PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE DERECHO 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar por el Título de Abogado 

Informe sobre Resolución N°11 del Exp. 00677-2018-0-1817-SP-CO-01 

Paula Ruth Rojas Lara 

Código: 20131861 

Revisor: Christian Delgado Suarez 

Lima, 2021 



1 
 

 
 

Resumen 
 
 

El presente informe versa sobre el análisis realizado sobre la resolución N° 11 del expediente 
00677-2018-0-1817-SP-CO-01 emitido por la Primera Sala Civil con Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual trata sobre el recurso de anulación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Cusco. A través de este, se podrá observar que 
actualmente siguen existiendo fallas en la aplicación e interpretación del Arbitraje y, que, por 
su carácter, no es posible asimilar criterios normalizados en sede judicial a sede arbitral.  
 
Dichos criterios se evidencian en el análisis de la motivación en sede arbitral ya que si bien 
el recurso de anulación se inicia a partir de un supuesto incumplimiento de aplicación del 
reglamento y el acuerdo de las partes, la Sala resuelve argumentando que en el laudo arbitral 
se evidencia una motivación aparente y, es en razón a ello que se declara fundado el recurso 
de anulación; sin embargo, la sala no ha tomado en consideración lo pretendido por el 
Gobierno Regional de Cusco y; sumado a ello, habría sobrepasado sus límites de actuación 
delimitados por la Ley de Arbitraje. 
 
Finalmente, se puede concluir que el criterio utilizado por la Sala se deslinda de lo pretendido 
por el Gobierno Regional de Cusco toda vez que, para verificar la aplicación de la causal de 
anulación solicitada, la Sala debió analizar la existencia de la falta cometida por el Árbitro 
Único en la emisión del Laudo Arbitral; no obstante, se realizó un análisis sobre el criterio 
de justificación utilizado por el Árbitro Único.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ÍNDICE 
 

I. Introducción……………………………………………………………….…….3                                                                                                  
II. Justificación de la elección de la resolución……………………………….……4 
III. Antecedentes del caso……………………………………………...……………5 

a. Del proceso arbitral…………………………………………….……………5 
i. Antecedentes…………………………………………..…………….5 

ii. Posición de las partes………………………………………………..5 
1. De la demanda arbitral………………………………………5 
2. De la contestación de demanda……………………………...6 

iii. De los resuelto por el Árbitro Único………………………………...6 
1. De los recursos contra el Laudo……………………………10 

b. Del proceso de anulación de Laudo………………………………………..11 
i. De la demanda y absolución de la anulación de laudo………..……11 

1. Argumentos de Gobierno Regional de Cusco………….......11 
2. Argumentos del Consorcio Indusac S.R.L. – Kajachri 

E.I.R.L………………………………………………….…11 
ii. De lo resuelto por La Sala Civil con Subespecialidad 

Comercial………………………………………………………….12 
IV. Identificación y análisis de los principales problemas jurídicos………………14 

a. Cuestión Previa: Marco Conceptual……………………………………….15 
i. Arbitraje………………………………………………...……...…..15 

ii. Motivación de Laudo Arbitral…………………………..……….…19 
iii. Recurso de Anulación de Laudo……………………….…….….....22 

b. Primer problema jurídico principal…………………………...……………28 
i. Primer problema jurídico secundario……………….………….…..28 

ii. Segundo problema jurídico secundario………………..……….…..32 
V. Propuesta de Reforma Normativa……………………………………………35 

a. Propuesta normativa de debida motivación en el arbitraje……………….35 
b. Propuesta de modificación del artículo 63 de la Ley de Arbitraje…………37 
c. Propuesta de modificación del artículo 65 de la Ley de Arbitraje…………38 

 
Conclusiones………………………………………………………………….………39 
Bibliografía...…………………………………………………………………………40 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

El Arbitraje se ha venido consolidando como un mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos pilar en el Perú. Para que se dé el Arbitraje como tal, las partes renuncian a la 

jurisdicción ordinaria y le otorgan la facultad a los árbitros para que diriman su controversia; 

sin embargo, si bien estos procesos tienen sus ventajas, no se aparta de un posible error. Al 

final, recordemos que todo acto humano es pasible de equivocación. 

 

Es por ello que la Ley de Arbitraje propone el recurso de anulación de Laudo Arbitral. Este 

recurso es interesante no solo por su naturaleza, sino también por los requisitos que tiene para 

su procedencia. La Ley de Arbitraje enumera causales taxativas que podrán ser evaluadas en 

sede judicial y que nos permitirá advertir diversos aspectos referidos al debido proceso, tales 

como el derecho a la motivación en sede arbitral. 

 

Como sabemos, el Laudo Arbitral contiene el resultado del análisis elaborado por el Tribunal 

Arbitral respecto de los puntos controvertidos, el cual debe estar motivado; sin embargo, 

existe un extenso debate referido a los criterios de motivación aplicable al arbitraje. 

 

El presente informe jurídico nos permitirá analizar nuevos supuestos no solo desde la 

perspectiva del derecho al debido proceso, sino también sobre la interpretación y aplicación 

de la Ley de Arbitraje referida al recurso de anulación.  

 

Es por ello que para el análisis de la Resolución primero se desarrollarán los antecedentes, 

luego se identificarán los problemas jurídicos y se plantearán las preguntas que deberán ser 

resueltas. A partir de dichas preguntas se analizarán los argumentos descritos por la Sala para 

finalmente presentar las conclusiones y propuestas sobre el recurso de anulación de laudo. 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN  

 

El presente informe tiene como propósito proponer los criterios esenciales sobre la 

motivación de laudos arbitrales; asimismo, analizará los remedios propuestos por la Ley de 

Arbitraje ante la anulación del laudo arbitral en razón al caso específico y propondrá una 

posible modificación o ampliación del contenido en dicha Ley con la finalidad de 

implementar una guía sobre motivación de los laudos arbitrales. 

 

Ello tiene como finalidad en primer lugar, evitar que se sigan anulando laudos por motivación 

bajo distintos criterios e interpretaciones diferenciados por parte del Poder Judicial. En 

segundo lugar, proponer una forma de anulación de laudo arbitral por inexistencia de 

motivación a través de la Ley. En tercer lugar, efectivizar la limitación que plantea la ley al 

Poder Judicial sobre la evaluación de motivación de laudos arbitrales. 

 

Finalmente, la elección de la presente resolución es muy importante ya que con el contenido 

a desarrollar se podrá evitar la indefensión de las partes en el desarrollo del proceso y en las 

actuaciones posteriores a la decisión en razón no solo de la controversia que se busca 

resolver, sino también en relación a los derechos que se protegen en todo momento, como 

los constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

III. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

3.1. DEL PROCESO ARBITRAL 

 

3.1.1. Antecedentes  

 

- Con fecha 17 de diciembre de 2015 el Consorcio Indusac S.R.L. – Kajachri E.I.R.L. (en 

adelante, el Consorcio) y el Gobierno Regional del Cusco (en adelante, la Entidad) 

suscribieron el Contrato N° 296-2015-GR CUSCO/ORAD para la adquisición de 

materiales para las instalaciones eléctricas a la META 52: “Mejoramiento y Ampliación 

de los Servicios de Educación Primaria de la I.E 56039, Distrito de Santa, Provincia de 

Canchis, Departamento del Cusco” (en adelante, el Contrato), el cual contiene el 

convenio arbitral en su cláusula décimo quinta. 

 

- El 28 de junio de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral Unipersonal, señalando en el acta 

de instalación la aplicación para el presente proceso del Reglamento de Arbitraje del 

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 2012 (en adelante, el Reglamento 2012). 

Asimismo, se acordó la aplicación supletoria del Reglamento de Arbitraje PUCP 2017 

(en adelante, el Reglamento 2017) y el Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, Ley 

de arbitraje). Sin perjuicio de ello, es de aplicación las normas establecidas en la Cláusula 

Décimo Cuarta del Contrato materia de controversia. 

 

3.1.2. Posición de las partes 

 

De la demanda arbitral 

 

- De conformidad con el plazo establecido por ley, con fecha 14 de junio de 2018, el 

Consorcio presentó su demanda arbitral y formuló las siguientes pretensiones: 

 



6 
 

i. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: “Se ordene a la Entidad 

cumplir con su obligación contractual de pagar a favor del Consorcio 

el monto de S/ 55,890.88 (Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa 

con 88/100 soles), en el marco de lo pactado en el Contrato N° 296-

2015-GR CUSCO/ORAD suscrito entre la Entidad y el Consorcio, 

más el pago de los intereses legales que deben ser computados desde 

el 29 de diciembre de 2015”. 

 

ii. PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA: Se ordene a la Entidad 

pagar a favor del Consorcio una indemnización ascendente al monto 

de S/ 55.890.88 (Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa con 

88/100 soles), por haberse enriquecido en forma indebida a expensas 

del patrimonio del Consorcio, más el pago de intereses legales que 

deben ser computados desde el 29 de diciembre de 2015”. 

 

- Adicionalmente, el Consorcio solicitó el reembolso de los costos del proceso arbitral 

asumidos por ellos. 

 

De la contestación de la demanda 

 

- La Entidad, mediante escrito presentado con fecha 12 de enero de 2018, contestó la 

demanda solicitando que se declare infundada en todos sus extremos en razón a que el 

Contrato no se llegó a perfeccionar por la falta de emisión y notificación de la Orden de 

Compra, de acuerdo a la Cláusula Quinta del referido contrato.  

 

3.1.3.  De lo resuelto por el Árbitro Único 

 

- De conformidad con el acta de la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, 

llevada a cabo con fecha 13 de mayo de 2018, el Árbitro Único fijo las siguientes 

cuestiones controvertidas: 

 



7 
 

• Primer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no, ordenar a la 

Entidad cumplir con su obligación contractual de pagar a favor del Consorcio el 

monto de S/ 55,890.88 (Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa con 88/100 

soles), en el marco de lo pactado en el Contrato N° 296-2015-GR 

CUSCO/ORAD suscrito entre la entidad y el consorcio, más el pago de los 

intereses legales que deben ser computados desde el 29 de diciembre de 2015 

(fecha de entrega de bienes). 

• Segundo Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no, ordenar a la 

Entidad pagar a favor del Consorcio una indemnización ascendente al monto de 

S/ 55.890.88 (Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa con 88/100 soles), por 

haberse enriquecido en forma indebida a expensas del patrimonio del Consorcio, 

más el pago de intereses legales que deben ser computados desde el 29 de 

diciembre de 2015 (fecha de entrega de bienes). 

• Tercer Punto Controvertido: Determinar si corresponde o no, ordenar a la 

Entidad el reembolso de los costos del presente proceso arbitral asumidos por el 

Consorcio. 

 

- En relación a las pretensiones planteadas por la parte demandante, el Tribunal Arbitral 

Unipersonal vertió los siguientes argumentos: 

 

- Respecto de la primera pretensión principal, el Árbitro único señaló que, en materia de 

contratación pública, a la firma del contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las 

prestaciones pactadas, según con lo acordado en el contrato. Con ello, la entidad se 

compromete a pagar por la contraprestación obtenida; sin embargo, siendo que en el 

arbitraje en cuestión se trata de una contratación por Adjudicación Directa Selectiva, se 

debe diferenciar entre la vigencia del contrato y el plazo para la ejecución contractual. 

 

- Asimismo, según lo expresado por el Árbitro Único, el contrato se perfecciona o produce 

sus efectos jurídicos mediante el consentimiento de las partes contratantes; en cambio, 

el plazo de la ejecución contractual se computa desde el momento en que el Consorcio 

se encuentra obligado a ejecutar las prestaciones materia de contratación, conforme al 



8 
 

artículo 151° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado1, el cual 

establece que en el caso de contrataciones perfeccionadas mediante orden de compra o 

de servicio, el plazo de ejecución se computa desde el día siguiente de recibida la misma. 

 

- En ese sentido, el Árbitro Único indicó que, desde la suscripción del contrato de fecha 

17 de diciembre de 2015 hasta la emisión del Orden de Compra, la ejecución de la 

obligación contractual se encontraba diferida; es decir, la ejecución de la prestación se 

encontraba sujeta a condición suspensiva. Asimismo, señaló que, de conformidad con el 

artículo 148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, dentro del plazo de siente (7) 

días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado 

administrativamente firme, debe notificarse la orden de compra o de servicios, lo cual es 

responsabilidad únicamente atribuible a la entidad; siendo su obligación el emitir y 

registrar todas las órdenes de compra y demás actos que se generen, inclusive aquellas 

que hayan sido anuladas y/o canceladas con la finalidad de garantizar la publicidad y 

transparencia en la contratación pública. 

