PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO Las redes de sociabilidad de los oidores de Lima. Cultura política, redes clientelares y gestión del poder en Lima virreinal (1745-1761) TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN HISTORIA AUTOR Gonzalo Alberto Carrillo Ureta Código 19967048 ASESORA Margarita María Suárez Espinosa Diciembre, 2018 RESUMEN Esta investigación aborda la importancia de los vínculos personales en la gestión del poder en el Perú a mediados del siglo XVIII, a partir del estudio del caso de las redes clientelares de los oidores de la Audiencia de Lima entre los años 1745 Y 1761. Estas redes se hacen visibles en el contexto de los conflictos entre el arzobispo de Lima, Pedro Antonio Barroeta y Ángel, el virrey conde de Superunda y las facciones de la élite limeña. Tomando como punto de partida las denuncias cruzadas entre estos actores, se analiza la interacción de las redes locales con la corte del virrey, en un contexto de cambios en la cultura política y en los mecanismos de gobierno que se producen a raíz de las reformas borbónicas. A partir del caso de la familia extensa del oidor Pedro Bravo del Rivero, se examina también cómo las estrategias familiares de ascenso social se vieron condicionadas tanto por la conversión de la corte de Madrid en el gran centro de negociación de mercedes reales, como por la limitación impuesta a la venalidad de cargos jurisdiccionales. Finalmente, se trata de comprender la injerencia de estas redes clientelares limeñas en el proceso de legalización del reparto mercantil que se produjo a inicios de la década de 1750, poniéndose en evidencia la estrecha relación entre oidores, corregidores y otros oficiales reales, con poderosos locales y comerciantes a la hora de beneficiarse de este pingüe negocio. Al menos en estos años, los oidores y su entorno clientelar lograron incorporar a sus filas a una muy reducida familia del virrey y gestionar la reventa de cargos de corregidores y el beneficio de corregimientos interinos. Palabras clave: Perú virreinal, Real Audiencia de Lima, corregidores, redes clientelares, Siglo XVIII. A Adriana y Valeria, por su apoyo y gran paciencia 2 ÍNDICE RESUMEN ............................................................................................................................... 1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 4 CAPÍTULO 1. Virreyes, arzobispos y facciones locales ....................................................... 13 La corte virreinal en cuestión .......................................................................................... 13 ¿Camarillas reales o imaginadas? .................................................................................. 25 ¿Un virrey prisionero de sus cortesanos? ....................................................................... 37 La salida de Barroeta de Lima: una pausa en la lucha de camarillas ........................... 49 CAPÍTULO 2. Vínculos familiares y estrategias de reproducción social en Lima. La familia extensa del oidor Bravo del Rivero ..................................................................................... 51 Oidores, vínculos familiares y servicio a la monarquía .................................................. 51 De mercaderes a oficiales reales: estrategias de ascenso social de la primera generación criolla de los Bravo del Rivero ...................................................................... 55 La familia extensa como núcleo de la red social de Pedro Bravo del Rivero: los múltiples matrimonios de la familia Zavala Esquivel y Vásquez de Velasco ................ 70 Pedro Bravo del Rivero: albacea e intermediario con la Corte ...................................... 81 Estrategias fallidas y desafíos en el proceso de transmisión patrimonial .................... 84 CAPÍTULO 3. Redes de intereses: oidores, corregidores y comerciantes ......................... 95 Un contexto económico cambiante ................................................................................ 95 La legalización del reparto y la revalorización de los corregimientos ......................... 102 Un negocio complejo: oidores y hacendados en el beneficio de los corregimientos.. 112 Comerciantes y corregidores: ¿Quiénes habilitan a los familiares del oidor? ............ 123 CONCLUSIONES.................................................................................................................. 132 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 135 3 INTRODUCCIÓN En 1751 llegaba al Perú el riojano Pedro Antonio Barroeta y Ángel, nuevo arzobispo de Lima. Paisano y cliente del marqués de la Ensenada, Secretario del Despacho de Marina e Indias de Fernando VI. El prelado estaba llamado a entenderse con el virrey Manso de Velasco, conde de Superunda, otro riojano patrocinado por el poderoso ministro. Graves problemas aquejaban a la capital del virreinato: las consecuencias del reciente y terrible terremoto de Lima de 1746, los preocupantes cambios en el sistema de comercio originados por la cancelación del sistema de flotas y galeones, y un largo debate acerca del estado de la agricultura local. Sin embargo, pronto se descubrió que la relación entre virrey y arzobispo sería cualquier cosa menos amable. Excesivo celo en la defensa de sus prerrogativas, conflictos en torno a la etiqueta y ceremonial, derivaron en duras acusaciones de mal gobierno e injusticia por parte del obispo hacia los que rodeaban al virrey. Hasta aquí la historia es vieja y conocida. Fue frecuente en la Lima colonial el enfrentamiento entre arzobispos y virreyes por motivos de jurisdicción. Como señala Antonio Cañeque, el poder autónomo de la Iglesia indiana y, por consiguiente, la confrontación de esta con los representantes reales, encontraba justificación en la teoría de los «dos cuchillos» que, en un contexto previo al del monopolio estatal de la soberanía, concebía el ejercicio del poder de forma dual, como potestad espiritual y temporal.1 Aunque es verdad que los monarcas siempre trataron de ejercer el mayor control posible sobre el clero de sus reinos, nunca negaron el concepto de las dos potestades y, con ello, la autonomía de la Iglesia respecto de la autoridad civil. Ello se expresó, para el caso del virreinato del Perú, en las disputas continuas entre virreyes y arzobispos, como en el caso del arzobispo Liñán y Cisneros con el Duque de la Palata,2 el virrey Morcillo con el 1Alejandro Cañeque. The King's living image: The culture and politics of viceregal power in Colonial Mexico (Nueva York: Routledge, 2013). 2 Margarita Suárez Espinosa, “Imperio, virreyes y arzobispos en el Perú del siglo XVII: historia de un conflicto”, en Iglesia y sociedad en la Nueva España y el Perú, eds. Alicia Mayer y José de la Puente Brunke (Madrid-Lima: Analecta, Instituto Riva Agüero), 213-226. 4 arzobispo Soloaga,3 o los ya mencionados virrey Manso de Velasco y el arzobispo Barroeta,4 por no retrotraernos a las disputas entre Toribio de Mogrovejo y el virrey Hurtado de Mendoza, o Francisco de Toledo y el arzobispo Loayza. Tan sonadas fueron las disensiones entre el arzobispo Barroeta, el virrey y los notables limeños que incluso Ricardo Palma las recoge en varias de sus tradiciones, agrupadas bajo el título de “Un virrey y un arzobispo”. Desde el campo historiográfico, estos sucesos fueron inicialmente abordados por historiadores de la Iglesia como Rubén Vargas Ugarte y Antonio Egaña, quienes los interpretaron en el marco de la labor pastoral y de gobierno eclesiástico del prelado. En 1983, Alfredo Moreno Cebrián abordó la relación del conde de Superunda con el prelado dentro de un estudio introductorio sobre su mandato, que acompañó a su edición de la memoria de gobierno de este virrey.5 Más recientemente, Pablo Pérez-Mallaína ha desarrollado un completo e interesante análisis de esos conflictos en el contexto del terremoto de Lima de 1746. Tomando como hilo conductor ese catastrófico suceso, el autor analiza estos y otros conflictos sociales y políticos producidos en este contexto de crisis urbana.6 Salvo en el caso de los autores más recientes, la historiografía tradicional se ha apegado a la versión de los sucesos que Superunda y los oidores de la Real Audiencia de Lima daban en sus cartas al rey y sus ministros, mostrando al arzobispo Barroeta como un personaje quisquilloso e irreflexivo, que antepuso sus vanidades personales a sus obligaciones pastorales y de gobierno. La visión simplificada de un prelado con muy mala prensa -que sin ninguna duda se ganó a pulso por su carácter conflictivo- ha llevado a la mayoría de estudiosos del periodo a desestimar las continuas denuncias que Barroeta hizo sobre el estado del gobierno virreinal de la época. Esto es, sobre la capacidad de acción de la élite local, en especial de la facción local encabezada por los oidores Pedro 3 Alfredo Moreno Cebrián. "El regalismo borbónico frente al poder Vaticano: acerca del estado de la iglesia en el Perú durante el primer tercio del siglo XVIII", Revista de Indias 63, 227 (2003), 223-274. 4 Antonio de Egaña, S.J. Historia de la Iglesia en la América española, desde el Descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX. Hemisferio sur. (Madrid: Editorial Católica, 1966). Rubén Vargas Ugarte, S.J., Historia de la Iglesia en Perú, tomo IV (1700- 1800) (Burgos, 1961) 5 Conde de Superunda. Relación de gobierno del Perú, ed. Alfredo Moreno Cebrián (Madrid: CSIC, 1983). 6 Pablo Emilio Pérez-Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis. La sociedad limeña ante el movimiento sísmico de 1746 (Sevilla: CSIC, PUCP – Instituto Riva-Agüero, 2001). 5 Bravo del Rivero y Pedro Bravo de Castilla, que alcanzó gran influencia sobre el virrey Manso de Velasco. El propio arzobispo Barroeta, que llegó de España con la orden de aplicar políticas regalistas bastante polémicas (poner las parroquias de su arzobispado en manos del clero secular y reducir a las órdenes religiosas a sus conventos, restringiendo su tamaño -y poder- a límites razonable) y con una gran falta de perspicacia política, desencadenó tensiones en el gobierno virreinal que pusieron de manifiesto las dinámicas de poder imperantes en la sociedad limeña y los mecanismos de respuesta utilizados por los grupos de interés local. Esta investigación propone analizar la actuación de la facción de los oidores Bravo durante el largo gobierno del virrey José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda (1745- 1761), a través de un análisis de sus redes sociales, en un contexto de cambios en la cultura política y en los mecanismos de gobierno que se producen a raíz de las reformas borbónicas. Ello implica tratar de reconstruir, a partir de información fragmentaria, estas redes sociales de burócratas, familias, socios y clientes, con el fin de comprender la incidencia de los vínculos personales en el ejercicio del poder en Lima a mediados del siglo XVIII. Como el propio Pérez-Mallaína reconoce, al reflexionar sobre la naturaleza del poder en la capital virreinal, más allá de los desatinos políticos del arzobispo Barroeta y lo complicado de dilucidar el verdadero alcance de sus denuncias sobre las corruptelas de la pandilla de asesores y oidores que rodeaban al virrey, es evidente que Manso de Velasco debió llegar a acuerdos con redes de poder existentes en Lima para poder llevar adelante un gobierno productivo.7 Son estos pactos tácitos entre la corte virreinal y la élite de de poder los que se analizan en esta investigación. La mayoría de los estudios sobre la gestión del poder en el mundo indiano se ha centrado en los siglo XVI y XVII. Son muy valiosos los aportes relacionados con el modelo de gobierno polisinodial, y sobre los virreyes y las cortes virreinales como forma de hacer presente al rey en sus reinos. Para el caso de los reinos indianos, Alejandro Cañeque y Rosenmuller ha demostrado la importancia de la corte virreinal, en este caso la novohispana, como centro simbólico del poder que articulaba la negociación de la 7 Pérez-Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis. 6 fidelidad y la gracia.8 Para el caso peruano, Eduardo Torres Arancibia señala que en el siglo XVII la corte virreinal del Perú fue el espacio donde la Corona y los criollos negociaron en un marco efectivo de relaciones de patronazgo, aunque no carente de tensiones por la habitual superposición de intereses de la monarquía, el virrey y sus paniaguados, y los beneméritos locales. Más recientemente, los estudios compilados por Margarita Suárez bajo el título de Parientes, criados y allegados, señalan el peso diverso de las redes clientelares en el gobierno -y desgobierno- del virreinato peruano.9 Por su parte, Manuel Rivero Rodríguez, en un estudio comparado de largo aliento, analiza las cortes virreinales europeas y americanas a lo largo del siglo XVII y da indicios del desgaste del modelo ya durante el gobierno de Felipe IV, cuando los conflictos y rebeliones de la década de 1640 pusieron en duda la vigencia del virrey como auténtico alter-ego del monarca. Los pasos dados durante el gobierno de Carlos II, orientados a limitar el poder de los virreyes, restringiéndoles la posibilidad de repartir prebendas y delimitando sus funciones mediante la publicación de la Recopilación de Leyes de Indias, son muestra evidente de la crisis del modelo de gobierno cortesano virreinal.10 Para el siglo XVIII español, Fernandez Albaladejo, Jean-Pierre Dedieu, Juan Luis Castellanos, Francisco Andujar y José María Imizcos, han renovado el estudio de las reformas borbónicas, enfatizando la importancia de las reformas iniciadas en la primera mitad del siglo. El análisis del reformismo borbónico temprano pone en evidencia una continuidad entre este periodo y los cambios que ya se habían iniciado sobre el final del periodo austracista. Lejos de la imagen de una monarquía borbónica que buscara construir una maquinaria burocrática despersonalizada, con menos relaciones personales y más estructuras profesionales, lo que se percibe a grandes rasgos es una personalización de los vínculos clientelares por parte del monarca, tratando de limitar la capacidad de intermediación de los cuerpos tradicionales del reino. Muestra de ello son los estudios sobre los vínculos personales en la gestión del poder, las reformas en los cuerpos militares y su subordinación directa al monarca, la incorporación de estos 8 Cañeque, The King's living image; Christoph Rosenmüller, Patrons, Partisans, and Palace Intrigues. The Court Society of Colonial Mexico 1702-1710 (Calgary: University of Calgary Press, 2008). 9 Magarita Suárez Espinosa, ed. Parientes, criados y allegados. Los vínculos personales en el mundo virreinal peruano (Lima: PUCP – Instituto Riva-Agüero, 2017). 10 Manuel Rivero Rodríguez. La edad de oro de los virreyes: el virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII (Madrid: Akal, 2011). 7 militares fieles al rey a la administraicón real y el debate sobre la pertinencia de la formación de los togados para desarrollar labores de gobierno.11 Para el caso americano, Eissa-Barroso analiza este cambio de perfil de muchos de los oficiales reales en América, con una clara preferencia por los oficiales militares frente a los togados.12 Aunque, como señala Pedro Pérez Herrero, en muchos casos estos nuevos administradores borbónicos, de los que se esperaba fidelidad y eficiencia, acabaron siendo absorbidos, por vía de matrimonio, por las élites locales indianas.13 En todo caso, queda en el aire la pregunta acerca de cómo la élite limeña se articuló con el poder real en este escenario de cambios. ¿Realmente en el siglo XVIII los criollos quedaron a la deriva sin tener un interlocutor válido con quien negociar, como intuye Torres Arancivia? Lohmann Villena, en su clásica obra El corregidor de indios en el Perú bajos los Austrias, hace énfasis en la conmoción general que causó en el Perú la Real cédula en 1678, que prohibía a los virreyes el poder repartir oficios reales, especialmente los de corregidores, pues se los despojaba de un eficaz resorte para generarse adhesión de los poderosos locales, “al amputarle la potestad de estimular la virtud mediante la esperanza del premio, ya que ninguno confiaría alcanzar recompensa a tanta distancia de la Corte”.14 Margarita Suárez pone dicha disposición real en el contexto de la denuncia de los excesos del virrey conde de Castellar en la provisión de cargos a sus familiares y criados, y señala que la prohibición de repartir oficios reales mermó la capacidad de los virreyes de participar en la economía del favor, si bien los últimos virreyes nombrados por los Austrias lograron mantener cierto márgen de autoridad al enviar a la corte madrileña su parecer sobre los posibles nombramientos.15 11 Enrique Giménez López. "El debate civilismo-militarismo y el régimen de Nueva Planta en la España del siglo XVIII", Cuadernos de historia moderna 15 (1994): 41-75. 12 Francisco A. Eissa-Barroso. "“Of experience, zeal, and selflessness”: Military Officers as Viceroys in Early Eighteenth Century Spanish America." The Americas 68, no. 3 (2012): 317-345. Francisco A. Eissa- Barroso, “De corregimiento a gobierno político-militar: el gobierno de Veracruz y la ‘militarización’ de cargos de gobierno en España e Indias durante los reinados de Felipe V”, Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad XXXVII, no. 147 (2016): 13-49. 13 Pedro Pérez Herrero. La América Colonial (1492-1763) (Madrid: Editorial Síntesis, 2002), 330. 14 Guillermo Lohmann Villena. El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias (Lima: PUCP, 2001), 167. 15 Magarita Suárez Espinosa, “Beneméritos, criados y allegados durante el gobierno del virrey conde de Castellar: ¿el fin de la administración de los parientes?”, en Parientes, criados y allegados. Los 8 Dicho esto, si seguimos la premisa de que en el siglo XVIII la corte pierde brillo como espacio de negociación de la fidelidad y la gracia, cabe preguntarse hacia qué actores políticos se desplazó la gestión del poder. ¿Realmente la monarquía se hizo fuerte en desmedro de los intereses locales, centralizando el poder mediante la exclusividad en la provisión de cargos y la burocratización de los oficiales reales? Con respecto al acceso de los criollos a posiciones de poder en la administración virreinal borbónica, Burkholder y Chandler señalan cómo a una etapa inicial de debilitamiento del control monárquico sobre los magistrados de las audiencias americanas en la primera mitad del siglo XVIII, en un contexto de venta masiva de cargos a los criollos, sucedió una época de fortalecimiento del poder monárquico, que recuperó el control sobre las Audiencias en desmedro del poder local. Sin embargo, Chandler y Burkholder reconocen que este debilitamiento del poder criollo, en el caso de la Audiencia de Lima, se demoró bastantes años más, al menos hasta la década de 1770.16 Así mismo, León Campbell y Lohmann Villena han señalado cómo Lima, a diferencia de otras capitales de la América española, vivió hasta bien entrada la década de 1770 un auge del dominio criollo sobre el principal tribunal virreinal.17 Este predominio de los intereses locales en desmedro del poder monárquico en el virreinato peruano durante buena parte del siglo XVIII tiene un correlato fiscal: Margarita Suárez ha señalado con extrañeza cómo a partir de 1750 el envío de plata al monarca se hace aleatorio y desaparece el rubro “Remesas de Castilla” de las partidas de las Cajas reales de Lima, y concluye que en estos años el virreinato del Perú colaboró a su antojo con las arcas castellanas.18 Cabe preguntarse, por tanto, cómo se gestiona el poder en el Perú en las décadas de 1750 y 1760. Si creemos a Barroeta, los criollos (o mejor dicho, los intereses locales), lejos de debilitarse por la acción de la monarquía borbónica, se habrían hecho con una mayor vínculos personales en el mundo virreinal peruano, ed. Margarita Suárez Espinosa (Lima: PUCP – Instituto Riva-Agüero, 2017). 16 Mark A. Burkholder y D. S. Chandler. De La impotencia a la autoridad. La Corona española y las Audiencias en América 1687-1808 (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1984). 17 Leon Campbell. “A Colonial Establishment: Creole Domination of the Audiencia of Lima during the Late Eighteenth Century”. HAHR, 52, 1 (1972): 1-25. Guillermo Lohmann Villena. Los ministros de la Audiencia de Lima (1700-1821). Esquema de un estudio sobre un núcleo dirigente (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1974). 18 Margarita Suárez. “Metales preciosos, moneda y comercio. La participación del Perú en el mundo ultramarino, siglos XVI-XVIII”, en Historia de la moneda en el Perú¸ed. Carlos Contreras (Lima: Banco de la Reserva del Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2016), 184. 9 cuota de poder. En todo caso, si bien durante el siglo XVIII, el espacio de negociación pudo haber cambiado, la corte virreinal habría perdido prestigio como ámbito de negociación, pero la lógica del sistema sigue siendo la misma, una lógica de relaciones personales en la gestión del poder político. La cuestión estaría pues, en averiguar cómo se habría reacomodado durante este periodo el equilibrio de poderes entre intereses locales y metropolitanos. Es necesario señalar que los métodos prosopográficos tradicionales, orientados al análisis de individuos agrupados por características sociales o profesionales comunes, antes que por los vínculos que tienden con otros individuos, no son capaces de reflejar las dinámicas sociales que aquí se desea investigar. Los estudios sobre grupos sociales presentan la limitación de partir de criterios clasificatorios y unidimensionales a priori sobre sus sujetos de estudio: clasificatorios porque se distribuye a los personajes concretos en categorías previamente definidas, y unidimensionales porque dicha distribución se realiza a partir de un criterio que se considera esencial, como puede ser, por ejemplo, el socio-económico o el étnico.19 Esto limita ostensiblemente la apreciación del funcionamiento de la sociedad, ya que no refleja la actuación de los individuos como sujetos sociales, encorsetándolos dentro de categorías de análisis (grupos sociales, categorías profesionales, etc.) artificialmente creados.20 Así mismo, aunque los estudios sobre redes familiares implican un avance en el análisis de pautas de relación social, estos dejan de lado innumerables y cambiantes formas de relación y vínculos que escapan a lo estrictamente familiar (amistad, compadrazgo, solidaridad profesional, clientelismo y patronazgo, alianzas, etc.), pero que marcan normalmente las estrategias sociales de los individuos. Además, quedan habitualmente excluidos de tal análisis de estrategias familiares todos aquellos sujetos que, no siendo parte de las familias de élite, dejan poca huella documental sobre este tipo de relación. Teniendo en cuenta lo dicho, se optará en esta investigación por elaborar un modelo de análisis de redes de sociabilidad. Dicho modelo permite reincorporar el análisis de los 19 François-Xavier Guerra. "El análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate crítico". Anuario del IEHS, 15 (2000): 117-122. 20 Michel Bertrand. “Los modos relacionales de las élites hispanoamericanas coloniales: enfoques y posturas”, Anuario del IEHS, 15 (2000): 61-80. 10 individuos en el contexto de sus relaciones sociales (no sólo familiares). Como señalan Ponce Leiva y Amadori, el análisis de redes sociales permite desvelar la existencia de configuraciones sociales cuya delimitación poco tiene que ver con categorías fijas y predeterminadas, generalmente de corte socioeconómico, exteriores a los actores concretos, propios de los estudios estructuralistas. Además, las redes sociales no se corresponden necesariamente con los discursos ni con las categorías que los propios actores utilizaban para identificar a sus eventuales rivales o a sí mismos (por ejemplo, criollos vs. peninsulares); mientras que, en cambio, permiten reconstruir grupos de poder que reflejan el dinamismo temporal de las alianzas, su imprevisibilidad, su heterogeneidad social y su constante proceso de redefinición.21 Un análisis de este tipo permite comprender a los oficiales reales denunciados por Barrotea y luego por Amat, como parte de redes sociales que se imbricaban con los diferentes ámbitos del poder virreinal, y no sólo como una camarilla de corruptos que se lucraban de las ventajas de su posición. Si consideramos esto en un contexto como el que hemos mencionado, en que no existía una clara frontera entre la administración y la sociedad, un análisis de redes sociales gana enteros, ya que los contornos de las instituciones -la Real Audiencia, por ejemplo- resultarían sumamente permeables en la medida en que sus miembros operaban en estrecha vinculación con un entramado relacional que no dejaba de ejercer una influencia más que palpable en su desempeño cotidiano. Para poder elaborar un modelo de redes sociales, se ha recurrido fundamentalmente a dos tipos de fuente documental. En primer lugar, a procesos judiciales y denuncias cruzadas, presentadas ante el Consejo de Indias o directamente, por la vía reservada, al rey y sus ministros. Para ello se ha recurrido a los fondos documentales del Archivo General de Indias (Sevilla) y el Archivo Histórico Nacional (Madrid). Especialmente valioso ha resultado el extensísimo expediente seguido por el oidor Pedro Bravo del Rivero contra el Fiscal del Consejo de Indias, plagado de denuncias y testimonios que permiten comprender cómo se articulan las facciones confrontadas en la ciudad de Lima a 21 Pilar Ponce Leiva y Arrigo Amadori. “Redes sociales y ejercicio del poder en la América Hispana: consideraciones teóricas y propuestas de análisis”. Revista Complutense de Historia de América, vol. 34 (2008): 15-42. 11 mediados del siglo XVIII. Aunque debe tomarse en consideración que, como señala Tamar Herzog, la propia lógica judicial de la época, de acusar a los enemigos de formar bandos y desconocer la existencia de similares intereses en las propias relaciones, obliga a tomar con cautela la información proporcionada por denunciantes y testigos. En segundo lugar, se ha recurrido a los protocolos notariales existentes en el Archivo General de la Nación, en Lima. En los protocolos notariales se puede encontrar gran cantidad de referencias a relaciones económicas, de parentesco, amistad y clientelismo, identificables en, por ejemplo, la designación de albaceas testamentarios, tutores legales, declaraciones, donaciones, pequeños préstamos sin intereses, arriendos a bajo coste, etc. Ha sido de especial interés revisar los protocolos del notario Antonio Joseph de Ascarrunz, que fue hombre de confianza del oidor Pedro Bravo del Rivero y de su parentela, al punto que inclusive le sirvió como eventual testaferro. Este trabajo está dividido en tres capítulos. En el primero, se hace un repaso a las disputas entre facciones locales en la Lima de mediados del siglo XVIII, teniento como fondo las reformas planteadas por Felipe V y sus ministros. En el segundo capítulo, se analiza las estrategias y alianzas familiares que ayudan a comprender las intenciones del oidor Pedro Bravo del Rivero y sus aliados más cercanos. En el último se analiza cómo las relaciones sociales del entorno de los oidores Bravo influyeron en la forma de negociar el acceso a los cargos de corregidor en el contexto de la legalización del reparto de mercancías. 12 CAPÍTULO 1 Virreyes, arzobispos y facciones locales La corte virreinal en cuestión En 1736, José de Armendáriz y Perurena, marqués de Castelfuerte y virrey del Perú, abandonaba el virreinato tras diez años de gobierno. En la instrucción reservada que escribió a su sucesor, el marqués de Villagarcía, se permitió una reflexión final sobre la necesaria equidistancia del virrey a la hora de gobernar: Y si vuestra Excelencia me da licencia, añadiré por fin de mi buen deseo, con la debida confianza, cuán útil será, así para el acierto de su gobierno como para consuelo del Reino, que todos estén y vivan persuadidos [de] que sólo Vuestra Excelencia es el gobernador y que, en sus disposiciones gubernativas, ninguno tiene más mano que la que conviene, para lo cual será bien que Vuestra Excelencia oiga a unos y a otros, que tome informes, ya en público, ya en secreto, según lo pidiera la sujeta materia y que, pesando todas las razones y circunstancias, delibere por sí, de modo que sea manifiesto que es suya y de propio dictamen la determinación, pues así será más agradable y más bien recibida por la natural inclinación que inspira el cielo a los súbditos para que reverencien y obedezcan al superior, siendo por el contrario innata la repugnancia del hombre a sujetarse al particular.22 El marqués de Castelfuerte gozó entre sus coetaneos de fama de virrey honrado y justo, pese a que, como ha demostrado largamente Alfredo Moreno Cebrián, lucró de forma ilegal durante su mandato.23 Las cualidades valoradas en este experimentado militar, desinterés y eficacia en el gobierno al servicio de la Corona, parecen predominar a la hora de seleccionar a los servidores de la monarquía borbónica. Se esperaba que oficiales con este perfil marcaran un cambio importante frente a la rapacidad que caracterizara a muchos de los gobernantes enviados al Perú por los monarcas Habsburgo. Sin embargo, menos de dos décadas después, el 12 de enero de 1754, una carta del arzobispo de Lima, 22 María del Carmen Martín Rubio. El Marqués de Villagarcía, Virrey del Perú (1736-1745) (Madrid: Polifemo, 2010), 286. 23 Alfredo Moreno Cebrián. “Acumulación y blanqueo de capitales del marqués de Castelfuerte (1723- 1763)”, en El" premio" de ser virrey: los intereses públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V, eds. Alfredo Moreno Cebrián y Núria Sala i Vila (Madrid CSIC, 2004). 13 Pedro Antonio Barroeta, ponía sobre aviso al marqués de la Ensenada, Secretario del Despacho de Marian e Indias, acerca del perjudicial control que ejercían los oidores Pedro Bravo del Rivero y Pedro Bravo de Castilla sobre las decisiones del virrey José Antonio Manso de Velasco, otro militar de profesión con experiencia de gobierno: “tan abiertamente entregado este Gefe [el virrey] en aquellas [materias de política y justicia] a los referidos oydores, que son los mandarines odiados por esto de sus conministros y toda esta gente”. Barroeta explicaba con detalle el modo en que la “trinca de los Bravo” –encabezada por los mencionados oidores e integrada por los asesores del virrey– tendría secuestrada la voluntad del vicesoberano: [El agente y asesor de indios, Antonio Boza] después de haver llevado los memoriales, y demás papeles a los referidos oydores, instruido en sus dictámenes, y comunicádolos al Asesor General Dn. Francisco Herboso, los pasa al despacho de este gefe [el virrey], quien por su natural desconfianza oye el parecer de este Axente, después el de su Asesor y, para solidar su dictamen, se acomoda se consulte con dichos oydores, quienes siendo Actores de ellos, se conforman con los que havían dado el Asesor y el Axente, resultando de este quatrumbirato, que el que no toca a estas dos Puertas, ruega y regala, sale mal despachado, y como es público este nuevo gobierno se ha extendido a todo este Reyno, y tiene una general práctica.24 El prelado también denunciaba ser víctima de los compinchados, quienes no perdían oportunidad para desacreditarlo y faltar el respeto a su dignidad. Pero no culpaba de esta situación a Manso de Velasco, antes lo disculpaba, ya que “el origen no es malignidad del vuestro Virrey, sino antes exceso de bondad”, de lo que abusaban sus enemigos para predisponerlo contra él. Además, insinuaba la posibilidad de que el virrey estuviera bajo chantaje, ya que supuestamente los dos oidores Bravo habían solicitado al Consejo de Indias ser sus jueces de residencia, con cuya seguridad “se han entregado despóticamente a tiranizar la patria y oprimir el Reino”.25 Los enemigos de Barroeta, conocedores de las punzantes misivas que mandaba este a la metrópoli, criticaban a su vez que el arzobispo, hombre orgulloso y poco ducho en las artes de gobernar, hubiera caído en las manos de sujetos díscolos y enemigos de la paz – y de los oidores Bravo– como el Dr. Antonio Álvarez Ron, abogado de la Audiencia y, sobre 24 AGI, Lima 985. El arzobispo al marqués de la Ensenada (Lima, 12 de enero de 1754), f. 2v. 25 AGI, Lima 985. El arzobispo al Rey (Lima, 17 de enero de 1754), f. 4. 14 todo, el sacerdote Alonso de la Cueva Ponce de León, su provisor, a quien tachaban de enemigo del Regio Patronato. El propio virrey se lamentaba en su relación de gobierno de que el arzobispo “tuvo la desgracia de encontrar malos lados y genios de fuego conocidos por turbulentos y capaces de alterar la república más bien ordenada. Estos le introdujeron a mandar su jurisdicción con vigor […] y como obraba sin experiencia, brevemente se llenó de tropiezos con su cabildo, con las religiones y con varios tribunales”26 Efectivamente, Alonso de la Cueva había mantenido serias desavenencias con la Real Audiencia por motivos de patronato eclesiástico y también con la congregación de San Felipe Neri, a la cual renunció -o fue expulsado, según la versión que se consulte- tras acusar a sus autoridades de faltar a las constituciones de su fundador, al haberse hecho con la gestión del hospital de clérigos pobres de San Pedro y sus rentas.27 Cuando el padre Cueva falleció en 1754, los oidores se hicieron con su archivo personal -Bravo del Rivero era juez de Bienes de Difuntos- y descubrieron los borradores de las que consideraban cartas infamantes de Barroeta a varios ministros del Rey, y se dedicaron a desacreditar su contenido punto por punto.28 En 1762, tan sólo ocho años después de estos enfrentamientos, el abogado Miguel de Valdiviezo y Torrejón, uno de los sindicados por Barroeta como miembros de la “trinca de los Bravo”, escribía una carta al ahora exvirrey Manso de Velasco, quien se encontraba de camino a España. En ella Valdiviezo lo ponía sobre aviso de que todos sus antiguos colaboradores eran objeto de persecusión del nuevo virrey, Manuel de Amat y Junyent, cuyos partidarios esparcían la especie de que el gobierno anterior "fue un despotismo de quatro hombres que tenían oprimido el Reyno, quitando la libertad que este Señor Virrey [Amat] ha venido a restituir y que necesita trabajar mucho para fundirlo todo de nuevo con sus talentos". Valdiviezo ironizaba con el concepto que los partidarios de Amat tendrían de "restituir la libertad", entendido como "dar licencia a unos hombres malditos sin conciencia ni religión para que blasfemen y desengrillen la lengua de que no usaban con todo el desahogo que les pedía su naturaleza".29 Estos deslenguados que se 26 Superunda. Relación de gobierno, 171. 27 AAL. Hospitales. Leg. 3 Exp. 15. (1724) 28 AGI. Lima 985. El arzobispo al rey. Con comentarios al márgen de los agraviados (Lima, 24 de abril de 1754), f.1. 29 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 723-724. 15 dedicaban ahora a perseguir a los partidarios de Superunda eran el chileno Joseph Perfecto Salas, fiscal de la Real Audiencia de Chile y asesor general del nuevo virrey; el clérigo Francisco Tamayo, “el atrevido Ron” y un séquito formado por Gaspar Zeballos, conde de las Torres; el oidor Gaspar de Urquizu; y el fiscal del crimen Diego Holgado, “hombre fuerte y duro, en todos los sentidos que recibe esta palabra”. En su carta, Valdiviezo sentenciaba que “entre estos se manejan las cosas y todo es arte.”30 De manera muy gráfica, Valdiviezo se despachaba con la imagen de un pusilánime virrey Amat dominado por la voluntad de Joseph Perfecto Salas: Al buen Caballero Virrey le daban los cascos con decirle que es el Libertador de la opresión. Él lo cree y con título de libertador lo engrillan por que es el Niño de Dn. Joseph Salas, y se mueve según el gesto que le manda haser. Su genio le lleva a la plasentería, pero el director le manda poner grave y se endereza fixando los ojos en el suelo para no mirar las caras. Se le impone que no de asiento [a nadie en su mesa] y esta es máxima para que no se familiarice con alguno. Le hazen cólera contra todos los hombres capases de dar un consejo, no sea que se prende de alguno y conosca que hase ventajas a los que se hallan dentro.31 Para terminar con las denuncias cruzadas, los partidarios del virrey Amat también acusaban al oidor Bravo del Rivero de haber ejercido una influencia notablemente perjudicial sobre el sucesor de su enemigo Barroeta, el arzobispo de Lima Diego del Corro (1759-1761). Señalaban que el oidor ejerció tal imperio sobre el prelado “que con escándalo notaba el Público la sugeción en que le havía vivido, siendo el más poderoso empeño, para la colación de Beneficios, y aun de las prevendas de oposizión".32 Una denuncia que es imposible no relacionar con la explicación que hacía Barroeta sobre su enemistad con los oidores: “Yo porque no les dexo entrar en mi Gobierno y mies, de que han sacado bastante fruto de curatos, capellanías y otras cosas, con el prudente fin de convivir con ellos […] se han señalado en deslucir, anular o oponerse a a todas mis determinaciones”.33 Esta era la situación del gobierno del Perú que los actores locales describían en sus quejas al monarca entre las décadas de 1750 y 1760. La coincidencia en la manera de formular 30 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 727-728. 31 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 728. 32 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 225. 33 AGI, Lima 985. El arzobispo al marqués de la Ensenada (Lima, 12 de enero de 1754), f. 2v. 16 las denuncias es llamativa. En ellas, virreyes y arzobispos son mostrados como presos de los vaivenes en las luchas intestinas entre facciones locales. Tal situación dista mucho de la que debían esperar los ministros de la casa de Borbón cuando designaron para gobernar el Perú a virreyes fuertes, con experiencia militar y práctica administrativa, como Manso de Velasco o Amat, que debían anteponer los intereses regios a los intereses locales. Ambos responden al perfil de virrey - militar de carrera por el que comenzó a apostar Felipe V con el marqués de Castelfuerte en el Perú y el de Casafuerte en Nueva España, en la década de 1720. Como señala Eissa-Barroso, durante el reinado de Felipe V se da una clara predilección por nombrar a oficiales militares para puestos de gobierno, al poner a capitanes generales a cargo de los gobiernos provinciales peninsulares. Esta elección tiene relación con una visión del gobierno que se aleja de la concepción tradicional de dar justicia a los vasallos. En el contexto de una patrimonialización del reino, la monarquía borbónica reconoce la necesidad de administradores eficaces que puedan fortalecer y ampliar sus dominios, y que a la vez los hagan florecer económicamente. Por su formación, los togados son percibidos como servidores hábiles para debatir pero menos capaces de actuar y, por ende, poco duchos para gobernar. Dentro de esa lógica se contrapone el tradicional modelo de gobierno polisinodal con el nuevo sistema de secretarías que trata de imponerse con la Nueva Planta administrativa.34 Otro motivo que ayuda a explicar el predominio de los oficiales militares en cargos de gobierno en diferentes reinos de la monarquía española, no sólo en las Indias, fue que los militares, más que cualquier otro cuerpo, debían todas sus promociones y mercedes a la exclusiva voluntad del soberano. La reducción del Consejo de Guerra al papel de un tribunal de apelación militar, y la limitación de la capacidad de los virreyes y capitanes generales para ascender o recomendar ascensos castrenses, dejaron el destino de los oficiales militares en manos del rey, lo que favoreció que se estasblecieran vínculos directos de fidelidad. Esta situación difería de la de los miembros de la nobleza, cuya 34 Eissa-Barroso. "“Of experience, zeal, and selflessness”. Eissa-Barroso “De corregimiento a gobierno político-militar”. 17 posición aún derivaba en buena parte de su linaje y derechos señoriales, del mismo modo que la promoción en la carrera judicial aún estaba en gran medida en manos de los consejos.35 El caso más palpable de cuerpo militar adicto al soberano era el de los diferentes cuerpos de la Guardia Real, que gozaban de un alto grado de autonomía ya que sus oficiales respondían directamente al soberano, y de cuyos cuadros salieron gran cantidad de altos oficiales del ejército y la administración real. Aunque finalmente, bajo el mandato del marqués de la Ensenada, este acabó reduciendo su número y poniéndolos bajo la autoridad de la Secretaría de Guerra para reducir su influencia sobre el rey.36 Esta preferencia por administradores de origen militar, eficaces y fieles al rey, debe entenderse como una consecuencia de la Nueva Planta administrativa que Felipe V y sus colaboradores implementaron con éxito dispar tras la Guerra de Sucesión. Estas medidas se orientaban a limitar los espacios de negociación con los cuerpos tradicionales del reino, al implantar una red de agentes más profesionales y -sobre todo- que ligaran más claramente sus intereses a los del soberano. Sin embargo, esto no debe confundirse con la creación de un aséptico cuerpo moderno de burócratas sin intereses propios, sino más bien, con el intento de limitar posibles lealtades a autoridades y cuerpos intermedios. Ese es el sentido, por ejemplo, de la creación de las Secretarías de Despacho, más ejecutivas de la voluntad del rey, que fue de la mano con el debilitamiento de los Consejos, que habitualmente discutían y se oponían a sus decisiones; o la implantación de la vía reservada, que permitió la comunicación directa de los funcionarios reales con el rey y sus ministros, con los que despachaba directamente.37 En los reinos en los cuales el rey no estaba presente físicamente, se buscó limitar la función de la casa y corte de los virreyes como centro del poder simbólico y de la economía del don y la gracia, en beneficio de la corte de Madrid, que se convierte en el 35 Eissa-Barroso. "“Of experience, zeal, and selflessness”, 317-345. 