MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA MECANISMOS DE USO DE LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN ÁNCASH: LOS CASOS DE LOS PERIODISTAS DE LA APEC Y DE ANTONIO DE LA TORRE ECHEANDÍA Presentado por: Hans Huerto Amado 2014 ÍNDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1: EFECTOS DE LA INTRUSIÓN DE AGENDAS PRIVADAS EN EL ESPACIO POLÍTICO • SIGNIFICADO DE LOS ATAQUES • PRODUCCIÓN DE LOS ATAQUES ANTE EL ESPACIO PÚBLICO • INCÓGNITAS DE APROXIMACIÓN AL PROBLEMA • PRESUNTAS APROXIMACIONES AL PROBLEMA: MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN ÁNCASH • INTERACCIONES DE LOS ACTORES Y FORMAS DE VIOLENCIA • DISEÑO DE LA RUTA Y RECOJO DE INFORMACIÓN • ESPACIO PÚBLICO, OPINIÓN PÚBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: HERRAMIENTAS CONCEPTUALES -Sobre el espacio público: escenario de prensa, opinión pública y políticos -Sobre la comunicación política -La dinámica comunicativa: articulaciones entre los tres actores -Los políticos y la opinión pública frente a los medios de comunicación -Los medios de comunicación y los políticos frente a la opinión pública -Los medios y la opinión pública frente a los políticos CAPÍTULO 2: LOS CASOS INVESTIGADOS • CASO 1: DE LAS CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL EN CASMA -El detonante o la denuncia periodística -La violencia como respuesta: desarrollo de una campaña -Efectos sobre el espacio público: la competencia de agendas -Divisiones gremiales: debilitamiento y privatización del espacio público -La competencia por la credibilidad y la legitimidad -Mecanismos de violencia en acción • CASO 2: EL ASESINATO DE ANTONIO DE LA TORRE ECHEANDÍA EN YUNGAY -La denuncia periodística -De la Torre: De jefe de campaña a fiscalizador del alcalde -Reconocimiento de la pugna por legitimidad y las redes en funcionamiento • SALDOS DE LOS ATAQUES: LA INVASIÓN DE LAS AGENDAS PRIVADAS CAPÍTULO 3: CONTEXTO DE LA RELACIÓN PRENSA Y PODER Y DEL EJERCICIO DEL PERIODISMO EN ÁNCASH Y EN EL PERÚ • LA CONVIVENCIA PRENSA – GOBIERNO: LA TENSIÓN PERMANENTE • PERCEPCIÓN CIUDADANA: “LOS MEDIOS SON FUENTE DE INFORMACIÓN. TAMBIÉN SON EMPRESAS” • LA PRENSA COMO ACTUALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA • PANORAMA DE LA PRENSA EN PERÚ: EL EMPIRISMO EN LA PRENSA DE PROVINCIAS • LA AGENDA PÚBLICA LOCAL EN EL DIAL: LA INJERENCIA DE INTERESES PRIVADOS • ROL DE LOS GREMIOS PERIODÍSTICOS EN ÁNCASH CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y SALDOS • Primera conclusión: la presencia de la presión y la violencia en la lógica de producción de la prensa • Segunda conclusión: los actores que administran la violencia compiten con los medios de comunicación por legitimidad y surgen también desde sectores privados fundados en economías ilegales • Tercera conclusión: Fenómeno viejo, pero que se maximiza con la presencia de nuevos actores • Cuarta conclusión: el (des)uso de mecanismos formales para evitar, sancionar o controlar el uso de la violencia y las amenazas contra la prensa es el inicio del ciclo • Quinta conclusión: La legitimidad de la prensa, la recurrencia del uso de la violencia y la impunidad se vuelven parte integral del espacio público BIBLIOGRAFÍA INTRODUCCIÓN Cada año, a nivel nacional, Áncash concentra la mayoría de agresiones contra periodistas a causa de su labor informativa. Durante el primer tercio del 2014, de acuerdo a la Oficina Nacional de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), se registraron 47 agresiones contra periodistas; Áncash se encuentra entre “las regiones que concentran el mayor número de atentados” (ANP 2014). Sin embargo, los ataques no solo comprenden acciones legales contra hombres de prensa, sino también agresiones y amenazas de diversa índole, desde ataques físicos hasta la desacreditación pública del quehacer de los periodistas. El mismo panorama se repite en años anteriores: de las 61 alertas de libertad de prensa registradas por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en 2013, 10 de ellas se dieron en Áncash, región únicamente igualada por Cajamarca (IPYS 2013). Ambas empataron como las regiones con mayor número de agresiones contra hombres de prensa a raíz de su labor informativa ese año. Áncash figura a la cabeza de listas similares en 2006 y 2007, años durante los cuales se recogió la información con la que se desarrolló la presente investigación. De los 96 ataques contra periodistas registrados por el IPYS durante 2006, se consignan 29 agresiones en Áncash, siendo la primera región en la lista. Para 2007, la situación no cambió en mucho: de las 121 agresiones contra periodistas registradas por la ANP e IPYS a nivel nacional, 34 (el 27%) se dieron en Áncash. Loreto y Lima se llevaron el segundo y tercer lugar con 13 y 10%, respectivamente. Para 2008, Áncash volvió a estar entre los tres primeros lugares en el listado de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo: solo Lima (17.1%) y Loreto (17%) superaron el 15.1% reunido por Áncash, de un total de 106 agresiones registradas por IPYS en 2008. El presente documento expondrá dos casos de hostigamientos contra periodistas en la región Áncash ocurridos entre 2004 y 2006, a raíz de su labor informativa. En el desarrollo de los casos, se podrán ver los diferentes mecanismos coordinados desde la administración pública y grupos delincuenciales para ejercer ataques físicos, verbales, reglajes, amenazas anónimas, acciones legales y, en última instancia, hasta el homicidio, a fin de afectar el quehacer periodístico en la comunidad. El primer caso es el de un grupo de periodistas de Casma que fueron víctimas entre 2006 y 2007 de agresiones coordinados desde el despacho del entonces jefe policial provincial, luego de que difundieron denuncias sobre irregularidades en su gestión. El segundo caso es el del asesinato del periodista de Yungay Antonio De la Torre Echeandía, ocurrido en 2004, por el cual el alcalde de la localidad, Amaro León León, fue sentenciado como autor intelectual. De la Torre también denunció malos manejos al interior de la comuna desde su programa radial. La motivación detrás de estos ataques, vista a lo largo de la observación de los casos, fue afectar o cortar el flujo de informaciones periodísticas sobre las personas que coordinan los referidos ataques. El espacio público configurado por los medios de comunicación locales es parte del quehacer político de la comunidad. Es en este espacio donde los ciudadanos se reconocen a sí mismos y a sus autoridades, y también es el lugar donde se legitiman o deslegitiman a estas últimas. A la luz de ello, ¿cómo es que se afecta este proceso cuando se afecta la producción de informaciones de los medios de comunicación a través de los referidos hostigamientos? En estos procesos, no solo las autoridades de la administración pública y personajes de economías ilegales son agresores y los hombres de prensa, las víctimas. Los periodistas son también parte activa en esta dinámica, no solo difundiendo las informaciones sino también siendo herramientas para el hostigamiento de otros periodistas o compitiendo contra las autoridades públicas por una cuota de legitimidad en el espacio público. El estado de la prensa en Áncash y en el Perú ayudan perfilar este proceso, en que podremos ver cómo se afecta la opinión pública y la relación de las autoridades con los medios de comunicación. La referida concentración de agresiones y hostigamientos en la región permitirá apreciar el funcionamiento de redes coordinadas con el fin de imponer en el espacio público local una agenda de intereses privados sobre la agenda informativa de interés público. Con lo que tenemos una interpretación del problema principal a ser materia de estudio: la afectación de la comunicación en el espacio público local y con ello de la vida política de la región, a través de la agresión contra los agentes informativos -periodistas o medios de comunicación- por operadores criminales -desde la administración pública o desde el sector privado-. En este contexto, periodistas y hostigadores compiten al interior del espacio público de la comunidad por una cuota de legitimidad ante la opinión pública, que les valga audiencia y lectoría (en el caso de los periodistas) y el ejercicio del poder en el caso de los hostigadores. La investigación busca explicar el funcionamiento de las redes de actores, del sector público y/o privado en Áncash, que se ponen en marcha en el ataque a los hombres de prensa a raíz de su labor periodística de denuncia. Asimismo, comprender la dinámica de intercambio entre los medios de comunicación y actores privados o públicos en la constitución del espacio público; explicar la forma en que compiten desde ambos lados por la inclusión de ciertos temas en la agenda informativa pública. Con la percepción de un discurso de sus autoridades o actores privados asociado al enfrentamiento con quienes son los principales agentes informativos en el espacio público - de más está decirlo, mediatizado por el periodismo- estas agresiones tienen como consecuencia una actualización de las competencias del poder de los referidos actores. De ahí la importancia de entender la articulación entre el nuevo giro de sus competencias (las de los agresores) al hostigar a los hombres de prensa. Otra de las premisas de esta investigación es la de que los medios de comunicación, desde su sitial en el espacio público local, compiten por legitimidad ante la opinión pública local. Uno de los aspectos sobre los que se abocará esta investigación será también el rol de los gremios periodísticos locales u otros medios de comunicación y/o periodistas sobre la dinámica de hostigamientos. Este será un estudio de caso, se trata de una investigación de tipo explicativo. En primera instancia, se reconocerá y puntualizará sobre los diferentes actores y factores que confluyen en las acciones de hostigamiento sobre los periodistas. Estos van desde el mismo proceso de investigación periodística, la difusión de la misma, el contexto laboral y antecedentes profesionales del periodista agredido, hasta las características de la agresión misma, del agresor, sea funcionario público o persona natural, así como de los demás actores que intervengan en el proceso. Una vez detallado el mapeo de actores, se buscará explicar la forma en que estos interactúan, hallar el "cómo" de la red que se constituye para actuar fuera de la legalidad, a veces aparentemente dentro de la misma, contra los hombres de prensa a raíz de su actividad periodística. A través de la observación preliminar de la situación de la prensa ancashina se han identificado tres formas de violencia: Campañas de difamación, Ataques personales y Acciones judiciales. Los casos seleccionados para el estudio son emblemáticos para cada una de las categorías arriba mencionadas. Ambos presentan en su desarrollo las tres herramientas descritas para el silenciamiento de los hombres de prensa y serán estudiados a través de la recolección de material periodístico. Además, mediante la observación y análisis de la información recabada de enero de 2006 a marzo de 2008, a través de un monitoreo de medios de comunicación locales y regionales así como entrevistas periódicas con los periodistas locales, sus deudos y otros hombres de prensa testigos de las problemáticas descritas. La primera parte de la investigación intentará explicar cómo funcionarios de la administración pública y de economías ilegales compiten con los medios de comunicación en la configuración de la agenda informativa local y cómo esto afecta la vida política de la comunidad. La idea es que la imposición de ciertas agendas a través del hostigamiento a periodistas es la principal herramienta para ello. La segunda parte expondrá los dos casos, con la información recogida de medios de comunicación y a través de entrevistas con implicados en dichos casos, a fin de confirmar lo expuesto anteriormente. La tercera parte será una aproximación al contexto nacional y local en Áncash de la prensa, junto a algunos antecedentes que también refieren a dinámicas similares, y que suponen factores que complican la construcción de un espacio público que sirva efectivamente como arena para la vida política de la comunidad. CAPÍTULO 1: EFECTOS DE LA INTRUSIÓN DE AGENDAS PRIVADAS EN EL ESPACIO POLÍTICO El departamento de Áncash, como ya se ha dicho, concentra anualmente la mayoría de las denuncias de agresión contra periodistas en el conteo de IPYS, realizado a través de las alertas que a ellos llegan de sus centros afiliados a nivel nacional. Aún más que en Lima, llama la atención que la referida región concentre casos sonados de seguimientos, agresiones y hasta el asesinato de un periodista en los últimos cinco años. En vista de la tensión formal prensa-gobierno y del lugar de los medios de comunicación en la vida política de una comunidad esbozados al inicio de este documento, resulta indispensable el estudio de las agresiones que recibe un actor como el periodismo dentro de la región más próspera en materia de canon minero, con S/.953 millones de un total nacional de S/.3,853 millones cobrados en 2013 por gobiernos regionales (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 2013); de intensa actividad pesquera: a fines de 2013, Áncash lideraba los niveles de captura de anchoveta a nivel nacional (Radio Programas del Perú 2013); y uno de los últimos puntos en la ruta de la droga. El intercambio comercial crítico en la región corre en paralelo con irregularidades y corrupción desde los sectores público y privado, lo cual ha sido investigado judicialmente en repetidas veces (el caso sobre la “Centralita”, en que se ha visto implicado el presidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar y tres periodistas, como sus cómplices) (La República, 2014). Como consecuencia del trabajo periodístico denunciando estos hechos (o de las dificultades que para la sostenibilidad de esta criminalidad puede significar la presencia del periodismo), nuevas agresiones contra la prensa ancashina se dan. Precisamente en provincias, mediante su labor informativa y de denuncia, la prensa cumple con un claro rol en procesos como el de la descentralización. Así, por ejemplo, el Acuerdo Nacional plantea tres líneas de acción a través de la comunicación, en relación al desarrollo del proceso de descentralización: la institucionalización del diálogo que garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas; la construcción de un Estado que atienda eficazmente las demandas sociales; y la implementación de mecanismos de transparencia que permitan el control ciudadano (Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y Red Perú 2005). En tal sentido, la prensa en Áncash debe proponerse, como actor político, salvar la falta de cobertura noticiosa en los medios de alcance nacional sobre temas o conflictos locales a través de una apertura a las voces de las provincias, sea de autoridades políticas o miembros de la sociedad civil. Ello en aras de trascender la difusión de las informaciones y alcanzar un rol mediador y propositivo, ser la nueva arena de debates en la que sociedad civil y Estado pueden confluir. En el proceso de descentralización se articulan voces del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía, actores llamados a participar en la evaluación de cómo se lleva a cabo el proceso y en la proposición de iniciativas legales para corregir sobre la marcha desfases en los procesos de transferencia de competencias, recursos o sobre los mecanismos de participación ciudadana con los gobiernos regionales y locales. De ahí la importancia del periodismo en el proceso descentralizador, como mediador en los diálogos entre ciudadanía y Estado; como traductor y caja de resonancia de las exigencias más urgentes generadas por el proceso, a ser atendidas por la administración pública; y como agente de vigilancia, fiscalizador, llevando al ente estatal hacia los linderos de la transparencia. La problemática concentrada inusualmente en Áncash permite observar una variedad de agresores y tipos de agresión que perfilan actores o grupos, de la administración pública o el sector privado, y el desarrollo de “técnicas” en el hostigamiento contra hombres de prensa en estas regiones. Mediante la observación de otros casos a nivel nacional, hay mecanismos que se repiten en las diversas regiones del país donde un periodista sufre una agresión. Por lo tanto, al no ser Áncash el que marca la pauta en este tipo de tecnologías de hostigamiento, lo que la llama la atención es la concentración de las denuncias. Y por ende, el rol de los actores protagonistas de las agresiones. Esta concentración sugiere un nivel de coordinación de actores en varios sectores a fin de imponer en el espacio público local una agenda de intereses privados sobre la agenda informativa de interés público. Con lo que tenemos una interpretación del problema principal a ser materia de estudio: la afectación de la comunicación en el espacio público local y con ello de la vida política de la región, a través de la agresión contra los agentes informativos —periodistas o medios de comunicación— por operadores criminales —desde la administración pública o desde el sector privado. El estudio se desarrollará tomando como objetos de investigación casos de agresiones contra periodistas que realizan sus actividades profesionales en la región de Áncash. Para este estudio se han seleccionados dos casos; en ambos, autoridades locales fueron los agresores y datan de los últimos 10 años. Este rango de tiempo responde a que, para 2004, ya entrado en años el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, podemos hablar de un inicial período del restablecimiento de la democracia y la institucionalidad en el Perú, en vista de que este estudio en particular apunta a observar estos ataques en un contexto en que el Gobierno central mismo no es una representación del quebrantamiento del orden. El criterio de selección de los casos radica en que las agresiones desplegadas contra el (los) periodista (s) permiten apreciar el uso de una serie de recursos para lograr un objetivo: la conquista del espacio público con intereses privados. SIGNIFICADO DE LOS ATAQUES La valía del estudio de estos casos recae en la posibilidad de explicar los mecanismos de actores del sector público y/o privado en Áncash usados a fin de imponer una agenda privada de intereses en el espacio público. Una vez comprendidos los mecanismos que funcionan en este tipo de prácticas y de las instituciones y organizaciones que se coordinan en dicho proceso, la mesa queda tendida para comprender el comportamiento de la sociedad frente a esta problemática. Ello, a la luz de que las agresiones responden a una ambición sobre el espacio público local, en que la ciudadanía es actor principal. El análisis verá las estructuras de contenido que funcionan como signos y que a la postre generan discursos sobre los que se estructuran las actividades de los agentes sociales. Para ello, nuevamente, partimos de la premisa de que los roles políticos y sociales de una comunidad se configuran a partir de determinados significados en un discurso, el de la institución que detenta la hegemonía de los mismos en la comunidad. Si bien el Estado posee el monopolio de la represión física sobre sus ciudadanos, las agresiones que son materia de estudio del presente trabajo están reñidas con la ley y las normas de funcionamiento de acción de cualquier estamento de la administración pública y, mucho más, si hablamos de actores del sector privado. De ahí que las acciones de estos y la forma en que afecten el espacio público que la comunidad perciba alrededor suyo indicarán una cuña peculiar en el discurso que estos actores exponen. PRODUCCIÓN DE LOS ATAQUES ANTE EL ESPACIO PÚBLICO Además de la comprensión de estos mecanismos destinados a afectar el espacio público local, “destejer” estas redes es también una ruta para conocer el impacto objetivo, en la actividad política de las respectivas comunidades, de las denuncias periodísticas y con ello considerar por qué fueron respondidas con intentos de silenciamiento. De otro lado, en el recuento de los hechos a través de los que se desarrollaron las agresiones, se podrá observar si la crítica a las autoridades políticas desarrolladas por los medios de comunicación o periodistas agredidos contaba con el respaldo y legitimidad entre la opinión pública de la comunidad: la observación de ello será un indicador interesante acerca de cómo se afectó el espacio público con la agresión estudiada. Como ya se ha dicho, las agresiones poseen significado en el espacio público: son comprendidas y decodificadas por la ciudadanía que tiene conocimiento de su ocurrencia, a través de la cobertura noticiosa local, con lo que representan un mensaje. Es así que en el análisis de los ataques es menester observar los factores externos que afecten la “forma” del hostigamiento, esto es, su “significante” ante la comunidad que decodifica el “signo”, esto es, la agresión misma. Ahora bien, en vista de tratarse de una competencia en el espacio público, partimos de la premisa de que los medios de comunicación, desde su sitial en este a nivel local, también ejercen poder. Parte de ese ejercicio de poder es la disposición inmediata del espacio público para surtirlo de informaciones; y, con ello, el respaldo de gremios periodísticos locales u otros medios de comunicación y/o periodistas, con quienes en otras regiones observadas, se coordinan las agendas informativas locales. De ahí que ante las agresiones, dichos gremios también jueguen un papel activo en la dinámica. El interés en la observación de los casos también se cifrará sobre cómo la presencia de estos grupos afecta dicha dinámica. A su vez, también valdrá registrar el papel jugado por instituciones locales de la sociedad civil ante las agresiones, como parte de la reacción ciudadana ante la manipulación que en su propio espacio público puede sufrir el flujo libre de información. INCÓGNITAS DE APROXIMACIÓN AL PROBLEMA A manera de guía de la investigación, preguntas como ¿Por qué Áncash concentra la mayoría de denuncias de agresión contra periodistas cada año? o ¿Qué mecanismos, o actores, coordinados se ponen en funcionamiento en las denuncias de agresiones que estudiarán? integran las primeras líneas de acción en el análisis. Estas preguntas, una vez reconocidos los actores y sus modus operandi, dan paso a otras de mayor especificidad, y que surgen en el camino de la sistematización comprensiva del problema. De ahí que reconocer los perfiles de los hostigamientos sufridas por los periodistas Ancashinos y otros factores externos que determinan la forma que aquellos adquirirán resulta un área del conocimiento del problema que deberá responderse. A la luz de tratarse de competencia por el poder, y de que los casos a estudiarse responden a un ciclo concluido, otra interrogante estará referida a si las denuncias periodísticas realmente afectan el ejercicio de poder —económico o político— que los agresores, esto es los denunciados, detentan en la comunidad; y, en tal caso, cómo afectan las denuncias periodísticas