PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DEL PERÚ 

FACULTAD DE DERECHO 

Informe sobre Sentencia Exp. N.º 00728-2008-PHC/TC 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título de Abogado que presenta: 

OMAR JESÚS TASAYCO SULLER 

Revisor: 

Rafael Hernando Chanjan Documet 

Lima, 2022 



2 

RESUMEN 

El presente documento tiene por objeto exponer y analizar los problemas jurídicos 
advertidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia condenatoria emitida por la 
Corte Suprema contra la ciudadana Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, quien apeló 
ante el supremo interprete de la constitución porque consideró afectado su derecho a una 
tutela jurisdiccional efectiva en su variante del Debido Proceso. De ahí la trascendencia 
de la sentencia del expediente n.º 00728-2008-PHC/TC, que pese a haber sido emitida 
hace poco más de catorce años sigue vigente, pues la jurisprudencia actual producida por 
la judicatura y la fiscalía evidencia que los magistrados al momento de resolver sus casos 
incurren en deficiencias argumentativas y expositivas, lo que produce un alto rechazo 
social, erosionando la confianza ciudadana en sus operadores jurisdiccionales, lo que 
precisamente fue advertido por los tribunos del TC. En ese sentido, este trabajo busca 
profundizar y explicar con detalle los principales temas penales y constitucionales 
discutidos en el dictamen, destacando los problemas advertidos como la debida 
motivación de las sentencias judiciales, el estándar probatorio, la rehabilitación del 
condenado, el análisis de la prueba indiciaria, la presunción de inocencia e in dubio pro 
reo, entre otros. Así pues, la sentencia en cuestión resulta una fuente valiosa y actual de 
cómo debe resolverse una litis, pues muestra el derrotero que debe seguir el operador 
jurídico para no incurrir en vicios de constitucionalidad que afecten los derechos 
fundamentales de las partes sometidas a juicio y anulan las decisiones. 



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ÍNDICE 
 

I. Introducción y justificación de la elección del caso…………………………… 5 
 

II. Hechos del caso………………………………………………………………… 7 
 
II.1  Los antecedentes judiciales del caso, el camino hacia el Tribunal 

Constitucional …………………………………………………………..…7 
 

III. Los Problemas Jurídicos del caso Llamoja Hilares ……………….…………….8 
IV.1 El Problema Principal…………..…………….……………...……..……… 9 
IV.2 Los problemas secundarios………………………………………………... 9 
 

IV. El marco jurisprudencial nacional y extranjero que habilitó la participación del 
Tribunal Constitucional…………………………………………………..……. 10 
IV.1 Jurisprudencia Nacional …....……………………..………...……..…….  10 
IV.2 Jurisprudencia comparada…………………………………..……………. 12 
 

V. El marco jurídico por el que se condenó a la procesada …………………….... 14 
V.1 El delito de Parricidio …………………………………………….….……. 14 
 

VI. El Recurso de Agravio Constitucional planteado por la defensa técnica de la 
procesada Giuliana Flor de Llamoja Hilares …………………………………... 18 
VI.1. El Habeas Corpus ………………………………..…………………….... 18 
VI.2. El Recurso de Agravio Constitucional ………………………….…….... 20 
 

VII. Absolviendo los Problemas Jurídicos del Caso Guiliana Flor de Llamoja Hilares 
…………………………………………………….…………………………... 22 
VII.1. Respuesta al Problema Jurídico Principal: ¿Resulta excesivo el control de 
constitucionalidad por Debida Motivación que hizo el Tribunal Constitucional 
con la sentencia de la corte suprema que condenó a la procesada Llamoja 
Hilares, afecta la independencia de la judicatura en la resolución de sus casos?  
…………....….…………………………………………………………...….... 22 

VII.1.1. Deficiencia en la motivación interna …………………………… 24 
           VII.1.1.1. Falta de Corrección Lógica ………………………….… 24 

VII.1.1.2. Falta de coherencia narrativa .………………………...    25 
VII.1.1. Deficiencia de la justificación externa …………………………… 26 

  
VII.2. Respuesta a los problemas jurídicos secundarios ……………………….27 

VII.2.1. ¿Existió legítima defensa imperfecta en la conducta desplegada por 
la procesada? …………………………………...……………..………… 27 
VII.2.2. ¿La prueba indiciaria es suficiente para generar la convicción del 
juez y basta para condenar? ……………….……...……………………… 28 

 



4 

 

VII.2.3. ¿Los derechos fundamentales a la Presunción de Inocencia e In 
Dubio Pro Reo fueron respetados en este proceso? …….……...………… 30 
VII.2.4. ¿La escasa fundamentación de una resolución de fondo puede ser 
considerada como indebida motivación? …….……...…………………… 32 
VII.2.5. ¿El Tribunal Constitucional puede revisar todos los aspectos de una 
resolución de fondo, es una “tercera instancia judicial? …….……...…… 33 
VII.2.6. ¿Hubo una afectación a la finalidad de la pena por defender el 
derecho a rehabilitar del condenado, teniendo en cuenta la conducta 
procesal de la sentenciada Llamoja Hilares? …….…………….…...…… 34 
 

VIII. Conclusiones del Alumno……………………...………………………………. 35 
 

IX. Bibliografía……………………………………………………………………. 37 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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I. Introducción y justificación de la elección del caso 
 

Este informe tiene el propósito de contribuir en consolidar las bases de una 
resolución judicial o fiscal eficiente, cuyo contenido argumentativo sea claro y 
preciso, algo que, aunque parecería una verdad de perogrullo es refutado por 
múltiples sentencias judiciales y disposiciones fiscales de fondo cuyos sustentos 
son controvertidos, lo que provoca la fractura de la confianza ciudadana, que se 
somete al Ius Imperium del ESTADO pero espera a cambio un espacio que 
favorezca su desarrollo en un entorno justo, esto implica no solo agilidad de sus 
órganos jurisdiccionales para resolver los conflictos de una naturaleza humana tan 
diversa sino, sobre todo, que las resoluciones de fondo se ajusten a los valores 
constitucionales exigidos en todo Estado de Derecho, contribuyendo y asegurando 
la paz social, pues como refiriere la profesora Marina Gascón Abellan “Uno de los 
rasgos que mejor definen el Estado constitucional de derecho es la orientación del Estado 
a la protección de los derechos al margen (o incluso por encima) de la ley: ya no eficacia 
de los derechos en la medida y en los términos marcados en la ley, sino eficacia de los 
derechos en la y en los términos establecidos en la Constitución”1. 
 

De ahí la importancia de ésta sentencia, pues existe la dificultad de resolver 
procesos en muchos casos complejos porque se carece de la base académica 
suficiente para brindar una respuesta satisfactoria a todas las partes, además es 
muy probable que la parte perdedora buscará impugnar la sentencia pero sin la  
suficiente solidez argumentativa no es posible dar fin a un litigio con el alto grado 
de predictibilidad que se promueve desde la normativa; en sentido opuesto, una 
sentencia bien fundamentada permite cumplir con el rol determinante que el 
Derecho tiene reservado, lo que asimismo redundará en una evolución normativa 
impulsada no solo por la dogmática sino sobre todo por la jurisprudencia, que es 
la justicia en acción, tal como, por ejemplo, ocurre en el modelo del derecho 
anglosajón, donde se espera que los magistrados realicen una evaluación 
minuciosa de las controversias a efectos de resolverlas con contundencia y sentar 
precedentes de válida observancia, aspirar a la docencia jurídica. 

 
La sentencia del caso Guiliana Flor de Llamoja Hilares, resulta entonces 

un arquetipo de la forma como los magistrados deben resolver los procesos sobre 
hechos delictivos ocurridos en su mayoría en la clandestinidad, mediante el 
adecuado manejo valorativo de los indicios, con un solvente, meticuloso y 
contundente desarrollo de su razonamiento jurídico, que expuesto al análisis de 
las partes, debe mostrar coherencia narrativa y claridad expositiva en su discurso 
jurídico, tal como hace palmario y desarrolla el profesor Robert Alexy cuando 
expresa que una correcta resolución judicial de fondo debe evidenciar la 
justificación interna de sus premisas concordante a su justificación externa2.  

                                                
1  Gascón Abellán, Marina y García Figueroa, Alfonso en “La Argumentación en el Derecho – Algunas 

cuestiones fundamentales”, Primera Edición, septiembre del 2003, impreso en Perú por Palestra 
Editores SAC, febrero, año 2004. p.23  

2  Alexy, Roberto en “Teoría de la Argumentación Jurídica – La teoría del discurso racional como teoría 
de la fundamentación jurídica”, Primera Edición en castellano: Centro de estudios constitucionales, 
Madrid 1991. Palestra Editores SAC, primera reimpresión febrero, año 2010. 