36 Francisco Andujar. “La "reforma" militar del Marqués de la Ensenada”, en El equilibrio de los imperios: de Utrecht a Trafalgar, vol.2, coords. Guimerá, Agustín y Peralta, Víctor (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 530-534. 37 Antonio Calvo Maturana, Cuando manden los que obedecen. La clase política e intelectual de la España preliberal (1780-1808) (Madrid: Marcial Pons, 2013), 29-30. Jean-Pierre Dedieu. "El aparato de gobierno de la monarquía española en el siglo XVIII, elemento constitutivo de un territorio y de una sociedad.", en Más Estado y más mercado. Absolutismo y economía en la España del siglo XVIII, ed. Guillermo Pérez Sarrión (Madrid: Sílex, 2011), 53-73, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs- 00444583/document 18 único centro efectivo de negociación con la Corona. Gracias a ello, el soberano podría establecer vínculos directos de clientelismo sin la necesidad de la intermediación de alter egos. Esto se tradujo, en la práctica, en la pérdida por parte del virrey del Perú de la capacidad de repartir oficios desde 1687, y en un claro cambio hacia un perfil más burocrático, ya bajo el gobierno de la casa de Borbón. Aunque este cambio puede rastrearse de manera más general, en la monarquía Habsburgo, hasta el reinado de Felipe IV, en el que la crisis de la década de 1640, con revueltas en Catalauña, Sicilia, Nápoles, conspiraciones contra el rey y la secesión de Portugal, llevaron a replantearse la función del virrey omo alter-ego del rey. Como señala Rivero Rodríguez, la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, que se comenzó a elaborar décadas atrás, debe entenderse en este contexto como un intento claro de demarcar las funciones de los virreyes y limitar su discrecionalidad en el gobierno de las Indias. Por lo tanto, aunque en todos los apartados de la Recopilación aun se señala que el virrey era el propio rey, la materialización de una norma que delimitaba su jurisdicción implicaba sujetarlo, insertarlo en el engranaje del aparato de gobierno y hacerlo susceptible de vigilancia administrativa.38 A su vez, es evidente el intento de personalizar los lazos clientelares entre el Rey y sus virreyes. La actuación del marqués de la Ensenada, que se felicitaba de tener a sus fieles compañeros de armas -Güemes y Horcasitas, José Antonio Manso de Velasco y Sebastián de Eslava- a la cabeza de los virreinatos de México, Perú y Nueva Granada, da buena cuenta de esta forma creciente de relacionarse con la Corona. Todos ellos son paisanos, clientes y amigos de Ensenada, con quién coincidieron en la campaña de reconquista de Orán; y, por extensión, son clientes del monarca y se deben a él.39 Además, los tres virreyes eran militares de carrera, por lo que debían su ascenso a la voluntad del soberano: tanto Eslava como Manso de Velasco habían desarrollado una brillante carrera militar en la guardia de infantería española, mientras que Güemes y Horcasitas hizo una larga carrera militar, enlistándose en los tercios españoles en 1700. El mismo arzobispo Barroeta, tan denostado por sus enemigos por, supuestamente, ser enemigo de la regalía eclesiástica, era miembro de una familia totalmente integrada en 38 Rivero Rodríguez. La edad de oro de los virreyes, 246, 289. 39 Víctor Peralta Ruiz. Patrones, clientes y amigos: el poder burocrático indiano en la España del siglo XVIII (Madrid: CSIC, 2006). 19 la administración del rey. Muestra de ello, en 1760 su hermano Juan Crisóstomo de Barroeta, regente del Tribunal de Cuentas de México durante más de 30 años, solicitó a la Corona un puesto para uno de sus hermanos menores y, para reforzar su pedido, pasó a enumerar a los seis hermanos Barroeta que ya servían o habían servido al rey como funcionarios. Aparte de él y de Pedro Antonio, que en ese momento ya era arzobispo de Granada, señalaba también a José de Barroeta, dedicado entonces al comercio en Lima, pero que había sido tesorero de la Caja Real de esa ciudad durante seis años. Francisco Javier había sido castellano del fuerte de Cavite en Filipinas, y ahora era alcalde mayor de Villa Alta, en Oaxaca. Gabriel de Barroeta fue tesorero de la Santa Cruzada en Puebla también durante seis años. Finalmente, el ya fallecido Pantaleón de Barroeta había ejercido como funcionario real en la Secretaría de Estado y del Despacho Universal, en Madrid, hasta su muerte en 1740.40 El provenir de una familia leal al rey, con pasado en la Secretaría de Estado, paisano y cliente del ministro de Indias, debieron pesar para que se lo catapultara al trono de Lima desde la canongía magistral de Málaga. Sin embargo, es interesante constatar que la visión borbónica de unos virreyes con un perfil más ejecutivo y una concepción rebajada de su condición de efigie viva del rey, no es necesariamente la que predominaba en el imaginario político del Perú virreinal avanzado el siglo XVIII. Por el contrario, y como se desprende de las críticas de Jorge Juan y Antonio de Ulloa tras visitar el Perú, la concepción tradicional de la figura del virrey seguía bastante viva, y entraba en conflicto con la “moderna” visión que tenían estos dos jóvenes oficiales de la marina real: Desde el instante que un virrey se recibe en el Perú y toma posesión del empleo, se empieza a ver equivocado con la majestad. […] Así los alcaldes ordinarios les sirven de palafreneros, llevando a pie, uno a cada lado, las riendas de su caballo; su persona es conducida debajo de un magnífico palio, cuyas varas llevan los regidores de la ciudad, y dejando aparte otras muchas ceremonias y obsequios correspondientes a éstos, ¿qué mayor podría ser la distinción y majestuoso aparato con que al príncipe verdadero recibiesen sus vasallos más leales y queridos? Considérese, pues, ahora, un virrey tan colmado de aplausos y tan lleno de rendimientos, rodeado de veneración y en unos países tan distantes de su soberano, y será forzoso concebir, conviniendo con nosotros, que habrá de considerarse a sí mismo cual otro soberano, con sólo la distinción de la 40 Michel Bertrand. Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y XVIII (México: Fondo de Cultura Económica, 2011). 20 dependencia y de la limitada duración de esta majestad. ¿Qué mucho, pues, será que interprete las órdenes del príncipe, o que las ponga en ejecución con demasiada tibieza? Al verse con autoridad para todo, y capaz de arbitrar pretextos bastantes, o motivos aparentes, para no darles el debido cumplimiento suponiendo que no conviene el ejecutarlo, ¿qué habrá que espantar que se desentienda de lo que se le ordena, por no bajar nada de la suprema y absoluta superioridad en que se ve? […] la misma indiferencia por lo tocante a la tibia o ninguna observancia de las órdenes reales es común a todos los demás, y se ha hecho ya regular instituto de jueces y ministros.41 En línea con esta preocupación por el equívoco simil rey-virrey, Juan y Ulloa señalaban la necesidad de extinguir costumbres como la de ir debajo de palio o el tratamiento impersonal que utilizaban los virreyes para dirigirse en las cartas a la mayoría de funcionarios locales que, aunque en su opinión no tenían consecuencias formales, “no dejan de infundir algunos humos de soberanía, los cuales no convienen allá en ninguna persona”.42 La imposición de Madrid como única corte donde se negocia la fidelidad y la gracia, ayuda a comprender también porqué a mediados del siglo XVIII se evidencia la práctica desaparición de los grandes séquitos de familiares y criados que tradicionalmente acompañaban a los virreyes desde la península. Estos grupos llegaban a las Indias acompañando a su patrón, el virrey, para servirlo y a la espera de verse beneficiados por su generosidad en el reparto de oficios y prebendas. Tradicionalmente, la Corona había reprobado duramente que los intereses particulares de sus virreyes -y sus familiares- obstaculizaran tanto en la consecusión de sus intereses como las aspiraciones de los beneméritos locales. Sin embargo, esta preocupante fuente de conflictos parece ser cosa del pasado avanzado el siglo XVIII. Por ejemplo, los futuros virreyes Manso de Velasco y Amat, al partir de Cádiz para ocupar el cargo de capitán general de Chile, lo hicieron acompañados por séquitos muy reducidos: sólo uno y seis criados respectivamente, tal como se registra en sus licencias de embarque ante la Casa de la Contratación. Obviamente, la licencia para llevar criados que recibía un capitán general era inferior a la de quien era nombrado virrey, pero en el caso de Manso de Velasco, a quien se le había concedido la posibilidad de llevar hasta un máximo de ocho criados a las Indias, es clara 41 Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Noticias secretas de América, ed. Luis J. Ramos Gómez (Madrid: Historia 16, 1991 [1749]), 464-465. 42 Juan y Ulloa, Noticias secretas¸492-493. 21 la infrautilización de esta potestad. De la misma manera, su antecesor el marqués de Castelfuerte presentó en la Casa de Contratación a sólo 19 familiares y criados antes de partir hacia el Perú como virrey en 1725,43 mientras que Sebastián de Eslava, designado para gobernar el renacido virreinato de Nueva Granada en 1741, llevó consigo tan sólo a doce personas en su séquito.44 Estas son cifras totalmente alejadas de, por ejemplo, los 174 miembros del séquito que acompañó al príncipe de Esquilache en su entrada a Lima en 1615, los 113 del Conde de Lemos en 1667,45 o las 91 personas que compusieron la corte del conde del Villar en 1585, de los cuales 39 recibieron merced de oficios de su patrón.46 Quizá el mejor ejemplo de cómo debería actuar este nuevo tipo de virrey, menos cortesano y poco interesado en favorecer a sus criados mediante prebendas, es justamente el mencionado virrey de Nueva Granada, Sebastián de Eslava. A su fama de tacaño y, por ende, de mal patrón, unía una prohibición rigurosa a sus criados de enriquecerse con obsequios de terceros que pudieran hacer parecer que se lucraba con el favor virreinal. Esta actitud llevó a que al menos cuatro de sus criados se despidieran de su servicio, insatisfechos con la corta paga y la nula posibilidad de enriquercerse, ya que ningún miembro del séquito de Eslava recibió algún cargo o prebenda durante su mandato o después de este. Además, aunque fue destinado al virreinato de Nueva Granada, Eslava nunca puso un pie en Santa Fé, la capital, ya que se quedó en Cartagena de Indias dirigiendo su defensa al estallar la guerra con Inglaterra. Con esta decisión, el virrey mantenía total independencia en la toma de decisiones por lo que, celoso de sus prerrogativas, no colocó a ningún representante en la capital, apostando por dirigir los asuntos de gobierno mediante correspondencia. Ello privó a la élite de Santa Fé de un espacio cortesano donde negociar mercedes y favores, pues sus miembros tenían que 43 AGI, Contratación, 5474, N.1, R.22 (1725). 44 Ainara Vázquez Varela. "Redes de patronazgo del virrey Sebastián de Eslava en Nuevo Reino de Granada." Príncipe de Viana, 72, no. 254 (2011): 135-147. 45 Torres Arancivia, Corte de virreyes, 74. 46 Miguel Costa Vigo. “Por no yr tan solo. Redes clientelares y dinámicas de poder en el virreinato del Perú, 1585-1590”, en Parientes, criados y allegados Los vínculos personales en el mundo virreinal peruano, ed. Magarita Suárez Espinosa (Lima: PUCP – Instituto Riva-Agüero, 2017), 45. 22 viajar a Cartagena de Indias para poder ver al virrey. Pero también suponía para Eslava no quitar la vista de España y de sus ambiciones de ascenso 47 Lo dicho hasta aquí no implicó la desparición de la economía del don en las cortes virreinales dieciochescas, como la de Lima, aunque sí un empobrecimiento del modelo. Los virreyes peruanos mantenían cierta cuota de poder de negociación local ya que, en teoría, podían disponer de doce corregimientos para premiar a beneméritos y parientes48 -decimos en teoría, porque la Corona solía beneficiar todos estos corregimientos y el virrey los encontraba ocupados- y tenían la autoridad para nombrar interinos en los cargos de corregidores que vacasen, siempre que no se hubiese presentado ya el nuevo provisto por la Corona, aunque se había generalizado el abuso de nombrar estos interinos por dos años.49 Esto se convirtió, en la práctica, en una dotación estable de cargos por periodos cortos, ya que cuando llegaba el provisto desde la península se veía obligado a esperar a que acabara el mandato del interino. Esta situación de espera se hacía ineludible para los recién llegados, pues el virrey podía retrasar su asunción al cargo, gracias a su prerrogativa de dar o negar el pase a las cartas de provisión real. La ausencia de un séquito de familiares y criados tuvo varias consecuencias inmediatas que lo diferenciaban del modelo Habsburgo de la corte virreinal. Por una parte, desaparecía aquella vieja y perjudicial competencia entre el entorno del virrey y las élites locales por el acceso a las mercedes y puestos honoríficos del gobierno local. Pero, por otra parte, se privaba al virrey de poder contar con personas de su entera confianza para ejercer el gobierno. En una sociedad de Antiguo Régimen como era la virreinal peruana, la ausencia de una fuerza militar que hiciera cumplir la voluntad real por la fuerza, o de un aparato burocrático robusto que pudiera administrar directamente el reino, la autoridad se ejercía básicamente a través de relaciones personales que aseguren la obediencia a las órdenes dadas. Si nos guiamos por los consejos que Castelfuerte dejó en su informe reservado al marqués de Villagarcía, su sucesor, este debía considerar dos aspectos clave a la hora de gobernar: en primer lugar, identificar personas que pudieran 47 Ainara Vázquez Varela. "Redes de patronazgo del virrey Sebastián de Eslava en Nuevo Reino de Granada." Príncipe de Viana, 72, no. 254 (2011): 135-147. 48 Martín Rubio. El Marqués de Villagarcía¸135. 49 Moreno Cebrián. El corregidor de indios, 45-46. 23 ser útiles al Superior Gobierno, “por la pobreza que hay en este reino de sujetos que desempeñen, con la debida integridad y fidelidad, la confianza que se hace de ellos en negocios de importancia”; y ser consciente de que “los cargos de gobierno y justicia, por la mayor parte, son flexibles y se doblan con facilidad al respeto, a la relación, al empeño, al interés y a los fines particulares que suelen dar ley y regla a los negocios”.50 En otras palabras, el nuevo virrey debía rodearse de personas capaces y fieles de las que valerse -un simil de las virtudes que el rey buscaba en sus nuevos burócratas de origen militar- y tenía que dar por sentado que los oidores no se ajustaban a este perfil. La garantía de fidelidad se había conseguido tradicionalmente mediante el apoyo del gobernante en familiares y criados de confianza, por lo que la limitación de familiares de los que echar mano debilitaba la posibilidad de los virreyes de gobernar valiéndose de sus propias redes sociales. Una petición del arzobispo Barroeta al secretario del Despacho de Marina e Indias José de Carvajal y Lancaster expresa claramente la importancia de la fidelidad personal como mejor garantía para el ejercicio de la autoridad. En 1754 solicitó a la Corona que se le permitiera nombrar obispo auxiliar, pues su mala salud le impedía llevar a cabo por su propia fuerza la visita pastoral al extenso arzobispado de Lima. En la terna que presentó al Real Patronato, ocupaba el primer puesto su pariente Vicente Nuñez Barrenechea, cuya elección solicitaba encarecidamente, porque “además de su robustez y pública aceptación en esta Capital, tiene la apreciable circunstancia de ser mi pariente, paysano, y que viviendo en mi compañía me será más adicto y menos costoso”.51 Bajo estas circunstancias, ¿cómo lograban gobernar estos nuevos virreyes-militares? Al analizar la buena reputación que disfrutaron entre sus súbditos los marqueses de Casafuerte y Castelfuerte, los dos primeros virreyes-militares enviados a América por Felipe V, Francisco Eissa-Barroso planteaba una cuestión difícil de responder: ¿fue esa imagen de buenos gobernantes consecuencia de haber impulsado hábilmente los intereses reales sin alienar a las élites locales o, más bien, fue el resultado de alianzas con los intereses locales?52 Es una pregunta compleja, considerando que, más allá de su vigor 50 Martín Rubio. El Marqués de Villagarcía, 286. 51 AGI, Lima 985. El arzobispo a José de Carvajal y Lancaster (Lima, 14 de febrero de 1754), f. 1v. 52 Eissa-Barroso. "“Of experience, zeal, and selflessness”, 340. 24 militar y experiencia personal de gobierno, carecían de medios reales para imponer su voluntad, despojados como estaban de la gestión efectiva de la gracia y carentes de un poder de coerción suficiente. Vistos los conflictos que se mencionaron al inicio de este capítulo, parece ser que la pretendida equidistancia exigida por el virrey Castelfuerte no pasaba de ser un buen deseo. En tal sentido, Pablo Pérez Mallaína señala que el virrey Manso de Velasco aprendió pronto y por las malas que no podía imponer sus decisiones a los poderosos locales sin llegar a algún acuerdo con todas o al menos alguna de las redes de poder existentes en Lima. Su intento de derribar y prohibir la reedificación de las plantas altas de las viviendas limeñas tras el terremoto de 1746, se encontró con una oposición organizada por parte de las familias ricas de la ciudad y con la imposibilidad práctica de hacer cumplir sus órdenes.53 Por el contrario, una vez establecida una alianza sólida con una facción de la élite limeña –la de los oidores Bravo– el virrey consiguió construirse una convincente imagen de salvador de la ciudad de Lima posterior al terremoto, en la que tuvieron su parte de mérito las relaciones del terremoto escritas por sus propagandistas locales: Victorino Montero y Francisco Ruiz Cano, marqués de Sotoflorido, este último amigo íntimo del oidor Bravo del Rivero.54 Pero el costo de esa alianza parece haber sido la enemistad mortal con otra parte -menos poderosa, eso sí- de la sociedad local. Dicha fracción buscaría respaldo en el arzobispo Barroeta, con malos resultados, y con más éxito en el futuro virrey Amat y sus allegados chilenos. ¿Camarillas reales o imaginadas? Ahora bien, ¿cómo funcionaban estas camarillas o facciones denunciadas alternativamente por Barroeta, Manso de Velasco, Amat, el oidor Bravo del Rivero y sus aliados? ¿Responden a intereses compartidos de largo aliento, son alianzas coyunturales o, más bien, la denuncia de su existencia es un recurso retórico para desacreditar a los enemigos? Es innegable que en las sociedades de Antiguo Régimen, las relaciones 53 Pérez-Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis, 131-150. 54 Pérez-Mallaína. Retrato de una ciudad en crisis, 258-260. Patricia Gutiérrez Rivas. José Antonio de Areche y la Visita General a la Audiencia de Lima (Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2015), 173- 174 25 personales articulan el ejercicio del poder, en ausencia de un aparato estatal que pueda desligarse de los intereses particulares. Pero estas redes de relaciones personales, pese a ser visibles y en muchos casos declaradas, deben ser examinadas con detalle. Tamar Herzog señala que los historiadores habitualmente han tomado indicios externos como pruebas feacientes de la existencia de relaciones personales. Por ejemplo, asumiendo que los lazos familiares, los espacios institucionales o actividades en común creaban automáticamente relaciones personales.55 Además, a partir del análisis del documentado juicio contra el presidente de la Audiencia de Quito, José de Araujo y Río, a instancia de un grupo de comerciantes y funcionarios locales, Herzog señala que probar judicialmente la existencia de obligaciones sociales era una estrategia reconocida por el sistema legal español que permitía, mediante la presentación de “tachas”, invalidar la declaración de los testigos presentados por la parte rival: No era necesario demostrar en el caso específico, es decir, en el juicio en concreto, que los testigos mentían por obligaciones sociales con alguna de las partes. Bastaba con atestiguar que su posición social comprometía potencialmente su declaración; que, por la relación que los unía (o desunía) con otros actores sociales, no eran libres de declarar la verdad y, en muchos casos, ni siquiera de declarar lo que querían. Legalmente, la cuestión de si actuaban o no en el modo esperado (aquí, si mentían en el proceso judicial) era irrelevante. La potencialidad era suficiente. En este contexto legal, las relaciones sociales servían como presunciones de un mal comportamiento (mentir) que no precisaba ser probado.56 Dentro de esta lógica, Herzog señala que se declara la existencia de redes sociales que engloben los adversarios con el objetivo de desacreditarlos, pues formarían un bando, mientras que las propias relaciones sociales se interpretan como una unión circunstancial e inocua. Así se explica, por ejemplo, que el arzobispo Barroeta señalara sin presentar mayor prueba que el cabildo eclesiástico era favorecido por la Real Audiencia, pues al tener de su lado a los dos oidores Bravo, todas sus quejas se atenderían favorablemente en la Real Audiencia, “compuesta toda de naturales criollos, sus Parientes, o 55 Tamar Herzog. “En torno a las relaciones sociales: Nosotros y ellos. Un análisis a partir de los procesos incoados al presidente de la Audiencia de Quito a mediados del siglo XVIII”, en Justicias, agentes y jurisdicciones: de la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX), ed. Elisa Caseli (México: Fondo de Cultura Económica, 2017): 52-53 56 Herzog. “En torno a las relaciones sociales”, 57-58. 26 concolegas”.57 O que Superunda y los oidores desacreditaran a los aliados de Barroeta por conocidos revoltosos y enemigos de la paz de la república, y al propio arzobispo como apasionado e inexperto gobernante. El problema de la parcialización de los testigos en las denuncias y procesos judiciales fue puesto sobre el tapete años después por el virrey Amat, cuando en 1762 pidio al rey que apartara a Pedro Bravo del Rivero de su cargo de oidor decano. Para acreditar el supuesto daño que este hacía al ejercicio de la justicia en el Perú, Amat adjuntó a su misiva las acusaciones hechas por varios sujetos en un interrogatorio secreto. El virrey se excusaba de no mandar una información que sustentara dicho interrogatorio, señalando que sería difícil hacer hablar abiertamente a hombres coaccionados por el poderoso entorno de Bravo del Rivero. Cuando años después, durante el proceso de restitución impulsado por el oidor defenestrado, la defensa de Bravo señalara esta debilidad de las pruebas de Amat, el fiscal del Consejo de Indias haría suya la justificación del virrey: [...] dijo que haviendo meditado recibir una ynformazión al tenor del mismo interrogatorio, havía resuelto después dirigirle a Su Majestad, por si fuese del Real agrado se examinasen en esta Corte quantos sugetos hubiese de aquellas Yndias o se correspondiesen con los de ellas, a excepción de los comprehendidos en la lista [de aliados del oidor Bravo], los quales están a la mira de sofocar quejas, y desfigurar Ynformes para que jamás lleguen íntegros a los Reales Oydos, oponiéndoles a los testigos examinados en Lima en Ynformaciones Secretas, las tachas que fragua la malicia, y suele hacer verosímil la distancia, debilitándose de esta suerte la fe de las pruebas, hasta conseguir que obscureciéndose la verdad, prebalezca la tiranía, […] hasta llegar a hazer dudosos unos hechos que, a ser posible, las piedras de las calles los decantaran.58 El virrey Amat concluía que era difícil conseguir testigos que depusieran contra los Bravo y sus aliados, ya que “era poco menos que suplicio induzirlos, o llamarlos a que declarasen con verdad en una Ynformación Secreta”, por el temor a represalias. En estas disputas, las tachas presentadas contra los supuestos clientes del rival se utilizaban incluso de manera preventiva, como cuando en 1754 los oidores se enteraron de que el arzobispo Baroreta preparaba una información secreta en su contra. Desconocían el cariz de las preguntas, pero enterados de quiénes eran los testigos de Barroeta, pasaron a tacharlos uno a uno, “persuadido con razón a que por su devilidad, relaciones y dependencia no 57 AGI. Lima 985. 58 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 127-128. 27 eran capazes a resistir su violento influxo”.59 El propio Bravo del Rivero, poniendo en duda los testigos y memoriales presentados por el virrey Amat en su contra, citaba al obispo de México, Juan de Palafox, quien en el siglo XVII decía que: No hay delito tan feo y tan terrible en que no se halle testigos, escrivanos y jueces que los suponga, porque en las Yndias, Señor, no pruevan los Poderosos lo que pasa, sino lo que han menester, ni en estos casos declaran los testigos, ni escriven los escrivanos al suceso, sino al intento de aquellos que los presentan y nombran.60 Dicho esto, es necesario tomar con cautela las denuncias cruzadas entre el arzobispo Barroeta, el virrey Superunda y sus aliados, todas dirigidas al rey y sus ministros por la vía reservada. Estas no pueden acogerse con ingenuidad cuando su objetivo, más allá de la posible cuota de verdad que encierren, es sembrar la duda sobre la motivación y la veracidad de las declaraciones, enfatizando las nefastas conexiones sociales de los rivales. Entonces, ¿qué grado de verdad encierran? Para comprender la influencia que podía ejercer realmente la red social de Pedro Bravo del Rivero y Pedro Bravo de Castilla sobre el entorno del virrey Manso de Velasco se hace necesario confrontar las denuncias del arzobispo Barroeta y la información judicial del conflicto Bravo del Rivero-Amat con otras fuentes de información en teoría menos “contaminadas”. Analicemos la composición de la “trinca de los Bravo”, descrita por Barroeta. El arzobispo hacía énfasis en que, al conformar una “gavilla” -de delincuentes, es de suponer-, sus enemigos tenían una estructura, unos líderes y oscuros intereses en común que los obligaban a actuar al unísono. Acusaba a los oidores Pedro Bravo del Rivero y Pedro Bravo de Castilla de ser las cabezas de la organización y de gobernar tiránicamente el Perú. Estos dos personajes se apoyarían en los dos asesores del virrey: el maestrescuela Francisco de Herboso, Asesor general, y Antonio de Boza, agente y Asesor de indios. A ellos debía sumarse Victorino Montero del Águila, capitán de la guardia de alabarderos del virrey, “hombre tan livertino que tiene escandalizado a quantos le oyen sus proposiciones, siempre contra la disciplina eclesiástica [y] christiana costumbres”. Barroeta señalaba además que dos abogados protegidos por los anteriores, Manuel Antonio Silva y Labanda y Miguel Valdiviezo Torrejón, se dedicaban a obstruir las resoluciones del prelado y a 59 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga, Ministro de Indias (Lima, 24 de abril de 1754). 60 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 458-459. 28 empapelarlo judicialmente.61 En una cartas tardías a Madrid, cuando el oidor Bravo de Castilla ya se había jubilado, Barroeta también acusaría de estar coludidos a los oidores Joseph Tagle Bracho, Hermenegildo de Queréjazu, Cristóbal Mesía y Munive, Domingo de Orrantia y Pedro de Echevers; siendo Bravo del Rivero, oidor decano, y Tagle Bracho, oidor subdecano, “los Gefes” del bando.62 Además, el arzobispo también decía sufrir la oposición de cuatro prebendados del cabildo eclesiástico, que resistían su visita apostólica a la catedral: el ya mencionado Herboso, que los capitaneaba, Juan Joseph Marín de Poveda, canónigo magistral al que acusó de padecer lepra, Manuel Molleda y Esteban Gallegos, canónigos de merced. A todos ellos los acusaba de ser parientes o allegados de los oidores. ¿Puede considerarse fiable esta imagen de coalición monolítica para atacar al arzobispo? En principio, el núcleo duro de los acusados por Barroeta tenía una estrecha e innegable relación. Cuando el oidor jubilado Pedro Bravo de Lagunas y Castilla dio a la imprenta su Colección legal de cartas, dictámenes y otros papeles en derecho (1761), las cartas de censura que avalaban la obra se convirtieron en un conjunto de declaraciones de amistad incondicional, que deben ser tomadas en cuenta pese a su carácter laudatorio. Por ejemplo, Miguel Valdiviezo y Torrejón, se declaraba hijo intelectual y discípulo del autor; mientras que el oidor Joseph Tagle Bracho, que entonces ya era subdecano de la Audiencia, se declaraba así mismo el “más verdadero, reconocido, amante amigo, discípulo y servidor” del oidor. Y su gran aliado, Pedro Bravo del Rivero, “su más amante tocayo y seguro servidor”.63 Para completar el círculo de aliados en la Real Audiencia, el fiscal de lo civil, Francisco Ortiz de Foronda era amigo de Bravo del Rivero desde su juventud en el Real Colegio de San Martín, viajaron juntos a España a solicitar mercedes reales en 1734, e incluso fueron socios comerciales en Cádiz.64 Y más cercano en el tiempo, el recién nombrado oidor 61 AGI, Lima 985. El arzobispo al marqués de la Ensenada (Lima, 8 de febrero de 1754). 62 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga (Lima, 4 de octubre de 1757). 63 Pedro Bravo de Lagunas y Castilla. Colección legal de cartas, dictámenes y otros papeles en derecho. Escribiolos el Sr. Dr. D. Pedro Bravo de Lagunas y Castilla, ministro honorario del Supremo Consejo de las Indias, oydor jubilado de la Real Audiencia de Lima, catedratico de prima de leyes jubilado en la Real Universidad de S. Marcos: hoy presbítero de la Real Congregacion del Oratorio de San Phelipe Neri. (Lima: Imprenta de los Huérfanos, 1761). 64 Moreno Cebrián. “Acumulación y blanqueo”, 196. 29 Cristóbal Mesía y Munive había sido apoderado y tenedor de fondos de Pedro Bravo del Rivero y sus familiares durante su estancia en España. Esta podía considerarse una amistad heredada, ya que el tío de Mesía y Munive, el fallecido deán Andrés de Munive, era un amigo cercano de Bravo del Rivero.65 A los lazos declarados de amistad se unían vínculos de parentesco. Pedro Bravo del Rivero y José Toribio Bravo de Castilla, hermano del otro oidor Bravo, eran concuñados gracias a sus matrimonios con las hijas del contador general de la Santa Cruzada, José de Zavala y Esquivel. El arzobispo Barroeta enfatizaba la cercanía de esta relación, señalando que las dos parejas “por la estimación que hacen de esta alianza, viven tan unidos que siempre andan juntos, sin que se les vea de otro modo, y quando Vuestro Virrey en otras cosas que son menos perjudiciales, informa a V.A. o Vuestra Real persona, con el celo del bien público, se ha desentendido de esta perniciosa relación con que los hace más amantes y conformes que dos hermanos carnales”.66 También sindicado como miembro de la “trinca de los Bravo”, el famoso Victorino Montero del Águila, estaba casado desde 1730 con la hermana del presidente de la Audiencia de Quito, José de Araujo y Río, quien a su vez era amigo muy cercano del oidor Bravo del Rivero. Esta relación de parentesco político tuvo efectos prácticos, pues cuando Victorino Montero fue corregidor de Piura y Araujo presidente de la Audiencia de Quito en la década de 1730, entre ambos organizaron una suculenta operación de contrabando en la región.67 Por su parte, el abogado Manuel Antonio de Silva estaba casado desde 1738 con Rosa Morales de Aramburú Montero del Aguila, sobrina carnal de Victorino Montero del Águila. Sin embargo, hay que hacer notar que estos vínculos familiares no generaban automáticamente relaciones de lealtad. Así, el otro sobrino de Victorino Montero y cuñado de Silva, José Morales de Aramburú y Montero del Águila, aunque fue asesor del Cabildo de Lima y del Tribunal del Consulado durante los últimos años del gobierno de Superunda, se decantó finalmente por el partido rival, del virrey Amat, al comenzar la década de 1760, siendo uno de los testigos presentados en contra del oidor 65 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1877-1878 66 AGI, Lima 985. El arzobispo al marqués de la Ensenada (Lima, 17 de enero de 1754). 67 Ruth Hill. Hierarchy, commerce and fraud in Bourbon Spanish America. A postal inspector’s exposé (Nashville: Vanderbilt University Press, 2005), 137-139 30 Bravo del Rivero. Después de después de tomar el hábito sacerdotal, y merced a que él y otros miembros importantes de su familia mantenían estrecha amistad con Amat, José Morales de Aramburú fue elegido cura de Santiago de Chincha, comisario subdelegado de la Santa Cruzada y finalmente fue nombrado rector de la Universidad de San Marcos en 1770.68 Otro ejemplo claro de que los lazos familiares no aseguraban una comunidad de intereses es el caso del alguacil de la Audiencia, Alfonso Carrión y Morcillo, quien era enemigo del oidor Bravo del Rivero, pese a ser cuñado de uno de sus aliados en la Audiencia, el oidor Joseph Tagle Bracho.69 Carrión también era compadre del odiado provisor arzobispal Alonso de la Cueva, mano derecha de Barroeta, quien lo benefició vendiéndole unas tierras a precio módico y regalándole una parte importante de su biblioteca, que en su conjunto se valoró en 9.000 pesos a la hora de testar. En este caso, la animadversión al oidor Bravo y la amistad con Cueva pesaron más en la lealtad de Carrión que su parentesco político con los Tagle. El mismo Alonso de la Cueva, por no ir muy lejos, nombró como su albacea testamentario a Bartolomé Jiménez Lobatón, dean de la catedral de Lima, pese a que este era tío carnal del principal socio y yerno de Bravo del Rivero, Manuel Jiménez Lobatón, marqués de Rocafuerte; y a que, como cabeza del cabildo catedralicio, tenía un largo historial de desencuentros con el patrón de Cueva, el arzobispo Barroeta. Los Bravo de Castilla también mostraron estar muy imbricados con los cortesanos criollos del virrey Manso de Velasco. Es conocida la amistad que unía a Pedro Bravo de Castilla con el maestrescuela Francisco de Herboso, asesor del virrey, al punto que le dedicó a este su Colección legal de cartas, dictámenes y otros papeles en derecho. Pero también su hermano José Toribio cultivó relaciones comerciales provechosas en el entorno cortesano del virrey: siendo poseedor de estancias ganaderas, se asoció con Victorino 68 Víctor Peralta Ruiz. Patrones, clientes y amigos, 204-209. Dagoberto García Ramos. "Don José Morales de Aramburú y Montero del Águila". Fénix, 5 (1947), 283-288. 69 Campbell. “A Colonial Establishment”, 24. 31 Montero para explotar durante nueve años la cobranza de la alcabala de carneros de Lima, que reportaba 1.500 pesos anuales.70 El menor de los Bravo de Castilla, José Toribio, también mantuvo buenas relaciones con el racionero Pedro de Zubieta, confesor del virrey, quien lo favoreció en 1756 con la entrega de la hacienda San Juan de Guata, en la provincia del Santa. Esta propiedad la había heredado el sacerdote recientemente, y estaba cargada con 8.600 pesos de censos: 3.600 pesos en dos antiguos censos perpetuos al 3% anual y otros 5.000 al 5% en dos aniversarios de misas y patronato de legos fundados por la difunta propietaria, uno de los cuales tenía a Zubieta como beneficiario. Este se quejaba de que sus inquilinos se retrasaban en pagar los censos y cumplir con sus obligaciones, por lo que solicitó al alcalde ordinario de Lima que aprobara la venta de la finca en 8.600 pesos con descuento de censos. Es decir, Bravo de Castilla recibía la hacienda gratis, con cargo a pagar unos censos que ascendían a 358 pesos anuales. Aprobó la transacción el alcalde de Lima Juan Manuel de Elcorrobarrutia, socio de negocios de José Toribio, con el parecer legal de otro miembro de la “trinca de los Bravo”, Miguel de Valdiviezo, que era asesor legal del cabildo.71 José Toribio Bravo de Castilla también debió ser personaje cercano al virrey, pues en 1762 fue uno de los fiadores de Manso de Velasco en su proceso de juicio de residencia, con Antonio Boza a la cabeza de su defensa. Por su parte, el asesor de indios Antonio Boza, había llegado desde Chile acompañado de una mala reputación. Por las historias familiares que recoje el historiador Vicuña Mackenna, su salida de Chile fue bastante accidentada, ya que su padre lo mandó azotar y lo alejó de su presencia tras haber hurtado los estribos de plata de un caballero amigo de la familia.72 En Lima, Antonio Boza se incorporó a la casa de su tío carnal, Pedro de Boza y Solís, estudió leyes en San Marcos y se acabó casando con su prima hermana Catalina, quien aportó al matrimonio una dote de 80.000 pesos. Martín Julián de Gamarra, escribano de Cámara de la Real Audiencia, señalaba que la relación de Antonio Boza con Bravo del Rivero "no sólo era solicitada sino radical y formal", ya que Catalina 70 Lohman Villena, “Victorino Montero del Águila y su Estado Político del Reyno del Perú (1742)”, Anuario de Estudios Americanos, XXXI (1974), 751-807. 71 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), f. 454-461 72 Benjamín Vicuña Mackenna. Historia crítica y social de la ciudad de Santiago (Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1869), tomo II, pp.23-27. 32 de Boza, esposa de Antonio, era prima de Petronila Zavala, esposa del oidor. Además, señalaba que mucho antes de que Antonio de Boza fuese asesor del virrey, siendo colegial de San Martín, ya contaba con la protección de Bravo, “por ser deudo de su mujer y confidente del Dr. Andrés de Munive”, deán del cabildo catedralicio de Lima y antiguo provisor del arzobispo León y Escandón. Antonio no fue el único miembro de los Boza en acceder a la corte virreinal: su primo hermano Pedro de Boza fue designado capitán de la Compañía de Arqueros del virrey.73 Formalmente, los oidores Bravo estaban separados del entorno clientelar de Manso de Velasco, pues les estaba expresamente prohibido desempeñarse como asesores del virrey o en otros puestos de la corte. Bravo de Castilla había sido asesor del virrey Castelfuerte y de Villagarcía, pero eso fue antes antes de ser nombrado oidor. En tal sentido, la relación de ambos oidores con el virrey se debía limitar a darle puntual opinión sobre problemas legales complejos, consultar con él en el Real Acuerdo, así como asumir encargos especiales que requirieran de amplia experiencia en los negocios de la tierra. Por ejemplo, Pedro Bravo del Rivero fue designado para presidir la junta que debía dar forma al proyecto de estanco del tabaco, y ambos oidores participaron en la comisión que fijó los aranceles para el reparto legal de mercaderías en los corregimientos. El propio Barroeta censuraba que, para subsanar la incompatibilidad de cargos, los oidores habían inducido al nombramiento del maestrescuela Francisco Herboso como asesor general del virrey. El solapamiento entre la red social de los Bravo y el entorno cortesano directo de Superunda -sus criados de confianza- es más complicado de demostrar. Una referencia directa de Barroeta a la supuesta mala relación entre el secretario personal del virrey, Diego de Hesles, y los oidores y asesores, podría hacer sospechar que el trato entre cortesanos peninsulares y criollos pudo ser tirante: “estando coligados los tres sugetos [los dos Bravo y Herboso], y vuestro Virrey a ellos tan subordinado, que a su propio secretario Don Diego de Hesles le han hecho abandonar por no tener compañero en la confianza, ni extrabío en las utilidades y el fabor”.74 Pero otros testimonios vertidos en el 73 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1877-1878 74 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga, Ministro de Indias (Lima, 24 de abril de 1754), f. 23. 