a la opinión pública y a su percepción sobre los actores denunciados. De otro lado, estamos entendiendo estos hostigamientos como herramientas que terminan afectando el espacio público local, en vista de que la labor informativa de los periodistas se ve trastocada en su objetividad y libertad. La invasión de intereses privados en una arena en que los públicos deben ser los únicos que alimenten el tránsito de informaciones y la discusión sobre los asuntos que, al final del día, son relevantes para una comunidad. De ahí que otro elemento a ser cuestionado sea el rol que cumplen los periodistas en la confección del espacio público como arena de debate y resolución de cuestiones políticas, para así comprender la real dimensión de la pérdida que sufre la vida política local. Asimismo, al ser la arena pública un lugar de intercambio de informaciones y discursos, estos ataques también constituyen una información en el circuito. Que una autoridad local opere estas agresiones es información de manejo local y ello tiene un precio sobre la legitimidad de organismos como el municipio o la policía entre los ciudadanos: un hecho que también deberá ser comprendido en la explicación de esta dinámica perniciosa para el rumbo político de las comunidades observadas. PRESUNTAS APROXIMACIONES AL PROBLEMA: MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN ÁNCASH Con lo anteriormente visto, podemos ensayar una explicación para la recurrencia en los hostigamientos contra los periodistas de la región: En Áncash, una red coordinada —de autoridades del sector público o funcionarios del sector privado, con periodistas locales y delincuentes— desarrolla hostigamientos de tipo judicial, mediático o físico contra periodistas que en su quehacer realizan denuncias periodísticas referidas a corrupción administrativa o actividades delincuenciales. Ello, en vista de que dichos grupos manejan una agenda privada de intereses reñida con el derecho pleno a la información que las comunidades detentan y que con ello, por ende, socava la construcción de la opinión pública y la configuración de un espacio público legítimo. Las agresiones denunciadas y las que serán objeto de estudio tienen como fin afectar la difusión de informaciones que resulta incómoda para los ejecutantes del hostigamiento. Las denuncias periodísticas que dan lugar a la represalia versan generalmente sobre temas de corrupción en el ámbito estatal o privado; y constituyen uno de los puntos de partida de esta compleja maquinaria de recorte de la libertad de prensa e informativa que se pretende explicar. Sin embargo, la relevancia de la hipótesis recae en la perturbación que dichas maniobras ejercen sobre la construcción de un espacio público pleno, que se cimente sobre la base de un intercambio discursivo transparente, sobre el cual las instituciones negocien con la ciudadanía, constituyendo ello el real sentido de la vida política de cada comunidad. Más aún cuando lo comunicativo, en el espacio público, puede trascender dicho intercambio de discursos y demandas y contemplar oportunidades y la participación de diferentes voces de la sociedad (Bonilla 1990), en beneficio de la construcción de gobiernos democráticos deliberativos. Es así que en el espacio público local se pueden gestar esferas propias de representación que provienen de la pugna por el reconocimiento de diversas agendas. Las de los actores que ejercen el hostigamiento contra periodistas son unas más en esta pugna. Su reconocimiento les valdrá legitimidad ante las autoridades y la opinión de la comunidad. En este último caso, como ya se verá en el desarrollo teórico del trabajo, la incidencia sobre el “espacio público político” habermasiano (Habermas 1994) es lo que los referidos actores buscan, en la medida en que en esta instancia la opinión pública se forma discursivamente y si dicha formación es afectada por la invasión de determinados intereses —a través del hostigamiento en sí— será menos complicado para estos actores generarse un clima de gobernabilidad manejable que finalmente garantice su permanencia en el poder o en la comisión de los ilícitos que el periodista denuncie. Las autoridades locales, al ser parte del “espacio público político”, también pueden verse perjudicadas en su defensa de la institucionalidad en caso de operar en una arena en que la información es controlada o censurada a través del hostigamiento por grupos privados dedicados a actividades delictivas o con intereses políticos cuya defensa desborde los márgenes de la legalidad. Al hablar sobre este lugar de encuentros y desencuentros discursivos que se puede ver alterado por la acción velada sobre el tránsito de informaciones, aspectos de la democracia local de una comunidad —tales como la representatividad y la deliberación— también son debilitados en beneficio de intereses distintos al bien común. En esta dinámica que parte del ejercicio de agresiones contra periodistas, la “privatización de lo público” deja de ser la característica de la sociedad de la información y del nuevo espacio público. Más bien, comienza a ser una condición artificial de un contexto mediado por el control de las informaciones —y el intercambio discursivo— por actores velados. En tal sentido, el “enfrentamiento”, que es en sí la dinámica de la vida política en una democracia plena, se convierte en uno viciado, mediado, empañado. Si bien los discursos son la principal herramienta para la actividad en el espacio público —y en este contexto, político—, con una dinámica que no es transparente en la interacción de sus actores, las técnicas de comunicación no serán más que medios secundarios para la transmisión de contenidos que no son parte de una esfera política a medio camino entre la arena discursiva y la simple escenografía social. Ello, a la luz de la alteración inadvertida de esta dinámica comunicacional que incide directamente sobre quienes son parte activa de la comunicación política: los propios periodistas. A la luz de que se altera el espacio público a través del referido hostigamiento en beneficio de los intereses privados de determinados grupos, la hipótesis plantea otra dimensión política de relevancia. La realidad política, en lo que respecta a su defensa de la institucionalidad, también se ve mermada, con lo que la intromisión velada de los autores de los ataques cobra mayor gravedad. El estudio plantea identificar la acción de actores, privados y/o públicos, coordinados que realizan las mencionadas agresiones. La concentración de esta actividad explica la confluencia de factores condicionantes que actúan sobre este contexto regional de forma particular. El reconocimiento de estos factores permitirá entender el funcionamiento de esta dinámica perniciosa en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a la información de las comunidades implicadas. La hipótesis de la presente investigación está amparada sobre el siguiente diagrama conceptual:  Denuncias periodísticas: Ejercicio del periodismo de investigación (aunque en provincias tenga un alto contenido subjetivo, de opinión), que consiste en comprobar mediante documentos o testimonios legítimos la comisión de una irregularidad en la administración pública o privada. Denuncias periodísticas (D) • Corrupción administrativa • Actividades delictivas Actores (q) • Poder político • Poder económico • Relaciones con prensa local • Relaciones con PJ • Relaciones delictuosas • H1: Amenazas, seguimientos, golpizas, asesinato. • H2: Acciones legales, querellas por difamación, calumnia o injuria. • H3: Campañas de desacreditación ante la opinión pública a través de medios de comunicación.  Corrupción administrativa: El uso indebido de la investidura de un cargo público para acceder a recursos materiales u oportunidades, así como para ejercer coacción, en beneficio del interés particular de un funcionario de la administración pública.  Actividades delictivas: Actividades reñidas por la ley.  Poder político: El uso de las competencias otorgadas a un funcionario del sector público en la administración de los recursos y bienes del Estado, a fin de concretar la administración justicia, orden y represión física —cuyo monopolio le corresponde— y en la fabricación de otros servicios que brinda la administración pública.  Poder económico: La propiedad de bienes de capital y medios de producción en las diferentes actividades comerciales que se desarrollan al interior de una comunidad.  Relaciones con prensa local: El vínculo personal, económico y/o profesional que une a un funcionario de la administración pública o del sector privado con los medios de comunicación o profesionales de la prensa en su comunidad.  Relaciones con el Poder Judicial: El vínculo personal, económico y/o profesional que une a un funcionario de la administración pública o del sector privado con los representantes del Estado llamados a administrar la justicia en su comunidad.  Relaciones delictuosas: El vínculo personal, económico y/o profesional que une a un funcionario de la administración pública o del sector privado con los delincuentes o mafias en su comunidad.  Amenazas: Intimidaciones públicas o privadas —y que pueden ser anónimas—, referidas a la integridad física de un hombre de prensa o alguno de sus familiares. Se pueden manifestar verbalmente o a través de correspondencia, mensajes de texto al teléfono móvil, llamadas telefónicas.  Seguimientos: Labores de “reglaje”, observación, sobre las rutinas, lugares y horarios de los hombres de prensa objeto de las intimidaciones.  Golpizas: Agresiones físicas directas contra un periodista o algún familiar.  Asesinato: Homicidio, del cual se incluye en el esquema la autoría material e intelectual, mediata y principal.  Acciones legales: Referido a las figuras jurídicas a las que un ciudadano o el Estado pueden recurrir cuando consideran que las informaciones vertidas en un medio de comunicación de acceso público han vulnerado su honra, reputación o intimidad.  Difamación: Se considera que un medio de comunicación o un comunicador social ha ejercido el delito de difamación cuando, basado en informaciones no confirmadas o trascendidos, difunde un contenido exagerado o que distorsiona la verdad y que afecta la honra o reputación de un individuo.  Calumnia: Se considera que un medio de comunicación o un comunicador social ha ejercido el delito de calumnia cuando difunde una información falaz, que no se ajusta a la realidad y carente de pruebas, y que afecta la honra o reputación de un individuo.  Injuria: Se considera que un medio de comunicación o un comunicador social ha ejercido el delito de injuria cuando difunde informaciones que pudieran resultar agraviantes y que afectan directamente la honra o reputación de un individuo.  Campañas de desacreditación: El desarrollo de un plan de comunicaciones —en medios formales (canales de televisión, diarios revistas o radioemisoras) o informales (pasquines pirata o “clonados”, emisiones en radioemisoras informales)— dirigido a restar credibilidad al periodista que realiza la labor de denuncia. Se realiza no solo a través de discursos difamatorios o injuriosos sobre su integridad y capacidad profesional, sino también se enfoca en ataques a la honra personal, familiar, del individuo, en su ámbito más privado. También se realiza a través de la ejecución y difusión de entrevistas pactadas —de forma concesiva— con las autoridades o individuos del sector privado interesados en “limpiar” su imagen y en restarle solidez a las denuncias en su contra. En el mismo, se considera como Variable independiente (D) las denuncias periodísticas hechas por un periodista, un grupo de hombres de prensa o un medio de comunicación. Asimismo, sobre D se encuentra actuando (X) la variable de condición referida a la corrupción administrativa o las actividades delictivas, en caso de tratarse de un actor del sector privado. Son las denuncias de esta índole las que generan las represalias de quienes son denunciados. De igual forma, se considera como variable interviniente (q) a los mismos actores protagonistas de la agresión, justamente porque es a través de estos que se traduce dicha acción. Los actores y su acción coordinada con otros agentes (Poder Judicial, delincuentes y sicarios, o medios de comunicación) se ve afectada por una o una serie de variables de condición —como el poder político o el económico que ejerce el actor. Producto de dicha acción son los tres tipos de ataques delineados al final de la teoría en el esquema. Para el diseño del presente esquema, el acercamiento al tema ha sido más empirista o conductista, en vista de que gran parte de la materia prima de la investigación yace en los comportamientos observables del individuo o del agregado social —en el que se puede observar la huella de los discursos— y porque, al estar planteado desde la conducta de la comunidad o del individuo, permitirá al esquema reproducirse y comprobarse en otros contextos distintos al de Áncash pero igualmente relativos a las agresiones contra periodistas a raíz de su labor. INTERACCIONES DE LOS ACTORES Y FORMAS DE VIOLENCIA Este será un estudio de caso, se trata de una investigación de tipo explicativo. En primera instancia, se reconocerá y puntualizará sobre los diferentes actores y factores que confluyen en las acciones de hostigamiento sobre los periodistas. Estos van desde el mismo proceso de investigación periodística, la difusión de la misma, el contexto laboral y antecedentes profesionales del periodista agredido; hasta las características de la agresión misma, del agresor —sea funcionario público o persona natural—; así como de los demás actores que intervengan en el proceso. Una vez detallado el mapeo de actores, se buscará explicar la forma en que estos interactúan, hallar el “cómo” de la red que se constituye para actuar fuera de la legalidad, a veces aparentemente dentro de la misma, contra los hombres de prensa a raíz de su actividad periodística. DISEÑO DE LA RUTA Y RECOJO DE INFORMACIÓN A través de la observación preliminar de la situación de la prensa ancashina se han identificado tres formas de agresiones. Se trata de herramientas que se utilizan para agredir, y por ende, tratar de acallar, a los periodistas: 1. Campañas de difamación: Se dan a través del “alquiler” de espacios mediáticos y la anuencia de otros periodistas que favorecen en sus informes y opiniones a la autoridad o actor privado. En dichas campañas, también se insulta y desprestigia la credibilidad de los periodistas “incómodos”, a través de ataques a su honra personal o a su ética profesional. Además, también es usanza la difusión o impresión de programas o pasquines “pirata”, respectivamente, que simulan ser las publicaciones formales de los periodistas que realizan denuncias, pero cuyo contenido es diametralmente opuesto, con ataques a los directores de los medios formalmente constituidos. 2. Ataques personales: Van desde el insulto de grupos en las calles hasta el asesinato, pasando por el seguimiento y reglaje, las amenazas anónimas, el robo a los domicilios y las golpizas. 3. Acciones judiciales: Querellas o denuncias contra los periodistas por delito de calumnia, difamación o injuria, a raíz de informaciones publicadas que resulten “negativas” para la administración pública o el actor privado implicado. Los casos seleccionados son emblemáticos para cada una de las categorías arriba mencionadas. Ambos presentan en su desarrollo las tres herramientas descritas para el silenciamiento de los hombres de prensa y serán estudiados a través de la recolección de material periodístico que permita apreciar el primer estadío de la teoría descrita, esto es, la denuncia periodística y su difusión. La riqueza de los casos seleccionados, la gravedad de los ataques observados en ellos, la presencia en los medios de comunicación nacionales, la investigación judicial e institucional a las que dieron pie y la relevancia de los mismos ante instituciones y organismos de prensa como Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos son algunos de los criterios a los cuales obedece la selección de los casos. Sin embargo, los hechos en ellos observados y los mecanismos reproducidos permiten entender ataques similares en la zona y en otras partes del país, de los cuales se ha tenido referencia a través de los mencionados informes anuales del IPYS y la ANP. Mediante la observación y análisis de los dos casos presentados —gracias a la información recabada de enero de 2006 a marzo de 2008, a través de un monitoreo de medios de comunicación locales y regionales así como entrevistas reiteradas con los periodistas locales, sus deudos y otros hombres de prensa testigos de las problemáticas descritas— se podrá apreciar el funcionamiento de la red que ejerce la invasión, en el espacio público, de agendas privadas. ESPACIO PÚBLICO, OPINIÓN PÚBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Sobre el espacio público: escenario de prensa, opinión pública y políticos En La condición humana de Hannah Arendt e Historia y crítica de la opinión pública de Jürgen Habermas, hallamos una discusión sobre la naturaleza de lo público en su relación con la vida política de las sociedades modernas; a partir del intercambio de discursos de ambos autores, caemos en la cuenta de que es menester discutir si los espacios públicos continúan siendo arenas de consenso en lo respectivo a cuestiones de la vida política (antes, equivalente a la pública) y si es que este espacio lo define la sociedad civil, la opinión pública, las clases políticas o los medios de comunicación. Según apunta Pepi Patrón (Patrón 1998), la posición arendtiana separa lo “social” de lo “público”: en lo “social” conviven los intereses parciales y las conductas esperadas; lo “público” versa sobre intereses comunes alineados a través del discurso —el intercambio de opiniones a fin de ponerse de acuerdo, en base a disensos argumentados. En tal sentido, la mediación entre lo social y lo político —no lo aclara Arendt pero sí Patrón— puede ser salvada justamente por los medios de comunicación, que configuran un nuevo espacio público en esta dinámica. Habermas añade el elemento de la formación de la opinión pública en el seno de dicha instancia, para poder concluir que el espacio público existe cuando y donde quiera que todos aquellos afectados por normas sociales y políticas de acción se involucren en un discurso práctico evaluando su validez, según apunta Patrón. De ahí se desprende la importancia que el espacio público acotado por los medios de comunicación tiene para las autoridades políticas, por los niveles de gobernabilidad que estas puedan alcanzar a partir de la construcción de una opinión pública favorable; y la autonomía que acompañe sus políticas. Y, en particular para este trabajo, se entiende así el porqué de las redes que buscan afectar dicho espacio público en lo mediático a través de las agresiones contra periodistas. El escenario social peruano se plantea como uno con una diversidad (o fragmentación) perversa de grupos de interés, y en él existe espacio público cuando el debate de los actores envueltos se inscribe en la discusión de normas de interés general. Es así que dicha esfera —la pública— es indesligable de una dimensión política, por lo que Habermas (Habermas 1994: 249) la define como “espacio público político”, que representa las condiciones bajo las que la opinión pública se forma discursivamente y en que se cimenta el ejercicio de un modelo de democracia deliberativa. En dicho esquema, el espacio público se erige como un puente entre los fragmentados intereses de diversos grupos asistentes a la política nacional y las orientaciones del bien común. Dicho puente e intercambio discursivo permite la transformación de opiniones personales y forjamiento de la opinión pública, como ya se ha dicho. Ello, en vista de que todos los actores políticos son conscientes de que “los discursos gobiernan” (Habermas) al generar un poder comunicativo que, si bien no puede reemplazar a la administración pública, sí tiene influencia sobre esta al otorgarle mayor o menor legitimidad a sus instituciones. Sobre la comunicación política Como ya se ha dicho en anteriores partes del presente trabajo, la relación en el ámbito público entre política y prensa es una tirante y ambas se encuentran en franca competencia por una cuota de poder, la una por el que le corresponde formalmente, la otra por la que puede detentar al procurarse legitimidad ante la opinión pública, esto es, sus consumidores. De tal forma que el concepto de “comunicación política” es imprescindible para conocer la relación que une ambas ideas y el impacto que tiene dicha relación en la configuración de un nuevo espacio público como arena de debate, de exposición y construcción de la opinión pública, en los modelos de democracia representativa. Es recién llegada la edad contemporánea que la política y la comunicación adquieren en el espacio público una preponderancia similar, dado que antiguamente, como señala Dominique Wolton (Wolton 1998a, 28-46), la acción en la vida política —que era la totalidad de la esfera pública— tenía más valor que la palabra, que se prestaba a juegos retóricos con el fin de “manipular” a la audiencia. Tal como se ha configurado el espacio público hoy, la valoración de la palabra se ha despercudido del recelo que antes levantaba, y el intercambio de discursos —proceso en que los medios de comunicación son actores fundamentales— es preponderante en la vida política de un gobierno democrático. A este proceso intelectual se suma el avance de las tecnologías de información y la expansión en la cobertura de la prensa escrita, la radio y la televisión. Es así que el auge de la comunicación política también se funda en la expansión de la esfera pública y el consiguiente surgimiento de más actores en escena —ya no solo se trata de un enfrentamiento entre los oficiales de un gobierno contra su oposición, sino que también intervienen diversos grupos privados con intereses particulares, organismos de la sociedad civil con una orientación hacia la idea de bienestar común, la misma opinión pública, que hace sentir su presencia, principalmente, a través de los sondeos de opinión, y los operadores de los medios de comunicación, los periodistas— por lo que muchos acusan la dimensión de “espectáculo” que podría haber tomado la política con el advenimiento de los medios de comunicación masivos (esto también a raíz del salto que han dado los conflictos privados a la esfera pública, a través de los referidos grupos privados, que son expresión de intereses particulares y sobre los cuales se va forjando un escenario fragmentado, mas no por ello necesariamente pernicioso para el quehacer político). Como es de uso en la vida política, la dinámica de la actividad en dicha esfera radica en el enfrentamiento. Con la entrada de la comunicación política y la revaloración del discurso, dicho enfrentamiento deja de realizarse entre facciones de un partido y se da ante los medios de comunicación, mediante el reconocimiento del “otro” ejercido por los diferentes actores de este espacio a través de la exposición de sus discursos. Es así que Wolton apunta la información, la política y la comunicación como los elementos que se integran en la vida política proyectada en los medios, y es dicha articulación la condición de funcionamiento de nuestro espacio público. En dicha arena, como se apuntó líneas arriba, intercambian discursos los políticos, la opinión pública y los medios de comunicación, visto desde el lado operacional de la dinámica. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de la democracia, Wolton señala que las técnicas de comunicación usadas en dicho proceso solo son medios secundarios que tienen a mano los actores para trasmitir sus contenidos, los mismos que serán letra muerta —tan muerta como podría quedar la vida política— si es que la libertad de expresión y la de información no están aseguradas. Asimismo, para la opinión pública, la comunicación política es fundamental en relación a su propia existencia y exposición: la opinión pública se nutre y perfila a partir de los contenidos que obtiene de los procesos de comunicación política, sobre todo en épocas electorales; asimismo, hace sentir su parecer a través de los sondeos de opinión, y con ello se representa un buen termómetro de la performance de un gobierno o su oposición. Es así que, nuevamente, la comunicación política propicia la difusión de discursos que son objeto de conflicto y polémica, pues son estos los que concitan real interés de los actores mencionados y los que merecen la preferencia en la vida política. En caso de que uno de los actores afecte la circulación de informaciones en esta dinámica, también se afecta la formación de la opinión pública, la percepción de la misma sobre sus autoridades y la labor de estas con miras a la consecución del bien común. De ahí la importancia política de dinámicas comunicativas disfuncionales a raíz de agresiones contra uno de los actores, el periodismo. Ello, en vista de que —de pesar sobre el comunicador social la amenaza o la agresión— atentados a su libertad de expresión (y la libertad de información de una comunidad) podrían adoptar la forma de la autocensura, el silenciamiento y la desinformación. La realidad de la política funciona en tres disímiles dimensiones (Touraine 1998: 49): las demandas económicas, sociales y culturales más diversificadas; los intereses inherentes a la labor del Estado, en gran medida orientada al rol internacional del mismo; y la defensa de la institucionalidad, a través de las libertades públicas en ejercicio. El éxito contemporáneo de la comunicación política en su articulación con dicha actividad está en que es capaz de reunir en el nuevo espacio público —que configura con la convocatoria de actores de diversos sectores y en la cobertura expansiva que detenta— los tres intereses, que andan siempre en conflicto. En tal sentido, registra la comunicación política las demandas sociales que son defendidas por líderes no necesariamente políticos; logra su autonomía y —hasta ciertos niveles— legitimidad, en la medida en que no representa a un grupo social, es más bien de logros (comunicacionales) breves, periódicos, pero eficaces; y, asimismo, abarca el espectro público que ya no es exclusivamente sinónimo de “político”, sino de una vasta pluralidad de intereses, signo de la ocurrencia de las democracias. En tal sentido, continuando con lo postulado por Touraine, el éxito de la comunicación política reside en que la vida política es atacada por una crisis de representatividad. Los actores políticos en la actualidad, según Touraine, dirigen su atención a su imagen más que a su pertenencia a un grupo determinado de electores; es más, se dirigen al universo total de estos, en busca de la mayor cantidad de apoyo y autonomía (al estar “con todos”, esperan, a su vez, estar “con ninguno”). Sin embargo, dicho universo se encuentra partido por la emergencia de diversos y contrapuestos grupos privados. Este fenómeno es definido por Pepi Patrón como “la relación compleja multívoca e incluso tensa en la que se puede hablar tanto de ‘privatización de lo público’ como de ‘politización de lo privado’”. Este nuevo “entramado” supone una dificultad a la política y sus niveles de representatividad; y también para la definición de los “espacios públicos” en que los temas de relevancia social pueden ser deliberados. Pues, ya se ha dicho, estos espacios concitan la presencia de la sociedad civil, diversos grupos particulares, el Estado mismo y el intercambio de los discursos de todos estos. La dinámica comunicativa: articulaciones entre los tres actores Estos tres, que son los principales agentes en el proceso comunicativo que reúne a la ciudadanía con la vida pública de su localidad, ejercen una relación tensa entre sí. Las autoridades políticas son elegidas a fin de obtener el bien común a través de su quehacer, aunque en algunos casos se manejen agendas privadas que desvíen su acción. Los medios de comunicación, al ser empresas, buscan el lucro, la sintonía y la publicidad, de ahí su búsqueda incesante de la noticia que concite la mayor atención y que la difusión de esta noticia esté amparada por la credibilidad del medio, capital moral invalorable en términos económicos pero que incide, paradójicamente, en sus balances financieros. Y la opinión pública busca esa misma credibilidad para informarse sobre el actuar de sus autoridades políticas, por lo que en esta dinámica no solo estos últimos están a merced del juicio que de ellos tenga la ciudadanía: los mismos medios de comunicación también están bajo escrutinio constante, en vista de las preferencias por objetividad y veracidad ejercidas por el público. De manera que tenemos una dinámica tripartita y circular que configura el espacio público que se ve afectado por las agresiones contra periodistas. Es esta misma afectación la que incide en el proceso de información de la ciudadanía. Al no verse satisfecho el legítimo derecho a la información —garantizado por nuestra Constitución vigente— se comienza a trastocar la percepción del actuar de las autoridades políticas o de actores del sector privado en la pugna por el control —de índole económico, político— del espacio público. A la luz de este escenario, resulta de importancia la revisión de las ideas de Dominique Wolton (Wolton 1998b) sobre los medios de comunicación en el cambiante panorama de la comunicación política actual. En primer lugar, sobre el quehacer político, dada su mayor visibilidad —a través del desarrollo constante de las tecnologías de la información y los nuevos espacios abiertos en los medios de comunicación— las instancias de comunicación mediática son vistas como el contrapeso para la acción política: son dichas instancias una suerte de “ajuste” en la resolución del modelo democrático, al adaptarlo a una sociedad de masas, en cuyo interior su multiplicidad de grupos comparte determinados códigos y referentes que se usan para informar y hacerse entender de la forma más universal posible. Los medios de comunicación brindan a la opinión pública un “constructo”, una imagen, si se quiere un fotograma, del momento político que se han encargado de registrar. En vista de que se trata de un espacio ciertamente limitado —por la competencia con otros contenidos y la naturaleza temporal del lenguaje audiovisual, en el caso de la televisión y la radiodifusión, e incluso a nivel fotográfico en los medios impresos— la instantánea que se nos brinda en un medio de comunicación responde a una visión mediada de la realidad, pero que está confeccionada —por motivos éticos y en aras de conseguir y conservar la preciada credibilidad— con mucha cercanía a esta, en buena parte del periodismo. A pesar de ello, según Wolton, la política, la comunicación y la información tienen una lógica conflictuada en su interacción. Y es porque los medios y la política pugnan por la tenencia de la información. Como se afirmó antes, el periodismo busca destapar un hecho que las autoridades políticas muchas veces pretenden ocultar; más aún en naciones como las de nuestra región, en que las normativas y las orientaciones políticas en beneficio de la transparencia son aún incipientes; y en que regímenes autoritarios han dejado la huella de su secretismo en la racionalidad de la burocracia, al punto de constituirse en una suerte de cultura al interior del aparato estatal. De ahí el constante enfrentamiento del periodismo con las autoridades políticas. Sin embargo, este enfrentamiento es necesario para el ejercicio democrático y es la esencia de la comunicación política, una interacción frustrada y tensa. Los políticos y la opinión pública frente a los medios de comunicación Como ya se ha visto en los estudios referidos en páginas anteriores, los medios de comunicación gozan de poca legitimidad ante la opinión pública, dada su poca credibilidad y que en ocasiones son superados por alguna institución política en la labor comunicativa. A ello se suma la posición de los medios de comunicación en el nuevo espacio público, a media distancia entre los políticos y la opinión pública, si se quiere como una bisagra en el contacto de ambos actores. Sin embargo, la comunidad puede cuestionar, junto a las autoridades políticas, los perjuicios y amenazas de la labor comunicativa, pues las informaciones de un medio de comunicación no tienen por qué ser necesariamente representativas de la opinión pública. Ello porque antes la “opinión pública” era muda y potestad de todos y cualquiera, situación que ha cambiado con la popularización y visibilidad de los sondeos de opinión. Hoy en día es improbable concebir el trabajo de los comunicadores sociales como uno en que los mensajes alteran antojadizamente los juicios de valor de los receptores, como si estos últimos carecieran de un criterio discriminante de las informaciones que consumen. Los medios son urgidos por el interés de desenmascarar una realidad; ello los puede oponer a los políticos y a la opinión pública. Y la situación se complica para los medios de comunicación, a la luz de que la clase política y la opinión pública gozan de mayor legitimidad frente a los primeros: una, por ser elegidos representantes mediante sufragio popular; y el otro por la representación estadística mediante los sondeos. Los medios de comunicación y los políticos frente a la opinión pública La visibilidad de la opinión pública en sondeos no les permite a los políticos actuar “sin conocimiento de causa”. Gracias al interés cobrado en los sondeos de opinión, los cuestionamientos de la ciudadanía a la clase política y a las políticas mismas que van implementando ya no es solamente palpable desde las ánforas de sufragio. De tal forma que la difusión de dichos estudios alimenta la arena política, al darle forma y contenido a los intereses, inquietudes y demandas de una colectividad multipersonal. Y en esta difusión, los principales actores son los medios de comunicación. Sin embargo, existe el peligro —para los medios y en proyección hacia la opinión pública— de considerar que el quehacer informativo deba ser un correlato de los sondeos de opinión y que estos tienen una mayor relevancia que aquellos, cuando en realidad se trata de informaciones de distinta índole. Los sondeos, con mucho, tienen un valor predictivo pero no comprensivo de la realidad ni mucho menos permiten prever una crisis inminente, pues omiten un contenido interpretativo que brinda otro valor a la comunicación de los medios. Los sondeos de opinión son estadística inerte por sí solos: si un análisis del contexto socio-político y económico en que se registraron no los acompaña, se convierten en un acervo numérico descriptivo, mas no analítico, de una situación. Este es el valor agregado que ostentan los medios de comunicación: en ellos se convoca a los especialistas en la interpretación de estos indicadores y se generan las opiniones que finalmente son elementos de juicio para la opinión más importante del escenario, esto es, la pública. Los medios y la opinión pública frente a los políticos Cuando los medios de comunicación son la caja de resonancia de los movimientos sociales que apuntan a obligar a los políticos a implementar reformas, pueden elevar al espacio político los problemas sociales, venidos de una opinión pública no legitimada por los sondeos. Y permiten a la clase política prevenir conflictos no visibles estadísticamente. Es así que Wolton concluye: I. El mayor rol que juega ahora la comunicación política en el quehacer político no le resta a este para nada su carácter imprevisible, violento y polémico, pues el referido rol se enfoca en cuestiones de representatividad y comunicación en las democracias masivas. II. Los medios de comunicación, los sondeos de opinión pública y los políticos compiten entre sí en la arena comunicativa por el dominio del análisis de los procesos políticos. III. Los medios de comunicación, además de asegurar la circulación de todos los discursos, defienden una lógica del acontecimiento en su labor, básica para no liquidar el sistema político (ello, en vista de que la lógica de las ideas o las ideologías no son materia de circulación para los medios de comunicación, por lo que difícilmente emprenden enfrentamientos de dicha naturaleza con la clase política). IV. La opinión pública tiene mayor presencia real hoy en la comunicación política, pero políticos y medios de comunicación no manejan el mismo significado de aquella, lo que debe ser tomado en cuenta para diferenciar ambos discursos. V. El aumento de la información en los medios y de la comunicación a través de los sondeos obliga a diferenciar “información” de “comunicación”: mientras esta tiene una lógica más institucional, aquella más bien se enfoca en el relatos de los acontecimientos y la crítica, fundamentos del periodismo. La principal conclusión atañe al puesto de los medios en la comunicación política. Estos no logran aún la legitimidad ansiada, menos —paradójicamente— cuando imponen su ley y excesos a los políticos y comunidad. Asimismo, los políticos están aprendiendo a prescindir de ellos y la opinión pública les viene restando apoyo. Los medios, así, deben recordar que su trabajo es el de la información no el de la comunicación en la esfera pública y política. Su triunfo a veces alimenta las críticas de las que son objeto, por lo que considerar que los medios no detentan el monopolio de la comunicación será básico para encauzar su actividad hacia el relato de la historia y la crítica constante, con miras a conservar y alimentar su legitimidad frente a la opinión pública y los políticos. Por otro lado, resulta provechoso para el trabajo tener en perspectiva algunas ideas sobre el impacto de los medios de comunicación en el espacio público local, de la autoría de Jean- François Tétu. Ello porque la tratada en este trabajo es una problemática de temas eminentemente regionales, pocos de los cuales tienen la relevancia nacional o hasta internacional para lograr la cobertura periodística en medios de circulación a gran escala. Y estas redes —autoras de las agresiones contra periodistas—operan justamente a este nivel, el local. Tétu (1998: 315-330) define el espacio público como uno constituido por conocimientos y representaciones —que, para fines del presente trabajo, se traducen en discursos, hábitos y prácticas— donde las formas de comunicación de mayor trascendencia son la prensa cotidiana regional (PCR) y las colectividades locales. Así definido, se observa que en las comunidades los “problemas generales de la sociedad” caen en la indiferencia ante las urgentes preocupaciones de carácter local; los “grandes relatos” desaparecen. Ganan peso las demandas particularistas provenientes de agrupaciones de la sociedad civil nominalizadas como “comités de defensa” o “coordinación”. Aunque ello no significa que la localidad deje de ser parte —de forma cada vez más fehaciente— de una red nacional de carácter político, económico, cultural. Así, el formato de “ciudad” a pesar de no estar del todo definido se impone en las comunidades; no es que el caserío haya dejado de existir, pero es la ciudad el foco que mejor interactúa con las redes nacionales antes mencionadas. Lo local es el lugar de “verdad” de lo político, por la inmediatez de los conflictos y su traducción en desigualdades en el empleo o desempleo, el transporte, la educación, entre otros. Lo local es lo geográficamente próximo (y telepróximo gracias a las tecnologías de información), en lo cual se halla un vínculo social y en que la pertenencia se puede transformar en participación sin mayor mediación de trámites o instancias. Una definición que supera la dimensión territorial del término “local”. En contraste con esta aproximación a lo local, la PCR tiende a reducir el espacio público de su espectro noticioso al territorio de difusión. Esa misma territorialización caracteriza a los interlocutores de la comunicación y a sus referencias. Buscan estar hechos a la medida de sus consumidores. No obstante, la determinación de “local” pasa en los medios de comunicación por un filtro —más que geográfico o económico— institucional. Son locales aquellos actores que han probado estar cercanos o asociados a la comunidad y que los miembros de la misma reconocen como tales. Asimismo, la PCR se vincula con la comunicación oral, pues en gran parte de los casos, las noticias al aire o impresas son la continuación de dicho intercambio hablado realizado en el mercado o en la iglesia. En tercer lugar, otra de las características de esta PCR es su necesidad de “hacer saber”, ser un émulo de los avisos parroquiales, anunciando las actividades conjuntas de la comunidad y marcando un tránsito entre las informaciones de carácter privado y las de carácter público; constituyendo así una limitada herramienta de inclusión en el espacio público. Todos estos rasgos apuntan justamente a insertar al individuo en el espacio social. Con ello, tenemos que la cobertura noticiosa de la PCR se enfoca en gran medida sobre conflictos cercanos y con menor intensidad sobre las problemáticas realmente trascendentes en el devenir de las comunidades y de dimensiones nacionales, continentales y globales. Incluso, con el afán de favorecer las informaciones locales, se puede tender —sin el ánimo de favorecer a una autoridad elegida, en el caso de los gobiernos locales, el alcalde, sino más bien de resaltar las cuestiones que le otorgan legitimidad— a resaltar obras públicas por encima de situaciones de carácter político que afectan directamente el rumbo de la región. CAPÍTULO 2: LOS CASOS INVESTIGADOS Durante el año 2011, tres periodistas fueron asesinados en el Perú. De acuerdo a informes de la organización internacional de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), José Oquendo Reyes (Chincha), Pedro Alonso Flores Silva (Casma) y Julio Castillo Narváez (Virú) fueron asesinados por enfrentarse a autoridades locales mediante el cumplimiento de su labor informativa. De 1982 a 2011, sumaban 57 hombres de prensa asesinados en territorio peruano, presumiblemente, por el cumplimiento de su labor informativa —según organismos de prensa como el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación Nacional de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa, así como la misma RSF, entre otros—. La naturaleza privada de la mayoría de medios de comunicación —o empresas periodísticas, canales de televisión, estaciones de radio— realiza una labor orientada más bien a la satisfacción de un derecho público, universal; el derecho a la información, al ejercicio libre de la expresión (sin detrimento de la honra e intimidad personales o la seguridad nacional). Esta aparente contradicción supone una dinámica en la que los intereses económicos afectan la labor periodística, misma que impacta a su vez en el espacio público, la construcción de la opinión pública en el mismo y los niveles de legitimidad a los que pueden aspirar en ese espacio autoridades públicas o empresarios, líderes locales, entre otros. Si la legitimidad para un gobierno es el consentimiento de los gobernados, y ello permite al gobernante el ejercicio de poder en el cauce de la gobernabilidad; para un medio periodístico, la credibilidad le vale legitimidad ante su audiencia y con ello el crecimiento y fidelización de la misma. Ello se ve traducido en mayores índices de lectoría, audiencia, sintonización. Mientras más altos, más atractivo el medio de comunicación y sus espacios para publicidad, lo que se traduce a su vez en mayores ingresos. De manera que la legitimidad es un bien preciado y de difícil cálculo para medios de comunicación y autoridades. Habiendo dicho esto, es necesario señalar que la acción de ambos sectores puede afectar directamente la cuota de legitimidad que detenta el otro. El ejemplo más común es el de un medio de comunicación y/o periodista que fiscaliza la labor de una autoridad pública y que, de encontrar irregularidades en la misma, difunde una denuncia periodística que afecta la opinión pública y que puede restar ante esta la legitimidad con que cuenta la autoridad. Pero también la autoridad o incluso personas privadas pueden afectar la labor de un periodista, en caso en que esta pueda tener efectos negativos sobre sus intereses privados. Buenos niveles de legitimidad permiten, por ejemplo a una autoridad policial, la consecución de sus intereses privados. Lo contrario, hace que dicha agenda privada peligre. Para asegurarla, la autoridad en cuestión puede ejercer los beneficios de su puesto a fin de afectar el trabajo del periodista. Es así que la exposición de los siguientes casos de enfrentamiento entre periodistas y autoridades pretende ilustrar esta tensión constante, en que ambos lados compiten por la legitimidad en un espacio público local, circunscrito a comunidades provinciales donde la dinámica de la gobernabilidad tiene consecuencias más directas en los niveles de gobernanza. Los periodistas pugnan por “el gran destape” sobre la autoridad, en ocasiones incurriendo en prácticas alejadas de la ética profesional, conducidos por la vehemencia por la sintonía y lectoría. Por su parte, las autoridades periodísticamente denunciadas apelan en ocasiones a acciones de hostigamiento, reglaje y agresiones, que incluso pueden llegar a la muerte (como se verá en uno de los casos), a fin de detener el flujo de informaciones que perturba sus agendas privadas. CASO 1: DE LAS CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL EN CASMA Actores -Los periodistas agraviados: Wilfredo Ronald Márquez Rosales – Programa Casma al día, Sideral TV (cable); Gustavo Samané León – Programa Hora Cero, Radio Studio 99; Aldo Meza Torres – Programa Contacto Directo, Radio Studio 99, y Programa Rompiendo Esquemas, Radio Calor. -Agresor: Jefe Policial de Casma, Mayor PNP Marino Jiménez Carrera -Actores secundarios: delincuentes y periodistas locales El detonante o la denuncia periodística Si bien en enero de 2006 el entonces flamante jefe de la Delegación Policial de Casma, Mayor PNP Marino Jiménez Carrera, inició su gestión con una relación de relativa cordialidad con los medios de comunicación locales, ello no duró mucho. Hacia fines de julio de ese año, el periodista