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Por eso, cuando los operadores de justicia incurren con peligrosa facilidad 

en incongruencias y prejuicios expuestos en sus sentencias, esto afecta 
directamente derechos constitucionales fundamentales componentes de su núcleo 
duro tales como la libertad o la vida, problema del que no están exentos los 
diversos niveles y entidades de justicia, desde un fiscal o Juez de Paz hasta un 
Vocal de la Corte Suprema, tal como se evidenció en este caso, entonces se debe 
exigir al magistrado que cumpla con su deber de exponer su posición jurídica con 
convicción mediante lenguaje técnico pero sencillo de entender por el recurrente, 
pues esto se traduce en una Debida Motivación de las decisiones judiciales o 
fiscales, circunscrito en los principios rectores de Presunción de Inocencia e In 
dubio Pro Reo. 

 
Por esas razones escogí esta sentencia para elaborar mi informe, además, 

porque basado en mi experiencia laboral de asistente en función fiscal de una 
Fiscalía Superior de Lima Norte, es para mí un asunto recurrente encontrar 
carencias expositivas y argumentativas en las disposiciones fiscales de primer 
grado y la jurisprudencia que la judicatura de ese distrito judicial produce, en ellas 
se incurre en evidentes deficiencias de argumento y prejuicios subjetivos que 
vician de inconstitucionalidad sus conclusiones, todo lo que evita que se consolide 
conceptos como la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales, que el 
Tribunal Constitucional promueve y protege en singulares sentencias que 
consiguieron prestigio para la justicia por el alto nivel de su análisis. 

 
A modo de ejemplo, existió un caso mediático reciente, ocurrido a fines de 

octubre del año 2020, es la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial Transitorio Zona Sur de Ica, que absolvió a un imputado de 
violación sexual con argumentos deleznables, entre los que destacó la apreciación 
subjetiva del colegiado, que por el uso de cierto tipo de lencería que portaba la 
víctima al momento del hecho, lo convirtieron en “detonante” del ilícito en su 
agravio. Esta sentencia motivó el rechazo de la ciudadanía y de reconocidos 
abogados e incluso la ODECMA de esa ciudad que abrió investigación contra los 
integrantes del colegiado; lo paradójico es que en ese mismo mes, la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema emitió la Casación n.º 971-2017-Ica, también por 
un caso de violación sexual, donde con el fin de evitar decisiones arbitrarias 
sustentadas en una indebida motivación reiteraron los principios de aplicación 
necesaria y general para motivar debidamente una sentencia, que reflejó, en su 
mayoría, los aspectos que el Tribunal Constitucional (en adelante TC) había 
mostrado e instruido en la sentencia de Llamoja Hilares, nos encontramos pues 
ante una tarea constante por consolidar dichos aspectos para impartir JUSTICIA, 
expresando con claridad el silogismo jurídico que lo llevó a su convicción. 
 
 
 
 
 



7 

 

II. Hechos del caso 
 

El caso en cuestión acaeció la noche del 05 de marzo del 2005, en el hogar 
de la familia Llamoja Hilares, donde Giuliana Flor de Llamoja Hilares, 
entonces de 18 años, mantenía una relación conflictiva con su madre María del 
Carmen Hilares Martínez, de 49 años, que llegó a su punto más álgido aquella 
noche, donde ellas tuvieron un enfrentamiento verbal que degeneró en acciones 
de violencia física, pues en un momento dado Hilares Martínez cogió una maceta 
que lanzó a su hija, pero no la impactó. 

A continuación, Giuliana Flor se dirigió a la carrera hacia la cocina donde 
cogió 01 cuchillo con el que amenazó a su madre que también cogió un par de 
cuchillos de mantequilla, los que le lanzó pero sin llegar a lesionarla, entonces, el 
enfrentamiento se hizo directo, pues Llamoja Hilares atacó a su madre con el 
cuchillo que tenía en la mano, producto de lo cual resultó muerta María del 
Carmen Hilares Martínez quien quedó tendida en el suelo desangrándose, ante 
esta situación la procesada ocultó el cuerpo en un baño del primer piso, lavó las 
huellas de sangre presentes en diversas partes de la casa, se deshizo de los 
cuchillos y de su ropa, a continuación, subió a su habitación, en el segundo piso, 
y se bañó para limpiar las manchas de sangre en su cuerpo. 

 
En esas circunstancias, llegó a la casa su hermano menor Luis Llamoja 

Hilares, quien no pudo ingresar porque la puerta principal estaba trancada, ante 
lo cual gritó para que le abran y cuando su hermana lo hizo la recriminó pero ella 
se defendió diciendo que estaba en la ducha, a continuación, el menor se dirigió 
al baño del primer piso pero al no poder ingresar, miró al interior por una ventana 
alta desde donde logró divisar un cuerpo tirado en el piso, entonces pidió auxilio 
a los vecinos quienes luego de entrar le ayudaron a abrir el baño donde 
efectivamente encontraron muerta a su madre, inmediatamente se denunció el 
hecho a la policía, que acudió al lugar y ante la escena del crimen y los indicios 
preliminares existentes detuvo a Llamoja Hilares bajo el cargo de parricidio. 
 
 
II.1.  Los antecedentes judiciales del caso, el camino hacia el Tribunal 

Constitucional. - 
 

La denuncia policial, dio origen una investigación preliminar que luego 
de las primeras pesquisas, motivó la formalización de la denuncia contra la 
imputada Giuliana Flor de Llamoja Hilares, a quien se le abrió proceso 
ante la 3era. Sala Penal con Reos en Cárcel, en el expediente n. º 3651-
2006, del que se emitió sentencia el 26 de julio del año 2006, en dicho 
documento se resolvió que Llamoja Hilares era culpable del delito de 
parricidio y en consecuencia se le impuso una pena privativa de libertad de 
20 años, decisión que tanto la parte civil, representada por Luis Llamoja 
Hilares, como la procesada apelaron. 

 



8 

 

Así los actuados fueron elevados en apelación a la 1era. Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema, mediante recurso de nulidad n. º 3651-
2006, cuyos miembros en disputado debate resolvieron la causa el 22 de 
enero del año 2007, esta fue una sentencia decidida por mayoría dado lo 
controvertido del caso, tanto es así que tres vocales votaron por la condena 
y otros dos, con votos en discordia, por la absolución, por lo que se llamó a 
un vocal dirimente que finalmente inclinó la balanza por la sanción, pero, 
rebajaron la pena a 12 años de pena privativa de libertad, ya que tomaron en 
cuenta el beneficio de imputabilidad restringida por la edad de la procesada  
y el contexto de legítima defensa imperfecta en que acaeció el parricidio. 

Ante los resultados adversos, la defensa técnica de la procesada planteó 
recurso de Habeas Corpus contra lo resuelto por las Salas Superior y 
Suprema, bajo los argumentos de que las sentencias fueron arbitrarias, que 
no se evaluaron bien las pruebas e incluso que se adulteró la secuencia de 
hechos, en consecuencia, sufrió la vulneración de la tutela procesal efectiva 
en sus vertientes de violación al acceso a la justicia y el debido proceso, 
asimismo, se pidió la excarcelación de su patrocinada. Esta impugnación fue 
remitida al 13º Juzgado Penal de Lima, que mediante sentencia emitida el 
10 de octubre del año 2007, resolvió declarar “improcedente”, el extremo 
de lo sentenciado por la sala Superior, teniendo en consideración que la 
recurrente ya había pedido la nulidad de dicha sentencia; mientras que, en 
cuanto a lo resuelto por la Corte Suprema lo declaró “infundado”, pues 
desde su perspectiva dicha sala actuó conforme a ley y la impugnante, 
durante el proceso, empleó todas las herramientas legales a su disposición. 
Dicha resolución fue apelada por la accionante ante la 1era. Sala Superior 
para Reos en Cárcel, cuyos magistrados, el 23 de noviembre del año 2007, 
solo confirmaron lo resuelto previamente bajo los mismos argumentos sin 
advertir error en las sentencias. 