 

- Por otro lado, el Árbitro Único manifestó que la orden de compra, se entiende que fue 

anulada; sin embargo, señaló que corresponde hacer una diferenciación entre acto y 

documento; siendo este último la incorporación o reproducción de un determinado acto 

por escrito, el cual con su existencia produzca efectos jurídicos entre las partes 

intervinientes desde su notificación. En ese sentido, el Árbitro Único señaló que la Orden 

de compra, en el presente caso, sería un acto administrativo en el cual la entidad 

perfecciona un contrato público, haciendo alusión también al artículo 225° del Código 

Civil, el cual señala que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para 

probarlo, dado que puede subsistir el acto, aunque el documento se declare nulo.  

 

- Asimismo, el Árbitro Único precisó que para que la Orden de Compra sea anulada, la 

misma debió haber cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 56° de 

la Ley de Contrataciones con el Estado2 y que una posición en contrario significaría 

 
1 Decreto Supremo N° 184-2008-EF publicado el 31 de diciembre de 2008. 
2 Decreto Legislativo N° 1017 



9 
 

amparar un ejercicio abusivo por parte de las Entidades Públicas, para nulificar actos sin 

motivación alguna que justifique la decisión adoptada. Entonces, habiendo confirmado 

la validez de la orden de compra, una decisión administrativa deviene en eficaz, siempre 

que se hayan efectuado cualquiera de los medios de notificación previstas legalmente, 

que da el inicio al cómputo del plazo de ejecución. Para lo cual, el árbitro único hace 

mención del artículo 70° de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

 

- En ese sentido, el Árbitro único señala que, al haberse inscrito la orden de compra en el 

SEACE, el día 23 de diciembre de 2015, a partir de ese momento se perfecciona el 

contrato y el plazo para su ejecución empieza a computarse. 

 

- Sumado a ello, de conformidad con la cláusula quinta del contrato, el plazo para la 

entrega de los bienes será de seis días calendarios desde notificada y/o entregada la 

Orden de Compra al Consorcio. En consecuencia, el Consorcio al tomar conocimiento 

de la emisión del a orden de compra, procedió a entregar con los materiales requeridos 

en el contrato, lo cual se confirma con el sello de recibido por el Almacenero de Obra de 

la Entidad, en la Guía de Remisión N° 0001-00051.  De ello, el Árbitro Único advierte 

que la Entidad no se opuso en ningún momento a la recepción de los materiales. En razón 

a ello, el Árbitro único declara fundado el primer punto controvertido. 

 

- Respecto al segundo punto controvertido, el Árbitro único conviene en desestimarlo toda 

vez que se trata de una pretensión subordinada y su procedencia está sujeta a que la 

principal sea desestimada. 

 

- Finalmente, respecto del tercer punto controvertido, el Árbitro Único señala que de 

conformidad con el artículo 56° numeral 2) del Decreto Legislativo N° 1071, 

corresponde atender la pretensión de pagos de gastos del arbitraje, toda vez que la 

pretensión principal ha sido amparada, para lo cual la Secretaría deberá practicar una 

liquidación de dichos gastos. 

 



10 
 

- En atención a lo mencionado, el Árbitro Único declara fundada la primera pretensión, 

infundada la pretensión subordinada y ordena a la Entidad cumpla con pagar a favor del 

Consorcio el íntegro del importe correspondiente a los gastos arbitrales del proceso. 

 

De los recursos contra el Laudo 

 

- Con fecha 10 de septiembre de 2018, el Consorcio presentó recursos contra el Laudo 

solicitando la rectificación e interpretación del mismo, el cual se corrió traslado a la 

Entidad mediante Resolución N° 13 de fecha 12 de octubre de 2018 y que no absolvió. 

La rectificación corresponde a un error material en la parte resolutiva del laudo y la 

interpretación respecto del tercer punto controvertido.  

 

- Sobre el particular, mediante resolución N° 14 de fecha  5 de noviembre de 2018 el 

Árbitro Único precisó que el artículo 70° de la Ley de Arbitraje, señala que los árbitros 

en el laudo fijaran los costos del arbitraje, los mismos que comprenden los honorarios y 

gastos del tribunal arbitral, los honorarios y gastos del secretario arbitral, los gastos 

administrativos de la institución arbitral, los honorarios y gastos del perito, los gastos 

razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje y demás gastos 

razonables acreditados. 

 

- Asimismo, el árbitro advirtió que el Consorció efectuó el pago de los gastos arbitrales 

correspondiente a la entidad, incluyendo los gastos de notificación fuera de Lima. En 

adición a ello, el referido árbitro añadió los honorarios profesionales de la defensa de la 

parte actora, correspondiente a la suma de S/10,000.00, de los cuales menciona que 

resultan razonables considerando el tiempo que duró el proceso y la cuestión sometida a 

arbitraje.  

 

- En ese sentido, el Árbitro Único procedió con aclarar y aprobar la liquidación final de 

los gastos arbitrales a ser pagados por la Entidad, en la suma de S/ 22, 447.4 (veintidós 

mil cuatrocientos cuarenta y siete y 4/100 soles), incluidos los impuestos de ley. 

 



11 
 

3.2. DEL PROCESO DE ANULACIÓN DEL LAUDO 

 

3.2.1. De la demanda y absolución de la anulación de laudo 

 

3.2.1.1. Argumentos del Gobierno Regional de Cusco 

 

- Con fecha 7 de diciembre de 2018, la Entidad solicita la anulación del laudo arbitral 

invocando la causal contenida en el inciso c) del numeral del artículo 63° del Decreto 

Legislativo N° 1071. Para ello argumentó que, de conformidad con el artículo 97º del 

Reglamento del 2012, el artículo 73° de la Ley de Arbitraje y el acta de instalación, la 

distribución del pago debía ser en forma equitativa; es decir, sobre el 50% del costo 

arbitral. 

 

- Asimismo, señala que la distribución se dio de manera injusta y desproporcionada, 

puesto que no fueron expuestos, demostrados ni documentados y que al recurso post 

laudo se le dio naturaleza impugnatoria puesto que al emitir una resolución donde no se 

realizó una ponderación respecto de la cuantificación del pago de gastos arbitrales se ha 

incurrido en una transgresión al debido proceso, ya que se advierte una valoración de 

medios probatorios que no se ofrecieron.  

 

- Finalmente, menciona que el accionar del árbitro no solo constituye un acto ilegal 

contrario a derecho, sino que también vulnera el derecho a la defensa ya que se trataría 

de una prueba nueva. 

 

3.2.1.2. Argumentos del Consorcio 

 

- El Consorcio absolvió el recurso de anulación de laudo argumentando que existe una 

diferencia entre la obligación de las partes para pagar los honorarios de los árbitros y los 

gastos administrativos de la institución arbitral, que son parte de los costos arbitrales; y, 

la imputación de los costos arbitrales de donde surge la obligación de la parte vencida 

de reembolsar a la parte vencedora los costos arbitrales.  



12 
 

 

- El Consorcio reconoce que, de conformidad con el acta de instalación y el artículo 97º 

del Reglamento 2012, se pactó que las partes paguen en proporciones iguales los montos 

correspondientes a los honorarios del Tribunal Arbitral y los gastos administrativos del 

Centro de Arbitraje; sin embargo, señala que el concepto de imputación o distribución 

de los costos arbitrales corresponde al momento de emisión de laudo y no genera una 

obligación de las partes hacia el tribunal o institución arbitral, sino regula una relación 

entre ellas. Asimismo, menciona que es de aplicación el artículo 104° del Reglamento 

del Centro de Arbitraje del año 2012, el cual está relacionado al artículo 73° numeral 1) 

de la Ley de Arbitraje; y, siendo que la cláusula arbitral ni el convenio arbitral establecían 

la distribución de dichos gastos, estos se debían de asignar de acuerdo a la normativa 

mencionada. 

 

3.2.2. De lo resuelto por La Sala Civil con Subespecialidad Comercial 

 

- La Sala señaló que el recurso de anulación es una pretensión impugnativa que activa el 

sistema de revisión judicial del arbitraje y que dicho recurso establece los límites de la 

labor del órgano jurisdiccional competente, el cual se ve restringida a las causales 

taxativas establecidas en la norma. Por esa razón, se encuentra impedido de someter a 

evaluación el criterio adoptado por los árbitros al decidir el fondo de la controversia ya 

que de hacerlo estarían yendo en contra de la voluntad plasmada por las partes mediante 

convenio arbitral. 

 

- Respecto del reclamo previo en sede arbitral, la Sala señala que si bien el artículo 63° 

numeral 2) de la Ley de arbitraje establece que la procedencia del recurso se dará siempre 

que este haya sido objeto de reclamo expreso ante el Tribunal Arbitral, en su momento, 

por la parte afectada y que este haya sido desestimado. Asimismo, precisa que, en el caso 

en concreto, la Entidad denuncia el incumplimiento de reglas, entendiéndose con ello 

que se transgrede el debido proceso y el derecho a la motivación, toda vez que, como 

reclama la entidad, los montos habrían sido dictados de manera injusta y 

desproporcionada en la resolución que resuelve los recursos contra el laudo, ya que 



13 
 

previamente no fueron expuestos, demostrados ni documentados. En ese sentido, siendo 

que no existe un mecanismo idóneo para este tipo de vicios, la Sala establece que no 

corresponde exigir un reclamo previo para la procedencia de la anulación del laudo en 

cuestión. 

 

- Para el presente caso, a consideración de la Sala, resulta pertinente la aplicación de la 

causal “c”, la cual tiene por objeto el respeto del acuerdo de las partes sobre las reglas 

del proceso, regla que en este caso estaría contenida en el artículo 56º de la Ley de 

Arbitraje, que establece que “todo laudo debe ser motivado, a menos que las partes hayan 

convenido algo distinto”; en ese orden de ideas, la sala se declara habilitada para conocer 

del presente recurso de anulación de laudo. 

 

- Respecto de la debida motivación del laudo arbitral, la Sala toma en consideración la 

sentencia emitida por el Tribunal Arbitral recaída en el expediente N.º 06167-2005-HC, 

el cual en su fundamento 12 señala que: “El reconocimiento de la jurisdicción arbitral 

comporta la aplicación a los tribunales arbitrales de las normas constitucionales y, en 

particular, de las prescripciones del artículo 139º de la de Constitución, relacionadas a 

los principios y derechos de la función jurisdiccional”. En tal sentido, de conformidad 

con el artículo 139° inciso 5), las resoluciones deben estar motivadas y estar relacionadas 

a las cuestionar decisorias, debidamente expresadas y sustentadas. 

 

- Respecto del análisis del Laudo Arbitral cuestionado, la Sala precisa que, del tercer punto 

controvertido fijado en el proceso arbitral, el Árbitro Único debía determinar si 

correspondía o no, ordenar a la Entidad el reembolso de los costos del presente proceso 

arbitral asumidos por el Consorcio. 

 

- Al respecto, la Sala considera que la resolución no expresa las razones mínimas que han 

permitido concluir que dicho monto es razonable y que, si bien el árbitro menciona que 

se debe tener en consideración la duración del proceso y la cuestión controvertidas, no 

explica el proceso mental que según su criterio dicho monto es razonable.  

 



14 
 

- En adición a ello, señala que se trataría de una motivación aparente porque solo trata de 

dar un cumplimiento formal al mandato del derecho de motivación, no satisfaciendo 

uno de los elementos del contenido esencial de la motivación. Por lo que, la Sala llega 

a la conclusión que resulta manifiesta la contravención del debido proceso en su 

expresión de inexistencia de motivación o motivación aparente; al resolver el tercer 

punto controvertido, por lo que, la causal c) del numeral 01 del artículo 63° del Decreto 

Legislativo N° 1071 denunciada deberá ser plenamente estimada, declarándose nulo el 

Laudo en dicho extremo, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a las 

demás alegaciones formuladas en el recurso de anulación. 

 

- Finalmente, la Sala precisa que no se vulnera el artículo 62º de la Ley de Arbitraje, pues 

no se está emitiendo juicio alguno sobre los criterios e interpretaciones del Árbitro 

Único, sino que únicamente se ha procedido a identificar los temas que han permitido 

acreditar que el laudo sub materia vulnera el derecho a la motivación de la entidad 

recurrente en relación al tercer extremo resolutivo. 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

En la resolución materia de análisis se ha identificado los siguientes problemas jurídicos:  

 
4.1. Problema Principal:  ¿La Primera Sala Comercial debió declarar fundado el recurso 

de anulación de laudo arbitral mediante resolución N° 11 de fecha 27 de agosto de 

2020? 