Wilfredo Márquez Rosales denunció en su informativo Casma al Día, del canal de cable local Sideral TV, que Jiménez Carrera, a pesar haber recibido dinero de una donación para comprar una motocicleta nueva para la comisaría de Casma, adquirió una de segunda mano. La denuncia llegó en un momento en que la inseguridad ciudadana era un tema de debate y polémica en los medios de comunicación locales —por una supuesta ola de asaltos, secuestros al paso y asesinatos azotaba a la comunidad casmeña. Jiménez respondió a la denuncia con ataques personales contra el periodista Márquez Rosales y su credibilidad, al calificarlo públicamente de “chantajista”. El 13 de agosto de 2006, el periodista Gustavo Samané León —conductor del radioprograma Hora Cero, de Radio Studio 99 de Casma— difundió durante su programa las quejas de los pasajeros de un ómnibus interprovincial de la empresa de transportes Anita. Ellos denunciaron maltratos físicos y verbales por parte de Jiménez Carrera, así como el supuesto cobro —realizado por efectivos policiales bajo su mando— de un cupo para que la unidad de transporte continúe su recorrido, en vista de que su conductor habría cometido una falta al Reglamento Nacional de Tránsito. Al día siguiente de la denuncia, Samané solicitó a Jiménez —en las inmediaciones de la comisaría de su jurisdicción— sus descargos acerca de las denuncias: en respuesta, el policía amenazó al periodista con involucrarlo públicamente con actos de corrupción y le señaló que, de no ser su “conocido”, Jiménez lo habría agredido físicamente. Samané llevó a cabo la denuncia periodística — referida a esta amenaza— en su programa radial. Ante ello, recibió una llamada telefónica de Jiménez, a través de la cual reiteró sus amenazas en un tono más grave: “Ahora sí me vas a conocer, te voy a cagar". Por su parte, Aldo Meza Torres, en su programa Contacto Directo, también transmitido por Radio Studio 99, denunció públicamente el mismo día —14 de agosto— las amenazas y la hostilidad con que el oficial PNP se había entrevistado con Samané. Jiménez buscó a Meza al final de la emisión del programa y amenazó, de forma similar a lo hecho con Samané, con vincularlo con una serie de hechos delictivos que por esos días azolaban a la comunidad casmeña. Diez días más tarde, el jueves 24 de agosto, Meza difundió en el mismo programa la denuncia del ciudadano casmeño Richard Rosales Díaz sobre cobros indebidos efectuados por la Policía Nacional del Perú a cambio de la expedición de un certificado domiciliario. Según el denunciante, los cobros contaban con la aprobación del mayor Jiménez. Al escuchar los avances noticiosos relacionados a la denuncia, y durante la emisión del programa, Jiménez se presentó en las cabinas de la emisora, para exigir que no se difundan las referidas declaraciones. Meza aseguró que las difundiría inevitablemente, pero que le otorgaría al oficial tiempo al aire para hacer públicamente sus descargos. Ello generó nuevas amenazas del Mayor Jiménez y al hacer su descargo, atacó directamente al periodista en cuestión, incluso ante la presencia de la comisionada de la Defensoría del Pueblo en Huaraz, doctora Roslin Villanueva, presente en cabina. El hostigamiento como respuesta: desarrollo de una campaña Ante las denuncias en contra de su labor policial frente a la dependencia casmeña, el Mayor PNP Jiménez Carrera —a través de una fondo social de la PNP—financió un programa televisivo llamado Vocero, dirigido por el periodista casmeño César Olive Alegre, emitido por Canal 6 de Casma. Dicho programa salió al aire el 1 de septiembre de 2006 y se convirtió en la tribuna pública de la Policía en Casma, según declaró Aldo Meza. Jiménez así ganó un espacio en la escena pública para no solo promocionar las actividades y logros de la oficina bajo su control, sino también para desmentir —en coordinación con el periodista Olive, remunerado con los fondos provenientes de la Beneficencia Policial— las denuncias de los periodistas Márquez, Samané y Meza, así como para atacar su credibilidad profesional. A través de continuas apariciones en el espacio, conducido por el periodista remunerado con recursos de la Policía Nacional del Perú —e integrante de un gremio periodístico casmeño enfrentado a la asociación a la que pertenecían los periodistas hostigados por Jiménez—, el jefe policial ganó terreno en el espacio público de la localidad, en pos de la legitimidad que podría haberle costado los públicos enfrentamientos con los referidos periodistas y las denuncias de estos en contra de su gestión. Una oportunidad para ello fue la rivalidad existente entre los gremios periodísticos en la comunidad. En abierta competencia por el reconocimiento, la legitimidad, la credibilidad y la audiencia, la pugna entre colegas era oportuna para el mando policial. Los tres periodistas enfrentados al Mayor PNP Jiménez eran miembros de la Asociación de Periodistas de Casma (APEC). Un grupo de periodistas locales de mayor edad eran asociados a la filial casmeña de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). Uno de ellos, Olive, conductor de televisión asalariado de la PNP. Este expresó en varias oportunidades —a través de los programas radiales y televisivos que conducía— su desacuerdo con periodistas de APEC y sus denuncias periodísticas, según los periodistas entrevistados. De acuerdo a estos, nunca han existido niveles mínimos de coordinación o acción conjunta entre ambas oficinas gremiales. Sin embargo, desde la APEC, a menos de dos semanas de iniciado el hostigamiento de Jiménez Carrera a los referidos periodistas, circuló un pronunciamiento gremial — firmado por su presidente, Eliot Coc Aguilar— en solidaridad con sus agremiados y otros periodistas agredidos y amenazados en Casma. Asimismo, se solicitó una investigación al respecto al Ministerio del Interior, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad y el Instituto de Defensa Legal. Al haberse apelado públicamente a un organismo con competencia sobre la Policía (el sector Interior), el Jefe policial renovó sus ataques públicos contra los periodistas mencionados, a través de diarios de circulación regional, como Correo y La Industria, de Chimbote. En sus páginas, Jiménez denunció una campaña de desprestigio contra su gestión y señaló al periodista Aldo Meza como el instigador de la misma. Al día siguiente de la difusión de la carta de APEC, el directivo de esta asociación, Pablo Carrión Hurtado, se sumó a la lista de periodistas hostigados, a través de una amenaza telefónica anónima contra su integridad física y la de su familia, que recibió en las oficinas del gremio al que pertenece. Carrión señaló que reconoció la voz del Mayor Marino Jiménez, quien le habría increpado que dirige la supuesta campaña de desprestigio contra su gestión y lo habría amenazado con “ser el primero” con el que “acabaría”. Algunos días después, Aldo Meza fue abordado por un lugareño que le informó que le habían pagado una suma de dinero para golpearlo y que quienes lo habían contratado estaban a la espera de contratar un segundo matón en los próximos días. Esta persona era un delincuente conocido en la localidad y en los días siguientes reiteró la información a Meza. Aunque no hubo una información concluyente sobre si esta nueva amenaza provenía de Jiménez o su entorno, lo cierto es que se enmarca en un escenario en que las hostilidades contra el hombre de prensa daban un nuevo giro, esta vez ya fuera de los espacios públicos y medios de comunicación; más bien, parte de un ambiente criminal. En paralelo, se libró una batalla en el campo legal para silenciar las denuncias periodísticas adversas a la gestión de Jiménez. El 7 de septiembre, el abogado Leoncio Gumercindo Villafuerte Santos presentó una denuncia a título personal contra el periodista Aldo Meza, por ejercicio ilegal de la profesión; arguyó que en su actividad periodística Meza denigraba y hacía escarnio público de las “autoridades que no son de su simpatía”. Entre estas malas prácticas profesionales, señaló la supuesta difamación de que vendría siendo víctima el Mayor PNP Jiménez Carrera. Esta acción legal no prosperaría finalmente —más adelante veremos otra más interpuesta personalmente por el jefe policial— en vista de que el denunciante no fue capaz de presentar pruebas que evidencien que las denuncias vertidas en los sendos programas de los periodistas en cuestión hayan sido falsas. Sin embargo, este episodio abrió el campo en los fueros judiciales para Jiménez, ya no solo contra los periodistas que supuestamente eran agentes de la campaña de desprestigio en su contra, sino también a quienes tomasen partido por ellos. El 21 de septiembre, el doctor Juan Jácobe Vicente, abogado de la APEC, fue abordado por dos oficiales de la Comisaría de Casma, quienes le indicaron, por encargo del Mayor Jiménez Carrera, que evitara patrocinar judicialmente a la asociación de periodistas, ya que el jefe policial prefería “no tener problemas” con él, quien anteriormente se había desempeñado como Juez Provincial Mixto de Casma. Por otro lado, y en contraparte, organismos de prensa de la sociedad civil, como el Consejo de la Prensa Peruana, solidarizado con el grupo de periodistas casmeños y vigilante del ejercicio eficaz y libre de la libertad de prensa, impulsó en instancias formales de la institución policial solicitudes de investigación contra Jiménez Carrera. Ello, mediante correspondencias dirigidas a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú — oficina policial que fiscaliza la labor de los agentes— y a la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior —a diferencia de la anterior, un ente de civiles que investigan a los elementos policiales—. De forma que, hacia fines de septiembre de ese año, los periodistas implicados en el caso rendían su declaración ante las autoridades policiales pertinentes; sin embargo, el 29 de septiembre, la Inspectoría Provincial de Santa-Chimbote estableció en el Informe Nº126-06-DIRIG-PNP-INSP/PROV-SANTA de la Investigación Administrativo Disciplinaria abierta contra el Mayor PNP Jiménez Carrera que “no se ha encontrado responsabilidad Administrativa Disciplinaria contra el Mayor PNP JIMÉNEZ CARRERA Marino, Jefe de la Comisaría PNP de la Provincia de Casma, respecto a la denuncia realizada ante la opinión pública por la Asociación de Periodistas de Casma APEC, por intimidación, amenazas y otros, conforme al análisis y otros elementos de juicio del presente contexto”. Luego de que su institución no lo halló culpable de los cargos por los que fue investigado, Jiménez, el 19 de octubre del 2006, presentó una denuncia, por una supuesta campaña de difamación, contra algunos socios de APEC, incluido Aldo Meza, la cual finalmente no prosperó. En paralelo a las acciones legales, continuaban los hostigamientos privados, a nivel personal y que no solo pasaban por las amenazas y los “reglajes” que a veces los periodistas en cuestión advertían de que eran víctimas. Agentes policiales y lugareños como el hermano del alcalde de Casma, eran enfrentados a los periodistas del grupo a raíz de comentarios del Jefe Policial Provincial, quien afirmaba que dichos hombres de prensa los habían “implicado en casos de narcotráfico y corrupción”, respectivamente, según comentó Aldo Meza. Al ser confrontado por estos, se vio obligado a aclarar los rumores. Este tipo de maniobras devino en agresiones como la sufrida el 19 de febrero de 2007 por Meza Torres, atacado físicamente por una desconocida y su hijo, a causa de supuestas informaciones falsas que habría emitido, referidas a un familiar de los atacantes, recluido en la comisaría provincial. Según el periodista, la mujer habría sido mal informada y azuzada por el Mayor PNP Jiménez. Este, al ser encarado por Meza, negó los cargos e intentó llegar a un acuerdo con él, durante esa misma conversación, para que Meza detuviese la serie de denuncias por corrupción y abuso de autoridad que eran parte de la agenda habitual del espacio radial que conducía. Cabe mencionar que, a pesar de que la investigación conducida por la institución policial contra Jiménez a raíz del hostigamiento contra los periodistas no prosperó, el efectivo policial cuenta con un historial amplio de denuncias en su contra al interior del cuerpo. Jiménez había sido denunciado en 3 oportunidades por efectivos de la PNP ante Inspectoría General por el delito de abuso de poder. Todas estas denuncias se resolvieron en contra del mando policial. Con ello en perspectiva, las denuncias vertidas por los periodistas implicados en el caso eran una actualización de un panorama institucional que se ventilaba en el espacio público de la provincia de Casma. Las agresiones físicas, amenazas veladas, acciones legales o campañas de desprestigio fueron formas de afectar esta labor informativa y con ello mediar, recortar, afectar, enturbiar o desdibujar un espacio en que la opinión pública se forma y enriquece. Pero también donde, desde la tribuna de la libertad de expresión y de prensa, los periodistas pugnan y compiten por la legitimidad y credibilidad que se traduzca en sintonía. Efectos sobre el espacio público: la competencia de agendas A diferencia de la idea de Leonardo Avritzer (2002: 167) sobre el espacio público en América Latina —al que concibe como una arena para la interacción cara a cara de los actores sociales, fuera del contexto institucional de la administración pública—, el debate público suscitado por las denuncias periodísticas anteriormente mencionadas —sobre temas como la seguridad ciudadana, el control a las instituciones y su accountability— se vio afectado por la acción velada y legal de la autoridad acusada. En la práctica, la jerarquía del cargo público del jefe policial de Casma fue una herramienta que sirvió para hostigar a los periodistas que competían por la legitimidad y credibilidad en el espacio público de la comunidad y que con sus denuncias minaban la reputación del agente policial en el cumplimiento de sus funciones. Las prácticas intimidatorias fueron totalmente contrarias a los dispositivos formales y legales que existen para solucionar situaciones en que un ciudadano o un funcionario público ven mellada su honra por un periodista o un medio de comunicación. En la revisión de casos similares de enfrentamiento entre funcionarios públicos y prensa local, —muchos de ellos recogidos en el libro del periodista Augusto Riera (Riera, 2007), En la mira: Cronología de agresiones a la prensa— se evidencia el uso común de este tipo de agresiones. Asimismo, el análisis de los monitoreos anuales sobre libertad de prensa y agresiones a periodistas en el Perú realizados por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) da cuenta además que las intimidaciones dan lugar a la autocensura entre los periodistas y/o medios de comunicación: se evita la cobertura periodística de asuntos que comprometen a los actores que ejercen el hostigamiento. El efecto negativo sobre los medios de comunicación que actúan en la esfera pública, en casos como el de Casma, pasa por un recorte en la agenda periodística local y sobre el rango de acción de los actores que sobre esta deliberen, habiéndose roto cualquier posibilidad de diálogo entre periodistas y autoridad policial. Más aun, el periodismo actuante en el espacio público se vio dividido en dos sectores, pues a raíz de la conformación de un grupo de periodistas interesados en denunciar las presuntas irregularidades en la gestión de Jiménez surgió un grupo de periodistas que más bien participaban activamente de espacios en que se le desagraviaba y se atacaba al bando rival. Michael Edwards (2004) señala acerca del espacio público que para evitar pervertir la mencionada fragmentación de intereses o perspectivas sobre éstos, se deben fijar niveles de consenso por los cuales asciendan las políticas públicas, negociando. En el caso ocurrido en Casma, la trasgresión u omisión de estos niveles de consenso es realizada por la autoridad que protege la paz pública, la seguridad ciudadana y las libertades personales en Estado derecho y que además, como parte de la administración pública, representa la legalidad; y que, a pesar de ello, actúa fuera de esta. En esta dinámica, los periodistas pugnan por la cuota de credibilidad y legitimidad a través de su labor informativa, nunca exenta de intereses privados, a diferentes niveles e intensidades. Divisiones gremiales: debilitamiento y privatización del espacio público En Casma, solo existen orgánicamente la APEC y la filial – Casma de la ANP. De acuerdo a los periodistas consultados para este trabajo —los agraviados y Riera— la filial de la ANP es objeto de cismas internos, a raíz de enfrentamientos entre sus dirigentes. Pablo Carrión precisa que entre las escasas actividades institucionales cada año, la filial de ANP solo cuenta con la celebración del Día del periodista (1 de octubre). Sin mayores ocasiones para la cohesión entre los profesionales que la integran, la filial tiene como principal voz a su presidente, el periodista Luis Alarcón. De otro lado, APEC se conformó por un nutrido grupo de ex - asociados de la ANP, quienes se alejaron de esta aduciendo malas prácticas profesionales de la dirigencia —repentinos cambios en la orientación periodística de los espacios de algunos asociados y dirigentes que respondían a cambios de autoridades o entrada de publicidad en sus respectivos espacios periodísticos—. La división institucional ha dado lugar a desencuentros y enfrentamientos entre los periodista de la localidad. Ello se evidencia en el oficio Nº0041-2006 APEC del 8 de septiembre de 2006, firmado por Eliot Coc Aguilar, Presidente de APEC, dirigido a la Directora del Consejo de la Prensa Peruana, Kela León Amézaga. En el documento, Coc mostró un memorial firmado por la filial - Casma de la ANP y algunas instituciones y autoridades locales en respaldo al Mayor PNP Jiménez Carrera, documento que este ha utilizado como defensa ante las denuncias de los periodistas mencionados. Asimismo, los periodistas casmeños de la ANP Luis Alarcón y Rafael Chacón concedieron entre 2005 y 2006 extensas entrevistas al Mayor Jiménez para tres fines particulares, de acuerdo a los audios a los que se tuvo acceso: difundir los resultados de su labor como comisario de Casma sobre la reducción de la inseguridad ciudadana; hacer descargos frente a las denuncias periodísticas difundidas por algunos de los asociados a APEC; y atacar y amenazar la reputación personal y profesional de los mismos. Además, el Mayor Jiménez con la colaboración del periodista de ANP César Olive produjo un programa televisivo de promoción de las labores de la Policía de Casma, el cual fue transmitido por un canal de cable local de Casma durante septiembre de 2006. Los tres periodistas mencionados líneas arriba han criticado públicamente el rol de APEC en la sociedad civil casmeña, señalando que se trata de una agrupación innecesaria. Asimismo, Pablo Carrión señaló en entrevista telefónica que Luis Alarcón ha cambiado en más de una ocasión su postura periodística, sobre algunos hechos, de acuerdo a “sus intereses” por ingresos de publicidad al espacio radial que conduce. Asimismo, Pablo Carrión afirmó en entrevista telefónica que puede existir una coincidencia de temas de agenda local entre los asociados de ambas organizaciones, pero no necesariamente en su tratamiento periodístico. La competencia por la credibilidad y la legitimidad Tenemos, así, que el enfrentamiento entre la autoridad policial y los periodistas ha respondido a una búsqueda de credibilidad y legitimidad de ambos actores en el espacio público, que es donde, nuevamente, se realizan los intercambios discursivos en que deviene la vida política relativa a esta instancia. Tales bienes, la credibilidad y legitimidad, no son privados y no constituyen un beneficio económico, aunque sí acumulable y que a la larga puede facilitar el acceso a bienes materiales. Ningún actor puede detentar su monopolio, pero en la lucha por procurárselas se pueden realizar acciones que les resten credibilidad y legitimidad a los actores rivales. La administración pública, en este caso, buscaba dicha credibilidad ante los medios de comunicación —como medio para llegar a la opinión pública—a fin de mantener una imagen proba y honesta ante los beneficiarios de su gestión, la ciudadanía de Casma. Y con ello, garantizar su continuidad en el cargo y presuntamente las prácticas ilegales, como cobros indebidos, denunciadas por los periodistas de APEC en cuestión. Una autoridad pública puede ejercer funciones hasta cierto punto sin la opinión pública de su parte. Ello ha sido palpable en administraciones como las del decenio de Alberto Fujimori, en que a pesar de que buena parte de la prensa comprometió sus líneas editoriales a favor del régimen, hubo cierta resistencia desde algunos de los medios de comunicación más importantes del espacio público nacional. Sin embargo, la dinámica sobre la gobernabilidad funciona de forma muy distinta a una escala provincial. La escala mayor del Estado nacional complica la labor de fiscalización que puede ejercer la sociedad civil y los medios de comunicación. Pero, a nivel de provincias, el trabajo de dependencias como las de la Policía, Poder Judicial o los mismos gobiernos locales puede ser más fácilmente investigado. Instancias formales como las revocatorias de autoridades locales son de aplicación mucho más común que en instancias nacionales. La ciudadanía espera que las autoridades locales resuelvan problemáticas tan cotidianas como los asaltos o el comercio de drogas. Y si esta labor no se cumple a cabalidad —y mucho menos en los cauces de la legalidad, la transparencia y la honestidad—, el clima para el trabajo de la administración pública en la localidad se enrarece. Caso emblemático de ello es el del desaparecido alcalde de Ilave, Puno, Fernando Robles Callomamani, y el regidor de esta misma localidad, Arnaldo Chambilla Maquera, asesinados el 26 de abril de 2004 por una turba de pobladores que protestaba por supuestos actos de corrupción cometidos por Robles. Los cuestionamientos dieron espacio a la falta de legitimidad; esta, a una creciente ingobernabilidad; y esta última a su vez a un levantamiento. Por otro lado, los periodistas también necesitan de la credibilidad ante su audiencia o lectoría, que es parte de la opinión pública. Según la encuesta nacional de agosto de 2008 realizada por la Veeduría Ciudadana y Calandria (Huerto, 2008), la mayoría de encuestados, el 69.7%, opina que los noticieros no informan con objetividad y veracidad. Esta credibilidad, a su vez, los legitima como profesionales que cumplen a cabalidad con su trabajo de entregar información veraz a la comunidad que necesita conocer los problemas que enfrenta y las oportunidades de desarrollo de que dispone. Su rol como proveedores de información en la comunidad los constituye como un factor clave, ante la opinión pública, en el escenario político local, pues la agenda informativa local se traslada a las expectativas de acción que se tiene hacia las autoridades locales; además, los medios de comunicación cumplen la labor de