PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU 

FACULTAD DE DERECHO 

Informe sobre Expediente No. 2278-2012-CCL 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogado 

Autora: 

Katiuska Yaranga Oscorima 

Código de la alumna: 

20043242 

Revisor: 

Alfredo Fernando Soria Aguilar 

Lima, 2021 



1 
 

RESUMEN 
 
El análisis del expediente N° 2278-2012-CCL, tiene por objeto profundizar en mis 
conocimientos en materia civil, contractual y arbitral, con especial énfasis en todos los 
temas vinculados a los contratos preparatorios, ejercicio de las arras en los diversos 
contratos, y profundizar en el procedimiento de recusación de los árbitros. 
 
Las hipótesis vinculadas a las materias estudiadas son: (i) Que el tipo contractual 
celebrado no se ajusta con la común intención de las partes, y; (ii) Que el árbitro se 
mantuvo imparcial e independiente en el curso de la recusación planteada. 
 
La investigación del informe es académica, debido a que inicia en el estudio de 
esquemas conceptuales regulados en la norma y en la doctrina. A partir de estas teorías, 
busco demostrar que los supuestos de hecho revelados en el contrato y en las 
actuaciones de las partes se enmarcan en esquemas conceptuales, otorgando así una 
categoría jurídica a cada caso. 
 
El presente informe nos permite arribar a dos conclusiones principales: (i) El documento 
(contrato analizado) contiene más de un tipo contractual, por lo que, se analizó cada 
cláusula para asignar las figuras contractuales a cada caso y resolver los problemas 
jurídicos determinados, y; (ii) La recusación plantea varios supuestos que para la parte 
recusadora, evidencia omisión a los deberes de imparcialidad e independencia; sin 
embargo, cada supuesto debe ser analizado de acuerdo a la norma y las directrices 
internacionales, concluyendo que el árbitro se mantuvo imparcial e independiente. 
 
 
  
 
 
 
  



2 
 

ÍNDICE ANALÍTICO  
 
A. Hechos 

 
3 

 
B. Identificación de los Principales Problemas Jurídicos 

 
7 

 
C. Análisis de los Principales Problemas Jurídicos 

 
8 

 
C.1. Respecto al Problema Principal 1 

 
8 

 
I. ¿Cuál es la naturaleza del contrato que celebraron las partes? 

 
10 

II. ¿Qué tipo de arras se pactaron en la cláusula quinta? 17 
III. ¿La inejecución del levantamiento de hipoteca de VALIALE puede 
determinar la resolución del contrato de opción? 

23 

IV. Problema Principal 1: ¿Correspondía la entrega de las arras dobladas 
como consecuencia de la resolución del Contrato Principal? 
 

25 

C.2. Respecto al Problema Principal 2 26 
 
I. ¿Existía algún vínculo entre el árbitro y su contraparte? 

 
34 

II. ¿El árbitro cumplió con su deber de revelación al aceptar el cargo? 35 
III. ¿El árbitro mantuvo la calidad de imparcial e independiente durante el 
arbitraje? 

40 

IV. ¿Las resoluciones emitidas por el árbitro único pueden utilizarse como 
sustento para la recusación? 

46 

V. Problema Principal 2: ¿La evaluación de la recusación del árbitro fue 
correcta? 

48 

 
D. Conclusiones: Posición del Bachiller 

 
50 

 
E. Bibliografía 

 
51 

 
F. Anexos 

 
53 

 

  



3 
 

A. HECHOS  

1. El 18 de noviembre de 2011, Lanas y Pieles Valiale Export S.A.C (“VALIALE” o 
“vendedor”) y Constructora MPM S.A. (“MPM” o “comprador”) suscribieron el 
contrato de opción recíproca de compraventa de bien inmueble con arras 
confirmatorias (“Contrato Principal”). 
 

2. El inmueble se encuentra ubicado en la Parcela No. 93 de la segunda etapa de la 
parcelación rústica Cajamarquilla, Lurigancho, Chosica, provincia y departamento 
de Lima (“Inmueble”).  
 

3. El 3 de enero de 2012, mediante una carta notarial No. 4342, MPM comunicó a 
VALIALE la resolución del Contrato Principal, debido a que el Inmueble continuaba 
con una hipoteca inscrita. Además, que en atención a la cláusula resolutoria 
establecida en la cláusula séptima1, MPM señaló que VALIALE se encontraba 
obligada a pagarle la penalidad pactada, ascendente a US$ 560,000.00 
(quinientos sesenta con 60/100 Dólares Americanos) (“Penalidad”)  

 
4. El 06 de enero de 2012, VALIALE remitió a MPM una carta notarial comunicando 

su decisión de dejar sin efecto el Contrato suscrito. Asimismo, señaló que ejercerá 
su derecho a hacerse de las arras entregadas por esta, en aplicación del tercer 
párrafo de la cláusula quinta del Contrato Principal2. 

 
5. El 27 de enero de 2012, MPM solicita solicitó al Quinto Juzgado Civil admitir la 

medida cautelar antes de iniciarse el proceso arbitral. 
 

6. El 14 de marzo de 2012, MPM ingresó una petición de arbitraje al Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (“Centro de Arbitraje”), solicitando la 
designación de un Árbitro e inicio del proceso arbitral, señalando como posible 
pretensión, la demanda de la ejecución de la Cláusula Penal fijada a favor de 
MPM3.  

 
7. El 15 de marzo de 2012, el secretario arbitral del Centro de Arbitraje comunicó a 

VALIALE la petición formulada por MPM, otorgándole un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que emita pronunciamiento. 

 
 

1 CLÁUSULA SÉPTIMA.- CANCELACIÓN DEL SALDO DEL PRECIO CON ANTERIORIDAD 
“ (…) En caso no se levante la hipoteca en la fecha indicada en la Cláusula Sexta por cualquier causa imputable 
a LA VENDEDORA, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, debiendo devolver el monto de las arras 
dobladas a LA COMPRADORA.”  
 
2 CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS ARRAS CONFIRMATORIAS:  
“En ese sentido, si se ejerce la Opción y LA COMPRADORA no cumple con su obligación de celebrar el contrato definitivo 
y cancelar el precio a más tardar a los cuarenta y cinco (45) días calendario de suscrito el presente documento, por causa 
imputable a ella, LA VENDEDORA dejará sin efecto el contrato, conservando arras.” 
 
3 En atención a la Cláusula Duodécimo, las Partes determinaron la Ley y Jurisdicción aplicable en el Contrato de Opción 
Reciproca, determinando: “El presente contrato y el contrato definitivo quedan sometidos a las leyes peruanas. Toda 
controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato y del contrato definitivo, será resuelta 
directamente por las partes, para cuyo efecto estas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la solución 
armónica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención expresada en el 
presente contrato, en un plazo máximo de quince días hábiles. 
Si vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, las diferencias entre las partes subsistieran, la controversia será 
sometida a la decisión inapelable de un árbitro único que será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional 
e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. EL arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, se sujetará al 
Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de 
Lima y no podrá exceder de 90 días desde la instalación del tribunal arbitral, pudiendo los árbitros prorrogar dicho plazo 
por causas justificadas. EL arbitraje será de derecho.  
El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el 
castellano. Los gastos y costos correspondientes al arbitraje serán asumidos por la parte que no se vea favorecida con 
la decisión del Tribunal Arbitral.” 



4 
 

8. El 19 de marzo de 2012, el Quinto Juzgado Civil dispuso trabar medida cautelar 
de embargo en forma de inscripción sobre el Inmueble. 

 
9. El 26 de marzo de 2012, el secretario arbitral del Centro de Arbitraje remitió a MPM 

la respuesta a la petición de arbitraje presentado por VALIALE el 21 de marzo de 
2012. 

 
10. El 11 de abril de 2012, el secretario arbitral del Centro de Arbitraje, emitió la 

Resolución N°400-2012/CSA-CA-CCL, precisando que el Consejo Superior de 
Arbitraje designó como Arbitro Único a Alonso Morales Acosta. Esta comunicación 
fue remitida a VALIALE el 19 de abril de 2012, a MPM el 23 de abril de 2012, y a 
Alonso Morales Acosta el 18 de abril de 2012. 

 
11. El 18 de abril de 2012, el secretario arbitral remitió a Alonso Morales Acosta una 

comunicación, a fin de que manifieste su aceptación por escrito al encargo de 
Árbitro Único, en el plazo de cinco (5) días hábiles. 

 
12. El 20 de abril de 2012, Alonso Morales Acosta comunicó al secretario arbitral del 

Centro de Arbitraje, que no asumirá el encargo como Arbitro Único, debido a que 
el patrocinio legal de MPM está a cargo de la firma de abogados en la que participa 
como socio. 

 
13. El 25 de abril de 2012, el Centro de Arbitraje emitió la Resolución N°412-

2012/CSA-CA-CCL, precisando que debido a que Alonso Morales Acosta declinó 
a la designación al cargo de Arbitro Único, correspondía formalizar la designación 
como Arbitro Único a Juan José Cauvi Abadilla. Esta comunicación fue remitida a 
VALIALE el 26 de abril de 2012, a MPM el 27 de abril de 2012. 

 
14. El 27 de abril de 2012, el secretario arbitral del Centro de Arbitraje remitió a Juan 

José Cauvi Abadilla una comunicación, a fin de que manifieste su aceptación por 
escrito al encargo de Árbitro Único, en el plazo de cinco (5) días hábiles. 

 
15. El 16 de mayo de 2012, Juan José Cauvi Abadilla comunicó al secretario arbitral 

del Centro de Arbitraje, que no asumirá el encargo por razones profesionales. 
 

16. El 23 de mayo de 2012, el Centro de Arbitraje, emitió la Resolución N°453-
2012/CSA-CA-CCL, precisando que debido a que Juan José Cauvi Abadila 
declinó a la designación al cargo de Arbitro Único, correspondía formalizar la 
designación como Arbitro Único a Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena. Esta 
comunicación fue remitida a VALIALE el 29 de mayo de 2012, a MPM el 28 de 
mayo de 2012 y a Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena el 28 de mayo de 2012. 

 
17. El 30 de mayo de 2012, Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena remitió una 

comunicación al Centro de Arbitraje, aceptando la designación como Árbitro Único 
(“árbitro”, “arbitro único”, “tribunal”). Esta comunicación, fue remitida en copia a 
VALIALE el 31 de mayo de 2012, y a MPM el 04 de junio de 2012. 

 
18. El 01 de junio de 2012, VALIALE formuló oposición a la medida cautelar de 

embargo en forma de inscripción trabada sobre el Inmueble.   
 

19. El 25 y 26 de junio de 2012, MPM y VALIALE respectivamente, recibieron 
comunicaciones del secretario arbitral del Centro de Arbitraje, mediante las que 
se citó a ambas partes a la Audiencia de Instalación de Árbitro Único para el 02 
de julio de 2012. 



5 
 

 
20. El 02 de julio de 2012, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación de Árbitro Único. 

 
21. El 06 de julio de 2012, VALIALE solicitó al Árbitro Único, deje sin efecto la Medida 

Cautelar trabado en contra del Inmueble, así como solicitar al Quinto Juzgado 
Civil, la remisión de los actuados correspondientes. 

 
22. El 11 de julio de 2012, el Árbitro Único emitió la Resolución N°1, resolviendo que 

no ha lugar al petitorio de solicitud del envío de expediente judicial, debiendo 
VALIALE hacer valer su derecho directamente. Así también, al petitorio de que se 
deje sin efecto la medida cautelar, precisa que esta deberá solicitarse cuando el 
Árbitro Único haya recibido el expediente judicial correspondiente.     
  

23. El 12 de julio de 2012, MPM planteó una demanda arbitral ante el Centro de 
Arbitraje, expresando como petitorio que se ordene a VALIALE el pago de US$ 
560.000.00, como consecuencia de la ejecución de la cláusula penal del Contrato. 

 
24. En la misma fecha, el Quinto Juzgado de Lima emitió la Resolución N°5, 

remitiendo todos los actuados del proceso cautelar N° 2278-2012-CCL al Centro 
de Arbitraje. 

 
25. El 18 de julio de 2012, VALIALE remitió al Centro de Arbitraje, un escrito 

comunicando que, dado el Quinto Juzgado de Lima tramitó los actuados 
correspondientes al proceso cautelar, proceda a resolver su solicitud ingresada el 
06 de julio de 2012. 

 
26. El 08 de agosto de 2012, VALIALE contestó la demanda planteada por MPM, 

precisando que no se puede resolver el Contrato, ni cobrar una penalidad; ya que 
la causal invocada fue responsabilidad de MPM. 
 

27. El 21 de agosto de 2012, se instaló la Audiencia de determinación de cuestiones 
materia de pronunciamiento del Árbitro Único, señalando que determinará: 

 
(i). Si la resolución del Contrato planteada por MPM, a través de carta 

notarial del 03 de enero de 2012, se encuentra de acuerdo a derecho.  
(ii). Si corresponde ordenar la ejecución de la cláusula penal; y en 

consecuencia, ordenar a VALIALE el pago a favor de MPM de la 
penalidad establecida en el Contrato.  

 
28. El 23 de agosto de 2012, la secretaria arbitral del Centro de Arbitraje solicitó al 

Banco Financiero del Perú (“Banco Financiero”), la siguiente información: 
 

(i). Si al 2 de enero de 2012, VALIALE canceló la deuda garantizada con la 
hipoteca. 

(ii). Si al 2 de enero de 2012, se levantó la hipoteca constituida sobre el 
Inmueble. 

 
29. El 16 de octubre de 2012, el Banco Financiero respondió el requerimiento de la 

secretaria arbitral del Centro de Arbitraje, señalando que: 
 

(i). Al 2 de enero de 2012, la carta de crédito emitida a favor de MORANI 
S.A.C. se encontraba vigente. 
 



6 
 

(ii). El 27 de abril de 2012, el Banco Financiero suscribió la escritura pública 
de Levantamiento de Hipoteca que fuera constituida sobre el Inmueble. 
 

30. El 24 de octubre de 2012, MPM comunicó al Árbitro que, en atención a la 
información cursada por el Banco Financiero, la hipoteca se encontraba vigente a 
la fecha del 02 de enero de 2012, motivo por el cual sí operó la resolución del 
Contrato; en consecuencia, corresponde el pago de la penalidad pactada. 

 
31. El 06 de noviembre de 2012, las partes notificaron al Árbitro Único, sus alegatos 

finales. 
 

32. El 17 de diciembre de 2012, el Árbitro Único emitió el Laudo Arbitral, resolviendo:  
 

(i). El Contrato fue resuelto válidamente; y en consecuencia, ordenó a 
VALIALE que devuelva a MPM el monto entregado a la firma del contrato 
en calidad de arras, ascendente de US$ 280,000.00 (doscientos ochenta 
con 00/100 Dólares Americanos).  
| 

(ii). MPM no tiene derecho a la pretensión de que se le pague la penalidad 
establecida en la cláusula penal del Contrato. 

 

 

  



7 
 

 
B. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS 

33. Los problemas jurídicos que se analizarán en presente informe jurídico son los 
siguientes: 
 
I. PROBLEMA PRINCIPAL 1:  

 
¿Correspondía la entrega de las arras dobladas como consecuencia de la 
resolución del contrato?  

 
II. PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

 
1. ¿Cuál es la naturaleza del contrato que celebraron las partes?  
2. ¿Qué tipo de arras se pactaron en la cláusula quinta? 
3. ¿La inejecución del levantamiento de hipoteca de VALIALE puede 

determinar la resolución del Contrato de Opción?  
 

III. PROBLEMA PRINCIPAL 2: 
 
¿La evaluación de la recusación del árbitro fue correcta? 
 