 
Fue así que, los abogados de la procesada Guiliana Flor de Llamoja 

Hilares, acudieron al Tribunal Constitucional donde se planteó un recurso 
de agravio constitucional, eso dio inicio al expediente n. º 00728-2008-
PHC/TC, en el cual, el máximo intérprete de la ley constitucional sometió 
a evaluación lo resuelto por la 1era. Sala Penal Suprema y el 13 de octubre 
del año 2008 emitió sentencia a favor de la recurrente, en sus fundamentos 
subrayó diversos problemas de constitucionalidad en la sentencia 
condenatoria que viciaron su contenido, por lo que ordenó emitir una nueva 
sentencia, mas no se dispuso su excarcelación, pues la nulidad de la 
resolución judicial solo alcanzó al acto procesal cuestionado, en referencia 
a la motivación, pero no de los demás actos precedentes, como fue el 
mandato de detención decretado. 

 
  

III. Los Problemas Jurídicos del caso Llamoja Hilares 
 



9 

 

Tratándose de un caso altamente mediático su proceso fue seguido de cerca 
no solo por la prensa sino por múltiples especialistas en derechos penal que en 
largas jornadas académicas y hasta televisivas discutieron los hechos del caso, 
como era de esperar, siendo un caso de parricidio que desde el inicio tenía como 
principal responsable a Giuliana Flor de Llamoja Hilares se generó una fuerte 
corriente de opinión pública que la condenó desde el inicio. 

 
Asimismo, a lo largo del tiempo se generaron varios reportajes 

periodísticos que ponían bajo la lupa la vida de la procesada y de su padre, el juez 
Luis Llamoja Flores, quien también desde el principio salió en su respaldo, en 
oposición a la familia de la occisa y de su hijo Luis Llamoja Hilares, hechos que 
elevaron el morbo de la gente sobre el caso y que resulta importante tener en 
cuenta pues como era de esperar, siendo los jueces personas sociales, es inevitable 
suponer que sus opiniones podían ser influidas por toda la información que se 
producía en ese momento, en ese sentido, se deben subrayar los problemas 
principales y secundarios desde una óptica puramente técnica y legal, algo que el 
tiempo transcurrido me permite evaluar con mayor objetividad. 

 
III.1. Problema Principal. - 

 La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional desarrolla diversos 
aspectos del derecho constitucional y hasta penal, pero destaca sobre todos 
ellos como problema principal la DEBIDA MOTIVACIÓN, arista de 
máxima importancia y por el cual su contenido ha trascendido hasta el día 
de hoy. 
 
 En ese sentido la pregunta, que este informe pretende responder mediante 
el desarrollo de varios puntos es la siguiente: 
¿Resulta excesivo el control de constitucionalidad por Debida Motivación 
que hizo el Tribunal Constitucional con la sentencia de la corte suprema 
que condenó a la procesada Llamoja Hilares, afecta la independencia de 
la judicatura en la resolución de sus casos? 
  

III.2. Problemas Secundarios. - 

 Además del problema principal señalado, la sentencia del TC es muy 
valiosa por los múltiples aspectos jurídicos que desarrolla en su 
argumentación y respecto de la cual surgen cuestionamientos problemáticos 
que también se pueden plantear, como son:  
 
¿Existió legítima defensa en la conducta desplegada por la procesada? 
 
¿Los derechos fundamentales a la Presunción de Inocencia e In Dubio 
Pro Reo fueron respetados en este proceso? 
 



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¿La prueba indiciaria es suficiente para generar la convicción del juez y 
basta para condenar? 
 
¿La escasa fundamentación de una resolución de fondo puede ser 
considerada como indebida motivación? 
 
¿El Tribunal Constitucional puede revisar todos los aspectos de una 
resolución de fondo, es una “tercera instancia judicial”? 
 
¿Hubo una afectación a la finalidad de la pena por defender el derecho a 
rehabilitar del condenado, teniendo en cuenta la conducta procesal de la 
sentenciada Llamoja Hilares? 
 
 

IV. El marco jurisprudencial nacional y extranjero que habilitó la participación 
del Tribunal Constitucional. 
 

El supremo interprete constitucional, amparó su sentencia en abundante 
jurisprudencia nacional y comparada, mayoritariamente española, estas resultan 
muy claras para entender las conclusiones a las que arribó, así pues, se tienen: 
 
IV.1. Jurisprudencia Nacional. - 
 

 Se cita como argumento jurisprudencial la sentencia del exp. N. º 1480-
2006-AA/TC (caso de la caja de beneficios y seguridad social del 
pescador, fj. 2)3, en la que se sostiene que es una exigencia para el 
juzgador cumplir con el derecho a la debida motivación, para esto, en 
su resolución, tiene que expresar de forma ordenada la evaluación que 
hizo de las pruebas válidas incorporadas al proceso, así como el 
procedimiento, que a partir de dichos elementos probatorios, lo llevaron 
a construir su convicción, exhibiendo su razonamiento en la sentencia. 

 
 También se refirieron a las sentencias de los expedientes N. º 3943-

2006-PA/TC (caso Juan de Dios Valle Molina)4 y N. º 1744-2005-
PA/TC (caso Jesús Absalón Delgado Arteaga)5, donde se puntualizó 
que el derecho a la debida motivación se delimita en los supuestos de:  

 
(i) Inexistencia de motivación o motivación aparente; esto se 

demuestra cuando el juzgador no resulta capaz de sustentar con 
solvencia los argumentos que permitan superar la controversia o 
cuando brinda argumentos frágiles para dar una idea de sustento 
jurídico, solo con el fin de cumplir con la formalidad. 
  

                                                
3  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01480-2006-AA.pdf 
4  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/03943-2006-AA%20Resolucion.pdf 
5  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01744-2005-AA.pdf 



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(ii) Falta de motivación interna del razonamiento; que describe los 
errores de justificación interna, así como deficiencias en el 
silogismo lógico que conlleva a una conclusión incierta, pues existe 
incongruencia en el resultado respecto de las premisas; se 
manifiesta en una doble dimensión, la primera basada en la 
invalidez entre la premisa y la deducción a la que arriba el juzgador, 
es decir un error de silogismo lógico; mientras que, por otro lado, 
se manifiesta una incoherencia narrativa, por lo oscuro y confuso 
del discurso jurídico. 

 
(iii) Deficiencias en la motivación externa; cuando las premisas que 

utiliza el juzgado carecen de sustento adecuado por no haber sido 
contrastadas o corroboradas, hay entonces debilidad en las 
conclusiones que se hacen, lo que afecta la justificación externa del 
razonamiento jurídico.  

 
(iv) La motivación insuficiente; acaece cuando se pretende sustentar 

una sentencia pese a la ausencia o inexistencia de argumentos.  
 
(v) La motivación sustancialmente incongruente; se configura 

cuando el juez no responde a lo solicitado en el proceso, alterando 
el debate procesal, ello implica que las pretensiones materia del 
juicio son desatendidas, lo que pone en indefensión al procesado 
que había preparado un defensa basado en la imputación en su 
contra; y 

 
(vi) Motivaciones cualificadas; dado que la denegatoria de la demanda 

afecta derechos fundamentales importantes, entonces se exige una 
respuesta a dos niveles, la primera de justificación de la denegatoria 
y el segundo, al sustento de la restricción al derecho invocado. 

 
 En congruencia con lo precitado, se mencionó la sentencia del 

expediente N.º 05601-2006-PA/TC (caso Fidel Gregorio Quevedo 
Cajo, fj. 3)6, en la que los tribunos sostuvieron el derecho a la debida 
motivación como una garantía fundamental, por lo que una resolución 
carente de este se entiende como inconstitucional, máxime cuando los 
artículos 3º y 43º de la Constitución Política, explican en su sentido 
clásico y genérico, que la arbitrariedad es lo opuesto a la justicia y el 
derecho; y, en su vertiente moderna y concreta, la arbitrariedad es el 
sustento carente de fundamentación objetiva.  

 
 Se agregó, en la sentencia del expediente N.º 0090-2004-AA/TC (caso 

Juan Carlos Callegari Herazo, fj. 12)7, el supremo intérprete 
constitucional sostiene que es deber del ESTADO la interdicción de 

                                                
6  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/05601-2006-AA.html  
7  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html 



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cualquier forma de arbitrariedad, en observancia de lo que la 
Constitución Política señala en su artículo 44º, respecto de la promoción 
del bienestar general basado en la justicia. 

 
 El colegiado del Tribunal Constitucional fijo el procedimiento para el 

control constitucional de las resoluciones judiciales en la sentencia del 
expediente n.º 03179-2004-AA/TC. (caso Apolia Mendoza Coollcca 
Ponce, fj. 23)8, en ella sostuvo que las resoluciones judiciales deben ser 
sometidas a exámenes de: a) razonabilidad, que evalúa la relevancia de 
la demanda, verificando que se afecte el derecho fundamental invocado; 
b) coherencia, donde se precisa si el acto lesivo que se cuestiona está 
vinculado a la decisión judicial que se impugna; y c) suficiencia, que 
permite determinar el nivel de respuesta necesaria para cautelar el 
derecho constitucional afectado.  