fiscalización de dichas autoridades, una labor de alta estima para el ciudadano. La credibilidad ante el público y la consiguiente legitimidad les procura a los medios de comunicación una mayor audiencia. Con ello, los anunciantes recurrirán a los espacios de mayor audiencia entre la opinión pública local para comprar publicidad en los mismos. Y es la publicidad es la moneda que mantiene vivo un espacio radial o televisivo en provincias, pues la profesión periodística en la mayoría de medios de comunicación provinciales no es una que reciba un salario fijo, sino más bien sus ganancias dependen de la captación de avisaje que se logre. Esto funciona, está de más decirlo, tanto para los medios de comunicación y periodistas que formulan denuncias periodísticas como para quienes son actores de las campañas de desprestigio contra sus colegas. Ambos grupos buscan sintonía, unos a través de denuncias y fiscalización de autoridades; otros, desmintiendo las denuncias y creando o alimentando una polémica de enfrentamiento, a través de ataques al aire que no solo atañen a la credibilidad de que gozan estos competidores con su trabajo, sino también a veces tocan sus respectivas honras personales. Mecanismos de violencia en acción En el desarrollo del hostigamiento examinado, la interacción entre quien dirige este proceso y entre quienes lo ejecutan adquiere varias formas. El Mayor PNP Jiménez Carrera trabajó en varios planos y de la mano de representantes legales, periodistas de la localidad, oficiales subordinados e incluso con delincuentes de la zona, de acuerdo a las declaraciones de los periodistas agraviados. Se trata de procesos de interacción social, que parten de la base de un supuesto de reciprocidad y cooperación que proporcionará beneficios a los participantes, plasmados en bienes materiales, legitimidad o credibilidad, según la posición que ocupe el actor en el proceso. Con ello, tenemos un cuadro que se aproxima bastante a lo que Putnam define como capital social, pero en una versión más bien pervertida. La diferencia con la definición formal de dicho concepto es que esta ha preferido agregar que el capital social se caracteriza por la producción de compromisos cívicos en la interacción social que implica, para evitar que se confunda con las manifestaciones “perversas” que puede adquirir este concepto: “…algunas formas de capital social son buenas para la democracia y la salud social; otras son o amenazan con ser destructivas (…) Con sus normas internas de confianza y reciprocidad, reforzadas por el propósito de autodefensa, el Ku Klux Klan nos recuerda que el capital social no conduce automáticamente a la gobernanza democrática” (Putnam 2002: 9). Y es el caso de las relaciones que se ponen de manifiesto en el ejercicio de los ataques contra estos periodistas. Las asociaciones que se dan entre los actores mencionados apuntan a lograr niveles de gobernanza aparentes, con el único propósito de perpetuar las actividades justamente denunciadas por los periodistas hostigados. El concepto de redes entra a tallar en este panorama en la medida en que hablamos de sinergias coordinadas en que las normas de confianza, la reciprocidad que se espera y los diversos contactos y relaciones que se tienden a lo largo de este tramado se evidencian en la ejecución de los referidos ataques. Las normas de reciprocidad y las redes facilitan la cooperación entre los actores de este grupo, que tienen una agenda privada y reñida con la democracia y la procura del bien común, a través de una acción transparente y abierta en el espacio público local, mediante el tenso intercambio discursivo del que está hecha la democracia y en el que participan los medios de comunicación. CASO 2: EL ASESINATO DE ANTONIO DE LA TORRE ECHEANDÍA EN YUNGAY Actores -Periodista agraviado: Antonio De la Torre Echeandía -Agresor: Ex alcalde de Yungay, Amaro León León -Actores secundarios: Marino Torre Camone, docente yungaíno y amigo de De la Torre; Pedro Demetrio Ángeles Figueroa y Antenor Alfonso Figueroa Mejía, choferes del municipio de Yungay; Emma Díaz León, hija del burgomaestre; y Moisés Julca Orrillo, pareja sentimental de esta. La denuncia periodística Antonio De la Torre Echeandía, 43 años, periodista de Radio Órbita de la ciudad de Yungay, en la región Áncash, había venido denunciando a través de su espacio radial una serie de irregularidades en el manejo financiero del municipio de Yungay, pocos meses después de que Amaro León León asumió el cargo a inicios de 2003. Las denuncias sobre adquisiciones de bienes y servicios desde el municipio fuera de los cauces formales propiciaron que De la Torre y su familia sean víctimas de un acoso sistemático que en última instancia tomó la forma del asesinato del hombre de prensa, en febrero de 2004. De jefe de campaña a fiscalizador Sin embargo, previamente al enfrentamiento de De la Torre con la gestión de León León, ambos habían llevado una relación personal que distaba mucho del enfrentamiento. De la Torre fue jefe de la campaña que condujo al burgomaestre al sillón municipal y luego de su triunfo electoral, el periodista asumió un cargo administrativo en la Oficina de Imagen y Relaciones Públicas del gobierno local de la provincia de Yungay, según informó la esposa de De la Torre, Dina Ramírez Ramírez. Sin embargo, en instancias judiciales, si bien León León corroboró la versión de la viuda del periodista, precisó que De la Torre había ocupado el puesto de “guachimán” del palacio municipal. La ruptura de la relación laboral entre el periodista y la alcaldía llegó, según declaró Dina Ramírez1, luego de la difusión constante hecha por De la Torre de actos de corrupción provenientes de la administración de León León. Así, en una carta abierta de la directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, Ann Cooper, dirigida en marzo de 2004 a la entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, se señala: “De la Torre era un duro crítico de su antiguo amigo y alcalde de Yungay Amaro León León, a quien acusaba de irregularidades, nepotismo y corrupción. En el 2002, De la Torre había sido jefe de la campaña electoral de León, informó el diario limeño La República. Cuando León ganó las elecciones, nombró a De la Torre titular de la Oficina de Imagen Institucional de la municipalidad. Sin 1 Sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Áncash (Expediente Nº 2004-14 71-YUNGAY), expedida el 14 de diciembre de 2005. embargo, los dos se distanciaron tres meses después de iniciada la gestión de León, cuando De la Torre renunció tras detectar presuntos actos de corrupción”. Asimismo, la referida sentencia señaló sobre el vínculo entre el periodista y el alcalde: “…habiendo existido entre ambos un vínculo espiritual de compadrazgo, razón por la que al inicio de su gestión edil el agraviado prestó servicios a la Municipalidad por espacio de seis meses, pero por discrepancias surgidas durante su gestión, lo despidió; a partir de entonces se volvieron enemigos irreconciliables, es así que el agraviado en su condición de locutor radial de la emisora Radio Órbita de Yungay, criticó en forma persistente, acérrima, ofensiva y constante la gestión edil del acusado (Amaro León), lanzando comentarios que lo incomodaron, incluso llegó a sostener que en la Municipalidad trabajaban terroristas, lo cual generó en el acusado malestar y un evidente antagonismo que originó que lo querellara en la vía penal, reaccionando en forma negativa con amenazas, tal como lo señala la agraviada en este proceso, doña Aurelia Dina Ramírez Ramírez”. Sobre las probables causas de su muerte, el IPYS fue informado de que pocos días antes del asesinato, el periodista había incluido en el espacio noticioso de Radio Órbita una controversial sección llamada "Con verdad y justicia". En la misma, recogía denuncias de la comunidad y hacía seguimientos sobre la gestión de entidades públicas, utilizando un lenguaje popular. "Hacía señalamientos muy crudos y era muy directo en sus denuncias", dijo al IPYS Roberto León, uno de sus colegas y compañero de trabajo. Asimismo manifestó que continuamente recibía amenazas anónimas de muerte. En primera instancia, tras las constantes informaciones críticas y de denuncias vertidas por De la Torre en su espacio, León León no buscó verter sus descargos en otros medios de comunicación, pero sí inició acciones legales contra el periodista, a fin de silenciarlo. Es así que presentó una querella contra este, en noviembre de 2003, la cual finalmente no prosperó. En adelante, y tras las reiteradas denuncias contra el alcalde vertidas por De la Torre a través de su espacio radial, empleados del municipio, por órdenes expresas del burgomaestre, iniciaron las agresiones. Es así que en otra parte de la carta de Cooper, se expone: “Julio César Giraldo Ángeles, propietario de radio Órbita, expresó que De la Torre había recibido amenazas y había sido blanco de ataques en varias ocasiones. En octubre del 2003, sujetos no identificados lanzaron un artefacto explosivo de fabricación casera contra la vivienda del periodista en la madrugada, precisó Giraldo. De la Torre también había recibido varios mensajes anónimos con amenazas antes de morir, según Giraldo”. Asimismo, de acuerdo a lo recogido por la investigación judicial de la Corte Superior de Áncash, Pedro Demetrio Ángeles Figueroa y Antenor Alfonso Figueroa Mejía —choferes empleados por el municipio de Yungay— confesaron haber participado en los referidos atentados contra De la Torre por órdenes expresas del burgomaestre León León. En el atestado judicial se señala: “Es dentro de este contexto que se valió de sus empleados Pedro Demetrio Ángeles Figueroa y Antenor Alfonso Figueroa Mejía, para atentar contra la casa del agraviado y el kiosco de venta del mismo, además, se produjeron varias agresiones a su vivienda como el choque de un vehículo, cuyo origen no fue determinado (…) (ambos) en una oportunidad tiraron una bomba a la casa del occiso y una segunda vez echaron ácido muriático en su domicilio y la tercera vez rompieron la luna del local de su emisora (…) (Sobre el incidente con una bomba casera, Pedro Ángeles) precisó que lo efectuaron por orden expresa del acusado Amaro León León”. Asimismo, el documento judicial precisa la intervención del burgomaestre, por ejemplo, para la compra del combustible usado para quemar la puerta del domicilio de De la Torre el 15 de octubre de 2003. A estas agresiones se suman algunas más, como la denunciada por la viuda del periodista en el juicio por el asesinato de su esposo: “es el caso que en el mes de octubre del dos mil tres, llegó a su casa completamente bañado en sangre, manifestando que la comadre del alcalde, Julia Barroso de la Cruz, le había agredido, tirándole dos palazos, indicándole que el primer palazo era por parte del alcalde y el segundo era por su parte”. Además de ello, el expediente abunda en pruebas circunstanciales sobre el alcalde, que aportaron al fallo inculpatorio que se dio en aquella instancia. Por ejemplo, la presencia de un cuchillo afilado, largo y punzante hallado en la oficina de León León, que coincidía con el perfil del arma homicida incluido en el protocolo de necropsia. Sumado a las repetidas denuncias de corrupción difundidas por De la Torre, un dato proporcionado a la instancia judicial por Antonio Marino Torre Camone, que estuvo bebiendo con De la Torre horas antes de su asesinato, cercano a las 8 de la noche, podría definir aún más el móvil de León León: “(mientras bebían) el agraviado, quien era periodista, le comunicó (a Torre Camones) que tenía algunos datos para su noticiero, sacando un papel escrito a computadora, que guardó después”. La investigación del Fiscal provincial de Yungay, Edwin Flores Martínez, reveló que al momento de su muerte, el periodista portaba en uno de sus bolsillos la copia de una factura que probaba compras irregulares a nombre del municipio por la suma de nueve mil soles. De la Torre fue asesinado la noche del 14 de febrero de 2004 cuando se dirigía a su domicilio, luego de haber participado en una fiesta social en la que Amaro León —también presente— dijo a sus acompañantes, según estos confesaron: “que este cojudo vaya gozando su último día de vida”. Según consta en actas judiciales, en el confuso incidente, mientras caminaba abrazado con Torre Camone, el periodista fue sorprendido por la espalda por Ángeles Figueroa y Julca Orrillo, presente en el evento como pareja de la hija del alcalde. Ambos habrían cometido el hecho de sangre, ayudados por Torre Camone, que había forzado a libar a De la Torre desde la mañana, según la dueña del bar donde estuvieron bebiendo. Asimismo, según el peritaje, Torre Camone habría dificultado el escape de De la Torre, al tenerlo abrazado del cuello y al no haber pedido ayuda por él, sino haberse retirado con tranquilidad a su domicilio. Por su lado, Julca Orrillo le dijo a un taxista cuyo vehículo abordó posteriormente al hecho, que había “plomeado” al “Piojo” — como apodaban a De la Torre— porque “estaba jodiendo mucho al alcalde”. Conocedora de los hechos fue Emma León, hija del alcalde y pareja sentimental de Julca, según la investigación judicial. Es así que la Corte Superior de Áncash condenó en diciembre de 2005 como instigador del crimen al alcalde León a 17 años de prisión; al igual que a Ángeles Figueroa y Torre Camones, por la autoría material del delito; Julca Orrillo estuvo no habido durante todo el proceso, por lo que su investigación sigue pendiente; la hija del alcalde, también procesada, fue absuelta. Sin embargo, luego de cumplir carcelería desde abril de 2004, cuando se iniciaron las investigaciones; León León y los demás implicados fueron absueltos por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2006, a pesar de que la entonces Fiscal Suprema Gladys Echaíz solicitó resolver la apelación de los sentenciados con la elevación de la pena impuesta a 20 años de prisión. Fue así que el 27 de julio, habiendo ya retomado el sillón municipal y a través del espacio "El Matutino", de ATV Huaraz, Amaro León León amenazó a los periodistas Rory Huaney Rodríguez de Radio Órbita, Freddy Valenzuela Robles de ATV Huaraz, Carlos Miranda Arroyo de Radio Visión Alegría, Ladislao Cruz Villachica de Radio Armonía, Eysi Remigio Aranda de la Red Radial Callejón de Huaylas y Efraín Rosales Cruz, corresponsal del diario La República en Áncash. El excarcelado aseguró que llevaría a los tribunales de justicia a los referidos hombres de prensa por la cobertura periodística que habían venido haciendo del caso De la Torre. El alcalde reiteró sus amenazas el 30 de agosto en el programa "La Hora Clave", que también transmite la mencionada televisora. Así, en libertad, León León no solo se encargó de repetir las prácticas que atentaban contra la libertad de expresión en la localidad, sino también de amedrentar a los deudos del periodista. Las amenazas telefónicas se iniciaron desde su detención, el 31 de marzo de 2004. La frecuencia de las llamadas aumentó luego de que León León fue excarcelado. Estas amenazas iban dirigidas a Dina Ramírez Ramírez y a sus tres hijos y señalaban que sus vidas tenían el mismo destino que la del asesinado periodista. Cabe añadir que el 20 de julio de 2006, Antenor Alfonso Figueroa Mejía, procesado en el juicio por el asesinato de Antonio De la Torre por haberle causado lesiones leves al periodista, agredió en la vía pública de la ciudad de Yungay a la menor Vanessa De la Torre Ramírez, hija del desaparecido periodista. Reconocimiento de la pugna por legitimidad y las redes en funcionamiento Dicha tensión revela un cariz distinto, pues a diferencia del caso anterior, en el de De la Torre y su enfrentamiento con la administración de León León se trata de una autoridad que había sido elegida mediante el voto popular de los yungaínos. Más aun cuando Amaro León accedió a la alcaldía con un poco más del 25% de los votos totales de aquellos comicios: no gozaba de un apoyo mayoritario entre la población. Asimismo, al tratarse del gobierno local de Yungay y haber accedido a ese mismo cargo mediante elección popular y no por la designación de una oficina o autoridad regional —como en el caso del Jefe Policial Provincial de Casma—, León León estaba llamado mantener una imagen legítima ante la opinión pública local. La posibilidad de una protesta ante la aparente inacción de la autoridad o presuntos actos de corrupción, como se ha visto en casos similares al mencionado en Ilave, puede conducir a cuadros de baja gobernabilidad e incluso al prosperar de medidas como la revocatoria, con la eventual actuación de los grupos políticos locales rivales en escena y la de los medios de comunicación que tomen partido, de acuerdo a sus agendas privadas. Asimismo, la figura de De la Torre, salida del cuadro del mismo alcalde y posteriormente acérrimo opositor de su gestión, era otro factor que añadía tensión a la dinámica por la credibilidad y legitimidad por la que alcalde y periodista pugnaban. Como ex jefe de campaña, ante la opinión pública la voz de De la Torre no era equivalente a la de un hombre de prensa promedio. Su renuncia al cargo de titular de la Oficina de Imagen Institucional del municipio suponía ser vista por la opinión pública como un acto de dignidad y honestidad, en la medida en que significaba renunciar a la estabilidad de un puesto asalariado en la alcaldía a cambio de asumir un oficio de ingresos inestables —como es el periodismo en provincias— y ganarse la enemistad de la autoridad local más importante. A ello, se sumaba el uso de un discurso crítico siempre para con el alcalde, según quienes escucharon el trabajo radial de De la Torre. Justamente, los organismos de prensa que siguieron su labor se manifestaron abiertamente en contra de su muerte y la calificaron como una maniobra de silenciamiento a la labor de De la Torre en sus respectivas misivas o comunicados. Con el uso de un lenguaje popular, directo, De la Torre se hizo de una cuota de legitimidad en el espacio público de la comunidad yungaína, que a la postre le valió la fatal represalia del burgomaestre al que denunció. Es así que tenemos que el burgomaestre de Yungay libró el enfrentamiento por la legitimidad y credibilidad que capturaba De la Torre a través del acoso personal a este y su círculo familiar cercano, a pesar de que en primera instancia ensayó una acción legal para coactar al hombre de prensa o empujarlo hacia la autocensura en lo que respectaba a la crítica de la gestión edil, por temor a una sanción judicial. Como hemos visto, la gestión de León León se iniciaba con una mínima cuota de legitimidad, en la medida en que su elección no respondía a haber logrado una alta aprobación entre los votantes de Yungay, sino más bien a que alcanzó la mayoría de votos en lo que fueron preferencias electorales bastante fragmentadas. De tal forma, en el escenario político local, De la Torre se convirtió en la voz de una oposición disgregada entre la preferencia de varios movimientos regionales. Junto a su imagen de disidente del círculo cercano de la autoridad edil, el periodista de Radio Órbita tenía un manejo más favorable del espacio público, en la medida en que su quehacer profesional representaba la resolución de una paradoja del sistema electoral nacional y de nuestro sistema democrático en última instancia: que el gobierno local esté en manos de una autoridad que la mayoría de votantes no eligió. De otro lado, acerca de la maquinaria puesta en funcionamiento para intentar silenciar la labor de De la Torre, tenemos que el alcalde usó a su círculo más cercano —incluyendo familiares y empleados del municipio— para emprender las maniobras de hostigamiento contra De la Torre. El concepto de red se manifiesta en la medida en que la lealtad de los familiares o funcionarios de la alcaldía les permitiría tener de su lado a la máxima autoridad local en la consecución de sus agendas privadas. Se trata, en strictu sensu, de una red comprendida como un entramado de lazos entre miembros de una comunidad, cuyas relaciones permiten acceder a un recurso, un bien. En este caso, los colaboradores de León León en el proceso de hostigamiento contra el periodista De la Torre perseguían el incremento de su capital social individual, en vista de que su participación en estas actividades delictivas suponía el fortalecimiento de sus vínculos con el poder local, relación tal que se teje también sobre una esperada reciprocidad como norma y sobre una línea jerárquica que encumbra al alcalde en lo más alto de la misma. De ahí tenemos que León León, a pesar de no gozar de la legitimidad que le otorga a una autoridad una elección masiva, pudo disponer de un cuadro cercano, para quienes no era un “representante político” sino más bien, desde su lugar en el gobierno local, el administrador de una caja de favores a los que se podía acceder a través de la cooperación en las actividades que beneficiaban la agenda privada de este. En tanto que su ejercicio de poder se vio afectado por el trabajo de De la Torre, quien, como ya se ha dicho, podía representar los intereses de una mayoría que no votó por el alcalde León. A diferencia del caso del Mayor PNP Jiménez Carrera y los periodistas de APEC, las maniobras de León León nunca apuntaron a la construcción de otra posición en la opinión pública, una favorable, que le permitiera niveles básicos de gobernabilidad. La pugna más bien fue conducida por el alcalde de espaldas al espacio público local. El enfrentamiento del alcalde con la prensa en general de la provincia fue una constante y a diferencia del caso casmeño, León no transó con algún periodista o medio de comunicación para emprender campañas a su favor y/o a fin de desacreditar la veracidad de las informaciones difundidas por De la Torre y la integridad de su ejercicio profesional. Prueba de ello es una de sus primeras manifestaciones públicas tras ser excarcelado por el fallo absolutorio de la Corte Suprema de Justicia. En aquella oportunidad, al ser entrevistado por la prensa ancashina, León León aprovechó para amenazar públicamente a un grupo de periodistas que había venido realizando la cobertura periodística de las diligencias judiciales, de las actividades de algunos organismos de prensa nacionales e internacionales sobre el proceso y de la veracidad de las denuncias por corrupción de que fue objeto el alcalde de parte de De la Torre. A su salida del centro penitenciario donde estuvo recluido por el asesinato de De la Torre, León retomó el sillón municipal por lo que restaba de su periodo, con la intención de reivindicar su imagen pública, en vista del próximo proceso electoral a fines de ese mismo año (2006). Según lo reportado al Consejo de la Prensa Peruana por la prensa local y autoridades de la Defensoría del Pueblo, León inició una serie de mítines que se confundían con fiestas patronales, en que era usual la presencia de grupos musicales de fuera de Yungay, los fuegos artificiales y regalos del tipo de bolsas de víveres, en lo que fue una expresión de operación de clientelismo político que le surtió resultados en el recojo de firmas necesarias para su postulación. En este