IV. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 
1. ¿Existía algún vínculo entre el árbitro y su contraparte? 
2. ¿El árbitro cumplió con su deber de revelación al aceptar el cargo? 
3. ¿El árbitro mantuvo la calidad de imparcial e independiente durante el 

arbitraje?  
4. ¿Las resoluciones emitidas por el árbitro único pueden utilizarse como 

sustento para la recusación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

C. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

C.1. RESPECTO AL PROBLEMA PRINCIPAL 1: ¿Correspondía la entrega de las 

arras dobladas como consecuencia de la resolución del contrato? 

HECHOS RELEVANTES 

1.1. Demanda Arbitral: 12 de julio de 2012 

34. En la demanda arbitral planteada por MPM, se señaló la siguiente pretensión:  
 

• Que se ordene a VALIALE el pago de la penalidad pactada en el Contrato 
Principal, como consecuencia de la ejecución de la cláusula penal fijada 
en el Contrato Principal. 
    

35. Los argumentos jurídicos que sustentaron su pedido, fueron: 
 
(i). Procede la resolución de pleno derecho del Contrato Principal, dado que 

VALIALE incumplió con su obligación de levantar la hipoteca que recae 
sobre el Inmueble, desde el 2 de enero de 2012, fecha de vencimiento 
pactado para suscribir el Contrato de Compraventa. 

(ii). El 3 de enero de 2012, a través de carta notarial, MPM cumplió con notificar 
a VALIALE, que en atención a la cláusula resolutoria, el Contrato Principal 
quedó resuelto el 03 de enero de 2012, fecha de notificación de la carta 
notarial cursada.  

(iii). Que en virtud de la cláusula penal pactada en el Contrato Principal, una vez 
verificada la inejecución y practicada la resolución de pleno derecho, MPM 
quedó habilitado para demandar la penalidad pactada ascendente a US$ 
560,000.00. 
 

1.2. Contestación de la Demanda Arbitral: 08 de agosto de 2012 
 

36. VALIALE contestó la demanda de arbitraje, alegando lo siguiente: 
 

• No se puede resolver el Contrato Principal, ni cobrar la penalidad prevista 
contra VALIALE; debido que, la causal invocada se configuró como 
consecuencia de la responsabilidad de MPM.  

• MPM omitió hechos que demuestran su responsabilidad. 
 

37. Los argumentos jurídicos que sustentaron su posición fueron: 
 
(i). En el Contrato Principal se estipuló que a la suscripción de la escritura 

pública del contrato de compraventa del Inmueble, el Banco Financiero 
participaría a fin de levantar la hipoteca. Asimismo, se dispuso que, si dicha 
hipoteca no se levantaba al momento de la firma de la escritura pública por 
causas imputables a VALIALE, entonces el contrato se resolvería. 

(ii). Que, antes de la fecha de vencimiento para ejercer la opción, VALIALE 
comunicó a MPM sobre las gestiones que venía realizando con el Banco 
Financiero; por lo que, le requirió que accediese a suscribir una minuta y 
escritura pública de compraventa de Inmueble en la cual debía intervenir el 
Banco Financiero. 

(iii). Que, MPM confunde una condición resolutoria con una cláusula resolutoria 
expresa. Dado que no se pactó que VALIALE se encargue del levantamiento 
de hipoteca del Inmueble, sino sólo se estableció la participación del Banco 
Financiero para que manifestara su voluntad de levantar hipoteca a su favor. 



9 
 

(iv). Que, MPM ha mostrado falta de buena fe contractual pues no cooperó para 
acordar el texto del contrato de compraventa de Inmueble. 

 
1.3. Audiencia de Determinación de Cuestiones Materia de Pronunciamiento  
 
38. En la Audiencia de Determinación de Cuestiones Materia de Pronunciamiento del 

Árbitro Único, se estableció que se resolvería sobre lo siguiente: 
 

(i) Determinar si se encuentra conforme a Ley, la resolución de pleno derecho 
del Contrato Principal, efectuada por MPM el 03 de enero de 2012.  

(ii) Determinar si corresponde ordenar la ejecución de la cláusula penal fijada en 
el cuarto párrafo de la cláusula quinta y en el tercer párrafo de la cláusula 
sétima del Contrato Principal, y; en consecuencia, se ordene a VALIALE el 
pago de la penalidad a favor de MPM. 

 
1.4. Alegatos Finales MPM 
 
39. MPM ratificó que el 02 de enero de 2012, el Contrato suscrito con VALIALE quedó 

resuelto, en atención a que esta no cumplió con levantar la hipoteca que recaía 
en el inmueble. 
 

40. Asimismo, alegó que probó que VALIALE actuó con culpa grave al no 
comprometer al Banco Financiero a suscribir la escritura pública de levantamiento 
de dicha hipoteca en la fecha pactada en el Contrato Principal. 

 
1.5. Alegatos Finales VALIALE 
 
41. No pactó, como obligación a su cargo, el levantamiento registral de la hipoteca, 

sino solo la participación del Banco Financiero para que manifieste su voluntad de 
levantar la hipoteca. 
 

42. En consecuencia, precisó que actuó con la diligencia debida para levantar la 
hipoteca; sin embargo, MPM no suscribió la minuta propuesta. 

 
1.6. Laudo Arbitral emitido el 10 de diciembre de 2017 

43. El Árbitro Único declaró: 
 
(i) Válidamente resuelto el Contrato Principal; y en consecuencia, señaló que 

VALIALE debía devolver a MPM el monto ascendente a US$280,000.00 
(Doscientos Ochenta Mil Dólares Americanos).  
 

(ii) MPM no tiene derecho al pago de US$ 560,000.00 (Quinientos Sesenta Mil 
Dólares Americanos) por cláusula penal. 

 
44. Los argumentos principales que sustentan la decisión del laudo arbitral fueron: 

 
- Que el Contrato Principal tiene la naturaleza de un contrato preparatorio por lo 

que de ningún modo puede asimilarse a un “contrato concluido”. 
- Aun cuando las partes pactaron arras confirmatorias, determinó que están ante 

arras de retractación porque están en un contrato preparatorio. 
- VALIALE incurrió en el supuesto de incumplimiento previsto en la cláusula 

resolutoria. 



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- Como consecuencia de la resolución del Contrato Principal, concluyó que 
corresponde que las partes se restituyan todas las prestaciones que se 
hubieran irrogado. 

- Por ello, dado que VALIALE no ejerció el derecho a opción, corresponde que 
MPM restituya US$280,000.00. 

 

I. ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL CONTRATO QUE CELEBRARON LAS 

PARTES?  

45. A fin de analizar el Contrato Principal celebrado entre las partes, que 
taxativamente se encuentra denominado como “Contrato de Opción Recíproca de 
Compraventa de Bien Inmueble con Arras Confirmatorias”, resulta conveniente 
analizar si MPM y VALIALE tuvieron la intensión de celebrar un contrato futuro o 
un contrato definitivo. 
 

46. Sobre los contratos futuros, Murillo señala que, la utilidad práctica de los contratos 
preparatorios se manifiesta “en supuestos donde por dificultades u obstáculos de 
diversa naturaleza no resulta posible ni conveniente concluir un contrato, pero las 
partes consideran recomendable asegurar su celebración futura” (MURILLO 1993: 
174).  

 
47. Esto significa, que los contratos futuros son un instrumento que buscan asegurar 

la celebración de un contrato, bajo una fórmula que se determina en el presente.  
 

48. Además, el Código Civil contempla dos modalidades de contratos preparatorios (i) 
el compromiso de contratar y (ii) el contrato de opción. 

 
49. Respecto del compromiso de contratar, el Código Civil establece lo siguiente:  

 
Código Civil 
Artículo 1414.- Por el compromiso de contratar las partes se obligan a 
celebrar en el futuro un contrato definitivo. 
 
Artículo 1415.- El compromiso de contratar debe contener, por lo menos, 
los elementos esenciales del contrato definitivo. 
 
Artículo 1418.- La injustificada negativa del obligado a celebrar el 
contrato definitivo otorga a la otra parte alternativamente el derecho a: 

 
1.- Exigir judicialmente la celebración del contrato. 
2.- Solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar. 
En uno u otro caso hay lugar a la indemnización de daños y 

perjuicios. 
(Subrayado 
agregado) 

 
50. De lo expuesto, por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar 

un contrato definitivo en el futuro; el cual contiene al menos los elementos 
esenciales del contrato que se firmará posteriormente. Asimismo, se establece 
que la negativa injustificada para celebrar el contrato definitivo otorga a la otra 
parte, alternativamente, el derecho a exigir judicialmente la celebración del 
contrato definitivo o solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar. 

 



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51. Por otro lado, respecto al contrato de opción, el artículo 1419 del CC, establece lo 
siguiente: 

 
Código Civil 
Artículo 1419.- Por el contrato de opción, una de las partes queda 
vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo 
y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. 
Artículo 1420.- Es válido el pacto en virtud del cual el contrato de opción 
reciproca puede ser ejercitado indistintamente por cualquiera de las 
partes. 
Artículo 1422.- El contrato de opción debe contener todos los elementos 
y condiciones del contrato definitivo. 

 
52. De lo expuesto, mediante el contrato de opción, una de las partes queda vinculada 

a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo. 
 

53. Existen supuestos que donde la opción de contratar en el futuro recae en ambas 
partes. En estos casos estaremos frente a un acuerdo de opción recíproca, en la 
que cualquiera de las partes puede ejercer la opción indistintamente. 
Evidentemente, ambas quedan vinculadas a su declaración de contratar en el 
futuro. Así, por ejemplo, el futuro vendedor no podrá negarse (injustificadamente) 
a vender si es que el futuro comprador ejerce el derecho de opción y viceversa. 
 

54. Una característica adicional del contrato de opción es que debe contener todos 
los elementos y condiciones del contrato definitivo. 
 

55. Este tipo de acuerdos no comporta la conclusión de un contrato propiamente 
dicho, sino, como su nombre lo dice, “prepara” a las partes para la celebración del 
contrato definitivo. En consecuencia, no puede decirse que el objeto de un 
contrato preparatorio es la prestación que se ejercitará o el bien que se trasladará 
luego de celebrar el contrato definitivo. Entonces, el objeto del Contrato 
preparatorio es la propia relación jurídica de compromiso, algunas veces con una 
mayor vinculación, como es el caso del contrato de opción.  

 
56. Entonces, si MPM y VALIALE tenían la intención de celebrar en el futuro un 

contrato de compraventa sobre el Inmueble, definitivamente las obligaciones 
propias de este contrato (transferencia, pago, liberación de gravamen, etcétera) 
solo se asumirían en el futuro, y no en el momento de la celebración del Contrato 
Principal. Mientras tanto, las partes solo quedaban vinculadas al compromiso de 
celebrar la compraventa en el futuro de dicho bien. 

 
57. En la cláusula cuarta, en efecto, las partes señalaron que el objeto del Contrato 

Principal era el propio vínculo de su declaración de celebrar en un futuro un 
contrato definitivo de compraventa: 

 



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58. Sin embargo, en otras cláusulas del Contrato Principal (por ejemplo, al momento 
de fijar arras, instrucciones del pago y condiciones resolutorias) pareciera que las 
partes están asumiendo desde ya obligaciones propias de un contrato de 
compraventa definitivo. Esto nos lleva a preguntarnos si es que MPM y VALIALE 
tenían la intención solamente de celebrar la compraventa en un futuro o si es que 
le otorgaban a este acuerdo un valor más vinculante, que lo acercara o lo 
equiparara a una compraventa propiamente dicha. 
 

59. Atendiendo a las reglas de interpretación de los contratos, las cláusulas del 
Contrato Principal deben ser interpretados atendiendo a la voluntad declarada y 
de la común intención de las partes.  

 
Código Civil  
Artículo 168.- “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que 
se haya expresado en el (…)”  
 
Artículo 1362.- “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse 
según las reglas de la (…) común intención de las partes”. 

 
(Subrayado agregado) 

 
60. En efecto, Jorge Avendaño precisa que la labor del interprete debe ser la 

búsqueda de la exteriorización de la voluntad de las partes: 
 

“El contrato es la exteriorización de la voluntad común de dos o más personas 
creadas para satisfaces sus intereses. Por tanto, la principal labor del 
intérprete debe ser la búsqueda de dicha voluntad concreta de las partes 
contratantes” (AVENDAÑO 2020:33).  

 
61. Además, se deberá considerar la regla de interpretación según la buena fe, de 

acuerdo a los artículos 168 y 1362. 
 

Código Civil  
Artículo 168.- “El acto jurídico debe ser interpretado (…) según el principio 
de la buena fe”.  
 
Artículo 1362.- “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse 
según las reglas de la buena fe (…)”. 

 
(Subrayado agregado) 

 



13 
 

62. De acuerdo a los criterios señalados y considerando que la exteriorización de la 
voluntad de las partes se concreta en el contenido de las cláusulas, corresponde 
analizarlas a fin de determinar la naturaleza del Contrato Principal. Además, los 
títulos nominativos no serán interpretados de manera literal, dado que los nombres 
de las cláusulas son meramente ilustrativos: 

 

 
 
63. ¿Podría utilizarse los artículos del Código Civil referidos a las reglas de 

interpretación del contrato y la cláusula octava del Contrato Principal para concluir 
que las partes estaban celebrando una compraventa y no un compromiso de 
compraventa?  
 

64. Algunas veces los contratos celebrados bajo una denominación específica en 
realidad tienen una naturaleza distinta a la común intención de las partes. Por 
ejemplo, en la Casación del Exp. 16-96-HUAURA, la Corte Suprema calificó como 
contrato definitivo de compraventa un contrato que expresamente se denominaba 
promesa de venta, dado que las partes habían pactado el pago del precio en 
partes, por ello, esta última circunstancia convertía el contrato en definitivo y no 
en preparatorio. 
 

65. En ese sentido, a fin de determinar la voluntad declarada de las partes en el 
Contrato Particular, analizaremos el sentido de alguna de sus cláusulas. 

 
66. En el primer párrafo de la cláusula cuarta del Contrato Principal las partes 

manifiestan su intención de celebrar en el futuro el contrato definitivo: 
 

 
 

67. Como se observa, el compromiso evidencia que las partes quieren celebrar el 
contrato definitivo en el futuro, con la posibilidad de que cualquiera ejerza la 
opción y perfeccione el contrato definitivo. 
 

68. En ese mismo sentido, la cláusula quinta del Contrato Principal señala: 
 



14 
 

 
 

69. Una vez más, en el primer párrafo se manifiesta la voluntad de las partes de 
celebrar un contrato futuro, además el tercer y cuarto párrafo se observa reglas 
que acuerdan las partes, como el ejercicio de la opción y la entrega de arras. 
 

70. De las cláusulas analizadas queda claro que VALIALE y MPM tenían la intención 
de celebrar un contrato futuro, donde además, cualquiera de las partes pudiera 
ejercer la opción de compra venta del Inmueble. Podemos concluir, en principio, 
que la voluntad de las partes encaja en la regulación de los contratos de 
opción reciproca. 

 
71. Por otro lado, los numerales 4 y 5 de la cláusula primera del Contrato Principal 

señala que las partes tenían la intención de que el Inmueble se transfiera sin 
cargas ni gravámenes. 
 

 
 

72. Del mismo modo el cuarto párrafo de la cláusula quinta del Contrato Principal, 
precisa que VALIALE tenía la obligación de transferir el inmueble libre de 
gravámenes. 
 

 
 

73. Como se evidencia de los dos extractos analizados, las partes manifiestan que 
tenían la intención de que la transferencia del Inmueble se realice libre de 



15 
 

gravámenes; para lo cual, se estableció como obligación del vendedor (VALIALE) 
la transferencia del inmueble libre de gravámenes.  
 

74. Esta figura, en la que una de las partes tiene una obligación previa a la celebración 
del contrato definitivo, no es una característica de los contratos de opción. En los 
contratos de opción no se asignan obligaciones a las partes, de hecho, hay una 
relación de sujeción donde una de las partes queda vinculada a su declaración de 
celebrar en el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho de celebrarlo 
o no. En el caso, ambas partes tienen el derecho de celebrar o no el contrato 
definitivo en el futuro, por lo que no se podría asignar una obligación al vendedor. 