33 largo juicio que sostuvo Bravo de Rivero para ser restituido en el cargo de oidor decano, junto con documentos notariales de la época, parecen indicar lo contrario. En primer lugar, los cuatro criados de mayor confianza de Manso de Velasco, aquellos que estuvieron implicados en el envío encubierto de las ganancias del virrey a España y, eventualmente, lo acompañaron de vuelta a la península, fueron favorecidos con mercedes de su patrón, ya sea directa o indirectamente (ver Tabla 1), por lo que no se sostiene el argumento del prelado. Tabla 1. Cortesanos del virrey Manso de Velasco Nombre Cargo Origen Prebenda concedida Diego de Hesles Secretario de Cámara Abionzo Corregidor de Abancay (a su Campero (Cantabria) sobrino Manuel Campero) Juan Bautista de Mayordomo mayor Zaragoza Corregidor de Huamalíes Casabona (Aragón) Martín Sáenz de Mayordomo y Viguera (Rioja) Capitán de artillería de Lima Tejada secretario personal Juan de Criado Viguera (Rioja) Oficial mayor y secretario del Albarellos y Soto Estanco del Tabaco En el caso del mayordomo de Superunda, Juan Bautista Casabona, hay claros indicios de que tuvo una relación más que cordial con la “trinca de los Bravo”. En 1747, el suegro de Pedro Bravo del Rivero, José de Zavala y Esquivel, le otorgó un poder para que cobrara a Joseph de Arín, dueño de una recua de mulas de la carrera del Cuzco, los 3.000 pesos que por su intermedio le enviaban desde el Cuzco.75 Mientras que Casabona le sirvió de testaferro o persona interpuesta al asesor Antonio Boza en el remate de la casa principal de su primo hermano, el fallecido Agustín Carrillo de Córdoba Garcés y Marcilla, Regente del Tribunal de Cuentas de Lima, ordenada por concurso de acreedores. La casa en cuestión fue adquirida en 1754 por 9.500 pesos con descuento de 8.000 pesos de censos, 75 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-1748), f. 1111. 34 pagaderos al 3% anual, es decir, sólo se realizó un irrisorio pago en efectivo de 1.500 pesos. Quizá por esta circunstancia, que debía afectar a los acreedores o a familiares de Boza, la declaración de Casabona sobre el verdadero propietario el inmueble recién se produjo tres años después, en 1757.76 Algunos testimonios presentados durante el proceso contra Pedro Bravo del Rivero en la década de 1760 también hacen referencia a la alianza entre otros criados del virrey y la “trinca de los Bravo”. El escribano Manuel Meneses, nombrado por Amat en el puesto de contador de los Reales Derechos de Media Annata y Lanzas, señalaba que era notoria la relación de los oidores Bravo con Francisco de Herboso, Asesor general del virrey Superunda y Antonio de Boza, Asesor de indios, "y que notoriamente se decía que las negociaciones que promovían les eran muy útiles no sólo a los dos (eso es al Oidor Dn. Pedro y Dn. Antonio de Boza) sino también a Dn. Martín de Texaja, Mayordomo que fue de dicho Birrey, con quien también se unieron".77 Se señalaba también que el oidor Bravo del Rivero, Antonio Boza y Martín Sáenz de Tejada participaban en el encubrimiento de los corregidores que, fingiéndose enfermos, se quedaban en Lima y revendían el cargo a terceros bajo la figura de justicias mayores; y que estos mismos personajes enterraban las denuncias contra los corregidores que llegaban al Superior Gobierno.78 Otro testigo, el ya mencionado José Morales de Aramburú, señalaba que estos manejos también se daban en la provisión de curatos en la arquidócesis de Lima durante el gobierno de Diego del Corro, sucesor de Barroeta, gracias a una “confederazión del oidor Don Pedro con el Dr. Don Antonio Boza, Don Martín de Texada, Mayordomo de el Virrey, y Don Juan de Albarellos, su secretario de cartas”. Morales de Aramburú ponía el ejemplo del cura de Chincha, Dr. Toribio Luján, quien opositó a un curato vacante en la catedral de Lima, pero fue desplazado injustamente por Domingo Larrión, postulante allegado del 76 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758), f. 139. AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 572-580. 77 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1877. 78 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1888, Im. 492. Los testimonios son de Manuel Meneses, escribano del Tribunal Mayor de Cuentas, y Cosme de la Peña y Lillo, cura de la doctrina de Santa Cruz de Orujillo en la Provincia de Lampa. 35 oidor Bravo, pese a que por su avanzada edad, méritos y votos favorables, Luján era el candidato más adecuado.79 Se puede sospechar que el virrey estuviera enterado, al menos en parte, de estos manejos, que podrían a su vez ser una de las fuentes del enriquecimiento ilícito que explican el desbalance patrimonial de Manso de Velasco identificado por Pilar Latasa.80 Sin embargo, otros testimonios de los mismos denunciantes tratan de desmentir esta idea. Pedro Zevallos, enemigo declarado del oidor Bravo del Rivero, señalaba que este y Antonio de Boza: […] tenían tan sujeto al Birrey Conde de Superunda que se vehía precisado a seguir el Dictámen de los tres que se hallavan congregados para las determinaciones de los negocios que se ofrecían de govierno, sin que le quedase arvitrio a dho Virrey para oponérseles, porque como el referido oidor Don Pedro Bravo aspirava a governar absolutamente al Conde de Superunda, tenía en su facción a los familiares del Palacio, Don Juan de Albarellos, secretario de Cartas y Don Martín de Texada, Mayordomo, quienes avisavan a dicho Don Pedro Bravo del modo de pensar del Conde de Superunda, y a quien remitía algún expediente reservadamente para que de este modo el enunciado oidor Don Pedro, con su autoridad, pudiese hacer que el dictamen que se diese al Birrey fuese conforme a sus intenciones.81 Aun más grave es la denuncia que se hacía contra Antonio de Boza, asesor del virrey. Este fue favorecido por el virrey Manso de Velasco con la concesión interina -por dos años- del corregimiento de Cajatambo, que se hallaba libre. Boza pretendía que se nombrara en el cargo a Pedro Martínez de Andrade, quien era su arrendatario en la hacienda Colpa, que Boza poseía en la provincia de Cajatambo, pero temía que el virrey rechazara a su candidato por ser "de menor calidad para el empleo". Los denunciantes señalaron que Boza pensó en el siguiente ardid: [Dado que Martínez de Andrade] era un cholo arrendatario, o mayordomo de Don Antonio de Boza, de una hacienda y obrage que mantenía en aquella provincia, no solo por su calidad, sino por su figura ridícula tan despreciable, que para no ponerlo a vista del Virrey con evidente riesgo de la exclusiva del empleo, se jugó la pieza de subrogar en su lugar a Don Bentura Pacheco, a quien por su presencia y aspecto recomendable hicieron se presentase al Virrey diciendo, y suponiendo 79 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1787. 80 Pilar Latasa Vasallo. “Negociar en red: familia, amistad y paisanaje. El virrey Superunda y sus agentes en Lima y Cádiz (1745-1761)”, Anuario de Estudios Americanos, 60, no. 2 (2003) 463-492. 81 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1704-1705. 36 que era dicho Martínez de Andrade, con lo que quedó aprovada su persona con escarnio de Govierno.82 Para hacer más creíble la impostura, Juan de Albarellos, que también habría participado del engaño, le dio algunas de sus prendas a Pacheco para presentarse ante el Virrey, pues el impostor era un hombre pobre; y el propio Boza lo hizo asistir al palacio en su carruaje. Amat disculpaba la supuesta candidez de su antecesor señalando que no era posible que reconociera el engaño, considerando la “sólida y elevada muralla, con que le tuvieron encerrado los que le circundaban, sin dejarse brechas para el menor vislumbre de desengaño”, más aún cuando los conspiradores “eran su Asesor Boza, y sus mismos familiares, de quienes confiaba."83 ¿Un virrey prisionero de sus cortesanos? El duque de la Palata describía así el gobierno del Perú a fines del siglo XVIII: El gobierno de estas dilatadas Provincias del Perú, siendo el más fácil en la dirección es el más travajoso de quantos tiene Su Majestad en todos sus dominios. Es el más fácil porque los súbditos son de buen natural y amantes de su Rey, obedecen sin repugnancia; no hay representación de Reyno ni ciudades que hagan cuerpo para pedir ni defender privilegios […] y a la voz del Rey están todos rendidos por su docilidad sin que pueda tenerse alteración ni turbación grave en la república; pero es el más trabajoso porque en setenta y ocho Provincias que tiene el Perú, no tiene el Virrey con quien partir el cuidado de su Govierno, por que de quantas cosas se ofrecen por leves que sean, y de un expediente fácil y ordinario del cargo de los corregidores, quieren dar cuenta al Virrey pareciéndoles que no pueden alcanzar Justicia en la Provincia si primero no se quejan de quien se la ha de hacer; con que todos los chasquis que son lo correos, en cada mes tres de diferentes Provincias, es inmenso el despacho, y de grande desavrimiento por la diversidad y calidad de los negocios en que inútilmente se gasta el tiempo con la mayor parte de ellos, pero es necesario este perdido travajo porque no tienen en el Reyno otro consuelo que el de esta continua correspondencia con el Virrey […] haciéndome leer todas [las cartas] y dando el punto para su respuesta, pero con el desconsuelo de […] la poca seguridad en la certeza de las noticias, por la mucha dificultad de averiguarlas, y por no poder fiar la ejecución del remedio en las Provincias a personas independientes y de yntegridad.84 82 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 537. 83 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1566. 84 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 460-461. 37 La situación planteada por el duque de la Palata implica una doble negación: ni autogobierno de unos inexistentes cuerpos de la república, ni gobierno centralizado y fiable del rey y sus servidores. La imagen del virrey como supremo y solitario árbitro del mundo virreinal, abordando el titánico trabajo de responder en tres días las súplicas y denuncias de los más recónditos confines del Perú, antes de que los chasquis retornen a sus provincias, es obviamente una imagen un tanto exagerada. Pero lleva a la reflexión acerca de los débiles recursos del poder monárquico para hacer cumplir su voluntad. Medio siglo después, pese a las iniciativas de reforma de los ministros de la monarquía borbónica, los virreyes seguían probablemente tan faltos de información y capacidad operativa como sus antecesores. Pero, aún peor, los virreyes de mediados del siglo XVIII, carentes de buena parte del poder simbólico de la corte, y del poder real del reparto de prebendas, debieron ver que su capacidad de gobernar pasaba necesariamente por tranzar con los intereses locales, justo lo contrario de lo que recomendaba Castelfuerte a su sucesor Villagarcía. Es cierto que durante el gobierno del virrey Manso de Velasco, el marqués de la Ensenada trató de fomentar en el Perú la política real de ocupar los puestos de gobierno provincial -los corregimientos, en este caso- con gobernadores militares “que restableciesen la recta administración de justicia”,85 tal como se hacía en esos momentos en los reinos de la corona de Aragón; por lo que se podría esperar un fortalecimiento del poder del virrey. Sin embargo, las intenciones de Ensenada se torcieron. En 1753 llegaron al Perú ocho oficiales militares, embarcados por cuenta de la Real Hacienda, y en su mayoría fueron destinados a aquellos corregimientos más expuestos “a recibir las hostilidades de los bárbaros, por su crecida extensión y descubierto de sus fronteras”.86 Algunos de ellos tuvieron problemas con los poderosos locales, como en el caso del corregidor de Huanta, teniente coronel Juan Gabriel Díaz de Arce, que denunció al influyente corregidor de la vecina Huamanga, Nicolás de Boza, tío del asesor Boza. Ello hizo que Superunda optara por buscarle destino a Díaz de Arce en el corregimiento de Chucuito, “considerando que, así a la provincia como a su persona, le sería mejor pasar a gobernar otra”.87 Así, pues, el 85 Superunda. Relación de gobierno, 446. 86 Superunda. Relación de gobierno, 446. 87 Superunda. Relación de gobierno, 448. 38 propio virrey apostaba a la continuidad de los parientes de la camarilla local, en desmedro de quienes debían ser, en teoría, sostenes del poder monárquico. Por otra parte, aunque los recién llegados oficiales militares no habían pagado por sus corregimientos, ya que habían sido elegidos por ser hombres de confianza del rey, acabaron participando del reparto en sus provincias, ya que según se excusaba el virrey, “los salarios son cortos y la única vitalidad está reducida al repartimiento , que antes se les disimulaba y al presente les es permitido”. Aunque como no sabían qué tiempo tendrían para hacer el cobro del reparto, se les prorrogó en sus cargos por cinco años más, de manera queno tuvieran que usar la violencia para acelerar las cobranzas.88 Así, pues, el intento de hacer más eficiente y operativo el gobierno local en la década de 1750 pareció más un paliativo y no una política sistemática. En este contexto, el virrey Amat denunciaba en la década de 1760 cómo unos pocos hombres bien colocados en la corte limeña de Manso de Velasco habían conformado "una red tan impenetrable para llegar las noticias al Conde como barredera para expoliar las Provincias", y las quejas por los cohechos y desmanes no habrían llegado al Superior Gobierno "porque el dicho Dr. Boza tenía mano para fraguar estas negociaciones sin noticia del Govierno, y no le faltaban astucias para atajar los conductos por donde podían subir a sus oydos".89 Si analizamos cómo se configuraba la red de relaciones entre los miembros de la “trinca de los Bravo”, el virrey, sus criados y los partidarios de Francisco de Herboso en el cabildo de la catedral (Figura 1), la suposición de Amat -un virrey Superunda aislado por una camarilla que incluía criados y asesores- no parece descabellada, aunque es necesario explicarla con más detalle. En el gráfico hemos señalado con líneas discontinuas aquellos vínculos sociales sólo demostrables a través de las acusaciones en procesos judiciales o memoriales de denuncia. En cambio, los vínculos marcados con líneas en colores, son aquellos que son contrastables a partir de otra documentación (protocolos notariales, cartas, dedicatorias literarias, etc.). Se han excluido los lazos de parentesco “inactivos” o aquellos que son fruto exclusivamente de compartir espacios laborales o la pertenecia a cuerpos. Así, por 88 Superunda. Relación de gobierno, 449. 89 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1834 39 ejemplo, no todos los miembros del cabildo eclesiástico están conectados entre sí, pese a firmar documentos conjuntos, pues es esperable que en general actúen de manera corporativa. Tampoco se han incluido a todos los oidores y canónigos, sino sólo a aquellos que aparecen relacionados con las disputas analizadas entre los años 1751 y 1758, durante la permanencía del Pedro Antonio Barroeta en Lima. Algunas cuestiones pueden deducirse de un análisis del mapa de la red. En primer lugar, y como es esperable, el hecho de que el virrey no establezca lazos comerciales o familiares con la población local. Prácticamente todos los vínculos de amistad del virrey se limitan a su círculo cortesano. Sin embargo, sus criados de confianza mantienen, a su vez, vínculos con los cortesanos locales y con familiares de los oidores Bravo, aunque pocos de estos nexos son verificables fuera de los documentos de denuncia. Especialmente interesante es el caso de Casabona, mayordomo del virrey, que hace préstamos o es apoderado de personajes cercanos a Bravo del Rivero. También es de destacar que los comerciantes Pedro de Arriaga y Joseph Guisasola, quienes ayudaron a Manso de Velasco a saldar las deudas de viaje contraídas durante su periplo a Chile como gobernador, sean parte del cículo de comerciantes que negocian con Pedro Bravo del Rivero, sus familiares y su allegado Joseph de Orellana, contador de retasas y receptor del diezmo eclesiástico. Sin embargo, los vínculos de Bravo del Rivero y Antonio de Boza con Saénz de Tejada y Albarellos, criados del virrey, que implicarían la comisión de corruptelas más jugosas, no pueden ser demostradas más que indirectamente, dado su carácter opaco. 40 Figura 1. Relaciones sociales entre miembros de la Real Audiencia, el Cabildo Eclesiástico y los cortesanos del Virrey 41 También llama la atención un hecho que contradice claramente las denuncias del arzobispo de Lima: Manuel de Silva y Labanda y Miguel Valdiviezo Torrejón resultan ser personajes bastante marginales, si exceptuamos del análisis las relaciones sin demostración cruzada. Estos dos abogados estuvieron inmersos en la mayoría de casos conflictivos de la época: Silva representó al cabildo de Lima ante el virrey por el caso de los pisos altos de las viviendas, y también representó a los prebendados de Lima en sus disputas con Barroeta por la visita al cabildo catedralicio. Sin embargo, sus relaciones verificables con la “trinca de los Bravo” se limitan a ser cuñado de Victorino Montero, un personaje que, sin tener muchos vínculos, era capitán de la guardia del virrey y cuñado deJosé de Araujo y Río, gran amigo de Pedro Bravo del Rivero y a la sazón Presidente de la Real Audiencia de Guatemala. En el caso de Valdiviezo, este era amigo de Manuel de Silva y de Antonio de Boza, y al parecer fue discípulo de Bravo de Castilla, pero sus relaciones no son más fructíferas. En su ya cirtada carta al conde de Superunda él mismo reconoce que no tuvo mayor parte en su gobierno y que “Vuestra Excelencia sabe que debiéndole yo por su dignación un distinguido aprecio, no frecuenté tres vezes su Palacio y quando repetí visitarle fue quando Vuestra Excelencia dejó el empleo tanto que me notaba de retirado y por esso de ingrato”.90 Pese a los problemas que implica aceptar sin reparos los testimonios recopilados por Amat y el fiscal Diego Holgado para denunciar la “liga de ministros” de los Bravo, estos pueden ser útiles para explicar los vínculos débiles, incluso efímeros, de Silva con sus aliados. Para comenzar, Manuel Meneses91 señalaba que sabía de oídas que en diversas ocasiones el virrey, desconfiando de la inocuidad de la opinión de sus asesores, y deseoso de estar instruido en los temas a tratar en el Real Acuerdo, se valió secretamente del Dr. Manuel de Silva y Labanda, quien era catedrático de Prima de Leyes. El virrey le escribía una esquela al abogado y a la espalda este le exponía su dictamen sobre el asunto consultado.92 El que Superunda se valiera de Silva y Labanda no deja de resultar paradójico, si consideramos que lo amenazó con desterrarlo a Valdivia durante las 90 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 729. 91 La defensa de Bravo del Rivero presentó una tacha a este testigo, por ser cliente de Amat, ya que el virrey lo nombró capitán de la Primera Compañía de Milicias del Gremio de Escribanos y le concedió interinamente el empleo de Contador de los Reales Derechos de Lanzas y Media Annata. AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 184. 92 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1704-1705. 42 disputas que mantuvo con él, como abogado del cabildo de la ciudad, por oponerse a sus planes de limitar la altura de las viviendas de los oligarcas limeños, a modo de prevensión contra futuros terremotos.93 En realidad, el caso de Manuel Silva y Labanda ilustra claramente cómo debe diferenciarse la creación de alianzas circunstanciales de la existencia de vínculos sociales sólidos. En muchos casos, el intento de alinear a los personajes en uno u otro bando durante un conflicto, hace que se magnifiquen relaciones que no son más que acomodos coyunturales. En tal sentido, si bien parece verificable la relación de amistad de Silva con Miguel Valdiviezo y Torrejón, al que trató de aupar a una cátedra universitaria; no sucede lo mismo con su relación con los oidores Bravo. Según señala José Morales de Aramburú, cuando su cuñado Manuel de Silva y Labanda tuvo un juicio por los intereses de una deuda con Jerónimo de Boza y Solís, marqués de Casa Boza y tío de Antonio de Boza, el abogado limeño optó por no seguir litigando pese a haber obtenido la primera sentencia favorable, ya que debido a “la liga de Bravo con los demás ministros” no se daba curso a la causa.94 ¿Puede ser considerado Silva parte de la camarilla de los Bravo? Según su cuñado, no, ya que prefirió esperar a que hubiese nuevo gobierno para evitar que Bravo y Antonio Boza tuvieran injerencia sobre el caso. Ello no contradice alianzas puntuales, en las que estos pudieran apoyar a Silva en contra del candidato de Barroeta a la cátedra, Antonio Álvarez Ron, discípulo del odiado Alonso de la Cueva. O que le dieran protección en la Real Audiencia cuando este representó al cabildo eclesiástico, lleno de parientes y amigos de los oidores limeños, contra el colérico Barroeta. Queda bastante claro, en cambio, por qué los padres del Oratorio de San Felipe Neri buscaron la protección de la Real Audiencia cuando Barroeta les quiso hacer una visita eclesiástica. La visita de Barroeta se ajustaba a las órdenes que trajo consigo desde Madrid, orientadas a reducir el número de casa profesas, con especial atención a aquellas que tuvieran pocos religiosos, tal cual era el caso de los oratorianos limeños. Pero detrás de la visita, que se antojaba apresurada pues se adelantaba a las de las grandes órdenes religiosas, estaba probablemente la vieja inquina entre el provisor Cueva, separado de la 93 Pérez-Mallaína. Retrado de una ciudad en crisis, 136-150. 94 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im.. 1796. 43 orden, y sus viejos compañeros de religión. Alonso de la Cueva llegó a procurador de la congregación, y para reflejar sus desavenencias con la misma, había escrito hacía ya unos años una historia del Oratorio de San Felipe Neri en Lima, en donde ponía en tela de juicio sus derechos sobre el hospital de curas pobres de San Pedro y sus rentas, obra que mereció la censura eclesiástica.95 La Real Audiencia intervino sin mayores reparos en este caso, debido a los lazos familiares del prepósito de la orden, Martín Ortíz de Foronda, con el fiscal de los civil, Francisco Ortíz de Foronda. Además, desde su jubilación, el viejo oidor decano de la Audiencia, Álvaro de Navia Bolaños, había tomado las órdenes sagradas e ingresó al Oratorio de San Felipe Neri como padre coadjutor. El mismo camino tomaría en 1756 Pedro Bravo de Castilla, que ya era clérigo de menores órdenes. Una vez más, el virrey Amat tenía duras palabras para la relación entre los oidores y los oratorianos: Que sobre todos el Oydor Juvilado y honorario del Supremo Consejo, aunque retirado en el Oratorio en San Phelipe Neri, no havía echo más que profanarlo, constituiendo aquel lugar oficina donde se fraguavan y maquinavan todas las invenciones, se celebravan las Juntas y Conventículos de los demás Ministros aliados y confederados, se repartían y vendían los oficios, y no se tratava más que de medios con que hacer odioso el Govierno de modo que los demás tomavan lecciones de este Ministro para embarrar el servicio y tiranizar la República persuadidos por el mismo a que havría trazas y ardides para que continuando el artificio no se penetrase la multitud de excesos y delitos de que son reos acusados y convictos de las quejas comunes de aquel vecindario.96 En cambio, el conflicto que se desató entre el arzobispo y el cabildo catedralicio por temas de protocolo y, sobre todo, por la visita eclesiástica a la catedral, requiere una mayor explicación. En 1752 se inició la visita general a la catedral y su cabildo, para cuyo desarrollo Barroeta veía necesario hacer inspección del archivo catedralicio. El objetivo de esto, aparte de revisar los privilegios, excepciones y costumbres que tocaban a los prebendados de la catedral, motivo de continuas desavenecias con el arzobispo; era poder determinar el estado de la obra de reconstrucción del templo, del inventario de las alhajas y ornamentos del culto divino, de las capellanías fundadas en la catedral y del 95 Alonso de la Cueva Ponce de León. Compendio histórico de la fundación y progresos de los clérigos seculares que vivenen común observando el instituto de la Congregación del Glorioso San Phelipe Neri, en la ciudad de Lima, Corte de los Reynos del Perú, en las Yndias Occidentales (Sevilla: Juan de la Puerta, 1728); AAL. Hospitales. Leg. 3 Exp. 15. 1724. 96 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 451. 44 manejo de los diezmos eclesiásticos. Ello se hacía necesario por la precariedad en que se hallaba la catedral tras el terremoto de 1746. El provisor del arzobispo, Juan de la Cueva, conocía bien el archivo, dado que lo reorganizó y utilizó profusamente en la década de 1720, cuando el arzobispo Morciollo le encomendó redactar una historia de la arquidiócesis de Lima. Sin embargo, los prebendados se opusieron en redondo a que el archivo fuera visitado hasta que este no estuviera separado en tres: el archivo específico a asuntos con el arzobispado, el que competía a la fábrica y mantenimiento del edificio de la catedral, y un tercero que correspondería a documentación propia del manejo interno del cabildo catedralicio, el cual debería quedar excluida de la visita. Los prebendados pasaron de demorar el proceso de visita a pedir el amparo de la Real Audiencia en 1753, e inclusive enviaron extensos memoriales al Consejo de Indias por temas de costumbre en el ceremonial. El virrey Superunda, reunido en el Real Acuerdo, dictaminó que los dos oidores Bravo intermediaran en las disputas con los cabildantes y con el Oratorio, reuniéndose con el arzobispo para hallar una solución. En esas estaban cuando apareció en la plaza mayor de la ciudad un pasquín infamatorio contra el prelado: Contenía el pasquín una horca, sus dos colunas los dos oydores Dn. Pedro Bravo del Rivero, y Dn. Pedro Bravo de Castilla; el ahorcado yo: el Berdugo Dn. Francisco Hervoso Maestre escuela de esta Santta Yglesia, Asesor general de este virrey; este apuntando con el bastón con esta lettra: bien está lo hecho, bien está lo hecho.97 Barroeta, que ya consideraba a los oidores enemigos de su jurisdicción, suspendió las conferencias a la espera de que el virrey nombrara a otros interlocutores, “siendo aquellos tan abiertamente sospechosos y destructores de las preeminencias de esta Prelacía”.98 Mientras que en un extenso memorial impreso, escrito por el canónigo Gallegos, el cabildo eclesiástico le reprochaba al arzobispo que se negara “a que dichos Señores Ministros continuassen y acabassen de concluir lo que con su gran literatura, prudencia, y manejo de mayores y aún más arduos negocios, tenían en buen estado”. El 97 AGI, Lima 985. El arzobispo al marqués de la Ensenada (Lima, 14 de enero de 1754), f. 1v 98 AGI, Lima 985. El arzobispo al marqués de la Ensenada (Lima, 14 de enero de 1754), f. 2v. 45 elogio a los oidores era inconmesurable: “sugetos, que para dar a luz uno sólo de su tamaño, suda un siglo entero la Naturaleza”99 El prelado atribuía sus desavenencias a dos motivos: el principal era la inconveniencia de que el maestrescuela Francisco de Herboso fuera, a su vez, asesor del virrey, por los conflictos jurisdiccionales que acarreaba; y, en segundo lugar, “por haverse hecho este negocio [la disputa por la visita eclesiástica] propio públicamente de los parientes de dichos Racioneros, y sus casas, oponiéndome el gran valimiento de los togados hermanos de algunos de los Racioneros”.100 A simple vista, el segundo argumento no se sostiene si se lo confronta con los vínculos graficados en la figura 1, ya que si bien los oidores Joseph Tagle y Antonio Hermenegildo de Queréjazu tenían hermanos en el cabildo eclesiástico, al comenzar las disputas no pasaban de racioneros y no estaban involucrados activamente en las disputas. En cambio, los prebendados que, según Barroeta, se oponían más vivamente a él: el maestrescuela Francisco de Herboso y los canónigos Esteban Joseph Gallegos, Manuel de Molleda y Clerque, y Juan Marín de Poveda, carecían de vínculos familiares con los togados. Como se aprecia en el mapa de relaciones, Gallegos sí era amigo cercano de Pedro Bravo del Rivero; pero Barroeta sólo solicitaba enfáticamente que se retirara a Herboso de la asesoría del virrey, ya que así quedaría descabezada la oposición. Incluso el arcediano Antonio Jiménez Lobatón, que sería nombrado deán en 1756, no participó en las disputas, pese a que su sobrino carnal Manuel Jiménez Lobatón, marqués de Rocafuerte, era cuñado y socio de negocios de Bravo del Rivero. Así, pues, aunque Barroeta generara animadversión entre los prebendados por su falta de tino al no observar la costumbre en el ceremonial, o que los oidores Bravo apoyaron a su aliado Herboso, no se entiende los niveles de crispación a los que llegó el altercado. Por ejemplo, en 1755 el prelado, siempre ampuloso en sus misivas, informaba al rey que había suspendido la visita al cabildo de la catedral, a la espera del pronunciamiento real sobre el conflicto, y señalaba que, aunque hubiera podido procesar a los capitulares por 99 AGI, Lima 986. Memorial en que el Dean, y Cabildo de esta Santa Iglesia Metropolitana de los Reyes propone y representa los derechos que tiene para pedir reforma de dos Autos proveídos en Visita por el Illustrísimo Señor Doctor Don Pedro Antonio de Barroeta y Ágel su Arzobispo, del Consejo de su Majestad (Lima, c. 1755), 74. 100 AGI, Lima 985. El arzobispo al rey (Lima, 25 de mayo de 1754), f. 3. 46 “tumultuarios”, se había abstenido “temeroso de un sangriento rompimiento con el amparo del virrey”, ya que este había enviado a su escribano de cámara con soldados “a las puertas de mi Casa” y habían irrumpido en el tribunal eclesiástico, que se hallaba realizando audiencia, para llevarse una relación que demoraba en ser expedida.101 Con gran tino, Emilio Pérez-Mallaína señala que, en general, lo que estaba detrás de las múltiples disputas entre el arzobispo Barroeta y sus enemigos, más allá de disputas protocolares, eran motivos materiales universales: prebendas, curatos, salarios, etc. Pero son justamente los motivos materiales -de calibre- los que, en principio brillan por su ausencia en el caso de la visita a la catedral ¿Se limitaba toda esta disputa a un duelo de jurisdicciones? No parece que sea así. Hay dos motivos económicos que no se llegaron a concretar en la visita al cabildo eclesiástico debido a su suspensión, aunque en un principio se los anunció: la revisión del estado de las capellanías fundadas en la catedral, cuyas rentas disfrutaban los capitulares y, en segundo lugar, el manejo de los diezmos del arzobispado. El tema de las capellanías se había discutido en Madrid, en la Junta Especial a la que fue convocado Barroeta, y también era un tema conflictivo que abordó Superunda en sus cartas al marqués de la Ensenada. El arzobispo incluso solicitó a la Inquisición limeña que hiciera relación de las capellanías y obras pías de las que gozaba, aunque obtuvo escasa respuesta. Por su parte, los diezmos eran la principal fuente de ingresos del arzobispo y de los prebendados de la catedral, y su reparto se realizaba de la siguiente manera: un cuarto para el obispo, un cuarto para el cabildo eclesiástico, dos novenos para los salarios del clero, un sexto para el mantenimiento de la catedral y hospitales, y un noveno para la Corona. Correspondía al cabildo catedralicio la gestión de los diezmos y, si lo consideraba pertinente, podía sacar a remate su administración en cada provincia. Van Oss señala que para 1628, las cinco dignidades del cabildo catedralicio (dean, arcediano, chantre, maestrescuela y tesorero), mientras que los emolumentos de los racioneros y medio racioneros eran considerablemente más bajos (en su caso puede entenderse la importancia de las capellanías).102 101 AGI, Lima 985. El arzobispo al rey (Lima, 25 de mayo de 1754). 102 Adrian Van Oss, Church and society in Spanish América (Amsterdam: Aksant, 2003), 67-75. 47 El tema de los diezmos, en cambio, podía afectar directamente al entorno del oidor Bravo del Rivero. Dos personajes muy cercanos al oidor estaban directamente implicados en el manejo de los diezmos. El primero de ellos, Joseph de Orellana, además de contador de retasas del virreinato, fue tesorero de las rentas decimales de la Santa Iglesia Metropolitana durante toda la década de 1750, cargo desde el cual gestionaba la recaudación y reparto de los diezmos y primicias del arzobispado. Mientras que el segundo, el hacendado de Pisco José Agustín Bandín Salgado, se asoció con Agustín de Landaburu, terrateniente de Cañete, y el presbítero Cristóbal Galindo, otro conocido de Orellana, para obtener por vía de subasta los diezmos del valle de Pisco durante cuatro años, a razón de 7.500 pesos anuales.103 Además, algunos años después, en 1756, José Toribio Bravo de Castilla también se hizo con la administración temporal de los diezmos de “la villa de Chancay y su distrito”.104 Joseph de Orellana, tenía estrechos vínculos económicos con Pedro Bravo del Rivero, siendo alternativamente apoderado, intermediario en la adquisión de prebendas y aviador de los familiares del oidor, especialmente de su cuñado el corregidor del Cuzco, Manuel Jiménez Lobatón. 105 Orellana fue parte del círculo de confianza personal del oidor durante largos años: en 1741 fue testigo del bautizo del hijo mayor de Bravo del Rivero, Juan José, en una ceremonia oficiada por otro viejo conocido: el canónigo Esteban Joseph Gallegos, que en ese entonces era cura párroco de San Sebastián,106 y casi veinte años después figura como testigo junto al propio padre Gallegos y José Toribio Bravo de Castilla en las cartas dotales de dos de las hijas del oidor (1757 y 1759). Por su parte, José Agustín Bandín Salgado era propietario de dos haciendas en el valle de Pisco, una de panllevar y la otra de vid, y estaba integrado en el comercio de vinos y aguardientes a lo largo de la costa del Pacífico. Su hermano, el comerciante gaditano Miguel Bandín Salgado, estaba casado con Isabel Bravo del Rivero, hermana del oidor, y él lo estaba con la hija del contador de las Cajas Reales de Lima, Manuel de Elcorrobarrutia. Los Elcorrobarrutia tenían tierras e intereses en el valle de Chancay, y fueron socios de 103 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-1748), f. 1290- 1291v. 104 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), f. 414 105 Ver AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 69, 70, 71, 72, 73. 106 AHN, Estados-Carlos III, exp. 746, f. 58. 48 negocios de José Toribio Bravo de Laguna. Sin embargo, la relación de José Agustín Bandín con Pedro Bravo del Rivero parece haber sido más estrecha que con su familia política, ya que lo nombró albacea y heredero universal de sus bienes. La salida de Barroeta de Lima: una pausa en la lucha de camarillas En una carta que escribiera al ministro Julián de Arriaga el 13 de noviembre de 1757, Barroeta daba cuenta de haber sido informado de su traslado a la arquidiócesis española de Granada. Señalaba que la noticia le hacía sufrir un auténtico dilema moral al tener que abandonar Lima, pues “con la más pura sinceridad, me expongo a hacer notoria injusticia a mis ovejas si me resuelvo a dejarlas, abandonando no menos mi salvación […] o a incurrir en el desagrado del Rey, que teniendo su corazón en las manos de Dios, le habrá iluminado para esta resolución”. Dejaba caer, sin embargo, que dicha decisión se debía a inspiración de origen menos divino: las maquinaciones de sus enemigos, quienes lo habrían indispuesto frente al Rey, gracias a los oficios de la camarilla del virrey Superunda, “de cuyas facultades han abusado […] para desfigurar mi conducta, embarazando los saludables progresos de mi pastoral cargo”. En su carta, Barroeta oponía la general congoja de la población a las muestras de alegría de sus enemigos: los oidores Bravo del Rivero y Bravo de Castilla, el asesor general Francisco Herboso, y los canónigos Juan Marín de Poveda, Manuel Molleda y Esteban Gallegos habían celebrado la noticia diciendo: “Ya hemos quitado al Arzobispo, nosotros podemos mucho”. Y ponía en boca del virrey las siguientes palabras: “Como lo quiten de aquí, mas que le den el Arzobispado de Toledo o la Tiara”.107 Para reforzar la idea del peligro espiritual que corrían sus ovejas en su ausencia, el arzobispo sobrecartó a Arriaga dos edictos de esos días finales de 1757, publicados después de saber de su inminente partida. En ellos Barroeta reiteraba su condena a las depravadas costumbres de la grey limeña durante las procesiones y actos religiosos en espacios públicos. El 29 de noviembre de ese año amonestaba a las clases altas porque, pese a las prohibiciones existentes, seguían acudiendo a presenciar las procesiones religiosas montadas en sus carruajes y cabalgaduras, como si estos actos religiosos fueran 107 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga, Ministro de Indias. Lima, 13 de noviembre de 1757 49 un divertimento. Mientras que en un edicto fechado sólo tres días después, el 2 de diciembre, afeaba a la plebe el que se continuara con la inveterada costumbre de aprovechar los portales, las covachas y tenderetes que se armaban en torno a las fiestas religiosas para entregarse a la glotonería y al libertinaje, “visitando calvarios y corriendo iglesias, no para rezar en ellas, y encomendar a sus difuntos, sino para tratarse y comunicarse los dos sexos, que aún de las cenizas de los muertos hacen nacer volcanes de lujuria”.108 En estos edictos, Barroeta repetía las disposiciones con las que desde 1754 trataba de reformar la costumbre de mezclar bailes y música profanos con ceremonias religiosas, eliminando de ellas la presencia de los negros maestros de baile y jóvenes afeminados, prohibiendo bajo pena de excomunión que cantaran y bailaran travestidos .109 Todo ello respondía a un proyecto ilustrado temprano de modernización de las costumbres religiosas, que implicaba el intento por controlar las prácticas populares poco ortodoxas, eliminando una retórica barroca que escapaba al deseo de establecer un control jerarquizado de las expresiones religiosas.110 Pero, como señalara Juan Carlos Estenssoro, este proyecto encontraría resistencia no sólo de parte de la población, sino además de las autoridades seculares, quienes se mostraron celosas en la defensa del Patronato Regio y poco dispuestas a permitir demasiada autonomía eclesiástica.111 Eso mismo constataba Barroeta, quien terminaba advirtiendo que el remedio más oportuno consistía en castigar a algunos de los oidores que se le oponían, lo cual serviría de acicate para que los demás obispos “entren con vigor a remediar las depravadas costumbres de sus ovejas, y teman todos la transgresión de sus empleos, particularmente de Justicia, que tan ofendida se halla”.112 108 AGI, Lima 985. Edictos del arzobispo de Lima. Lima, 29 de noviembre de 1757 y 2 de diciembre de 1757. 109 AGI, Lima 985. Edictos del arzobispo de Lima. Lima, 2 de diciembre de 1757. 110 Juan Carlos Estenssoro, “Modernismo, Estética, Música y Fiesta”, en Tradición y Modernidad en los Andes, comp. Henrique Urbano (Cuzco: CBC, 1997), 181-195; Juan Carlos Estenssoro, ''La plebe ilstrada: El pueblo en las fronteras de la razón”, en Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, comp. Charles Walker (Cuzco: CBC,1995), 33-66. 111 Estenssoro, “Modernismo, Estética, Música y Fiesta”, 184-185. 112 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga, Ministro de Indias. Lima, 13 de noviembre de 1757. 50 CAPÍTULO 2 Vínculos familiares y estrategias de reproducción social en Lima. La familia extensa del oidor Bravo del River Son dilatadas y principales las familias de los Bravos y Zavalas, y por eso continuan las violencias e injusticias. Pedro Antonio, Arzobispo de Lima (1754) Oidores, vínculos familiares y servicio a la monarquía El capítulo de conflictos entre el arzobispo y los oidores y prebendados limeños se cerró el 19 de setiembre de 1758, con un derrotado Barroeta abandonando Lima con destino a su nueva sede episcopal de Granada, entre el alborozo de sus enemigos y la tristeza de sus feligreses. Al menos así lo veía el prelado. Afirmaba que dejaba el Perú en manos de unos tiránicos oidores que tenían subyugado al virrey y que ejercían sus empleos de manera más que discutible, ya que “siendo estos Ministros doce criollos, todos emparentados con los principales seculares y eclesiásticos, no hay lugar para que contra estos se haga justicia”. A modo de ejemplo, Barroeta describía en una carta al secretario del Despacho de Marina e Indias, Julián de Arriaga, cómo estos perjudiciales vínculos sociales locales se materializaban en los preparativos que el oidor Pedro Bravo del Rivero hacía para el matrimonio de su hija mayor, Petronila, con el cuzqueño marqués de Rocafuerte: Finalmente habiendo casado dicho Ministro una hija, fue el objeto más palpable de la ostentación de su poder, no solo en esta capital y cercanías, sino también en lo demás de este reino, disponiendo las cosas de suerte que se le contribuyese por los negociantes, corregidores, litigantes y otros varios sujetos, llegando a tal extremo que registró los almacenes de estos mercaderes con pretexto de escoger las galas, y que de unos fue obsequiado, y de otros, vendidas a bajos precios, que nunca cobrarán, dando la última prueba de haber solicitado personalmente al cocinero del Virrey para que dispusiese la comida.113 113 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga, Ministro de Indias. Lima, 4 de octubre de 1757, f. 3v. 51 Barroeta no perdió oportunidad para ensañarse con su enemigo el oidor, juzgando que “la Providencia de Dios cortó tan escandalosas funciones, dando en ellas muerte repentina a su suegro Don Joseph de Zavala”.114 Pero, más allá de las rencillas personales, no cabe duda de que ponía el acento sobre una situación que, en buena medida, la misma Corona había propiciado con su política de provisión venal de los cargos de justicia en las Audiencias indianas a lo largo de las décadas de 1730 y 1740: el copamiento de la Real Audiencia de Lima por los intereses de las élites locales, con los consecuentes riesgos para la buena administración de justicia y, sobre todo, para el cumplimiento de los intereses de la monarquía. Efectivamente, hacia 1755 la inmensa mayoría de ministros de la Real Audiencia limeña tenía estrechos lazos con las familias más poderosas de la ciudad: de los dieciocho miembros que componían esta institución, doce eran criollos y de los seis peninsulares restantes, cuatro tenían más de cinco años en su puesto y habían establecido fuertes vínculos con la élite local.115 Pero, ¿hasta qué punto el que existieran vínculos entre los oidores de la Audiencia de Lima y las familias locales era preocupante para el monarca? En realidad, esta situación no era nada nueva. La Recopilación de leyes de los reinos de las Indias recogía una serie de leyes orientadas a aislar a los ministros de las Audiencias americanas del resto de la población: la prohibición de que ellos o sus hijos pudieran casarse en su jurisdicción; el impedimento de asistir a bodas, entierros o ser padrinos de bautismo; o la limitación en la adquisición de bienes inmuebles, entre otras restricciones.116 Pero, en la práctica, estas no se cumplieron a rajatabla. Como lo atestiguan la investigación pionera de Pedro Rodríguez Crespo o los más recientes estudios de José de la Puente Brunke sobre las vinculaciones familiares de los oidores peruanos, estas relaciones fueron bastante frecuentes a lo largo del siglo XVII y relativamente bien toleradas por la Corona, que otorgaba con regularidad licencias para contraer matrimonio a ellos o a sus hijos. Esto no era óbice para que eventualmente, ante las quejas por los excesos de los magistrados en defensa de sus intereses privados, las autoridades reconocieran la inconveniencia de 114 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga (Lima, 4 de octubre de 1757), f. 3v. 115 Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 225. 