Informe jurídico sobre la resolución N.º 07367-2025-TCPS1

Abstract

Con ocasión de la Resolución N.º 07367-2025-TCP-S1, que fue expedida por el Tribunal de Contrataciones Públicas con fecha 31 de octubre de 2025 para resolver un recurso de apelación de otorgamiento de buena pro, el presente informe aborda el análisis de, principalmente, dos (2) cuestiones jurídicas que llevan a concluir que existen espacios de mejora en el régimen normativo de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Desde ya se adelanta que estas dos cuestiones versan acerca de (i) la falta de regulación en torno al deber de motivar de la entidad pública contratante al momento de aceptar una oferta temeraria, y (ii) la exigibilidad de un título habilitante como requisito de capacidad legal post integración definitiva de las bases. La problemática que presenta el caso no solo se limita al hecho de que un postor que quedó en segundo lugar (el apelante) tenga una opinión distinta acerca de la interpretación de ciertas instituciones jurídicas del Derecho de Contrataciones Públicas, sino que también alcanza la circunstancia de que el Tribunal de Contrataciones Públicas no siempre realiza un análisis completo del caso que llega a su instancia a efectos de emitir una decisión (situación que, como veremos más adelante, puede ser impugnada en la vía contencioso administrativa). Es necesario aclarar que, si bien al caso específico se le aplica el régimen de la Ley N.º 30225, esto no impide señalar que las conclusiones arribadas en el presente informe también son de aplicación para las contrataciones de concursos públicos de servicios que se convoquen al amparo de la Ley N.º 32069; puesto que las instituciones jurídicas que presenta el caso en cuestión se encuentran reguladas, en sustancia, de la misma manera.On the occasion of Resolution N.º 07367-2025-TCP-S1, issued by the Public Procurement Tribunal on October 31, 2025 to resolve an appeal against the award of a tender, this report addresses the analysis of, primarily, two (2) legal issues that lead to the conclusion that there is room for improvement in the regulatory framework of Law N.º 32069, the Public Procurement Law. It is stated from the outset that these two issues concern (i) the lack of regulation regarding the contracting entity's duty to state reasons when accepting an abnormally low tender, and (ii) the enforceability of an enabling license as a legal capacity requirement after the final integration of the tender terms. The problem raised by the case is not limited to the fact that a bidder who came in second place (the appellant) holds a different view on the interpretation of certain legal institutions of Public Procurement Law; it also shows that the Public Procurement Tribunal does not always conduct a complete analysis of the cases brought before it when issuing a decision (a situation that, as we will see below, may be challenged and addressed in administrative litigation proceedings). It must be clarified that, although the specific case is governed by Law N.º 30225, the conclusions reached in this report also apply to public service tenders called under Law N.º 32069, since the legal institutions raised by the case at hand are regulated, in substance, in the same manner.