 
75. Por lo descrito, no estaríamos ante un contrato típico, toda vez que si bien hay 

características que se asimilan a los contratos de opción recíproca, también se 
presentan características que se contradicen con esta figura, como es, desgravar 
el Inmueble. 

 
76. Esta estructura contractual es posible, en la medida que resulta válido que las 

partes celebren contratos que no cuentan con las características de un único tipo 
contractual, dado que en el ejercicio de la libertad contractual pueden determinar 
libremente el contenido del contrato. Al respecto, Gilberto Mendoza del Maestro 
precisa lo siguiente: 

 

“En primer lugar debemos recordar que el Código Civil regula al contrato como 
acuerdo entre diferentes partes el cual tiene como fin crear, regular, modificar 
o extinguir una relación jurídico patrimonial. 
Esta posibilidad de crear diferentes situaciones jurídicas subjetivas, ya sean 
personalísimas, autónomas, obligacionales o reales es una manifestación de 
la autonomía privada. Recordemos que según el principio de libertad 
contractual las partes podrán crear su propio programa contractual, siempre 
y cuando no se vulneren las normas, el orden público las buenas costumbres, 
dado que son fuente de producción de negocios jurídicos (contratos) ya sean 
simples, complejos, mixtos o coligados” (MENDOZA 2018: 262)   

 
77. Además, aun cuando las partes tienen un fin querido, esto es, transferir el 

Inmueble desgravado en el futuro, observamos que hay características que 
pertenecen a vínculos contractuales marcadamente distintos, así se presenta una 
obligación a cargo VALIALE de desgravar el Inmueble, y; el derecho de opción 
recíproca de ambas partes. 

78.  
En efecto, el contrato celebrado entre las partes tiene una función económica, un 
fin único. Al respecto, Soria y Osterling señalan lo siguiente: 
 

“En primer lugar, el contrato mixto es un único contrato. Es decir, un único 
negocio jurídico que cuenta con una causa única. 
Que cuente con una causa única significa que el contrato tiene una única 
función económica que deberá satisfacer. Todo contrato cuenta con una 
función abstracta o propósito práctico que las partes persiguen al realizarlo. 
Esta función económica puede ser de financiamiento, transmisiva de 
propiedad, de colaboración, etc. En términos muy sencillos, la causa 
determina cuál es la función económica que cumplirá el contrato: para que 
sirve” (SORIA 2014: 45) 

 
79. Por lo señalado, el contrato bajo análisis podría clasificarse como contrato atípico 

mixto, que en principio, busca que VALIALE libere su el inmueble de la hipoteca, 



16 
 

para que en un segundo momento, las partes puedan ejercer la opción reciproca, 
de acuerdo a las normas aplicables a este tipo de contrato.    

 
Conclusiones:  

 
80. Atendiendo a la común intención de las partes, considero que  el Contrato Principal 

es un contrato mixto, que tiene como finalidad la transferencia de un inmueble libre 
de gravámenes. Como característica adicional, atendiendo a los plazos regulados 
en el Contrato Principal, ambas actividades tienen el mismo plazo para su 
ejecución. 
 

81. Además, el cumplimiento de la primera obligación resulta ser un requisito previo 
al ejercicio del contrato de opción recíproca, toda vez que las partes tienen la 
intención de que la transferencia se realice sobre un bien liberado de cargas. 

 
 
  
  
  



17 
 

II. ¿QUÉ TIPO DE ARRAS SE PACTARON EN LA CLÁUSULA QUINTA? 

 
82. A fin de determinar el tipo de arras que pactaron las partes, resulta conveniente 

revisar la cláusula quinta del Contrato Principal:  
 

 
 

83. Considerando que la cláusula bajo comentario tiene la nominación de “arras 
confirmatorias”, es preciso desarrollar los tipos de arras recogidos en el Código 
Civil. 
 
SOBRE LAS ARRAS CONFIRMATORIAS 

 
84. Al respecto, las arras confirmatorias están reguladas en el artículo 1477° del 

Código Civil de la siguiente manera: 
 

Código Civil 
Artículo 1477.-  La entrega de arras confirmatorias importa la conclusión 
del contrato. En caso de cumplimiento, quien recibió las arras las 
devolverá o las imputará sobre su crédito, según la naturaleza de la 
prestación. 

(Subrayado agregado). 
 

85. De donde se desprende que la entrega o la tradición del bien que constituye las 
arras confirmatorias evidencia que el contrato suscrito ha concluido o se ha 
perfeccionado. 
 

86. Sobre el particular, Carlos Cárdenas4, precisa que la entrega de las arras 
confirmatorias cumple una función de señal o seña de la celebración de un 

 
4  “De acuerdo con Félix Hernámdez Gil, arras confirmatorias son aquellas que van dirigidas a reforzar de algún modo 

la existencia del contrato, ya constituyan un signo o señal de haberse celebrado o un principio de ejecución.  
Por su parte Diez Picazo indica que la entrega de las arras confirmatorias, ‘cumple una función de señal de la 
celebración de un contrato o de prueba de su perfección’. Y agrega más adelante que ‘ejercen una función probatoria: 
demuestran que el contrato se ha celebrado y ha comenzado a ser cumplido. Suponen un principio de ejecución del 
contrato y, por consiguiente, una prestación realizada en cumplimiento de una relación obligatoria’.  
A su turno, Arias Schereiber indica que las arras confirmatorias ‘no vienen a ser sino la reiteración material de que las 
partes han concluido un contrato y en muchos casos representan un adelanto de la prestación cuya ejecución aún no 



18 
 

contrato, ejerciendo una suerte de función probatoria, toda vez que el contrato se 
ha celebrado y ha comenzado a ser cumplido (2001: 221).  

 
87. Esto nos permite afirmar que las arras confirmatorias: (i) presuponen que estamos 

ante un contrato que ha quedado perfeccionado a través de la entrega de la seña, 
(ii) constituyen una prueba de que las partes tuvieron la voluntad de celebrar el 
contrato y (iii) ejecutan el contrato. 

 
88. Como se observa, se atribuye a las arras confirmatorias la función de probar 

la celebración de un contrato definitivo, motivo por el cual una vez concertado 
el acto, quien recibe las arras debe devolverlas o imputarlas al crédito. 
 

89. Al respecto, Jorge Mosset señala que el incumplimiento de la obligación vinculada 
al pacto arral, es un requisito necesario para que se activen sus efectos en los 
contratos definitivos al establecer lo siguiente:  

 
Si bien la seña actúa desde su perfeccionamiento como un constreñimiento, 
es el incumplimiento de una de las partes el hecho que desencadena los 
efectos específicos de la figura. Recordemos que el cumplimiento de las 
prestaciones nacidos del contrato obliga a restituir lo recibido como señal o, 
en caso de ser la misma naturaleza de lo debido, o tenerlo como entrega a 
cuenta. (MOSSET 1978: 128) 

 (Subrayado agregado). 
 

90. Finalmente, Manuel de la Puente y Lavalle, tomando en cuenta los estudios de 
Jorge Mosset realiza un análisis comparativo con las arras de retractación5, 
precisando que las arras confirmatorias tienen efectos cuando una de las 
partes ha incumplido con la obligación resultando sancionado, hecho que 
no ocurre en los supuestos de arras de retractación, que habilita el derecho 
de arrepentimiento a cualquiera de las partes (2017: 595).  

 
 
SOBRE LAS ARRAS DE RETRACTACIÓN 
 

91. El Código Civil regula las arras de retractación, en el artículo 1480° del Código 
Civil: 

 
Código Civil 
Artículo 1480.- La entrega de las arras de retractación sólo es válida en los 
contratos preparatorios y concede a las partes el derecho de retractarse de 
ellos. 

 
se ha materializado. Ellas presuponen, en consecuencia, la celebración de una relación contractual, que se refuerza a 
través o mediante un signo o señal’ 
De lo expuesto se concluye entonces que se atribuye a las arras confirmatorias la función de probar la celebración de 
un contrato. Ello explica que posteriormente a la concertación del acto, quien recibió las arras deba devolverlas o 
imputarlas sobre su crédito, dependiendo de este último caso de la naturaleza de la prestación en que ellas 
consisten”. 
 

5  “Mosset Iturraspe hace un interesante estudio de las analogías y diferencias entre las arras confirmatorias y las arras 
penitenciales (así denomina parte de la doctrina a las arras de retractación), estableciendo las siguientes:  
 

a) Incumplimiento y arrepentimiento 
En las arras confirmatorias es el incumplimiento de la obligación lo que desencadena los efectos de esta clase 
de arras. 
En las arras penitenciales el efecto buscado es el arrepentimiento, orientado a poner fin al contrato  principal.  
Dice Mosset Iturraspe que no es posible ni lícito confundir arrepentimiento con incumplimiento, pues mientras 
el primero es acorde con el ordenamiento jurídico, precisamente en virtud de la señal; el segundo, en cambio 
configura un obrar antijurídico. (…) ”  

 



19 
 

 
92. Del artículo citado, se puede observar que la entrega de las arras de retractación: 

(i) únicamente se pueden ejercer en los contratos preparatorios; y, (ii) otorgan 
derecho a las partes para retractarse de celebrar el contrato principal. 

 
93. Manuel de la Puente y Lavalle señala que las arras de retractación tienen la 

función de “conceder a las partes (a ambas) el derecho de retractarse del 
contrato principal mediante la pérdida de las arras en provecho del otro 
contratante, si se retracta la parte que las entregó, o la devolución doblada, si se 
retracta quien las recibió” (2017: 622).  

 
94. De lo expuesto, podemos señalar que, a diferencia de las arras confirmatorias, 

que en el marco de un contrato definitivo desencadenan sus efectos ante el 
incumplimiento, las arras de retractación en el marco de un contrato preparatorio, 
otorgan el derecho de arrepentimiento a cualquiera de las partes, evitando que se 
obligue a celebrar el contrato definitivo. 

 
95. Esto quiere decir que las partes que determinan las arras de retractación, en 

realidad, están otorgando un valor a su derecho de arrepentirse o retirarse 
antes que la celebración del contrato definitivo.  
 

96. Sobre este punto Manuel de la Puente y Lavalle se extiende, y señala: 
 

El primer efecto, aunque no el más importante, es que las partes al ponerse 
de acuerdo sobre la cosa cuya entrega va a constituir las arras de 
arrepentimiento, están valorizando la adquisición del derecho de retracción. 
En efecto, la entrega de las arras, cuando el pacto arral les da el carácter de 
penitenciales o de retracción, concede a ambas partes el legítimo derecho 
de retractarse, justificando así este derecho, que de no mediar el pacto arral, 
carecería de respaldo jurídico (DE LA PUENTE 2017: 623-624). 

 
97. Como se observa, el pacto arral concertado por las partes concede un derecho 

legítimo a las partes del contrato para que puedan desvincularse de sus 
obligaciones. 

 
98. En esta misma línea, Vladik Aldea Correa, citando a Ramón Badenas y Arias 

Schereiber, comenta lo siguiente: 
 

Advirtiendo el distingo con las señales confirmatorias, Max Arias Schereiber, 
expresaba que ‘ya no estamos, en efecto, en presencia de una 
manifestación o señal de cumplir un contrato, sino por el contrario ante una 
eventualidad válida de que las partes se arrepientan de ejecutarlo. El sentido 
de estas arras (de retractación) no está, por consiguiente, en reafirmar el 
valor del contrato, sino de autorizar a resolverlo. Confiere, pues, el derecho 
de retractarse de una relación convencional existente y por cumplirse’. 
Ramón Badenas, apoyándose en Bonet, apunta que las señales 
penitenciales, ‘pueden perseguir un fin expiatorio (arrha poenitentialis) y 
entonces viene a ser una especie de multa que abona anticipadamente una 
de las partes por reservarse el derecho de rescindir el contrato a su libre 
arbitrio. (ALDEA 2015: 806)  

 
99. Es claro entonces que las arras de retractación no reafirman la voluntad de las 

partes de celebrar el contrato; por el contrario, habilitan a las partes a poder 
retractarse de ellos, a cambio de una compensación, motivo por el que solo es 
posible su aplicación en los contratos preparatorios. 



20 
 

 
100. Finalmente, Manuel de la Puente y Lavalle, señala: 

 
Estoy de acuerdo con la posición tomada por el artículo 1480 del Código 
civil, ya que precisamente el contrato preparatorio se celebra porque en la 
oportunidad de hacerlo las partes no quieren o no pueden celebrar aún el 
respectivo contrato definitivo, razón por la cual resulta coherente que se 
permita a las partes pactar el arrepentimiento del contrato preparatorio 
mediante la entrega de las arras de retractación. Obsérvese que no se trata 
de un simple derecho unilateral de retractarse del contrato definitivo, sino 
de un derecho unilateral que emana de un pacto que concede a cada parte 
ese derecho referido al contrato preparatorio, privándolo de sus efectos 
(DE LA PUENTE 2017: 628). 

 (Subrayado agregado) 
 
 
101. Como punto adicional, el artículo 1481 regula los efectos de la retractación:  

 
Código Civil 
Artículo 1481.- Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en 
provecho del otro contratante. 
Si se retracta quien recibe las arras, debe devolverlas dobladas a tiempo de 
ejercitar el derecho. 

 
102. El artículo plantea que ambas partes pueden retractarse, bastando que 

manifiesten su voluntad o que incumplan alguna obligación pactada como 
condición vinculada antes de la celebración de que se materialice el contrato 
definitivo. 

 
103. Además, el efecto central del ejercicio del derecho de las arras de 

retractación es la extinción de la obligación de celebrar el contrato definitivo. 
Al respecto, Vladik Aldea Correa señala: 
 

Como vemos, las señas penitenciales o arras de retractación son un 
válido mecanismo extintivo de obligaciones contractuales, cuando una 
de las partes manifiesta a la otra su voluntad de arrepentirse de cerrar 
o celebrar el contrato definitivo. 
En este escenario, el bien dado a título de arras de retractación lo pierde 
quien lo entrega y se retracta; o lo tiene que devolver doblado, cuando 
el que se arrepiente es quien lo recibió al momento de celebrarse el 
contrato preparatorio. En ambas situaciones se habrá provocado la 
extinción de la relación jurídica obligacional. (ALDEA 2015: 816) 
 

(Subrayado agregado). 
 

104. En atención a la distinción desarrollada, en el caso estamos ante un supuesto de 
arras de retractación, toda vez que se encuentra vinculada al derecho de opción 
reciproca que tiene cada parte. 
 

105. Como punto adicional, en referencia la pretensión de MPM mediante la cual 
solicita que se ejecuten las arras en cumplimiento con la cláusula penal, es preciso 
señalar que dicha estipulación no es aplicable en el Contrato Principal, por las 
siguientes precisiones: 

 



21 
 

106. En principio, la clausula penal es una estipulación que se refiere a la pena 
convenida por las partes en los supuestos de incumplimiento de obligaciones. Al 
respecto, Juan Espinoza Espinoza, señala lo siguiente: 

 

“La cláusula penal es definida como “un negocio jurídico”, o una 
convención o estipulación accesoria, por la cual una persona, a fin de 
reforzar el cumplimiento de la obligación, se compromete a satisfacer 
cierta prestación indemnizatoria si no cumple lo debido o lo hace 
tardíamente” (ESPINOZA 2014: 222)  

 
107. Como se observa, la clausula penal supone una promesa de entrega de una 

prestación resarcitoria, supuesto que dista de La naturaleza de las arras de 
retractación.  
 