116 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. 52 permitirles estancias prologadas en una misma Audiencia y se los cambiara de destino con cierto decoro.117 Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el incumplimiento habitual de las normas que regulaban los vínculos familiares de los oidores no debe ser entendido estrictamente como una muestra de corrupción o favoritismo, en el sentido que se le otorga desde la perspectiva del Estado liberal. Por el contrario, como señala Jean-Pierre Dedieu, su dispensa por el Rey respondía a una lógica de intercambio constante de servicios políticos que el soberano pide a sus vasallos y devuelve como mercedes económicas, judiciales, honores, etc., en una dinámica que garantizaba la gobernabilidad del reino.118 Este intercambio del servicio y la gracia facilitaba el proceso de vertebración política de la Monarquía a través de amplias redes de relaciones clientelares que, partiendo de la Corte y pasando por una serie de agentes intermedios, permitía el ejercicio de la autoridad real en las provincias más recónditas.119 Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XVIII, se producen cambios en la forma en que el rey intenta construir sus relaciones clientelares, especialmente en el ámbito de la administración real. Estos cambios están relacionados con la forma en que el rey elije a los hombres que conformaban su administración, con la fidelidad personal como norte. A las élites tradicionales se las atrae a través de la pertenencia a la Guardia Real, cuyo prestigio le permite crear lazos de fidelidad personal con familias importantes del reino, sin tener que pasar por los cuerpos intermedios tradicionales. Pero cada vez más, el rey opta por recurrir a familias desvinculadas de sus raíces locales, o con un origen modesto 117 Pedro Rodríguez Crespo, “Sobre parentesco de los oidores con los grupos superiores de la sociedad limeña (a comienzos del siglo XVII)”, Mercurio Peruano, 447-450 (1964), 49-61. José de la Puente Brunke, “Las estrellas solo lucen cuando el sol se pone: Los ministros de la audiencia de Lima en el siglo XVII y sus expectativas”, Illes i imperis: Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y post-colonial, 14 (2012): pp. 49-68. José de la Puente Brunke. “Codicia y bien público: Los ministros de la Audiencia en la Lima seiscentista”, Revista de Indias, 66, 236 (2006): 133 - 148. 118 Jean Pierre Dedieu, “Procesos y redes. La historia de las instituciones administrativas de la época moderna, hoy”, en La pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, eds. Juan Luis Castellano, Jean Pierre Dedieu y María Victoria López-Cordón (Madrid y Barcelona: Universidad de Burdeos, Marcial Pons, 2000), pp. 21-23. 119 José María Imizcos. “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen”, en Élites, poder y red social: las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (Estado de la cuestión y perspectivas), dir. José Mª Imízcoz Beunza (Bilbao: Servicio Editorial. Universidad del País Vasco/EHU), 43-47. 53 que les impide tener una base local de poder suficiente para oponerse a él.120 Las familias de estos servidores fieles surtían a la corona de individuos capaces, necesarios para completar los cuadros de las nuevas instituciones que va creando,121 pero a su vez, en un doble juego, movilizaban en beneficio de sus familias, amigos y clientes los vínculos y recursos que les proporciona el servicio a la Corona, de la cual dependen para prosperar. En el caso del virreinato peruano, alejado de la corte madrileña, con un amplísimo y accidentado territorio, y una administración real escasa y deficitaria, necesariamente entran a tallar las familias notables, movilizando su capital relacional para servir a la Corona como intermediarios que permiten intensificar su presencia en ámbitos donde el control directo de las instituciones reales era limitado. Si bien la monarquía trata de limitar la influencia de las familias poderosas locales eliminando las encomiendas y tratando de restringir el acceso a oficios reales -sobre todo de justicia- y enviando a oficiales reales fieles al monarca; las necesidades económicas del rey lo llevan a vender todo tipo de oficios a los ricos criollos, al menos hasta 1750. En este contexto complejo y, en cierta medida, contradictorio, interesa analizar la construcción de vínculos familiares por parte del oidor Pedro Bravo del Rivero, es decir, el establecimiento de la mayoría de sus lazos fuertes. Son ellos -sus vínculos e intereses familiares más estrechos y continuos- los que permiten entender en buena medida sus decisiones. Se revisará en primer lugar las estrategias de ascenso y consolidación social de la primera generación de los Bravo de Rivero, así como las alianzas del oidor con miembros de otras familias de mayor raigambre -los Zavala y los Jiménez Lobatón- para construir una red familiar extensa. Finalmente, se verá cómo los cambios planteados por la Corona en el acceso a la administración real, así como las fricciones entre los miembros de la familia causaron cierta incertidumbre en torno al modelo de reproducción social de los descendientes del oidor Bravo del Rivero. 120 Jean-Pierre Dedieu. “Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V”, en Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, ed. Pablo Fernández Albaladejo (Madrid: Marcial Pons, Casa de Velásquez, 2002), 381-399. 121 Jean-Pierre Dedieu. “Amistad, familia, patria… y rey. Las bases de la vida política en la Monarquía española de los siglos XVII y XVIII”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 35, 1 (2005): 27-50, http://mcv.revues.org/1620 54 Es ocioso señalar que el tipo de familia al que nos referimos es la familia extensa, compuesta de parientes, clientes, criados, que interactúan en la Casa grande bajo la autoridad patriarcal. Sin embargo, como ya se ha mencionado en la introducción, no se pretende entender a las familias como unidades discretas, esto es, como instituciones que actúan de manera unívoca a través de sus miembros y establecen alianzas con otras familias también monolíticas; sino más bien como entramados relacionales difusos, como señala Zakarías Moutoukias. Esto es importante, ya que habitualmente en los estudios históricos sobre las grandes familias coloniales se ha asumido que estas se comportan como actores colectivos bien delimitidados, es decir, desarrollando estrategias de grupo que constriñen la actuación de los miembros individuales.122 No se pretende negar la importancia de las figuras patriarcales en la configuración de las familias poderosas que analizamos, o que no operen relaciones verticales de autoridad padre-hijo que condicionen la actuación y el destino profesional de sus miembros; pero es necesario reconocer que el margen de acción de los individuos es más o menos significativo, que estos construyen en muchos casos vínculos familiares voluntarios, y que una relación formal de parentesco no implica necesariamente una interacción significativa o una alianza a priori entre dos agentes individuales. De mercaderes a oficiales reales: estrategias de ascenso social de la primera generación criolla de los Bravo del Rivero Entre los comerciantes peninsulares asentados en Lima en las primeras décadas del siglo XVIII parece haber sido una constante el interés por perpetuar y ennoblecer la memoria de su linaje. Sus estrategias de encumbramiento social pasaron por dotarse de símbolos propios de la vida señorial: la acumulación de un patrimonio material transmisible -con especial predilección por la gran propiedad rural y la casa solariega-, la adquisición de hábitos de órdenes militares y títulos de nobleza y, sobre todo, el acceso a las altas dignidades de la administración real. Todos estos elementos debían permitir alcanzar un puesto preeminente en la sociedad que el dinero por sí solo no compraba, pero sí podía facilitar. 122 Zakarías Moutoukias, “Familia patriarcal o redes sociales. Balance de una imagen de la estratificación social”, Anuario IEHS: Instituto de Estudios histórico sociales, 15 (2000): 133-151 55 Así, en la medida en que desde fines del siglo XVII la Corona desarrolló un mercado de oficios vendibles, obtener un oficio real se convirtió en una vía relativamente asequible y muy ventajosa para unos comerciantes con los bolsillos llenos. Así, entre los 61 criollos promovidos a puestos en las Audiencias americanas entre 1713 y 1750, al menos 32 eran criollos de primera generación.123 Chandler y Burkholder señalan que la gran mayoría de estos fueron justamente hijos de ricos comerciantes peninsulares afincados en América, aunque este origen poco ennoblecedor raramente se mencionaba en las relaciones de méritos, por lo que podrían ser más los que compartieran esta condición. En el caso particular de los candidatos limeños, muchos estuvieron dispuestos a “servir” a la Corona con cantidades exorbitantes a cambio de que se les permitiera acceder a una magistratura en su Audiencia natal, cosa que estaba prohibida por las Leyes de Indias. Ese tipo de nombramiento no sólo otorgaba ventajas estratégicas, al estar bien representados sus intereses en el tribunal de justicia, sino que además permitía una transición más fácil del comercio hacia una condición ennoblecida.124 El caso de la familia Bravo del Rivero calza en el escenario descrito. En 1683, el padre del oidor Bravo del Rivero, el Maestre de campo Juan Bravo del Rivero, llegó al Perú desde su natal Brozas, en Extremadura, para hacerse cargo del mayorazgo fundado en Lima por su tío, el capitán Don Juan de Rivero Sánchez. Este mayorazgo incluía varias casas principales en la ciudad y una hacienda de pansembrar en el valle de Late, que generaban una respetable renta anual de 3000 pesos.125 Juan Bravo del Rivero se dedicó al comercio mayorista y prosperó, llegando a ser nombrado cónsul del Tribunal del Consulado durante los años 1708, 1709 y 1719.126 Su éxito económico le permitió, además, contraer matrimonio con la limeña María Antonia Correa y Padilla, cuyo padre también era un comerciante cacereño. El enlace fue prolífico: tuvieron al menos ocho hijos que llegaron a edad adulta. Este número elevado de hijos, lejos de ser excepcional, parece respondes a una lógica biológica de preservación del clan familiar. Entre las 35 familias de comerciantes 123 Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 113. 124 Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 111. 125 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 229. 126 Jesús Turiso Sebastián. Comerciantes españoles en la Lima Borbónica. Anatomía de una élite de poder (Valladolid: Universidad de Valladolid, PUCP, 2002), 295-296. 56 peninsulares asentadas en Lima que ha analizado Turiso Sebastián en la primera mitad del siglo XVIII, la prole media asciende a 6,7 hijos; número que se eleva a 7,3 entre las 105 familias de comerciantes bonaerenses estudiadas por Socolow.127 Pero si bien una prole numerosa aumentaba la esperanza de supervivencia familiar, también generaba el temor a la ruina del patrimonio. Por ello, la vocación eclesiástica y los enlaces matrimoniales fueron mecanismos habituales que los padres utilizaban para regular el equilibrio entre los recursos disponibles y la continuidad del linaje.128 Todas estas variantes en las decisiones relacionadas con el número y destino de la ascendencia son evidencia de que, como señalan Dedieu y Windler, la familia tradicional es, ante todo, un instrumento consciente de transmisión del patrimonio. En el caso de las sociedades de Antiguo Régimen, el ideal de transmisión patrimonial consistía generalmente en concentrar la sucesión en el menor número posible de herederos, para garantizar así la reproducción del grupo. Aunque en la práctica, y según el contexto, la fortuna y la negociación de los miembros de la familiar, las estrategias de transmisión patrimonial podían resultar bastante flexibles. Por ejemplo, podía repartirse el patrimonio de manera equilibrada entre los herederos para asegurar las posibilidades de apoyo mutuo y de extensión de la familia; o, por el contrario, optar por la concentración en un único heredero, en desmedro de los segundones, que pueden incluso ser despojados del derecho a casarse, o buscar dotarse de una posición social o política que les permita servir a los intereses de su familia.129 Las acciones emprendidas por el comerciante Juan Bravo del Rivero parece haber respondido a una estrategia que combinaba la concentración patrimonial con el fortalecimiento del grupo. Como señala Turizo Sebastián, la mayoría de familias de comerciantes peninsulares que ha estudiado en la primera mitad del siglo XVIII trataban de asegurar su posición mediante la creación de vínculos con otras familias de la élite y la ocupación de altos puestos en la administración del Rey. Se asignaba generalmente al primogénito el grueso de la fortuna, títulos y propiedades, idealmente a través de un 127 Turiso Sebastián. Comerciantes españoles en la Lima Borbónica, 164. 128 Pilar Gonzalbo Aizpuru. Familia y orden colonial (México D.F.: Colegio de México, 2005). 129 Jean-Pierre Dedieu and Christian Windler, “La familia: ¿Una clave para entender la historia política? El ejemplo de la España moderna,” Studia Historica - Historia moderna XVIII (1997): 218–19, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00124619/document. 57 vínculo de mayorazgo, mientras los demás hermanos se emplearían a estudiar leyes o teología, con la intención de que pudieran ocupar cargos en la Audiencia, la administración local, o disfrutaran de prebendas eclesiásticas.130 Con respecto a los descendientes que abrazaban la Iglesia como forma de vida, habría que hacer una precisión importante: la profesión de fé en órdenes religiosas implicaba la exclusión legal de la participación testamentaria, ya que el individuo renunciaba a sus derechos temporales. En cambio, aquellos que optan por el clero secular, si bien participan de la herencia de manera igualitaria, son a menudo agentes fundamentales a la hora de transmitir la propiedad, ya que su fallecimiento permite reunir de nuevo la propiedad en la rama principal de la familia a través de múltiples herencias.131 Siguiendo esta lógica, el hijo mayor, Juan, debía suceder a su padre en los dos vínculos familiares. Además, el patriarca movió dinero e influencias para que su primogénito accediera también a un cargo de oidor en la Real Audiencia de Charcas en 1708, cosa que hizo con sólo 23 años, merced a un servicio de 12.000 pesos al monarca. Esta decisión se debió posiblemente a que los dos mayorazgos familiares no eran demasiado ricos, mientras que los oficios de la Real Audiencia dotaban de gran prestigio y autoridad a su ocupante. Otros tres hermanos entraron en vida religiosa. Francisco se ordenó sacerdote y fue nombrado consecutivamente cura doctrinero de Colcha, Poroma y Yamparaes, en las inmediaciones de Chuquisaca; mientras que Nicolás fue doctrinero de Ayopaya y Micani, y posteriormente cura párroco en la villa de Potosí; por tanto, ambos hermanos estuvieron en el radio de influencia de su hermano oidor.132 En cambio, su hermano José ingresó a la Compañía de Jesús, en Lima. Más adelante se verá como los vínculos con la Compañía sirvieron para reforzar la red de contactos del oidor Pedro Bravo del Rivero. Con respecto a las descendientes, se les arregló matrimonios muy convenientes para la familia: Mariana contrajo nupcias con Domingo Matienzo, hijo del influyente presidente 130 Turiso Sebastián. Comerciantes españoles en la Lima Borbónica, 165-169. 131 Cosme Jesús Gómez Carrasco. “Herencia y transmisión del patrimonio a finales del Antiguo Régimen diferentes estrategias en la comunidad mercantil y en la élite local (Albacete, 1750-1830)”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 29 (2009): 97-128 132 Francisco Bravo de Rivero. Relación de la literatura, y meritos del lic. Don Francisco Bravo de Rivero [microform], actual cura rector de la parroquia de señora Santa Ana de la ciudad de Santiago en el reyno de Chile (Madrid, 1746), http://microformguides.gale.com/Data/Download/3268000A.pdf. AGI. El arzobispo al rey. Con comentarios al márgen de los agraviados (Lima, 24 de abril de 1754), f. 20. 58 de la Real Audiencia de Charcas, Gabriel Antonio Matienzo. Mientras que Isabel, la hermana mayor, fue desposada con Miguel Bandín Salgado, quien era miembro de una poderosa familia de comerciantes de Cádiz. Dicho matrimonio se celebró en mayo de 1713, con una dote de 28.000 pesos en efectivo aportada por la familia de la novia. Ese monto sería inmediatamente utilizada por el marido como capital comercial, ya que partió con él hacia España en diciembre del mismo año.133 En resumen, el destino trazado para los hijos del comerciante Juan Bravo del Rivero respondía a una clara estrategia de ascenso del linaje familiar. Juan, el hijo mayor y heredero de los dos mayorazgos paternos en Lima y Brozas, se dedicaría desde su puesto de oidor a reportar poder y prestigio a la familia; mientras que los hijos segundones - Francisco y José- encontraban acomodo en la carrera eclesiástica, donde gozaban de las rentas y el poder asociado a sus prebendas. Los enlaces de las hermanas con el hijo del poderoso oidor Gabriel Matienzo y con un bien relacionado comerciante peninsular ayudaban a cerrar el círculo, pues aseguraban aumentar la cuota de poder familiar y el necesario flujo económico para mantener saludable al grupo. Los otros dos hijos varones del mercader Juan Bravo del Rivero, Pedro y Esteban, eran aun jóvenes cuando su padre falleció en torno a 1720, pero esto no les impidió conseguir acomodo. Alcanzada la edad suficiente, y ya graduado en Leyes por la universidad de San Marcos, Pedro Bravo del Rivero abandonó Lima rumbo a Chuquisaca para ponerse bajo la protección de su hermano el oidor, con el claro objetivo de ganar experiencia y vínculos sociales. Su testamento, hecho en 1724 antes de partir del Callao hacia el puerto de Arica, es revelador de la voluntad de cohesión de la herencia familiar en torno al hermano mayor: pedía en él que se funde una capellanía patronato de legos utilizando un tercio de su legítima, nombrando como patronos a los poseedores del mayorazgo del que era titular su hermano Juan Bravo del Rivero y como capellanes a los hijos segundos del poseedor del mayorazgo.134 Sin embargo, el inesperado fallecimiento de la esposa del primogénito de los Bravo del Rivero dio un vuelco a la estrategia de la familia: probablemente afligido por la pérdida, 133 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Marcos de Uceda, 1131 (1728), fs. 859v-860v 134 AGN, Protocolos notariales, Siglo XVIII. Juan Nuñez de Porras, 807 (1724), fs. 362-363v. 59 Juan abandonó su labor de magistrado, se ordenó sacerdote y solicitó a la Corona la concesión de una canongía en la catedral de Chuquisaca. Este abrupto cambio de planes hizo que Pedro debiera replantearse su futuro: en 1729, ya como cabeza de la familia y poseedor de los mayorazgos cedidos por su hermano, partía hacia Madrid en busca de una merced real. Firmaba un nuevo testamento en Lima, esta vez con su hermano Esteban y su amigo Francisco Ortiz de Foronda -futuro fiscal de la Audiencia- como albaceas, aunque curiosamente ambos viajaban con él.135 Tras casi ocho años de ausencia, volvió a Lima con un nombramiento de oidor supernumerario en la Audiencia de Lima, adquirido en 1733 por 23.000 pesos, y la silla episcopal de Santiago de Chile para su hermano Juan Bravo del Rivero, concedida en 1735. Para su hermano, Esteban Bravo, consiguió “el grado de Capitán Comandante del Regimiento de Valencia, y hoy es Theniente Coronel y Sargento mayor del Presidio de Puertorrico”136 En comparación con lo que parecer ser un ambicioso proyecto familiar de los Bravo del Rivero , el comportamiento de los miembros de la familia de su aliado, el oidor Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla, es bastante más conservador. Los Bravo de Lagunas pertenecían a un linaje criollo largamente asentado en el virreinato. Su padre, el corregidor de Piura Pedro Bravo de Laguna y Bedoya era descendiente de Sancho Bravo de Laguna, gentilhombre de Carlos V, cuyo nieto fue enviado al Perú como corregidor de Piura y Chiclayo, y contador del Tribunal de Cuentas; y por la línea de los Bedoya descendía de Pedrarias Dávila, fundador de Panamá. Mientras que la madre, Mariana de Castilla y Loayza engalanaba su ascendencia con familiares directos de los arzobispos de Lima Toribio de Mogrovejo y Loayza, oidores de la Real Audiencia y podía rastrear su descendencia local hasta Rui Barba Cabeza de Baca y Juan Ballón de Campomanes, conquistadores y alcaldes de Lima.137 Sin embargo, económicamente su situación no era 135 AGN, Protocolos notariales, Siglo XVIII. Marcos de Useda, 1131 (1728), fs.857-859 136 AGI. El arzobispo al rey. Con comentarios al márgen de los agraviados (Lima, 24 de abril de 1754), f. 20v. 137 Manuel de Mendiburu. Diccionario historico-biografico del Perú, Vol. 2 (Lima: Imprenta de J. Francisco Solis, 1876), 75. Mauricio Novoa. The Protectors of Indians in the Royal Audience of Lima: History, Careers and Legal Culture, 1575-1775 (Leiden: Brill, 2016), 89-91. Rafael Sánchez-Concha Barrios. “Ascendencia y colateralidad del virtuoso limeño Alonso Messía Bedoya, de la Compañía de Jesús (1655-1732)”, Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, 321 (2007): 243-270. 60 holgada: en un recuento reservado hecho por el príncipe de Santo Buono, virrey del Perú, se señalaba que el padre del oidor era pobre y cargado de familia.138 Como la mayoría de familias pertenecientes a la “nobleza de la tierra”, los Bravo de Laguna y Castilla basaban buena parte de su prestigio en la acumulación y conservación de grandes latifundios. En tal sentido, Fernando Janssen ha señalado cómo la hacienda Torreblanca en Chancay, principal joya de su patrimonio, se mantuvo en manos del mismo tronco familiar durante varias generaciones.139 Sin embargo, casos como este eran muy poco corrientes. Pese al interés manifiesto de los notables por su posesión continua y estable, diferentes estudios muestran que las propiedades rurales cambiaban frecuentemente de manos ante situaciones de insolvencia, relacionadas con la baja productividad y poca rentabilidad de la mayoría de explotaciones agrícolas, situación que en muchos casos se veía agravada por estar cargadas las fincas de censos. Como muestra de esta situación, Langue -citando a Susan Ramírez- señala que en Lambayeque, “para el periodo 1650-171 9, el 62% de las haciendas habían sido adquiridas por compra-venta, y solamente el 22% por herencia.”140 Cuando en 1745 falleció sin descendencia Fernando de Castilla Altamirano, hermano de Mariana de Castilla, la situación del linaje familiar era crítica. No sólo lo era porque se cortaba la descendencia por la rama masculina de la familia, sino porque la soltería de la mayoría de las hermanas era un claro indicador de que el grupo pasaba estrecheces económicas, pues no podía dotar a sus hijas para obtener matrimonios socialmente equitativos.141 Ello llevó a que las tres hermanas sobrevivientes, todas solteras -Francisca, 138 Conde Beltrando del Balzo, “Familias nobles y destacadas del Perú en los informes secretos de un virrey napolitano (1715-1725)”, Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, 14 (1965): 119. 139 Fernando Janssen Frasson. Tierra y familia : el caso de la Hacienda Torreblanca (1548-1862). (Tesis de licenciatura, PUCP, 2000). 140 Fréderique Langue, “Las élites en América española, actitudes y mentalidades”, Boletín Americanista, 42-43 (1992): 130, http://revistes.ub.edu/index.php/BoletinAmericanista/article/download/12926/16060 141 Faustino Menéndez Pidal señala que las familias nobles españolas no se extinguen sólo por causas biológicas, sino que las adversidades económicas y políticas les generan dificultades para conseguir formar matrimonios con personas de similar distinción. En el mejor de los casos, los mayorazgos menos ricos suelen ser absorbidos por otros más acaudalados. La “muerte” de un linaje implica, en todo caso, la pérdida de la memoria del mismo por sus miembros. Faustino Menéndez Pidal. La nobleza en España: ideas, estructuras, historia (Madrid: Fundación Cultural de la Nobleza Española, 2008). 61 Toribia y la monja clarisa Rosa de Castilla Loayza- plantearan con urgencia la cuestión de la preservación de la herencia familiar. Ellas y sus sobrinos, el futuro oidor Pedro José y y María Teresa Bravo de Lagunas y Castilla, hijos de la ya fallecida Mariana, renunciaron en el hijo menor de esta, José Toribio Bravo de Lagunas y Castilla, su derecho a la legítima sobre unas haciendas familiares cargadas de censos, “deseosos de que dichas fincas se conserven en persona de la familia que mantenga su lustre y decoro, y que no pasen a personas extrañas”.142 La elección de José Toribio como heredero tenía bastante lógica, ya que el hermano mayor, Pedro José Bravo de Castilla, tenía ya 42 años, no se había casado y, con pocas expectativas de suceder en la herencia más allá de su legítima, se había ordenado clérigo de menores órdenes, dedicándose a la cátedra y al ejercicio legal con notable éxito. Este famoso jurista limeño nacido en 1703 se inició temprano en la carrera de las letras, y en 1728 ya era rector de la universidad de San Marcos. Llegaría a ser asesor de los virreyes Castelfuerte y Villagarcía, Fiscal protector de indios de manera interina en dos oportunidades y en 1746, merced a sus méritos y dinero, adquirió una plaza de oidor supernumerario en la Real Audiencia de Lima por 20.000 pesos. Finalmente, ya jubilado, fue ungido sacerdote y tomó los hábitos de la congregación de San Felipe Neri, una orden religiosa cuya regla permitía a sus miembros mantener en su poder sus bienes y heredarlos a su familia. Su hermana María Teresa, por otra parte, estaba casada con Luis Antonio de Bejarano y Loayza, II conde de Villaseñor, otro importante hacendado criollo, y probablemente no entraba en los cálculos de nadie subsumir el legado de los Castilla Altamirano en el de otra familia notable.143 Dos años después del acuerdo de familia, el matrimonio de José Bravo de Castilla con la acaudalada criolla Ana de Zavala Vásquez de Velasco terminaba de asegurar la continuidad del legado familiar. Pero no sólo porque se avisoraba una nueva generación de los Bravo de Laguna y Castilla, sino porque, como se verá, el enlace permitiría inyectar un necesario capital económico (una dote de más de 31.000 pesos) y capital relacional a la alicaída familia. 142 AGN, Protocolos Notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-1748), fs. 549-550v. 143Lohmann Villena. Los ministros de la Audiencia de Lima, 17-18. 62 Madrid: corte y mercado de mercedes reales Retomemos el viaje de Pedro Bravo de Rivero a la metrópoli. Con ciertas intermitencias, desde fines del siglo XVII y a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, Madrid se convirtió en un gran mercado de provisiones reales. Empujada por sus necesidades fiscales, durante las tres últimas décadas del siglo XVII la Corona había centralizado paulatinamente el poder de decisión sobre los nombramientos de oficios indianos, que tradicionalmente había estado en manos del virrey. Ya existía el antecendente de la provisión venal de oficios de Hacienda por parte del rey desde 1633.144 Pero los planes de la Corona se aceleraron ante las constantes denuncias de abusos cometidos por los virreyes en la década de 1670, especialmente por el conde de Castelar, virrey del Perú. Ello acarreó que en 1678 el Rey se reservara la provisión absoluta de cargos de corregidores, pese a las quejas de los virreyes por que cercenaba su capacidad para participar en la “economía del favor”.145 En ultima instancia, a sugerencia del Consejo de Indias, el Monarca decidió reservarse el beneficio de todos los cargos americanos, lo cual se hizo efectivo por cédula de 28 de febrero de 1678. Aunque esta norma fue derogada fugazmente en 1680 ante la ola de protestas americanas, en la práctica, a partir de 1685 el Consejo de Indias comenzó a negociar en España todos los cargos de provisión local que fueron vacando en América. Además, el mercado venal se amplió a las plazas de magistrados de las Audiencias, pese a que expresamente esto se hallaba prohibido.146 La prohibición taxativa de vender cargos de justicia en las Audiencias se la saltó la Corona bajo el argumento de que la concesión no respondía a una transacción económica, sino más bien a una merced o gracia no obligatoria que el soberano hacía libremente en reconocimiento del servicio económico prestado a sus maltrechas arcas. Sin embargo, los contratos firmados desmentían claramente dicha postura, ya que admitían la devolución del servicio o donativo económico en caso no se pudiera gozar de la merced por motivos 144 Kenneth J. Andrien, ”The Sale of Fiscal offices and the decline of Royal Authority in the Viceruyalty of Perú, 1633-1700”, HAHR, 62 (1982): 49-71. 145 Margarita Suárez. “Beneméritos, criados y allegados durante el gobierno del virrey conde de Castellar: ¿el fin de la administración de los parientes?”, en Parientes, criados y allegados Los vínculos personales en el mundo virreinal peruano, ed. Margarita Suárez (Lima: PUCP. Instituto Riva-Agüero, 2017), 93-94 146 Guillermo Burgos Lejonagoitia. Gobernar las Indias. Venalidad y méritos en la provisión de cargos americanos, 1701-1746 (Almería: Editorial Universidad de Almería, 2014), pp. 63-65. 63 ajenos a la voluntad del agraciado. En todo caso, la distinción entre “beneficio” y “venta”, según resume con algunas reservas María del Mar Felices de la Fuente, implicaría sólo una diferenciación jurídica en cuanto a la propiedad del cargo: los oficios “vendidos” serían aquellos enajenados a perpetuidad por la Corona y transferidos a un particular que podría disponer heredarlos o revenderlos libremente; mientras que los oficios “beneficiados” lo serían por un tiempo limitado o, a lo más, durante la vida del beneficiado -este sería el caso de los oficios de justicia-, conservando la Corona la propiedad y cediendo sólo temporalmente su usufructo.147 La práctica venal generalizada, iniciada en tiempos de Carlos II, fue continuada por Felipe V, el primer Borbón, pese a su inicial reticencia, pues tuvo que hacer frente a los altos costos de la Guerra de Sucesión. Sin embargo, superado el conflicto se produjo una casi total desaparición de la provisión de oficios a cambio de dinero entre los años 1720 y 1726 que, para el caso de los oficios principales de las Audiencias, se puede extender incluso al periodo 1712-1740.148 Este periodo coincide de manera paroximada con el intento del Consejo de Indias y del nuevo secretario de Indias, conde de Frigilinia, por restablecer el control sobre las Audiencias americanas, cuyos cargos se habían vendido a muchos pretendientes nativos. Las investigaciones efectuadas por una junta ad hoc entre 1717 y 1720 se cerraron con al menos 26 magistrados destituidos por diversas acusaciones: dos en Quito en 1717, los cinco miembros de la Audiencia de Panamá – todos limeños– en 1718, tres en la de Santa Fe y tres en la de Lima en 1720. En México la situación fue aun más crítica, pues el visitador general enviado desde España removió a once de los dieciocho magistrados de esta Audiencia novohispana. Así, aunque en muchos de los casos -salvo en México- los oidores destituidos acabaron siendo repuestos o colocados en cargos similares debido a la imposibilidad de devolver el importe pagado 147 En todo caso, Felices de la Fuente da por válida la apreciación de Francisco Andujar acerca de que la distinción entre venta y beneficio resulta bastante artificial, pues ambos conceptos definen una misma realidad: la obtención de un cargo por dinero. Ver: María del Mar Felices de la Fuente. “Venta y beneficio de cargos en la España Moderna: consideraciones en torno al concepto de venalidad”, en Cargos e ofícios nas monarquias ibéricas: provimento, controlo e venalidade (séculos XVII e XVIII), orgs. Roberta Stumpf y Nandini Chaturvedula (Lisboa: Centro de História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa, Universidade dos Açores, 2012), pp. 199-211. 148 Burgos Lejonagoitia. Gobernar las Indias, 231-232. Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 70. 64 por los oficios, se percibía un intento serio de la Monarquía por limpiar las Audiencias de elementos nocivos a su autoridad.149 En este contexto adverso a la presencia de americanos en las Audiencias, el éxito de Pedro Bravo del Rivero al partir hacia Madrid en 1729 era incierto. La llegada de José Patiño a la Secretaría de Indias y a la de Hacienda en 1726 había reactivado la venalidad de cargos como forma de alimentar las alicaídas arcas de la Corona, pero esto parecería no aplicarse a los cargos audienciales. Formalmente, durante este periodo (1712-1740) se dio prioridad a los peninsulares en el acceso a las Audiencias indianas y ninguno de los americanos nombrados en Audiencias menores ocupó un puesto en su jurisdicción natal. Sin embargo, esto no implicó realmente la desaparición de la venta de puestos de justicia en las capitales virreinales: al menos en siete casos durante este periodo (cinco en la Audiencia de México y dos en la de Lima) el monarca vendió dichos cargos de manera velada, ocultándoselo al Consejo de Indias -que se oponía a dicha práctica- por medio de nombramientos fuera de terna o mercedes reales correspondidas con servicios pecuniarios no declarados. Uno de estos casos fue el de un jovencísimo Francisco Ortiz de Foronda, quien en 1729 (o 1730, según Lohman Villena) y con apenas la mayoría de edad, consiguió la provisión del cargo de fiscal del crimen de la Real Audiencia de Lima junto con la dispensa de ser limeño para él y su cónyuge. Recién en 1737 se hizo visible el servicio de 28.000 pesos que Foronda había hecho por el puesto, cuando el Consejo de Indias, enterado del hecho, se quejara abiertamente al Rey de que estuviera beneficiando cargos de justicia sin brindarle información.150 Los casos mencionados muestran que el grifo de la venalidad en las Audiencias no se cerró nunca del todo en estos años. Así, aunque no era frecuente, los puestos de magistrados se podían adquirir aún si se tocaban los resortes correctos con la cantidad de dinero adecuada. Esta realidad permite poner en contexto los dos casos aislados de 149 Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 59-66 150 Lohmann Villena. Los ministros de la Audiencia de Lima, 88-89. Burgos Lejonagoitia. Gobernar las Indias, pp. 223, 465. Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 70. Lohmann (p.89) menciona que Ortiz de Foronda se casó en el pueblo de Chorrillos el 03 de julio de 1728 con Mauricia Quint y Riaño, limeña hija de Diego Quint y Guzmán, Contador del Tribunal Mayor de Cuentas de Lima; pero que recién se asentó la partida en 1737, con escritura de dote en 1742. Las fechas y el lugar de la boda parecen indicar que el matrimonio se realizó de manera abrupta, antes del viaje de Foronda a España, y quizá a escondidas. 65 venta de cargos de oidores que el monarca sí realizó abiertamente en la década de 1730: los de Pedro Bravo de Rivero (1732) y Manuel Antonio de Borda y Echevarría (1736), ambos para la Audiencia de Lima. En el caso de Bravo del Rivero, apenas llegó a Cádiz "tuvo parte [de sus caudales] en poder de Don Francisco Víctor Bandin, y que prudentemente [se] computa llegaría a cuarenta mil pesos dobles”.151 Quizá las dudas sobre el éxito de sus pretensiones permite entender por qué Bravo decidió llevar consigo a España una suma tan importante, cuando hasta ese momento, y salvo en un caso, la suma pagada por una magistratura en la Audiencia de Lima no había sobrepasado los 16.000 pesos.152 Además, no era extraño acordar con la administración real la entrega de parte del servicio económico en destino, por lo que no era necesario transportar los caudales completos por la peligrosa travesía del Atlántico antes de asegurar la compra.153 En todo caso, la capacidad económica del aspirante limeño reforzó su habilidad para generar relaciones útiles en la península. Nada más arribar 1729, Bravo del Rivero entró en contacto con el ya mencionado Francisco Víctor Bandin Salgado, importante comerciante gaditano emparentado con su cuñado Miguel Bandín, que gozaba de notable influencia en el Consulado de Cádiz.154 También se relacionó con el yerno de Francisco Bandín, Antonio Gutiérrez de la Huerta, miembro del Consulado de Cádiz, del que llegaría a ser Prior en 1758. Este personaje era, a su vez, sobrino y heredero del poderoso Antonio Gutiérrez de la Huerta y Güemes, Administrador General de la Real Aduana de Cádiz y miembro del Consejo de Su Majestad en la Contaduría Mayor de Cuentas.155 Veinte años después del viaje de Bravo del Rivero a España, Gutiérrez de la 151 AHN, Consejos, 20293, Exp.1. El Fiscal contra Pedro Bravo del Rivero (1766-1776), Im. 1198-1201. 152 El caso mencionado es el de Bartolomé Munarriz, natural de Lima, quien compró el cargo de alcalde del crimen de su Audiencia natal por la suma de 20.000 pesos, incluyendo las excensiones de ser natural del lugar y de poder casarse con una dama de la localidad. Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 200. 153 Buenos ejemplos de esta práctica son los casos de los magistrados limeños Diego de Orbea y Manuel Mansilla, quienes compraron sus cargos por 41.400 pesos (1749) y 35.400 pesos (1750) respectivamente. Aunque el primero sólo adelantó 3.000 pesos en España y el segundo 15.000, el conde de Superunda hacía notar en su instrucción reservada de 1761 que hasta el momento no habían hecho efectivo el pago de lo adeudado para entrar a servir sus cargos. Finalmente, nunca los llegaron a pagar. Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 211. Superunda. Relación de gobierno, 457. 154 Stanley J. Stein y Barbara H. Stein. Silver, Trade, and War. Spain and American in the Making of Early Modern Europe (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 2000), 221. 