 

4.2. Problemas Secundarios:  

 

4.2.1 ¿Fue correcta la aplicación del literal “c” del numeral 1) del artículo 63° de la 

Ley de Arbitraje para solicitar la anulación del laudo arbitral? 

 

4.2.2 ¿La Sala ha vulnerado el artículo 62° de la Ley de Arbitraje? 

 



15 
 

- ¿La Sala tiene la facultad para evaluar la motivación en el laudo arbitral 

realizada por los árbitros? 

- ¿La Sala contraviene el poder de discrecionalidad del árbitro al analizar 

la motivación del Laudo Arbitral? 

- ¿La Sala contraviene el acuerdo pactado por las partes? 

 

 
V. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

 
5.1. CUESTIÓN PREVIA: MARCO CONCEPTUAL 
 

5.1.1. Arbitraje 
 
5.1.1.1. Concepto 

 
El Arbitraje es un método alternativo de controversias que tiene reconocimiento 

constitucional y que se hace aplicable a través del acuerdo de las partes quienes mediante 

convenio arbitral renuncian a la sede ordinaria.  

 

Por otro lado, es preciso hacer una distinción entre los arbitrajes entre privados y los 

arbitrajes con el Estado, siendo que el último se da dentro del ámbito de las 

Contrataciones Públicas, por lo que se aplicaría también la normativa especial sobre 

contrataciones públicas. Para ello el artículo 45° inciso 1) de la Ley de Contrataciones 

con el Estado3 señala que las controversias que surjan entre las partes sobre temas 

específicos se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 

partes.  

 

De dicho artículo se puede advertir, en primer lugar, que la Ley establece como métodos 

de resolución de controversias procesos extraordinarios, tales como la conciliación o el 

arbitraje. Así también, se puede ver que mediante este artículo las partes; es decir, la 

entidad y el posible contratista, se encuentran obligadas a arbitrar sus controversias 

 
3 Artículo 45. medios de solución de controversias de la ejecución contractual 45.1 Las controversias que surjan entre las 
partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje 
Ad hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 



16 
 

renunciando a la vía judicial o también llamada la vía ordinaria.  Castillo y Sabroso 

(2011) señalan lo siguiente respecto a este punto: 

 

El arbitraje es voluntario cuando son las partes en conflicto, actual o potencial, las que 

deciden someter la decisión a un tercero neutral. Por su parte, el arbitraje es forzoso 

cuando viene impuesto por voluntad del legislador, quien manda que determinados 

conflictos sean resueltos mediante arbitraje (p.43).  

 

Por otro lado, la Ley deriva a su reglamento para verificar los supuestos en los cuales se 

debe realizar un arbitraje ad hoc en la contratación pública o de lo contrario un arbitraje 

de tipo institucional. Respecto a ello, podemos inferir que todos los arbitrajes serían 

institucionales, salvo que calcen en algún supuesto de arbitraje ad hoc señalado por la 

norma.  

 

De conformidad con el artículo 7° inciso 1) de la Ley de Arbitraje4 un arbitraje ad hoc 

se caracteriza por ser un proceso administrado por el mismo Tribunal Arbitral quienes a 

su vez tienen contacto directo con las partes, dado que dicho Tribunal estaría conformado 

por los árbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal. También existe la 

posibilidad que sea compuesto por un solo árbitro (árbitro único).  

 

Por su parte, el arbitraje institucional, como detalla su mismo nombre, se caracteriza 

porque la administración del proceso sea llevada a través de una institución arbitral que 

sirve como un nexo entre el tribunal arbitral y las partes. Cabe precisar que la institución 

arbitral cuenta con un reglamento que tiende a dirigir todo el proceso que; sin embargo, 

no resulta limitativo toda vez que las partes pueden modificar de común acuerdo ciertos 

aspectos procesales que sean permitidos por el reglamento o la Ley de Arbitraje.  

 

5.1.1.2. Discrecionalidad de los árbitros: alcances y límites 

 

 
4 Artículo 7.- Arbitraje ad hoc e institucional. 1. El arbitraje puede ser ad hoc o institucional, según sea conducido por el 
tribunal arbitral directamente u organizado y administrado por una institución arbitral. 



17 
 

La Ley de Arbitraje no señala expresamente los alcances y límites de la discrecionalidad 

de los árbitros; no obstante, se puede vislumbrar ciertos parámetros a lo largo de dicha 

norma.   

Sobre el particular, Roger Rubio (2007) señala que la discrecionalidad de los árbitros es 

uno de los factores en juego en la dinámica de un arbitraje y que encuentra diversos 

ámbitos de actuación en el desarrollo del proceso (p.21) 

 

El referido autor menciona siete (7) momentos en los cuales los árbitros tienen la facultad 

de ser discrecionales, tales como: a) discrecionalidad para fijar las reglas del proceso, b) 

discrecionalidad para conducir el proceso, c) discrecionalidad para resolver sobre su 

propia competencia, d) discrecionalidad para resolver ante los vacíos de la ley, e) 

discrecionalidad para interpretar, modificar o flexibilizar las reglas,  f) discrecionalidad 

para valorar medios probatorios, g) discrecionalidad para fijar los honorarios y gastos 

arbitrales. 

 

Ahora, es preciso resaltar que, si bien los árbitros pueden decidir sobre estos puntos ante 

la incertidumbre, lo cierto es que la decisión no se encuentra a su libre albedrio, toda vez 

que cada punto tiene como margen el acuerdo de las partes, normas, principios y que la 

decisión no sea contraria a ley. En ese sentido, podemos deducir que efectivamente 

existen límites para el accionar de los árbitros. Sumado a ello, se debe considerar también 

que, cuando se trata de un arbitraje institucional, los árbitros encuentran una limitación 

extra, seguir con el reglamento de la institución. 

 

5.1.1.3. Costos Arbitrales 

 

Los costos arbitrales se encuentran regulados en el Título VII de la Ley de Arbitraje. Al 

respecto, el Artículo 70° de la referida ley señala que el Tribunal Arbitral fijará en el 

laudo los costos del arbitraje, los mismo que de acuerdo a dicho cuerpo normativo 

comprenden los siguientes aspectos:  

 

a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.  



18 
 

b. Los honorarios y gastos del secretario.  

c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.  

d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el 

tribunal arbitral.  

e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.  

f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales. 

 

Como se puede advertir, el artículo 70° de la Ley de Arbitraje efectivamente plantea 

cuáles son los criterios que están comprendidos como costos arbitrales. Al respecto, es 

necesario precisar que cuando la Ley señala sobre los gastos razonables incurridos por 

las partes para su defensa, se refiere específicamente a los honorarios de los abogados.  

 

Como señala Marianella Ledesma (2010),  

 
“(…) los costos del arbitraje son los gastos efectuados directamente en el proceso por una 
de las partes para la persecución y defensa de su derecho como sería el pago de honorario 
del abogado; a diferencia de los gastos arbitrales (comprende los honorarios y gastos del 
Tribunal Arbitral, del secretario, de la institución arbitral y de los peritos o de cualquier 
otra asistencia requerida por el tribunal arbitral) que son comunes y que ambas partes han 
desembolsado para que sea viable el procedimiento arbitral (p.77). 

 

De lo mencionado se advierte que existe una diferencia entre costos del arbitraje y gastos 

arbitrales. Los gastos arbitrales hacen referencia a gastos comunes entre las partes para 

llevar a cabo el proceso, en cambio, los costos del arbitraje se refieren a un conjunto de 

gastos que se pagan durante el proceso arbitral, lo cual incluye los honorarios de los 

abogados de las partes y los mismos gastos arbitrales. 

 

En adición a ello, la Ley de arbitraje también prevé en su artículo 73°, que el Tribunal 

Arbitral será el encargado de distribuir los costos teniendo en cuenta el acuerdo de las 

partes; y, que, si no hubiese acuerdo en los costos del arbitraje, estos estarán a cargo de 

la parte vencida. No obstante, a su criterio, el Tribunal Arbitral podrá distribuir esos 

costos entre las partes si estima que el prorrateo es razonable, de acuerdo a las 

circunstancias del caso. 

 



19 
 

La Ley señala que la distribución puede estar pactada por las partes y que, si no hay 

acuerdo, paga la parte vencida; sin embargo, es preciso mencionar que las partes pueden 

realizar el acuerdo de distribución en cualquier momento. Si pensamos en 

probabilidades, la parte que esté segura que será la vencedora, preferirá no tener acuerdo, 

pero también se debe tener en consideración que, en la mayoría de los casos, se puede 

advertir que el Tribunal Arbitral por un criterio equitativo, establece en el laudo que las 

partes paguen en porcentajes iguales. 

 

Como señala Marianella Ledesma (2010), no estamos ante un tema de preclusión en el 

que si no se hace determinado acto en una determinada etapa del proceso se pierde la 

oportunidad de hacerlo posteriormente (p. 76). 

 

5.1.2. La motivación de laudo arbitrales 

 

5.1.2.1. La motivación en sede judicial 

  

Como señala la Constitución en el artículo 139°, las decisiones judiciales deben estar 

motivadas, lo cual por su importancia ha sido detallada profundamente mediante 

pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional.  

 

Claro ejemplo de ello es el Caso de Giuliana Llamoja, recaído en el Expediente 

N°00728-008-HC, el precedente más importante a la actualidad respecto de la 

motivación de resoluciones judiciales, toda vez que el mismo delimita el alcance del 

derecho de la debida motivación en supuestos tales como: a) Inexistencia de motivación 

o motivación aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento; c) Deficiencias 

en la motivación externa; justificación de la premisas; d) Motivación insuficiente; e) 

Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones cualificadas. 

 

En ese sentido, se puede deducir que una resolución estará bien motivada cuando se 

presenten los siguientes aspectos: 

 



20 
 

▪ Presenta razones mínimas que sustentan la decisión, que respondan a las 

alegaciones de las partes en el proceso y no solo sean frases sin sustento de hecho 

o jurídico.  

▪ Exista motivación interna del razonamiento. Ello se da cuando la inferencia es 

válida y existe coherencia narrativa. 

▪ No haya deficiencias en la motivación externa; es decir, que las premisas estén 

sustentadas. 

▪ La motivación sea suficiente, lo cual refiere a la mínima motivación en base a las 

razones de hecho o derecho que permita asumir una posición. 

▪ La motivación sea sustancialmente congruente; es decir, que el debate procesal 

gire en torno a las pretensiones planteadas por las partes. 

▪ Se trate de motivación cualificada, está debe tener una justificación especial al 

actuar como doble mandato. 

 

Cabe resaltar que, la motivación es una garantía para las partes ya que las protege de 

resoluciones carentes de justificación y pone límites a la arbitrariedad de los jueces. 

 

5.1.2.2. La motivación en sede arbitral  

 

La Ley de Arbitraje en su artículo 56° inciso 1) señala que todo laudo arbitral deberá ser 

motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate de un 

laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50°. 

Asimismo, el artículo 57° inciso 1) del mismo cuerpo normativo señala que el tribunal 

arbitral decidirá el fondo de la controversia, de acuerdo a derecho.  

 

Lo cierto es que, al igual que en sede judicial, la motivación se presenta como una 

garantía que previene la arbitrariedad del juez y lo obliga a señalar los fundamentos en 

los cuales basa su decisión.  Sin embargo, surge un cuestionamiento al respecto. ¿se 

deben utilizar los mismos criterios aplicables en sede judicial al arbitraje? La respuesta 

sería que no, debido a los siguientes argumentos a exponer.  

 



21 
 

En primer lugar, se debe precisar que, al momento de impugnar una sentencia en sede 

judicial, de acuerdo a lo solicitado, no solo se hace revisión de los aspectos de forma, 

sino de fondo. No obstante, el laudo arbitral, según la ley, no puede pasar por una 

revisión sobre los criterios o fundamentos de la decisión, ya que se trata de una instancia 

única.  

 

En segundo lugar, debemos establecer cuáles son los criterios de motivación de un laudo 

arbitral. Los criterios establecidos de por sí están dirigidos a los jueces, para que pueden 

desempeñarse acorde a la constitución; es decir, respetando los derechos de las partes; 

sin embargo, se debe precisar que, si bien la finalidad existente entre un juez y un árbitro 

es similar, no estamos hablando de la misma figura. Ello en razón a que el juez cumple 

una función pública y debe responder por sus decisiones de acuerdo a derecho; sin 

embargo, cuando hablamos de árbitros, nos referimos a personas a quienes se les ha dado 

la facultad a través del acuerdo de las partes a dirimir una controversia. 