108. De hecho, la cláusula penal, podría ser confundida con las arras de retractación, 
toda vez que ambas son clausulas accesorias, estipulan indemnización fija, ambas 
exigen incumplimiento de una obligación. Sin embargo, así como se presentan 
semejanzas en estas figuras, encontramos también diferencias sustanciales: 

 

“a) La cláusula penal supone una promesa de entrega en caso de 
incumplimiento, mientras que las arras penales suponen para una de 
las partes una entrega efectiva y previa que se pierde en caso de 
incumplimiento y la promesa de una entrega del duplo para la otra parte. 
 
b) Las arras penales no protegen por el retardo en el incumplimiento y 
la cláusula penal sí. 
 
c) El juez no puede reducir las arras penales, lo que si puede hacer en 
el caso de la cláusula penal.” (DE LA PUENTE 2017:613).  

 
109. Sin embargo, como concluimos, en el caso estamos ante arras de retractación, y 

las diferencias entre la clausula penal y las arras de retractación son más notarias, 
toda vez que cuando las partes se valen de las arras de retractación no están 
incumpliendo ninguna obligación. Al respecto Manuel de la Puente señala lo 
siguiente: 
 

“Kemelmajer de Carlucci, con gran minuciosidad enumera las siguientes 
diferencias que alejan a las arras penitenciales y la multa penitencial de 
la cláusula penal: 
 
Por la conducta prevista. Cuando las partes hacen uso de las arras no 
quiebran ninguna obligación, sino ejercitan una facultad reconocida por 
el contrato y la ley. 
Por los sujetos que pueden invocarla. La cláusula penal solo juega en 
favor del acreedor, mientras que las arras favorecen a ambas partes. 
Por el objeto. El objeto de las arras es generalmente – aunque no 
siempre – una parte proporcional del precio, mientras que la cláusula 
penal es, muchas veces, de un valor superior al de la prestación. 
Por la oportunidad en la que operan. Las arras aparecen en el momento 
de formación del contrato, mientras que la cláusula penal adquiere 
virtualidad en el de su ejecución. 



22 
 

Por las funciones que cumplen. Las arras tienden a debilitar el vínculo 
otorgando la posibilidad de arrepentimiento, mientras que la cláusula 
penal opera reforzándolo. 
Por los derechos y obligaciones conferidos. En las arras el derecho a 
exigir la prestación principal está limitado por la facultad que tiene la otra 
parte de arrepentirse, mientras que en la cláusula penal el derecho del 
acreedor no puede ser enervado por el deudor, porque el no tiene el 
derecho a liberarse pagando la pena.” (DE LA PUENTE 2017: 635-636) 

 
110. En el mismo sentido, Juan Espinoza precisa lo siguiente: 

 
“Autorizada doctrina enseña que, a diferencia de la arra confirmatoria, 
“la penitenciaria –en el Codice, de retractación en el Código Civil–
implica el derecho de apartamiento –en el Codice, retracto en el Código 
Civil– del contrato”. Entonces, el limitado ámbito de las arras de 
retractación: Contratos preparatorios 
y derecho al retracto, hace la diferencia con la cláusula penal.” 
(ESPINOZA 2014: 229) 

 
111. Finalmente, por lo señalado, podemos concluir que, habiendo determinado que en 

el caso estamos ante arras de retractación (penitenciales), no resulta asimilable a 
la figura de la cláusula penal.  

 
Conclusiones: 
 

112. Debido a que en el capítulo previo determinamos que el Contrato Principal es un 
contrato mixto que contiene: (i) una obligación del vendedor, y; (ii) un contrato de 
opción recíproca, y dado que esta forma parte de los contratos preparatorios, 
atendiendo al desarrollo de las figuras, las arras pactadas deben entenderse como 
de retractación, aun cuando las partes señalaron que se trata de arras 
confirmatorias.   
 

113. La inclusión de las arras de retractación en el Contrato Principal cumpliría su 
función respecto del contrato de opción reciproca, habilitando a las partes 
(indistintamente), la posibilidad de renunciar al dinero otorgado en arras, antes del 
cumplimiento del plazo estipulado en el contrato de opción recíproca. 
 

114. Siendo ello así, las arras de retractación pactadas por las partes, se encontraban 
vinculadas al ejercicio de la opción de celebrar y perfeccionar el contrato definitivo 
en un periodo de 45 días desde la celebración del Contrato Principal. Por lo 
señalado, dado que ninguna de las partes ejerció la opción dentro del plazo 
estipulado en el contrato de opción recíproca (que coincide con el plazo del 
Contrato Principal), no existió supuesto para que las partes ejerzan su derecho a 
retractarse.  

 
  



23 
 

 
 
III. ¿LA INEJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA DE VALIALE PUEDE 

DETERMINAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO?  

115. Habiendo concluido que estamos ante un contrato mixto, que tiene una primera 
obligación y un contrato de opción reciproca, resulta conveniente señalar que la 
actividad: “levantamiento de hipoteca” es esta primera obligación a cargo de 
VALIALE. 
  

116. Al respecto, resulta necesario, observar el sentido del cuarto párrafo de la cláusula 
quinta del Contrato Principal: 

 

 
 

117. Como observamos en los capítulos previos, la cláusula quinta regula a las arras 
de retractación, sin embargo, revisando el cuarto párrafo, se observa que el 
ejercicio de la opción está vinculado al cumplimiento de una obligación que debe 
ser cumplida por la vendedora (VALIALE), supuesto que no es asimilable a la 
figura del contrato de opción. 
 

118. En ese sentido, la redacción resaltada evidencia que VALIALE tiene la obligación 
de transferir el inmueble libre de gravámenes, sin embargo, la consecuencia ante 
el incumplimiento que determina que VALIALE, esto es: el deber de entregar las 
arras dobladas, es una figura vinculada al contrato de opción reciproca, por lo que 
no se debe considerar como una consecuencia propia del incumplimiento de la 
obligación. 

 
119. En esta misma línea, el tercer párrafo de la cláusula sexta del Contrato Principal, 

precisa también, una consecuencia ante el incumplimiento del levantamiento de 
hipoteca: 

 

 
 

120. Este párrafo precisa que VALIALE ante el incumplimiento del levantamiento de la 
hipoteca debe devolver las arras dobladas. Atendiendo al esquema analizado, la 
entrega de las arras dobladas no es asimilable al incumplimiento del levantamiento 
de la hipoteca, sino es una regulación propia del contrato de opción recíproca.  
 

121. Ahora bien, el incumplimiento de la obligación del levantamiento de la hipoteca si 
hubiera podido significar la resolución del Contrato Principal, sin embargo, debido 
a que tanto: (i) la obligación de levantar la hipoteca, y (ii) el contrato de opción 
recíproca, debían ejecutarse en el mismo plazo; no habría sido posible resolver el 
Contrato Principal debido a que ambas actividades concluían en la misma fecha.    
 
 



24 
 

 
Conclusión: 

 
122. Como se observa, el fin del plazo de vigencia del contrato de opción reciproca 

coincide con el día que VALIALE tenía la obligación de liberar de gravámenes a la 
propiedad, por ello, aun cuando MPM se encontraba habilitado para ejercer la 
cláusula resolutoria desde el 2 de enero de 2012, en el caso no tendría mayor 
efecto, debido a que en esa fecha, el contrato se encontraba extinto. 
 

123. Por tal motivo, la carta notarial No. 4342 notificada el 3 de enero de 2012, a través 
del cual MPM comunica a VALIALE la resolución del contrato, no tendría efecto, 
dado que el Contrato Principal no se encontraba vigente. 

 
  



25 
 

 
IV. ¿CORRESPONDÍA LA ENTREGA DE LAS ARRAS DOBLADAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO? 

 
124. Ahora bien, habiendo establecido que VALIALE es quien recibió las arras de 

retractación, es preciso cuestionarnos si como consecuencia de la resolución del 
contrato, correspondía que VALIALE entregue arras dobladas a MPM. 

 
125. En la doctrina se plantea el problema de que los daños sean mayores a las arras 

confirmatorias. Entonces: quien no cumple con celebrar el contrato definitivo 
¿debe resarcir al perjudicado además de entregarle las arras correspondientes?  

 
126. Una opinión mayoritaria determina que, las arras confirmatorias no constituyen un 

resarcimiento del perjuicio resultante del incumplimiento en virtud del principio de 
que el resarcimiento debe ser proporcional al daño: las arras, en este caso, 
constituyen sólo una parte del resarcimiento total del daño […] (MURILLO 1993: 
236) 

 
127. En cambio, con las arras de retractación o desistimiento, los efectos son distintos: 

las arras de retractación o desistimiento otorgan el derecho de arrepentirse y 
no cabe la posibilidad de resarcimiento, porque el que ejerce esa facultad está 
en ejercicio de un legítimo derecho (MURILLO 1993: 237-238). 

 
128. Por ello, aun cuando cualquiera de las partes hubiera ejercido la opción, la 

contraparte tenía el derecho de arrepentirse y renunciar a las arras. 
 

129. En el caso, no se cumplió con la primera obligación estipulada en el Contrato 
Principal (levantamiento de hipoteca) en el plazo determinado (2 de enero de 
2012), por lo que, las partes no pudieron ejercer la opción para perfeccionar el 
contrato definitivo (que coincidentemente era hasta el 2 de enero de 2012). 

 
130. Además, MPM remitió una comunicación notarial el 3 de enero de 2012 

resolviendo el Contrato Principal y solicitando la entrega de las arras dobladas, 
fuera del plazo regulado por el Contrato Principal. 

 
131. Por lo señalado, habiendo determinado que ninguna de las partes ejerció la 

opción, y al no encontrarse vigente el Contrato Principal, corresponde que se 
restituyan las arras al comprador. 

 
Conclusiones: 

 
132. MPM remitió la carta notarial de resolución contractual fuera del plazo de vigencia 

del Contrato Principal. 
 

133. Ninguna de las partes ejerció la opción dentro del plazo determinado en el contrato 
de opción reciproca, por lo que no corresponde la entrega de las arras de 
retractación. 
 

134. Al no encontrarse vigente el Contrato Principal, no es posible su resolución, dado 
que no pueden cesar los efectos de algo que ya no tiene efecto ni denunciar el 
incumplimiento de obligaciones donde no hay obligaciones. 
 

135. Por lo señalado, concluido el plazo, correspondía que VALIALE restituya las arras 
entregadas por MPM. 



26 
 

C.2. RESPECTO AL PROBLEMA PRINCIPAL 2: ¿La evaluación de la recusación 

del árbitro fue correcta? 

1. HECHOS RELEVANTES 

1.1. MPM solicita reconsideración contra Resolución N°4  

136. El 16 de agosto de 2019, MPM ingresó un recurso de reconsideración contra la 
Resolución N°4 emitida el 9 de agosto de 2012, a fin de dejar sin efecto lo resuelto 
en el primer punto de la parte resolutiva; la cual dispuso tener por presentada la 
contestación de demanda ingresada por VALIALE, y que en consecuencia se 
declare la rebeldía de VALIALE. Sustentando su pedido en lo siguiente: 

 
1. Existe un error in procedendo; debido a que no se ha respetado el plazo 

procedimental de obligatorio cumplimiento, y que no se ha otorgado una 
ampliación de plazo, así como no se ha incorporado de oficio las pruebas. 

2. MPM no tenía conocimiento de la presentación extemporánea de las pruebas 
para presentar una solicitud de rebeldía, por el contrario, se enteraron de este 
hecho con la emisión de la Resolución N° 4. 

 

1.2. Árbitro Único resuelve Reconsideración 

137. El 17 de agosto de 2019, el árbitro resuelve declarar infundado el recurso de 
reconsideración, precisando que: 
 
1. La contestación de la demanda fue admitida conforme a Ley, y de acuerdo a 

la disposición del artículo 36.46 del Reglamento de Arbitraje 2008.    
2. No es posible aplicar la sanción de rebeldía, debido a que toda sanción debe 

estar expresamente prevista, por ello no cabe restricción de derechos por 
aplicación analógica. 

3. En tanto no hay regulación particular en el convenio arbitral, reglamento, o 
Decreto Legislativo N°1071 (en adelante, Decreto Legislativo), se permite 
cierta flexibilidad en los plazos, siempre que no se afecte el derecho sustancial 
de defensa. 
 

1.3. MPM solicita recusación de Árbitro Único 

138. En atención a los antecedentes que figuran en la Resolución N°570-
2012/CSA.CA-CCL, se precisa que el 16 y 24 de agosto de 2012, MPM formuló 
recusación contra el árbitro, Dr. Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, 
precisando que: 
 
1. El árbitro representa a una parte que interviene como litisconsorte pasivo 

necesario de la reconvención formulada en otro caso arbitral, en el cual el 
abogado de VALIALE representa a la parte demandada. 

2. Si bien el argumento referido por si solo podría no ser trascendental; mediante 
Resolución No. 4, el árbitro recusado resolvió tener presente en su momento 
los argumentos planteados por VALIALE en el escrito de contestación y por 
ofrecidas las pruebas señaladas en dicho escrito, aun cuando este fue 
presentado de manera extemporánea. 

3. La Resolución N° 6 evidencia la falta de imparcialidad del árbitro recusado; ya 
que desestima el pedido de rebeldía señalando que dicha figura y sus efectos 
no están contemplados en el proceso arbitral. 

 
6 Numeral 4 del Artículo 36: “El Tribunal Arbitral podrá, a su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para las 
actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos” 



27 
 

 
139. En respuesta, el 24 de agosto y 6 de septiembre, el árbitro absolvió los argumentos 

de recusación planteada por MPM: 
 
1. El árbitro textualmente señala: “La empatía con el doctor Edgardo Mercado 

Neumann no es otra cosa que buena educación y cortesía entre profesionales 
que no se han visto hace mucho tiempo, pero que se conocen hace unos 35 
años, puesto que este fue su alumno” 

2. En relación a la decisión adoptada en la Resolución No.4, que declara 
infundada la solicitud de reconsideración de MPM, debido a que el Código 
Procesal Civil no es de aplicación en arbitrajes regulados por el Reglamento 
del Centro y que no pueden aplicarse sanciones procesales no previstas. 

3. La recusación se apoya en una discrepancia con el criterio jurídico procesal 
del árbitro sobre aplicación de plazos, no imposición de oficio de sanción 
procesal de rebeldía a la parte demandada, admisión de medios probatorios 
y, en general, sobre dirección de las actuaciones procesales sin contrariar el 
numeral 1 del artículo 36 del Reglamento de Arbitraje ni el derecho de defensa.  

 
140. Por otro lado, el 24 de agosto de 2012, VALIALE se pronunció sobre la recusación 

planteada, precisando que:  
 
1. Resulta forzado que existe parcialidad en el presente caso arbitral, dado que 

el Dr. Guillermo Lohmman Luca de Tena (árbitro en el presente caso), es 
abogado en un proceso arbitral distinto al presente conjuntamente con el 
abogado de la demanda. 

2. Los árbitros no se encuentran impedidos de ejercer su profesión, y en el caso, 
el árbitro informó a las partes las posibles relaciones con las partes o sus 
abogados, hecho que demuestra una total transparencia e imparcialidad. 

 

1.4. Consejo Superior se pronuncia sobre solicitud de Recusación 

141. El Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima evaluó la    
recusación planteada por MPM, precisando que estas se fundamentan en dos 
situaciones:  

(i) la relación que existiría entre el Árbitro y el Dr. Edgardo Mercado (abogado 
de VALIALE), y;  

(ii) Las decisiones contenidas en las Resoluciones N°4 y N° 6 emitidas con 
fechas 9 y 17 de agosto de 2012. 

 
142. Sobre estas situaciones, el Consejo Superior de Arbitraje concluyó que la relación 

existente entre el Árbitro y el abogado de VALIALE respecto al desarrollo de otro 
arbitraje, no constituye una circunstancia que genere dudas justificadas sobre su 
imparcialidad, debido a que ambos representan a partes con intereses diferentes 
en dicho arbitraje.  

 
143. Por otro lado, en relación al cuestionamiento realizado en base a las Resoluciones 

N°4 y N°6, el Consejo considera que atendiendo al numeral 5 del artículo 29 del 
Decreto Legislativo, no proceden las recusaciones basadas en las decisiones 
emitidas por el árbitro durante las actuaciones arbitrales. Por lo señalado, el 
Consejo estima que MPM no ha acreditado ninguna situación que genere dudas 
justificadas sobre la imparcialidad del Árbitro, por lo que determina que la 
recusación planteada es infundada.  