 
 Finalmente, advierte que para la evaluación de la prueba indiciaria, el 

poder judicial mediante el Acuerdo Plenario n.º 1-2006/ESV-229, 
dispuso de obligatorio cumplimiento el fundamento cuarto del recurso 
de nulidad n.º 1912-200510, en relación con los presupuestos materiales 
legitimadores de la prueba indiciaria, resumidos en: a) Que el hecho 
base esté debidamente probado pues de lo contrario será solo una 
sospecha; b) que los indicios pueden ser plurales o excepcionalmente 
únicos por su calidad probatoria; c) que los indicios tienen que estar 
relacionados al hecho que se trata de probar para consolidar su valor; d) 
De ser múltiples, los indicios han de estar imbricados reforzándose 
entre sí para incluir el hecho consecuencia. 

 
 
IV.2. Jurisprudencia Comparada. - 
 

 El Tribunal Constitucional, citó la sentencia del Tribunal 
Constitucional Español n.º 229/1988 (caso Ramón Fernández Pousa y 
Vegas)11, porque en su fj. 2, subrayó que la prueba indiciaria puede en 
efecto servir como fundamento de un fallo condenatorio, basado en una 
actividad probatoria que acredite fuera de toda duda la culpabilidad del 
acusado, venciendo la presunción de inocencia. En mayor detalle, se 
dijo la primera exigencia constitucional a satisfacer es tener probado 
plenamente el indicio, no basta con la sola sospecha, sino que debe 
exhibir contundencia, de manera que, su razonamiento demuestre con 
suficiencia y claridad que el procesado realizó la conducta sancionada 

                                                
8  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html 
9  En la página web https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2018/02/Legis.pe-Acuerdo-Plenario-

N%C2%B0-1-2006-ESV-22-colaboraci%C3%B3n-terrorista-prueba-indiciaria-competencia-
territorial.pdf 

10  En la página web https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2018/04/LP-R.N.-1912-2005-
PIURA.pdf 

11   En la página web http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1170 



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sin formulas irracionales o absurdas, capaz de vencer su versión de 
descargo pues no le corresponde al imputado demostrar su inocencia. 
Es más, su análisis y conclusión debe estar suficientemente 
consolidado, proyectándose hacia una posible impugnación, de forma 
que, si otro colegiado revisa su contenido no solo corrobore que los 
indicios reunidos cumplen con las exigencias constitucionales, sino 
sobre todo pueda entender el iter del razonamiento que llevó a la 
convicción condenatoria. 

 
 Se citó a los magistrados del Tribunal Constitucional Español en su 

sentencia n.º 123/2002 (caso Francisca Giménez Escobedo)12 fj. 09, 
donde desarrollaron la presunción de inocencia como un derecho a no 
ser condenado sin una prueba de cargo válida, esto es, que las pruebas 
hayan sido obtenidas y actuadas en el proceso con respeto a todas las 
garantías constitucionales y procesales, logrando que su valoración bajo 
las reglas de la lógica y la experiencia permitan asegurar la culpabilidad 
del agente fuera de toda duda razonable. Así pues, se subraya que la 
prueba indiciaria debidamente probada puede tranquilamente sostener 
una condena, pero las exigencias de motivación cobran mayor rigor, 
pues la existencia de indicios puede resultar insuficiente para destruir 
la presunción de inocencia si estos permiten la posibilidad de múltiples 
conclusiones. 

 
 También se citó la sentencia del Tribunal Constitucional Español n.º 

135/2003 (caso José Luis Sastre Sanz)13, fj. 2, donde se ratificó que, 
ante la inexistencia de pruebas de cargo válidas en una sentencia 
condenatoria, es posible advertir una actividad probatoria carente de 
garantías y lesiva de otros derechos fundamentales, en consecuencia, se 
habrá afectado el derecho de presunción de inocencia. Sin embargo, 
acota que no le corresponde evaluar la actividad probatoria practicada 
en el proceso conforme a los criterios de calidad y oportunidad, sino 
que su misión es la de supervisar externamente la razonabilidad del 
discurso que une la actividad probatoria con el relato fáctico resultante, 
no le toca pues cuestionar el resultado sino el silogismo lógico que 
siguió para llegar a él. Dicho análisis se realiza desde dos aspectos: i) 
de la coherencia argumentativa, donde se descarta por irrazonables los 
indicios que no conduzcan con naturalidad al hecho que se pretende 
probar; ii) desde su capacidad conclusiva, pues no se permite un 
resultado abierto o dudoso, con múltiples posibilidades de inferencias 
porque estas conllevan una relación de oposición con el derecho de 
presunción de inocencia, no basta creer validada  una conducta ilícita a 
partir de la mera relación con el hecho o con los medios para su 
comisión, sino que efectivamente desempeñó una acción voluntaria 
para obtener un resultado lesivo. 

                                                
12  En la página web http://hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/4659 
13 En la página web http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/4910 



14 

 

 
 Además, la sentencia del Tribunal Constitucional Español n.º 137/2005 

(caso Juan Manuel Godón Gallas)14, fj. 2, también sirvió para ratificar 
que la función de la más alta magistratura no es la de revalorar las 
pruebas ofrecidas en el proceso sino que solo le corresponde controlar 
la razonabilidad del discurso en congruencia con el silogismo lógico 
que le permitió formular sus conclusiones y convicción para condenar, 
debiendo tener especial cuidado en este extremo toda vez que en virtud 
del principio de inmediación son los órganos jurisdiccionales de primer 
y segundo nivel que atendieron la causa quienes tienen un conocimiento 
cabal de todo el proceso. 

 
 

V. El marco jurídico penal por el que se condenó a la procesada  
 

V.1. El delito de Parricidio. - 
 

Tal como se expresó previamente, la procesada Giuliana Flor de 
Llamoja Hilares fue condenada por el delito de Parricidio, ilícito que se 
encuentra previsto y sancionado en el artículo 107º del Código Penal15, 
respecto del cual es posible sostener que tiene un espectro de acción penal 
amplio pues no solo sanciona la conducta de matar al padre, sino que además 
es aplicable en casos de uxoricidio (homicidio de la esposa), filicidios 
(matar a los hijos), homicidio de concubinos, excónyuges o exconcubinos. 

 
Además, es pertinente acotar que aunque en un principio también 

contenía la sanción del feminicidio, mediante las reformas introducidas en 
las leyes n.º 30054 y n.º 30068, publicadas el 30 de junio de 2013 y el 18 de 
julio de 2013 respectivamente, se excluyó esa conducta para configurarla 
como un tipo penal exclusivo, en el artículo 108º-B, en vigencia por el 
artículo 1 de la ley n.º 30819, figura legal que adquiere relevancia en nuestro 
caso porque por su formulación hoy, de suceder un hecho similar, produciría 
una aparente coincidencia típica, pues una interpretación literal de la normal 
del feminicidio, señala que también se sanciona a quien mata a una mujer 
en el contexto de la violencia familiar, como al parecer se produjo en el caso 

                                                
14  En la página web http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/5397 
15  Donde se detalla “Artículo 107.- Parricidio El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de libertad será no menor 
de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 
3 y 4 del artículo 108.”,  norma a la que, en el año 2015, mediante el artículo 1º de la ley n.º 30323 se le 
incluiría un párrafo, que dice “En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con 
la pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36.”, con el fin de sancionar al progenitor 
homicida también con la suspensión o extinción de la patria potestad, esta medida se precisó mediante 
el artículo 3º de la ley n.º 30819, publicada el 13 de julio del 2018, donde se indicó que le correspondía 
aplicarla al juez penal, conforme a los artículo 75º y 77º del Código de los niños y adolescentes, quien 
no puede derivar esa responsabilidad al juez de familia o su equivalente. 



15 

 

bajo análisis, esto motivaría un debate para establecer la norma que se debe 
aplicar. 

 
Es pertinente acotar que el concepto de Violencia Familiar ha 

evolucionado, pues en un inicio solo comprendía la violencia producida 
entre progenitores o entre quienes ejercían la patria potestad o custodia, su 
significado se expandió con la ley n.º 27306, publicada el 15 de julio del 
2000, que “propone una nueva estructura respecto a los tipos de violencia contra 
las mujeres y el grupo familiar que tiene como característica central […]. La 
ampliación de los espacios de violencia doméstica en la nueva ley se aprecia desde 
dos perspectivas: (i) Se incorpora, junto a la violencia física, psicológica y sexual, 
la violencia económica y patrimonial, y, (ii) Se define los supuestos de violencia 
contra la mujer y el grupo familiar es clave extensiva.”16. 