155 En 1731, Antonio Gutiérrez de la Huerta se casó con Antonia Bandin Salgado. Su influyente tío no dejó descendencia, por lo que dispuso en su testamento dejar como heredero universal de sus bienes 66 Huerta seguía siendo persona de confianza de su familia: en 1750 él y el coronel Francisco Romero, también residente en Cádiz, recibieron en depósito desde Lima la importante suma de 10.116 pesos, enviados por el oidor para diversas gestiones encargadas por su cuñado Manuel Jiménez Lobatón, Marqués de Rocafuerte.156 Otro amigo de Bravo del Rivero, el militar irlandés Thomas Hilson, quien servía en las filas del Rey y por entonces residía en España, fue testigo de primera mano de las vinculaciones del criollo en la Corte. Ellos ya habían entablado amistad en Potosí entre 1724 y 1727, y se reencontraron en Sevilla entre 1732 y 1733, aprovechando que la Corte se hallaba instalada en esta ciudad. Ahí Hilson pudo constatar que: [Pedro Bravo del Rivero] adquirió amistades de la primera distinción, particularmente la del Excelentísimo Señor Cardenal de Molina, presidente después del Consejo de Castilla, y la de su confesor el Padre Maestro Sosa, que no daba paso sin comunicarlo y consultarlo con el referido Don Pedro Bravo del Rivero […] Que haviendo regresado la Corte a Madrid, la siguió Don Pedro pocos meses después, y le consta obtuvo de la piedad del Rey la plaza de oidor de la Real Audiencia de Lima, y que también a su solicitación consiguió su hermano Don Juan la Mitra de la Iglesia de Santiago de Chile, y después la de Arequipa, que comprueba la buena opinión y concepto que se hacía de él en este país.157 La buena relación con los dos personajes mencionados es muy relevante. En esos años finales del reinado de Felipe V, el agustino Gaspar de Molina y Oviedo era un personaje con gran ascendiente sobre el monarca. A instancias de este, fue creado cardenal en 1737, tras haber sido consecutivamente obispo de La Habana, Barcelona y Málaga, sin ocupar ninguna de dichas sedes. No lo hizo por que se lo impedían sus constantes servicios a la Corona: en 1733 fue nombrado Comisario General de la Santa Cruzada y poco después presidente del Consejo de Castilla, cargo que ocupó hasta 1744. El otro a la Escuela de Obras Pías de Villacarriedo, su villa natal, dejando a su sobrino como albacea y patrono del colegio, con una renta de 2000 reales. Además, dispuso que todos los que lo sucedieran debían tomar legalmente el nombre de Antonio o Antonia Gutierrez de la Huerta Güemes, por lo que al menos tres individuos llevan el mismo nombre a lo largo del siglo. Esta peculiaridad ha generado que se produzcan confusiones por homonimia en torno al personaje. Ver: Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera y Aurelio A. Barrón García. “El palacio del intendente de Aragón don Juan Antonio Díaz de Arce en Villacarriedo”, Boletín. Museo e instituto Camón Aznar, 114 (2015): 33. Manuel Bustos Rodríguez. Cádiz en el sistema Atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650- 1830) (Madrid: Ediciones Sílex, 2005), 210. Archivo Histórico Nacional, Consejos, 20380, Exp.2 (1768). ”A. Bandín, gaditana, con M. Arco, bonaerense sobre pago de caudales.” 156 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758) f. 284. 157 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1201. 67 influyente amigo de Pedro Bravo era el también agustino Diego de Sosa, quién acompañó al cardenal desde sus inicios en el convento de Cádiz, en el que Molina era prior, hasta Roma en 1721 y de vuelta a España en la década de 1730. Durante este tiempo, fungió de secretario y confesor del cardenal, “sirivéndole con la mayor fidelidad y amor, siendo este tan recíproco como de padre a hijo, que era el tratamiento que siempre le daba aquella Eminencia“.158 Por otra parte, siendo el cardenal Molina un hombre con experiencia en conseguir financiación para la Corona, participó activamente en la Junta de Hacienda que en 1740 organizó una gran almoneda de cargos públicos en España y América, con el objetivo de sobrellevar la grave crisis económica que aquejó a las arcas reales en 1739.159 Dicha comisión reemplazó a los tradicionales asentistas por burócratas en la venta directa de los cargos y en un solo año benefició 103 puestos en América por un monto cercano a los 11 millones de reales de vellón.160 Entre los agraciados por la Junta estuvieron los limeños Gaspar Urquizu Ibañez y José Tagle Bracho, quienes fueron provistos como oidores supernumerarios en las Audiencias de Lima y Charcas, por 21.000 y 16.000 pesos respectivamente. Tagle conseguiría la promoción a la capital virreinal pocos años después, cuando su hermano Pedro Tagle Bracho también entró a servir como oidor supernumerario de la Audiencia de Charcas en 1746.161 Finalmente, hay que señalar que el viaje a España le permitió a Pedro Bravo del Rivero fraguar amistades duraderas con varios influyentes paisanos que serían de utilidad a la hora de constitutir nuevos vínculos familiares en Lima. En Madrid convivió en 1734 con el recién nombrado Presidente de la Audiencia de Quito, José de Araujo y Río, con quien 158 Nicolás María de Cambiaso y Perdes. Memorias para la biografía y para la bibliografía de la isla de Cádiz, vol. 1 (Madrid: Imprenta de León Amarita, 1829), p. 133. 159 Integraban también esta junta el duque de Montemar, secretario de Guerra; el duque de la Mirandola, mayordomo del Rey; Fernando Verdes Montenegro, secretario de Estado y del despacho de Hacienda; y el marqués de Marí, Francisco Cornejo y Rodrigo Torres, consejeros del Almirantazgo. Francisco Andújar Castillo. El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII (Madrid: Marcial Pons, 2004), 177. Guillermo Burgos Lejonagoitia. "La última gran almoneda americana. El beneficio de cargos de Indias a través de la junta de hacienda del cardenal Molina (1740)", en De la tierra al cielo: Líneas recientes de investigación en historia moderna, coord. Eliseo Serrano (Zaragoza: Institución Fernando el Católico - CSIC, 2012), 417-420. 160 Burgos Lejonagoitia. "La última gran almoneda americana“, p.421. 161 Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, p. 209. 68 lo unía una estrecha amistad.162 Además, fue vecino del rico limeño José Agustín Pardo Figueroa (c.1695-1747), quien también estaba en Madrid solicitando mercedes: en 1734 fue nombrado caballero de Santiago y en 1735 fue provisto con el corregimiento de Abancay. Bravo figuró entre los testigos que presentó Pardo Figueroa para ser admitido a la Orden de Santiago, junto al mencionado José de Araujo y Río y otros peruanos residentes en Madrid. El viaje de vuelta a las Indias lo realizó Pedro Bravo con el séquito del recién nombrado obispo de Guatemala, fray Pedro Pardo de Figueroa, hermano de su amigo José Agustín.163 En 1736, nada más llegar al Perú, José Agustín Pardo de Figueroa se casó en Cuzco con su prima Petronila Ignacia Esquivel Espínola y Pardo Figueroa, III marquesa de Valleumbroso164 y poco después, en 1738, Pedro Bravo del Rivero se convertiría en yerno de un primo hermano de la marquesa, José Zavala y Esquivel, Contador Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada. Los vínculos así forjados demostrarían ser duraderos y, sobre todo, útiles. Una muestra de ello, y de cómo operarían años después estos personajes, puede observarse en la resolución favorable de las acusaciones de corrupción que pendieron contra su antiguo camarada José de Araujo y Río en 1745. Desde su vuelta al virreinato del Perú en 1736, éste sacó partida de su puesto como presidente de la Audiencia de Quito, introduciendo contrabando en su jurisdicción. El San Fermín, barco que los transportaba a él y sus camaradas desde Acapulco, traía 130 fardos de mercancía europea y del galeón de Manila, cuyo comercio estaba prohibido en el Perú. Bajo la mirada del oidor Bravo, los fardos se dejaron en Paita al cuidado de Victorino Montero, cuñado de Araujo y Río y corregidor de Piura, mientras el flamante presidente de la Audiencia continuaba el viaje a Lima, al encuentro de su familia. Esto le acarrearía la animadversión de los oidores y comerciantes de Quito, quienes a lo largo de su mandato tendría serios desencuentros con el presidente de la Audiencia, que derivaron en múltiples acusaciones. 162 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1201-1202. 163 Guillermo Lohmann Villena. Los Americanos en las órdenes nobiliarias, Tomo 1 (Madrid: CSIC, 1993), 316. Hill. Hierarchy, commerce and fraud, 96-97. 164 Mendiburu. Diccionario, Vol. 6, 238. 69 Los reclamos quiteños llegaron a la península y en 1743 Araujo y Río fue depuesto por orden real, siendo exiliado por un año a la villa de Tumbes. Sin embargo, en su afán por ser escuchado por el Consejo de Indias, el limeño violaría su castigo al tratar de embarcarse a España desde Lima. Por ello debería haber sido detenido, pero a instancias de su amigo, el oidor Bravo, y del oidor Alvaro de Navia Bolaño, también emparentado a través de su mujer con los hermanos Pardo de Figueroa, el virrey Superunda lo dejó partir. Posiblemente también influyó en la decisión del vicesoberano alguna petición de su pariente Victorino Montero, quien para entonces era un cercano allegado del virrey, ya que ocupaba el puesto de capitán de la guardia de Palacio. En España, Araujo y Río tuvo cierto éxito ya que, si bien no logró su reposición en el cargo, en compensación fue nombrado presidente de la Real Audiencia de Guatemala (1748-1752).165 La familia extensa como núcleo de la red social de Pedro Bravo del Rivero: los múltiples matrimonios de la familia Zavala Esquivel y Vásquez de Velasco En el siglo XVIII las redes familiares extensas incluían relaciones activas de parentesco muy alejadas de los estándares actuales, que podían fácilmente llegar al tercer o cuarto grado de consanguineidad. A ello hay que sumar que los vínculos matrimoniales podían resultar tan eficaces como las relaciones de filiación a la hora de construir parentesco entre los individuos, en la medida que representaba una elección relativamente libre de cada generación familiar. En ese sentido, las relaciones horizontales -con la parentela política- y no las verticales -de linaje- son en muchas ocasiones las que configuran la estrategia del momento, especialmente en las familias en vía de ascenso social.166 En el caso del oido Pedro Bravo del Rivero, las relaciones entabladas con su parentela política -los Zavala y los Jiménez Lobatón- acabaron siendo determinantes a la hora de definir sus objetivos e intereses. Ello a pesar de que su familia sanguínea fue su principal apoyo económico durante sus primeros años como oidor. En 1740, su hermano Francisco, cura en el Alto Perú, adquirió por 31.500 pesos una casa en Lima que había pertenecido al general Pedro Llano Zapata, para luego regalársela en 1741 al oidor como 165 Kenneth Andrien. The Kingdom of Quito, 1690-1830 (Nueva York: Cambridge University Press, 1995), 173-181. Hill. Hierarchy, commerce and fraud, 138-139. 166 Dedieu and Windler, “La familia”, 70 una ayuda para solventar la pesada carga familiar que suponía su numerosa prole.167 Su hermano el obispo Juan Bravo del Rivero también lo apoyó económicamente, pues le donó un capital de 80.000 pesos amasado antes de su ascenso a la sede episcopal chilena. A ello hay que agregar que los hermanos de Pedro Bravo del Rivero mantuvieron indivisa la herencia familiar, lo cual lo favoreció a la larga, al hacerlo único heredero. Sin embargo, la lejanía -y estado eclesiástico- de sus hermanos, así como el temprano deceso de sus cuñados Domingo Matienzo (1731), marido de Mariana, y el comerciante Miguel Bandín (1750), marido de Isabel, hizo que las relaciones con su entorno familiar directo perdieron peso a la hora de delinear sus estrategias familiares.168 La construcción de vínculos familiares horizontales por parte de Pedro Bravo del Rivero y su suegro José Zavala y Esquivel, permiten entender cómo articularon sus intereses sociales y económicos en las décadas de 1740 y 1750. Para comenzar, el matrimonio de Pedro Bravo del Rivero con la limeña Petronila Zavala Vázquez de Velasco en 1738 lo había conectado a un rico universo de relaciones familiares con miembros de la élite limeña y cuzqueña, dotándolo de un importante capital relacional. Su suegro era señor de la Casa de Zavala y estaba emparentado por vía materna con los ricos marqueses de Valleumbroso, del Cuzco. Su suegra, Ángela Vásquez de Velasco, era miembro de una extensa y bien posicionada familia limeña. Para muestra, su padre y abuelo habían sido oidores de la Real Audiencia de Lima; su hermano José Joaquín, caballero de Calatrava, había sido corregidor de Tarma; y su primo José Félix Vázques de Velasco -casado con su hermana Mariana- era un rico hacendado en Chancay. La eficacia de este tipo de vínculos con la familia extensa, más allá de que no todos fuesen operativos, era reconocida explícitamente por la legislación de la época. A modo de ejemplo, en 1763 el marqués de Casa Boza, Pedro de Boza Guerra de la Daga, pedía ante la Real Audiencia que el oidor Pedro Bravo del Rivero se inhibiera de ver la disputa legal que mantenía con su hermana Catalina y su primo -y cuñado- Antonio de Boza y Garcés, por la herencia paterna. El marqués planteaba dos argumentos para la recusación: en primer lugar, la íntima amistad entre Bravo y Antonio de Boza, “por ser [Bravo] su 167 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Francisco Luque, 649 (1786), fs. 364-369v. 168 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Marcos de Uceda, 1150 (1747), fs. 225-231. Antonio Joseph de Ascarrunz, 68 (1749-1751), fs. 263-264. 71 protector público y declarado”; y, en segundo lugar, las implicancias negativas a sus intereses de un lejano parentezco en cuarto grado de consanguineidad, que los unía a él y a su hermana con la esposa del propio Bravo, Petronila Zavala Vázquez de Velasco, lo que constituían impedimento legal efectivo (Ver Figura 2).169 Figura 2. Parentesco de Pedro de Boza de la Daga con Petronila Zavala José de Zavala y Esquivel había confiado las posibilidades de ascenso social de su casa a una estrategia con dos ejes: por una parte, las alianzas matrimoniales de sus hijas con personajes influyentes de su entorno en Lima y Cuzco; y, por otra parte, la unión de su descendencia masculina, también por vía matrimonial, con la rama principal de los Esquivel, los marqueses de Valleumbroso. Los enlaces conyugales de sus cuatro hijas mayores fueron premunidos de cuantiosas dotes, que sumaban un total de 122.508 pesos, de los cuales 96.000 se entregaron en efectivo y el resto en especie: joyas, enseres y esclavos (ver Tabla 2). 169 AGN, Real Audiencia, Causas civiles. Legajo 145, cuaderno 196, fs. 1-21v. 72 Tabla 2. Enlaces matrimoniales y dotes de los Zavala Vásques de Velasco Año Contrayentes Posición del marido Dote Arras (efectivo) 1738 Petronila Zavala Pedro Bravo del Rivero Oidor, hermano del 31.422 Váquez de Velasco y Correa obispo de Santiago (24.000) 1747 Ana Zavala Váquez José Toribio Bravo de Hacendado (Chancay), 31.583 6.000 de Velasco Lagunas y Castilla hermano de oidor (24.000) 1748 María Rosa Zavala Manuel Jiménez Hacendado (Cuzco), 32.527 6.000 Váquez de Velasco Lobatón, II Marqués de hijo del presidente de la (24.000) Rocafuerte Audiencia de Charcas 1754 Josepha Zavala Alfonso José del Río y Alcalde de Lima 26.976 6.000 Váquez de Velasco Berriz (24.000) El monto comprometido por los Zavala en estos enlaces fue bastante alto, y refleja su poder económico. Si bien este tenía sus límites, ya que posiblemente por no gozar de medios para concertar más bodas adecuadas, las tres hijas menores fueron enclaustradas: una en el monasterio de las Carmelitas Nazarenas, como monja de velo negro, y dos en el monasterio de Santa Rosa.170 Además, el matrimonio menos atractivo -y más tardío- de Josepha Zavala con Alfonso José de Ríos y Berriz, un limeño de linajuda familia criolla pero menos influyente que los otros contrayentes, recibió una dote relativamente menor. En cambio, aunque la dote recibida por Pedro Bravo del Rivero era similar a las otras, su suegro la incrementó sustancialmente en 1753 con dos estancias ganaderas altoandinas valoradas en unos 40.000 pesos, heredadas de la rica tía de su esposa, Petronila Esquivel y Jaraba, y con 10.000 pesos en metálico procedentes de la herencia de esta, que se colocaron a censo en la casa de Pedro Bravo del Rivero y sus nuevas haciendas.171 En total, pues, la dote de la hija mayor acabo ascendiendo a cerca de 82.000 pesos. ¿Qué función cumplían las dotes entregadas? Jurídicamente, la dote pertenecía a la esposa y era el marido el que le donaba las arras, que legalmente no debían exceder el 10% de su fortuna personal. Competía al marido administrar adecuadamente la dote 170 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz,72 (1757-1758), f. 681v 171 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz,70 (1753-1754), fs. 419-420. 73 mientras durara el matrimonio, pues sólo quedaría bajo su propiedad en caso de viudez y ausencia de hijos. En el caso de las familias de comerciantes peninsulares de inicios de siglo, Turiso Sebastián señala que la entrega de la dote por la familia de la esposa y las arras como contrapartida entregada por el marido, certificadas mediante la carta dotal, suponían no solo sellar el vínculo matrimonial, sino también permitir a la joven pareja el capital necesario para iniciar sus actividades mercantiles. Y que, si bien este acto implicaba desgajar el patrimonio familiar, este se mantenía dentro de redes mercantiles relativamente endogámicas. Susan Socolow, en cambio, afirma a partir del análisis de enlaces de comerciantes bonaerenses, que la dote realmente no tuvo como objetivo transferir riqueza entre familias, ya que en un procentaje muy bajo de casos hubo una entrega de capital líquido significativo.172 Hechas estas consideraciones, las dotes entregadas por los Zavala parecen obedecer tanto a una forma de afianzar las alianzas establecidas como a una necesidad de apuntalar la economía doméstica. Ya se ha visto que la situación económica de los Bravo de Castilla no era boyante; mientras que en el caso de Pedro Bravo del Rivero, las ayudas económicas para mantener la dignidad propia de un magistrado debieron ser bien recibidas. A cambio, los yernos Bravo aportaban al matrimonio la influencia de que disponían en el gobierno virreinal. Sólo en el caso de Manuel Jiménez Lobatón, como se verá, la dote esta relacionada con la necesidad de acceder a capital para actividades comerciales. En cambio, el hecho de que José Zavala y Esquivel no tratara de incluir las estancias altoandinas en el mayorazgo de la Casa de Zavala, optando por engrosar la dote de su hija mayor Petronila, se debió seguramente a que las metas para el mayor de sus hijos varones apuntaban más alto. José Zavala y Esquivel era primo hermano de la III marquesa de Valle Umbroso, Petronila Ignacia de Esquivel y Espínola; y pretendía que su heredero, Tadeo Zavala y Esquivel, reuniera a los Zavala con la rama principal de la familia por vía matrimonial. Esto era factible, ya que la marquesa había fallecido en 1738,173 dejando a su marido viudo y con una sola hija: Ana Pardo de Figueroa y Esquivel. El padre de la niña, José Agustín Pardo Figueroa, era amigo cercano de Pedro Bravo del Rivero y 172 Turiso Sebastián. Comerciantes españoles en la Lima Borbónica,144-145. Susan Midgen Socolow. The merchants of Buenos Aires 1778-1810. Family and commerce (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 78 173 Mendiburu. Diccionario, Vol. 6, 238 74 cuando falleció en 1747, José Zavala y Esquivel trató de convertirse en tutor de su sobrina. No lo consiguió, pese a que el caso fue visto en la Real Audiencia.174 Años después, Bravo del Rivero mencionaría este caso como un ejemplo claro de que él no intervenía a favor de sus parientes en la Audiencia. Sin embargo, en la negociación se debió arrancar algún acuerdo al tutor, el sacerdote Cristóbal Arroyo, puesto que la marquesita se desposó en 1751 con su primo Tadeo, cuando contaba con sólo 13 años de edad. No hay constancia de que el oidor Bravo del Rivero participara en este acuerdo; pero un cercano amigo suyo, Pedro de León Escandón, Fiscal protector de indios de la Audiencia y futuro oidor de la Chancillería de Valladolid, sí participó como árbitro en otro importante diferendo que en ese momento tenía José Zavala Esquivel con su prima María Josefa Zavala por el albaceazgo del general Andrés Zavala y Villela.175 En este momento judicialmente turbulento para José de Zavala se produjo el enlace de su segunda hija, Ana, con José Toribio Bravo de Lagunas y Castilla (1747). El matrimonio era muy conveniente para los Zavala porque un año antes el hermano del novio, Pedro Bravo de Lagunas y Castilla, era nombrado oidor de la Real Audiencia de Lima (1746).176 Como ya se ha mencionado, el flamante oidor ya era un cercano amigo de Pedro Bravo del Rivero, por lo que el matrimonio ayudó a sellar la alianza entre las familias de los oidores y el contador. A los Zavala y su tercer yerno, Manuel Jiménez Lobatón, los unían sus intereses económicos en el Cuzco. El padre de Manuel, Nicolás Jiménez Lobatón y Azaña, estaba casado con la cuzqueña Constanza de Costilla Valverde y Cartagena, y detentaba en propiedad el cargo de Tesorero General de la Santa Cruzada del Cuzco, por lo que su consuegro José de Zavala era quien supervisaba directamente su gestión de esta importante contribución. Los Jiménez Lobatón tenían una larga historia de servicio a la Corona: el abuelo de Manuel, Juan Jiménez Lobatón, había sido oidor de las Audiencias de Guatemala, Charcas y Lima, y finalmente fue nombrado presidente de la Real Audiencia de Charcas (cargo que nunca llegó a ocupar debido a su fallecimiento); mientras que su tío abuelo, Diego Jiménez Lobatón, fue fiscal de la Audiencia de Granada, 174 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1455-1459 175 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1455-1459 176 Burkholder y Chandler. De La impotencia a la autoridad, 210 75 y Alcalde de Casa y Corte. Para el momento del enlace de su hijo, Nicolás Jiménez Lobatón había adquirido en 1746 la presidencia de la Real Audiencia de Charcas (aunque recién ocupó el cargo de manera efectiva en 1751) y también el título de marqués de Rocafuerte, este último por 22.000 ducados.177 Nicolás Jiménez Lobatón pronto se vió beneficiado de entablar relación con tan poderosos parientes. Como presidente de la Real Audiencia de Charcas, tuvo graves enfrentamientos con las autoridades de Potosí, con el corregidor Ventura Santelices a la cabeza, ya que los recibía bajo dosel, símbolo exclusivo de la autoridad real, aparte de exigirles regalos y dádivas. Santelises y Jiménez Lobatón acabaron enfrentados en los tribunales, acusándose mútuamente de injurias y falta de urbanidad.178 La animadversión de Jiménez Lobatón por Ventura Santelises era compartida por su nuevo pariente, el oidor Pedro Bravo del Rivero, si damos crédito a un testimonio de Gaspar de Zevallos, yerno del defenestrado regente del Tribunal de Cuentas Ángel Ventura Calderón. El testigo señaló que el oidor Bravo, receloso de los consejos que Superunda pedía a Ventura Santelices y Venero, "como era tanto lo que sentía que ubiese en el Reyno un Ministro tan celoso del servicio del Rey, y del Público, que pudiese descubrir sus ideas y la perversidad de sus Designios, concivió contra el una ojeriza tan terrible que oyó el declarante (parécele que a Don Diego de Hesles, Secretario del Birrey) que le avía dado dictamen, para que lo hiciese poner preso y conducir a Lima".179 Manuel Jiménez Lobatón, por su parte, también mantenía importantes intereses económicos en la región del Cuzco. Este había estado en España entre 1746 y 1747, en donde compró el corregimiento del Santa por 23.000 reales de vellón.180 Lo extraño del caso es que Jiménez Lobatón nunca ocupó el corregimiento de Santa, ya que en 1748, poco después de casarse con María Rosa Zavala, le otorgó a esta un poder general para que gestionara sus intereses en Lima, mientras él se desempeñaba en el gobierno del 177 Mª del Mar Felices de la Fuente. La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701-1746). Entre el mérito y la venalidad (Almería: Universidad de Almería, 2012), 252. Eugenia Bridikhina. Theatrum mundi: entramados del poder en Charcas colonial. (La Paz: Plural editores, IFEA, 2007), 161-162. 178 Bridikhina. Theatrum mundi, 191-192. 179 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1706. 180 Lohmann Villena. Los Americanos en las órdenes nobiliarias, vol. 2, 210. Alfredo Moreno Cebrián. El corregidor de indios y la economía peruana del siglo XVIII (Madrid: CSIC, 1977), 95. 76 mucho más lucrativo corregimiento cuzqueño de Chilques y Másques.181 Para darse una idea de la diferencia de potencial económico -a través del reparto ilegal- entre uno y otro destino en esos años, por el corregimiento del Santa se pagó en la década de 1740 una media de 1.150 pesos, mientras que por el corregimiento sureño se desembolsó en el mismo periodo una media de 5.175 pesos, a pesar de que ambos tenían provisto un salario anual de 1.000 pesos ensayados. Mas aún, cuando el reparto se legalizó y se terminó de confeccionar el reglamento de aranceles en 1753, en el corregimiento del Santa podía repartirse legalmente 25.000 pesos, mientras que en el de Chilques y Masques se repartían 84.550 pesos, bastante más del triple que en el primero.182 Así, aunque desconocemos el motivo oficial de tan benévolo cambio de destino -quizá Jiménez Lobatón hallara ocupado el que le correspondía-, los buenos oficios de sus concuñados los oidores Bravo, tan bien conectados con el Superior Gobierno, debieron influir en el resultado. Era el virrey, a fin de cuentas, quien debía dar el pase correspondiente a los títulos expedidos por la Corona. Ese mismo año de 1748, Jiménez Lobatón internó en su provincia 44 fardos y 7 petacas de ropa de Castilla, con un peso total de 295 arrobas y 11 libras (en torno a 3.3 toneladas de mercancías).183 Disponía del capital de la dote, lo cual quizá explica por qué tampoco hay constancia de que lo habilitara algún comerciante. La relación de este grupo de individuos -incluidos los oidores- con el pingüe negocio del reparto de mercancías es una constante que irá en aumento a lo largo de la década de 1750. En ese periodo, al menos ocho personajes con vínculos familiares o asociados a estos, ocuparon corregimientos en el Perú. Como ejemplo temprano, a poco de celebrarse el matrimonio de Tadeo de Zavala con su prima, la marquesa de Valleumbroso, Pedro Bravo del Rivero y Manuel Jiménez Lobatón se vieron envueltos en los negocios del flamante marqués consorte. El joven Tadeo Zavala era aún alcalde Lima, pero ya preparaba su marcha hacia Abancay con el cargo de corregidor. Antes de partir, dejó sendos poderes a su padre y el oidor Bravo del Rivero, para que, entre otras cosas, pudieran obligarlo por hasta 20.000 pesos en mercancías. Además, otorgó otro poder a 181 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 68 (1749-1751), f. 84v-86v. 182 Moreno Cebrián. El corregidor de indios, 95-97, 334, 349. 183 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 68 (1749-1751), f. 86v. 77 su tía Ángela Pardo Figueroa y a su cuñado Manuel Jiménez Lobatón, “mi hermano, Corregidor y Justicia Mayor de Chilques y Másques”, que residían en Cuzco, para que gestionaran sus negocios ahí, dado que su esposa era aun menor de edad.184 Este modelo de accionar, con varios miembros del entorno familiar colaborando por activa o por pasiva para explotar el acceso a los corregimientos y sus actividades complementarias, se verá desarrollado exponencialmente a raíz de la legalización del reparto. Los nuevos enlaces matrimoniales que se celebraron al interior de la familia a partir de 1750, con una alta dosis de endogamia, permitieron dos cosas: por una parte, incorporar a otros actores -y sus recursos- al entramado de intereses comerciales que se venía desarrollando y, por otra parte, reforzar los lazos entre las tres familias: Zavala, Bravo del Rivero y Jiménez Lobatón (ver Figura 3). Tres de las cuatro hijas de Pedro Bravo del Rivero sirvieron a estos fines a través de sus enlaces nupciales. La primera de ellas, Ángela Bravo del Rivero Zavala, fue desposada en 1757 por Pedro Antonio de Azaña Maldonado, de 26 años y futuro conde de Montesclaros de Sapán. Este matrimonio es clara muestra del intento de incorporar a ramas secundarias de la familia: el joven hacendado era sobrino de Manuel Jiménez Lobatón y había heredado importantes propiedades: la hacienda y obraje de Andaymayo, en la provincia de Conchucos y la hacienda Sapán, en el valle de Carabayllo, que se destinaba a la producción de alfalfa; además de su casa principal y otras pequeñas propiedades en Lima. La dote aportada por la novia ascendió a 29.477 pesos, 6 rs., de los cuales sólo 16.000 se entregaron en moneda corriente. Lo interesante de este enlace radica en que poco después de la boda, en 1758, Pedro Antonio de Azaña partió a España, dejando como apoderados de sus bienes en primer lugar a su suegro, el oidor Bravo del Rivero y en segundo lugar a su esposa, aunque esta y su hija morirían estando él en España varios años después. 185 El segundo matrimonio, celebrado en 1759 entre Petronila Bravo del Rivero Zavala y su tío político Manuel Jiménez Lobatón, recién enviudado, refleja en cambio la necesidad coyuntural de cerrar filas y asegurar la permanencia de la herencia. El matrimonio de Manuel con María Rosa Zavala le había deparado un solo hijo, aún niño, y es posible que 184 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 68 (1749-1751), f. 1018v-1020. 185 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 2980 y siguientes. 78 optara por asegurar su descendencia mediante un matrimonio que, además, fortalecía los lazos con su principal socio del momento, Pedro Bravo del Rivero. El hecho de que hiciera una declaración de sus bienes antes de recibir la dote de su nueva esposa, habla bien a las claras de la intención de mantener las cuentas precisas para cualquier futura herencia.186 Se aseguraba con ello favorecer la herencia de su primogénito Juan Nicolás, se posibilitaba el aumento de la descendencia y, en el peor de los casos, la riqueza revertía sobre la familia política. El último matrimonio de las hijas de Bravo del Rivero, más tardío, supuso la consolidación definitiva de la unión entre las familias Zavala y Bravo del Rivero, ya que se casaba el joven hijo del fallecido Tadeo Zavala, Pedro Nolasco de Zavala y Pardo Figueroa, VI marqués de Valleumbroso, con su prima hermana Ana Micaela, la hija menor del oidor. Este había hecho suya la causa de su familia política y podía considerarse su cabeza efectiva, al punto que años antes fue tutor y albacea del hijo mayor de su cuñado Tadeo de Zavala, el efímero Francisco Javier de Zavala y Pardo de Figueroa, V marqués de Valleumbroso,187 así como también de su suegro José Zavala y Esquivel, junto con su viuda, Ángela Vásquez de Velasco. Y también fue albacea principal de esta y de su hija de Josepha de Zavala, viuda de Alfonso de los Ríos y Bérriz.188 Bravo del Rivero continuó gestionando los intereses de los Zavala en Lima y Madrid varios años después del fallecimiento de sus suegros, al punto que -como señalaría años después en su testamento Petronila Zavala- trató de reparar los agravios que les provocó el virrey Amat a los Zavala, haciendo “los desembolsos que de su peculio hizo mi difunto marido para poner en franquicia el goce del empleo de Contador Maior de la Superintendencia General de la Cruzada de este Reyno, y de que se le havía separado [a los Zavala] por Real Orden y recaudar los medios sueldos que havía dexado de percivir, todo lo qual se axitó y promovió en el Real y Supremo Consejo de las Indias”.189 186 Los bienes declarados por Manuel Jiménez Lobatón sumaban un total de 148.000 pesos, incluyendo una hacienda en la provincia de Chilques y Másques avaluada en 50.000 pesos y otros 50.000 pesos en efectivo. La dote aportada por la novia, de sólo 20.377 pesos, fue complementada con 10.000 pesos de arras por Jiménez Lobatón. AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 73 (1759-1761), fs. 279-280. 187 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Francisco Luque, 650 (1787-1788), f. 174v. 188 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. José de la Hermosa, 527 (1775), f. 197v. y siguientes. 189 AGN, Protocolos notariales siglo XVIII. Francisco Luque, 650 (1787-1788), f. 175 79 Figura 3. Enlaces matrimoniales de la familia Zavala Ángela Vásquez de José Zavala y Velasco Esquivel Petronila Zavala Mª Rosa Zavala Ana Zavala Vásquez Tadeo Zavala Josepha Zavala Vásquez de Velasco Vásquez de Velasco de Velasco Vásquez de Velasco Vásquez de Velasco Pedro Bravo del Manuel Jiménez José Toribio Bravo de Alfonso José de los Mª Ana Pardo de Rivero Lobatón, II marqués Ríos y Berriz Lagunas y Castilla Figueroa y Esquivel, de Rocafuerte IV Marquesa de Valleumbroso Petronila Bravo del Rivero Zavala Pedro Antonio de Mª del Carmen Ángela Bravo del Tomás Muñóz y Azaña, conde de Rivero Zavala Jiménez Bravo de Castilla Montesclaros Lobatón y Zavala de Sapán Ana Micaela Bravo Pedro Nolasco de Leyenda del Rivero Zavala Zavala Pardo Figueroa V Marqués de Valleumbroso Relación filial Pedro José de Zavala y Bravo de Rivero, Matrimonio V Marqués de Valleumbroso Tío de 80 Pedro Bravo del Rivero: albacea e intermediario con la Corte Pedro Bravo del Rivero no era el más acaudalado ni el más ennoblecido de los miembros de su familia extendida -este privilegio correspondía a Tadeo Zavala, marqués de Valleumbroso y, por extensión, a su padre-. Sin embargo, la autoridad que le confería su cargo, su ascendiente sobre el virrey y, sobre todo, su capacidad para asumir el rol de intermediario (broker, en el sentido que la antropología da al término) y conectar el entorno de relaciones familiares con el resto de la red social en que operaban, hacían de él el auténtico líder de la familia extensa. Esta capacidad para tender puentes y aprovechar la “fuerza de los lazos débiles” (retomando este sugerente concepto de Grannoviter) permitía a sus familiares, aquellos con los que había tendido lazos fuerte y constantes, acceder a una mayor cantidad de recursos y oportunidades económicos y sociales. Prueba de esta centralidad del oidor en la red de vínculos familiares, se le concedieron en los años estudiados múltiples poderes legales y para gestionar mercedes, o se expidieron a través de él a agentes de su confianza en España. Los contactos más antiguos de Pedro Bravo del Rivero en España eran los gaditanos: su pariente político Francisco Bandín Salgado, el yerno de este, Antonio Gutiérrez de la Huerta, y el coronel Francisco Romero, que se remontan a la década de 1730, cuando estuvo en España, aunque todavía gestionaban poderes y tenían dinero de Bravo fines de la década de 1750.190 Entre los oficiales de los consejos consultivos, Joseph León Pérez, oficial del a Contaduría de Penas de Cámara del Consejo de Indias, y Esteban Bueno, oficial de la Real Contaduría de las Órdenes Militares, son a buen seguro los intermediarios más solicitados por Pedro Bravo del Rivero para gestionar mercedes y mover dinero en la Corte. Y, en menor medida, también recurrió al Dr. Prudencio Palacios, fiscal del Perú en el Consejo de Indias, y luego consejero del mismo, que falleció en 1753.191 190 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758), fs. 284, 414v. 191 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 69 (1752-1764), f. 782v. Sobre Prudencio Palacios ver: Amalia Gómez Gómez. “Prudencio Antonio Palacios, jurista indiano”, en Homenaje al Dr. Muro Orejón, vol. 1, ed. Antonio Muro Orejón (Sevilla: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Sevilla, 1979), 223-232. 81 Pedro Bravo del Rivero también trató de hacerse de intermediarios útiles entre los funcionarios de la nueva planta borbónica. Uno de ellos fue Félix Davalillo y la Piscina, miembro del Consejo de Hacienda y administrador general de la Renta del Tabaco en España;192 con quien Bravo del Rivero debió entrar en contacto en su condición de asesor del Real Estanco del Tabaco en Lima, implantado por orden de Superunda. En 1752, José Zavala y Esquivel le dio poderes para realizar gestiones en la Corte en nombre del marqués de Valleumbroso, y en 1755 tenía en su poder 6.692 pesos fuertes que debían servir para solicitar beneficios a la Corona.193 Los jesuitas en Madrid también aparecen como destinatarios de poderes y depositarios de los fondos que envían a la península Pedro Bravo del Rivero y sus familiares, ya que en otros poderes a terceros se les pide que recaben cantidades específicas en la Procuraduría de la Compañía en Madrid. El jesuita que más veces es nombrado es el muy influyente Procurador de Indias de la Compañía de Jesús, Pedro Ignacio Altamirano. Este personaje fue especialmente activo en la Corte durante el reinado de Fernado VI, cuyo confesor era otro jesuita, el padre Rávago. Altamirano se encargó de cerrar ventajosamente un largo diferendo que mantenía la Compañía de Jesús en Indias con la Corona referido al pago de los diezmos sobre el producto generado por sus haciendas americanas.194 Cabe recordar que el hermano de Bravo del Rivero era jesuita y, antes de ser oidor, Pedro Bravo de Castilla había sido abogado de los colegios de la Compañía ante la Real Audiencia de Lima.195 Los miembros de la familia extensa del oidor Bravo también concedieron poderes a otros familiares cuando estos se encontraban en España. Tal es el caso, por ejemplo, del hermano de Pedro Bravo del Rivero, Esteban, quien era capitán de la Guardia Real y vivió intermitentemente en Madrid en la década de 1740; o de Pedro Antonio de Azaña y 192 José Manuel Rodríguez Gordillo. Historia de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla: sede actual de la Universidad de Sevilla (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005). 193 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 68 (1749-1751), f. 1020. En 1763, Pedro Bravo del Rivero, como albacea de Ángela Vásquez de Velasco, daba cuenta de que Davalillo seguía en poder de ese dinero. AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 69 (1752-1764), f. 782v. 194 José Andrés Gallego. El motín de Esquilache, América y Europa (Madrid CSIC, 2003), 546-547. 195 AGI, Lima 985. El arzobispo a Julián de Arriaga, Ministro de Indias. Lima, 24 de abril de 1754, f. 21v. Esta carta incluye extensos comentarios y refutaciones hechas por de algún miembro del bando de los oidores. 82 Manuel Zavala Vásquez de Velasco, uno de los hijos de José de Zavala y Esquivel, en la década de 1760. Eventualmente, también aparecen como apoderados otros paisanos que se encuentran temporalmente en la corte, como el chileno Cristóbial Mesía y Munive, futuro oidor y amigo cercano de Pedro Bravo del Rivero. Pero los vínculos familiares no aseguraban una buena gestión de los poderes y recursos económicos de los interesados. A modo de ejemplo, en 1754 Francisco de Alvarado Perales, hijo del maestre de campo de la plaza del Callao, se casó con Juana Vásquez de Velasco y Quiróz, hija de Joseph Ventura Vásquez de Velasco, el rico tío de Petronila Zavala, por lo que se convirtió en un pariente cercano de la esposa del oidor.196 Cuando Alvarado pasó a España en 1756, llevó consigo 2.500 pesos en doblones y varias cajas con castellanos de oro que eran de propiedad de Pedro Bravo del Rivero, pero no cumplió con entregarlos a Cristóbal Mesía y Francisco Romero. Por ello el oidor tuvo que recurrir a Felicio da Foseca, capitán del navío de registro portugués La Luz, y al comerciante Francisco Joseph del Rivero para recuperar su dinero.197 Hay que aclarar que la naturaleza misma de las fuentes utilizadas para este apartado - protocolos notariales limeños- hace que no todas las vinculaciones aparezcan reflejadas en su real intensidad. Por ejemplo, pese a que Pedro Bravo del Rivero tenía una estrecha amistad con los hermanos José Toribio y Pedro Bravo de Castilla, y que el segundo de ellos fue uno de sus principales aliados en sus enfrentamientos con el arzobispo Barroeta, sus fuertes lazos son minimizados por las fuentes notariales. Así, no hay constancia de que José Toribio hiciera negocios o se beneficiara directamente de su relación personal con su concuñado. Esto se debe, en buena medida, a que el ámbito de acción del menor de los Bravo de Castilla se centró en la gestión de sus haciendas de panllevar y de ganado de cerda; mientras que la mayoría de intereses de los demás actores que hemos revisado en estas páginas se mueven en torno al comercio forzoso de mercancía en los corregimientos. Aunque, como se verá, José Toribio Bravo de Castilla supo aprovechar su acceso a los recursos de la red para erigirse en el nodo central de las relaciones en el valle 196 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 621. Alvarado llegó al Perú como paje dentro del séquito del virrey Villagarcía. Martín Rubio, El Marqués de Villagarcía, Virrey del Perú (1736-1745), 90-93. 197 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), f. 340 y Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758) f. 284. 