 

En la misma línea, Ricardo León Pastor (2017) señala lo siguiente: 

 
“(…) los árbitros no son jueces, porque no son funcionarios de carrera dedicados a tiempo 
completo y por delegación de facultades soberanas a administrar justicia.  No están sujetos a 
la disciplina, los controles y las revisiones de instancia superior sobre las decisiones que 
toman.  Los árbitros son personas individuales a quienes los ciudadanos, empresas y entidades 
escogen para dirimir controversias.  Los escogen porque, consideran las partes en contienda, 
tienen la capacidad profesional, la integridad y el tiempo para dedicarse a resolver la disputa. 
Y los escogen porque sus decisiones finales son definitivas y pueden ejecutarse sin dilación. 
En ese marco, las partes contendoras prefieren, cuando así lo desean, el arbitraje antes que el 
servicio judicial estatal” (p. 45). 

 

Lo cierto es que la Ley de Arbitraje estable que los árbitros deben motivar sus decisiones; 

sin embargo, consideramos que no es obligatorio que los árbitros motiven de acuerdo a 

las disposiciones establecidas y dirigidas a directamente a los jueces. 

 

Existen varios autores que señalan que, al ser reconocido como jurisdicción, los mismos 

derechos constitucionales procesales referidos en el artículo 139° de la Constitución 

deben ser aplicados en sede arbitral; no obstante ello, cuando se refiere a la motivación, 

se debe hacer una diferencia. 



22 
 

 

Sobre dicho artículo, Héctor Campos (2019) señala lo siguiente: 

 
“Si algún alcance da la referencia constitucional antes transcrita al derecho a la motivación 
es que el mismo se configura en el contexto en el que se haya emitido una resolución judicial. 
Y por más carácter jurisdiccional (rectius: jurisdiccionalidad asimilada) que la Constitución 
y el Tribunal Constitucional le haya reconocido al arbitraje, lo judicial (en donde de por medio 
está el ejercicio de una función estatal) no es equiparable a lo arbitral (en donde no hay 
ejercicio de función estatal alguna, y por el contrario encuentra su fundamento vinculante 
para las partes en su propia autonomía).” (p.268) 

 

 

5.1.3. Recurso de anulación de Laudo Arbitral 

 

5.1.3.1. El Recurso de anulación 

 

La Ley de Arbitraje señala en el artículo 62° inciso 1) que contra el laudo solo podrá 

interponerse recurso de anulación y que mediante este recurso se resuelve declarando la 

validez o nulidad del laudo.5  

 

Este artículo trae a colación un debate importante, el cual se ve reflejado en razón a la 

naturaleza de la anulación de laudo. Como se ha mencionado previamente el arbitraje 

nace de la cláusula arbitral que, al ser pactada por las partes, estas renuncian a la 

jurisdicción ordinaria y se comprometen a no iniciar proceso por vía judicial. Sin 

embargo, la Ley establecería un recurso para que la Sala revise el laudo, bajo ciertas 

condiciones.  

 

En primer lugar, es preciso mencionar la relación entre el arbitraje y el Poder Judicial. 

Para ello Ana María Arrarte (2009) señala que la intervención judicial se puede presentar 

bajo las siguientes modalidades: i) subsidiaria; ii) complementaria; iii) de colaboración 

y iv) revisora (p.187). 

 
5 Artículo 62.- Recurso de anulación.  

1. Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del 
laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63.  
 



23 
 

 

La primera modalidad hace referencias a los casos en donde los árbitros no pueden 

realizar determinados actos relacionados al proceso, por lo cual piden auxilio judicial; 

por ejemplo, las medidas cautelares previas a la constitución del tribunal arbitral (p. 187). 

 

La segunda modalidad se presenta ante aquellos casos donde la obtención de un resultado 

requiere tanto la intervención arbitral como la judicial, en donde la intervención judicial 

requiere el uso de la fuerza; por ejemplo, la actuación de medios probatorios en el 

supuesto de dictar medidas coercitivas, en la ejecución de medidas cautelares, entre otros 

(pp. 188-189).  

 

La tercera modalidad trata de supuestos en los que, tanto la obtención de una decisión, 

como su ejecución, pueden ser conseguidas en el proceso arbitral; sin embargo, la Ley 

de Arbitraje autoriza a que también se puedan solicitar en la vía judicial, sin que ello 

implique renuncia alguna al arbitraje; por ejemplo, la intervención judicial en actuación 

probatoria o el dictado de medidas cautelares cuando el arbitraje internacional se 

encuentra en trámite (pp. 190- 191). Finalmente, la última modalidad refiere a un análisis 

del laudo por parte de la autoridad judicial limitada por la misma ley de arbitraje; por 

ejemplo, el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros y la anulación de laudo (pp. 

192- 193). 

 

Ahora, la referida autora se refiere a la anulación de laudo como un tipo de intervención 

excepcional, toda vez que el laudo es inimpugnable y se encuentra limitado a criterios 

concretos y expresos para dicha revisión tales como las causales taxativamente 

planteadas en la Ley. 

 

Lo cierto es que todavía quedan dudas respecto del recurso de anulación ya que en el 

Arbitraje no existe una segunda instancia, sino que se inicia un proceso en sede judicial 

para la revisión de causales taxativas establecidas por la Ley. Entonces la cuestión se 

plantea del siguiente modo: ¿se trata de un recurso o de un proceso autónomo? 

 



24 
 

Veamos lo siguiente. Primero, la Corte Suprema es la autoridad encargada de hacer la 

revisión del laudo. En segundo lugar, la revisión que realiza la Corte es respecto de las 

causales taxativamente establecidas en la Ley. Finalmente, la misma Ley señala que no 

se puede hacer una revisión respecto del fondo de la controversia, el contenido de laudo, 

los criterios de calificación, motivaciones o interpretaciones por parte del tribunal 

arbitral.  

 

Al respecto, Mario Reggiardo (2014) señala lo siguiente: 

 
“(…) obligar que exista una segunda instancia arbitral que revise el laudo desvirtuaría 
los objetivos del arbitraje. Sin embargo, si el recurso de anulación de laudo es realmente 
un proceso autónomo, más allá de que la pretensión de la demanda de anulación tenga 
como finalidad revisar si en el arbitraje se respetó lo pactado en el convenio arbitral o si 
lo pactado en el convenio arbitral respetó la ley, ambas partes deberían bajo ese contexto 
tener la posibilidad de acceder a una revisión de lo resuelto en primera instancia” (p.160). 
 

Tomando en consideración lo mencionado por dicho autor podemos colegir que 

efectivamente no se trata de un proceso autónomo, sino que se trata de un recurso de 

impugnación extraordinario donde participa la instancia judicial como revisor del laudo 

dentro de los parámetros establecidos por ley.  

 

Asimismo, la Ley de Arbitraje es específica respecto de las causales por las cuales se 

pueden anular un laudo arbitral y en su artículo 63° en el inciso 1) establece lo siguiente: 

 

a) Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. Dicho 

literal hace referencia en primer lugar, al acuerdo de las partes ya que las mismas 

deben concordar para someter la controversia a arbitraje. Luego, este inciso también 

hace referencia a que el acuerdo de las partes no debe tener alguna causal de nulidad 

del acto; lo cual se verifica de la revisión del Código Civil. 

 

b) Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un 

árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos. Este inciso está estrechamente relacionada al debido proceso, ya 

que las partes no solo debe tener conocimiento de las actuaciones arbitrales, sino 



25 
 

también la garantía de poder participar de ellas durante el proceso ejerciendo sus 

derechos. 

 

c) Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han 

ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable. Este inciso 

hace referencia a la anulación del laudo en razón al accionar de los árbitros, 

justamente porque se deben ceñir al reglamento aplicable y al acuerdo de las partes. 

Si bien, como se ha mencionado previamente, los árbitros gozan de 

discrecionalidad, esta se encuentra limitada. 

 

d) Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. 

Dicho inciso también hace referencia al accionar de los árbitros ya que el parámetro 

de la decisión que emiten se encuentra limitada sobre las pretensiones que las partes 

sometan a arbitraje. En ese sentido, si deciden sobre temas no controvertidos resulta 

lógico que se anule el laudo. 

 

e) Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son 

manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. 

Así como los árbitros se deben limitar a las pretensiones de las partes, las partes no 

pueden solicitar que los árbitros resuelvan sobre temas que no son susceptibles de 

arbitrar; y si fuese el caso que lo soliciten, el Tribunal Arbitral no debe resolver tales 

pretensiones.  

 

f) Que, según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible 

de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un 

arbitraje internacional. Este inciso hace referencia a laudos que versan sobre 

materias que no son arbitrables o laudo que vayan en contra del orden público 

internacional. 

 

g) Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, 

previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. Este 



26 
 

inciso también limita la discrecionalidad de los árbitros para que resuelvan la 

controversia dentro de un plazo razonable. Si los árbitros no cumplen con el plazo 

establecido en el reglamento, el laudo arbitral se puede anular. 

 

 

5.1.3.2. Funciones y límites del Poder Judicial 

 

Cuando nos referimos a las funciones y límites del Poder Judicial al momento de evaluar 

el recurso de anulación de laudo arbitral, no solo debemos referirnos a que la Sala evalué 

lo alegado y probado por la parte, sino también a los requisitos y límites previos que la 

misma Ley de Arbitraje señala. 

 

Lo cierto es que el artículo 62° inciso 2) de la Ley de Arbitraje es clara al señalar que el 

recurso se resuelve declarando la validez o nulidad del laudo y que se encuentra 

prohibido que el Poder Judicial se manifieste sobre el fondo de la controversia y el 

razonamiento, criterios o motivaciones que llevó al Tribunal Arbitral a tomar dicha 

decisión. 

 

Alfredo Bullard (2016) comenta el artículo 62 de la Ley de Arbitraje y señala lo 

siguiente:  
 

“…Aquí claramente se señala que no se discuten las motivaciones que no son 
discutibles; lo único que podríamos admitir es un laudo que no está motivado, que 
está en blanco, o sea, resuelve nomás si no dice por qué resuelve. El único caso claro 
está porque hay ausencia de motivación, pero no puedes discutir el contenido de la 
motivación por más malo que sea, y en eso la ley es bastante clara. El objetivo del 
recurso de anulación y yo siempre lo he dicho, es proteger el convenio arbitral, es 
decir proteger el acuerdo de las partes…” (p.431). 

 

Igual, es preciso comentar que, en varias resoluciones judiciales, se ha buscado proteger 

el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, lo cual ha hecho que los 

miembros de Sala que discuten recursos contra el laudo interpreten y justifiquen la 

revisión del laudo en cuanto a motivación. 

 



27 
 

5.1.3.3. Consecuencias de la anulación del laudo arbitral 

 

Una vez superada la revisión de los laudos arbitrales en razón a las causales expresadas 

en el artículo 63º de la Ley de Arbitraje, el laudo al ser anulado según una causal 

específica produce una consecuencia. Cuando se trate sobre la inexistencia del convenio 

arbitral o su validez, el laudo se anula dando la posibilidad a las partes poder demandar 

dicha controversia por sede judicial. Cuando se anula porque las partes no pudieron hacer 

valer sus derechos, el proceso se retrotrae hasta el momento en el que el derecho se vio 

afectado.  

 

Asimismo, si se anula por el incumplimiento del acuerdo de las partes, la consecuencia 

prevista es la nueva designación del árbitro o, en su defecto, se retrotrae el proceso al 

momento en el que se incumplió con el acuerdo de las partes o norma aplicable. Cuando 

se anule total o parcialmente el laudo en razón a que el Tribunal Arbitral decidió sobre 

una materia no controvertida, se podrá iniciar un nuevo arbitraje sobre esa materia o, en 

su defecto, se podrá demandar en sede judicial según acuerdo de las partes. 