 
En este punto, para el caso descrito, descarto el feminicidio como 

posibilidad típica, pues aunque podría surgir una controversia en la 
interpretación debido a la formula del tipo penal, hay que tener claro que el 
feminicidio es intrínsicamente un delito de misoginia, entendida como odio 
a la mujer, lo que incluso motivó a la Corte Suprema a reunirse y precisar 
ese tipo penal mediante el Acuerdo Plenario n.º 001-2016/CJ-116, donde 
además de destacar que la estructura del tipo subraya que el agente está 
constreñido a un sujeto varón, subraya que el acto lesivo se produce en el 
marco de una discriminación estructural, esto es, en la imposición de una 
relación de género, es decir, en el contexto de un estereotipo de género 
donde el varón se superpone a la mujer como genero dominante y la 
alteración de esa relación detona el conflicto, por eso, dado que nuestro país 
exhibe una marcada idiosincrasia machista, es que se promueve un modelo 
de protección especial a la mujer frente a la violencia masculina que asesina 
cuando la víctima mujer no cumple con el rol social que le quiere imponer, 
de sumisa, delicada o débil, que es de su propiedad.  

 
Entonces, se tiene que aseverar que el Parricidio sanciona el homicidio 

que se produce en el marco de una relación preexistente de consanguinidad 
entre el sujeto activo y pasivo de la acción, por eso, en su forma básica este 
delito literalmente nos remite al hecho letal que se produce en agravio del 
progenitor masculino, pero como se expuso previamente, dicho ilícito no se 
agota en ese supuesto, sino que abarca otras conductas ilícitas e incluso 
podríamos incluir los actos delictivos que comprometen el vínculo político 
emanado por ejemplo de un matrimonio civil, como en el caso del 
uxoricidio. Además, por sus efectos, se trata de una conducta que tiene un 
alto reproche de la sociedad, pues atentar contra la vida del progenitor, 
significa el total desprecio del vínculo sentimental generado con quien 
además de haber cuidado tu crecimiento, se encargó de satisfacer todas tus 
necesidades. 

                                                
16  Reyna Alfaro, Luis Miguel en “Delitos contra la Familia y de Violencia Doméstica”, 3era. Edición, de 

Jurista Editores EIRL, Lima, año 2016, p. 273. 



16 

 

 
Por lo expuesto, cobra sentido destacar las fases de delito que expone 

el profesor Guevara Vásquez “...en el Iter Criminis, a partir de una fase interna 
que comprende, a su vez, una ideación, deliberación y resolución criminal hasta 
la fase externa, que comprende los actos preparatorios, de ejecución y la 
consumación propiamente dicha, se puede apreciar la tentativa en algunos de los 
casos supuestos de aberratio ictus…”17, por eso, cuando se examina el 
presupuesto de hecho en el que se desarrolló el mediático caso de Giuliana 
Flor de Llamoja Hilares, esto supone evaluar si el caso fue bien subsumido 
en el tipo del Parricidio. 

 
Por eso, mediante el juicio de tipicidad corresponde analizar si los 

hechos del caso corresponden con los elementos del tipo, estos son:  
 
i) El Bien Jurídico, en todo delito de homicidio la vida humana 

es el bien jurídico protegido y afectado, destacando que en el 
caso bajo análisis, se advierte cumplido el requisito por cuanto 
Llamoja Hilares acabó con la vida de su madre María del 
Carmen Hilares Martínez;  

ii) El Sujeto Activo, que refiere al ejecutor como aquel que en 
principio está relacionado consanguíneamente con la víctima, 
como ascendente, descendiente o de filiación, pero tampoco se 
deja de lado las relaciones por vínculos políticos o legales como 
los de adopción o matrimonio, aunque en ambos casos se discute 
dogmáticamente si corresponde imponer la misma sanción al 
que no tiene un vínculo de parentesco sanguíneo o al que solo 
mantiene relación de convivencia, aunque la igualdad del trato 
ante la ley se mantiene como la opinión mayoritaria; entonces, 
para este caso, es posible concluir que en función de los hechos 
expuestos Giuliana Flor de Llamoja Hilares encaja sin 
problemas como agente del delito;  

iii) El sujeto Pasivo, en congruencia con el sujeto activo, no se trata 
de cualquier sujeto, sino que está directamente imbricado con 
su agresor, por los vínculos antedichos, condición que también 
se cumple en el caso de María del Carmen Hilares Martínez 
como víctima;  

iv) Conducta típica, como corresponde al tipo, comprende la 
acción de matar, pero no solo como acción dolosa directa, sino 
que además también admite la omisión impropia, como 
afectación al deber de garante, de ahí la notoriedad que adquiere 
la acción delictiva, como ocurrió en el caso Llamoja Hilares 
que fue seguido muy de cerca por los medios de comunicación 
quienes no limitaban los detalles mórbidos del hecho criminal, 
se tenía pues por acreditado que la procesada mató a su madre 

                                                
17  Guevara Vásquez, Iván Pedro en “El Parricidio – entre la infracción del deber y el feminicidio”, Segunda 

Edición, Idemsa, Lima, año 2016, p. 114. 



17 

 

pero era materia de discusión, las circunstancias en que acabó 
con su la vida de Hilares Martínez;  

v) El Conocimiento, que para el caso no es problemático porque 
Giuliana Flor de Llamoja Hilares reconocía a María del 
Carmen Hilares Martínez como su madre, pero igual actuó 
contra ella, lo que podría ser evaluado de manera distinta cuando 
el agente desconoce del parentesco consanguíneo que lo une a 
la víctima, lo que a su vez tiene efecto sobre la pena a recibir, 
máxime cuando se puede plantear la exclusión o atenuación del 
dolo a partir del error en todas sus variantes. 

 
Superados los puntos previos, se continua con el juicio de 

antijuridicidad, que evalúa las circunstancias de la comisión delictiva, para 
conocer si existe alguna causal de exención o atenuación de la conducta 
lesiva, ya sea a través de la legitima defensa o el consentimiento, siendo ese 
primer aspecto el que fue materia de debate en el caso sub análisis, pues por 
la descripción que se hizo del hecho, donde el suceso luctuoso resultó como 
producto del enfrentamiento entre madre e hija, siendo factor 
desencadenante, conocer si el hecho fue premeditado o planificado; así 
también, el obrar en defensa de un bien jurídico debe tener correspondencia 
con la intensidad del agravio, pues no todo nivel de réplica resulta 
justificada, así pues la defensa se considera legítima cuando resulta 
equivalente pero su exceso sí reviste responsabilidad, tal como se apreció 
en este caso y fue un poderoso motivo por el que se sancionó a Llamoja 
Hilares pues al haber provocado múltiples lesiones punzocortantes en su 
madre que desencadenaron su deceso se entiende como inverosímil su 
versión de que solo se defendió, no se trata pues de un asunto cuantitativo 
sino cualitativo. 

 
Por último, mediante el juicio de culpabilidad, se establece el reproche 

del hecho, ya reconocido como típico y antijuridico, para imponer la sanción 
que corresponda y que tiene que ser congruente a la culpabilidad 
establecida, de manera que, teniendo los tres aspectos cubiertos, se tiene por 
consumado el delito y la sanción que corresponde objetivamente según la 
pena establecida en el código penal, pues como refiere el doctor Hurtado 
Pozo “Conforme al hecho de que el derecho penal es un derecho de actos 
humanos, el punto de referencia del juicio de culpabilidad lo constituye el 
comportamiento ilícito. El reproche no concierne al carácter o a la manera de ser 
del agente, ni a su modo de vida. Estos factores sólo son considerados, después de 
haber establecido la culpabilidad, para individualizar la pena dentro de los límites 
establecidos por aquella (art. 45 y 46). Dicho de otra manera, se reprime al 
delincuente por lo que él puede voluntariamente hacer, no por lo que él es.”18, así 
consideró la Corte Suprema que la sanción que correspondía a Llamoja 
Hilares se estimó incluso por debajo del mínimo, por lo que se rebajó su 

                                                
18  Hurtado Pozo, José en “Manual de Derecho Penal - Parte General I” 3era. Edición, Editora Jurídica 

Grijley EIRL, Lima, año 2005, p.605.  