 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO 



28 
 

144. A fin de analizar los problemas jurídicos, es preciso revisar si la recusación del 
Árbitro Único fue correcta, corroborando si todo el procedimiento que se siguió 
para su elección fue correcto. Por ello, el punto de partida es el análisis del 
acuerdo inicial que pactaron las partes en el convenio arbitral del Contrato 
Principal. 

 
145. Como primer punto, el mecanismo de solución de controversias acordado por las 

partes está señalado en la Cláusula Duodécima del Contrato Principal: 
 

Clausula Duodécima 
El presente contrato y el contrato definitivo quedan sometidos a las leyes 
peruanas. Toda controversia derivada de la interpretación o ejecución del 
presente contrato y del contrato definitivo, será resuelta directamente por las 
partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar sus mayores 
esfuerzos para la solución armónica de sus controversias con base en las 
reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención expresada en el 
presente contrato, en un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Si vencido el plazo indicado en el párrafo a interferir, las diferencias entre 
las partes subsistieran, la controversia será sometida a la decisión 
inapelable de un árbitro único que será designado por el Centro de 
Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio 
de Lima y no podrá exceder de 90 días desde la instalación del tribunal 
arbitral, pudiendo los árbitros prorrogar dicho plazo por causas justificadas. 
El arbitraje será de derecho. 
 
El lugar del arbitraje será la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará 
en el procedimiento arbitral será el castellano. Los gastos y costos 
correspondientes al arbitraje serán asumidos por la parte que no se vea 
favorecida con la Decisión del Tribunal Arbitral. 
       (Subrayado agregado) 

 
146. El contenido y la forma de la Cláusula Duodécima está redactada conforme a la 

regulación contenida en el artículo 13 del Decreto Legislativo, de la que se 
desprende que el arbitraje es un medio de solución de controversias que se 
materializa en un convenio arbitral pactado por las partes a fin de resolver sus 
discrepancias ante un tribunal arbitral. En el caso el convenio arbitral tiene la forma 
de una cláusula incluida en el Contrato de opción.7 
 

147. El primer párrafo de la Cláusula Duodécima, prevé la posibilidad de que las partes 
puedan resolver sus controversias directamente en el plazo de quince (15) días 
hábiles. Resulta importante resaltar que este acuerdo activa el inicio del arbitraje, 
otorgando la posibilidad a cualquiera de las partes a iniciar las conversaciones 
directas para solucionar la controversia en el arbitraje.  

 
148. Habiendo acordado ambas partes en someterse a un arbitraje institucional 

seguido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (en 
adelante, Centro de Arbitraje) y en atención al segundo párrafo de la Cláusula 

 
7 Artículo 13 del Decreto Legislativo N°1071: 

Contenido y forma del convenio arbitral: 

1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o 
ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica 
contractual o de otra naturaleza. 
2. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o 
la forma de un acuerdo independiente. 
(…) 



29 
 

Duodécima del Contrato Principal8, resultaba de aplicación el Reglamento del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 2008 (en adelante, 
Reglamento de Arbitraje 2008), que disponía en su artículo 69, que la sola petición 
de arbitraje de una de las partes significa la renuncia a este mecanismo previo e 
inicio del procedimiento arbitral. Por ello, el hito que marca el inicio del arbitraje, 
fue la petición de arbitraje ingresada por MPM el 14 de marzo de 2012. 

 
149. En relación a la elección del árbitro, es conveniente explicar el alcance de la 

potestad que tienen las partes para elegir al árbitro, en ese sentido; el numeral 3 
del artículo 22 del Decreto Legislativo señala que los árbitros pueden ser 
nombrados por las partes, por una institución arbitral o por cualquier tercero a 
quien las partes hayan conferido el encargo. Como se observa, como primera 
alternativa, la norma otorga poderes a las partes para designar al tribunal o al 
árbitro que se encargaría de solucionar su controversia, y como segunda 
alternativa, la norma faculta a que las partes puedan encargar esta elección a un 
tercero. 
 

Decreto Legislativo N°1071 
Artículo 22.- Nombramiento de los árbitros 

(…) 
3. Los árbitros serán nombrados por las partes, por una institución arbitral 
o por cualquier tercero a quien las partes hayan conferido el encargo. La 
institución arbitral o el tercero podrán solicitar a cualquiera de las partes 
la información que consideren necesaria para el cumplimiento del 
encargo. 

 

150. En el caso, en la fecha en que MPM ingresó la petición de arbitraje al Centro de 
Arbitraje, delegó a esta institución la elección y designación del árbitro de acuerdo 
a su Reglamento de Arbitraje 2018, a fin de que el árbitro elegido resuelva la 
controversia en el plazo de noventa (90) días, con la posibilidad de ampliar el plazo 
por causas justificadas, en el marco de un arbitraje de derecho10. 

 
151. La regulación de los arbitrajes nacionales que se resuelven en derecho, precisan 

que el árbitro debe ser abogado, salvo que las partes pacten acuerdo en contrario. 
En el convenio arbitral pactado por MPM y VALIALE, no se determinó que el árbitro 
debía ser un profesional distinto, por ello, el Centro de Arbitraje designó a un 
árbitro abogado. Esta disposición es recogida también por la cláusula 3 del artículo 
25 del Reglamento de Arbitraje 200811. 

 
8 Numeral 1 del Artículo 7 del Decreto Legislativo N°1071:  

Arbitraje Ad hoc e Institucional: 

El arbitraje puede ser ad hoc o institucional, según sea conducido por el tribunal arbitral directamente u organizado 
y administrado por una institución arbitral. 

9 Artículo 6 del Reglamento del Reglamento de Arbitraje 2008 de la Cámara de Comercio de Lima .-  
Conclusión del Trato Directo u otros mecanismos de Solución de Controversias: 
Si antes de la presentación de la petición de arbitraje, las partes han pactado la aplicación del trato directo, 
negociación, conciliación u otro mecanismo autocompositivo de solución de controversias, la sola petición de arbitraje 
por una de ellas significa, sin admitirse prueba en contrario, la renuncia a la utilización de tales mecanismos, háyase 
o no iniciado su aplicación.  

10 Numeral 1 y 3 del Artículo 57 del Decreto Legislativo N°1071:  
Normas aplicables al fondo de la controversia: 
1. En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la controversia, de acuerdo a derecho.  
3. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 de este artículo, el tribunal arbitral decidirá en 

equidad o en conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente para ello.  
11 Numeral 3 del Artículo 25 del Reglamento de Arbitraje 2008 de la Cámara de Comercio de Lima: 

Calificación de los árbitros: 

3. En el arbitraje nacional que deba decidirse en derecho, se requiere ser abogado salvo acuerdo en contrario. De 
ser el caso no se requerirá ser abogado en ejercicio ni pertenecer o estar inscrito o habilitado por ninguna asociación 
o gremio de abogados nacional o extranjera. 



30 
 

 
Decreto Legislativo N°1071 
Artículo 22.- Nombramiento de los árbitros 

1. En el arbitraje nacional que deba decidirse en derecho, se requiere ser 
abogado, salvo acuerdo en contrario. En el arbitraje internacional, en 
ningún caso se requiere ser abogado para ejercer el cargo. 
2. Cuando sea necesaria la calidad de abogado para actuar como árbitro, 
no se requerirá ser abogado en ejercicio ni pertenecer a una asociación 
o gremio de abogados nacional o extranjera. 

 
 
152. En atención a los antecedentes, el Centro de Arbitraje, encargado de la elección 

del árbitro a partir de la petición presentada por MPM, realiza la elección del árbitro 
único a través del procedimiento de elección aleatoria12, regulado en el artículo 27 
del Reglamento de Arbitraje 2008.  
 

153. En el caso, se observa que la institución arbitral realiza dos elecciones previas a 
la elección definitiva del árbitro, debido a que los primeros dos abogados 
propuestos declinaron a la designación, el primero por conflicto de intereses, y; el 
segundo por no disponer de tiempo. La tercera elección, la definitiva, es la 
aceptada por el abogado Juan Guillermo Lohmann en el plazo previsto por la 
norma, quien acepta el encargo, declarando que no tiene impedimento o conflicto 
que pueda interferir en el desarrollo de su labor como árbitro.  
 

154. A modo de recuento de los puntos previos analizados, se evidencia que la 
elección y aceptación del árbitro Juan Guillermo Lohmann (en adelante, 
Arbitro Único o Árbitro) cumplió con los acuerdos contenidos en el Contrato 
Principal, Decreto Legislativo y Reglamento de Arbitraje 2008.  

 
155. Además, se debe precisar que las partes no cuestionaron la designación del 

árbitro que, en atención al literal b) del artículo 31 del Reglamento de 
Arbitraje 2008, debía realizarse dentro del plazo de los cinco (5) días de haber 
tomado conocimiento de su nombramiento.  

 
156. Ahora bien, a modo de marco teórico, conviene precisar que la recusación es una 

facultad que tienen las partes para cuestionar la idoneidad del árbitro o tribunal 
arbitral. Al respecto, Marianella Ledesma señala lo siguiente: 
 

“La recusación es una excepción mediante la cual una parte rechaza tener 
por juez a uno o varios de los miembros del tribunal arbitral. Encuentra su 
origen en una circunstancia personal que conduce a una parte a solicitar que 
el árbitro sea desapoderado de sus funciones en el diferendo. La recusación 
es la facultad reconocida a las partes durante el desarrollo de un proceso 
para cuestionar la idoneidad de quien o quienes tengan a su cargo la 
resolución del conflicto; sin embargo, esa facultad también permite a las 
partes dispensar los motivos de recusación que conocieren y en tal caso no 
procederá la recusación o impugnación del laudo.” (LEDESMA 2014: 100) 

 

 
12 Numeral 3 del Artículo 27 del Reglamento de Arbitraje 2008 

Designación de árbitros por el Consejo 
El Consejo Superior de Arbitraje efectuará la designación siguiendo un procedimiento de asignación aleatoria, 
teniendo en cuenta, en lo posible, la naturaleza de la controversia, la especialidad requerida y lo hará también, en 
tanto se pueda, de manera rotativa. 

 



31 
 

157. En ese sentido, el artículo 29 del Decreto Legislativo N°1071, dispone el 
procedimiento de recusación que deben seguir las partes para cuestionar la 
idoneidad de los árbitros: 
 

“Decreto Legislativo N°1071 
Artículo 29.- Procedimiento de recusación. 

 
1. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación 
de árbitros o someterse al procedimiento contenido en un reglamento 
arbitral. 
 
2. A falta de acuerdo o de reglamento arbitral aplicable, se aplicarán las 

siguientes reglas: 
a. La recusación debe formularse tan pronto sea conocida la 
causal que la motiva, justificando debidamente las razones en que 
se basa y presentando los documentos correspondientes. 
b. El árbitro recusado y la otra parte podrán manifestar lo que 
estimen conveniente dentro de los diez (10) días siguientes de 
notificados con la recusación. 
c. Si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro renuncia, 
se procederá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma 
forma en que correspondía nombrar al árbitro recusado, salvo que 
exista nombrado un árbitro suplente. 
d. Si la otra parte no conviene en la recusación y el árbitro 
recusado niega la razón o no se pronuncia, se procederá de la 
siguiente manera: 

i) Tratándose de árbitro único, resuelve la recusación la 
institución arbitral que lo ha nombrado o, a falta de ésta, la 
Cámara de Comercio correspondiente, conforme a los 
incisos d. y e. del artículo 23. 
ii) Tratándose de un tribunal arbitral conformado por más 

de un árbitro, resuelven la recusación los demás árbitros 
por mayoría absoluta, sin el voto del recusado. En caso de 
empate, resuelve el presidente del tribunal arbitral, a 
menos que él sea el recusado, en cuyo caso resuelve la 
institución arbitral que hubiese efectuado su nombramiento 
o, a falta de ésta, la Cámara de Comercio correspondiente, 
conforme al inciso d y e del artículo 23. 
iii) Si se recusa por la misma causa a más de un árbitro, 

resuelve la Cámara de Comercio correspondiente, 
conforme a los incisos d y e del artículo 23. Sin embargo, 
si el presidente no se encuentra entre los recusados, 
corresponde a éste resolver la recusación. 

"e) En los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano, 
si la otra parte no conviene en la recusación y el/la árbitro/a recusado/a 
niega la razón, no se pronuncia o renuncia, resuelve la recusación la 
institución arbitral; a falta de esta, la Cámara de Comercio 
correspondiente, conforme a los literales d) y e) del artículo 23. Es nulo 
todo acuerdo que establezca la posibilidad de que los miembros de un 
tribunal arbitral resuelvan la recusación de los demás árbitros." (*) 

 
(*) Literal e)  incorporado por el Artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 
020-2020, publicado el 24 enero 2020.13 

 
13 Se incluyó el artículo modificado, toda vez que la incorporación no afecta al análisis del informe. 



32 
 

 
3. Salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión 
de un laudo, es improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el 
árbitro debe considerar su renuncia, bajo responsabilidad, si se encuentra 
en una circunstancia que afecte su imparcialidad e independencia. 
 
4. El trámite de recusación no suspende las actuaciones arbitrales, salvo 
cuando así lo decidan los árbitros. 
 
5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, 
no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno 
de los motivos de recusación invocados. No procede recusación basada 
en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las 
actuaciones arbitrales. 
 
6. Cuando por disposición de este Decreto Legislativo corresponda 
resolver la recusación a una Cámara de Comercio, lo hará la persona u 
órgano que la propia Cámara determine. A falta de previa determinación, 
la decisión será adoptada por el máximo órgano de la institución. 
 
7. La decisión que resuelve la recusación es definitiva e inimpugnable. Si 
no prosperase la recusación formulada con arreglo al procedimiento 
acordado por las partes, el reglamento arbitral aplicable o el establecido 
en este artículo, la parte recusante sólo podrá, en su caso, cuestionar lo 
decidido mediante el recurso de anulación contra el laudo.” 

 
158. Habiendo revisado el numeral 1 del artículo 29 de Decreto Legislativo N°1071, 

conviene precisar que las partes tienen libertad en el diseño del procedimiento de 
recusación, este hecho posibilita a que las partes puedan optar por los 
procedimientos dispuestos por los centros de arbitraje que administren sus 
procedimientos arbitrales.  
 

159. Entonces, atendiendo a que las partes se sometieron al arbitraje institucional 
sujeto a la administración del Centro de Arbitraje, resulta de aplicación el artículo 
31 del Reglamento de Arbitraje 2008 que regula el procedimiento que, tanto 
VALIALE como MPM debía seguir para la recusación del Árbitro Único: 

 
“Procedimiento de recusación 
Artículo 31º.- 
1. Para recusar a un árbitro, se observará el siguiente procedimiento: 

 
a. La parte que recuse a un árbitro deberá comunicarlo por escrito al 
Secretario General, precisando los hechos, fundamentos y, de ser el 
caso, las pruebas de la recusación. 

 
b. La recusación se presentará dentro del plazo de cinco (5) días de 
haber tomado conocimiento de la aceptación del árbitro recusado o, 
en su caso, de las circunstancias que dieron lugar a duda justificada 
respecto de su imparcialidad o independencia.  
 
c. El Secretario General pondrá dicha recusación en conocimiento del 
árbitro recusado y de la otra parte para que manifiesten lo que estimen 
conveniente, dentro del plazo de cinco (5) días de haber sido 
notificados. Asimismo, informará de esta recusación al resto de 
integrantes del Tribunal Arbitral, de ser el caso.  