 

Si el laudo arbitral se anula parcial o totalmente porque el tribunal arbitral resolvió sobre 

materias que no serían susceptibles de resolverse mediante arbitraje, tratándose de un 

arbitraje nacional, la consecuencia refiere que dicha materia podrá ser demandada en 

sede judicial. Finalmente, si se anula en razón a que la controversia fue decidida fuera 

del plazo pactado por las partes o el reglamento arbitral o el plazo establecido por el 

tribunal, se puede iniciar un nuevo arbitraje, salvo que las partes pacten la composición 

de una nuevo tribunal para que resuelva la controversia o, ya que se trata de un arbitraje 

nacional, dentro del plazo de quince día siguientes de notificada la resolución que anula 

el laudo, las partes declaran por acuerdo que sea la Corte Superior quien conoció el 

recurso quien resuelva como única instancia. 

 

5.1.3.4. Carácter de cosa juzgada del laudo arbitral 

 



28 
 

Como ya ha sido mencionado, el arbitraje es un mecanismo de resolución de 

controversias que se da por el acuerdo de las partes, quienes renuncian a la jurisdicción 

ordinaria. Sumado a ello, la Constitución Política del Perú reconoce al Arbitraje como 

una jurisdicción. Es así que, en concordancia con el artículo 59°, el laudo arbitral produce 

efectos de cosa juzgada. 

 

Al respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N.° 

01064-2013-PA/TC, en su considerando Nº 22, señala lo siguiente: 

 
“Ello quiere decir que, una vez vencido el plazo para solicitar la anulación del laudo, 
[…], el laudo es firme. Es pues a partir de este momento que el laudo no solo ha 
resuelto definitivamente la controversia, sino que lo ha hecho firmemente, no 
pudiendo volverse a plantearse el conflicto ni ante un juez ni ante otro árbitro. Por lo 
tanto, el laudo tiene efecto tanto de cosa juzgada formal (lo que garantiza 
la inatacabilidad judicial del laudo), como de cosa juzgada material (lo que garantiza 
que no podrá dictarse un nuevo laudo o sentencia sobre lo que ha sido objeto del 
arbitraje). En suma, el laudo tiene efecto de cosa juzgada porque lo decidido por el 
árbitro o tribunal arbitral vincula a los jueces y a las partes del arbitraje. Esto 
configura la existencia, en sede arbitral, del derecho constitucional a que se respete 

un laudo que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada arbitral, derecho éste que 
puede ser exigible ya sea en sede arbitral o en sede del Poder judicial”. 

 

Se puede apreciar al final del proceso que con la emisión del laudo arbitral y al quedar 

firme con la no presentación de recursos contra el laudo, produce efectos de cosa juzgada 

entre las partes, así ya no podría emitirse algún otro laudo sobre la misma controversia 

y también no cabría la posibilidad de ser cuestionada porque habría quedado consentido. 

 

 

5.2. PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL: ¿El recurso de anulación de 

laudo debió ser declarado fundado? 

 

Para poder responder la pregunta del problema jurídico principal, es preciso resolver 

cuestiones secundarias. En primer lugar, se debe determinar si fue correcta la causal 

presentada por las partes para solicitar el recurso de anulación.  

 



29 
 

El Gobierno Regional de Cusco presentó su recurso utilizando el literal “c” del numeral 

1) del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, el cual señala que se anulará el Laudo Arbitral 

cuando la composición del Tribunal Arbitral o las actuaciones arbitral no se hayan 

ajustado al acuerdo de las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho 

acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de la Ley del que las partes no puedan 

apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo 

establecido en la Ley. 

 

Como podemos advertir, para esta causal existen los siguientes supuestos:  

 

1. Se anula el laudo cuando la composición del tribunal no se haya ajustado al 

acuerdo de las partes o el reglamento aplicable. 

2. Se anula el laudo cuando las actuaciones arbitrales no se hayan ajustado al 

acuerdo de las partes o el reglamento aplicable. 

 

Al caso concreto tenemos que la parte solicita que se anule el laudo arbitral porque las 

actuaciones no se ajustaron al acuerdo de las partes, es decir el supuesto Nº 2. Ello en 

razón a que, de conformidad con los artículos 97º y 104º del Reglamento del 2012 del 

Centro de Arbitraje de la PUCP, el artículo 73° de la Ley de Arbitraje y el Acta de 

Instalación, la distribución del pago debió ser en forma equitativa; es decir sobre el 50% 

del costo arbitral. De lo mencionado se advierte que no se trataría del primer supuesto 

ya que no se cuestiona la composición del Tribunal Arbitral Unipersonal, sino que se 

trataría del cuestionamiento de las mismas actuaciones, en este caso al momento de 

decidir, que no se ha adecuado a lo señalado por acuerdo de las partes.  

 

En ese sentido, podemos decir que, de conformidad con la norma, la causal invocada es 

adecuada para lo pretendido.  

 

Como requisito de procedencia la Ley de Arbitraje señala que cuando se trate de la causal 

contenida en el literal “c” debe haber sido objeto de reclamo expreso en su momento 

ante el Tribunal Arbitral por la parte afectada.  Ante ello, la Sala señaló que en este caso 



30 
 

en específico no correspondía satisfacer dicho requisito justamente porque el 

incumplimiento de las actuaciones arbitrales al acuerdo de las partes se da al momento 

de la emisión de la Resolución que resuelve los recursos contra el laudo. Respecto de 

este punto, nos encontramos de acuerdo con la Sala ya que a raíz de los recursos contra 

el Laudo presentados en el Proceso Arbitral es que se emite la última resolución, la cual 

es parte del Laudo Arbitral y es la que el Gobierno Regional de Cusco cuestiona. 

 

Pasado el aspecto formal, corresponde evaluar los argumentos señalados por la Sala. En 

este caso, el Gobierno Regional de Cusco señaló tres (3) artículos aplicables al proceso 

sumado al acta de instalación en donde se señala que las partes pagarían los gastos 

arbitrales de manera equitativa. 

 

La Sala en su resolución señaló que de la anulación presentada por la Entidad se advertía 

con diáfana claridad que se está denunciando el incumplimiento de reglas, las cuales se 

entienden como la transgresión del debido proceso y el derecho de motivación ya que 

como habría señalado la entidad, el monto se habría asignado de manera injusta y 

desproporcionada. 

 

Ahora, no se debe perder de visto lo solicitado por el Gobierno Regional de Cusco. 

Efectivamente la Entidad denunció el incumplimiento de reglas, y concordamos con la 

Sala que ello se advierte del recurso presentado; sin embargo, la Sala derivó la 

controversia directamente a derechos procesales constitucionales que, si bien son parte 

de todo proceso, la Sala al enfocar su atención solo en dichos derechos, deriva el 

desarrollo del recurso a otro extremo. Ello porque la parte manifestó expresamente que 

el Árbitro Único no habría seguido las reglas respecto de la distribución de gastos 

arbitrales; sin embargo, de la resolución se advierte que la Sala no verificó si 

efectivamente se habrían seguido las reglas plasmándolas en el Laudo, sino que analizó 

si la distribución hecha se encontraba bien motivada. 

 

Lo cierto es que, a través de los años, el Poder Judicial mediante varios pronunciamientos 

ha buscado la forma de poder evaluar la debida motivación de los laudos arbitrales. Gino 



31 
 

Rivas (2017) señala que la motivación defectuosa del laudo constituye un supuesto de 

anulación para la judicatura, sea porque puede entendérsele como una afectación a los 

derechos de una de las partes (artículo 63.1, inciso b LA) o como un incumplimiento de 

las reglas del arbitraje (artículo 63.1, inciso c LA) (p. 227); sin embargo, siendo que se 

cuestiona que las actuaciones no se ajustaron al acuerdo de las partes, la Sala debió 

revisar, en primer lugar, cuáles fueron las actuaciones que el Árbitro Único no siguió 

como se habían pactado.  

 

Claramente, se advierte que la Sala derivó el análisis del recurso hacia la motivación de 

resoluciones judiciales. Incluso señala que la actuación arbitral no se ceñiría al acuerdo 

de las partes, regla que en este caso estaría contenida en el artículo 56° de la Ley que 

señala que todo laudo debe estar motivado, resolviendo incluso el recurso respecto de la 

motivación. Asimismo, la Resolución señala que la Sala llega a la conclusión que resulta 

manifiesta la contravención del debido proceso en su expresión de inexistencia de 

motivación o motivación aparente.  

 

Ante ello, es preciso hacer una diferencia entre la causal que se alega, el debido proceso 

y el derecho a la motivación. Lo cierto es que el artículo 63° de la Ley de Arbitraje señala 

supuestos específicos para anular un laudo arbitral y que de la lectura del literal alegado; 

es decir, la causal “c”, se advierte que se deriva la protección al derecho al debido 

proceso en su expresión de las reglas pactadas por las partes para sobrellevar el proceso 

no se cumplieron; sin embargo, de dicha causal no se puede inferir que haga referencia 

a la motivación. El literal “c” del numeral 1) del artículo 63° es preciso al señalar los 

supuestos ante los cuales se procedería con la anulación del laudo, que como se ha 

señalado previamente, serían que la composición del Tribunal no haya sido de acuerdo 

a lo señalado por las partes o por el reglamento aplicable; o, que las actuaciones arbitrales 

no hayan sido de acuerdo al acuerdo de las partes o reglamento aplicable. 

 

Lo que sí es correcto afirmar es que el artículo 56º de la Ley de arbitraje señala que el 

Laudo Arbitral deberá ser motivado; sin embargo, la Sala debe considerar que ello no se 

encuentra contenido en ninguna de las causales taxativas del artículo 63° de la Ley de 



32 
 

Arbitraje ya que la misma Ley establece en su artículo 62° numeral 2), que el Poder 

Judicial ante los casos de anulación de laudo arbitral no podrá pronunciarse sobre el 

fondo de la controversia o motivaciones expuesta por el Tribunal Arbitral. 

 

Gino Rivas (2017) manifiesta que calificar la motivación de defectuosa o correcta, 

suficiente o insuficiente, lógica o ilógica implica que el razonamiento de los árbitros solo 

será válido si los jueces consideran “buena” la exposición del mismo (motivación) (p. 

226) 

 

En ese sentido, cabe preguntarse: ¿La Sala ha vulnerado el artículo 62° de la Ley de 

Arbitraje? La respuesta es que sí. Lo que hace la Sala claramente excede los límites de 

sus funciones, más aún cuando intenta justificar el análisis de la debida motivación. De 

hecho, tomando en consideración que las partes renuncian a la vía ordinaria para acudir 

al arbitraje, se podría decir, incluso, que es la Sala quien vulnera el acuerdo de las partes, 

ya que evalúa la motivación elaborada por el árbitro, lo cual no está permitido por la 

Ley.  

 

La Sala no tiene la facultad para evaluar la motivación en el laudo arbitral. En primer 

lugar, porque lo solicitado por la Entidad está referido al no cumplimiento del acuerdo 

de las partes y; en segundo lugar, porque la Ley ya limita la funcionalidad del juez a 

criterios específicos de análisis y prohíbe textualmente la revisión de fondo de la 

controversia, así como el desarrollo, fundamento y criterios utilizados por el árbitro para 

llegar a una decisión. 

 

Así lo señala Marianella Ledesma (2014): 

 
“(…) El recurso de anulación tiene un contenido limitado y va dirigido a velar por la 

pureza del procedimiento arbitral y su procedencia, pero nunca a revisar el fondo del 

asunto ni la decisión que sobre el mismo los árbitros hayan podido adoptar. Su objeto es 

la revisión de la validez del laudo dictado en instancia única y se interpone ante el Poder 

Judicial por las causales establecidas en el artículo 63” (pp. 177- 178) 

 



33 
 

Lo que ha ocurrido en el caso es que la Sala ha evaluado el proceso de justificación 

empleado por el árbitro para llegar a una decisión y ha sobrepasado el límite de la Ley y 

el poder de discrecionalidad que las partes le han otorgado a los árbitros para dirimir la 

controversia. 

 

Ahora, ¿la Sala debió declarar fundado el recurso de anulación de Laudo? La respuesta 

es que no. En primer lugar, el análisis del recurso no se debió tomar desde la perspectiva 

de sí existía motivación o no, o si esta fue aparente. Lo que la Sala debió analizar era si 

efectivamente el Árbitro había resuelto de acuerdo a lo pactado por las partes. 

 

El Laudo Arbitral señala en el considerando cuadragésimo tercero que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 56 numeral 2 de la Ley de Arbitraje, corresponde atender 

la pretensión de pagos de gastos del arbitraje toda vez, que la pretensión principal ha 

sido amparada, para cuyo efecto, la Secretaria deberá practicar una Liquidación de 

dichos gastos; por lo que mediante resolutivo tercero, el Árbitro Único ordenó a la 

Entidad cumpla pagar a favor del Consorcio el íntegro del importe correspondiente a los 

gastos arbitrales del proceso. 