18 

 

sanción a 12 años de pena privativa de libertad, pues se tomó en cuenta y se 
evaluó las circunstancias del hecho, pero también la imputabilidad 
restringida por la edad del agente, pues la procesada en el momento del 
hecho tenía 19 años. 

 
 

VI. El Recurso de Agravio Constitucional planteado por la defensa técnica de la 
procesada Giuliana Flor de Llamoja Hilares  

 
Para dar contexto a la demanda que planteó Giuliana Flor de Llamoja 

Hilares al Tribunal Constitucional, es pertinente describir las herramientas legales 
que le habilitaron su reclamo. 

 
VI.1. El Habeas Corpus 

 
La Libertad como derecho fundamental trascedente, conlleva una 

especial protección, tal como lo destaca en su obra la jueza Castañeda 
Otsu19, pues tanto el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
consagran el derecho-garantía del Habeas Corpus, lo que a su vez encuentra 
resonancia en la redacción del artículo 2º, numeral 24, inciso e20, de la 
Constitución Política del Perú, que expresa la importancia de la presunción 
de inocencia; en consonancia con la carta magna, el Código Procesal 
Constitucional (en adelante CPC), en su artículo 25º21, enumera en un 
catálogo no taxativo los derechos protegidos por este recurso, de esa manera, 
estableció el Habeas Corpus como el proceso por excelencia para garantizar 
la protección del derecho a la libertad y sus derechos conexos como el 
debido proceso, contra toda amenaza o vulneración realizada por comisión 
u omisión. 

 
Pero como ya se advierte, esta no es una lista cerrada de derechos sino 

que se puede ir incrementando conforme al desarrollo de las libertades, 
máxime en un mundo digital vertiginoso que ahora vivimos, donde la 
pandemia del COVID-19 que mantiene en agenda la discusión sobre los 
derechos fundamentales enfrentados, tal como lo resalta la doctora Otsu al 
manifestar que “si se analizan los derechos que se protegen mediante el habeas 
corpus, podemos advertir que se trata de un listado de derechos de primera 
generación, pero como la fórmula es abierta, la jurisprudencia ha ido 
introduciendo nuevos derechos, tanto de primera como de segunda generación”22. 

                                                
19  Castañeda Otsu, Susana Ynes en su obra “Habeas Corpus - Aspectos procesales relevantes: un análisis a 

partir de la jurisprudencia.” Editorial Jurista Editores, 2da. Edición, Lima, agosto del 2017, pg. 112. 
20  Que a la letra dice: “Art. 2º. Derechos de la persona. - Toda persona tiene derecho […] A la libertad y seguridad 

personales. En consecuencia: […] e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 
judicialmente su responsabilidad.”. 

21  Donde señala: “Artículo 25º.- Derechos protegidos. - Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que 
amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual: … .”. 

22   Ibidem p. 147.  



19 

 

 
No obstante, es importante, acotar que como el propio Tribunal 

Constitucional señaló en el fundamento jurídico 0323, de su sentencia del 
expediente n.º 2663-2003-HC/TC, “ningún derecho fundamental, en efecto, 
puede considerarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que a éstos se pueden 
establecer pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se 
deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión. Los segundos, 
los límites extrínsecos, son aquellos que se deducen del ordenamiento jurídico, 
cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros 
bienes, valores o derechos constitucionales. Es así que puedan ser restringidos o 
limitados mediante ley.”. Por tanto, también se puede declarar la 
improcedencia de un Habeas Corpus cuando se evidencie que la amenaza 
manifestada en una demanda resulta incierta, poco probable de ocurrir o que 
no comprenda un daño irreparable. 

 
Por eso, resulta saludable que el Habeas Corpus, acogido en su acceso 

por el artículo 4º, segundo y tercer párrafo24, del CPC, tenga un amplio 
desarrollo tanto a nivel jurisprudencial como dogmático, destacando por 
sobre todos las sentencias del Tribunal Constitucional que están 
comprometidas en la tarea de consolidar conceptos de interpretación que 
respeten el principio In Dubio Pro Homine para así impregnar a los demás 
derechos fundamentales, como el Debido Proceso, así por ejemplo, en la 
sentencia del caso Víctor Camarena25, el fundamento jurídico 3 subrayó “El 
inciso 1), del artículo 200. 0 de la Constitución establece que el proceso hábeas 
Corpus, procede "ante el hecho u omisión, por parte de cualquier persona, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos". En tal medida, el ámbito de protección del proceso de 
hábeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino que se 
expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados 
con éste”.  

 
Pero, se reitera que el acceso a los procesos constitucionales no es 

indiscriminado, sino que existen prerrequisitos que cumplir para su 
encausamiento, tales como: i) que la sentencia a impugnar se encuentre 
firme, esto es, que haya sido cuestionada preliminarmente hasta agotar los 
recursos impugnatorios que brinda la ley, lo que busca evitar que se acuda 
prematuramente a la sede constitucional y se le convierta en otra instancia 
judicial; ii) también, se exige que exista una manifiesta vulneración de la 
tutela procesal efectiva y la libertad individual. 

 
Sucedió entonces, que la recurrente Guiliana Flor de Llamoja Hilares 

planteó Habeas Corpus contra la resolución judicial de condena, pues como 

                                                
23  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02663-2003-HC.pdf 
24  Que reseña: “Artículo 4º.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales. – […] El habeas corpus procede 

cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 
efectiva…”.   

25  En la página web https://www. tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06218-2007-HC.pdf 



20 

 

se reitera, adujo que en el proceso penal seguido en su contra se violó su 
derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, en sus vertientes de 
acceso a la justicia y el debido proceso, algo que es posible que suceda en 
la tramitación de un proceso pero como sostiene también la doctora Otsu 
“una sentencia emitida con observancia de los derechos que integran el debido 
proceso surte todos sus efectos, y en consecuencia, el amparo o el hábeas corpus 
no pueden servir de instrumentos para dejarlas sin efecto, ya que de ser así se 
estarían pervirtiendo los fines de los procesos de la libertad.”26, tal como 
resolvió en el caso bajo análisis el Tribunal Constitucional, pues si bien se 
declaró nula la sentencia de la Corte Suprema y se ordenó emitir una nueva 
sentencia, no se decretó la excarcelación de la condenada.  

 
VI.2. El Recurso de Agravio Constitucional. – 

 
Como se adelantó en el punto precedente, el artículo 202º, numeral 2, de la 
Constitución Política del Perú establece que corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última instancia las resoluciones denegatorias de 
Habeas Corpus, norma que en concordancia con el artículo 18º del CPC27, 
permitió a Guiliana Flor de Llamoja Hilares plantear su demanda, ante el 
fracaso de su estrategia legal ante el poder judicial y aprovechando que 
cumplía con los requisitos de procedibilidad para ser atendido, tal como el 
TC ratificó en el fundamento jurídico 528 de su sentencia, donde señaló su 
competencia para conocer la causa, máxime cuando se plantea la protección 
de derechos fundamentales que la Constitución Política del Perú tiene 
enunciados en su artículo 2º, que además no se circunscriben a un numerus 
clausus de derechos, sino que se extiende hasta otros de reciente 
declaración, que también merecen amparo conforme se establece en los 
artículos 3º y 44º, de la carta magna, los que representan una interdicción a 
la arbitrariedad, y son complementarios al derecho a la debida motivación 
expresado en el artículo 139º, numeral 5, de nuestra ley fundamental.  
 
Resulta importante subrayar que la mención al artículo 3º, reconoce y resalta 
el carácter dinámico de los derechos fundamentales, donde otros derechos 
de reciente mención son incorporados en las cartas magnas para dotarles de 
protección, así por ejemplo, ocurre con los nuevos derechos digitales, como 
el derecho universal al acceso al internet, dada su trascendencia como una 
herramienta educativa y de difusión, que como ahora en tiempos de 

                                                
26  Ibidem p. 219. 
27  Que a la letra dice: “Artículo 18º. – Recurso de Agravio Constitucional. Contra la resolución de segundo grado 

que declara infundada o improcedente la demanda procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal 
Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido 
el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de 
tres días, más el término de la distancia, bajo responsabilidad.”. 

28  Donde refiere “En el caso constitucional de autos, dado que en el proceso penal seguido a la actora (Exp. N.º 
3651-2006) se han establecido restricciones al pleno ejercicio de su derecho a la libertad individual tras el dictado 
en forma definitiva de una sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad, según se alega ilegítima, este 
Colegiado tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad o no de tales actos judiciales invocados 
como lesivos.”. 