33 
 

 
d. Si la otra parte conviene con la recusación, o el árbitro recusado 
renuncia voluntariamente, éste será sustituido, sin que ello implique 
que las razones de la recusación sean válidas. 
 
e. El Secretario General pondrá en conocimiento del Consejo Superior 
de Arbitraje todos los escritos relativos a la recusación para que la 
resuelva.  
 
f. El Consejo Superior de Arbitraje podrá citar a las partes y al árbitro 
recusado a una audiencia para que expongan sus respectivas 
posiciones. 

 
2. Una vez iniciado el plazo para la emisión del laudo, es improcedente 
cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su 
renuncia, teniendo en cuenta los preceptos del Código de Ética del 
Centro, si se encuentra en una circunstancia que afecte su imparcialidad 
o independencia. 

 
3. El trámite de la recusación no interrumpe el desarrollo del arbitraje, 
salvo que el Tribunal Arbitral estime que existen motivos atendibles para 
ello, en cuyo caso se suspenden los plazos. 

 
4. De no prosperar la recusación formulada, la parte recusante sólo podrá 
cuestionar lo decidido mediante el recurso de anulación contra el laudo.” 

 
160. En el caso, el Arbitro comunicó el hecho a las partes el 1 de agosto de 2012, y a 

partir de este antecedente, MPM solicita la recusación el 16 y 24 de agosto. Al 
respecto, aun cuando la presentación de su solicitud excede el plazo dispuesto en 
el reglamento, el Consejo Superior de Arbitraje admitió la solicitud, realizó el 
análisis y resolvió el requerimiento, ello en atención al numeral 4 del artículo 10 
del Reglamento de Arbitraje 2008, que precisa que el Centro tiene la facultad de 
ampliar plazos si es que existen circunstancias que así lo ameriten. En el caso, 
considero conveniente la ampliación de plazo, debido a que se buscaba conocer 
la independencia e imparcialidad del Árbitro que se encargaría del arbitraje. 

 

 
  



34 
 

 
I. ¿EXISTÍA ALGÚN VÍNCULO ENTRE EL ÁRBITRO Y SU CONTRAPARTE? 
 
161. Por otro lado, como se aprecia de los hechos relevantes, MPM plantea la 

recusación del árbitro debido a que cuestiona su imparcialidad e independencia. 
Por su lado el Consejo Superior analiza su solicitud evaluando dos situaciones 
concretas: 

 
(i) El vínculo entre el Árbitro Único y el abogado de VALIALE, al intervenir 

como litisconsortes en otro caso arbitral. 
(ii) Las decisiones contenidas en la Resolución N°4 y N°6, que resolvieron: 

admitir en plazo extemporáneo, la contestación de la demanda y por 
evidenciar falta de imparcialidad al desestimar la solicitud de 
Reconsideración y emitir la Resolución N°6, ya que desestimó su solicitud 
para declarar en rebeldía VALIALE.      

 
162. En relación con la situación (ii), me pronunciaré en un apartado distinto, dado que, 

en atención al artículo 29 del Decreto Legislativo N°1071, las resoluciones 
emitidas en el curso de un arbitraje no pueden ser considerados como sustento 
para iniciar una recusación. 
  

163. En relación a la situación descrita en (i), donde MPM alega que existe vínculo entre 
Juan Guillermo Lohmann (Árbitro Único), y Edgardo Mercado (abogado de 
VALIALE), al intervenir como litisconsorte pasivo necesario en otro caso arbitral; 
conviene revisar los descargos señalado por el árbitro sobre todos sus vínculos 
con el abogado de VALIALE: 

 
a) Que solo existe empatía con el abogado Edgardo Mercado dado que se 

conocen desde que este fue su alumno y, por otro lado;  
b) Si bien en un segundo caso arbitral se solicitó que su cliente fuera incorporado, 

la parte que realizó esta solicitud se ha desistido, por lo que corresponde al 
Tribunal Arbitral de este segundo caso, si aceptan o no su desistimiento.  

 
164. Como se observa de a) y b), es evidente que existen vínculos entre el Árbitro 

Único y el abogado de VALIALE, por ello resulta importante analizar si estos 
vínculos son relevantes para hacer dudar razonablemente sobre la pérdida 
de confianza en el árbitro elegido, que de ser el caso se estaría vulnerando 
así las condiciones que debe poseer (arbitro independiente e imparcial). 
 

  



35 
 

 
II. ¿EL ÁRBITRO CUMPLIÓ CON SU DEBER DE REVELACIÓN AL ACEPTAR EL 
CARGO? 

 
165. A fin de analizar si el vínculo entre el Árbitro Único y el abogado de VALIALE 

evidencia la falta de imparcialidad e independencia del árbitro, resulta importante 
revisar el origen del deber de revelación. 
 

166. El deber de revelación, recogido en nuestro ordenamiento, surge como una 
solución a problemas de asimetría de información: Al respecto Osterling, señala 
lo siguiente: 

 
“Felipe Osterling hace un interesante análisis sobre la asimetría de la 
información, concluyendo que “El deber de revelación surge como una 
solución a estos problemas, puesto que contribuye a reducir la asimetría 
de información existente entre árbitros y partes, proporcionando 
mecanismos de control a los principales de la relación. Sin embargo, el 
deber de declaración adolece de complejidades para su debido 
cumplimiento y correcto aprovechamiento. Dichas complejidades se 
refieren a la calidad y cantidad de información que se debe revelar, o 
dejar de revelar” (OSTERLING 2013: 17).” 

 
167. Por ello, las partes tienen en el procedimiento de recusación un medio que permite 

preservar la neutralidad del arbitraje. Esto quiere decir que, el deber de revelación, 
no solo nace de la consideración del árbitro, sino también, nace por el 
requerimiento realizado por las partes14. 

 
168. Debido a que la recusación planteada por MPM se realizó en el curso del arbitraje, 

esta encontraría fundamento legal en el segundo párrafo del numeral 2 del artículo 
28 del Decreto Legislativo: 

 
Decreto Legislativo N°1071 
Artículo 28.- Motivos de abstención y recusación 

2. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes, sin 
demora cualquier nueva circunstancia. En cualquier momento del 
arbitraje, las partes podrán pedir a los árbitros la aclaración de sus 
relaciones con alguna de las otras partes o con sus abogados.  
      (Subrayado agregado) 

 
169. El deber de revelar toda circunstancia que pondría en duda justificada la 

imparcialidad e independencia del árbitro nace a partir de que el abogado propuesto 
acepta su designación como Árbitro Único. Al respecto Mario castillo Freyre señala 
que:   
 

Debemos decir que por deber de declaración se entiende aquella 
conducta que tiene que realizar el árbitro al momento de aceptar el cargo 
e incluso después de iniciado el proceso arbitral, en caso surja algún 
hecho posterior que amerite ser informado a las partes. 

 
14 El deber de revelación tiene carácter preventivo, dado que permite limitar concretos peligros a mantener la 
independencia e imparcialidad, basados en supuestos incumplimientos que pondrían en riesgo la transparencia del 
proceso arbitral. Es en este sentido que Carlos Matheus señala que la obligación de revelación, a cargo del árbitro, es la 
precaución más elemental que se puede esperar del árbitro, dado que a través de ella, alertará a las partes sobre los 
riesgos de ataque a su independencia e imparcialidad, manteniendo indemne al arbitraje contra toda acción posterior 
que se refiera a dichos riesgos aceptados, constituyendo una suerte de seguro de vida del propio arbitraje (2009: 246). 



36 
 

El deber de declaración, también llamado deber de revelación, es el deber 
ético de informar, de revelar o declarar cualquier hecho o circunstancia 
que pueda provocar duda justificada sobre la independencia e 
imparcialidad del árbitro en relación con las partes; es decir, dudas 
fundadas sobre la idoneidad del árbitro para el cargo. (CASTILLO 2014: 
479)  

        (Subrayado agregado) 
 

170. A partir de la revisión del artículo 28 y la interpretación que realiza Castillo Freyre, 
se puede concluir que el árbitro tiene el deber de informar, revelar o aclarar 
cualquier hecho o circunstancia que pueda provocar duda justificada en alguna de 
las partes a partir del nacimiento de la circunstancia o una vez que la información 
es requerida por una de las partes.  
 

171. José María Alonso realiza una distinción entre la independencia e imparcialidad 
que debe mantener el árbitro y el derecho que tienen las partes para valorar si 
dichas cualidades concurren en el árbitro elegido, y como la interacción entre este 
“deber ser” del árbitro y el derecho de las partes hace que la revelación del árbitro, 
resulte pieza importante en la preservación del arbitraje: 

 
Este deber de revelación del árbitro es uno de los más importantes y 
delicados de los que integran la función arbitral. Su correcto cumplimiento 
sirve al doble propósito de respetar la voluntad de quienes acuden al 
arbitraje y de proteger el futuro laudo. 

 
Al referirme a este deber como un deber delicado del árbitro quiero decir 
que su ejercicio no siempre es tarea fácil, porque las circunstancias a 
revelar no son solamente las que el propio árbitro considere que ponen 
en duda su imparcialidad o independencia y que, a buen seguro, le 
llevarán directamente a comunicar a las partes que no pueden actuar 
como tal, sino también aquellas otras circunstancias que, a los ojos de 
las partes, pongan en duda esas cualidades. Se exige así al árbitro un 
esfuerzo de apreciación, marcado necesariamente por su visión subjetiva 
de las cosas, de lo que otras visiones también ineludiblemente subjetivas, 
las de las partes, puedan entender como “dudas justificadas” sobre la 
imparcialidad e independencia de aquél. (ALONSO 2006: 99-100) 

 
(Subrayado agregado) 

 
172. Como explicamos en los puntos previos, el deber de revelación es un elemento 

fundamental para garantizar la neutralidad del arbitraje, obligación que permitirá 
al Árbitro Único mostrar que no tiene intereses o vínculos que cuestionan su 
calidad de imparcial e independiente. 
 

173. Ahora bien, corresponde evaluar si el Árbitro Único cumplió con el deber de 
revelación al aceptar el cargo, en atención a los vínculos que declaró tener con el 
abogado de VALIALE. 

 
174. El 1 de agosto de 2012, el Árbitro comunica al Centro de Arbitraje, el vinculo que 

tiene con el abogado de VALIALE, precisando lo siguiente: 
 



37 
 

 
 

175. Además, en el marco de la recusación, el Árbitro realizó los siguientes descargos: 
 

 
 



38 
 

 
 

176. El Decreto Legislativo y el Reglamento de Arbitraje 2008 no precisan una lista de 
supuestos de los vínculos amicales, laborales o de otra índole, que debe revelar 
el árbitro, pues es el mismo árbitro que después de una evaluación razonable debe 
revelar las circunstancias que puedan significar un riesgo para el arbitraje. Por otro 
lado, el hecho de crear una suerte de lista cerrada podría significar un riesgo a la 
naturaleza del arbitraje, dado que podría poner candados irrazonables, o por el 
contrario, la lista cerrada podría llevarnos a supuestos de riesgo no regulados. Al 
respecto José María Alonso señala: 

 
Un primer paso importante hacia ese punto común de encuentro, aún 
pendiente en algunos países, lo constituye la toma de conciencia por 
parte de los legisladores nacionales de que las causa de recusación de 
jueces y magistrados, que normalmente aparecen tasadas e identificadas 
en las legislaciones de cada Estado, no sirven para explicar – y mucho 
menos para agotar- las circunstancias que pueden razonablemente poner 
en duda la independencia o la imparcialidad de un árbitro. (…), la propia 
esencia de la institución arbitral, cuya razón de ser no es otra que la 
voluntad de las partes, hace que la “vara de medir” la independencia e 
imparcialidad de los órganos judiciales, a partir de un númerus clausus 
de circunstancias, siempre corra el riesgo de ser inapropiadas en un 
arbitraje, por defecto o incluso por exceso. (ALONSO 2006: 101,102) 

 
177. Por ello, a fin de interpretar si en cada supuesto se está cumpliendo con la 

independencia e imparcialidad del Árbitro, resultará conveniente revisar las 
directrices de la International Bar Association (IBA). 

 
178. Además, en el Acta de Instalación de Árbitro Único, se precisa que las reglas IBA 

se aplicarían ante supuestos que así lo ameriten. 
 

179. Debemos señalar que la aplicación de las reglas IBA no están recogidas en 
nuestro marco normativo, sin embargo, su aplicación es posible, como directrices 
que forman parte del soft law: 

 
“Es una evolución hacia una mayor previsibilidad y una mayor 
consistencia de un sistema de justicia global que no puede dejarse a 
idiosincrasias locales, y que necesita alcanzar un marco común que se 
aceptable para todos los actores. El desarrollo del soft law es un elemento 
de objetivación del arbitraje que aumenta la confianza y la aceptabilidad 
del proceso.” (GROCIO 2017:12) 

 
180. Al respecto, las directrices IBA son instrumentos que no forman parte del 

ordenamiento jurídico, sino recogen lineamiento para que los árbitros, las partes y 
sus abogados puedan decidir posibles nombramientos y revelaciones que deben 
realizar los árbitros. En ese sentido, este instrumento desarrolla un listado que 
funciona como un semáforo enmarcando situaciones para garantizar la 
imparcialidad e independencia del árbitro. Así, en la lista roja estarán los 
supuestos que en principio constituyen impedimentos para ser árbitros, en la lista 
naranja los supuestos que podrían crear duda en las partes y que debe ser 
revelado por las partes, y el listado verde que enmarca circunstancias que desde 
el punto de vista específico no generan dudas sobre la imparcialidad (no hay deber 
de revelación). 

 



39 
 

181. Ahora bien, en relación al vínculo profesor-alumno que mantenía el Árbitro y el 
abogado, si bien en las directrices IBA no delimita específicamente el supuesto 
“profesor – alumno”, existe un caso bastante similar, que enmarcan las relaciones 
en la esfera netamente académica y profesional. El supuesto se encuentra en el 
punto 4.3.3 del listado verde: “El árbitro da clases en la misma facultad o escuela 
que otro árbitro o abogado de una de las partes, o tiene un cargo en una 
asociación profesional u organización de tipo social o caritativo con otro árbitro o 
abogado de una de las partes”. 

 
182. Considero que este solo vínculo, que se origina en el ambiente académico no 

constituye un supuesto, que, desde un punto de vista objetivo, cree un conflicto 
de intereses, por ello el Árbitro Único no tenía el deber de revelar dicha situación 
al momento de aceptar el cargo de árbitro15.  

 
183. La segunda relación analizada será la que refieren existe entre el Árbitro Único y 

el abogado VALIALE como litisconsortes en un segundo caso arbitral, a fin de 
desarrollar conceptos vinculados a la obligación del árbitro de mantener la calidad 
de imparcial e independiente. 

 

  

 
15 Al respecto, considero pertinente citar a Chipana Catalán que realiza un análisis del caso de la recusación 
planteada en el caso Alpha Projekt Holding GmbH vs. La República de Ucránica, que también se desarrolla 
en el ámbito académico: “la situación del árbitro impugnado en este caso no estaba contemplada en las 
Directrices, lo cual reflejaba que la revelación de una relación de conocidos por haber estudiado juntos 
no generaba un conflicto de interés. Se encontraban, pues, de acuerdo con las Directrices, en el sentido 
que ‘no revelar’ no es un acto que puede generar necesariamente un conflicto, pero añadiendo que hay 
ciertos hechos o circunstancias en el acto de no revelar que indican una falta de imparcialidad o 
independencia, o que, por lo menos puede ser materia de análisis. Sin embargo, el no revelar el hecho en 
este caso no era tan grave como para afectar la imparcialidad o independencia porque interpretando los 
requisitos de la regla arbitral de las directrices IBA, una ‘persona razonable’ no concluiría en que esta 
relación pueda afectar el buen juicio de un árbitro. Por consiguiente, debido a la ausencia de un conflicto 
generado por la relación impugnada, y considerando que la circunstancia de no revelar tampoco afectó el 
análisis de imparcialidad e independencia, se negó la recusación.”  (2014: 353)  



40 
 

            
 

III. ¿EL ÁRBITRO ÚNICO MANTUVO LA CALIDAD DE IMPARCIAL E 
INDEPENDIENTE DURANTE EL ARBITRAJE? 
 
184. A fin de iniciar con el análisis de esta pregunta, es pertinente revisar el artículo 28 

del Decreto Legislativo, que señala los motivos de abstención y de recusación del 
árbitro, vinculado a la obligación del árbitro de ser imparcial e independiente desde 
su aceptación, cualidad que debe mantener en el curso del arbitraje: 
 

Decreto Legislativo N°1071 
Artículo 28.- Motivos de abstención y de recusación  

“1. Todo árbitro debe ser y permanecer, durante el arbitraje, 
independiente e imparcial. La persona propuesta para ser árbitro deberá 
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas 
sobre su imparcialidad e independencia. 
2. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes, sin 
demora cualquier nueva circunstancia. En cualquier momento del 
arbitraje, las partes podrán pedir a los árbitros la aclaración de sus 
relaciones con alguna de las otras partes o con sus abogados. 
3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias 
que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o 
independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las partes 
o exigidas por la ley. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1231, 
publicado el 26 septiembre 2015, cuyo texto es el siguiente: 
 
"3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él, circunstancias 
que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o 
independencia, así como no poseer las calificaciones convenidas por las 
partes o las establecidas por el reglamento de la institución arbitral o las 
exigidas por la ley." 
 