 

En atención a ello, el Consorcio presenta una solicitud de interpretación respecto de 

dicho resolutivo, el cual se corrió traslado y no fue absuelto por la entidad.  

 

Finalmente, el Árbitro Único resuelve la solicitud señalando que de conformidad con lo 

señalado en el artículo 70º de la Ley de Arbitraje, corresponde que el árbitro fije los 

costos del arbitraje e incluye como honorarios profesionales de la defensa del Consorcio 

la suma de S/. 10,000.00 y, en consecuencia, precisa que el extremo resolutivo relativo 

a la fijación de gastos arbitrales, se apruebe la liquidación final a ser pagados por la 

Entidad en la Suma de S/. 22,447.4, incluidos impuestos de Ley. 

 

El Gobierno Regional de Cusco señala que el artículo 97° del Reglamento 2012, el 

artículo 104° del mismo cuerpo normativo, el artículo 73° de la Ley de Arbitraje y del 



34 
 

Acta de Instalación se había llegado al acuerdo que las partes pagarían cada una el 50% 

del costo arbitral. 

 

Efectivamente, el artículo 97° del Reglamento 2012 señala que las partes asumirán el 

pago de los gastos por administración del arbitraje y los honorarios profesionales de los 

árbitros en proporciones iguales. Asimismo, el artículo 104° establece que los árbitros 

se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los 

costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral.  De no existir 

acuerdo al respecto, los costos serán a cargo de la parte que haya sido vencida en el 

Arbitraje. Así también, el artículo 73° de la Ley de Arbitraje señala que el Tribunal 

Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje el 

acuerdo de las partes. 

 

De los artículos citados se advierte claramente que la referencia del pago equitativo hace 

referencia a los gastos administrativos del centro y los honorarios del Árbitro Único. 

Para ello, se debe tener en cuenta qué abarca los costos arbitrales, el cual es punto de 

discusión. Dicho término no termina en el pago de los servicios del Centro y del 

Tribunal, sino que también abarca gastos de viajes, honorarios de peritos, honorarios de 

la defensa de las partes y otros gastos razonables derivados de la controversia.  

 

Sumado a ello, no se ha comprobado que las partes hayan hecho un acuerdo respecto de 

los demás costos arbitrales que no se refieran a pagos administrativos u honorarios. En 

ese sentido, el Árbitro Único tenía la discrecionalidad para determinar a quién atribuirle 

dicho pago. Al ser de dicha forma, de la revisión de las actuaciones arbitrales, se puede 

corroborar que el Árbitro Único aplicó lo señalado en el reglamento; es decir, que ante 

falta de acuerdo por las partes, la atribución será aplicada a la parte vencida, como lo fue 

en este caso.  

 

 

 

 



35 
 

5.3. PROPUESTAS DE REFORMA NORMATIVA 

 

Como se ha podido apreciar, el presente informe jurídico ha podido advertir algunas 

falencias respecto a la resolución del recurso contra el laudo. No solo ello, sino que ha 

dado cuenta que aún con una Ley modernizada aún queda espacios vacíos por mejorar. 

Es por ello que las presente propuestas no buscan presentar una nueva norma, sino 

reformular las normas que ya tenemos de acuerdo a las circunstancias y casos que se van 

presentando. En ese sentido, se presenta la siguiente modificación de la normativa en 

materia arbitral:  

 

5.3.1. Sobre el marco teórico de la motivación en el arbitraje: 

 

En primer lugar, debemos hacer referencia al artículo 56° de la Ley de Arbitraje. Este 

señala sobre el tema en cuestión que todo laudo deberá ser motivado. Por un lado, es 

positivo porque ya establece la obligatoriedad por parte del árbitro y le otorga la garantía 

a las partes de que habrá una justificación a la decisión; sin embargo, dicho artículo no 

establece los criterios ni la definición de la motivación aplicable al arbitraje. 

 

Habrá estudiosos que señalen que no hay necesidad de tal precisión; no obstante, 

recordemos que, como bien se mencionó anteriormente, lo árbitros no cumplen una 

función pública por lo cual no están obligados a que la motivación sea de la misma forma 

que se exige a los jueces.  

 

En segundo lugar, es preciso señalar que los criterios de motivación de resoluciones 

judiciales no son aplicables a la motivación de laudos arbitrales, ya que el arbitraje es 

una materia independiente con sus propias normas y establecer los criterios de aplicación 

resulta indispensable para poder garantizar el ejercicio de los derechos de las partes. 

 

Recordemos que el Caso Giuliana Llamoja (Expediente N°00728-008-HC) delimita el 

alcance del derecho de la debida motivación de resoluciones judiciales en supuestos tales 

como: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) Falta de motivación 



36 
 

interna del razonamiento; c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las 

premisas; d) Motivación insuficiente; e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 

Motivaciones cualificadas. 

 

Ante ello, es preciso mencionar lo que señala Fernando Cantuarias (2015) respecto de 

los criterios de motivación desarrollados: 

 
“(…) es vital que el estándar de motivación no se transforme en una injerencia en el 
fondo de la controversia. (…) Como explicamos anteriormente uno de los fallidos 
resultados de considerar al arbitraje como una jurisdicción, es asemejar (nuevamente) 
conceptos judiciales al arbitraje.  Y eso es exactamente lo que están haciendo nuestras 
cortes al momento de analizar si un laudo está motivado. Aplican el mismo criterio de 
motivación de una sentencia a un laudo arbitral.  Y, al hacerlo, desconocen sin dudas 
las características propias de este mecanismo privado de solución de controversias” 
(pp. 41-42) 

 

En ese sentido, ¿El estándar de motivación es de aplicación en sede arbitral? La respuesta 

es que no. Como señala León Pastor (2017), el tipo de control que el propio Tribunal 

Constitucional ha planteado, es de naturaleza externa. […] En la medida que el recurso 

de anulación no es un recurso de apelación, los jueces que revisen laudos no pueden 

ejercer un control de fondo (p.48).   

 
Lo cierto es que establecer criterios o límites para los árbitros permite a las partes saber 

qué deben esperar por parte de los árbitros en su laudo: No obstante, si se pretende 

establecer tales criterios se debe tener en cuenta que en el momento en que no se 

cumplan, el justiciable deberá tener la opción de poder cuestionar el cumplimiento del 

mismo. 

 

Como ya es de conocimiento, los jueces no tienen la facultad de poder analizar el fondo 

de la controversia, pero lo que sí pueden hacer es evaluar aspectos formales de acuerdo 

a las causales establecidas en el artículo 63° de la Ley de Arbitraje. En ese sentido, como 

contenido mínimo de la motivación en sede arbitral, lo que se pretende definir es el 

marco sobre el cual los jueces pueden hacer control externo sobre el laudo arbitral. 

 



37 
 

Ante ello, Marinoni, Mitidiero y Sarlet (2012) nos comentan que el contenido de la 

motivación de las sentencias pasa por lo siguiente: 

  
“La motivación de la decisión en el Estado Constitucional, para que sea considerada 
completa y constitucionalmente adecuada requiere en su articulación mínima, en 
síntesis: a) la enunciación de las elecciones desarrolladas por el órgano judicial para: 
a1) individualizar las normas aplicables; a2) declaración de las alegaciones de hecho; 
a3) calificación jurídica del soporte fáctico; a4) consecuencias jurídicas derivadas de 
la calificación jurídica del hecho (…). En ‘a’ deben constar, necesariamente los 
fundamentos argumentados por las partes, de modo que se pueda valorar la 
consideración seria del órgano jurisdiccional respecto de las razones suscitadas por las 
partes en sus manifestaciones procesales” (p. 668). 

 

En tal sentido, siguiendo con lo señalado por el autor, podríamos no establecer criterios 

para calificar una motivación como buena o no, sino darle contenido a la motivación 

para que el Poder Judicial revise la existencia de sus elementos y no califique la 

argumentación y razón por la cual el Tribunal Arbitral llega a una decisión y que ante la 

inexistencia de alguno de sus elementos resultaría en la inexistencia de motivación. 

 

5.3.2. Modificación del artículo 63 numeral 1 de la Ley de Arbitraje 

 

La modificación de este artículo va de la mano con el desarrollo del contenido del 

derecho a la motivación en sede arbitral. Como se ha propuesto, dentro del artículo 56° 

se debe establecer no parámetros sobre la debida motivación, sino explicar el contenido 

de la motivación, a efectos de que se puedan garantizar los derechos de las partes, así 

también es una forma de generar una obligación sobre el árbitro que resolverá el 

conflicto. 

 

En ese sentido, lo que se propone es incorporar un nuevo inciso que establezca que ante 

la inexistencia de los elementos de la motivación explicada en el artículo 56°, se podrá 

anular el laudo arbitral. Ahora, lo que se propone aquí no es una revisión de fondo, sino 

más bien una revisión de los aspectos formales que abarcan la motivación en el arbitraje. 

De esa forma la implementación de esta propuesta iría en concordancia con lo 

establecido en el artículo 62° de la Ley de Arbitraje. 

 



38 
 

5.3.3. Modificación del artículo 65 inciso 1 literal c) de la Ley de Arbitraje 

 

La propuesta de modificación de este artículo surge a raíz del caso en controversia. Como 

se ha mencionado, el Árbitro Único tenía el deber de pronunciarse sobre los gastos 

arbitrales, independientemente si se tratar de una pretensión o no. Al respecto, en este 

caso, se trató de una pretensión. Debemos precisar que los costos arbitrales son un tema 

accesorio a la controversia. Si bien se le puede considerar como motor del proceso, no 

se debe dejar de lado que los costos arbitrales no son la controversia que inicio el 

arbitraje. 

 

En ese sentido, en este caso se anuló el laudo arbitral porque la Sala determinó que el 

Árbitro único no había seguido el acuerdo de las partes o del reglamento en razón a la 

motivación aparente respecto de la distribución de los costos arbitrales; sin embargo, no 

se debe perder el enfoque de que la Entidad solicitó el recurso contra el laudo en razón 

a que el Árbitro Único no habría seguido el acuerdo de las partes y del reglamento en 

razón a la distribución de los costos arbitrales, más no la justificación que sustenta la 

distribución de los gastos arbitrales.  

 

Como consecuencia de la resolución que declaró fundado el recurso, se anuló el laudo 

arbitral, pero quedó el cuestionamiento: ¿qué sucede con las demás pretensiones del caso 

en concreto? De la revisión de los literales establecido por el numeral 1 del artículo 65, 

se advierte que se contempla la posibilidad de anulación parcial, pero que en el inciso c) 

no se menciona.  

 

La propuesta que se propone versa en añadir la anulación parcial del laudo en el inciso 

c) en el supuesto caso que el recurso de anulación se presente bajo la pretensión de costos 

arbitrales, toda vez que no tiene incidencia respecto de la controversia principal. Si bien, 

se puede entender que la anulación de dicho inciso hace referencia a la pretensión que 

resuelve la Sala, se debe tener considerar que la finalidad de un proceso de este tipo es 

llevar a la solución de un conflicto y que la resolución, sentencia o laudo que lo resuelva 

de emita bajo el cumplimiento de todas las garantías de las partes. 



39 
 

CONCLUSIONES 

 

• La aplicación del literal “c” del numeral 1) del artículo 63° de la Ley de Arbitraje 

sí fue la correcta para solicitar el recurso de anulación ya que la Entidad planteó 

como pretensión el incumplimiento del acuerdo de las partes por parte del Árbitro 

Único. 

 

• La Sala con los argumentos esgrimidos en la resolución incumple con el artículo 

62° de la Ley de Arbitraje y sobrepasa los límites de su competencia al analizar 

los criterios que llevaron al Árbitro Único a tomar una decisión.  

 

• La Sala no tiene facultad para evaluar la motivación de los laudos arbitrales 

emitidos por los árbitros; y, al hacer contraviene el poder de discreción de los 

árbitros para emitir un pronunciamiento sobre la controversia. 

 

• La Sala contraviene no solo la Ley de Arbitraje, sino también el acuerdo de las 

partes al analizar la motivación de laudo arbitral ya que parte de la naturaleza del 

Arbitraje es la renuncia de las partes a la jurisdicción ordinaria y el análisis de 

fondo por parte de dicha sede. 