escenario, continuaban las amenazas anónimas a la viuda del periodista, que había quedado a cargo de tres menores de edad. Ello, en vista de que Dina Ramírez era la representación de la misma voz opositora de De la Torre y era ella quien conducía las gestiones que se realizaron mediante organismos de prensa para la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2006. Es así que su eventual presencia en el espacio público con sus denuncias sobre las agresiones de que era víctima ella y sus hijos y que provenían del círculo cercano del alcalde venían a restarle la legitimidad que León León creía restituida luego de su absolución en la instancia suprema. Dichas agresiones valieron incluso que la Policía Nacional del Perú, luego de gestiones institucionales realizadas por el Consejo de la Prensa Peruana, disponga de un efectivo policial para el resguardo personal de la viuda de De la Torre, durante algunas horas del día. La red de clientelaje le rindió a León frutos, cuando logró colocar su candidatura ante el JNE, a pesar de que sobre aún pesaba un pedido de vacancia que le hubiera podido inhabilitar como candidato. Sin embargo, su fracaso en las elecciones fue rotundo, al alcanzar el tercer lugar en los comicios. Con una cuota disminuida de poder ante la opinión pública, León dejó Yungay para radicar en Huaraz. El caso no logró ser admitido finalmente por la Comisión Interamericana. Por otro lado, tras ser capturado en 2007, el 13 de junio de 2008, la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash absolvió a Moisés Julca Orrillo, acusado de asesinar a De la Torre. Según el fallo, a pesar de los indicios de culpabilidad contra Julca, no hay pruebas contundentes y la presunción de inocencia del acusado se impone. Según el portal para la libertad de prensa IFEX, entre las pruebas presentadas hubo un vídeo grabado el mismo día del crimen donde se evidencia que Julca Orrillo hizo un seguimiento a De la Torre y además se incluyen los testimonios de varios testigos que lo incriminan. En la constitución del espacio público local —que, como hemos visto, tiene una naturaleza eminentemente política— el rol cumplido por De la Torre no fue el de un impulsor del concepto de “arena de debate”; tampoco su labor estuvo orientada a la resolución de conflictos políticos. Su estilo fue controversial por su agresividad y crudeza, en lo que respecta a la naturaleza de las denuncias vertidas en el programa, a sus opiniones sobre el actuar de las autoridades locales y el lenguaje usado en la difusión de esos mismos juicios. La de De la Torre fue una acción dirigida a desacreditar ante su audiencia a una autoridad que ya contaba con bajos niveles de legitimidad dada la naturaleza de su elección. Además, había un componente personal en el enfrentamiento, al ser el periodista un disidente del cuadro de colaboradores del alcalde. Este componente se vio alimentado por la inseguridad en que vivió sus últimos meses de vida, a la luz de los atentados de que fue víctima y la tardía respuesta de la que era la Prefectura Provincial, que le otorgó tres días después de su asesinato las garantías personales que había pedido semanas atrás. El intercambio discursivo no se dio en la esfera pública, para el beneficio de la opinión ciudadana. Todo lo contrario, se convirtió en una dinámica perversa de ataques: los de De la Torre, ataques a la legitimidad y credibilidad de la autoridad edil ante su audiencia; y los delincuenciales de la red desplegada por el alcalde León, directamente sobre la integridad del hombre de prensa y con el fin de coactar su ejercicio profesional para silenciarlo. De otro lado, en vista de la escasa preferencia electoral con que León asumió el poder, su enfrentamiento con De la Torre desacreditó aún más su imagen como autoridad edil. Un hecho sintomático del impacto que había venido logrando el periodista con su secuencia “Con verdad y justicia” en que criticaba al alcalde y otras autoridades locales fue que a los tres días de ocurrido el asesinato de Antonio De la Torre, un amplio grupo de pobladores marchó hacia el palacio municipal en protesta por la desaparición del periodista, identificando en León al posible instigador del crimen. A tal punto que la turba de manifestantes —aprovechando que el alcalde había abandonado Yungay temiendo enfrentar las investigaciones referidas al hecho de sangre— tapió las entradas al municipio para evitar que León León pudiese reintegrarse. Asimismo, levantaron una solicitud de revocatoria ante las autoridades pertinentes, para lograr la vacancia inmediata del alcalde. La corrupción asociada al ejercicio de cargos en la administración pública, en municipios, comisarías o en alguna dependencia del Poder Judicial, por ejemplo, se actualiza a diario en la dinámica de denuncias del periodismo de provincias. De ahí que sea una percepción difundida entre las comunidades del interior del país la de la revocatoria de autoridades como una salida a su mala gestión. La institucionalidad de dichos estamentos decae en la medida en que en los espacios públicos locales no se da el sano intercambio discursivo en que se debe sustentar el quehacer político a niveles provinciales y nacionales. Así, las autoridades políticas recrean el distanciamiento con que se percibe al gobierno central desde las provincias. Autoridades que ignoran mecanismos de accountability, que desarrollan su administración de espaldas a sus stakeholders más cercanos y en general a una opinión pública que deambula persistentemente desinformada en el espacio público que configura junto a los medios de comunicación y a esas mismas autoridades de orientación auto-céntrica. SALDOS DE LOS ATAQUES: LA INVASIÓN DE LAS AGENDAS PRIVADAS El quehacer periodístico y el ejercicio de un cargo público ven afectadas sus actualizaciones en el espacio público por las agendas privadas de sus ejecutantes. El cumplimiento del periodismo objetivo e imparcial es el ideal de la deontología profesional del hombre de prensa, pero las urgencias materiales de periodistas y/o medios de comunicación —entre otros factores— afectan esta labor. Mientras tanto, las autoridades públicas pueden ejercer un cargo, sin embargo sus agendas privadas afectan la regularidad con que se desempeñan. Dados ambos contextos análogos para ambas partes, se aprecia a través de la revisión de los casos que tanto el sector periodístico como el de las autoridades precia conseguir legitimidad ante la opinión pública —o al menos no ver mellada su cuota mínima— y esta pugna se libra en el espacio público. Para los medios de comunicación la legitimidad traducida en credibilidad puede significar mayores índices de sintonía o lectoría y con ello atraer más capitales por publicidad. Para la autoridad, mantenerse legítimo es condición para niveles estables de gobernabilidad que le permitan seguir ejerciendo el poder. Cuando el periodismo afecta estos niveles con denuncias periodísticas sobre el desempeño de las autoridades, estas pueden recurrir a maniobras fuera del cauce de la legalidad para silenciar las referidas denuncias. Estas maniobras, como se aprecia en la exposición de los casos, pueden oscilar entre el insulto público y/o privado, la desinformación y campañas de desprestigio en otros medios de prensa y las agresiones físicas, en un extremo, con consecuencias mortales. La posible respuesta del medio de comunicación o los periodistas hostigados en esta dinámica se dan en el espacio público, esto es, con la difusión de más denuncias. Con ello, se actualiza y refuerza la tensión entre ambas partes por la cuota de legitimidad en los espacios públicos en que coexisten y los beneficios que dicha cuota significa para cada una. Los hostigamientos también pueden partir de acciones legales. Al igual que en los casos en que se apeló a otros medios de comunicación para sustentar el desprestigio a periodistas que difundían denuncias, en los fueros judiciales, como se aprecia en el caso de Casma; en los hostigamientos judiciales se cuenta con la anuencia y colaboración de juristas locales dispuestos a representar o litigar en favor de los intereses de las autoridades en cuestión. El efecto de las denuncias periodísticas sobre el ejercicio de los cargos públicos del alcalde de Yungay y el comisario de Casma se evidencia en la forma en que dichas gestiones se vieron interrumpidas por investigaciones formales. En el primer caso, del Poder Judicial; en el segundo, del cuerpo policial. Ello reafirma la importancia de los funcionarios por minimizar las afectaciones a su legitimidad en el espacio público local. La colaboración de cierto sector de la prensa, en contra de sus colegas, también comprueba que los interese de un medio de comunicación por la sintonía o lectoría se imponen a la agenda pública y la labor informativa. CAPÍTULO 3: CONTEXTO DE LA RELACIÓN PRENSA Y PODER Y DEL EJERCICIO DEL PERIODISMO EN ÁNCASH Y EN EL PERÚ LA CONVIVENCIA PRENSA – GOBIERNO: LA TENSIÓN PERMANENTE Históricamente, la relación formal entre prensa y gobierno ha tenido una dinámica basada en el intercambio. Desde el gobierno, la moneda de cambio puede ser la información en exclusiva, la transferencia de recursos financieros a través de publicidad; desde los medios de comunicación, el acceso a la arena pública y/o el ocultamiento de informaciones de relevancia pública. Este intercambio, ora tenso, ora laxo, está relacionado con el ejercicio del poder. Para quienes ya lo ejercen —en lo político o económico— el objetivo, en la referida dinámica, es afectar el espacio público de manera que se asegure y/o se favorezcan las condiciones que permiten dicho ejercicio. Para los medios de comunicación, la dinámica tiene un valor por la sola oportunidad de procurarse o aumentar su credibilidad en la comunidad; con ello, aumentar su audiencia o lectoría y así su ejercicio de poder como ente empresarial e informativo. El referido intercambio no se ajusta invariablemente a valores como la igualdad o reciprocidad: quien detente una mayor capacidad de ejercicio de poder en el momento del intercambio puede alterar dicha dinámica a su favor. Así, un funcionario público de las altas esferas del gobierno puede conceder o no una entrevista a determinado medio de prensa o periodista de acuerdo al estilo y posiciones de este sobre determinados temas de coyuntura. Ello, con el fin de procurarse una nota periodística y una presentación favorables ante la opinión pública. En caso se trate de una autoridad pública que en raras ocasiones presta entrevistas en profundidad (el Presidente de la República, por ejemplo), el periodista o el medio para el que aquel trabaje ganará sintonía o lectoría con la exclusiva, en la medida en que consigne o informe de primera fuente sobre el manejo del poder realizado por el funcionario en cuestión. En otras situaciones, es el medio de comunicación el que puede inclinar la balanza a su favor. Una denuncia periodística que genere la atención de la opinión pública puede sacar de su silencio hasta a un Presidente de la República, como sucedió en más de una oportunidad durante el primer año del gobierno de Ollanta Humala Tasso (2011) con las diversas noticias relacionadas con la carcelería cumplida por su hermano, Antauro Humala. Así, los medios de comunicación también ejercen poder (eventualmente y fuera del marco de la institucionalidad de la administración pública), frente al monopolio de la ley y la represión que detenta el gobierno. En todo caso, si bien —como hemos visto— el intercambio entre gobierno y medios de comunicación no es necesariamente igualitario ni recíproco, se da invariablemente en nuestras sociedades en un estado de derecho. El actual momento de nuestra democracia ostenta espacios y oportunidades para que la labor informativa de los medios de comunicación pueda eventualmente fortalecer esta democracia. De ahí la importancia de conocer las aristas de su desempeño en el escenario político y sus interacciones con el poder oficial. Aun así, y muy a pesar de las interacciones referidas, los medios de comunicación parecen estar bastante relegados frente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuando se les llama popularmente “cuarto poder”. Los medios de comunicación no ejercen el poder fáctica y formalmente como hace el Estado, con su trabajo no pretenden conducir la vida política de la nación, aunque son conscientes de la posible afectación a dicha esfera con las informaciones que se difunden y son consumidas por la opinión pública. El poder político –para el chileno Raúl Sohr (1998), se trata de una redundancia en vista de que el único poder factible es el político- está institucionalizado bajo la forma de una estructura normada que administra y coacta de forma potencialmente autónoma a las clases dominantes (Skocpol 1979: 24-25). Ante el Estado así concebido, no obstante, el periodismo libra una lucha diaria para imponer una determinada agenda de intereses e informaciones, ora a favor de su provecho privado como empresa, ora en favor del bien común de la comunidad a la que se debe por ser su consumidora (aunque a menudo ambas condiciones coincidan). Esta lucha se libra de formas diversas. Como ente administrador de una nación, el Estado aspira —al menos en la teoría— al orden que garantice, por ejemplo, la distribución equitativa de la oferta de servicios públicos entre sus ciudadanos. El periodismo vive al otro lado: indaga por el desorden, prestando atención primordial a “los conflictos entre las diversas expresiones de poder” (Sohr 1998: 19). Esta relación tirante está documentada en momentos tan cruciales como la vuelta de Napoleón Bonaparte sobre territorio francés, que le valió apuntar que “la libertad de prensa debe estar en manos del gobierno”, al entender el dictador el trabajo del periodismo como una amenaza contra su régimen y una oportunidad para el mismo. PERCEPCIÓN CIUDADANA: “LOS MEDIOS SON FUENTE DE INFORMACIÓN. TAMBIÉN SON EMPRESAS” Inevitablemente, pues, a pesar de no ser una institución del Estado, surge la pregunta: ¿La prensa es un actor político o simplemente se trata de una instancia privada independiente? Para responder a ello, la revisión de un ensayo del periodista Santiago Pedraglio resulta bastante iluminadora: … a pesar de su influencia en la opinión pública y en el quehacer diario de millones de personas, los medios de comunicación son duramente cuestionados. No es, pues, un reinado sin oposición y sin críticas. Su influencia, como se sabe, es decisiva; pero sectores de la población dudan y tienen una actitud escéptica ante las informaciones periodísticas2…los medios no constituyen ahora ni llegaron a constituir durante la década pasada el ‘cuarto poder del Estado’, ni siquiera cuando se subordinaron de manera vergonzosa al poder político. No tuvieron entonces ni tienen hoy capacidad de coacción ni pueden sustituir al Ministerio Público en la investigación, o al Poder Judicial, en la sanción. (Pedraglio 2004: 67) Este juicio crítico hacia el papel desempeñado por los medios de comunicación en el quehacer político no es ajeno a la opinión pública. Según un sondeo realizado por la Universidad de Lima (2006)3, en el área de Lima Metropolitana durante el año 2004, 80% de los entrevistados respondió afirmativamente cuando se le preguntó si creía que la prensa manipulaba la información. Igualmente, 46% de los entrevistados señaló que la cobertura política de los medios de comunicación carecía de objetividad. Sin embargo, Apoyo, Opinión y Mercado4, ese mismo año, reveló que 60% de sus encuestados consideró que la prensa sí contribuye a la consolidación del régimen democrático y 71% opinó que cumple una labor de combate contra la corrupción. La opinión pública encuestada entiende que la 2 Según encuesta de 2004, conducida por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, a la pregunta “¿En cuál institución confía más?”, los medios de comunicación lograron el cuarto lugar en las preferencias con apenas 9,7%, por encima del 1,9% y 0,2% del Congreso de la República y de los partidos políticos, respectivamente. 3 Barómetro Social II Encuesta Anual sobre Medios de Comunicación y Política, realizada a nivel nacional por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima en mayo de 2006. 4 Encuesta sobre hábitos y actitudes hacia la prensa escrita de Apoyo, Opinión y Mercado, realizada en Lima en abril de 2004. prensa juega un rol importante en nuestra democracia sin dejar de lado sus intereses privados. Para el año siguiente, el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima y el Consejo de la Prensa Peruana condujeron la I Encuesta Anual sobre Medios de Comunicación y Política en Lima Metropolitana: 43.4% consideró a la televisión como el medio de comunicación que más combate la corrupción; 50.5% opinó que es el medio que más defiende la gobernabilidad y la democracia. En 2006, otro estudio de la Universidad de Lima en Lima Metropolitana5 reveló que 71.4% de los entrevistados confía poco o nada en los medios. El 65.9% considera que los medios deberían estar regulados: de éstos, 60.7% afirma que deberían autorregularse y, 29.6% que debería hacerlo el gobierno. Asimismo, la II Encuesta Anual sobre Medios de Comunicación y Política reveló que un 62.3% de los entrevistados tiene poca confianza en los medios de comunicación; de entre estos, 68.9% prefiere confiar en las informaciones de índole político difundidas a través de la televisión. Sin embargo, 51.3% señaló que los medios de comunicación se parcializaron con al menos un candidato presidencial durante la campaña electoral 2006. Estas cifras evidencian que para la mayoría de ciudadanos, los medios de comunicación son una fuente primaria a donde recurrir para obtener información sobre la vida política del país; sin embargo, estos ciudadanos consumen esta información asumiendo que está afectada por los intereses privados del medio de comunicación. Con ello, su objetividad se relativiza, y en el mejor de los casos —como define el periodista de 5 Barómetro Social II: Encuesta anual sobre Medios de Comunicación y Política, conducida por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, a nivel nacional, en mayo 2006. investigación argentino Horacio Verbitsky— llegan a ser “una institución privada pero con un compromiso global con los asuntos públicos” (Verbitsky 1997: 15) LA PRENSA COMO ACTUALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA Una aproximación posible hacia esta aparente contradicción —entre la necesidad de informarse a través de los medios de comunicación versus la noción de que estos manejan una agenda de intereses privados— puede partir de la crisis institucional en la vida política del Perú. En vista de que el ciudadano y la organizaciones de la sociedad civil no disponen de muchos espacios para la interacción y deliberación con el Estado —dicho papel era cumplido en antaño por los partidos políticos, que hoy han dejado de ser referentes para la mayor parte de la ciudadanía— los medios de comunicación se convierten en una de las formas accesibles de ser parte de la vida política de la nación, a través de la información. De ahí su amplio consumo y la importancia que en su labor radica, también como actor de influencia en la arena política nacional, reflejados en las encuestas de opinión citadas. Tal como apunta Santiago Pedraglio, a fines de la década del 80, debido a la crisis de legitimidad de los partidos, los medios los reemplazaron en el establecimiento de la agenda política. Sin embargo, no con ello tendríamos que se tratan de los actores políticos concretos, pues se registran casos como el del autogolpe del 5 de abril de 1992, en que la mayoría de los medios de comunicación —los no alineados al régimen para ese entonces— estuvo en contra del cierre del Congreso. En este caso, el gobierno actuó independientemente de esa oposición y con la aprobación ciudadana. Con ello, tenemos que el periodismo tiene un nivel de interacción con las estructuras y el ejercicio del poder al interior del Estado, sin embargo no ejerce poder fácticamente en dicha estructura. Como parte de la misma y dada su orientación opuesta al statu quo del gobierno —la cual puede revertirse de motu proprio para beneficiar los intereses privados de la empresa periodística— son los mismos conflictos de poder las coyunturas mejor aprovechadas por la prensa para hacer su trabajo. En palabras del director ejecutivo de la agencia noticiosa Associated Press, Walter Mears, la referida oposición se condensa en la frase: “Es asunto de ellos (los políticos) conservar secretos. Nuestro trabajo es descubrirlos” (Sohr 2007: 2). El descubrimiento, la denuncia periodística, la labor fiscalizadora, es uno de los principales aportes del periodismo al ejercicio de la democracia. Incluso a pesar de las agendas privadas de los medios de comunicación y las presiones económicas y políticas de grupos privados y de la administración pública. Los medios de comunicación son empresas privadas que no están obligadas a representar con las informaciones que difunden las opiniones de determinados sectores de la sociedad. Cumplen con satisfacer —de forma parcial y mediatizada— el derecho a la información que reclama para los ciudadanos nuestra Constitución. Esta labor se cumple desde su condición permanente de empresa y su potencial acción en la agenda política y afectación de la opinión pública. El ciudadano es parte de la vida política de su país a través del consumo de información y la formación de un juicio de valor sobre los acontecimientos que en esa esfera política ocurren. PANORAMA DE LA PRENSA EN PERÚ: EL EMPIRISMO EN LA PRENSA DE PROVINCIAS Habiendo aclarado la tensión esencial que une los conceptos de “Estado” y “prensa”, es menester conocer el panorama general del periodismo al interior del Perú. De entre la radiodifusión, la televisión y la prensa escrita, el medio de comunicación de mayor consumo a nivel nacional es el primero de los tres, con presencia en el 68.38% de los hogares en el país, según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) durante noviembre de 2005 y enero de 2006. Ello debido a que la tercera parte de nuestra población reside en zonas rurales, donde no tienen presencia los medios escritos. En dichas regiones, el 72.16% de sus ciudadanos escucha al menos una emisora radial. A dicha circunstancia, se suma el analfabetismo, que en estas zonas alcanza el 20% entre sus pobladores, constituyendo una barrera de entrada para los medios de comunicación escritos y una oportunidad para los audiovisuales. Existen aproximadamente, en zonas rurales a nivel nacional, doscientas radioemisoras registradas, la mayoría con fines comerciales, dedicadas a una combinación de música, entretenimiento y noticias en su programación diaria. La televisión de señal abierta alcanza 64.95% de los hogares a nivel nacional, según estudios realizados por INEI, entre noviembre de 2005 y enero de 2006; y, en la capital y en las zonas urbanas, casi a la totalidad de hogares, con 95.33% y 83.42%, respectivamente; mientras que en las zonas rurales tiene presencia sólo en uno de cada tres hogares (30.96%) y, en algunos de éstos, sólo por