.n010.1155 

● Robles Meza, Angélica (2020). Indemnización por ejecución de medidas 

cautelares en el arbitraje comercial doméstica peruano. Tesis para optar 

por el título profesional de abogado en la Universidad San Ignacio de 

Loyola (USIL).En: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2246/TRAB.SUF.RPOF.HUGO%20GUSTAVO%20MENDOZA%20PEREZ.pdf?sequence=2
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2246/TRAB.SUF.RPOF.HUGO%20GUSTAVO%20MENDOZA%20PEREZ.pdf?sequence=2
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2246/TRAB.SUF.RPOF.HUGO%20GUSTAVO%20MENDOZA%20PEREZ.pdf?sequence=2
https://redipe.org/wp-content/uploads/2021/04/cidep-2020-2-parte-x-matanzas.pdf#page=225
https://redipe.org/wp-content/uploads/2021/04/cidep-2020-2-parte-x-matanzas.pdf#page=225
https://redipe.org/wp-content/uploads/2021/04/cidep-2020-2-parte-x-matanzas.pdf#page=225
https://www.caeperu.com/noticias/procuraduria-publica-del-MTC-logra-otro-importante-resultado-en-favor-de-los-intereses-del-estado.html
https://www.caeperu.com/noticias/procuraduria-publica-del-MTC-logra-otro-importante-resultado-en-favor-de-los-intereses-del-estado.html
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2834/27.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12404/9141
https://doi.org/10.26439/athina2013.n010.1155


57 
 

https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/970dd98b-

a2d8-4869-97f6-a79fa0887850/content 

● Silva Longobardi, P., & Moreno Machín, V. (2020). ¿La rapidez o 

flexibilidad?: Un análisis económico de la ampliación de plazos en el 

arbitraje. THEMIS Revista De Derecho, (77), 395-407. 

https://doi.org/10.18800/themis.202001.021  

● Talero Rueda, Santiago, “Extensión del pacto arbitral a no signatarios: 

Perspectivas en la nueva Ley Peruana de Arbitraje”, en: Revista Lima 

Arbitration N° 4, 2010, p. 72 

● Trazegnies Granda, F. (1996). Arbitraje de Derecho y arbitraje de 

consciencia. IUS ET VERITAS, 7(12), 115-124. Recuperado a partir de 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15541  

● Vera, Giusseppi. (2021). Comentarios y críticas al DU 20/2020 que 

modifica la Ley de Arbitraje. Ciar Global. 

https://ciarglobal.com/comentarios-y-criticas-al-du-20-2020-que-

modifica-la-ley-de-arbitraje/   

● Vera Cacho, Giusseppi (2013). Consideraciones generales acerca del 

arbitraje. IUS ET PRAXIS, número 44, pp. 15-38. 

● Yaya Zumaeta, Ulises (s/f). La contracautela: Requisito de Ejecución de 

las Medidas Cautelares. En: 

https://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/C8-

5_contracautela_210208.pdf 

● Zúñiga, Rigoberto (2014) La eficacia del arbitraje como mecanismo de 

resolución de controversias empresariales a la luz de la teoría 

contractual y la teoría jurisdiccional sobre su naturaleza jurídica. Tesis 

PUCP disponible en http://hdl.handle.net/20.500.12404/5809 

 

https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/970dd98b-a2d8-4869-97f6-a79fa0887850/content
https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/970dd98b-a2d8-4869-97f6-a79fa0887850/content
https://doi.org/10.18800/themis.202001.021
https://ciarglobal.com/comentarios-y-criticas-al-du-20-2020-que-modifica-la-ley-de-arbitraje/
https://ciarglobal.com/comentarios-y-criticas-al-du-20-2020-que-modifica-la-ley-de-arbitraje/
https://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/C8-5_contracautela_210208.pdf
https://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/C8-5_contracautela_210208.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12404/5809

	caratula I
	FORMATO ETO II
	Resumen e índice III
	CUERPO FINAL