4. Las partes pueden dispensar los motivos de recusación que 
conocieren y en tal caso no procederá recusación o impugnación del 
laudo por dichos motivos. 
5. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo 
nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido 
conocimiento después de su nombramiento.” 

 
185. El numeral 1 del artículo 28 del Decreto Legislativo, exige al árbitro la obligación 

de mantenerse imparcial e independiente durante todo el arbitraje, desde que se 
le elige y propone para el cargo hasta la emisión del laudo arbitral, Mario Castillo 
Freyre, citando a Fernando de Trazegnies precisa que: “estos dos grandes temas 
tienen que ser examinados y precisados en el tribunal frente a cada caso concreto. 
Y notemos, que la Ley exige que esa independencia (ausencia de relación 
objetiva) y esa imparcialidad (ausencia de relación subjetiva) deben existir no solo 
al inicio del proceso sino que deben mantenerse a todo lo largo del proceso 
arbitral. Por consiguiente, como lo establece el artículo comentado de la Ley, la 
recusación puede interponerse en cualquier momento del proceso, dentro de los 
diez días de conocida la causal. Sin embargo, se prohíbe interponer una 
recusación cuando comienza a correr el plazo de emisión del laudo, porque se 
supone que ya a estas alturas de la controversia las partes han tenido plenamente 
conocimiento de los árbitros y de sus relaciones.” (2014: 473,474) 



41 
 

    
186. Es conveniente entonces delimitar el alcance de estas dos cualidades que debe 

tener el árbitro, dado que de estas dependerá que pueda ser recusado por una de 
las partes. Carlos Alberto Matheus, realiza una distinción inicial sobre estas dos 
cualidades: 

 
La noción de independencia posee un carácter objetivo y afecta una 
situación de arbitraje, o bien con aquellos vinculados a estos. 
Asimismo, la garantía de independencia del árbitro precisa a su vez, de 
la garantía de la imparcialidad – pues la primera es condición necesaria 
de la segunda- tanto en el transcurso del arbitraje como, particularmente, 
cuando se proceda a laudar. 

 
La imparcialidad –que se observa en relación a la controversia- es un 
concepto de carácter subjetivo que consiste en no ser parcial o en actuar 
como prevenido dejándose invadir por opiniones preconcebidas y 
circunstancias extrañas a las cuestiones planteadas en el arbitraje. 

 
Asimismo, tanto la imparcialidad como la independencia se justifican 
objetivamente; es decir, su ausencia no puede apreciarse más que de 
forma objetiva, midiéndose in abstracto la consecuencia de los hechos 
constitutivos del presunto atentado a la imparcialidad y/o independencia, 
dado que es imposible calcular el efecto psicológico realmente producido 
por estos en el “espíritu” del árbitro. (MATHEUS 2009: 126) 

 
187. Entonces, la independencia podría ser una cualidad que puede manifestarse en 

una situación de hecho, toda vez que es susceptible de apreciación objetiva. Por 
otro lado, la otra cara de la moneda, la imparcialidad que pertenecería al plano 
subjetivo, estaría vinculada a la predisposición psicológica que tiene el árbitro para 
actuar con neutralidad durante el arbitraje y en la emisión del laudo. 

 
DUDA JUSTIFICADA 

 
188. Ahora bien, resulta pertinente reflexionar sobre las dudas que tuvo MPM y analizar 

si efectivamente son hechos que evidencian la falta de imparcialidad e 
independencia del Árbitro Único. Por ello, correspondería ponernos en la posición 
de MPM para determinar si existe alguna duda razonable, ejercicio que podría 
resultar infructuoso, ya que las partes podrían creer que existen vínculos 
suspicaces, respecto a situaciones que para otros podrían ser aceptables16.  
 

189. Al respecto Gary Born precisa que no es necesario tener certeza en la vulneración 
a la imparcialidad y a la independencia, sino que basta una duda o sospecha 
justificada: 

 
“Primero, estas fórmulas dirigen el análisis a la existencia de riesgo o 
posibilidades de parcialidad, en lugar de requerir una certeza o 
probabilidad de parcialidad.  
No es necesario, para el lado que cuestiona un arbitraje, demostrar que 
el individuo carece de independencia o imparcialidad; es en cambio, 

 
16 Demostrar la imparcialidad que pertenece al fuero interno del árbitro, podría resultar complejo, pues está vinculado a 
su manera de percibir el mundo, que podría nacer de sus creencias religiosas, políticas, ideológicas, o incluso, por el 
contexto social en el que se ha desarrollado. En este sentido, Mario Castillo señala “Y este es uno de los temas más 
complejos dentro de la mecánica de los procesos arbitrales, pues, por más regla general que exista, la imparcialidad 
depende al fin de cuentas, del fuero interno de cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral y, en la mayoría de veces, 
no será posible detectar antes del laudo a un árbitro que carezca de imparcialidad” (CASTILLO 2007: 630) 



42 
 

suficiente demostrar que hay suficiente "duda" o "sospecha" sobre la 
imparcialidad de un árbitro para justificar su nombramiento o retiro.  
Esto es obviamente un estándar más bajo de prueba para la no-
adjudicación o remoción de un requerimiento que el lado objetor pruebe 
parcialidad real o falta de independencia.” (BORN 2009: 1475) 
(Subrayado agregado) 

 
190. Por otro lado, esta evaluación podría traer algún tipo de riesgo para la 

preservación del arbitraje, dado que existirían situaciones que no resultarían 
razonables. Por ejemplo, una parte podría recusar a un árbitro por haberse 
graduado con el abogado de su contraparte en la misma promoción y tener como 
prueba una foto de la graduación. Si bien este solo hecho, a mi criterio, no se 
consideraría como una duda razonable, es preciso preguntarnos sobre el alcance 
de los vínculos o contactos que el árbitro debe revelar. Al respecto, Mario Castillo 
Freyre precisa que es el árbitro quien debe tener el suficiente criterio para revelar 
información relevante y razonable: 

 
Luego de haber referido a la importancia de aquello que debe ser 
declarado, diremos que otro de los puntos relevantes en materia del 
deber de declaración, es el relativo a cuanto se debe declarar. 
En este aspecto debe primar el criterio de relevancia, pero a este debe 
agregarse el de razonabilidad. 
(…) 
Es así que si dicho árbitro carece de un mínimo de criterio para elaborar 
una declaración de aceptación de cargo, con mayor razón carecerá de 
criterio para concluir el proceso y para laudar.  
Es así que en el juego entre el deber de declaración y la recusación 
basada en lo declarado o en aquello que no se declaró –pero que fue de 
ulterior conocimiento por las partes -, debe ser apreciado con criterios de 
lógica y ponderación. (CASTILLO 2007: 635, 636)    

 
 

191. Volviendo al caso, a fin de evaluar la relación entre el Árbitro Único y el abogado 
de VALIALE (litisconsorte pasivo necesario en un segundo caso arbitral), es 
pertinente analizar si este vínculo interpersonal existente vulnera la independencia 
e imparcialidad por el grado de vinculación. Al respecto, Carlos Matheus señala que 
sería conveniente observar la cercanía o distancia de tales relaciones:  
  

La independencia se vincula normalmente con un ámbito relacional, por 
ejemplo, si un árbitro posee un nexo profesional, familiar, personal o de 
negocios con una de las partes.  
 
Ahora bien, en una relación profesional podría incluirse el caso de que el 
árbitro haya actuado o actúe como consejero, empleado, asesor o 
consultor en nombre de una parte. Por su parte, una relación de negocios 
podría incluirse en el supuesto de que el árbitro ostente una posición 
ejecutiva –o no ejecutiva –en una empresa o bien sea parte de una 
transacción de negocios –propiedad o acciones –con una parte. De otro 
lado, una relación familiar podría surgir cuando un árbitro está 
relacionado con una de las partes, como esposo, padre, tío, primo, etc. 
En tanto, una relación personal podría incluir una vieja amistad entre el 
árbitro y una parte, o en un incidente aislado cuando se descubre que el 
árbitro compartió un despacho con el consejero de una parte. Por último, 
conviene observar que la independencia depende del grado de cercanía 



43 
 

o distancia de tales relaciones, pudiendo variar por razón del tiempo y del 
espacio. (MATHEUS 2009:176) 

 

192. A partir de la revisión del artículo 28 y la interpretación que realizan los autores, 
se puede concluir que el árbitro tiene el deber de informar, revelar o aclarar 
cualquier hecho o circunstancia que pueda provocar duda justificada en alguna de 
las partes.  
 

193. Como se observa de los hechos, con fecha posterior a la demanda de arbitraje, el 
Árbitro Único comunicó al Centro de Arbitraje el vínculo existente con el abogado 
de VALIALE (litisconsortes), señalando que esta situación no mengua o modifica 
su imparcialidad e independencia.  

 
194. José María Alonso realiza una distinción entre la independencia e imparcialidad 

que debe mantener el árbitro y el derecho que tienen las partes para valorar si 
dichas cualidades concurren en el árbitro elegido, y como la interacción entre este 
“deber ser” del árbitro y el derecho de las partes hace que la revelación del árbitro, 
resulte pieza importante en la preservación del arbitraje: 

 
Este deber de revelación del árbitro es uno de los más importantes y 
delicados de los que integran la función arbitral. Su correcto cumplimiento 
sirve al doble propósito de respetar la voluntad de quienes acuden al 
arbitraje y de proteger el futuro laudo. 

 
Al referirme a este deber como un deber delicado del árbitro quiero decir 
que su ejercicio no siempre es tarea fácil, porque las circunstancias a 
revelar no son solamente las que el propio árbitro considere que ponen 
en duda su imparcialidad o independencia y que, a buen seguro, le 
llevarán directamente a comunicar a las partes que no pueden actuar 
como tal, sino también aquellas otras circunstancias que, a los ojos de 
las partes, pongan en duda esas cualidades. Se exige así al árbitro un 
esfuerzo de apreciación, marcado necesariamente por su visión subjetiva 
de las cosas, de lo que otras visiones también ineludiblemente subjetivas, 
las de las partes, puedan entender como “dudas justificadas” sobre la 
imparcialidad e independencia de aquél. (ALONSO 2006: 99-100) 

 
195. El artículo 6 del Código de Ética del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Lima (en adelante, Código de Ética)17, que si bien no recoge una categorización 
amplia sobre los supuestos que podrían vulnerar la neutralidad en el arbitraje, 
muestra una lista de vínculos que obliga a declarar al árbitro, revelando todos los 
hechos o circunstancias que puedan originar una duda justificada, respecto a su 
imparcialidad e independencia. En ese sentido, corroboramos que el vínculo 
alegado, no se encuentra dispuesto taxativamente en dicha lista; sin embargo, el 

 
17 Al respecto, Felipe Osterling señala:  
Considerando la complejidad y relevancia del encargo, algunos esfuerzos regulatorios han contribuido a la labor 
informativa de los árbitros introduciendo conceptos objetivos respecto del alcance de la información que los árbitros 
deben revelar; pero tal contribución no ha sido significativa. 
Por ejemplo, el Código de Ética de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); establece como obligaciones en materia de 
revelación de cargo de los árbitros, las siguientes: (i) Suscribir una Declaración Jurada al momento de aceptar el cargo, 
la cual deberá ser entregada a la Secretaría General del Centro, la cual se 
realizara por escrito y será puesta a disposición de las partes; (ii) Revelar todos los hechos o circunstancias que puedan 
originar dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia. Adicionalmente presentar una lista enunciativa 
de situaciones que se deben revelar, entre las que encontramos supuestos como el tener relaciones de parentesco, 
dependencia, amistad íntima o frecuencia con alguna de las partes, sus representantes, abogados o asesores; y, (iii) El 
deber de revelar la existencia de relaciones de negocios, sociales o cualquier otra que se haya tenido (OSTERLING 
2013: 13). 



44 
 

literal f del numeral 5 del artículo 6 del Código de Ética, deja abierta la posibilidad 
de que ha criterio del árbitro, puedan existir situaciones no contempladas: 

 
5. El futuro árbitro deberá revelar: 
(…) 
f) Cualquier otro hecho, circunstancia o relación que a su juicio 
resulte relevante.  

 
196. Este tipo de disposición nos lleva a buscar una herramienta adicional, que sirva 

como directriz, o como referencia para las partes de un arbitraje.     
 

197. Como ya se adelantado, si bien las Directrices IBA no son normas jurídicas, si 
resultan una suerte de lineamientos que recogen las mejores prácticas a nivel 
internacional, para el mejor desarrollo del arbitraje. Por ello es importante tener 
claro que estas Reglas no prevalecen sobre la ley nacional aplicable o sobre las 
reglas de arbitraje. 

 
198. Entonces, las reglas IBA deben ser consideradas como un instrumento, que bien 

utilizadas pueden indicar el camino a seguir para combatir las malas prácticas que 
puedan surgir en el arbitraje. Al respecto, Gary Born precisa lo siguiente:  

 
“La esencia de las reglas IBA son sus listas roja, naranja y verde. Estas 
categorías profundizan en los requerimientos generales de imparcialidad 
e independencia, brindándonos instancias específicas de relaciones que 
garantizan o justifica una descalificación (rojo), divididas entre conflictos 
renunciables y no renunciables. 
Las guías también configuran listas de relaciones que contemplan 
posibles supuestos para la descalificación (naranja), y relaciones que no 
justifican la descalificación de un árbitro, o incluso no requieren que estas 
se revelen a las partes (verde). 
Esta elaboración es constructiva, pues va más allá de los estándares 
comparativamente abstractos de imparcialidad e independencia, 
adoptando categorizaciones más precisas y matizadas de conflictos 
potenciales. Igualmente, las guías categorizan de modo muy útil los 
conflictos entre asuntos renunciables y no renunciables, porque provee 
una guía sobre la naturaleza de las dispensas (excepciones) requeridas 
en distintas circunstancias.” (BORN 2009: 1480)  

 
199. En ese sentido, las Directrices IBA, clasifican distintos supuestos que pueden 

darse en la práctica en relación al deber de revelación del árbitro, estas listas 
tienen una suerte niveles a ser observados: (i) Lista Roja “no renunciable”: 
Circunstancia que incapacitan a una persona para actuar como árbitro, aunque 
sean reveladas a las partes. (ii) Lista Roja “renunciable”: Circunstancias que solo 
permiten a una persona actuar como árbitro si las partes, conociéndolas, así 
expresamente lo acuerdan. (iii) Lista Naranja: Circunstancias que el árbitro debe 
revelar a las partes y que estas, al conocerlas, pueden aceptar por simple silencio 
u omisión de objeción. (iv) Lista Verde: Circunstancias que no es necesario que el 
árbitro revele a las partes (ALONSO 2006: 103). 