horas (en las que reciben energía eléctrica). En Lima, siete canales realizan transmisiones en señal abierta con alcance a nivel nacional, algunos con mayor cobertura que otros. En la mayoría de regiones se transmite noticieros locales. LA AGENDA PÚBLICA LOCAL EN EL DIAL: LA INJERENCIA DE INTERESES PRIVADOS De tal forma que, en las provincias en que solo circulan diarios regionales o nacionales, la radio es la que en muchas ocasiones configura el espacio público local y la agenda informativa que en este se ventila, pues interactúa directamente y de diversas formas con actores de la administración pública y de la sociedad civil. Las radios locales tienen como agendas informativas los sucesos del día a día de sus respectivas comunidades; para los temas internacionales o de relevancia nacional, está los medios tradicionales, producidos en Lima y con alcance y cobertura nacionales. Así, tenemos que en provincias hablar de periodismo es en gran medida hablar del quehacer radial (sin embargo, como se verá en este trabajo, el quehacer periodístico se da también, aunque en menor medida, en la prensa escrita y en la televisión al interior del país). Entre las razones principales, además de su carácter oral y su accesibilidad, la radiodifusión es un medio de comunicación cuyos costos de producción son bajos. Para montar una pequeña emisora, se pueden adquirir equipos en el mercado negro y un kit básico para iniciar transmisiones no excede los mil dólares de inversión6. Este aspecto explica en alguna medida la constante aparición de emisoras pirata, fuera de la normativa de la Ley de Radio y Televisión y no reconocidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por razones técnicas y legales, la existencia de estas emisoras sin razón social establecida va en detrimento del consumo de la radio como medio de comunicación, en vista de que la congestión de diversas emisoras en el dial debilita la señal de las estaciones que sí están formalizadas ante el Estado. Más aún, en épocas electorales, es de uso común que en provincias aparezcan en el dial emisoras “fantasma”, de corta vida, dedicadas a apoyar abiertamente a determinados candidatos o autoridades (generalmente, inversionistas en la aventura radial) y en busca de una reelección, convirtiendo a la radiodifusión local en “tierra de nadie”, como instrumento de acción política. Otro de los problemas que atraviesa la labor de la radiodifusión en zonas rurales e incluso en provincias grandes es la sostenibilidad económica. Pequeñas emisoras tienen —a 6 Una estación Super Pro FM Stereo Radio Station Kit modelo FM100B de la marca estadounidense Ramsey cuesta un promedio de US$250 en diversas páginas de venta de equipos radiales que ofrecen sus productos en Internet; una computadora equipada con una tarjeta de audio y software de procesamiento de audio asciende a US$400 aproximadamente. Micrófonos y una pequeña central telefónica, así como monitores y una consola para controlar los niveles del audio transmitido, completan un presupuesto cercano a los US$1000. raíz de la densidad poblacional en el área de su cobertura— audiencias potenciales de mil quinientas o dos mil personas, de acuerdo a Jorge Acevedo, profesor de la Facultada de Ciencias de la Comunicación de la PUCP y ex director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio, entrevistado para esta investigación. Con ello, el ingreso por publicidad —el sostén económico de cualquier medio de comunicación— es escaso para medios de comunicación de esta escala. De ahí que, en busca de publicidad estatal o de privados, los medios de comunicación puedan llegar a comprometer sus respectivas líneas editoriales en beneficio de intereses políticos o económicos, que, naturalmente, no se manifiestan abiertamente. Esta informalidad se extiende a la constitución de numerosas emisoras, que operan sin las respectivas licencias y requisitos que la ley establece, como se mencionó anteriormente. Como consecuencia de las dificultades económicas que supone administrar rentablemente un medio de comunicación, las remuneraciones de los periodistas son reducidas, más aún en provincias. Ello lleva a muchos hombres de prensa a compartir el ejercicio del periodismo con otros trabajos, bien en la administración pública, bien en el sector privado. Los cargos que usualmente desempeñan son los de jefes de oficina de imagen institucional o relacionistas públicos, a la luz de su experiencia en la comunicación social. Este doble estatus laboral da pie a una dinámica que puede afectar el flujo de información que llega a la opinión pública. De acuerdo a las entrevistas realizadas para esta investigación a periodistas en Áncash, ocurre a menudo que cuando la relación laboral se tensa (por, por ejemplo, incumplimiento en remuneraciones); los periodistas puedan iniciar, a través de sus respectivos espacios en los medios de comunicación, ataques directos criticando la gestión de las autoridades o empresarios en cuestión (para quienes también trabajan) o denunciándolos por casos de corrupción, hasta que los denunciados reconsideren la suspensión de los pagos o aun la renovación de sus contratos. Un ejemplo de esta relación tensa entre sus dos ocupaciones laborales es el asesinado hombre de prensa (cuyo caso se estudia en esta tesis) Antonio de la Torre Echeandía. Mientras trabajaba para el Municipio de Yungay (cuyo alcalde era el que sería condenado por la autoría intelectual de su asesinato, Amaro León León), mantenía un espacio radial de denuncias, mismas que se radicalizaron luego de su alejamiento de la municipalidad. Por otro lado, no existe información sobre cuántos periodistas figuran en las planillas estatales de provincias o reciben honorarios por realizar funciones específicas. Este desempeño informativo de los hombres de prensa en provincias, afectado como se ve por múltiples factores, comprende la difusión de denuncias periodísticas a través de reportajes y de columnas de opinión radiales. Así, tenemos un periodismo provinciano de alto contenido subjetivo. Dicha orientación no es cuestionable per se. Sin embargo, la escasa formación ética a nivel profesional de los periodistas en provincias (los cursos de deontología son escasos en las ya escasas facultades de periodismo y comunicación social en las universidades de provincias) es un factor que se suma a las condiciones de trabajo anteriormente descritas7. La falta de profesionalización, las escasas oportunidades para el acceso a formación universitaria y los currículos de institutos superiores dificultan la formación ética en quienes se dedican al ejercicio periodístico en provincias. 7 En la Universidad Nacional del Santa, existe la Escuela Académico Profesional de Comunicación Social. Actualmente, se dicta el curso Ética de la Comunicación, de acuerdo a su plan de estudios (http://uns.edu.pe/contenido/humanidades/comunicacion_malla.php). Sin embargo, a 2008, no se dictaba el curso de Ética o Deontología en su currícula. En la Universidad César Vallejo – Sede Chimbote, de acuerdo al plan de estudios de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, no se dicta el curso de Ética o Deontología (http://www.ucv.edu.pe/malla_curricular.aspx?nUniOrgCodigo=50000002). La sede de la Universidad Alas Peruanas comprende entre sus facultades la de Ciencias de la Comunicación y su plan de estudios incluye el curso Ética del Comunicador Social. Sin embargo, su creación es más reciente (2013). La Universidad San Pedro y la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote no dictan la Carrera de Ciencias de la Comunicación/Periodismo. Además, los propietarios de licencias para la transmisión radial alquilan espacios indiscriminadamente a periodistas u operadores políticos que se hacen llamar periodistas, quienes pueden utilizar el dial para promover intereses privados mediante el ataque a autoridades municipales y regionales, candidatos a la alcaldía y empresarios, que muchas veces lindan con la difamación y la injuria. En ello coinciden Wilfredo Márquez y Gustavo Samamé, periodistas de Casma entrevistados para esta investigación. De acuerdo a ellos, es usual que algunos comunicadores que alquilan espacios radiales también busquen captar publicidad proveniente de oficinas de la administración pública, a cambio de comprometer —como ya se ha dicho— la línea editorial del espacio con la defensa de las autoridades de la gestión encargada; o, a cambio de cursos gratuitos para los periodistas en instituciones de educación superior, en vista de la falta de oportunidades para acceder a formación profesional que aqueja la mayor parte de periodistas en provincia, de acuerdo a lo declarado por hombres de prensa entrevistados para esta investigación. Al respecto, es menester señalar que, según la legislación peruana, no es obligatorio poseer un grado de bachiller en Comunicación Social o estar afiliado al Colegio de Periodistas del Perú para ejercer el periodismo, ello en defensa de la libertad de prensa consagrada en la Constitución. El comprometer la línea editorial de un medio de comunicación y poner en alquiler su independencia informativa, para favorecer a personajes de la administración pública o del sector privado, afecta la precepción ciudadana sobre cómo se hace periodismo en su comunidad. En este contexto, un espacio periodístico radial en provincias puede ser un espacio para tenaces denuncias contra autoridades políticas locales y al día siguiente convertirse en una herramienta de propaganda, de acuerdo a los intereses privados del medio de comunicación, de los directores del espacio periodístico y de las mismas autoridades que puedan ejercer su influencia sobre los medios de comunicación en cuestión, yendo esta situación en detrimento de la construcción de un espacio público que fortalezca la democracia a través del control ciudadano de sus autoridades y de la participación de aquellos en la vida pública de su localidad. ROL DE LOS GREMIOS PERIODÍSTICOS EN ÁNCASH Como entes vigilantes del quehacer periodístico y de la defensa de los derechos de los hombres de prensa, en Áncash conviven las filiales de tres gremios periodísticos de presencia nacional: la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la Federación Peruana de Periodistas (FPP) y el Colegio de Periodistas del Perú (CPP). Cada uno con diferentes lineamientos sobre la labor periodística en sus respectivas provincias y con propuestas de códigos de ética diversas. El 21 de julio de 1928, la ANP fue fundada por profesionales de diversos medios de comunicación del país. En el Congreso Ordinario institucional, celebrado en septiembre de 1988, se redactó la Carta de Ética Profesional de la asociación. Sumado a todo esto, una prioridad constante fue convertirse en un ente defensor de los derechos del periodista. Se buscó amparar a todos los periodistas, socios o no, que eran agredidos por llevar a cabo su labor informativa. Igualmente se nombraron delegados en los más importantes periódicos del país, con el fin de ir empadronando a nuevos miembros. Según la jefa de imagen institucional de la ANP, Zuliana Laines, para 2011 había más de 9000 socios registrados en las 89 asociaciones provinciales de la ANP. Además, brindan frecuentemente capacitaciones a los periodistas de varias ciudades y velan por el ejercicio ciudadano de la libertad de expresión. Añade la representante de la ANP que, para poder afiliarse a la institución, un periodista debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: tener el título profesional (no necesariamente ejercer la profesión); o haber trabajado 2 años ininterrumpidamente en un medio de comunicación. La FPP nace el 18 de julio de 1950. Actualmente, cuenta con más de 7 mil periodistas afiliados en 64 Centros Federados a nivel nacional. Esta organización tiene como objetivos defender las libertades de expresión, opinión, información y de prensa, así como proteger a sus asociados en el logro de sus derechos laborales y guiar al periodista para que ejerza su profesión dentro de los principios éticos y morales. La FPP, además, apoya a los periodistas a defender el libre acceso a las fuentes de información estatales; asimismo, fomenta la capacitación profesional permanente y especializada de sus miembros, a fin de mejorar la calidad de los medios de comunicación en beneficio del bien común. Tiene el deber de pronunciarse cada vez que se amenaza a la libertad de expresión de donde viniere. En octubre del 2001, durante el Congreso Nacional Ordinario realizado en Huampaní fue aprobado el Código de Ética de la Federación Peruana de Periodistas del Perú. Su contenido establece las normas éticas que rigen la conducta profesional y moral del periodista. El código comprende temas como: las libertades de información, expresión y opinión; el respeto por los derechos de las personas; la ética en la profesión; y los deberes sociales de los periodistas y de los medios de comunicación. Por último, establece que es deber de las emisoras permitir opinar a los oyentes sin discriminar por cuestiones de raza, sexo o edad. Las difusiones deben ser de interés público y deben evitar dañar la honra y buen nombre de instituciones y personas. El 1 de octubre de 1980, de acuerdo a la Ley 23221 del Congreso de la República, se crea el Colegio de Periodistas del Perú, como “entidad autónoma de derecho público interno, representativa de la profesión periodística en todo el territorio de la República”. La institución, aunque no exige a los profesionales del periodismo a colegiarse, tiene un Código de Ética Profesional que sirve como guía a sus asociados. Sin embargo, durante la década de los 90, los conflictos internos y las malas prácticas de algunos de sus directivos, dañaron la capacidad de la organización para funcionar y representar a periodistas alrededor del país. Asimismo, generó la desarticulación del comité de ética de la institución, el cual respondía a los problemas y quejas ciudadanas que se suscitaban, particularmente a nivel provincial, según el periodista chimbotano Augusto Riera. A pesar de tener muchos puntos en común en sus agendas, estas tres instituciones no realizan acciones coordinadas en Áncash. De acuerdo a los periodistas de Casma y Huaraz entrevistados para esta investigación, la falta de acción efectiva de los gremios en lo que respecta a su supuesta misión formal les otorga poca o nula representatividad ante los hombres de prensa en la región. En suma, el panorama para los periodistas que laboran en Áncash se resume en un pasaje del libro de Riera: “La relación tormentosa entre la prensa y los militares; el parametraje y los excesos, la intolerancia y soberbia de los partidos políticos; frente a los periodistas en un sistema democrático, los mecanismos de ‘defensa’ de los funcionarios implicados en actos de corrupción. El cerco y copamiento publicitario como modalidades sutiles para ejercer presión en los periodistas y propietarios de los medios de comunicación. Asimismo, las diversas formas que usan para silenciarnos y evitar que la información que consideran incómoda a sus intereses llegue a la opinión pública, incluso haciendo uso del recurso extremo. Matar al mensajero”. (Riera 2007: 12). Como hemos visto, esta dinámica suele estar compuesta por procesos judiciales, intimidaciones, agresiones físicas y extorsiones. Ello trae como consecuencia modalidades diversas de censura y autocensura, corrupción, destierro y autoexilio. Ello configura un desfase entre el marco institucional y normativo que rodea el ejercicio del periodismo en Áncash y las prácticas concretas del sector privado (grupos delincuenciales, carteles del narcotráfico, movimientos terroristas y diversas economías ilegales) y el público (gobiernos regionales, locales; autoridades policiales) sobre dicha labor informativa. Las diversas modalidades de agresión afectan como noticias el espacio público local. Así, el ciudadano ancashino informado está familiarizado con estos ataques, sabe de su recurrencia cuando, para alguna autoridad o personaje de su comunidad, un periodista o medio de comunicación resulta “incómodo”. Los referidos hostigamientos, al ser un elemento discursivo, pueden llegar a ser percibidos como “prácticas e ideas sociales significativas en la vida política” (Howarth 1997: 125). CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y SALDOS Primera conclusión: la presencia de la presión y la violencia en la lógica de producción de la prensa Observamos el funcionamiento de una red coordinada de actores que se funda en: la formas de reciprocidad —participar en el hostigamiento puede valer un favor de una alta autoridad; una jerarquía, marcada por la posibilidad de ejercicio de poder político del instigador de esta misma estructura— donde los actores de la red obedecen a los intereses de la autoridad que impulsa los ataques; y en la defensa de una agenda privada de intereses en perjuicio de una que apunte hacia la consecución del bien común. ¿Cómo es que una pequeña red local, que funciona a manera de cajón de favores y que apunta a silenciar el quehacer periodístico que resulta molesto tiene impacto en la vida política de una comunidad? El espacio público se ve afectado por la presencia de actores –que parecen ser parte de dicho espacio- quienes a través de la amenaza o la agresión contra los comunicadores sociales influyen en el flujo de informaciones. Este flujo corre por los vasos comunicantes de una opinión pública, a fin de alimentar y sustentar la percepción ciudadana sobre la realidad de su comunidad y el desempeño de sus autoridades sobre las carencias de esta. En una concepción ideal de esta dinámica sucede que cuando este flujo de información se desvía de los cauces de la objetividad y veracidad en que se funda el ejercicio cabal de las libertades de prensa —de parte de los medios de comunicación— y de información — derecho ciudadano— el espacio público se ve enrarecido. Es afectado por un(os) actor(es) que busca(n) una percepción favorable en la opinión pública no mediante una gestión eficaz y honesta, sino mediante el tránsito de informaciones favorables o el cese de las que no lo son en el espacio público en que se gesta el quehacer político. Sin embargo, es claro que en la práctica cotidiana del periodismo, los medios de comunicación y los periodistas se ven constreñidos por intereses económicos, empresariales, editoriales, partidarios, entre otros. Y es claro que dichos factores van a afectar la objetividad de un medio de comunicación, marcar una tendencia en la producción de informaciones. El problema en los casos expuestos es que no se tratan de ejercicios de presión sobre medios regulares de la democracia formal, sino mecanismos que utilizan la violencia y el delito. Esta dinámica implica diferenciar una tendencia y una presión de una amenaza y una instigación. Esto último supondría la grieta para que –no los poderes fácticos del mundo literal- los poderes ilegales penetren esa estructura. Lo cierto es que en el día a día, el quehacer periodístico se puede ver afectado por una serie de factores y presiones. Segunda conclusión: los actores que administran la violencia compiten con los medios de comunicación por legitimidad y surgen también desde sectores privados fundados en economías ilegales Si bien hasta el momento hemos venido hablando de actores del sector público que agreden periodistas en Áncash en busca de legitimidad y credibilidad ante la opinión pública, la observación de los monitoreos anuales de IPYS, del Consejo de la Prensa Peruana, de la ANP y el compendio de agresiones contra la prensa en la región que reunió el periodista Augusto Riera revela que junto a los actores de la administración pública, y reproduciendo los mismos mecanismos, actores del sector privado también pugnan por los mismos capitales políticos y en esa pugna chocan con los medios de comunicación. Los casos de los periodistas de APEC y de Antonio De la Torre Echeandía sirvieron mejor a este estudio por la riqueza de las manifestaciones del hostigamiento reunidas en la cronología de cada uno. Sin embargo, las agresiones provenientes desde el empresariado local, por ejemplo, son usuales en los informes anuales sobre libertad de prensa en el territorio nacional que preparan los organismos de prensa recién mencionados. Entre los casos emblemáticos de la región Áncash, se cuenta el de la periodista Marilú Gambini Lostaunau, periodista del diario Liberación en Chimbote. El tema por excelencia de las investigaciones de Gambini Lostaunau eran los casos de narcotráfico, en vista de que Chimbote es el final de la ruta de la droga que pretende salir de nuestro país vía marítima. Una de sus investigaciones, publicada en 2004, probaba que un embarque de clorhidrato de cocaína, destinado a un cartel mexicano, fue alijado y partió desde la base naval de Chimbote. Asimismo, Gambini investigó el robo sistemático del combustible dispuesto para el Departamento de Unidades Especiales de la Policía Nacional del Perú en Chimbote, y el cobro de cupos por parte de oficiales de esta dependencia a delincuentes comunes y comercializadores de droga. Uno de sus trabajos de mayor envergadura fue el que apuntaba a probar los nexos entre miembros del Servicio Nacional de Inteligencia, durante el decenio de Alberto Fujimori Fujimori, con los hermanos Aybar Cancho, vinculados con el tráfico de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas investigaciones le valieron enfrentar escenarios similares a los descritos en los casos anteriores, solo que a diferencia de los ya vistos, este tenía una multiplicidad de posibles agresores detrás, entre los que se contaban las organizaciones chimbotanas de la droga, los carteles internacionales detrás de estas, las autoridades policiales y militares implicadas en sus denuncias, así como los efectivos del SIN que se vieron envueltos en las investigaciones de la periodista. Amenazas anónimas a su integridad, el rapto de uno de sus cinco hijos, así como repetidas agresiones físicas por desconocidos y la invasión anónima de su domicilio en busca de documentos relacionados a su labor periodística y con el ánimo de amedrentarla acabaron por hacerla huir del país junto a su familia y refugiarse en Bolivia en 2006, gracias a la protección de organismos internacionales de prensa y del IPYS. Es así que una organización criminal como la del narcotráfico también calza en el perfil de un actor del espacio público; sin embargo, en este caso, requiere pasar más bien desapercibido ante la opinión pública, no pugna ni compite con los medios de comunicación por la credibilidad ni la legitimidad, más bien busca su ocultamiento lejos del ojo público que exija a la autoridad acciones correctivas a su actividad delictiva o fuera de la mira de las mismas fuerzas de la legalidad. Y para el acceso a este fin, se vale — nuevamente— de redes delincuenciales coordinadas, desplegadas en planes que se ejecutan en varios niveles y de maneras diversas para el amedrentamiento de los hombres de prensa. “La marcha de un periodista, de su país o región, a causa de los peligros que corre por su profesión, es siempre un fracaso del estado de derecho” señaló