83 de Chancay, incluyendo en su entorno a familiares de su amigo el oidor (de ello se dará cuenta en el capítulo 3). De la misma manera, la participación formal de Pedro Bravo de Castilla en las transacciones comerciales dentro de la red social es inexistente. Ello es natural, considerando que es su hermano quien acapara los negocios mundanos de los Bravo de Laguna por decisión de la familia. Pero tampoco tiene un papel destacado en el juego de influencias para la gestión de mercedes en la Corte, pese a su posición de autoridad y gran reputación intelectual, lo cual quizá se deba a que ambos oidores Bravo comparten el acceso a los mismos recursos y personajes clave en Madrid. Es decir, se hacía redundante tocar varias veces los mismos resortes cortesanos. Para dar un ejemplo, en 1746, ante la imposibilidad de recuperar su propio dinero, que había enviado a España con Joseph Hurtado Jirón, contador del Tirbunal de Cuentas de Lima, Pedro Bravo de Castilla recurrió a Joseph de Alzugaray y Alonso Carrillo, procuradores jesuitas en Roma, y al ya mencionado Pedro Ignacio Altamirano, Procurador de las Indias ante la corte madrileña para que recogieran lo adeudado.198 De manera que, tal como hacían otros miembros de su entorno a través de Bravo del Rivero, Bravo de Castilla también accedía a los buenos oficios de los padres de la Compañía de Jesús en momentos críticos. Estrategias fallidas y desafíos en el proceso de transmisión patrimonial Aprovechando sus conexiones con las máximas instacias de poder, y contando con el respaldo de sus amplias redes familiares, Pedro Bravo del Rivero pudo ascender a una posición de poder envidiable que le permitió enriquecerse a él y a su entorno familiar. Pese a este éxito económico, el proceso de relevo generacional de la familia Bravo del Rivero resultó bastante caótico, si lo comparamos con el solidario trabajo de conjunto que Pedro Bravo y sus hermanos llevaron a cabo en la generación anterior. Tanto factores externos como internos condicionaron, en este caso, las lógicas de reproducción social y transmisión patrimonial. Por un lado, las limitaciones en el acceso a cargos de gobierno y justicia en la segunda mitad del siglo XVIII restringieron las posibilidades de diversificación ocupacional de los hijos de Pedro Bravo, lo cual condicionó, a su vez, el modelo sucesorio. 198 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-1748), f. 628. 84 Pero también fueron gravitantes las disensiones internas en la familia Bravo del Rivero, lo que permite confirmar que, aunque la familia era el primer ámbito de autoridad, no estaba exenta de conflictos, en los que las elecciones libres de sus miembros performaban los objetivos familiares. En primer lugar, si bien la vía del servicio al Rey era aún un mecanismo de ascenso social, debido al honor que reportaba al grupo familiar, su lógica había cambiado. El rey esperaba que quienes entraran a su real servicio supieran ligar -y supeditar- sus intereses a los de la monarquía. Pero los intereses de la élite limeña estaban demasiado ligados a los de la tierra. El importante número de poderes girados a España por el entorno de Pedro Bravo del Rivero en las décadas de 1740 y 1750 tiene una relación directa con la posibilidad de alcanzar mercedes reales, fuera por méritos o por servicios pecuniarios. Sin embargo, las gestiones que se debieron hacer no rindieron los frutos esperados, ya que a partir de 1750 la Corona cerró la vía de la venalidad, sobre todo para los oficios de justicia. Así, en 1755 José Zavala y Esquivel revocó un poder concedido para solicitar mercedes a Felix Davalillo y lo sustituyó por otro para traer de vuelta su dinero al Perú, consecuencia “[…] de hallarse en el todo la puerta cerrada al beneficio en dicha corte de Madrid, y ignorarse quando se podrá abrir esta, y estar parado el dinero perteneciente a su parte sin dar aumento ni utilidad alguna”.199 Pese a estas limitaciones, la familia Bravo Zavala aun consideraba que el honor del servicio al soberano seguía siendo la mejor forma de obtener privilegios sociales y económicos para sus allegados. Cuando en 1762, siendo oidor decano de la Audiencia, fue jubilado de manera forzosa a instancias del virrey Amat, lo primero que hizo su defensa en la corte madrileña fue conseguir del Rey un reconocimiento formal de su inocencia, para evitar así la deshonra familiar. Esto fue relativamente sencillo, ya que en ningún momento se habían hecho acusaciones públicas en su contra, y aquellas vertidas por Amat no estaban en el Consejo de Indias porque se había usado la vía reservada para hacérselas saber al monarca. El mismo fiscal del Consejo de Indias señalaba que la providencia tomada por el Rey de prejubilar con medio sueldo a Bravo "fue sin duda de 199 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 68 (1749-1751), f. 1020. La explicación citada es una anotación fechada en 27.02.1755, al márgen del poder concedido a Davalillo en 1752. 85 la clase de aquellas que se expiden por la vía reserbada y gubernatiba, sin nota expresa de los Ministros a quienes compreenden, y sin manifestación de causas, que se reserban al Soberano, estimándose por más que suficiente mérito los informes de los que gobiernan”.200 Ante los pedidos del conde de Montesclaros, el Rey había ordenado que, aunque no se derogaría la jubilación, sí debía resarcirse a Bravo del Rivero nombrando a sus hijos en puestos de su real servicio.201 Su hijo Tadeo Bravo del Rivero viajó a Madrid a recibir la merced real prometida y entró a servir en los Reales Ejércitos peninsulares. Aunque hizo carrera y alcanzó cierta influencia, nunca volvió al Perú. En 1786 era Teniente Coronel de los Reales Ejércitos y también actuaba como apoderado de la universidad de San Marcos en la Corte madrileña.202 Similar suerte había corrido años antes su tío Esteban Bravo del Rivero, el menor de los hermanos de Pedro Bravo del Rivero: viajó a Madrid y se incorporó a la Guardia Real, de la cuál llegó a ser capitán. En 1749, siendo Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, viajó al Caribe como sargento mayor de la plaza de San Juan de Puerto Rico, en compañía de su mujer, Jerónima de Justín, natural de La Habana, y su hija.203 En ese destino llegaría a ocupar el puesto de gobernador interino de Puerto Rico hasta en tres oportunidades; y finalmente, en 1763, fue nombrado gobernador de Puebla de los Ángeles, en Nueva España.204 El destino de estos dos personajes de la familia Bravo del Rivero, Esteban y Tadeo, dan una clara idea de cómo el Rey premiaba con su gracia pero se aseguraba fidelidad a sus intereses, ya que se negaba el acceso a puestos clave de la administración local peruana. Además de las limitaciones mencionadas para colocar a sus hijos en la administracion real, es innegable que en los últimos años de su vida también la fortuna de Pedro Bravo 200 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 83. 201 Aunque el rey ya había reconocido la inocencia de Bravo y había ordenado se le resarciera nombrado a sus hijos en puestos de su real servicio, Bravo señala que se mantendría difamado mientras subsista la jubilación forzosa. Por eso, para purificar su conducta sobre los puntos informados por el virrey Amat presentó nuevo recurso al Rey, "obligándose el conde de Montes Claros [Pedro Antonio de Azaña] su hijo con su persona a la seguridad del juicio, y señaladamente ofreció depositar en esta corte la cantidad de 40 mil pesos y presentar su persona en el arresto que se señalase." AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 414. 202 AGN, Protocolos notariales siglo XVIII. Francisco Luque, 651 (1789-1790), f.8. 203 AGI, Contratación, 5490, N.1, R.47 (1749) 204 AGI, Contratación, 5506, N.2, R.32 (1763) 86 del Rivero había sufrido algunos reveses importantes. Su jubilación forzada por obra del virrey Amat, los gastos en que debió incurrir para limpiar su nombre en los tribunales peninsulares, y los problemas económicos causados a sus haciendas altoandinas por la Gran Rebelión hicieron mella en su capacidad económica. Pero aun así, el capital económico acumulado no era nada desdeñable. Cuando Pedro Bravo del Rivero falleció en 1786, su esposa Petronila hizo un total de quince inventarios de bienes, aunque no los terminó por los altos costos que le reportaban. La casa solariega, ubicada junto al convento de la Encarnación, estaba ya excenta de gravámenes y no valdría menos de los 31.500 pesos en que se compró a remate en 1738. Su contenido: pinturas, muebles y esclavos de servicio, se valoraron en 23.312 pesos; y la biblioteca, con 21 estantes con libros, en sólo 3.847 pesos por estar dañada por la polilla. El inventario de las joyas y plata labrada sumo un total de 17.918 pesos. Poseían también algunas propiedades en Lima y su contorno: otra casa principal con cochera y tienda en la esquina de “el mármol de Carvajal”, y una “chacarita”en el valle de Late, que con la casa, esclavos, aperos, sementera y ganado se avaluó en 20.175 pesos. En total, sin contar la segunda casa, que no fue avaluada, los bienes inventariados sólo en Lima alcanzaban los 96.752 pesos. 205 Sin embargo, lo realmente destacable era que el matrimonio Bravo Zavala dejaba tras de sí propiedades dignas de un gran terrateniente: la hacienda vinícola de San José de Condor y la de Hoja Redonda, de panllevar, en el valle de Pisco (ambas “heredadas” de José Bandín Salgado, amigo de Pedro Bravo del Rivero); otras siete estancias ganaderas en “la tierra de arriba” (en la provincia de Lampa); además de una estancia en Melipilla (Chile). Petronila no hizo avaluar las estancias andinas: sólo señalaba que quedaron muy deterioradas por los robos y destrozos que sufrieron durante la rebelión de Túpac Amaru,206 por lo que no sabemos el origen ni precio exacto de cinco de ellas; aunque las estancias Caracara y Huayta, que eran parte de la dote matrimonial, deben haber tenido un valor de alrededor de 40.000 pesos.207 Contando las estancias, puede calcularse, 205 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Francisco Luque, 649 (1786), fs. 405-475 206 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Francisco Luque, 649 (1786), f. 450 207 Estas estancias fueron herencia familiar de la tía de Petronila Zavala, Petronila Esquivel y Jaraba, y su padre don José de Zavala y Esquivel las incorporó en 1753 a la dote matrimonial. En una declaración judicial de Pedro Bravo del Rivero se afirma que la dote de su mujer habría sido de 82.000 pesos, incluidos los 31.422 pesos que aportaron los padres de la novia; por lo que el valor de estas dos estancias ascendería a cerca de 40 o 50.000 pesos. Ver: AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio 87 grosso modo, que la fortuna familiar de los Bravo del Rivero rondaría los 250.000 pesos al momento de fallecer su padre. Esta fortuna debía ser la base que permitiera la reproducción social de la familia Bravo del Rivero. Hasta ahora hemos revisado cómo las hijas sirvieron para fortalecer los vínculos horizontales de la familia, estrechando la alianza con los Zavala, Azaña y Jiménez Lobatón mediante nuevos enlaces matrimoniales. Lo que no queda claro es el destino del tronco principal de la familia. ¿Qué planes había trazado Pedro Bravo para sus siete hijos varones?208 En primer lugar, aunque el viejo oidor apostaba por que algunos de sus hijos accedieran a cargos y mercedes reales, sólo el penúltimo hijo, Tadeo, lo hizo en vida de su padre. Y lo hizo lejos del Perú, como Teniente Coronel de los Reales Ejércitos en España. Este destino relacionado con la carrera de las armas, aunque otorgaba prestigio y cierto nivel de influencia, alejaba a los hijos más capaces del núcleo de intereses familiares en el Perú e impedía el refuerzo de los vínculos locales. Por ello, y ante la imposibilidad de acceder a puestos de la administración real en su propia jurisdicción, la mayoría de los hijos varones -Juan Joseph, Francisco Camilo, Pedro Tadeo y Andrés- fueron destinados al sacerdocio. Tal cosa era comprensible si el objetivo final era la concentración de la fortuna en la rama principal de la familia, mediante múltiples legados o, directamente, evitando hacer división de la herencia. Pero lo peculiar de las disposiciones tomadas por Pedro Bravo es que tanto su primogénito -heredero natural de cualquier mayorazgo y, en teoría, los Bravo del Rivero tenían dos- como el segundo hijo varón fueran destinados desde pequeños a la vida religiosa. Los nombres de estos dos hijos -Juan y Francisco- apuntan a la cercana relación del oidor con sus hermanos mayores -y religiosos- como una motivación clara para esta elección de vida. Se esperaba seguramente que el hijo primogénito, Juan Joseph, siguiera los pasos de su tío, ilustre obispo y gran benefactor de su padre. En muchos sentidos, Pedro Bravo Joseph de Ascarrunz,70 (1753-54), fs. 419-420. AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 572- 580. 208 Los hijos de Pedro Bravo del Rivero que alcanzaron la edad adulta fueron Juan Joseph, el primogénito, nacido en 1739; Ángela, Petronila e Isabel, todas bautizadas en 1741; Francisco Camilio, en torno a 1742; Pedro Tadeo, en 1743; José Mariano, en 1745; Andrés, en 1748; Ana Michaela y Tadeo Diego, en 1754; y el menor, Diego Miguel, en 1756. En total once: siete varones y cuatro mujeres. 88 del Rivero estaba en deuda con su hermano Juan, incluyendo los 80.000 pesos de capital que le donó al tomar posesión del obispado de Santiago. Como vimos, la relación había sido recíproca, ya que desde su viaje a España Pedro había mediado en la obtención de las sedes episcolapes de Santiago (1736) y Arequipa (1742) para su hermano. De la misma forma, el nombre del segundo hijo, Francisco Camilo, hacía honor a Francisco Bravo del Rivero, por entonces párroco de la iglesia de Santa Ana, en Santiago de Chile, quien había sido el otro gran benefactor familiar del oidor, pues adquirió la casa solariega en Lima y se la donó a su hermano. Además, el apoyo económico por parte de ambos clérigos parece haber sido continuo: al ser inquirido años después por el Fiscal del Consejo de Indias acerca del origen de sus caudales, Pedro Bravo señalaba que recibió habitualmente "pequeños auxilios de sus dos hermanos".209 Los hijos sacerdotes no solamente debían otorgar prestigio espiritual al grupo y desahogar sus rentas mediante el acceso a prebendas, sino que también actuaron como agentes económicos de la familia. Hacia el final de la vida de su padre, Pedro Tadeo era cura de la doctrina de Santa Rosa de Nuñoa, en las inmediaciones de las haciendas familiares en la provincia de Lampa; mientras que Andrés era cura de la doctrina de Santa Ana de Ica, a corta distancia de las haciendas pisqueñas adquiridas en 1777.210 Es de suponer, por tanto, que se implicaran directamente en la gestión de las empresas familiares. En contraprestación, los hijos sacerdotes recibieron capellanías que les permitirían disponer de una renta a perpetuidad. Desde muy temprano, Pedro Bravo se encargó de dotarlos de beneficios eclesiásticos acordes con su estatus. En 1746, cuando Juan Joseph Bravo Zavala contaba sólo 7 años, ya era clérigo de menores órdenes y capellán propietario de un aniversario de misas dotado con 5864 pesos.211 Y en 1752, su padre hizo que fuera nombrado capellán de dos capellanías que sumaban 4.200 pesos de principal y 210 pesos de renta. En este caso, Manuel de Salinas, clérigo de menores órdenes, renunció a ambas capellanías en beneficio del joven hijo del oidor.212 209 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776) Im. 117. 210 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Francisco Juque, 650 (1787-1788), f. 173. 211 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 68 (1749-1751), fs. 741-744v. 212 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 69 (1752-1764), fs. 320-321. 89 También fueron pingües los beneficios recibidos por Francisco Camilo Bravo Zavala. En 1761, Jaime Pérez, rector del Colegio de San Pablo, de la Compañía de Jesús, lo nombró capellán propietario de una capellanía dotada de 6.000 pesos de principal, impuestos sobre la hacienda Illimo, y con una renta anual de 300 pesos; y de otra capellanía fundada por su abuelo fallecido, José de Zavala y Esquivel, con 9.000 pesos de principal. Además, sin contar con más de 20 años, fue nombrado cura de la doctrina de San Mateo, en Huarochirí. Sin embargo, Francisco Camilo falleció joven, en 1764, siendo sustituido en sus capellanías por su aún más joven hermano Andrés Bravo Zavala, de solo 16 años.213 El único de los hijos varones que se casó en vida de Pedro Bravo del Rivero fue José Mariano, el cuarto en edad, quien contrajo nupcias con María Josefa Pérez de Arredondo, mujer de un perfil social menor, y al parecer tuvieron descendencia; aunque extrañamente jamás ocupó un lugar preeminente junto a su padre. También causa extrañeza que el oidor no intentara conseguir licencia para fundar un mayorazgo con sus bienes, pese a que sus enemigos lo acusaran de haberlo hecho veladamente: […] se le considera por común opinión y fama pública con un caudal muy cuantioso, en tanto grado que se dice haber obtenido Real Cédula de S.M. para fundar Mayorazgo, y se supone que sin dejar exheredados a los demás hijos de su legítima, todo lo cual en la común opinión le ha producido su ministerio, con los cohechos que con nombre de obsequios ha recibido, así de sujetos de la ciudad de Lima, como de las demás del Reino por medio de las agencias de que se ha encargado siempre para promover negocios de toda clase.”214 En realidad, Pedro Bravo del Rivero no sólo no fundó un mayorazgo propio, sino que tampoco dio continuidad a aquellos heredados de su padre. Dejó poder para testar a su esposa Petronila Zavala, pero ni en este documento, ni en el poder para testar de la viuda, ni en los inventarios hechos por esta, aparece ninguna mención a ese mayorazgo limeño de Juan Rivero Sánchez que producía 3.000 pesos anuales -tan mentado ante el Fiscal del Consejo para explicar el origen de la fortuna del oidor-, o al otro vínculo que fundara el mismo benefactor en Brozas, Extremadura, con 12.000 ducados impuestos sobre las 213 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 69 (1752-1764), fs. 557 y 891 214 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 62. A partir de las Leyes de Toro de 1505 sólo se exigía licencia real para fundar mayorazgo cuando este afectaba a la legítima de los herederos forzosos, pero no cuando se constituía sobre el quinto o mejora del tercio, de libre disposición. José M. Mariluz Urquijo. “Los mayorazgos”, Lecciones y ensayos, 42 (1970): 55-78. 90 tierras de los marqueses de Estepa.215 Por el contrario, cuando Petronila hizo referencia en su testamento a la hacienda de Late, parte del mayorazgo de su difunto marido, omitió hablar de este vínculo y señaló extrañamente que esa “chacarita de Late pertenece a la obra pía que fundaron Pedro y Sebastián Rufolio, de que son patronos el Conde de la Encina y el Prior de Valencia de Alcántara [cuya] administración ha corrido cerca de un siglo en la familia de mi marido”.216 ¿Por qué se renuncia a concentrar más claramente el patrimonio en algún miembro del linaje? Probablemente, el motivo fue la renuencia de Juan Joseph Bravo Zavala a tomar los hábitos, en contra de los deseos de su padre. Esta negativa no sólo implicaba desconocer la autoridad paterna; sino que, al no ordenarse sacerdote, Juan impedía favorecer con los mayorazgos a otro hijo que no fuera él, por su condición de hijo mayor (los clérigos y religiosos no heredaban este tipo de vínculos). Es interesante, en este sentido, el apunte que hace Mariluz Urquijo: a la muerte del poseedor de bienes vinculados, estos pasaban ipso jure al sucesor, es decir, automáticamente por disposición legal, sin necesidad de ningún acto de posesión. Más aún, en la medidad en que “el sucesor sucede al fundador y no a su antecesor, éste no podría desheredarlo”.217 En este contexto, cobra sentido que se tratara de escamotear los mayorazgos de la declaración de bienes. Prueba del desencuentro entre padre e hijo, en 1785 Pedro Bravo despojó a su primogénito de una importante capellanía colativa de 10.000 pesos de principal impuestos sobre sus estancias de Huayta y Caracara y sobre la casa principal de la familia, que Juan venía disfrutando desde 1758. Aducía que su hijo ya tenía 46 años, “y porque es la capellanía colativa y requiere capellán que la sirva, y no habiéndose ordenado [Juan Joseph Bravo Zavala] ni pensar tomar las sagradas órdenes”, se veía forzado a nombrar como capellán a su hijo el Dr. Andrés Bravo y Zavala, cura y vicario de la doctrina de Santa Ana de Ica.218 Es cierto que se acostumbraba permitir que los jóvenes aspirantes al sacerdocio tomaran una decisión razonada sobre tan importante paso, por lo que solían 215 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 3 216 AGN, Protocolos Notariales, siglo XVIII. Francisco Juque, 650 (1787-1788), fs. 173-173v. 217 Mariluz Urquijo. “Los mayorazgos”, 74. 218 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Luis Victoria Medrano, 691 (1781-1786), f. 1048v. 91 aplazar su decisión hasta la edad adulta, tiempo durante el cual se nombraba un capellán sustituto que por un estipendio atendía los oficios religiosos de la capellanía.219 Sin embargo, la necesidad de nombrar persona eclesiástica en este caso no debió ser más que una excusa, si tomamos en cuenta que otro de los hijos del oidor, Tadeo Bravo de Rivero Zavala, era a la vez militar, residente en Madrid y beneficiario de una capellanía de 5.000 pesos de principal que mandó fundar el Dr. Juan Núñez Ladrón de Guevara, Tesorero de la Catedral del Cuzco;220 y también de otra capellanía colativa de 4.000 pesos en el obispado de Arequipa, que le era disputada por el padre de un jovensísimo Mariano Melgar, quien con nueve años ya había sido tonsurado. Juan de Dios Melgar -el padre del niño- aducía que Tadeo Bravo del Rivero no podía ejercer el cargo de capellán por ser ”Gefe militar empleado y residente en el Reyno de España”, pero su reclamo fue desetimado finalmente por la Real Audiencia.221 Si quedaba alguna duda sobre el distanciamiento entre padre e hijo, y sobre el discreto intento por limitar su acceso a la herencia familiar, esto se hizo evidente al fallecer el oidor. A partir de ese momento, se iniciaron continuas disputas por los bienes heredados entre Juan, su madre y sus hermanos. Poco después del deceso de su marido, Petronila Zavala, como su albacea, consiguió gracias a una Real Orden de 1786 que se le pagara el importe de los medios sueldos que había dejado de percibir el oidor Bravo del Rivero desde su jubilación forzada en tiempos de Amat. Al enterarse, Juan se presentó ante la Real Audiencia, exigiendo que se le diese la porción que le pertenecía por legítima como heredero, pero el juzgado se lo denegó, ordenándole “perpetuo silencio” sobre el asunto y reconociendo la posesión a la viuda.222 Sin embargo, las fricciones continuaron tras la muerte de Petronila Zavala. En 1787, la matriarca incluyó como albaceas de su testamento a todos sus hijos, menos a Juan, y cuando falleció un año después se produjo una nueva disputa legal entre el primogénito y sus hermanos que sólo se solucionó mediante un laudo arbitral.223 La legislación 219 Pilar Gonzalbo Aizpuru. Familia y orden colonial (México D.F.: Colegio de México, 2005), ps. 138- 139. 220 AGN Protocolos Notariales, 650, Francisco Núñez (1787-1788), F. 155V-157 221 Aurelio Miró Quesada. Historia y leyenda de Mariano Melgar (1790-1815) (Lima: Fondo Editorial de la UNMSM, 1998), p. 34. 222 AGN, Protocolos Notariales, 650. Francisco Juque (1787-1788), fs. 175-175v. 223 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Francisco Luque, 650 (1787-1788), fs. 172-177. 92 castellana establecía que todos los hijos heredaban por igual si no se había constituido un mayorazgo, o se hacía un reparto equitativo de los bienes libres en caso de existir dicho vínculo. En el caso de la dote recibida por las hijas casadas, se consideraba un anticipo de la legítima que le correspondería a la hija a la muerte de sus padres.224 Uno de los principales motivos de la discordia era que Petronila había dispuesto mejorar con el tercio de sus bienes la legítima de su hija soltera Isabel Bravo del Rivero Zavala, “en atención a hallarse sin estado, y en concepto también de que los demás mis hijos sus hermanos en ninguna manera llevarán a mal esta demostración, sin que por ella se persuadan sea efecto de aquella predilección que en los padres se reconoce para algunos de sus hijos; respecto de que mi amor ha sido y es uniforme para con todos.”225 La maniobra de la madre era totalmente legal, ya que podía disponer discrecionalmente de un tercio de su fortuna siempre que su destinatario fuera uno de sus herederos forzosos. Además, la mejora del tercio solía utilizarse como una forma de compensación para un hijo o hija cuyos hermanos ya hubieran sido mejorados de otras formas. Tal era el caso de Isabel, la única hija soltera, sin dote ni bienes propios reseñables. Pero, en la práctica, esta decisión reducía de forma importante la herencia de Juan, mermada por la desaparición de los dos vínculos heredables, y permitía incrementar en un futuro -como se hizo- el caudal recibido por Diego Miguel Bravo del Rivero, el menor de los hermanos y principal albacea de su madre. Esto fue posible gracias a que, salvo en el caso de Juan, los demás hermanos no hicieron división efectiva de la herencia. Diego Miguel Bravo del Rivero, el hijo menor del oidor, acabó perfilándose como su principal sucesor. Capitán del Regimiento Real de veteranos de Lima en su juventud, acumularía cargos y honores para mayor honra de su estirpe: caballero de la Orden de Carlos III y caballero de Santiago (1789), subdelegado del partido de Canta (1796), alcalde del crimen (1805), Asesor General y Auditor de Guerra del virreinato (1808) y oidor de la Real Audiencia de Lima (1814). Además, consiguió de Fernando VII la concesión del título de I marqués de Castel Bravo de Rivero en 1808, un año después de casarse con la rica limeña María Josefa de Aliaga y Borda, III marquesa de Fuente Hermosa de Miranda. 226 224 Paul Rizo-Patrón Boylan. “La familia noble en la Lima borbónica: Patrones matrimoniales y dotales”, Boletín del Instituto Riva Agüero, 16 (1989): 286 225 AGN, Protocolos notariales, siglo XVIII. Francisco Luque, 650 (1787-1788), f. 174. 226 Lohmann, Los ministros de la Audiencia de Lima¸ 20-21. 93 Sin embargo, el modo de conseguir las mercedes había cambiado: en 1798 Diego trató de comprar un cargo pero se le indicó que esas prácticas habían quedado en el pasado.227 En 1822, este fiel servidor del Rey emigró a España a raíz de la guerra de Independencia. 227 Burkholder y Chandler. De la impotencia a la autoridad, 190. 94 CAPÍTULO 3 Redes de intereses: oidores, corregidores y comerciantes Son los corregidores diptongos de mercaderes y juezes, de suerte que en ellos se junta la vara del comercio con la de la justicia Manuel de Amat y Junyent, Virrey del Perú Un contexto económico cambiante En 1740, la temprana reforma del comercio durante el gobierno de Felipe V, con su sistema de galeones y la feria de Portobelo como centro de negociación entre los comerciantes limeños y gaditanos, tocaban a su fin. A raíz de la Guerra de la oreja de Jenkins (1739-1748), que enfrentó a España e Inglaterra, la corona se vió obligada a variar la forma de abastecer los puertos sudamericanos con productos europeos, autorizando bajo licencia la navegación directa de comerciantes a los puertos del Pacífico peruano en barcos neutrales. Esta fórmula demostró ser sostenible y más efectiva que el sistema monopólico con convoyes peródicos al itsmo de Panamá, de manera que cuando en 1748 acabó la guerra se continuó autorizando navíos de registro, pese a los reclamos y ofertas desde México, Lima y Cádiz para restaurar el viejo sistema. Aunque, como señala Carmen Parrón Salas, el sistema de navíos de registro no varió la esencia del comercio monopolístico: el comercio del virreinato del Perú con la península ibérica siguió teniendo dos extremos, Cádiz y Lima, puertos únicos; la Corona continuó prefiriendo el sistema de convoyes, aun doblando el temido Cabo de Hornos, para así resguardarse de los ataques de corsarios ingleses; y, aunque aumentó la frecuencia de llegada de mercancías, se siguió apostando por el abastecimiento (limitación de la oferta) antes que por un mercado libre y competitivo. Por ende, siempre según Parrón Salas, no se puede hablar de que los navíos de registro supusieran una apuesta por instaurar el comercio libre, sino básicamente el cambio de las rutas de abastecimiento. Incluso siguió enviándose mercancía desde Panamá y Cartagena a Lima y, evidentemente, se continuó el internamiento desde Buenos Aires al Alto Perú (aunque Ensenada acabara aceptando 95 prohibir esta vía).228 Lo que sí se produjo fue la llegada de muchos agentes del comercio de Cádiz en los navíos de registro para vender sus productos directamente al Perú, internándolos en las provincias andinas e incluso vendiendo al detalle.229 Los grandes comerciantes limeños se vieron descolocados, pues los pequeños comerciantes locales y los grandes compradores andinos podían acceder a los productos sin necesidad de recurrir a ellos. Los propios comerciantes gaditanos comenzaron a internar su mercancía en los mercados interiores, lo que significó necesariamente un reordenamiento de la posición de los limeños en el comercio atlántico.230 Inicialmente el comercio de Cádiz apoyó el sistema de navíos de registro, siempre que zarparan únicamente de su puerto, debido a que mediante la apertura de la navegación por el Cabo de Hornos se acercaba la oferta a la demanda, saltándose a los intermediarios limeños con los que negociaban antes en el itsmo de Panamá. Pero cuando finalmente el mercado quedó saturado de productos europeos y los precios bajaron irremediablemente, el consulado de Cádiz también volvió a pedir -igual que los comerciantes peruanos pocos años atrás- la vuelta al viejo sistema de galeones. 231 El problema de la disminución de precios en un mercado saturado de productos, con la consiguiente incertidumbre acerca de los umbrales de beneficio, generó bastante malestar entre los comericantes de uno y otro lado del Atlántico, acostumbrados como estaban al acuerdo de precios y los amplios márgenes de beneficios. Así, en una fecha tardía como 1759, José Toribio Bravo de Castilla se quejaba aún de que los bajos precios del mercado le impedían vender sin pérdida la ropa que había enviado desde la península su sobrino, el limeño conde de Villaseñor, que se encontraba varios años residiendo en Madrid. Para no perjudicarlo y poder reintegrarle su capital, se vio obligado a solicitar un 228 Carmen Parrón Salas, "Perú y la transición del comercio político al comercio libre. 1740-1778". Anuario de Estudios Americanos, 54, 2 (1997): 447-473. 229 Allan Kuethe y Kenneth J. Andrien. The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century. War and the Bourbon reforms. 1713-1796 (Nueva York: Cambridge University Press, 2014), 156. Parrón Salas. "Perú y la transición del comercio político al comercio libre”, 463-464. 230 Parrón Salas. "Perú y la transición del comercio político al comercio libre”, 455-457. 231 Allan Kuethe y Kenneth J. Andrien. The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century. War and the Bourbon reforms. 1713-1796 (Nueva York: Cambridge University Press, 2014), 203-204. Parrón Salas. "Perú y la transición del comercio político al comercio libre”, 464. 96 crédito de 10.500 pesos, con interés del 6% y el aval del comerciante y corregidor Manuel de la Torre Quiróz.232 Pese a los reclamos, ya no hubo marcha atrás: el propio virrey Superunda, que había apoyado inicialmente al Consulado limeño en su pedido para volver al antiguo sistema, se vio obligado a confesar las bondades del nuevo sistema para las arcas reales; aunque solicitó algún tipo de limitación al comercio, para dotarlo de mayor predictibilidad. Además, el propio marqués de la Ensenada no estaba dispuesto a volver al sistema de monopolio gaditano, que había hecho grandes esfuerzos por quebrar, transfiriendo la responsabilidad de dar licencia a los navíos de registro a la corona por la vía reservada, quitándole esa prerrogativa a la Casa de la Contratación en Cádiz. Incluso una Real Cédula de 20 de junio de 1749, impulsada por Ensenada, autorizaba a los comerciantes americanos a negociar directamente en Cádiz la compra y envío de productos, de manera que ya no estarían limitados por la oferta de los mercaderes gaditanos. Aunque este extremo no se cumplió, ya que los comerciantes gaditanos se negaron a reconocer este derecho y bloquearon la posibilidad de que negociaran con las casas comerciales peninsulares sin recurrir a intermediarios.233 La apertura del comercio a los navíos de registro a través del Cabo de Hornos (1740) no sólo significó mayor competencia para los comerciantes limeños en su propia casa, sino también la crisis del sistema de contrabando comercial entre Nueva España y el Perú a través del Océano Pacífico del que se venían beneficiando desde el siglo anterior. Mariano Bonialian explica cómo entre 1680 y 1740 se había desarrollado entre ambos virreinatos un intenso comercio ilegal con bienes asiáticos llegados en el galeón de Manila y bienes europeos de contrabando, más baratos que los ofertados en la feria de Portobelo, que eran adquiridos por comerciantes peruanos y, eventualmente, introducidos camuflados a través del circuito oficial Panamá – Callao. De manera que, en los años en que había feria, el contrabando ingresaba al Perú como si fuera mercadería 232 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 73 (1759-1761), f. 290 233 Allan Kuethe y Kenneth J. Andrien. The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century. War and the Bourbon reforms. 1713-1796 (Nueva York: Cambridge University Press, 2014), 203-204. Parrón Salas. "Perú y la transición del comercio político al comercio libre”, 464. 97 legal comprada en Portobelo. Por su parte, los comerciantes limeños introducían plata, azogue, cacao, aceite y vinos en el mercado novohispano.234 Durante el periodo 1680-1740, Boniliain ha identificado al menos 80 naves limeñas arribando con mercaderías a los puertos mexicanos y, oficialmente, 25 de ellas volviendo al Callao, Guayaquil o Paita con carga comercial. Pero al iniciarse la segunda mitad del siglo XVIII, este tráfico de mercaderías prácticamente desaparece. La explicación dada a esta debacle comercial tiene tres aristas: la crisis del monopolio del galeón de Manila, el desarrollo de Jamaica como centro del contrabando regional en desmedro de Acapulco y la apertura del comercio a los navíos de registro en el Pacífico Sur.235 Los puertos sudamericanos pronto quedaron inundados de mercaderías por el aumento del tráfico marítimo comercial, al punto que sólo en 1748, primer año de autorización del nuevo sistema comercial, llegaron al Callao 18 barcos. 236 Boniliain destaca que este circuito mercantil tenía una clara identidad indiana, con comerciantes novohispanos y limeños operando a lo largo de la ruta gracias a la flota comercial peruana, convirtiendo al Pacífico en un auténtico “lago indiano”. Muchos grandes comerciantes limeños de las décadas de 1730 y 1740 -por no remitirnos a las décadas anteriores- estuvieron involucrados en el comercio de contrabando de productos asiáticos: varios miembros de la familia Tagle, encabezados por Joseph Tagle Bracho, marqués de Torre Tagle y prior del Consulado de Lima; los también priores Gaspar Velarde Quijano, Isidro Gutiérrez de Cossio, Juan Bautista de Belzunce; el presidente de la Audiencia de Quito, José de Araujo y Río; o el obispo Pedro Morcillo, entre los más destacados.237 En el caso específico de la familia Bravo del Rivero, no hay pruebas de que estuviera comprometida directamente en el comercio asiático. En realidad, ninguno de sus 234 Mariano A. Bonialian Assadourian, “Comercio y atlantización del Pacífico mexicano y sudamericano: La crisis del lago indiano y del Galeón de Manila, 1750-1821,” América Latina en la Historia Económica 24, no. 1 (2017): 9–25, accessed October 8, 2018, https://doi.org/10.18232/alhe.v24i1.791, http://www.scielo.org.mx/pdf/alhe/v24n1/2007-3496- alhe-24-01-00007.pdf 235 Bonialian Assadourian, “Comercio y atlantización del Pacífico mexicano y sudamericano,” 9–25 236 Bonialian Assadourian, “Comercio y atlantización del Pacífico mexicano y sudamericano,” 17–19 237 Mariano A. Boniliain Assadourian. El pacífico hispanoamericano: Política y comercio asiático en el imperio español (1680-1784) (México: El Colegio de Mexico, 2012), 343. 98 hermanos o hijos se dedicaron al comercio; mientras que su cuñado Miguel Bandín Salgado, este sí comerciante gaditano, era bastante mayor y falleció en 1750.238 Aunque con seguridad participaron de manera indirecta en esta red comercial. En 1744, Pedro Bravo del Rivero figuraba como apoderado en Lima del comerciante Juan Patricio O’Connor, probablemente jenízaro, que se hallaba avecindado en la ciudad México. Y, en condición de tal, lo encontramos liquidando cuentas con Joseph Rodríguez Bejarano, quien en 1742 distribuyó en el Perú por cuenta de O’Connor 75 cajones de tabaco en polvo, con un peso total de 11.830 libras y un valor superior a los 20.000 pesos.239 Diez años después, en 1754, Matías de Larrave Tubilla, cura de Sonsonate (Guatemala) enviaba otro poder al oidor, “por no tener absolutamente conocimiento con ninguna persona de aquel Reyno”, para que en su nombre liquidara las cuentas de sus negocios con el difunto Francisco de Montestruque, con quien estaba asociado para introducir productos de hierro forjado (yunques, tasis, combas, lampas, azadones, etc.) y metal en bruto en el Perú. Como Bravo del Rivero no podía representarlo por la incompatibilidad con su cargo de oidor decano, substituyó el poder en su allegado Joseph de Orellana.240 El albacea de Montestruque, por su parte, no era otro que Juan Bautista Casabona, mayordomo del virrey Superunda, quien al parecer también participaba en estas rutas comerciales: en 1747 se hallaba en Panamá y prestaba ahí 2.500 pesos al religioso Manuel Murga y Muñatones y a los hermanos Juan Bautista y Juan Manuel de Belzunce y Río, importantes comerciantes del Consulado de Lima.241 El finado Montestruque también se 238 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 68 (1749-1751), f. 263-264. 239 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-1748), f. 729 y sig. 240 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), f. 501-503v. 241 Estos personajes, miembros del clan de la poderosa hacendada iqueña Josefa Rosa de Muñatones, estaban relacionados con el entorno de Pedro Bravo del Rivero: Manuel de Murga y Muñatones, hijo de Josefa y ya por entonces cura de Ica, recibió en 1750 un préstamo de 1.600 pesos del oidor y su suegra “por hacerme amistad, bien y buena obra”, que se demoró 9 años en pagar. (AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 69, f.479) También le debía 6.000 pesos a José Bandín Salgado, el concuñado y amigo de Bravo del Rivero. AGN, Protocolos Notariales, soglo XVIII. Francisco Luque, 635 (1777). Mientras que su cuñado Juan Bautista de Belzunce fue prior del consulado y estuvo implicado en graves casos de contrabando desde Panamá (Bonialian. El pacífico hispanoamericano, 343). Belzunce también fue apoderado del hacendado de Cañete Agustín de Landaburu, otro cuñado del cura de Ica, en los tratos que este tenía con José Bandín Salgado para la administración de los diezmos de Pisco. 99 dedicaba a comerciar tabaco mexicano en Lima, antes del establecimiento del Real Estanco. Es posible que la conexión de Bravo del Rivero con el comercio de Nueva España y Guatemala se remontaran a su viaje de vuelta de la corte madrileña. Hay que recordar que cuando volvía de España en 1736, el oidor estuvo en la ciudad de México y probablemente también en Guatemala acompañando al recién nombrado obispo de Guatemala, Pedro Pardo y Figueroa, junto con sus amigos -todos peruanos como él- José Agustín Pardo Figueroa y José de Araujo y Río. Además, existen denuncias de que en el San Fermín, barco que los trajo al Perú desde Centro América, Araujo y Río traía mercancía de contrabando por valor de 200.000 pesos para internar en Quito, que puso en manos de su cuñado Victorino Montero, corregidor de Piura.242 Araujo y Río debía tener larga experiencia en el comercio del Pacífico, pues declaraba haber estado en Filipinas a fines de la década de 1720;243 y después de sus graves conflictos con los comerciantes de Quito, acabó siendo enviado a Guatemala como presidente de la Real Audiencia, por lo que no es de extrañar que esta fuera buena plaza para los negocios de los comerciantes limeños. En todo caso, el negocio del cura Larrave es interesante porque, sea o no cierto que no conocía a otra persona en el Perú a quien encomendar sus actividades comerciales, el poder que le envió a Pedro Bravo del Rivero refleja la capacidad del oidor para tender puentes entre diferentes mercados e intereses. Estos son los importantes lazos débiles a los que se refiere, que dotan a la red social del oidor de recursos y posibilidades inexistentes en el núcleo de la red. Esto es posible en la medida en que el capital relacional de Bravo del Rivero y su posición de autoridad lo dotan de un alto nivel de confiabilidad, en un contexto en que la confianza es el principal capital que se tiene a la hora de realizar negocio. 242 Boniliaín Assadourian. El pacífico hispanoamericano, 343. Hill. Hierarchy, commerce and fraud, 135- 138. 243 AGI. Contratación, 5482A, N1, R73 (1735), f. 5r-6r.Araujo y Río declaró conocer a Joseph Antonio Méndez, natural de Luzón, Filipinas, que pasaba a las Indias como criado de Bravo del Rivero. Señalaba que lo conoció en Filipinas cuando estuvo ahí en 1727. 