21 

 

pandemia se convierte casi en una vía única para el ejercicio y la defensa de 
derechos fundamentales de larga existencia; así también, en su desarrollo 
jurisprudencial el Tribunal Constitucional ha resaltado múltiples derechos 
dentro de un proceso legal, como los del plazo razonable, ne bis in idem, el 
de debida motivación, a la segunda instancia, a un juez imparcial, el de 
presunción de inocencia entre otros.  
 
Asimismo, el artículo 44º de la constitución, fija su rol de garante de los 
derechos fundamentales, lo que se justifica en la concepción de doble 
carácter jurídico-constitucional de los derechos fundamentales según la cual 
dichos derechos poseen una dimensión objetiva, de valores superiores que 
irradian a todo el ordenamiento jurídico; pero también subjetiva, de 
derechos intrínsecos a las personas (Peter Häberle, citado por Jorge Luis 
Vásquez en La Constitución Comentada, Tomo I, 2013, p. 946).  
 
Así también, es pertinente destacar que una consecuencia de la sentencia del 
caso Llamoja Hilares es el impulso que se le dieron a los procesos 
constitucionales como recurso para obtener una sentencia favorable, por lo 
que para evitar que se genere una excesiva carga laboral, el Tribunal 
Constitucional, delimitó con mayores exigencias la admisión del Recurso 
de Agravio Constitucional, como consta en el expediente n.º 00987-2014-
PA/TC, fundamento jurídico 49 (caso Francisca Lilia Vásquez Romero) que 
fijo como precedente vinculante de obligatoria observancia, cuatro criterios 
para la emisión de una sentencia interlocutoria denegatoria, estos son: a) 
Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque; b) La cuestión 
de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 
constitucional; c) La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente 
vinculante del Tribunal Constitucional; d) Se haya decidido de manera 
desestimatoria en casos sustancialmente iguales29. 
 
Concuerda entonces el doctor Aníbal Quiroga en señalar que la importancia 
del recurso de agravio constitucional radica en evitar “La perturbación de un 
derecho fundamental o de una norma constitucional, a través de su amenaza o 
directa lesividad, altera el ordenamiento jurídico constitucional. Para que vuelva 
a funcionar de modo armónico, es necesario reponer la situación a su estado 
anterior al de la vulneración o amenaza del orden constitucional. La reposición al 
correcto estado anterior puede lograrse a través del RAC.”30. Añade, como 
finalidad, “que es posible incoar cuando existe algún vicio de congruencia 
procesal por el que no se tutela adecuadamente algún derecho fundamental”31. 
   

 

                                                
29  En la página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00987-2014-AA.pdf  
30  Quiroga León, Aníbal en su artículo “El régimen del recurso de agravio constitucional, los precedentes 

vinculantes y las sentencias interlocutorias”, en la Revista Peruana de Derecho Constitucional n.º 09, p. 
223. De la web en https://www.tc.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/10/revista_peruana_der_consti_9_10.pdf  

31  Ídem, p. 218. 



22 

 

 
VII. Absolviendo los Problemas Jurídicos del Caso Guiliana Flor de Llamoja 

Hilares   
 
VII.1. Respuesta al Problema Jurídico Principal: ¿Resulta excesivo el control 

de constitucionalidad por Debida Motivación que hizo el Tribunal 
Constitucional con la sentencia de la corte suprema que condenó a la 
procesada Llamoja Hilares, afecta la independencia de la judicatura en 
la resolución de sus casos?  

 
En congruencia con todo lo expuesto en los puntos IV y V previos, 

una respuesta concreta a la pregunta sería que nada escapa al control de 
constitucionalidad promovido ante el Tribunal Constitucional, porque es 
una de las bases de protección que tiene la ciudadanía ante cualquier 
arbitrariedad en la que incurra el Poder Judicial o el Ministerio Público y 
que afecten directamente derechos fundamentales, además porque exige al 
operador una fina argumentación que sustente adecuadamente su 
convicción, entendiéndose argumentación como “el tipo de razonamiento 
que prueba y refuta las proposiciones relativas al derecho de las personas para 
obtener o hacer algo legítimamente”32, dicha actividad revisora no afecta la 
independencia de la judicatura porque no incumbe la reevaluación de las 
pruebas actuadas en proceso, tal como se expresan en las jurisprudencias 
arriba citadas, sino porque fija su foco de atención en el silogismo lógico 
seguido por el juzgador, expresado en argumentos.  

 
En ese sentido, toca desarrollar el contexto legal del problema, así 

pues, se debe subrayar que la Constitución Política en su artículo 139º, 
inciso 5, configura como garantía de la justicia la debida motivación, esto 
se traduce en que los pronunciamientos judiciales no pueden ser emitidos 
según el libre albedrio o la opinión subjetiva del juzgador pues se tornaría 
en arbitrario o parcial, por el contrario está obligado a cumplir con 
estándares que permitan asegurar una sentencia justa, que evidencie un 
razonamiento legal coherente y sólido que consolide una legitima sanción 
penal, respetuosa de los derechos fundamentales. 

 
Entonces, cuando se revisó la sentencia condenatoria de la Corte 

Suprema se encontró que la resolución aseveró a través de la valoración de 
las pruebas reunidas que se había “determinado fehacientemente” los 
hechos del parricidio. Concluyó que la procesada Guiliana Llamoja y su 
madre María del Carmen Hilares sostuvieron una discusión con 
agresiones verbales mutuas, donde en un primer momento la occisa cogió 
un objeto cerámico que lanzó a su hija pero que no le impactó, por lo que 
la joven se dirigió a la cocina donde cogió un cuchillo con el que amenazó 

                                                
32  Concha Calonje en “Técnica de la Argumentación Jurídica”, 2da. Edición, Thomson Reuters, Madrid, 

año 2009. p. 23.  



23 

 

a su madre, quien a su vez cogió 02 cuchillos de mantequilla que lanzó a 
su rival, pero sin alcanzarla. 

 
No obstante, como no se obtuvo una opinión mayoritaria, se tuvo que 

sumar el voto del vocal dirimente Javier Román Santisteban éste en la 
exposición de su postura afirmó que la presunta víctima cogió otro cuchillo 
con el que sí le hizo un corte en la palma derecha a su hija, lo que dio lugar 
a que Guiliana Llamoja la ataque con el cuchillo que portaba 
produciéndose un enfrentamiento físico directo con armas blancas entre 
las dos mujeres, sufriendo múltiples cortes la occisa hasta que recibió la 
herida fatal en la zona carótida izquierda que fue el causante de la muerte.  

 
Dicha contradicción es gravitante y merece ser esclarecida, pues 

influyó en la convicción que provocó la condena sobre la procesada. Así 
pues, desentrañando el esquema argumentativo del voto dirimente, se 
encontró el siguiente silogismo lógico:  

1.  La procesada Guiliana Llamoja, sin que hubiese sido agredida con 
un objeto peligroso, atacó con arma blanca a su madre María del 
Carmen Hilares Martínez, a quien ocasionó múltiples heridas, 
pero 03 fueron heridas contusas a colgajo ubicadas en el cráneo, 
cuello y miembros superiores, de las que 01 laceró la arteria 
carótida izquierda de su progenitora, cuyo informe pericial señaló 
que fue cortante y penetrante a plano profundo y le causó la muerte;  

2.  Existe evidente desproporcionalidad en las heridas, descartando la 
supuesta acción defensiva de la procesada por la ingente violencia 
del ataque a la víctima, sumamente inequitativo respecto de las 04 
heridas cortantes pequeñas que se le encontró en su pericia de 
integridad física;  

3.  Entonces, enunció que por las reglas de la lógica y la experiencia 
se evidenciaba el “indubitable animus necandi” de la parricida, 
inferencia congruente con la concatenación de las pruebas 
reunidas; y  

4.  Además, destacó la diferencia en calidad y cantidad de las heridas 
sufridas por la procesada con las registradas en el cuerpo de la 
occisa, así como en la diferencia entre las agresiones, ya que la 
occisa llegó a usar los puños mientras que la procesada privilegió 
el uso del arma cortante. 