 
• El recurso de anulación de laudo arbitral emitido por la Primera Sala Comercial 

mediante Resolución N° 11 de fecha 27 de agosto de 2020 debió ser declarado 

infundado ya que el Árbitro Único resolvió de conformidad con el acuerdo de las 

partes, el reglamento y normas aplicables a dicho caso. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Doctrina 

 

• Arrarte Arisnabarreta, A. (2009). Apuntes sobre la relación entre el arbitraje y el 
Poder Judicial en la nueva Ley de Arbitraje. IUS ET VERITAS, 19(38), 184-
196.  Recuperado a partir de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12199 

 
• Bullard González, Alfredo (2016) Litigio Arbitral: el arbitraje desde otra perspectiva. 

Lima: Palestra. 
 
• Castillo Freyre, M., & Sabroso Minaya, R. (2011). El arbitraje del Estado peruano.   

IUS ET VERITAS, 21(43), 140-149. Recuperado a partir de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12057 

 
• CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y REPETTO DEVILLE, José Luis (2015) 

“El nuevo potro indomable: El problemático estándar de motivación de los laudos 
exigidos por las cortes peruanas”. Ius Et Veritas. Lima, número 51, pp. 32 – 45. 

 
• Campos García, H. (2019). Motivación, solicitudes poslaudo, reclamo previo arbitral 

y requisito de procedencia de demanda de anulación. Derecho de arbitraje. Estudios 
en homenaje a la Facultad de Derecho PUCP en su Centenario, 1, 259-306 
 

• Ledesma Narvaez, M. (2010). Los costos en el arbitraje. Foro Jurídico, (11), 75-80. 
Recuperado a partir de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18576 

 
• Ledesma, M.  (2014) Jurisdicción y Arbitraje.  Fondo Editorial de la PUCP. 

Recuperado  de:  https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/derecho/205-
jurisdicciony-arbitraje.html#.XvfYJGgzbIU  
 

• León Pastor, R. (2017). ¿Puede anularse un laudo por defecto de 
motivación?. Arbitraje PUCP, (7), 44-51. Recuperado a partir de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/18070 

 
• Reggiardo Saavedra, M (2014) “Una revisión funcional al recurso de anulación de 

laudo en el Perú”. Forseti, Lima, número 1, pp. 145 – 178 
 
• Rivas Caso, G. (2017). La Anulación del Laudo por su motivación en el Perú – cómo 

hacer frente a una Vía Distorsionada.  THĒMIS-Revista De Derecho, (72), 225-234. 
Recuperado de: https://doi.org/10.18800/themis.201702.013  

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12199
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12057
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18576
https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/derecho/205-jurisdicciony-arbitraje.html#.XvfYJGgzbIU
https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/derecho/205-jurisdicciony-arbitraje.html#.XvfYJGgzbIU
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/18070
https://doi.org/10.18800/themis.201702.013


41 
 

• Rubio Guerrero, R. (2007). Ruido en la calle principal: las reglas de juego en el 
arbitraje y sus peligrosas distorsiones. THEMIS Revista De Derecho, (53), 7-28. 
Recuperado a partir de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8845 

 
 
Legislación 
 

• Ley de Arbitraje 
• Ley de Contrataciones con el Estado 

 
Tribunal Constitucional 
 

• Expediente N° 00728-2008-PHC/TC 
• Expediente N.° 01064-2013-PA/TC 

 
 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8845


1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

PRIMERA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE  
Miraflores, veintisiete de agosto       
del año dos mil veinte. 

 
 

I. VISTOS: 
 
Habiéndose analizado y debatido la causa, conforme lo prescriben los 
Artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este 
colegiado integrado por los señores Jueces Superiores: Martel Chang, 
Prado Castañeda, quien interviene como ponente; y, Escudero López, 
emiten la siguiente decisión judicial: 

  
II. RESULTA DE AUTOS: 

 
Del recurso de anulación: 
 
2.1. De fojas 44 a 52, subsanado a folios 57 a 60, obra el Recurso de 

Anulación de Laudo Arbitral emitido con fecha 27 de agosto de 
2018,  y de la Resolución Nro.14 de fecha 5 de noviembres de 2018, 
interpuesto por el Gobierno Regional de Cusco, en adelante –La 

EXPEDIENTE  : 00677-2018-0-1817-SP-CO-01 
DEMANDANTE : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
DEMANDADO : CONSORCIO INDUSAC S.R.L. – KAJACHRI E.I.R.L. 
MATERIA : ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL 
   

Es fundado el recurso de anulación por la causal c) 
del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo 
1071, porque el árbitro no cumple la regla de 
motivación al no expresar las razones mínimas que 
han permitido concluir que el monto fijado por 
costos-gastos de defensa es “razonable”. 

SEDE LA MAR,
Vocal:PRADO CASTAÑEDA ANA
MARILU /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 27/08/2020 10:47:31,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Vocal:ESCUDERO LOPEZ JOSE
CLEMENTE /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 27/08/2020 18:53:36,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Vocal:MARTEL CHANG ROLANDO
ALFONZO /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 28/08/2020 12:05:07,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA
DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE LA MAR,
Secretario De Sala:CONDOR CANALES DORA CECILIA /Servicio Digital
- Poder Judicial del Perú
Fecha: 31/08/2020 12:22:25,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE



2 
 

Entidad; invocando la causal contenida en el inciso c) del numeral 
01 del artículo 63° del Decreto Legislativo Nº 1071.  
 

2.2. La recurrente sustenta su pretensión impugnativa: 
 

i )     Del numeral 39 a 49 (Régimen de Pago y Gastos Arbitrales), contenida en 
el Acta de Instalación en el punto 41, la cuantía del monto en discusión/ 
cuadro de pagos de los costos arbitrales, por el que se expresa la 
Autonomía de la Voluntad Privada contenida en el reparto del costo 
arbitral; se denota que la declaración expresa de condena sobre el reparto 
de los costos del arbitraje; los mismos que son expresados en la norma 
aplicable al proceso arbitral, esto es, Reglamento de Arbitraje de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, que en su Capítulo IV, 
establece: 

 

 

 
 
ii)  Conforme al acta de instalación y la aplicación del reglamento, 

correspondía el pago en forma equitativa; aún en el supuesto sobre la 
subrogación de pago, la imputación sobre la obligación que determina al 
Estado – Gore Cusco, debió establecerse como se dispone por las reglas 
aplicables al presente proceso, sobre el 50% del costo arbitral. 



3 
 

 
iii)  Los montos producto de la resolución materia de cuestionamiento se 

dictaron de manera injusta y desproporcionada, puesto que en ningún 
estadio del desarrollo del proceso arbitral fueron expuestos y 
demostrados ni documentados; y al recurso post-laudo se concedió una 
naturaleza impugnatoria,  pues como se tiene del acta de instalación, en 
ésta se fijó el monto de la controversia en S/.55,890.88, por lo que al 
emitir una resolución donde no se realiza un análisis de ponderación 
sobre la cuantificación del pago de gastos arbitrales, se ha incurrido en 
una trasgresión propia al debido proceso, puesto que de los extremos de 
la resolución de interpretación del laudo, se aprecia una valoración de los 
medios probatorios que no se ofrecieron. 

 
iv)    El acto dispuesto por el árbitro no solo constituye un acto ilegal  contrario 

a derecho, puesto que al tratarse de prueba nueva limita así el ejercicio 
real del derecho de defensa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

De la absolución del recurso de anulación: 
 

2.3. Por escrito de fecha 7 de febrero de 2020  –fojas 112 a 116-  la demandada, 
Consorcio Indusac S.R.L. – Kajachri E.I.RL., en adelante Provías, absolvió 
el  traslado del recurso de anulación de laudo arbitral, bajo los siguientes 
fundamentos:  
 

i) A juicio del Gobierno Regional de Cusco, el tribunal no habría respetado 
el acuerdo entre las partes ni el reglamento aplicable en lo referido a los 
costos arbitrales; sin embargo, esta afirmación es incorrecta.  
 

ii) Existe diferencia entre: i) la obligación de las partes de pagar los 
honorarios del tribunal arbitral y de los gastos administrativos de la 
institución arbitral, que son parte de los costos arbitrales; y, ii) la 
imputación de los costos arbitrales de donde surge la obligación de la 
parte vencida de reembolsar a la parte vencedora los costos arbitrales en 
los que esta última ha incurrido.  

 
iii) El primer concepto está referido a la obligación que tienen las partes 

directamente con el tribunal arbitral y/o  la instalación arbitral a la que 
han sometido su controversia. En el presente caso, en el punto 41 del acta 
de instalación, de manera concordante con el artículo 97 del reglamento, 
efectivamente se pactó que ambas partes debían pagar en proporciones 
iguales los honorarios del tribunal arbitral y los gastos administrativos 
del centro. Adicionalmente, se acordó que al Gobierno Regional  de 



4 
 

Cusco correspondía pagar una tasa por fijar su domicilio fuera de la 
ciudad de Lima. 

 
iv) Este válido acuerdo fue cumplido a cabalidad por el Consorcio, en todo 

caso, quien no cumplió fue el Gobierno Regional de Cusco, pues no 
canceló ninguno de lo conceptos, por lo que para evitar la suspensión y 
archivo del proceso arbitral, tuvo el Consorcio que subrogarse en los 
pagos que correspondían a la Entidad. 

 
v) El concepto de imputación o distribución de los costos arbitrales, 

corresponde más bien al momento de emisión de laudo –cuando ya los 
honorarios y gastos han sido cancelados- y no genera una obligación de 
las partes hacia el tribunal o institución arbitral, sino más bien regula una 
relación entre ellas. 

 
vi) Es de aplicación el  artículo 104 del Reglamento, el mismo que guarda 

identidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 73 de la Ley de 
Arbitraje. 

 
vii) En el presente caso, ni en el convenio arbitral, ni el convenio arbitral 

contenido en la cláusula décimo quinta del Contrato 296-2015-GR 
CUSCO/ORAD, ni el acta de instalación, contienen acuerdo alguno sobre 
la imputación o distribución de los costos del arbitraje, por tanto, 
correspondía aplicarse lo previsto en el artículo 104 del reglamento, como 
en efecto se hizo. 

 

viii) De otro lado, si bien el segundo párrafo del artículo 104 ya citado prevé la 
alternativa de distribuir los costos del arbitraje, esta es una potestad 
conferida al árbitro de acuerdo a lo que estime correcto según lo ocurrido 
en el proceso arbitral, la misma que el árbitro único ha optado por no 
aplicar, decisión de fondo que es incuestionable y que de ningún modo 
podría calificarse como inobservancia del reglamento. 

 
III. ANÁLISIS DEL CASO: 
 
Del recurso de anulación de laudo arbitral: 
 
3.1. Nuestro sistema jurídico ha dotado a los participantes del arbitraje de un 

mecanismo de revisión estatal de la actuación de los árbitros. El régimen 
de revisión judicial del arbitraje establece que quien pretenda cuestionar 
la actuación o decisión arbitral, debe recurrir al Poder Judicial, a través 
del recurso de anulación. El artículo 62° del Decreto Legislativo N° 1071, 
establece que el recurso de anulación es el único medio de impugnación 



5 
 

de laudo arbitral, el cual tiene por objeto la revisión de su validez por las 
causales taxativamente establecidas en dicho decreto legislativo1. Estas 
causales que justificaría someter la decisión de los árbitros a un juicio de 
validez por parte del órgano jurisdiccional competente y por 
consiguiente, permitirían la anulación de la actuación arbitral, están 
referidas a la tutela del derecho al debido proceso arbitral, a la tutela del 
orden público y a la reserva judicial de los asuntos extraídos de la libre 
disposición de los particulares o no pronunciamiento sobre materias no 
arbitrables. 
 

3.2. Ahora bien, cabe indicar que el recurso de anulación, que constituye una 
pretensión impugnativa que activa el sistema de revisión judicial del 
arbitraje, establece los límites de la labor del órgano jurisdiccional 
competente, el cual ve restringida su función a las causales taxativamente 
contempladas en la norma e invocadas por la parte recurrente, 
encontrándose impedido de someter a evaluación el criterio adoptado 
por los árbitros al decidir el fondo de la controversia2; ello en razón, a que 
si se permitiera en sede judicial analizar el fondo de la controversia, se 
contravendría la voluntad de las partes expresada en el convenio arbitral, 
por el cual renunciaron a la jurisdicción estatal y se sometieron a la 
competencia de los árbitros para la solución de sus conflictos.  

 
Del reclamo previo en sede arbitral: 
 
3.3. Respecto a la causal invocada [la contenida en el inciso c)], de 

conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 63° de la Ley 
de Arbitraje, sólo será procedente si fue objeto de reclamo expreso en su 
momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueran 
desestimados.   
 