Reporteros Sin Fronteras mediante comunicado público (Reporteros Sin Fronteras 2006) con motivo de la salida del país de Gambini Lostaunau. Con esta frase se resume la derrota de una legislación que garantiza desde el Estado el ejercicio de las libertades de expresión e información, en beneficio de la constitución de una opinión pública cabal para su real acción política en el espacio público en que confluye con sus autoridades; y el descalabro de una institucionalidad que no solo se muestra ineficiente en el manejo de esta problemática, sino que funge activamente como uno de los agresores de este mismo tránsito discursivo que alimenta el espacio público. ¿Qué nos dice esto sobre el uso de la violencia? La lógica de provisión de la violencia no siempre está asociada a un solo actor, sino que aparece más bien como un servicio que puede ser adquirido de un tercero, que puede ser contratado por el postor que busca afectar el espacio público en beneficio de su agenda privada. No se trata entonces de una concentración en la maquinaria del uso ilegal de la violencia, sino de una provisión fluida y abierta de la violencia que puede ser contratada por actores del Estado, privados, o de las economías ilegales. Tercera conclusión: Fenómeno viejo, pero que se maximiza con la presencia de nuevos actores Ahora bien, no todas las agresiones de que son víctimas los periodistas en Áncash son resultado del funcionamiento de redes coordinadas que apuntan a imponer su agenda privada en el espacio mediático local. Muchas de ellas adoptan la forma de sobres o llamadas anónimos y amenazantes; eventuales golpizas, incluso durante la transmisión de un programa radial; querellas por difamación, calumnia o injuria, que ni siquiera se sustentan con evidencias claras. No responden a un plan estratégico de agresiones, muchas se dan en Áncash por la sola presencia de los periodistas en el lugar de la cobertura noticiosa y en muchas ocasiones se trata de casos aislados. La constante en todos los casos es que responden a que intereses privados-personales (incluso cuando vienen de autoridades públicas) se impongan en el espacio público por encima del derecho a informarse de la comunidad. En Áncash, el conteo anual de agresiones contra hombres de prensa revela que cerca de la mitad de estas proviene de autoridades del sector público y las demás de grupos privados. Sin embargo, en la lectura detenida de la revisión histórica que hace Augusto Riera sobre la tirante y accidentada relación del periodismo y sus agresores en Áncash —en su libro En la mira— vemos que en la región se ha alimentado una tradición de violencia y abusos desde los cincuentas, del gobierno para con los medios de comunicación regionales. Ya el gobierno militar del General EP Manuel A. Odría se hizo cargo de clausurar el diario chimbotano La Libertad, por sus constantes críticas al burgomaestre de turno, cercano al Ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Zañartu. Este, previamente al cierre del tabloide se encargó de llamar telefónicamente al director del medio, Felipe Granados Rázuri, e increparle que “deje de molestar a mi compadre”. El mismo gobierno ordenó la captura de periodistas de los diario La Prensa y Última Hora, por ser “de oposición”. La prensa ancashina se las ha visto con el Ejército Peruano, nuevamente, al denunciar actos de corrupción de algunos de sus efectivos en la distribución de la ayuda a los damnificados por el terremoto de 1970 en Yungay. El velasquismo también clausuró una radioemisora y hasta una alcaldesa designada como tal por el Comando Político Militar de Áncash acusó a un periodista de ser agente de la Central Americana de Inteligencia (CIA), por lo que sufrió prisión. En los ochentas hicieron noticia los ataques terroristas contra los hombres de prensa y ya en los noventas, las maniobras legales para silenciarlos en prisión se volvieron una práctica más común, como revela Riera en su libro. Con la llegada del nuevo siglo, se observa una mayor recurrencia de los actores del sector público como instigadores de maniobras para acallar a la prensa. De ahí que esta relación tirante con la prensa y finalmente con el espacio público se ha empezado a resolver —desde la administración pública— a través de querellas, amenazas, agresiones. Y esta dimensión muestra que no se trata de un asunto nuevo, que la agenda de agresiones, amenazas y control sobre la prensa no es un asunto ni del nuevo siglo, ni de los nuevos mecanismos de organización criminal. Al tratarse de un conflicto que tiene como uno de sus actores a los medios de comunicación —y a la luz del interés de los periodistas por obtener el reconocimiento a su labor en el espacio público y con ello acumular las ansiadas legitimidad y credibilidad— la fotografía del enfrentamiento de ambos sectores va a ser de conocimiento de la opinión pública, pues para los medios es conveniente arrojar luz sobre estas problemáticas para concitar la atención de otras autoridades superiores y el apoyo de sectores ciudadanos comprometidos con la libertad de expresión. De ahí que las acciones colectivas y coordinadas, así como las aisladas, episódicas e individuales, que se ejercen contra la prensa sean parte de la información de que dispone la opinión pública; entre los anexos del presente trabajo, se incluye un acervo periodístico regional y nacional concerniente a los hechos y agresiones recogidos. De tal forma, en el imaginario colectivo, forjado al interior de ese intercambio discursivo al que llamamos el espacio público, la ley no es el recurso preferible para lidiar con las faltas del periodismo: una difamación se responde con amenazas y agresiones. En última instancia, con acciones legales impulsadas mediante maniobras veladas al margen de la norma. Es así como la práctica se ha sedimentado, mucho más teniendo a autoridades —en los casos vistos, un comisario y un burgomaestre— como los instigadores de estas maniobras delictivas. Es evidente que las amenazas y agresiones no son una novedad. La literatura local antecedente lo confirma. El nuevo giro de esta dinámica es la presencia de otros actores, que no aparecían en los aparatos de presión y amenaza de décadas pasadas. Así, en los 80’s aparecen actores como Sendero Luminoso (en varias otras partes del país), pero a partir de los 90’s y con claridad en el nuevo siglo -en que se concentra nuestro estudio- las amenazas provienen del sector público (como siempre) pero también del narcotráfico, del crimen organizado. Ello, enmarcado en la conocida tensa relación entre el poder público estatal y los nuevos actores de la economía ilegal, en varias ocasiones confundidos tras la red coordinada que se pone de manifiesto en los ataques. Así, si bien es claro que hay una relación entre la institucionalidad del Estado y el hostigamiento a la prensa, no es posible establecer una relación causal unidireccional: aunque es claro que las amenazas a la prensa y el control de los medios resquebrajan la institucionalidad, también podemos apreciar una institucionalidad estructuralmente débil, que no presenta barreras preventivas contra las amenazas a la prensa. Cuarta conclusión: el (des)uso de mecanismos formales para evitar, sancionar o controlar el uso de la violencia y las amenazas contra la prensa es el inicio del ciclo La calumnia, la injuria y la difamación son calificadas como delitos de prensa, y en el fuero civil, cualquier ciudadano o autoridad son libres de presentar denuncias en busca de rectificaciones y a fin de salvaguardar su intimidad, honor e imagen pública. Más aún, y en una instancia anterior a la legal, los medios de comunicación están obligados a rectificar las informaciones que publican en caso de que el sujeto de dichas informaciones desmienta con pruebas lo difundido; o en caso de que el periodista no pueda presentar pruebas que avalen la información que difundió. En estos casos, la ley estipula que la publicación de dicha rectificación debe ser proporcional —en cuestiones de extensión y exposición— a la información ya publicada y que se rectificará. Estos conductos formales son dejados de lado en el caso de las agresiones contra periodistas vistas en el presente trabajo, que solo representan dos muestras emblemáticas en una larga lista de casos similares recogidos a lo largo de varios años. Es así que para la ciudadanía en general, las formas “oficiales” de regular la información pública quedan en desuso: la agresión es la que a fin de cuentas es una más efectiva y de ello toman nota al conocer las noticias sobre los ataques mismos. Asimismo, ello también influye en lo que debiera ser una sana práctica de parte de los medios de comunicación: la autorregulación. Sin embargo, las agresiones y hostigamientos lo que alimentan entre estos grupos de periodistas es la continuidad de sus estilos que en ocasiones pueden incurrir en la falta de objetividad y hasta el ataque personal, en vista de que gran parte de los programas radiales en provincias —como ya se ha visto, producto periodístico de mayor consumo a nivel nacional— tienen un formato ocupado en gran parte por “columnas de opinión” radiales. Es así como el alejamiento de los caminos formales hacia la rectificación —el mismo que es absorbido por la opinión pública— afecta no solo a la opinión pública, sino también a la forma en que se practica aún el periodismo en estas regiones, reñido muchas veces —al igual que los ataques de que es presa— con la legalidad. Como ya se ha dicho, las agresiones vistas conforman parte de una lucha por mantener el ejercicio del poder en una colectividad, a través de la procura de legitimidad y credibilidad ante la opinión pública local. Sin embargo, estas nuevas competencias improbablemente fueron alcanzadas por los instigadores de los dos casos de hostigamiento. Para León León, quien tuvo seis meses en la alcaldía, tras ser excarcelado, fue imposible la reelección, luego del tiempo de carcelería que cumplió como instigador del asesinato de De la Torre, de acuerdo al fallo de la Corte Superior de Áncash. Según cifras de la ONPE, Amaro León León obtuvo el 12% de los votos válidos en los comicios de noviembre de 2006, ocupando el cuarto lugar entre los candidatos a la alcaldía provincial de Yungay. León León había sido electo con menos del 25% de los votos, porcentaje similar al del obtenido por el nuevo alcalde de Yungay. En los días posteriores a su excarcelación y la de sus empleados, también condenados por el hecho y luego absueltos por un controvertido fallo de la Corte Suprema, se registraron agresiones contra la mayor de las hijas de De La Torre y se incrementaron las amenazas contra la familia. Pero, además de ello, la primera reaparición del burgomaestre en el espacio público demostró que seguía manteniendo una postura de confrontación y violencia hacia a los medios de comunicación y el periodismo en la región. A solo una semana de haber recuperado su libertad, a través del programa "El Matutino", de ATV Huaraz, Amaro León León amenazó a los periodistas Rory Huaney Rodríguez de Radio Órbita, Freddy Valenzuela Robles de ATV Huaraz, Carlos Miranda Arroyo de Radio Visión Alegría, Ladislao Cruz Villachica de Radio Armonía, Eysi Remigio Aranda de la Red Radial Callejón de Huaylas y Efraín Rosales Cruz, corresponsal del diario La República en Áncash, con llevarlos a los tribunales. Estos hombres de prensa cubrieron el caso De la Torre durante todo el proceso judicial. El alcalde reiteró sus amenazas el 30 de agosto en el programa "La Hora Clave", que también transmite la mencionada televisora, donde aprovechó para reiterar la amenaza, a raíz de la labor informativa cumplida por los referidos periodistas. Lejos de amedrentar a los referidos, el gesto fue respondido con un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, “expresando su rechazo a la conducta iniciada por el citado burgomaestre y alerta a la comunidad nacional e internacional” (Diario Noticias 2006), el mismo que hizo eco en varios medios de circulación regional y nacional. Un gesto que pesó en la opinión pública a la hora de ejercer su acción más directa en el espacio político de su localidad: el voto. Para el jefe policial Jiménez Carrera, la situación no acabó de la mejor forma en Casma, menos pudo perpetuarse en el cargo sin que mandos superiores pasaran por alto —del todo— las irregularidades en que había incurrido al mando de la dirección policial provincial. Javier Morán Morán, Director General de Gobierno Interno del Ministerio del Interior, se entrevistó en abril de 2007 con el Gobernador de Casma, Arnaldo Moreno Bustos, y recogió los cuestionamientos que existían sobre el Mayor PNP; asimismo, reunió la documentación referente al caso de los periodistas de APEC y a la querella de Jiménez Carrera contra éstos. Asimismo, además de dicho encuentro y de las investigaciones de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y de la Inspectoría General de la PNP, sobre el entonces jefe policial de Casma pesaban otras en tres denuncias hechas por sus subordinados ante Inspectoría General por el delito de abuso de poder. Dos de estas denuncias se resolvieron en contra del mando policial. En definitiva, es difícil concluir que las denuncias periodísticas pesaron para lo que fue la remoción final de Jiménez Carrera del cargo, pues esta podría haber respondido a la rotación periódica a la que están sujetos los mandos policiales. Sin embargo, lo cierto es que las investigaciones requeridas por los organismos de prensa que salieron al frente en defensa de los periodistas hostigados y la misma labor informativa que estos continuaron cumpliendo, en los cauces de la objetividad que su tarea requirió, sirvieron para que el Mayor Jiménez desistiera de seguir amenazando —pública y privadamente— al referido gremio de periodistas. A pesar de contar con el apoyo mediático de un grupo de hombres de prensa locales, enfrentados con los miembros de APEC, estos lograron combatir la circunstancia negativa con la difusión de información objetiva. Quinta conclusión: La legitimidad de la prensa, la recurrencia del uso de la violencia y la impunidad se vuelven parte integral del espacio público Con lo que tenemos que la legitimidad de quienes la procuran con estos hostigamientos muchas veces ilegales se ve mermada ante la opinión pública, que reconoce en la prensa a una institución imperfecta, falible, con intereses privados; pero también fiscalizadora y principal proveedora de las informaciones que permitirán al ciudadano formarse un juicio sobre el quehacer político de la comunidad que integra. Este mismo reconocimiento es el que pesa para que la opinión pública, a pesar de la poca credibilidad que profesa hacia la prensa —como se vio en las encuestas páginas arriba—, se sienta más cercana a los periodistas. A ello se suma la debilitada institucionalidad de autoridades que se ven envueltas en actos de corrupción, irregularidades administrativas y otros delitos que la prensa denuncia o que son consecuencia de estas mismas denuncias. De ahí que los ataques contra los periodistas pueden procurar perpetuidad en un cargo, alargar el ejercicio de poder, y en último caso la impunidad con respecto a otros delitos; pero difícilmente lograrán mayor legitimidad a autoridades que la pretenden a través de la mordaza a la prensa local. Áncash concentra en su región el grueso de las agresiones contra periodistas a nivel nacional cada año en vista de que la agresión es moneda de intercambio común en el espacio público de la región, lo cual se ha venido configurando hace decenios. Durante años, la administración pública y grupos privados en Áncash han operado su relación con la prensa —la que no representa sus intereses— a través de la agresión, en los fueros delincuenciales o a través de la mordaza en el ámbito judicial, bajo la figura de las querellas. De manera que el funcionamiento de estas redes se ha vuelto una especie de tradición asentada con el paso de los años. Alimentada por la noción de que las mismas autoridades resuelven de esta forma sus conflictos con los medios de comunicación, la ciudadanía termina adoptando las formas de este credo violento, de manera que sindicatos y turbas de manifestantes también encuentran en la violencia una forma de diálogo trunco y unilateral con la prensa local, lo cual se aprecia con la mirada detenida de las cronologías anuales de IPYS para los años 2001 al 2008. Quienes se ven afectados por la labor informativa de la prensa local saben del efecto que sobre la consecución de sus intereses tendrá la difusión de estas maniobras. De ahí el intento de acallar dicha difusión. Para el alcalde León León, el descrédito en su candidatura —a raíz del juicio en su contra por el asesinato de De la Torre— se vio evidenciado en las cifras que no respaldaron en las últimas elecciones ediles. Para el Mayor PNP Jiménez Carrera, el pedido de garantías personales formulado por 16 periodistas durante su gestión al frente de la División Policial Provincial a raíz de las amenazas de muerte que el mismo mando policial ordenó; y las denuncias por abuso de poder presentadas ante los fueros internos de la PNP por sus subordinados, fueron los factores que lo llevaron a ser destacado al frente del Centro Preventivo del Niño y Adolescente de Salamanca, en Lima. El enfrentamiento con los hombres de prensa fue ampliamente difundido en medios de comunicación de circulación regional y motivó acciones de organismos de prensa como el Consejo de la Prensa Peruana e IPYS. Si bien Jiménez Carrera no era autoridad delegada por voto popular, sí respondía a órdenes de superiores, que vieron mermada su legitimidad frente al cargo a raíz de los hechos arriba mencionados. Ahora bien, este panorama puede servir para entender el porqué del alto número de agresiones contra periodistas en la región. Como se ha visto, la relación entre el aparato público y la prensa se ha construido sobre la base de un ejercicio desigual de poderes, en la medida en que la administración pública detenta el monopolio del uso legítimo de la violencia. Ello, con el tiempo, se ha traducido además en la posibilidad concreta de comprar (desde el sector público o fuera de él) el uso de la violencia de terceros: así, se configura un interesante cuadro de relaciones entre la violencia legítima, la violencia privada, la violencia ilegal-criminal y los actores que la compran (autoridades, criminales, organizaciones locales). Los casos reflejan la participación en un mercado abierto para este servicio, lidiar violentamente con la prensa que incomoda. En este ejercicio de poder, la figura recurrente ha sido el abuso, la agresión, la amenaza, la denuncia judicial, la desacreditación o la compra de periodista. Se trata de una comunidad regional que ha ido forjando su relación con la prensa en dos dimensiones: la primera, la de su ciudadanía, en la medida en que el periodismo le permite a un Ancashino estar informado sobre las gestiones de sus autoridades y la presencia de actores privados que afectan su entorno; la segunda, cuando sus intereses se ven afectados directamente por el quehacer informativo de un medio de comunicación. Así, los actores del gobierno nacional o local convirtieron a estas formas de agresión en una forma recurrente de negociación con los medios y a la vez con la opinión pública. Agredir y hostigar al periodista hasta la muerte es una forma de obtener el fin ansiado: la superposición de la agenda privada sobre la pública. Por lo tanto, a pesar de la dinámica que se debe dar en un espacio público en que la actividad política está comprendida por un constante intercambio discursivo —la palabra como herramienta de poder— la violencia muda se erige como una práctica que parte de una dudosa institucionalidad, pero que es tal al fin y al cabo. Los representantes de los ciudadanos transan con los medios de comunicación a través de violencia; con lo que es natural que ciudadanos con intereses personales que se ven afectados por informaciones de un periodista terminen agrediéndolo para hacer prevalecer su bienestar, copiando el modelo de relación que ven en algunas autoridades públicas. Que la administración pública practique estas agresiones para afectar expresamente el tránsito de informaciones en el espacio público avala ante la ciudadanía la realización de acciones coordinadas para silenciar a un medio de comunicación. La organización de un grupo privado a través de redes laborales o familiares en su mayoría para la coordinación del hostigamiento -con miras a facilitar su propio empoderamiento y su fortalecimiento entre otros actores locales en competencia- se hace posible, usual y cotidiana en la medida en que los mismos medios de comunicación informan sobre estas prácticas. Sea que los actores privados busquen credibilidad, legitimidad, reconocimiento o más bien pasar desapercibidos, entran en competencia con los periodistas a causa de su labor informativa. Y la respuesta es la agresión. Al haber pasado a ser parte de la cuestionable institucionalidad de algunos organismos estatales en la provincia, se convierte en una práctica social común en Áncash, de ahí su primer lugar en la lista de los lugares más peligrosos a nivel nacional para el ejercicio periodístico año a año. ¿Qué es lo que permite la sostenibilidad de esta situación sedimentada en Áncash? En parte, el creciente recurso económico por canon, por transferencias a gobiernos regionales y locales, que administran dichos fondos sin un criterio de gasto claro ni mecanismos de control precisos y eficientes. En parte, también, una estructura institucional débil que concentra el poder político en pocos actores, lo cual tiende a complicar la existencia de balances y contrapesos para el control político. En parte, asimismo, la debilidad institucional de los organismos gremiales de prensa y de la sociedad civil, quienes usualmente carecen ante estos casos de voluntad y/o capacidad de presión y demanda. A este cuadro se suma la comprobada presencia de actores y economías ilegales (narcotráfico, contrabando, corrupción, pesquería ilegal, etc.) en la comunidad ancashina. Además, como quinto factor, se ha desarrollado un mercado privado de la violencia, que se condice con la inseguridad local. De otro lado, el de la prensa., la debilidad financiera y escasa formación ética de los medios de comunicación, los lleva a ofrecer sus servicios de información a los poderes facticos, en la práctica, hipotecar sus líneas editoriales y comprometer su independencia. Como se ve, no hay una razón determinante ni única, sino la confluencia de factores que construyen un terreno complejo en donde la prensa, parece tener menos capacidad para fiscalizar e investigar, y se debilita frente a poderes fácticos que tienden a tener alianzas entre sí y coordinar acciones para afectar el flujo de informaciones en medios de comunicación y así el espacio público de una comunidad. Si bien esto ha podido ser documento en Áncash por esta y otras investigaciones, no se trata de un problema únicamente local, los modelos de hostigamiento se repiten claramente en todo el país. 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