100 Otros personajes cercanos a Bravo del Rivero estaban relacionados directamente con el comercio centroamericano. El mencionado Joseph de Orellana, hombre de confianza de Pedro Bravo del Rivero, era socio comercial de Domingo Ramos y Rivera, comerciante afincado en México, también para la venta de tabaco en el Perú.244 Además, posiblemente en lugar del oidor, Orellana era apoderado en Lima del obispo de Panamá, Francisco Javier de Luna Victoria, a quien enviaba remesas de dinero de manera periódica.245 Cuando algunos años después, Luna Victoria fue obispo de Trujillo (1758- 1777), diferentes testigos aseguraban que Pedro Bravo del Rivero era su apoderado y que tenía gran influjo en la designación de sacerdotes para las doctrinas y curatos de su diócesis.246 El marqués de Negreiros, dueño del barco La Encarnación¸ que cubría la ruta comercial a Panamá, Realejo y Sonsonate, también parece haber sido personaje cercano a los Bravo del Rivero. En 1752 fue testaferro de la hermana del oidor, Isabel Bravo del Rivero, quien se había quedado viudad, en la adquisición de la casa del Sargento Mayor Gaspar Fernández Montejo. El inmueble salió a remate por concurso público de acreedores, por orden de la Real Audiencia, por lo que el hecho de que la comprara la hermana del oidor 244 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 274. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), f. 194, 217v. 245 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 48v. 246 AHN, Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 220-221. Pedro Bravo del Rivero negaba las acusaciones señalando que "el hecho de ser o no Apoderado del Obispo de Arequipa, como se propone en la pregunta, o de otros, según expresan algunos testigos, corresponde hacerse por Instrumentos, que son los Poderes, su aceptazión, y uso de ellos; y faltando estas circunstancias son inútiles las declaraciones de testigos, poseídos de vana creencia". Además, señalaba que la supuesta injerencia en la nominación para las doctrinas se reducía en realidad a pedir el despacho de las nóminas que remiten los obispos al virrey para la presentación de curatos. Otros testigos señalan que los poderes corrían a nombre del racionero de la catedral de Lima Domingo Larrión, cliente de Bravo, y de Antonio Azcarruns, el escribano de confianza del oidor, pero que la dirección de los asuntos corría en manos de Bravo, “particularmente en torno al actual reverendo obispo de Trujillo [Francisco Javier de Luna Victoria y Castro]”. Al respecto, el licenciado Bonifacio Gastelumendi, cura de la Doctrina de Mochumí dijo que sabía a ciencia cierta que el oidor Bravo tenía poderes del obispo Francisco Javier de Luna Victoria, que no usaba en público, sino por interpósita persona, a través de Domingo Larrión, medio racionero de aquella iglesia catedral, cuyo pariente Francisco Cortés logró acomodarse en el curato de Selendín, al igual que Ignacio Villaverde, hermano del Dr. Joseph Villaverde, en el curato de las Estancias. La misma suete tocó a Damián Zevallos, en el curato de Challa. Los tres eran curas foráneos del obispado de Trujillo "y patricios del Arzobispado de Lima" (Im. 1761-1762). El obispo de Trujillo y el de Charcas, Pedro Miguel de Argandoña /1763-1775), nacido en Lima, eran explícito al señalar que la destitución del oidor Bravo debía ser fruto de "algún falso siniestro informe echo por sugeto que tira a perder a dicho Mninistro con el fin de infundir con este exemplo terror de los demás y quedar sin embarazo para todas sus livertades, por cuio motivo le mira el Público con horror." (Im. 447) 101 llamaba a suspicacias, ya que pagó sólo 2.000 pesos en efectivo, reconociendo 7.000 de censos.247 Finalmente, el joven yerno de Bravo del Rivero, Pedro de Azaña, participaba también en el comercio del Pacífico, prestando y recibiendo dinero a riesgo marítimo, incluyendo en sus transacciones a Atanasio Carreño, capitán del barco de Negreiros; y vendiendo mercancías en Lima a través de Joseph Valentín Camborda, comerciante con tienda pública cercano al entorno de los Bravo del Rivero. 248 Se puede concluir que la llegada de comerciantes gaditanos a comerciar con el Perú, saltándose la intermediación del consulado limeño e internando directamente sus productos en el mercado interior alteró profundamente las dinámicas comerciales del virreinato. Esto se vio agravado por el hecho de que los mercados locales quedaran inundados con mercadería barata, generando pérdidas a los comerciantes limeños; arruinando de paso el provechoso comercio de contrabando con Nueva España. Este nuevo panorama forzó a los intereses locales a buscar otros mecanismos para garantizar su posición hegemónica. La principal medida solicitada a la Corona, tras el fracaso de la solicitud de la vuelta al sistema de galeones y de la tibia prohibición de internar mercancías desde Buenos Aires, fue pedir la legalización de la vieja práctica del reparto de mercaderías por parte de los corregidores, con la doble finalidad de aumentar el mercado interno y limitar el acceso de terceros a los consumidores indígenas. Fue en este proceso en donde realmente se puede percibir el funcionamiento bastante coordinado de la red social de los oidores Bravo del Rivero y Bravo de Castilla, cuyo análisis ayuda a aclarar realmente qué intereses se ponían en juego em este contexto difícil para el comercio limeño. La legalización del reparto y la revalorización de los corregimientos La legalización del reparto mercantil era un deseo largamente acariciado por buena parte de la élite peruana, aunque este siempre se había encontrado con la oposición frontal de Consejo de Indias. Como señala Moreno Cebrián, la utilización de una doble política de condena y consentimiento solapado buscaba que los grupos de interés locales actuasen 247 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 69 (1752-1764), f. 1-1v. 248 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), f. 529. Antonio Joseph de Ascarrunz, 69 (1752-1764), f. 481. 102 como garantes de que no se producirían desmanes. En 1735, el marqués de Castelfuerte había solicitado que se considerara la opción de legalizar el reparto para disminuir los demanes de los corregidores, y en la creencia de que esta era la única forma de mover a los indios, por su naturaleza perezosa Sin embargo, su sucesor, el virrey Villagarcía, dejó enfriarse el tema. La llegada del virrey Superunda al Perú lo reactivó definitivamente, pues este buscaba nuevas fuentes económicas para fortalecer las alicaídas cajas reales peruanas, y la posibilidad de establecer una alcabala de tarifa constante era un buen argumento para convencer a la corona.249 Tras un dictamen favorable del secretario de Guerra Eslava el 9 de marzo de 1751, y su comunicación al Consejo, finalmente el rey aprobó que se formaran unas juntas en Nuevas España, Nueva Granada y el Perú, que fijaran unos aranceles oficiales con los géneros, cantidades y precios del reparto. El marqués de la Ensenada le comunicaba las nuevas a Superunda y Revillagigedo por carta del 23 de junio de 1751, y el 15 de julio de ese mismo año se dictaron las cédulas correspondiente. En abril de 1752 ya se había instalado la junta de aranceles en Lima. Estaba conformada la junta por los oidores Pedro Bravo del Rivero, Pedro Bravo de Castilla, Manuel Gorena y. Entre los que dieron dictamen favorable estaba José de Herboso, Regente del Tribunal de Cuentas, hermano de Francisco de Herboso y de dos corregidores. Y ya antes habían participado en la elaboración de la retasa para fijar la alcabala Tomás de Chavaque y Joseph de Orellana, contador general de retasas del virreinato.250 El arancel fue aprobado en Lima en octubre de 1753 y enviado a Madrid a inicios de 1754, para ser finalmente aprobado por Real Cédula en 1756. Para sus propios estándares, la corona aprobó los aranceles con inusitada rapidez, probablemente porque, como aduce Alfredo Moreno Cebrián, no sólo la movía la perspectiva de aumentar la recaudación de la alcabala.251 El autor apunta hacia dos cuestiones que debieron cobrar especial 249 Alfredo Moreno Cebrián. “Fiscalidad, connivencia, corrupción y adecuación al mercado: la regulación del comercio provincial en México y Perú”, en Relaciones de poder y comercio colonial, ed. Enriqueta Vila Vilar y Allan J. Kuethe (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Texas Tech University, 1999) , 227-275 250 Moreno Cebrián. “Fiscalidad, connivencia, corrupción” 251 El beneficio directo conseguido por la corona con la legalización del reparto, por vía de recaudación fiscal, se demostró bastante limitado. Tord ha mostrado cómo el aumento de la recaudación de la alcabala a lo largo de estos años significaba el automático descenso de la recaudación del tributo 103 importancia para el monarca: el hecho de que, a excepción de las mulas, el arancel estuviera compuesto mayoritariamente por productos europeos, lo que permitía impulsar la manufactura peninsular (y la producción de las Reales Fábricas); y, algo nunca confesado en la época, el hecho de que el reparto permitiría un aumento efectivo de las cantidades pagadas por la venta de cargos de corregidor.252 Desde una perspectiva local, el pedido de legalización del reparto, y su colocación exclusiva en manos de los corregidores, debía tener un doble objetivo: asegurar el control de precios, al menos para grandes áreas del mercado interno, y, a su vez, hacer viable el negocio del corregimiento. Pero, ¿a quién beneficiaba la legalización del reparto en el Perú? En general, se ha sobredimensionado la relación entre los corregidores y los grandes comerciantes limeños, quienes supuestamente actuaban como sus avalistas y habilitadores principales de mercancías. Como han demostrado varios estudios que han analizado el fenómeno a nivel regional, esta visión general es bastante matizable. Para el sur andino, Scarlett O’phelan señala como los comerciantes regionales avalaban la entrada en el cargo de los corregidores, los habilitaban con mercancías y los integraban en sus circuitos comerciales y productivos locales. E igualmente Susan Ramírez señala que, para el caso de los corregimientos de Lambayeque, son hacendados locales y no comerciantes limeños quienes adelantan dinero a los corregidores para tomar posesión de sus cargos.253 Más recientemente, Sergio Bebin Cúneo ha puesto énfasis en los vínculos familiares que unían a los corregidores con estos comerciantes regionales, de manera que amalgamaban sus intereses con la producción local –los obrajes del Cuzco, por ejemplo- y el comercio, con el poder político y el reparto de mercancías.254 indígena, y viceversa. Moreno Cebrián, por su parte, señala que aunque resultaba quimérico hablar de voluntariedad en la compra desde el momento en que la corona le exigió al corregidor que pague el íntegro de la alcabala reflejada en el arancel,también se autolimitó en la recaudación al prohibir repartir más una vez por quinquenio. La alcabala de tarifa se convirtió, por lo tanto, en una cuota que limitaba el horizonte de cobro de la alcabala en los tratos de los corregidores. 265 252 Moreno Cebrián. “Fiscalidad, connivencia, corrupción”, 247-248. 253 Scarlet O’Phelan Godoy. La gran rebelión en los Andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari (Cuzco: CBC, 1995). Susan E. Ramírez. Provincial patriarchs: Land tenure and the Economics of Power. (Albuquerque:Universidad de Nuevo México, 1986) 254 Sergio Bebín Cúneo. Mercaderes y corregidores. El reparto mercantil en el Perú, 1752-1780 (Lima: PUCP, Instituto Riva-Agüero, Fundación M. J. Busatamante de la Fuente, 2016). 104 Sin embargo, quienes no aparecen directamente implicados en estos estudios son los propios impulsores del proyecto de legalización, los oidores limeños y sus más cercanos aliados en la corte virreinal. En tal sentido, Alfredo Moreno Cebrián da credibilidad a las denuncias del virrey Amat, que señalaba al fiscal Francisco Ortíz de Foronda y los oidores Bravo del Rivero, José Tagle Bracho y Antonio Hermenegildo de Queréjazu como tenedores de gracias de corregimiento en blanco, que esperaban ver revaluadas tras la legalización del reparto. Por lo tanto, estos personajes buscaron convencer al conde de Superunda, “que no penetró el mal”, de autorizar el reparto.255 En todo caso, la revalorización de los títulos de corregidor tras la legalización del reparto debió ser importante, y propició que estos se negociaran entre sus titulares a altos precios. Así, hubo denuncias de que el fiscal Francisco Ortíz de Foronda, que tenía varias gracias de corregimiento en blanco, habría vendido el corregimiento de Larecaja a un portugués por la mportante suma de 22.000 pesos en 1757, es decir, justo después de aprobarse el arancel del reparto.256 Aunque es cierto que Larecaja tenía autorizado un elevado reparto: 114.635 pesos. Las acusaciones contra Foronda se confirman si damos credibilidad al fragmento de una supuesta carta del fiscal que Amat hizo copiar al escribano Bernando Bustinza, para adjuntarlo como prueba en sus acusaciones contra el entorno de Pedro Bravo del Rivero. La misiva, con fecha de 13 de febrero de 1761, iba dirigida al general Juan José de Herrera, quien intentaba comprar por 12.000 pesos la gracia de corregidor de Paria que estaba en poder de Foronda. Pese a ser Paria una provincia relativamente pobre, Herrera tenía intereses consolidados en la región, ya que él y su hermano Lorenzo habían sido corregidores de ella con anterioridad. Preocupado, pues, de que Foronda desistiera de venderle el corregimiento, le había escrito insistiendo en no romper el acuerdo, a lo que el fiscal respondía que "nunca se havía de persuadir a ello, en virtud de dicho contrato, que le tenía corroborado por su parte su hermano Don Manuel”. Sin embargo, y como muestra de la creciente presión por acceder a unos revaluados corregimientos, Foronda presionaba a su comprador, poniendo sobre la mesa que tenía otra oferta igual a la de Herrera, que había despreciado pese a ser ventajosa, pues le ofrecían adelantarle 6 mil 255 Moreno Cebrián. “Comercio provincial en México y Perú”, 234 256 Moreno Cebrián. “Comercio provincial en México y Perú”, 234 105 pesos de contado por el corregimiento aunque faltara aún un año para poder entrar a servirlo. Por ese motivo, Foronda exigía a Herrera que le enviara los 4.000 pesos de adelanto ofrecidos, entregados en Lima “libres de los riesgos de Mar”. Foronda se quejaba en su carta de que el oficio ya debería haber vacado, “sino se huviessen atravesado los empeños del Señor [Cristóbal] Messía, y de Don Antonio Boza para que se dissimulassen a su hermano [de Herrera] el Doctor Don Lorenzo, todo el tiempo que tardó en salir de sus quentas, y residencia”, y recordaba a Herrera que preparara los fondos necesarios “para los costos de los despachos y demás obsequios, que savía se practicaba en semejantes ocasiones; pues como savía muy bien, y lo tenía experimentado, eran estos gastos muy de continuado”.257 De los términos de la carta se desprende que los oidores a la vez que vendían los oficios, también brindaban protección legal a sus clientes. Muchos estaban dispuestos a vender sus cargos de corregidor por una suma importante, pero no todos tenían esa dispensa real. Si hacemos caso de las denuncias de Amat, el oidor Bravo del Rivero y el asesor Boza, ambos de común acuerdo con Martín Sáenz de Tejada, secretario de Superunda, intervenían en la labor del Superior Gobierno a la hora de dar pase -o retrasar- las licencias de corregidor y otorgar temporalmente los corregimientos vacos. Pero, sobre todo, mediaban en los nombramientos de tenientes corregidores y justicias mayores, como un mecanismo de venta encubierta de las gracias de corregidor que llegaban al Perú sin cláusulas específicas que permitieran subrogarlas. El caso del contador del Tribunal de Cuentas, Manuel de Elcorrobarrutia, es ilustrativo al respecto. Como se recordará, este personaje y su hijo eran parientes políticos de José Agustín Bandín y socios comerciales de José Toribio Bravo de Castilla. Durante años la familia Elcorrobarrutia no había hecho efectiva una cédula de nombramiento de corregidor de Chancay, que estaba en su poder desde antes de 1738. Pero la llegada a Lima de la real cédula que autorizaba a los corregidores a repartir mercancías, despertó el interés por la prebenda incluso antes de que estuviera aprobado el arancel que fijaba oficialmente el reparto. El cargo había sido adquirido originalmente por 16.000 pesos por Francisco Elcorrobarrutia, quien en 1738 pagó otros 1.300 pesos para que su hermano 257 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1534-1535. 106 Manuel pudiera entrar a servir el repartimiento en su lugar, aunque sin goce de haber por estar ocupando con sueldo el cargo de contador real. En 1741, seguramente acosado por su conciencia, Manuel Elcorrobarrutia pidió al jesuita Diego José de Merlo su parecer sobre la licitud del reparto, desalentado por el recuento de los gastos que debía desembolsar al acceder al cargo, que sumaban un total de 59.720 pesos, cantidad imposible de compensar aun disfrutando de los escasos 1.250 pesos anuales de salario asignados. 258 En 1747, la corona confirmó que Juan Manuel Elcorrobarrutia, hijo del contador, podía hacer ejercicio del cargo de corregidor de Chancay. Pero no fue hasta mayo de 1752, a poco de llegar la real cédula mencionada, que los Elcorrobarrutia decidieron sacarle el jugo a la prebenda: ese mes Francisco Manuel de Miranda se comprometió notarialmente a pagar 30.000 pesos a Manuel Elcorrobarrutia por permitirle repartir mulas y otros efectos por ese valor en el valle de Chancay durante un periodo de dos años y medio, es decir, la mitad de la duración del cargo. Dicho pago se haría en dos armadas de 12.000 pesos y una de 6.000, y Miranda retendría de cada uno de los pagos de 12.000 pesos una cantidad de 550 pesos en concepto de salario para él y un “ministro” que lo auxiliara. A cambio, el contador se comprometía a que su hijo Juan Manuel Elcorrobarrutia, el corregidor oficial de la provincia, no repartiría ningún efecto durante dicho periodo, “dejándome el corregidor libre el referido valle para que por mí pueda causar en el empeño que me pareciese, y en ausencia de dicho corregidor la administración de Justicia, para cuyo efecto este me ha de sacar y entregar decreto del Superior Gobierno en que se me nombra por Justicia Mayor”.259 El acuerdo era, evidentemente, una cesión encubierta del cargo, pues Miranda no figuraría formalmente en los recibos de pago del reparto, “los que constarán siempre por los recibos del dicho Don Manuel”. Es de suponer, además, que los Elcorrobarrutia sólo contrataron con Miranda por dicho plazo a la espera de que se publicara el arancel oficial, 258 Moreno Cebrián, El corregidor de indios, 106-107, 208-214. 259 La cantidad pactada, correspondiente a medio periodo de gobierno, se ajustaba bastante a los 60.000 pesos -sin ganancia- que el jesuita Merlo consideraba que se gastaba en ser corregidor de Chancay, “que si no se gastasen estos 60.000 pesos, nunca existirían en la provincia de Chancay tales mercaderías, ni se venderían con el modo con que se venden [a crédito a los indios], en que está lo más apreciable y la mayor utilidad para la provincia”. Moreno Cebrián, El corregidor de indios, 210- 211. 107 aunque lamentablemente no hemos encontrado documentos que acrediten transacciones para los siguientes años. Aún así, la revalorización del cargo era exponencial, pues en sólo medio mandato habían conseguido duplicar la inversión inicial. Cunado finalmente se fijó el arancel, este supuso un crecimiento muy importante del repartoun reparto quinquenal de 122.000 pesos, de los cuales 112.500 correspondían al reparto de mulas. 260 Es decir, el arancel duplicaba las expectativas iniciales de los contratantes. No queda claro, en todo caso, cómo funcionaba el reparto de mulas a los indios en un valle como el de Chancay, dominado por grandes haciendas en manos de españoles y criollos. Evidentemente, el arancel no era la medida de las mercancías que se internaban en las provincias, pues como señalaba Miguel de Feijoo y Sosa, “los aranzeles dispuestos sólo sirven para el cargo de las Alcavalas. Los corregidores tratan y contratan sin temor ni reglamento alguno. Ninguno de ellos tiene por pauta la instrucción que se les ha comunicado, dirigidos por el maior interés que solicitan”.261 Pero si se toma en cuenta que Elcorrobarrutia y su socio Miranda se comprometían a darse mutua cuenta de los vales girados por los hacendados y barqueros transportistas de guano, es lógico suponer que si se repartían mulas, estas se estuvieran entregando directamente a estos personajes, y que los sobrecostos fueran cargados a los peones indígenas y los pueblos de indios circundantes. Servirse de tenientes como apoyo para administrar el corregimiento era, en principio, totalmente legal. Sin embargo, era obligatorio que, a la par, los corregidores residieran en la provincia, ya que ellos eran los únicos que podían administrar justicia en su jurisdicción. En ese sentido, más allá de un contrato privado discutible, el nombramiento de Miranda como Justicia Mayor no revistió mayor problema, ya que Juan Manuel Elcorrobarrutia residía en Chancay, donde era un importante terrateniente. Pero en otros casos, la ausencia del corregidor era notoria. Por ejemplo, en 1758 se despachó título de corregidor a Toribio de Quiñones en virtud de una Merced Real que tenía concedida. Pero 260 Moreno Cebrián. El corregidor de indios, 333. 261 BNE, Mss/13368. Parecer que dio D. Miguel Feijóo de Sosa al Virrey D. Manuel Guirior, sobre el repartimiento y comercio de los corregidores del Perú [c. 1780]. f.20v. http://bdh- rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129965&page=1 108 Quñones nunca pasó a su provincia, pues era colegial en el Real Colegio de San Martín, en donde estudiaba para acceder al grado de doctor en Cánones. En su lugar, consiguió que el Superior Gobierno expidiera licencia a Francisco Vásquez como su Teniente General. Hasta que "noticioso de que se havía despachado comisión por el actual gobierno [de Amat] dirigida al mismo Quiñones como Corregidor, se havía pasado inmediatamente a un Pueblo de la Provincia de Guarochirí, desde donde solicitava licencia para restituirse a Lima por [estar] enfermo”.262 Otros sucesos eran más graves, pues desvirtuaban la voluntad real explícita en el nombramiento de corregidor. Tal era el caso de Francisco Lasarte, hacendado de Chancay y supuesto corregidor de Yauyos. En 1748, la corona le concedió el corregimiento por sus servicios y y el servicio pecuniario de 3.795 pesos fuertes, que se entregaron en la tesorería de Cádiz. Sin embargo, recién en 1760 se le libraron a Lasarte los despachos correspondientes para ocupar el corregimiento, y este nombró inmediatamente como teniente general a Joseph de la Peña Montenegro, personaje cercano a Pedro Bravo del Rivero y sus familiares,263 acudiendo a la Audiencia a pedir su aprobación en 1761. Sin embargo, Lasarte no era el verdadero dueño del corregimiento, ni cumplió en ningún momento con sus responsabilidades. El caso salió a la luz bajo el gobierno del virrey Amat, cuando María Josefa Ladero, viuda y nativa del pueblo de San Juan de Biscas, en la provincia de Yauyos,expuso en un memorial al virrey que sus hijos le debían un total de 256 pesos y no había conseguido hacer efectivo el pago. Amat mandó que Francisco Lasarte, formalmente corregidor de Yauyos, le administrase justicia, pero en Yauyos no lo conocían, sino a Joseph de la Peña.264 Apremiado por el virrey, Peña presentó en Lima el contrato que había celebrado en 1760 con Juan Joseph Veytia, auténtico dueño del corregimiento, en el que se comprometía a pagarle 17.000 pesos en dos partes, así como a asumir el costo de los despachos del título, media annata, cuentas y residencia, a cambio del libre gobierno del corregimiento y de poder repartir los 125.000 pesos que le estaban permitidos en el arancel. Peña 262 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 530. 263 Peña Montenegro era hermano de la cofradía de Nuestra Señora de la O, al igual que Pedro del Rivero, y aparece en diversos documentos comerciales de su familia como testigo. 264 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 527-528. 109 afirmaba que Lasarte sólo era testaferro de Veytia, y que desde un comienzo se había obligado a mantenerlo de Teniente General por los cinco años, dejándole como beneficio el repartimiento que hiciese, el salario íntegro, los emolumentos y el gobierno de la provincia. Después de lo referido, Veytia partió a España en el mismo barco que Superunda, mientras que Lasarte sólo había prestado su nombre desde un comienzo para la expedición de los títulos en el Superior gobierno, “persuadido de que no se le seguiría perjuicio y no se le incomodaría en dejar la asistencia a su casa y a la hacienda que poseía en Chancay”.265 Peña confesó que, en su descargo, sólo había repartido las cantidades permitidas, a los precios señalados en los aranceles, de manera que no había quejas al respecto y la provincia se mantenía en tranquilidad. El fiscal Holgado, que veía el caso, pidió inicialmente que se declarase vacante el oficio, que Veytia perdiese lo recibido en favor de la Real Hacienda, que Peña y Lasarte fuesen multados y los tres inhabilitados perpetuamente para ocupar empleos. Luego reflexionaría acerca de que, si bien Peña se hallaba endeudado en cerca de 100 mil pesos con varios acreedores y que, lejos de contentarse con pagar, "aspiraría a sacar otro tanto, o algo más a estilo de Corregidores"; tampoco era razonable despojarlo del cargo, pues arruinaría a sus acredores: […] atendida la gran multitud de delincuentes en esta especie; la considerable pérdida de caudales que resultaría del castigo con ruina universal de los comerciantes abiadores vajo de las seguridades de un estilo no sólo tolerado, sino aprovado expresamente […] moviesen al Virrey a suspender la egecución de las penas y consultar a S.M. con estos autos, poniendo en su Real noticia estos desórdenes y el lastimoso estado en que el Virrey havía hallado todo el Reyno.266 En una carta al rey, Amat expresaba que el Conde de Superunda no tenía noticia de los excesos cometidos por Boza y Bravo del Rivero, "porque abusavan de su confianza los referidos ministros; ridiculizando su Persona y Govierno con sus maquinaciones y excesos". El virrey criticaba que no sólo los corregimientos se hubieran otorgado a personas distintas de aquellas a las que se confirió el cargo en Madrid, sino también que los corregidores no habían pasado por un juicio de residencia. Señalaba en su acusación que los implicados ejecutaban ventas y reventas de corregimientos, despachando títulos 265 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 528. 266 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 528-529. 110 de Justicia Mayor o Teniente General, concediendo a los provistos por el Rey licencias para ausentarse de las Provincias so pretexto de enfermedad falsa u otros inconvenientes. Amat concluía que que era raro el corregidor con nombramiento real que estuviese sirviendo su oficio, porque, quedándose en su casa, vendía a otros sus oficios a cambio de crecidas sumas, y estos a terceros por cantidades aún mayores, sin conocimiento de Superunda, "a que havía sido consiguiente el agravio, la injusticia, la opresión y el robo de los Pobres para con su sangre satisfacer estos dobles y triplicados empeños, sin dejarles ni el alivio de la queja"267 De la misma opinión era Gaspar de Zevallos Gutierrez, Caballero de Santiago, cuyo suegro Ángel Ventura Calderón, marqués de Casa Calderón, había caído en desgracia por su mal manejo de los bienes de difuntos. Zevallos, que era enemigo declarado de Pedro Bravo del Rivero, mencionaba que: […] hera tal este manexo y el influjo que sobre este y otros asumptos tenían [Bravo, Boza y sus aliados] en el ánimo irresoluto del Virrei, que en los dos últimos años de su Govierno, que proveió casi todos, o la maior parte de los Correximientos de aquel Reino, llegó el declarante a pedirle uno en consideración del estado de su familia, y para socorro de ella; y que haviéndoselo ofrecido [Manso de Velasco] al parecer de buena fé, y con deseo de proporcionarle algún alibio, como no tenía dictamen propio, consultó al oidor Dn. Pedro, y al Dr. Dn. Antonio de Boza, y que como el declarante no hera de su facción, ni partido, les fue fácil alejar el ánimo del Virrei de aquel intento, valiéndose para ello de la más grosera calumnia, lo que llegó a entender el declarante después de algún tiempo por el Dr. Don Agustín de Gorchategui, obispo a la sazón de la Santa Yglesia del Cuzco.268 Haciendo alusión a la impunidad en que vivía el corregidor de Canta, Manuel de la Torre Quiróz, comerciante y pariente del oidor subdecano José de Tagle y Bracho, quien también había vendido solapadamente el corregimiento al arrendatario de sus haciendas locales; el fiscal Holgado sentenciaba: “no se podría hacer tanta protección sino estubiese coaligado con el Oydor Decano, con Dn. Chrsitoval Messia, Dn. Francisco Ortiz de Foronda, Dn. Antonio de Boza, y otros de la gavilla, que prestándose mutuo auxilio havían enriquezido en pocos años, destruiendo el Reyno con estas ventas de oficios, y en otros negocios iniquos." 269 267 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 516-520 268 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1889-1891. 269 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 464-466. 111 Un negocio complejo: oidores y hacendados en el beneficio de los corregimientos Más allá de las denuncias de Amat, el papel de los personajes implicados en los hechos antes descritos no se limitaba al de habilitar y proteger a los corregidores; sino que, aprovechando sus vinculaciones personales, buscaron explotar de manera directa las nuevas condiciones generadas por la legalización del reparto. A partir del análisis de las vinculaciones entre los actores de una fracción de la red egocentrada del oidor Pedro Bravo del Rivero, tres actores aparecen formando una ecuación interesante: los poderosos oficiales reales limeños, que en el caso de la década de 1750, con el virrey Superunda, lograron controlar el pase de los títulos de corregidor y el nombramiento de los interinos, asociados con criados del virrey; los hacendados locales, muchas veces familiares de los oidores o sus clientes, que como corregidores o tenientes de corregidores, son los auténticos operadores locales del reparto de mercaderías; y, por otra parte, los recién llegados mercaderes gaditanos y sus pares locales, que se veían obligados a colaborar con oidores y hacendados si querían colocar sus mercaderías a precios rentables. Al menos ocho actores de la red social de Pedro Bravo del Rivero ocuparon entre 1750 y 1762 el oficio de corregidor (ver Figura 4). Salvo en el caso de José Bandín Salgado, quien fue corregidor ausente de Conchucos, y Antonio de Boza, cuyo empleo de asesor del virrey se lo impedía, los demás hicieron uso directo del oficio de corregidor y, en la mayoría de los casos, tuvieron intereses económicos ligados a la tierra en sus jurisdicciones. Los corregidores más próximos al oidor Bravo del Rivero fueron su cuñado Tadeo Zavala, marqués de Valleumbroso, quien ocupó el corregimiento de Abancay entre 1751 y 1755; y, sobre todo, su concuñado y después yerno, Manuel Jiménez Lobatón, que hizo lo propio con el corregimiento del Cuzco entre 1754 y 1759. Ambos personajes tenían importantes intereses económicos en la región cuzqueña, y supieron combinar el reparto con otras actividades lucrativas. El caso de los Esquivel, marqueses de Valleumbroso es bastante conocido: su familia era quizá la más rica del Cuzco y una de las de mayor alcurnia del Perú. Desde el siglo XVI operaron un obraje en Quispicanchis, que para fines del siglo XVII contaba con más de cuatrocientos indios trabajando 112 permanentemente en él. Además, varios miembros de esta familia ocuparon diferentes corregimientos surandinos a lo largo de los años.270 Como ya se mencionó, el asesor Antonio de Boza se benefició indirectamente del corregimiento de Cajatambo, concedido por Superunda, ya que en dicha provincia tenía una hacienda y obraje; mientras que su tío Nicolás de Boza fue corregidor en Huamanga, y luego controló mediante terceros el corregimiento de Andahuaylas. El caso de Nicolás de Boza es el que concitó mayor atención, primero de la Corona, y luego del virrey Amat, ya que fue objeto de múltiples denuncias que, al parecer, fueron acalladas por Antonio Boza y su amigo el oidor Bravo del Rivero. Entre las múltiples denuncias a su gestión en Huamanga, una destaca sobremanera. Algunos vecinos de Huamanga hicieron llegar sus quejas a España, las cuales dieron lugar a una Real cédula en 1755 que ordenaba al virrey y la Real Audiencia la investigación de Nicolás de Boza por varios graves cargos. Entre ellos se incluía el haber estancado en su beneficio la venta de aguardiente, repartiéndolo a los pulperos al por menor y a precios excesivos; haber malversado el derecho de alcabala; o haberse adjudicado a un precio ínfimo el derecho de la sisa, "aunque en cabeza de otro", sin que hubiera quién se atreviese a pujar en su contra. También se acusaba al corregidor Boza de comprar a través de testaferros dos cuantiosas haciendas por la mitad de su justo precio, recurriendo a coacciones. Y de hacer reelegir a su arbitrio a los alcaldes ordinarios de la ciudad. También de tener la cárcel siempre llena de presos para aumentar los derechos que le tocaban como Alguacil Mayor. Sin olvidar la habitual acusación de haber repartido mercancías de manera excesiva y con gran rigor en la cobranza.271 En este negocio intervino también Manuel Jiménez Lobatón, quien aparece en 1754 acordando con varios arrieros el envío desde Lima a Huamanga de 27 fardos y 21 cajones de ropa, otras 10 petacas de cuchillos y más de 400 arrobas de implementos de hierro.272 Cuando llegó a Lima, el virrey Amat se informó del destino de estas denuncias y puso sobre aviso al rey de que Antonio de Boza había ocultado durante dos años la mencionada 270 Bernard Lavallé. El mercader y el marqués: las luchas de poder en el Cuzco (1700-1730) (Lima: BCRP, 1988), 22-23. 271 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1920. 272 AGN. Protocolos notariales. Antonio Joseph Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 708 113 cédula hasta "preparar las cosas", persiguiendo a los delatores y obligándolos a retractarse, de manera que "salió canonizado el tío y se declaró por digno de elogios". Como prueba de ello, Amat señalaba que, a su llegada a Lima, encontró a uno de los delatores refugiado en el convento de San Francisco, concediéndole su libertad con preocupación, "dudando si había fallecido, pues estaba poco menos que esqueleto".273 Este denunciante era Francisco Meceta, vecino de Huamanga que acudió a Juan de Revollar y a Rodrigo de Sayas, teniente y secretario del corregidor de la vecina Huanta, Juan Gabriel Díaz de Arce, para que hiciesen comparecer ante este a algunos testigos contra Nicolás de Boza. Díaz de Arce era uno de los corregidores-militares enviados al Perú por el rey en tiempos de Superunda y, según Amat, sus allegados Revollar y Sayas fueron perseguidos encarnizadamente por los partidarios de los Boza. La versión del oidor Bravo del Rivero era distinta: la Real Audiencia había multado al corregidor Díaz de Arce por excederse en sus atribuciones, al levantar declaraciones contra otro corregidor.274 Finalmente, Díaz de Arce fue reasignado al corregimiento de Chucuito por el virrey Superunda, tal como ya se mencionó. Otros tres actores cercanos a Bravo del Rivero ocuparon alternativamente el corregimiento de Chancay. Uno de ellos ya ha sido mencionado: Juan Manuel Elcorrobarrutia, cuñado de su cercano amigo -y quizá socio encubierto- José Agustín Bandín Salgado. También ocuparon el cargo de corregidor de Chancay el comerciante Miguel Bandín Salgado, hermano de José Agustín y cuñado del oidor, y su yerno Miguel de Manterola. Este estaba casado con Patronila Bandín Bravo, sobrina de Pedro Bravo del Rivero. La reiteración de personajes de esta red en el oficio de corregidor de Chancay no es de extrañar, ya que en el valle de Chancay se acumulaba buena parte de sus negocios: José Toribio Bravo de Castilla y los Elcorrobarrutia tenían importantes haciendas dedicadas a la siembra de maíz y al engorde de ganado de cerda, con el que abastecían Lima; al igual que los marqueses de Casa Boza, con los que Antonio Boza mantuvo una estrecha colaboración hasta el fallecimiento del marqués y el ascenso de su hijo. A ellos puede sumarse Joseph Félix Vásquez de Velasco, tío de Petronila Zavala, rico hacendado de Chancay que años antes había sido corregidor de Tarma. Aunque también los clientes 273 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 564. 274 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 563 114 menores se veían beneficiados con el acceso de la red socia a este tipo derecursos y oficios reales Por ejemplo, Tomas y Diego de Zumaeta, “dependientes de la casa” del Oidor Pedro Bravo, encontraron acomodo como tenientes de Miguel de Manterola, quien era su pariente.275 De los hacendados de Chancay, el más acaudalado en la década de 1750 era Bravo de Castilla, dueño de la hacienda Torreblanca. Este personaje -y, en menor medida, Manuel Elcorrobarrutia- se dedicó a comprar la producción agrícola de los otros terratenientes del valle, y a adelantarles préstamos con garantía en las cosechas futuras. Los hermanos Jacinto, Joseph y Francisco de la Daga, primos maternos del marqués de Casaboza, recurrieron en continuas oportunidades a José Toribio para financiar sus operaciones agrícolas. A veces solicitan préstamos, pero en otras ocasiones las fórmulas son más creativas: parece ser que los de la Daga tenían pocas tierras en propiedad y arrendaban parcelas en haciendas como Aucallama o Miraflores, ambas de Chancay; por lo que en 1747 Bravo de Castilla acuerda en dos ocasiones comprarle su sementera a precio razonable a Francisco a cambio de adelantarle el dinero para abonar el arrendamiento.276 También encontramos a Bravo de Castilla adelantando dinero en varias ocasiones a los dueños de barcos guaneros, para que carenen y habiliten sus embarcaciones y a cambio le provean del fertilizante necesario para sus haciendas.277 275 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1709. Muestra dela vitalidad de estas relaciones clientelares, en 1762 Fray Francisco Barragán, procurador del convento de San Francisco, en nombre de los herederos de Joseph Valentín Cavero y Guido, recurrió al virrey con dos memoriales, exponiendo que sus representados habían seguido un proceso sobre el cobro y revocatoria de una cantidad de pesos pertenientes al concurso de acreedores de Esteban de Recoba, de quien eran acreedores de mejor derecho en la sentencia de preferidos. Pero la otra litigante era Da. Manuela de Ibarra, por quien hacían ponencia Tomás y Diego de Zumaeta, dependientes de la casa de Bravo del Rivero, que había entrado de Juez de Alzadas, por lo que pedía que se nombrase a otro ministro como Juez de Alzadas. 276 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-48), fs.184, 368, 1267-1267v. 277 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-48), fs. 1136; 71 (1755-57), fs.490v., 522v.-523. 115 Figura 4. Hacendados y corregidores vinculados al oidor Bravo del Rivero (1750-1762) 116 La disponibilidad de capital de José Toribio Bravo de Castilla le permitió posicionarse en el centro de la red social de Chancay. Aunque pueda parecer redundante, el acceso al capital era fundamental en una sociedad agrícola tradicional como esta, en donde los riesgos de la explotación son elevados y la liquidez escasea de manera crónica. En torno a la década de 1750 vemos a Bravo de Castilla al menos en tres ocasiones tratando de hacerse con el cobro de la sisa de Lima, y de la alcabala y los diezmos de la provincia de Chancay. El caso más intereante es uno temprano, de 1746, en el que poco después de hacerse con el control de las haciendas familiares, él, Joseph Félix Vásquez de Velasco, Lorenzo Joseph de Aparicio, Jacinto de Rojas y los hermanos Francisco, Joseph y Jacinto de la Daga dieron poder conjunto al marqués de Villarrubia de Langre para que se presentara como postor al arrendamiento del cobro del derecho de alcabala en el valle de Chancay por todo el tiempo posible.278 Antes de iniciarse el clima de ebullición generado por la legalización del reparto, José Toribio Bravo de Castilla ya había optado por asociarse con un corregidor: Godorico de Villavisencio, nuevo corregidor de Huaylas. En esa provincia, Bravo de Castilla mantenía una estancia de ganado lanar llamada Guacarachi, con derecho de obraje, por lo que debía estar interesado en acceder a la mano de obra local a través del corregidor. En enero de 1750, el y Villavisencio firmaron un poder por el cual se autorizaban mutuamente a obligarse por una cantidad máxima de 100.000 pesos, y en 1754 el poder seguía en vigor, porque la marquesa de Torre Tagle les otorgó un préstamo de 4.000 pesos al 6% anual.279 Totalmente opuesta es la situación del marqués de Casa Boza, Pedro Boza Guerra de la Daga. Al fallecer su padre, su primo Antonio Boza (el asesor de Superunda) quedó como administrador de las haciendas del marqués, pero pronto Pedro Boza se hizo con el control de las propiedades, descontento por los pocos ingresos que percibía. Sin 278 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-48), f. 840v.