 

200. En el caso, el vínculo existente entre el Árbitro Único y el abogado de VALIALE, 
era de litisconsortes en un segundo caso arbitral. Como descargo a esta 
recusación, uno de los argumentos que precisó Guillermo Lohmann fue que la 
parte que solicitó que su cliente fuera incorporado en el segundo caso, se desistió 
de su solicitud, por lo que, corresponderá al Tribunal Arbitral de este segundo caso 



45 
 

arbitral, evaluar si acepta o no su desistimiento. Además, preciso que Edgardo 
Mercado y él (Guillermo Lohmann) representaban a partes con intereses 
diferentes. 

 
201. Esta situación, a mi juicio, se encuentra en una zona gris, dado que el vínculo que 

guardarían Edgardo Mercado (Abogado de VALIALE) y Guillermo Lohmann 
(Arbitro Único) como litisconsorte pasivo necesario en el segundo caso arbitral, se 
enmarcaría en el supuesto de que actuaron conjuntamente como abogados en el 
mismo caso (en el supuesto de que efectivamente haya ingresado como 
representante del litisconsorte), considero que este hecho, podría suscitar en el 
ánimo o intelecto de las partes (en los ojos de la partes) duda sobre su 
imparcialidad o independencia afectando la apariencia que estas cualidades 
deben mantener. 

 
202. Entonces, se podría concluir que el supuesto en que, en el segundo arbitraje el 

Árbitro Único y el abogado de VALIALE haya participado en la reconvención (como 
litisconsorte pasivo necesario), con algún tipo de interés en común entre los 
representados, MPM pudo alegar que el vínculo entre el Árbitro Único y el abogado 
de VALIALE, supuesto que podría estar enmarcado en la Lista Naranja, así, 
observamos el numeral 3.3.9 de las Directrices IBA, que señala: “En la actualidad 
o dentro de los tres años anteriores el árbitro y otro arbitro o un abogado de una 
de las partes en el arbitraje han actuado conjuntamente como abogados en el 
mismo caso”.  

 
203. Ahora bien, cuando un supuesto está enmarcado en la Lista Naranja, las 

Directrices IBA precisan que el árbitro tiene la obligación de revelar el vínculo, y 
que a partir de tal revelación, las partes podrán objetar o aceptar dicha vínculo: 

 
204. Como se precisa en las Directrices IBA vigentes a la fecha de los hechos: “debe 

enfatizarse el hecho de que revelar hechos o circunstancias no tiene por qué 
conducir automáticamente a la descalificación del árbitro. Es decir, no debe 
asumirse la descalificación del árbitro por el simple hecho de revelar 
circunstancias susceptibles de crear dudas acerca de su imparcialidad o 
independencia. La finalidad de informar a las partes acerca de situaciones sobre 
las que ellas posiblemente quieran realizar averiguaciones adicionales para poder 
decidir de manera objetiva –como lo haría cualquier persona prudente que 
estuviera enterada de los hechos principales– si efectivamente existen dudas 
fundadas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro. Si la conclusión 
a la que se llega es que no hay tales dudas, el árbitro podrá desempañar las 
funciones de árbitro sin reparo.”18 
 

205. En el caso, el Árbitro Único informó a las partes que acababa de asumir el 
patrocinio de un segundo caso arbitral, señalando que mantenía un vínculo con el 
abogado de VALIALE en otro arbitraje. Por ello, atendiendo a las reglas IBA que 
clasificarían este supuesto en la lista naranja, habría quedado salvado el deber de 
información del Árbitro. 

 

 

  

 
18 Numeral 4 de la Segunda Parte: Aplicación práctica de las normas generales de Las Directrices la IBA 
sobre los conflictos de interés en el Arbitraje Internacional, aprobadas por el Consejo de la International 
Bar Association el 22 de mayo de 2004 



46 
 

 
 

IV. ¿LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ÁRBITRO ÚNICO PUEDEN 
UTILIZARSE COMO SUSTENTO PARA LA RECUSACIÓN?  

 
206. Como punto adicional a la duda que tuvo MPM, está el argumento de que el Árbitro 

Único emitió resoluciones que evidencian la falta de neutralidad. Por ello, resulta 
necesario revisar el numeral 5 del artículo 29 del Decreto Legislativo, que en su 
segundo párrafo dispone una restricción para recusar al árbitro. 
 

Decreto Legislativo N°1071 
Artículo 29.- Procedimientos de recusación 

“5. La renuncia de un árbitro o la aceptación por la otra parte de su cese, 
no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno 
de los motivos de recusación invocados. No procede recusación basada 
en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las 
actuaciones arbitrales. 
      (Subrayado agregado) 

 
207. Si bien el artículo regula restricciones, es importante observar si el Árbitro Único 

actuó de acuerdo al principio de buena fe. Por tal motivo, considero relevante 
revisar las decisiones tomadas en las resoluciones emitidas por el Árbitro, a fin de 
verificar si estas vulneraron la Ley o la ética profesional, únicos supuestos que 
podrían habilitar una recusación. Al respeto, Jhoel Chipana precisa: 
 

Por ejemplo, podría presentarse el caso en el que una resolución emitida 
por el árbitro sea a todas luces contraria al sentido y al texto expreso de 
la ley, favoreciendo así a una de las partes del proceso. En ese orden de 
ideas, y vía una interpretación extensiva de la norma, esta situación sería 
suficiente para que se configure la causal establecida por el inciso 3 del 
artículo 28, es decir, que el árbitro sea recusado si concuerdan en él 
circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad 
e independencia. 
 
En casos como éstos resulta evidente que si él árbitro resuelve sin apego 
a la ley determinada (…), la parte perjudicada tendrá todo el derecho de 
recusarlo y la certeza de que esta recusación será declarada fundada. 
(CHIPANA: 389) 

 
(Subrayado agregado) 

 
208. En el caso, las resoluciones nacen porque el Árbitro Único acepta la contestación 

de la demanda de VALIALE, que fue presentado fuera de plazo, hecho que causó 
que MPM presente un recurso de reconsideración, con la finalidad de solicitar que 
la contestación de VALIALE sea tomada como no presentada. 
  

209. En concordancia con lo señalado por Chipana, respecto a que podría existir casos 
donde las resoluciones emitidas por el árbitro pudieran ser contrarias al 
ordenamiento jurídico y analizando las situaciones en concreto, considero que la 
decisión del Árbitro Único para admitir la contestación de VALIALE no vulnera el 
principio de buena fe19, debido a que el arbitraje busca que se emita una decisión 

 
19 Artículo 38 del Decreto Legislativo 1071: Buena fe: Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en 
todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el 
desarrollo del arbitraje” 



47 
 

teniendo la información necesaria de ambas partes, tal es así que el numeral 4 del 
artículo 36 del Reglamento de Arbitraje 200820 faculta al árbitro a cumplir con los 
plazos si él lo considera necesario. 

 
210. En ese sentido, siendo la contestación pieza fundamental para que un arbitraje 

conserve su razón de ser, considero que el Árbitro Único respeto el ordenamiento 
jurídico.  

 
  

 
 
20 Numeral 4 del Artículo 36 del Reglamento de Arbitraje 2008 de la Cámara de Comercio de Lima: 

Normas aplicables al arbitraje: 
4. El Tribunal Arbitral podrá, a su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para las actuaciones arbitrales, 
incluso si estos plazos estuvieran vencidos.  



48 
 

 

V. ¿LA EVALUACIÓN DE LA RECUSACIÓN DEL ÁRBITRO FUE CORRECTA? 
 

211. Repasando lo expuesto, resulta imprescindible conocer el momento en que nace 
el vínculo que genera duda razonable. A fin de ahondar en conceptos vinculados 
al deber de comunicación y obligación de mantener la imparcialidad e 
independencia, considero que el supuesto se generó en el curso del arbitraje. 
 

212. El Árbitro Único cumplió con su deber de revelación, comunicando a las partes 
que mantenía el vínculo de litisconsorte con el abogado de VALIALE en un 
segundo caso arbitral. A partir de esta información, MPM pudo hacer 
cuestionamientos y consultas sobre este vínculo.  

 
213. Habiendo sido cuestionado en el marco de la recusación, el Árbitro Único realizó 

sus descargos y señaló que la parte que solicitó que su cliente fuera incorporado 
en el segundo caso arbitral, se desistió de su solicitud, por lo que, correspondía al 
Tribunal Arbitral de este segundo caso arbitral, evaluar si acepta o no su 
desistimiento.   

 
214. Como segundo descargo, el Árbitro Único señaló que si bien los representados en 

el segundo caso arbitral son litisconsortes, tanto el Árbitro Único como el abogado 
de VALIALE representan a partes con intereses diferentes. Esta afirmación, 
aclararía que no existe vinculo que vulnere la imparcialidad e independencia del 
árbitro, sin embargo, debido a que no hay mayor prueba que sustente lo señalado 
por el árbitro, se continuaría evaluando esta condición.  

 
215. Con la finalidad de aclarar la naturaleza del vínculo que tiene el Árbitro Único y el 

abogado de VALIALE, habría que definir el alcance de la relación en un 
litisconsorcio pasivo necesario.  

 
216. El artículo 92 y 9321 del TUO del Código Procesal Civil, precisa que en el 

litisconsorcio pasivo necesario las personas litigarán en forma conjunta como 
demandantes porque las sentencias a expedirse respecto de una parte, pudiera 
afectar a la otra, o en caso de reconvención tienen la misma pretensión o 
pretensiones conexas. En el caso, el Árbitro Único precisa que representan a 
partes con intereses diferentes, sin embargo, por la naturaleza del litisconsorcio 
resulta razonable creer que tanto el Árbitro Único como el Abogado de VALIALE 
representan a partes, cuando menos, con pretensiones conexas.  

 
217. Ahora bien, considero pertinente que la recusación no haya prosperado, dado que, 

si bien existía un deber de revelación del nuevo vínculo, deber que el árbitro 
cumplió antes y durante la recusación, en concordancia con la ya mencionada 
disposición de las Directivas IBA señalado en la Parte II: Aplicación Práctica de 
las Normas Generales de las Directrices IBA, “la revelación de hechos o 

 
21 Artículo 92 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil: 
Litisconsorcio activo y pasivo: 

Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque 
tienen una misma pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera 
afectar a la otra. 
 
Artículo 93 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil: 
Litisconsorcio necesario: 

Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes solo será expedida si 
todos comparecen o son emplazados según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición 
legal en contrario. 



49 
 

circunstancias no implica la existencia de un conflicto de interés, y tampoco 
debería resultar por sí misma en la descalificación del árbitro, ni en una presunción 
relativa a la descalificación. La finalidad de la revelación es informar a las partes 
acerca de situaciones sobre las que pueden querer realizar averiguaciones 
adicionales para poder decidir de manera objetiva”. 

 
218. Además, fue pertinente desestimar la recusación, debido a que el ánimo de MPM 

para iniciar la recusación, nace cuando el Árbitro Único declara infundado el 
recurso de reconsideración planteado por MPM, recurso que buscaba desvirtuar 
la Resolución No. 4 que admitió presentación extemporánea de la demanda, 
solicitando declarar en rebeldía a VALIALE, además de precisar que para MPM la 
Resolución No. 6 evidencia falta de imparcialidad del árbitro. Este supuesto, no 
podría ser sustento, no solo porque existe disposición que señala que no es 
posible recusar a un árbitro basado en decisiones del árbitro, sino porque estas 
resoluciones no contravienen el ordenamiento jurídico y la buena fe. 

 
219. Finalmente, las actuaciones arbitrales en su conjunto no muestran un sesgo a 

favor de VALIALE, situación que evidencia que el Árbitro Único mantuvo la 
obligación de ser imparcial e independiente.          
  
 

 
 

 

  



50 
 

E. CONCLUSIONES: POSICIÓN DEL BACHILLER 

 

220. Atendiendo a la común intención de las partes el Contrato Principal analizado es 
un contrato mixto, que contiene dos figuras: (i) una obligación del vendedor 
(VALIALE) de liberar el Inmueble dentro de un plazo determinado, y; (ii) un 
contrato de opción reciproca, para que se ejerza en un plazo determinado.  
 

221. Además, el cumplimiento de la primera obligación resulta ser un requisito previo 
al ejercicio del contrato de opción recíproca, toda vez que las partes tienen la 
intención de que la transferencia se realice sobre un bien liberado de cargas. 
 

222. Debido a que una de las figuras que forma parte del Contrato Principal es el 
contrato de opción recíproca, entonces las arras pactadas deben entenderse 
como de retractación, aun cuando las partes señalaron que se trataban de arras 
confirmatorias.   
 

223. Las arras de retractación pactadas por las partes se encontraban vinculadas al 
ejercicio de la opción de celebrar y perfeccionar el contrato definitivo en un periodo 
de 45 días desde la celebración del Contrato Principal. Por lo señalado, dado que 
ninguna de las partes ejerció la opción dentro del plazo estipulado en el contrato 
de opción recíproca (que coincide con el plazo del Contrato Principal), no existió 
supuesto para que las partes ejerzan su derecho a retractarse.  
 

224. El fin del plazo de vigencia del contrato de opción reciproca coincide con el día 
que VALIALE tenía la obligación de liberar de gravámenes a la propiedad, por ello, 
aun cuando MPM se encontraba habilitado para ejercer la cláusula resolutoria 
desde el 2 de enero de 2012, en el caso no tendría mayor efecto, debido a que en 
esa fecha, el contrato se encontraba extinto. 
 

225. Por tal motivo, la carta notarial No. 4342 notificada el 3 de enero de 2012, a través 
del cual MPM comunica a VALIALE la resolución del contrato, no tendría efecto, 
dado que el Contrato Principal no se encontraba vigente. 

 
226. Al no encontrarse vigente el Contrato Principal, no es posible su resolución, dado 

que no pueden cesar los efectos de algo que ya no tiene efecto ni denunciar el 
incumplimiento de obligaciones donde no hay obligaciones. 
 

227. Por lo señalado, concluido el plazo, correspondía que VALIALE restituya las arras 
entregadas por MPM.  

 
228. Para MPM existían dudas razonables para que inicie un procedimiento de 

recusación al Árbitro Único, debido a que tenía un vínculo con el abogado de 
VALIALE.  

 
229. Resulta pertinente desestimar la recusación, debido a que la evaluación de la 

revelación de los hechos no implica la existencia de un conflicto de intereses, sino 
habilita al análisis de todos los supuestos de la solicitud para calificar al árbitro. En 
el caso, el vínculo fuer revelado antes y durante la recusación. 

 
230. Además, los argumentos adicionales de MPM (parte recusadora), tales como: la 

existencia de un vínculo amical o la emisión de una resolución que los perjudicaba, 
quedaron desvirtuadas de acuerdo a las normas vigentes a la fecha y a la 
aplicación de las Reglas IBA.     



51 
 

 
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Universidad de Navarra. 
 
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1978 Medios Compulsivos en Derecho Privado. Buenos Aires. EDIAR 

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1993 Forma y nulidad del precontrato. Con especial referencia a la 

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2012 Conflicto de Intereses: El deber de declaración y revelación de los 

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2014 Contratos modernos. Elementos esenciales y reglas aplicables 

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22 Artículo ubicado en: 
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%2
0%C3%81rbitros.pdf 

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitros.pdf
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitros.pdf


53 
 

 
 

G. ANEXOS 
 
1. Contrato de opción. 
2. Demanda arbitral. 
3. Contestación de la demanda. 
4. Resoluciones No. 4. 
5. Resolución No. 6. 
6. Decisión sobre Recusación. 
7. Laudo arbitral. 

 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

ANEXO 1 

 



55 
 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 



58 
 

ANEXO 2 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 



75 
 

ANEXO 3 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 



86 
 

ANEXO 4 

 

 



87 
 

 

 

 



88 
 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 



91 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 



96 
 

ANEXO 7 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 



105