3.4. De acuerdo a esta norma, la viabilidad de las causales de anulación 
contenidas en los literales a, b, c y d del inciso 1 del artículo 63º de la 
norma que regula el arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, se encuentra 
en determinante dependencia del cumplimiento de un requisito previo: 
el oportuno reclamo ante el tribunal arbitral. 

 
3.5. Sin embargo, de la lectura del recurso de anulación de laudo interpuesto 

por el Gobierno Regional del Cusco, se advierte con diáfana claridad, 

                                                 
1  Decreto Legislativo N° 1071, Artículo 62°, inciso 1): “Contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. 

Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las 
causales taxativamente establecidas en el artículo 63°” 

2  Decreto Legislativo N° 1071, Artículo 62°, inciso 2):” El recurso se resuelve declarando la validez o nulidad del 
laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia p calificar los criterios, 
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”. 



6 
 

que a través del acotado recurso, se denuncia el incumplimiento de 
reglas, entendiéndose que con ello se trasgrede el debido proceso y el 
derecho de motivación, toda vez que conforme señala, el monto obligado 
a pagar por concepto de gastos arbitrales, habrían sido dictados de 
manera injusta y desproporcionada en la resolución que resuelve el 
recurso post laudo de interpretación, porque en ningún estadío del 
proceso arbitral fueron expuestos, demostrados ni documentados.  

 
3.6. En ese sentido, es claro que no existen mecanismos idóneos a través de 

los cuales puedan reclamarse y/o  corregirse errores o vicios de ese tipo, 
menos vía pedido de rectificación, interpretación, integración o exclusión 
que, dicho sea de paso, son los únicos mecanismos que proceden contra 
el  laudo, y consecuentemente ante un caso de tal naturaleza no 
corresponde la exigencia del reclamo previo previsto en el acotado 
numeral 2 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje.  

 

3.7. Al respecto, este Colegiado en reiteradas ocasiones ha dejado establecido 
que cuando los argumentos que sustentan las causales invocadas en el 
recurso de anulación de laudo se refieran al debido proceso en el que se 
invoquen trasgresión a la motivación contenida en el laudo, no será 
exigible el reclamo previo o la interposición de los pedidos de 
rectificación, interpretación, integración y exclusión de laudo, toda vez 
que no resultan idóneos para corregir  vicios de ese tipo3. 

 

3.8. Abona a lo expuesto, lo precisado por  la Segunda Sala Comercial, 
criterio que este Colegiado comparte, cuando señala lo siguiente4: 

 
“QUINTO: LA ENTIDAD invoca las causales de anulación b) y c), argumentando 
que el laudo arbitral contiene vicios o defectos en su motivación [precisa: motivación 
insuficiente, incongruente, defectuosa, omisiva y aparente]; en tal sentido, teniendo 
en cuenta que los supuestos vicios a que se refiere son cuestionados a partir del laudo, 
y al no encontrarse previsto en la  Ley de Arbitraje un mecanismo adecuado a través 
del cual las partes puedan reclamar ante el tribunal arbitral por situaciones como las 
alegadas, siendo además que los recursos post laudo establecido en el artículo 58 de 
dicho cuerpo legal tampoco permiten enmendar vicios o defectos de motivación, no 
corresponde exigir el cumplimiento del reclamo previo establecido en los incisos 2 y 7 
de artículo 63 de la Ley de Arbitraje, criterio que ha sido establecido por esta Sala 
especializada. Por tanto, corresponde analizar los argumentos  presentados en el 
recurso de anulación, no sin antes referirnos a las causales de anulación invocadas”. 

 

3.9. Para el presente caso resulta pertinente  la aplicación de la causal “c”, 
que tiene por objeto el respeto del acuerdo de las partes sobre las reglas 
establecidas para el desarrollo del proceso arbitral, regla que en este caso 

                                                 
3 Sentencia contenida en la resolución Nro. 6, de fecha 25 de abril de 2019, recaída en el l Expediente 459-2018. 
4 Sentencia contenida en la resolución Nro. 13 de fecha 25 de abril de 2017, recaída en el expediente 224-2016. 



7 
 

estaría contenida en el artículo 56 de la Ley de Arbitraje, que establece 
que  “todo laudo debe ser motivado, a menos que las partes hayan 
convenido algo distinto”, en tal  sentido, este Colegiado se encuentra 
habilitado para conocer del presente recurso de anulación de laudo.   

 

De la debida motivación del laudo arbitral: 
 
3.10. La motivación de las resoluciones, contemplada en el inciso 05 de 

artículo 139º de la Constitución es necesaria a fin de que “el contenido del 

Laudo sea producto de una exégesis racional, y no el fruto de la arbitrariedad; 

se entiende que la motivación es un deber consistente en la expresión de los 

motivos o razones que explican la decisión y los argumentos en que se ha 

basado el Tribunal, constituyendo así una garantía procesal de las partes que 

les permite conocer las razones por las que sus pretensiones fueron estimadas o 

desestimadas”5; entendemos que la motivación debe de estar relacionada 
a las cuestiones decisorias, es decir a que las razones por las cuales se 
ampararon o no las pretensiones principales del proceso arbitral, se 
encuentran debidamente expresadas y sustentadas. 
 

3.11. A la consideración antes expuesta cabe agregarse además, el criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 06167-2005-HC, el cual en su fundamento 12 señala que: 
“El reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la aplicación a los 
tribunales arbitrales de las normas constitucionales y, en particular, de las 
prescripciones del artículo 139º de la de Constitución, relacionadas a los 
principios y derechos de la función jurisdiccional”. (Subrayado 

nuestro)  
 

3.12. Finalmente, debe tenerse presente, que la adecuada motivación y valoración 

probatoria constituyen requisitos para que una decisión sea válida para el 

derecho independientemente que esta sea acertada o no, tanto una decisión 

acertada o una que no lo es puede encontrarse debidamente motivada y con una 

valoración probatoria idónea.  
 
De las actuaciones realizadas en el proceso arbitral sub materia: 
 
3.13. Los puntos controvertidos fijados en Audiencia de fecha 13 de marzo de 

2018, fueron los siguientes: 
 

                                                 
5 SILVIA BARONA VILAR Y OTROS, Comentarios a la Ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, CIVITAS 
Ediciones, 1era Edición, Madrid, 2004. 



8 
 

 
 

3.14. Al emitirse el  laudo, el árbitro único en el tercero resolutivo, declaró: 
 
 

 
 
 

3.15. Por resolución 14 de fecha 5 de noviembre de 2018 –fojas 19 a 20, el 
árbitro único, resolvió el pedido de rectificación e interpretación 
formulados por el Consorcio, que en su parte pertinente señala: 
 

 
 

Del análisis del Laudo Arbitral cuestionado: 
 
3.16. Conforme al  numeral 2 del artículo 58 de la Ley de Arbitraje: “La 

rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del 
laudo. […]”. En ese sentido corresponde realizar el análisis conjunto del 
laudo y de la resolución número 14 acotada en el Fundamento 
precedente.  
 

3.17. Respecto al tercer punto controvertido fijado en el proceso arbitral, el 
árbitro único debía determinar si corresponde o no, ordenar al Gobierno 
Regional de Cusco el reembolso de los costos del presente proceso 
arbitral sumidos por el Consorcio. 



9 
 

 
3.18. En relación a ello, el árbitro único en el Fundamento Cuadragésimo 

Tercero del laudo señalo lo siguiente: “Finalmente, y de conformidad  

con lo dispuesto en el artículo 56 numeral 2 del Decreto Legislativo Nro. 

1071 (Ley que norma el Arbitraje)  corresponde  atender la pretensión de 

pagos de gastos del arbitraje toda vez que, la pretensión principal ha 

sido amparada, para cuyo efecto, la Secretaria deberá practicar una 

Liquidación de dichos gastos“; (el subrayado y resaltado es nuestro); y 
conforme se ha reseñado en el Fundamento 3.15 de la presente 
resolución, laudó en el tercer extremo resolutivo, ordenando que el 

Gobierno Regional de Cusco, cumpla con pagar  a favor del Consorcio 

INDUSAC S.R.L. y Consorcio KAJACHRI E.I.R.L.6, el íntegro del importe 

correspondiente a los gastos arbitrales del proceso. 
 

3.19.  En su pedido de interpretación de laudo, el Consorcio manifiesta que si 
bien en el tercero resolutivo del laudo, se ordena que la Entidad cumpla 
con pagar a su favor el íntegro del importe correspondiente a los gastos 
arbitrales del proceso, se trata de una obligación cuya cuantía está 
pendiente de liquidarse7;  ante lo cual, por resolución 14 de fecha 5 de 
noviembre de 20188 el árbitro señala: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 En el segundo resolutivo de la Resolución Nro. 14 de fecha 5 de noviembre de 2018, que resuelve el pedido de 

rectificación e interpretación formulados por el Consorcio, el árbitro único rectificó la parte resolutiva del laudo en 
todos los extremos en los que se denomina al Consorcio como CONCORCIO INDUSAC S.R.L. y CONSORCIO 
KAJACHRI E.I.R.L., por CONSORCIO INDUSAC S.R.L. –KAJACHRI .E.I.RL. 

7  Folios 80 
8  Folios 19/20 



10 
 

 
 

 

3.20. Así y estando a que la resolución número catorce es parte integrante del 
Laudo y de la lectura del texto de ésta resolución se colige: 
 
3.20.1. El árbitro en el Fundamento Noveno de la citada resolución no  

expresa las razones mínimas que han permitido concluir que la 
suma de S/.10,000.00 de los horarios profesionales es 
“razonable”; y si bien  agrega: ”considerando el tiempo que duró 
el proceso y la cuestión sometida a arbitraje” no explica cual es el 
proceso mental que según su criterio dicho monto es 
“razonable”, menos los criterios que allí esboza. 
 



11 
 

3.20.2. Estas omisiones de justificación impiden conocer cuál es el 
razonamiento y criterios que le sirven de fundamento y que le 
permiten hacer dicha afirmación, siendo que su sola invocación 
es una motivación aparente porque solo trata de dar un 
cumplimiento formal al mandato del derecho de motivación, no 
satisfaciendo uno de los elementos del contenido esencial de la 
motivación. 

 
3.21. De lo expuesto en el fundamento precedente, este Superior Colegiado 

llega a la conclusión, que resulta manifiesta la contravención del debido 
proceso en su expresión de inexistencia de motivación o motivación 
aparente; al resolver el tercer punto controvertido, por lo que, la causal c) 
del numeral 01 del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071 
denunciada deberá ser plenamente estimada, declarándose nulo el Laudo 
en dicho extremo, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto 
a las demás alegaciones formuladas en el recurso de anulación. 

 
3.22. Este colegiado considera necesario hacer notar que con esta resolución no 

se afecta el límite del artículo 62 segunda parte del Decreto Legislativo N° 
1071, pues no se está emitiendo juicio alguno sobre los criterios e 
interpretaciones del Árbitro Único, sino que únicamente se ha procedido 
a identificar los temas que han permitido acreditar que el laudo sub 
materia vulnera el derecho a la motivación de la entidad recurrente en 
relación al tercer extremo resolutivo. 

 
IV. DECISIÓN:  

 
Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad que le 
confiere el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, 
impartiendo justicia en nombre de la Nación, se resuelve: 
  

4.1. Declarar  FUNDADO el recurso de Anulación de Laudo interpuesto por 
el GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO contra el Laudo de Derecho  
de  fecha  28 de mayo de 2018, de fojas 16 a 32, basado en la causal c) del 
numeral 01 del Artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071.  únicamente 
en cuanto ordena que el Gobierno Regional de Cusco cumpla con pagar a 
favor del Consorcio Indusac S.R.L. y Consorcio Kajachri E.I.R.L., el 
íntegro del importe correspondiente a los gastos arbitrales del proceso; 
con reenvío. Debiendo el árbitro único proceder conforme los 
lineamientos establecidos en el inciso c. del artículo 65 del Decreto 
Legislativo Nro. 1071.   

 



12 
 

4.2. Con costas y costos. 
 
4.3. Notificándose. 

 
En los seguidos por el GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO contra el   
CONSORCIO INDUSAC S.R.L. –KAJACHRI .E.I.RL, sobre ANULACIÓN DE 
LAUDO ARBITRAL. 
APC/KGG 

 
         MARTEL CHANG                                         PRADO CASTAÑEDA 
 
 
                                                   ESCUDERO LÓPEZ