-841. También el capital social permitía beneficiar a los allegados: por ejemplo, en 1746 José Bravo de Castilla intercedió por el capitán Jacinto Rodríguez, vecino de Barranca, ante el Colegio de San Pablo para que éste impusiera un censo de 420 pesos sobre la hacienda Tambo Viejo, propiedad de Rodríguez. El capellán propietario de referido patronato de legos era Juan Joseph Bravo del Rivero. AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-48), f. 741-744v. 279 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 67 (1735-48), f. 549-550v.; 70 (1753-54), f. 699. 117 embargo, lejos de mejorar, él y su madre acabaron pasando serios apuros económicos debido a su exorbitante tren de vida. Antonio Boza señalaba ciertos gastos que drenaban la fortuna de los marqueses: 1.800 pesos anuales que recibía su cuñada Isabel, monja de velo negro, además de 5.000 pesos anuales que la matriarca hacía en otros gastos, "de que hablamos muchas veces y en una ocasión le dije al antecesor de Vuexelencia que este era el origen del atraso de su Casa". La mala gestión de Pedro de Boza llegó al punto de tratar de imponer un censo de más de 20 mil pesos sobre sus haciendas "para comprar negros", decisión sobre la que actuó el Real Acuerdo de Justicia, dándole parte a Superunda, quien reconvino a su capitán de arqueros por su falta de juicio: "vuesamerced me asentó que su hermana gastaba cinco mill pesos al año, ya está muerta con que esos cinco mill pesos empléense en negros, por cuio motivo cesó la pretención".280 Apurado por las deudas, en 1753 el marqués le arrendó a su primo Francisco de la Daga buena parte de sus propiedades en Chancay por seis años, incluyendo las haciendas Boza, Bellavista y varios terrenos de viña, incluidos esclavos, aperos, ganado, su barco carenado y una barcaza guanera.281 Aunque el monto del arrendamiento ascendía a 14.000 pesos anuales, su desbalance de ingresos llevó al marqués a enjuiciar a su hermana Catalina y su esposo Antonio de Boza por varias propiedades y tierras incluidas en su carta dotal, como el obraje de Churín y las estancias de Colpa y Andachaca, todos en la provincia de Cajatambo.282 Las disputas entre los Boza llevaron al marqués a denunciar a Antonio a la primera oportunidad, es decir, tras la marcha de su patrón, el virrey Manso de Velasco. Ya se ha mencionado que Antonio Boza consiguió del virrey el nombramiento de corregidor de Cajatambo para poder disponer de él según creyera conveniente y que, según denunciaban sus enemigos, había colocado a un “cholo arrendatario de Hacienda y 280 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 950. Pedro de Boza afirmaba que antes de fallecer su padre, este había fundado mayorazgo y pretendía que se unieran a él las posesiones dotales de Catalina. Sin embargo, Antonio de Boza desconfiaba de la fecha de la Real Cédula que autorizaba a fundar el mayorazgo, creyendo que era todo un fraude del marqués. 281 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-54), f. 69v.-70v. 282 La situación del marqués de Casa Boza debe haber sido complicada, pues en 1757 otorgó un poder a Francisco García de la Guerra, residente en las Islas Canarias, para que vendiera la vara de regidor perpetuo del cabildo de Tenerife, que había heredado de su padre Jerónimo de Boza como parte del mayorazgo familiar. AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757- 58), f. 281v. 118 Obraje” como corregidor, usando a un impostor en la presentación del candidato para poder engañar al virrey. La denuncia de Pedro de Boza no se limitó a narrar la picaresca de su primo, sino que entró en detalles de su acuerdo con el arrendatario en cuestión, Pedro Martínez de Andrade: este debía pagarle a Boza 11.000 pesos por el corregimiento, con la condición de que le pagase por la hacienda y obraje un arriendo de 5.000 pesos anuales, cuando en los años anteriores no se había arrendado por más de 4.000 pesos. Aunque otros testigos presentados por el marqués - Silvestre de Gorostizu y Alonso Santa y Ortega- subían el arriendo acordado hasta los 7.500 pesos, por unos escasos 2.500 pesos pagados en años previos.283 Parece ser que las denuncias de mal gobierno llovieron sobre Pedro Martínez de Andrade y su hijo Nicolás de Andrade -descrito por el oidor Urquizo como un “Cholo tuerto y adulterino”-, pero fueron ahogadas por la protección que les brindaba Antonio Boza y sus aliados en la Real Audiencia. El virrey Manso de Velasco mandó levantar averiguaciones, pero los potenciales investigadores se excusaron por la lejanía con Cajatambo. En noviembre de 1761 nombró a sujetos de Cajatambo: Juan de Quevedo o, en su defecto Andrés de Herboso, pero se excusó el primero por ser parte en la denuncia y el segundo "por tener litis pendencia con el Don Pedro de Andrade". Entre los denunciantes estaban los indios de los pueblos de Calpa y Ambar, quienes pedían que el corregidor les pagase las mitas y servicios que les había obligado a hacer en su estancia de Colpa, así como por los indebidos derechos de visita, gastos de manutención y de transporte de su persona y comitiva.284 Situación análoga se vivió en Conchucos. José Agustín Bandín Salgado había recibido en 1751 el beneficio del corregimiento de Conchucos como parte principal de la dote matrimonial de su esposa, Ignacia de Elcorrobarrutia. Sin embargo, no fue hasta la aprobación del arancel del reparto por parte de la corona que se dispuso a sacar provecho del corregimiento. Bandín era un próspero hacendado de Pisco, y comercializaba sus aguardientes a lo largo de la costa del Pacífico, por lo que no revestía mayor interés internarse en los Andes. El futuro beneficiado con el oficio, Félix Rico Bolaños y su avalista, 283 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im.1860. 284 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im.1861-63. 119 el capitán Diego Pérez,se dedicaban al comercio en Pisco e Ica, y ahí debieron conocer a Bandín Salgado.285 Como figura en el contrato notarial entre este y Félix Rico Bolaños de enero de 1756, Bandín Salgado se comprometía a entregarle a Rico Bolaños la merced real y nombrarlo Justicia Mayor al momento de recibirse en el oficio, “sin ponerle en todo ni en parte embarazo alguno”. El oficio se vendió por 28.000 pesos de principal, pero como este monto se pagaría en partes, Rico Bolaños se comprometía a pagar los intereses (2.520 pesos) en “ropa de la tierra terciada, de buena calidad y colores al precio corriente”.286 Jose Bandín Salgado recibió la confirmación de la Real Merced para el corregimiento de Conchucos y al poco tiempo nombró como su teniente general a Félix Rico Bolaños. Luego obtuvo licencia del Superior Gobierno para ausentarse de su provincia alegando enfermedad, “haciendo presentes los achaques continuos que el otorgante padece, que lo imposibilitan al ingreso al dicho oficio”, si bien el fiscal Holgado señalaría en el proceso contra Bravo del Rivero que era notorio que Bandín había vivido todo ese tiempo en Lima, gozando de buena salud y atendiendo sus haciendas en Pisco, y que con el nombramiento de teniente se había encubierto la venta del oficio.287 Aunque Rico Bolaños tenía serias denuncias ante la sala del crimen de la Real Audiencia, no se había podido ordenar su prisión por la fuga del teniente corregidor, y el fiscal Holgado suponía que el caso no había prosperado "porque se hallava protegido de los manipulantes de las negociaciones de ventas de corregimientos", es decir, por Pedro Bravo del Rivero y Antonio de Boza. A Bolaños se le acusaba de graves maltratos contra un vecino de la provincia, Tomás Ignacio de Guzmán, y de haber mandado azotar a tres mestizos, dos de los cuales habían muerto, mientras que el tercero había quedado impedido a causa del castigo. A Antonio Mejía, mestizo, lo mandó azotar 400 veces, le puso grilletes “y le remachó una platina”, tras lo cual murió. Y su hermano, Marcos Mejía, fue apresado y engrillado porque el teniente corregidor suponía que acompañó a Tomás Ignacio de Guzmán a poner una demanda en Lima. Guzmán, de avanzada edad y enfermo, también murió en la cárcel del corregimiento. 288 285 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-54), f. 620. 286 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-57), f. 280-281. 287 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 530. AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758), Im. 163. 288 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 530, 1852. 120 A poco de tomar posesión del cargo el virrey Amat, y ante la gravedad de los hechos, el 18 de diciembre de 1761 se había expedido mandato de prisión y embargo de bienes contra Rico Bolaños. Se señalaba en los autos del fiscal Holgado que: […] quien compraba el Corregimiento dejaba asegurada la protección de los poderosos interlocutores que manipulan estos asumptos, y de este modo, ciertos de la impunidad, delinquían sin recelo. Así lo hizo Rico Bolaños, y no contento con expoliar la Provincia, y con desnudar a los pobres vasallos de sus miserables fortunas, se concibió Dueño de las vidas, y que podía quitarlas por su antojo.289 Pedro Bravo del Rivero y José Tagle Bracho, aliados estratégicos, cada uno a la cabeza de su sala en la Real Audiencia, podían difuminar fácilmente estas denuncias. Una carta de Andrés de Aramendi, testigo de los desmanes del corregidor, daba a entender “quál hera el Poderoso Protector que escudaba a Rico Bolaños para estas iniquidades, y a la verdad supuesto este principio, hubiera sido imprudente todo recurso, y toda queja infructuosa, pues había de pasar precisamente la representación, por mano del que se ynteresaba en ocultarlas".290 Pese a que, a tenor de lo denunciado por el fiscal Holgado, parecía que Pedro Bravo del Rivero había hecho un eficaz control de daños judiciales, y que Antonio de Boza podía silenciar muchas denuncias directas que escalaban al Superior Gobierno, es necesario matizar las motivaciones de esta en apariencia sólida red de intereses. En el caso de Félix Rico Bolaños, los oidores no protegían la persona del brutal teniente corregidor -como sí pasaba con el corregidor Nicolás de Boza- sino más bien la inversión hecha por José Agustín Bandín Salgado: estaba en juego una deuda de más de 28.000 pesos. La defensa del teniente corregidor de Conchucos era un mal necesario que afectaba inclusive a otro personaje bien vinculado en la red social de Bravo del Rivero: Pedro de Azaña, yerno y socio del oidor. Azaña tenía una hacienda-obraje, Andaymayo, en la provincia de Conchucos, que tenía arrendada a cambio de la entrega de 8.000 vara anuales de ropa de la tierra a entregar en Lima libre de fletes. El negocio central era, por lo tanto, la explotación de obraje, por lo que era necesario tener acceso a mano de obra local. La hacienda tenía asignados 36 mitayos de servicio, concedidos por merced del conde del Villar en 1588 y del marqués de Montesclaros en 1614 “en cuya posesión ha 289 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 2555-2556. 290 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 2556. 121 estado la Hacienda sin que los Corregidores de esta provincia se hallan manifestado tan escrupulosamente que necesiten reconocer las mercedes para dar el entero de ellas”. Rico Bolaños desconocía el derecho a esos mitayos, y presionaba a los administradores de Azaña para que mostraran los documentos acreditativos de su usufructuo. Ante esta situación, y habiendo escrito ya dos cartas a Rico Bolaños sin obtener respuesta, Azaña volvía a escribirle una misiva tratando de ser conciliador: “repito esta [carta] a persuasiones del amigo Don Joseph Bandín, que como dueño e interesado principal en el oficio que Vuestra Merced administra me ha pedido el que suspenda las providencias judiciales que corresponden”. Acto seguido, le lanzaba a Rico una amenaza medianamente velada: señalaba que un antiguo arrendatario de su hacienda con el que se había enemistado, Andrés de Aramendi, había tratado de desconocer su privilegio cuando, tiempo después, ocupó el cargo de corregidor, por lo que Azaña recurrió al Superior Gobierno y este le impuso una multa de 500 pesos.291 Los corregidores asociados a Pedro Bravo del Rivero guardan características en común que vale la pena recapitular. En primer lugar, en todos los casos existen intereses ligados a haciendas en cada provincia analizada. Incluso en Conchucos, en donde José Agustín Bandín Salgado no tenía ningún interés en la zona y abandonó el corregimiento al dictado de su teniente corregidor, existen intereses particulares que el grupo debe defender, como es el caso de la hacienda de Pedro de Azaña. En segundo lugar, varios familiares y amigos del oidor poseen obrajes en las provincias que gobiernan estos corregidores: Boza en Cajatambo, Bravo de Castilla en Huaylas y Pedro de Azaña en Conchucos, mientras que el marqués de Valleumbroso posee uno de los mayores obrajes del Perú en el sur andino. Incluso Bandín Salgado, que no tiene obrajes en Conchucos, recibía de Félix Rico Bolaños ropa de la tierra como parte de pago por el corregimiento. Por ello resultaba fundamental contar con la benevolencia del corregidor local -o ser el corregidor- para acceder a la mano de obra que requerían estos centros productivos. Un buen ejemplo al respecto -aunque negativo- es nuevamente el de Félix Rico Bolaños, quien mostraba demasiada autonomía en su actuación, complicando el acceso a la mano de obra indígena a un actor importante de la red, Pedro de Azaña, por lo que fue reconvenido por sus 291 PUCP. Colección de correspondencia privada - Personajes siglo XVIII. Carta de Pedro Antonio de Azaña a Félix Rico Bolaños [s/f]. 122 acciones. De esta manera, los vínculos sociales otorgaban acceso a recursos pero también servían como límites de la acción personal, y valiéndose de ellos se podía reencauzar a aquellos elementos disonantes. Comerciantes y corregidores: ¿Quiénes habilitan a los familiares del oidor? El caso de Manuel Jiménez Lobatón, marqués de Rocafuerte y corregidor del Cuzco desde 1754, ha sido dejado para el final, ya que es un buen ejemplo para analizar cómo los comerciantes, en su mayoría recién llegados al Perú con la implantación de los navíos de registro, participaron en la habilitación del corregidor. Este era cuzqueño de nacimiento, pero su raigambre era más reciente que la de Valleumbroso. Como ya se mencionó, su padre Nicolás Jiménez Lobatón también había sido corregidor del Cuzco y en la década de 1750 ocupó la presidencia de la Real Audiencia de Charcas. Él mismo, antes de ser corregidor del Cuzco, ya lo había sido en la provincia de Chilques y Másques entre 1748 y 1752, en cuya jurisdicción poseía la hacienda Moyomolle, avaluada en 50.000 pesos, además de una estancia ganadera en Abancay. Sabemos por un testigo presentado por el virrey Amat, Matías Delgado de Morales, escribano mayor de Gobernación y Guerra del virrey Superunda, que siendo corregidor del Cuzco el marqués de Rocafuerte, llegaron a oídos del Superior Gobierno quejas sobre excesos en el reparto y "vio el declarante que dicho Don Pedro Brabo solicitaba, y agenciaba el buen éxito por dicho Marqués".292 Poco más se señala en el extenso expediente judicial entre Pedro Bravo del Rivero y el Fiscal del Consejo acerca de este personaje y su relación con la “Trinca de los Bravo”. Sin embargo, por la información disponible en los protocolos notariales de la época, se puede confirmar que este concuñado de Pedro Bravo del Rivero fue su más cercano socio de negocios. Al punto que cuando enviudó de Ángel Vásquez de Velasco, el oidor no tardó en casarlo con la mayor de sus hijas. La primera experiencia de Manuel Jiménez Lobatón como corregidor fue relativamente sencilla. Habiendo retornado al Perú con un nombramiento de corregidor bajo el brazo, y disponiendo de los 24.000 pesos en efectivo aportado por la familia de su esposa a través de la dote matrimonial, se dirigió a Paruro, capital de la provincia de Chilques y 292 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1888. 123 Másques, cargado de mercancías en junio de 1748. Las mercancías las había adquirido a crédito por valor de 35.784 pesos, a los comerciantes Juan Francisco Navarro y Juan Domingo Garay, ambos del comercio de Cádiz. Esta deuda no se terminaría de saldar hasta el 23 de octubre de 1754, con los comerciantes ya de vuelta en España,293 y justamente cuando Jiménez Lobatón se preparaba para partir al Cuzco como corregidor. La entrada de Jiménez Lobatón al corregimiento del Cuzco se dio por intermedio de Joseph de Orellana, Contador de retasas y tesorero de las rentas decimales del Arzobispado. Este era apoderado del iqueño Juan José de Iturribalzaga, barón de Oña, quien se avecindó en Cádiz y en 1738 consiguió del rey su nombramiento como corregidor del Cuzco, pero no habiéndolo utilizado, en 1745 se le concedió un segundo periodo consecutivo merced a un servicio de 108.000 reales de vellón (5.400 pesos fuertes), con autorización de poder substituir ambos periodos en personas que fueran de la aprobación del virrey del Perú.294 Posiblemente tras enterarse de las gestiones para la legalización del reparto, Iturribalzaga le envió un poder a Orellana para que pudiera vender el oficio. Orellana también tenía experiencia en la negociación de oficios de corregidor, pues en 1741 adquirió en Madrid dos mercedes de corregimiento: Aimaraes y Parinacochas, por 34.000 y 45.000 reales de vellón respectivamente, posiblemente con la intención de revenderlas. Además, Orellana debió participar en la determinación de la población indígnea de los corregimientos con vistas a la confección del arancel del reparto, ya que poco después, en octubre de 1754, presentó por orden del virrey un resumen general de la población de indios de todas las edades en los obispados y arzobispados del Perú.295 La venta del corregimiento del Cuzco se realizó en 1754, con un precio acordado en 30.000 pesos. El pago se hizo en tres partes, y en casi todas las transacciones, tanto en la venta del corregimiento como en el pago de las deudas contraídas con los comerciantes habilitadores, intervino Pedro Bravo del Rivero como apoderado de su cuñado.296 293 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 762v. 294 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 402-408. 295 Conde de Superunda. Relación de gobierno, 241-246. 296 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), fs. 404, 416, 764, 766-767. 124 Muestra de que el emprendimiento era una cuestión familiar, la hermana del oidor, Isabel Bravo del Rivero, prestó 20.000 pesos por dos años al nuevo corregidor.297 El total de las mercancías habilitadas al corregidor que se enviaron desde Lima, ascendió a 96.068 pesos y 1 real. Y esa cantidad incluye sólo las partidas que tienen valor consignado. Para hacerse una idea de su magnitud, el total de reparto quinquenal para el corregimiento del Cuzco, señalado en el arancel de 1753, era de 76.600 pesos. Pero este monto incluía 17.500 pesos por 500 mulas, 20.800 pesos por ropa de Quito y de la tierra, y 3.300 por hierro.298 Todos estos géneros no figuraban entre las mercancías aportadas por los comerciantes señalados en el recuadro, que sólo incluían ropa y otros efectos de Castilla, por lo que es de deducir que el monto repartido final fuera bastante mayor (ver Tabla 3). Tabla 3. Habilitadores/proveedores de Manuel Jiménez Lobatón Año Habilitador Géneros de Castilla Valor 1754 Joseph de Orellana 7 cajones y 7 petacas 6.958 pesos, 2 rs. 1754 Joseph Guisasola 26 fardos y 2 cajones 8.930 pesos, 4 rs. 1754 Miguel de Arriaga y 8 fardos 7.340 pesos Juan de Echavarría 1754 Francisco Joseph del Rivero 13 petacas, 4 cajones y 1 fardo No declarado 1754 Francisco Joseph del Rivero 76 fardos (contrato de factoraje) 51.062 pesos 1755 Francisco Joseph del Rivero ……………. (contrato de factoraje) 21.777 pesos, 3 rs. 1756 Joseph Valentín Camborda 2 cajones (ropa de Castilla, No declarado (comerciante con tienda) cintas, 6 docenas de barjas) 1756 Pedro Bravo del Rivero 911 varas de burato negro, No declarado 1 cajón (12 sobrepuestas) TOTAL 96.068 pesos 1 r. Fuente: AGN Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, nº 70, 71. Además, con un claro interés por diversificar a sus acreedores, más comerciantes entraron en juego en esta operación. Con la excepción de Joseph de Orellana, quien actuó alternativamente como habilitador, prestamista y apoderado de Manuel Jiménez Lobatón, el resto eran comerciantes ligados al sistema de navíos de registro. Como se 297 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 767v. 298 Moreno Cebrián. El corregidor de indios, 332. 125 verá, en el caso de la red social de los Bravo del Rivero, los grandes comerciantes locales brillan por su ausencia. Los comerciantes recién llegados estaban asociados a dos compañías comerciales. El primer grupo es el de José Guisasola. Este comerciante del norte peninsular se asoció con José Clemente Olave para conseguir en 1741, en plena guerra con los ingleses, y merced a un servicio de 153.000 pesos, una licencia real para embarcar toda clase de mercadería en navíos neutrales hasta un máximo de 600 toneladas, zarpar desde cualquier puerto de España y comerciar con cualquier puerto del Pacífico entre Concepción y el Callao. Según Tord y Lazo, Guisasola tuvo inicialmente problemas para ingresar sus géneros en el Callao, pero finalmente consiguió permiso para internar sus mercaderías y un título de corregidor para un hermano en la región del Cuzco.299 Este hermano debió ser Domingo Vicente Guisasola, que según recoje Moreno Cebrián, en 1745 fue agraciado con el corregimiento de Huamanga a cambio de 4.000 pesos.300 Es posible además que, pese a las protestas del Consulado, el permiso de internamiento lo concediera el propio virrey Manso de Velasco, a quien José Guisasola y su socio Pedro Miguel de Arriaga, asentista de Cádiz, habían ayudado pocos tiempo atrás a pagar las deudas contraídas durante su viaje como gobernador de Chile.301 Pedro de Arriaga -o quizá un pariente suyo homónimo, Pedro Miguel de Arriaga- también participará como habilitador del corregidor del Cuzco, con el también comerciante Juan de Echavarría como socio. Y todos ellos: Guisasola, Arriaga, Echavarría y Francisco Joseph del Rivero -el otro comerciante que habilita al corregidor- registran préstamos concedidos o recibidos con Joseph de Orellana, Pedro Bravo del Rivero y otros personajes del entorno de este, como su suegro José de Zala y Esquivel o el padre del prebendado Domingo Larrión.302 En el caso de los Guisasola, su calidad de recién llegados les obligaba a construir vínculos clientelares con los poderosos del virreinato. Por eso trataron de beneficiar al virrey Manso de Velasco, y también habilitaron al pariente del oidor Bravo del Rivero. Como se 299 Javier Tord y Carlos Lazo Hacienda, comercio, fiscalidad y luchas sociales (Perú colonial) (Lima: Biblioteca Peruana de Economía, Historia y Sociedad, 1981), 122. 300 Moreno Cebrián. El corregidor de indios, 89 301 Latasa Vasallo. “Negociar en red: familia, amistad y paisanaje”, 471-472. 302 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 461, 778v.; Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), f. 21, 84v.; Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757- 1758), f. 521v. 126 verá, esto les fue de gran utilidad, pues les ofreció la posibilidad de operar con cierto grado de impunidad, al amparo de sus vínculos con el poder. El hijo de José Vicente Guisasola, Isidro Guisasola, desarrolló una intensa actividad comercial en el sur andino, casándose con la tercera hija de Domingo Antonio de Mendive, marqués de Casa Jara.303 A finales de 1761, siendo teniente de corregidor de la provincia de Lampa, fue denunciado por Cosme Miguel de Peña y Lillo, cura doctrinero de Santa Cruz de Orurillo, provincia de Lampa. Este lo culpaba de admitir los desmanes de un cacique local, al que protegía por ser su agente cobrador del reparto. El cacique y Guisasola habían denunciado al cura ante el obispo del Cuzco, Juan Castañeda Velásquez, quien lo había encarcelado. Peña y Lillo ya había denunciado al cacique ante Superunda, quien nombró a Manuel de Acosta como juez para la pesquisa. Este envió el sumario de sus averiguaciones a la secretaría del Virrey, pero Peña y Lillo afirmaba que Antonio de Boza y el secretario Tejada, íntimos amigos de Isidro Guisasola, suprimieron el documento. Para prevenir disgutos, Guisasola decía haber entregado 5 mil pesos a su tío Joseph Guisasola, en Lima, para "gratificar empeños y defender a dicho Cacique su cobrador".304 Finalmente, el caso más complejo es el de Francisco Joseph del Rivero, al que un testigo de la facción aliada al virrey Amat definía como “pariente” del oidor Bravo del Rivero, quizá por la coincidencia de apellidos. Este extremo no está confirmado, pero permite atisbar la cercanía entre la compañía comercial de este extremeño y el entorno del oidor. Francisco Joseph del Rivero había fundado con el Teniente Coronel Pablo Travi Taso, residente en Potosí, el “Registro y Compañía” del navío Nuestra Señora de la Luz, que navegó con licencia real al puerto de Buenos Aires y a Lima. El gaditano Travi Taso ya tenía experiencia previa en el Perú, pues vino en la comitiva del virrey Villagarcía como su mayordomo, al igual que un futuro pariente político de Pedro Bravo del Rivero, Francisco Javier de Alvarado, que fue paje del virrey.305 Además, el odor Pedro Bravo de Castilla fue asesor de Villagarcía, así que es posible que él o alguno de los mencionados sirviera de puente para establecer relaciones entre el entorno de los oidores y la compañía de comercio. 303 Bebín Cúneo. Mercaderes y corregidores, 96. 304 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1662-1663 305 Martín Rubio. El marqués de Villagarcía, 91 127 La embarcación partió de Lisboa, siendo Rivero el sobrecargo del portugués Gabriel Antonio Gómez, socio con un 25% del permiso. En principio, toda la carga debía internarse a través de Buenos Aires, pero el cuarto socio de la compañía, Juan Vargas Masías, decidió comerciar una parte de la mercancía en Lima, para lo que se nombraron comisionistas en esta capital. La muerte del principal aliado de la compañía en Lima, el prior del consulado Juan Bautista de Belzunce y Elso, generó desorden en los negocios limeños, por lo que a ruego de sus socios, Rivero pasó a Lima en 1752 para evitar la ruina de la empresa. Su descripción de la ruina comercial que encontró es bastante gráfica: La Casa cargada de muchas deudas activas y pasivas, y sin un peso en plata en la caxa de la negociación, desfloradas enteramente las memorias, puros drogones existentes en los almazenes, mui difíciles de expender y reducir a dinero sin un grave y manifiesto quebranto, y por fin perdido el crédito de tal manera que en aquel entonces no se encontraría quien quisiese mutuar a la Casa cantidad alguna.306 Lo que debía ser una visita corta se convirtió en una estancia en Lima de casi 6 años. Muy probablemente para sacarse de encima estos “drogones” o mercancías inútiles, Francisco Joseph del Rivero optó por firmar en octubre de 1754 un contrato de factoraje con el flamante corregidor del Cuzco, Manuel Jiménez Lobatón. A diferencia de sus otros habilitadores, que acordaron con Jiménez Lobatón que este pagara el íntegro del valor de las mercancías al año de su internamiento, el contrato de factoraje le permitía al corregidor pagar a Rivero un precio previamente fijado sólo por aquellos productos que lograra colocar. Aunque eso sí, el contrato estipulaba que toda venta -incluso al crédito- sería considerada como venta al contado por la compañía, por lo que era responsabilidad del corregidor hacer efectivas las deudas. El corregidor no cobraba comisión por ventas, por lo que su ganacia estaba en los sobreprecios que obtuviera por encima de los precios acordados. Finalmente, la mercancía viajaba al Cuzco de cuenta y riesgo de la compañía, que costeaba el flete, por lo que cualquier pérdida antes de llegar al mercado final no afectaba al corregidor.307 Quizá la mercancía inútil iba como parte de los 76 fardos entregados a raíz de este contrato; o quizá lo eran las 13 petacas, 4 cajones y 1 fardo entregadas en casa de Rivero 306 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758), fs. 19-34 307 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 70 (1753-1754), f. 765v-766v. 128 -sin coste declarado y sin recibo de pago posterior- que viajaron al Cuzco junto con las mercancías del resto de habilitadores. Lo seguro es que el negocio resultó bien, pues para enero de 1756 (14 meses después) ya estaba íntegramente cancelado. Por ello, tras otorgarle un poder a Joseph de Orellana, este firmó junto con el oidor Bravo del Rivero un segundo contrato de factoraje con la compañía de Nuestra Señora de la Luz, de Rivero, por géneros de Castilla con un valor de 21.777 pesos, 3 reales, que también se cumplió en diciembre de 1756.308 ¿Qué conseguía Francisco Joseph Rivero de estas relaciones, aparte de deshacerse de mercancía inservible? A buen seguro, con la ayuda de sus nuevos socios podía resolver en los juzgados los problemas pendientes que se había encontrado. Hay que tener en cuenta que la compañía tenía comisionistas en los principales mercados del Sur Andino, y diferentes negocios y deudas seguían pendientes. A parte de su socio Travi Taso, tenía en Potosí como agentes al irlandes Arthur Kirivan y a Calixto Torres, un comisionista en Cochabamba y su sobrino Manuel Rivero viajó como su apoderado a Buenos Aires desde Lima, a través del Alto Perú, de manera que pudiera inspeccionar todos sus negocios en el camino, haciendo la ruta hasta el Cuzco con el corregidor Jiménez Lobatón. Y en Lima contaba con el concurso del marqués de Negreiros, naviero y comerciante cercano a los Bravo del Rivero, que realizó varias operaciones en nombre de Francisco Joseph Rivero y se quedó como uno de sus apoderados en la capital, y el Dr. Pedro Vásquez de Novoa, su abogado de confianza y Catedrático de Código. Pero Rivero también era amigo de comerciantes jenízaros (españoles de primera generación) presnetes en Lima como Juan Cranisbro, Antonio Buttler y Diego Strange, que eran vistos con mucha desconfianza en Lima y Cádiz.309 Un caso paradigmático, porque llegó a la Real Audiencia y su desenlace favoreció notable e injustamente a Francisco Joseph Rivero, es la disputa que mantuvo con el marqués de Villarrica de Salcedo por unas deudas que tenía con su compañía de comercio. Del proceso hay constancia por que en 1762 Salcedo envió un memorial a Amat señalando que, entre los diversos agravios sufridos a manos de los oidores de la Audiencia de Lima, 308 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 71 (1755-1757), fs. 127-129. 309 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758), fs. 225 y sigs. 129 hacía 5 o 6 años el oidor decano Pedro Bravo del Rivero ordenó el remate de una hacienda de su propiedad, nombrada Pucará, en la provincia de Huarochirí, que incluía una mina, "por más que clamaron y alegaron Reales ordenanzas; y sólo por un débito particular de un pariente suyo llamado Dn. Francisco de Rivero, por haverle alcanzado en las quentas en 1.200 pesos”. Clamaba Salcedo por la injusticia de despojarlo de hacienda y mina por tan pequeña deuda, denunciando que, para evitar reclamos por su evidente acto de prevaricación, el oidor Bravo del Rivero “mandó notificar al Abogado de los suplicantes [bajo] pena de 50 pesos, no les hiciese escrito alguno, ni el escribano de cámara les recibiese, de modo que por ello tenían una hacienda en poder de otros".310 El negocio fue redondo, ya que el marqués de Villarrica perdió la mina e ingenio de Alapampa y Pucará, en Huarochirí, por la deuda de 1.200 pesos, que con las costas e intereses se había acrecentado a casi 10.000 pesos. Por orden del presidente y oidores de la Real Audiencia, las propiedades se pusieron a remate judicial y las adquirió Ángel de Castro por 9.000 pesos. Castro era en realidad un testaferro de Francisco Joseph de Rivero y del teniente de corregidor de Huarochirí, Martín de Videgaray, en nombre de quién había hecho realmente la puja. Además, debió ser persona de confianza del mercader, ya que figura entre los testigos del poder para testar que firmó Rivero antes de emprender el viaje de vuelta a España. En todo caso, el remate no sólo supuso que Francisco Joseph Rivero recibiera el dinero supuestamente adeudado, sino que existía además otro motivo de peso para favorecer a Videgaray: en su calidad de teniente corregidor, este podía ejercer presión para el cobro del reparto atrasado en que Rivero había sido habilitador. Así, poco después de la transacción, Rivero le entregó un poder a Videgaray para que cobre a los indios lo que debían del reparto del tiempo en que trabajaron en la mina Pucará.311 En conclusión, pese a que el oidor Pedro Bravo y sus allegados tenían amigos en el Consulado, e inclusive podían considerar eventualmente como sus aliados a grandes comerciantes asentados en Lima como Manuel de la Torre Quiróz, pariente del oidor José Tagle Bracho, o al entorno familiar del fiscal Foronda; quienes finalmente vinieron a 310 AHN. Consejos, 20293, Exp.1 (1766-1776), Im. 1668-1674 311 AGN. Protocolos notariales, siglo XVIII. Antonio Joseph de Ascarrunz, 72 (1757-1758), fs.1v, 25, 279v-280v. 130 cumplir el papel de habilitadores de los corregidores de su entorno fueron unos recién llegados comerciantes de Cádiz, con recursos económicos pero con exiguo capital social e influencias en el Perú. El hecho de que fueran ellos quienes habilitaran al pariente corregidor del poderoso oidor, y no comerciantes del consulado de Lima, es un claro indicador de que el enfrentamiento entre miembros del Consulado y comerciantes gaditanos no debe hacerse extensible automáticamente a los demás potentados limeños. Esto es comprensible si vemos cómo los intereses económicos del entorno de Bravo del Rivero no están ligados al comercio atlántico, sino a la explotación de sus haciendas, de la producción con vistas al consumo interior (obrajes) y, como consecuencia, a los corregimientos. Y si tienen lazos con el comercio marítimo, estos parecen apuntar al comercio con las costas centroamericanas. En todo caso, la presencia de un importante comerciante del consulado como Juan Bautista de Belzunce, o del naviero Manuel de Negreiros entre los asociados locales del recién llegado comerciante Francisco Joseph de Rivero habla bien a las claras de un reacomodo del comercio limeño a las nuevas circunstancias marcadas por el fin de las flotas y la llegada de los navíos de registro. 131 CONCLUSIONES En esta tesis se ha explorado el valor de los vínculos sociales en el ejercicio del poder en el Perú virreinal de mediados del siglo XVIII, en un contexto de cambios comerciales y de gobierno impulsados por la dinastía borbónica. En principio, la pérdida de brillo de la corte virreinal como espacio efectivo de negociación de la fidelidad y la gracia debería haber dejado a la élite peruana sin un interlocutor válido con el cual negociar. Sin embargo, lejos de cumplirse este escenario, la élite local limeña, que debido a la venta ingente de oficios reales, se había posicionado fuertemente en la administración real, logró aumentar su cuota de poder y su influencia sobre unos virreyes debilitados por la pérdida de capacidad de repartir prebendas entre sus súbditos. Sin un árbitro fuerte, durante los gobiernos de Manso de Velasco y Amat afloran las fricciones entre facciones de la élite local con intereses contrapuestos. El intento borbónico de reformular la función de los virreyes, que poco a poco dejaron de ser la efigie viva del rey para convertirse en oficiales reales de alta graduación, con un perfil más burocratizado, trajo más dudas que certidumbres acerca de cómo podía la monarquía ejercer de manera efectiva el poder en el virreinato. Acorde con una visión patrimonial de sus dominios, el monarca buscaba disponer de hombres fuertes y duchos en el gobierno, administradores más que jueces togados, y en tal sentido, más hábiles en la acción que en la discusión. Así, eligieron cada vez más gobernantes militares para sus posesiones indianas. Sin embargo, los virreyes llegados al Perú, pese a su vigor militar, carecían del poder de coerción de un ejército local, o de la capacidad de gestión de una administración robusta, para gobernar tan amplios reinos. Limitados así y despojados a su vez de buena parte de los mecanismos tradicionales de gobierno, que se basaban en la gestión de la economía del don y la gracia, los virreyes se vieron obligados a tranzar con las élites locales para poder gobernar. En un mundo en el que los vínculos personales aún funcionan como la principal correa de transmisión de la voluntad del gobernante, los virreyes se vieron obligados a echar mano de las redes clientelares de los poderosos oidores criollos, sin poco que ofrecer a cambio. 132 La propia limitación de los séquitos que acompañaban a los virreyes, supuso entregar la corte en manos de los intereses locales de turno. En ese marco, virreyes como Superunda o Amat acabaron convirtiéndose en partícipes de las luchas entre facciones limeñas e incluso, en el caso de Amat, de intereses de una facción chilena. En el caso de las redes clientelares de los oidores Bravo de Castilla y Bravo del Rivero, estas acabaron amalgamándose -si es que no, absorviendo- con la clientela del virrey Manso de Velasco, más pequeña y con menor base de poder local. El hecho de favorecer a una u otra facción, con los rencores que esto generaba, ayuda a comprender el contexto de constante conflicto entre el virrey Manso de Velasco, sus aliados y el arzobispo Barroeta. En el capítulo dos se ha analizado, a partir del caso de los vínculos familiares del oidor decano Pedro Bravo del Rivero, cómo las estrategias familiares de ascenso y consolidación social de los poderosos limeños se vieron afectadas por el cambio en la forma de comprender la relación entre el rey y sus servidores. La limitación impuesta al beneficio de oficios reales, especialmente de los codiciados oficios de justicia, y su reemplazo por prebendas militares o administrativas alejadas del terruño y, por lo tanto, menos atractivas para las grandes familias peruanas; plantearon serias dudas acerca de cómo planificar el futuro de las nuevas generaciones. En el caso de la familia Bravo del Rivero, se ha hecho palpable en esta investigación un claro interés por el ennoblecimiento a través de la parentela política, específicamente mediante la unión con los marqueses de Valleumbros. Pero, a su vez, se nota la pérdida de atractivo de la vía del servicio al soberano como forma de adquirir prestigio y poder efectivo. Además, se ha podido comprobar cómo las estrategias familiares y los grandes planes trazados por los pater familias no configuran un corsé que limite ineludiblemente las decisiones de los miembros del grupo familiar. En el caso de la tercera generación dela familia Bravo del Riverro, tanto la muerte -de seres queridos- como la renuncia a la vocación religiosa, podían causar graves conflictos intergeneracionales de difícil solución. Enla misma línea, se ha podido ver cómo a la hora de configurar estrategias familiares, en muchos casos pesan más las relaciones horizontales y políticas, que las verticales y de filiación. Así, aunque al oidor Pedro Bravo del Rivero lo apoyaron claramente sus hermanos, sus decisiones sobre lo conveniente para el futuro familiar pasó por alianzas con parientes políticos -que se elijen- y no por el refuerzo de los lazos sanguíneos. 133 Finalmente, se trató de analizar cómo funcionan los vínculos familiares extensos y, de manera más general, las redes de sociabilidad de la “trinca de los Bravo”, entendidas como el conjunto de vínculos personales no necesariamente familiares o de filiación institucional, a la hora de tratar de aprovechar las oportunidades económicas que aparecen en el contexto histórico de la legalización del reparto en la década de 1750. Algunos estudios que se enfocaron en la escala regional ya habían señalado cómo los corregidores no eran personajes poco relacionados con la sociedad local, y solamente habilitados por una gran, lejana y limeña élite comercial. En tal sentido, dichos estudios habían puesto de relieve la integración de los corregidores en circuitos económicos locales y la existencia de claros vínculos familiares. En el capítulo tres, a partir de la revisión de los vínculos personales de oidores, cortesanos, hacendados e incluso comerciantes de paso por el Perú, se ha propuesto que un grupo de oidores encabezado por Pedro Bravo del Rivero son varios los actores sociales involucrados de múltiples maneras en la gestión de los corregimientos y que, al menos en el caso del entorno del oidor Pedro Bravo del Rivero, se trató de un emprendimiento de amplio espectro. Con intereses que abarcan distantes provincias, la red de sociabilidad de Pedro Bravo del Rivero supo sacarle jugo a su presencia en los corregimientos, tanto a nivel local, con las haciendas y obrajes, como a nivel de la Audiencia y el Superior Gobierno. 134 BIBLIOGRAFÍA ARCHIVOS ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGI) Secciones: Real Audiencia, Casa de la Contratación. 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