5. Segunda Especialidad
Enlace permanente de esta páginahttps://hdl.handle.net/20.500.12404/8339
Explorar
2 resultados
community.search.results.head
Ítem Restringido La noción jurídica de daño ambiental de acuerdo al Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA y su aplicación en el sector de mediana y gran minería en el Perú(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2025) Casaña Cuevas, Grecia Mishele; Peña Alegría, Pablo GuillermoEl presente trabajo analiza la controversia jurídica en torno al uso del daño potencial como sustento para determinar la responsabilidad administrativa de un administrado en un procedimiento sancionador tramitado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esta categoría ha sido cuestionada por considerarse, en muchos casos, insuficiente o inconsistente para acreditar la infracción, debido a su aparente tensión con las garantías del procedimiento administrativo sancionador. Para abordar este problema, se realiza una revisión normativa y jurisprudencial que comprende los conceptos previstos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; el Anexo 4 de la Resolución Nº 005-2017-OEFA/CD, sobre la metodología de estimación del nivel de riesgo ambiental; el Reglamento de Supervisión del OEFA —en sus versiones 2019 y 2025—; y las resoluciones más relevantes del Tribunal de Fiscalización Ambiental emitidas entre 2017 y 2025. El análisis doctrinario identifica dos posiciones: una restrictiva, que exige la verificación de un daño material para imputar responsabilidad; y una postura funcional, que reconoce la necesidad de anticipar escenarios de riesgo significativo, especialmente en actividades de alto impacto como la minería. El trabajo concluye que, si bien el daño potencial es compatible con principios como el de prevención, su aplicación requiere fortalecerse en lo relativo al análisis técnico que sustenta la imputación, pues diversas resoluciones desarrollan este aspecto de manera limitada. Por ello, se propone —entre otras medidas— incorporar de forma sistemática la metodología de estimación del nivel de riesgo ambiental, lo que permitiría reforzar la seguridad jurídica y consolidar la legitimidad del OEFA tanto como entidad de fiscalización ambiental como en su rol de ente rector del SINEFA.Ítem Restringido El rol de los gobiernos locales en la gestión integral de residuos sólidos, oportunidades de mejora en inversión de infraestructuras de residuos sólidos y educación ambiental(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022) Casaña Cuevas, Grecia Mishele; Deza Sandoval, Tommy RickerEl crecimiento económico sostenido experimentado por el Perú en las últimas décadas ha generado un incremento significativo en los niveles de consumo y, consecuentemente, en la generación de residuos sólidos, lo que ha intensificado los desafíos asociados a su gestión por parte de los gobiernos locales. Frente a este escenario, el ordenamiento jurídico peruano ha incorporado el enfoque de gestión integral de residuos sólidos, priorizando la valorización bajo criterios de economía circular y reservando la disposición final como una medida de último recurso, que debe realizarse en infraestructuras ambientalmente adecuadas. No obstante, los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo (2019) y la Contraloría General de la República (2022) evidencian deficiencias estructurales en el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de los gobiernos locales, particularmente en lo referido a la inversión en infraestructura para la disposición final de residuos sólidos y a la implementación de acciones sostenidas de educación ambiental. Estas deficiencias limitan la eficacia de la gestión municipal de residuos sólidos y generan impactos negativos en la salud pública y en el ambiente. En ese contexto, el presente trabajo analiza el marco normativo aplicable a la gestión integral de residuos sólidos y evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones municipales, con énfasis en los componentes de infraestructura y educación ambiental. A partir de dicho análisis, se formulan recomendaciones orientadas a fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para cumplir los objetivos de la Política Nacional del Ambiente 2021–2030, en particular aquellos vinculados a la reducción de la contaminación del agua, suelo y aire, así como al incremento de la adecuada disposición final de residuos sólidos. El análisis se desarrolla a partir de una revisión normativa, el examen de informes de control y un análisis comparado de experiencias internacionales.