 
Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional sometió la sentencia al 

test de razonabilidad encontró que esta no superaba las exigencias de un 
pronunciamiento respetuoso de los derechos constitucionales, pues incurrió 
en dos supuestos de indebida motivación, 1) por deficiencia en la 
motivación interna, manifestado en las faltas de corrección lógica y 
coherencia narrativa; y 2) por deficiente justificación externa, los que a 
continuación se pasan a detallar: 

  



24 

 

VII.1.1.  Deficiencia en la motivación interna; 
Porque en el caso no se pudo señalar con claridad la 

vinculación de la procesada con el resultado muerte, es decir, no 
se sostuvo con argumentos claros y contundentes la 
responsabilidad de la procesada en el crimen, pese a que existían 
una multiplicidad de indicios en ese sentido, pero la exposición de 
motivos en la sentencia resultó escueta y discutible, se diría 
meramente enunciativa, es por eso que los magistrados hicieron 
notar la deficiente motivación interna, materializada en dos 
aspectos: 

 
VII.1.1.1. Falta de Corrección Lógica 

 En el texto de la sentencia, se aseveró que la 
desproporción en la cantidad de heridas halladas en el 
cuerpo de la occisa, respecto de la procesada, podía hacer 
concluir indudablemente que Guiliana Flor de Llamoja 
Hilares fue la autora de la muerte de su madre, máxime si 
las heridas fueron ocasionadas en un contexto de lucha 
violenta, lo que se corroboraba con las múltiples heridas 
halladas en el cuerpo de la occisa, mientras que la procesada 
no presentó tantas, ello permitió a la Sala Suprema generar 
convicción de que la joven fue el sujeto activo del delito. 
 
 Sin embargo, se tiene que advertir que la conclusión 
arribada solo tuvo como sustento un criterio cuantitativo y 
no evaluó el aspecto cualitativo, lo que hizo discutible la 
inferencia arribada, pues no se descartó con suficiencia 
argumentativa la posibilidad de que Llamoja Hilares haya 
sido la víctima. 
 
 Las afirmaciones expuestas fueron sometidas al 
examen de suficiencia mínimo que puso en evidencia la 
arbitrariedad e irracionalidad de sus conclusiones, que están 
lejos de calificar como un silogismo lógico válido, sino que 
evidencia una visión subjetiva de varios miembros del 
colegiado Supremo, pues con las mismas premisas se puede 
obtener una inferencia contraria, por lo que, tampoco resiste 
el examen de razonabilidad. 
 
 En su evaluación, el Tribunal Constitucional, 
concluyó que en un contexto de forcejeo con armas blancas 
entre las partes, no es posible inferir con contundencia que 
quien presentó menos heridas fue el sujeto activo del delito, 
así pues, decantarse por una valoración cuantitativa más 



25 

 

que cualitativa, resulta un argumento deleznable, máxime 
cuando dicho criterio es arbitrario por ser indeterminado o 
excesivamente abierto, por el contrario, corresponde 
examinar los indicios reunidos mediante el uso de los 
parámetros preestablecidos y desarrollados en la 
jurisprudencia, tal como se expuso en las sentencias 
reseñadas, para así arribar a un correcto razonamiento 
jurídico. 
 
 Pero arribar a una correcta elaboración 
argumentativa, tampoco es un reto sencillo, dado que se 
busca evitar que las conclusiones de una sentencia 
cuestionada sean manifiestamente arbitrarias por la 
posibilidad de existir más de una respuesta, pues como ya 
se dijo esto implicaría que no supere el examen de 
suficiencia mínimo, por eso, la respuesta del órgano 
jurisdiccional debe seguir la pauta de un silogismo jurídico 
minucioso, que no se guíe por criterios de valor 
irrazonables, porque al no respetar los valores o derechos 
constitucionales se deslegitima como sentencia, así sucedió 
en este caso, cuando se sometió al test de proporcionalidad 
la cuestionada sentencia de la Sala Suprema, que al no 
superarlo motivó que se le declare nula. 

 
   

VII.1.1.2. Falta de Coherencia Narrativa 

 En el cuestionable discurso argumentativo de la 
resolución condenatoria, se llegó a tergiversar la secuencia 
de hechos e incluso los objetos que fueron utilizados en la 
acción lesiva, porque el magistrado Román Santistevan en 
su voto dirimente señaló que la occisa cogió un tercer 
cuchillo con el que atacó a la procesada Guiliana Flor de 
Llamoja Hilares, e incluso le habría causado una lesión 
cortante en la palma de la mano derecha, pero luego, 
aseveró lo contrario, expresó que María del Carmen 
Hilares Martínez optó por agredir a su rival con las manos 
privilegiando elementos de menor peligrosidad, una 
descripción confusa de los hechos, que erosionó el 
contenido de la sentencia emitida por los jueces supremos 
ya que no desvirtuó la posibilidad de un hecho lesivo 
diferente al que fue materia de juicio. 
 



26 

 

 Ante el discurso poco claro empleado por los 
vocales de la Suprema en la sentencia materia de 
evaluación, el Tribunal Constitucional encontró que no 
existió una correcta traslación entre los hechos del caso con 
el razonamiento seguido por los juzgadores, lo que 
evidenció la incoherencia narrativa que no permite conocer 
con certeza la línea de ejecución de los hechos, esto tiene 
como consecuencia la nulidad de la sentencia en vista que 
vulnera el principio de interdicción a la arbitrariedad y la 
obligación a una debida motivación. 

 
 

VII.1.2. Deficiencia de la Justificación Externa 
 

En este punto, las conclusiones que el Tribunal Supremo 
expuso como premisa principal fueron: 1. Que hubo el resultado 
muerte de la occisa María del Carmen Hilares Martínez; y 2. 
Que la causante de dicho parricidio es Giuliana Flor de María 
Llamoja Hilares; sin embargo, no expusieron con contundencia 
las razones objetivas que vincularon a la procesada con el resultado 
muerte, solo enunciaron que los indicios les llevaron a dicha 
conclusión, pero ni siquiera indicaron qué regla de la lógica, o 
máxima de experiencia o conocimiento científico les llevó a esas 
convicción; de manera que, si se carece de sustento en las premisas 
fácticas no será posible conocer del razonamiento deductivo que 
motivó esa conclusión. 

 
El caso bajo análisis no se trata entonces de un problema de 

insuficiencia probatoria sino de inconsistencia en la base 
argumentativa, en la exposición organizada de los elementos 
indiciarios acumulados, pues no debemos olvidar que el parricidio 
ocurrió en un espacio clandestino, con la sola presencia de la 
procesada y la occisa, por lo que la reconstrucción del hecho resultó 
complejo en su investigación y más en su exposición, así pues, se 
podría considerar que el juicio de la Sala Suprema es “fruto de un 
decisionismo inmotivado antes que producto de un juicio racional y 
objetivo.”. 

 
En congruencia con el punto anterior, cuando no existe 

claridad en el razonamiento jurídico que conlleva a la convicción 
de la sentencia, su redacción presenta deficiencias expositivas, que 
resultan materialmente discutibles para las partes, quienes se 
muestran disconformes con los argumentos propuestos en el 
pronunciamiento jurídico, pues existe una desconexión entre la 
premisas y los indicios fácticos reunidos, esto se vuelve importante 
y se evidencia en el caso Giuliana Llamoja cuando se busca 



27 

 

sostener la vinculación del agente con la acción delictiva y sobre 
todo con el resultado muerte acaecido. 

 

Se concluye pues que la acción de revisión constitucional impulsada por 
la procesada Llamoja Hilares no constituyó una afectación al actuar 
independiente de la judicatura, sino por el contrario, aunque no fue el 
propósito principal de la demandante, permitió fijar el marco de desarrollo 
técnico legal que todo operador jurisdiccional tiene obligación de seguir 
para no incurrir en vicios de inconstitucionalidad.  
 

VII.2. Respuesta a los Problemas Jurídicos Secundarios  
 Se plantearon los siguientes problemas: 

VII.2.1.  ¿Existió legítima defensa imperfecta en la conducta desplegada 
por la procesada? 

  
Es conocido en la práctica judicial, así como hay expresión 

pacifica en la jurisprudencia y dogmática, que la legitima defensa 
está justificada cuando se producen tres supuestos: i) que la 
agresión sufrida sea ilegitima, entendida como la acción violenta 
dolosa e injustificada en contra del sujeto pasivo; ii) necesidad 
racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, 
referida a que una acción violenta no tiene que ser rebatida con los 
mismos medios de acción, esto porque en las teoría modernas de la 
legitima defensa se entiende que siendo la violencia un ejercicio 
inesperado por el sujeto pasivo no resulta razonable exigir que su 
elusión se dé en los mismo términos, si alguien me ataca con un 
cuchillo no se espera que yo tenga otro del mismo tipo de arma para 
defenderme, sino que emplee una herramienta idónea para repeler 
la acción; iii)  falta de provocación suficiente de quién ejerce la 
defensa, que se traduce en que como víctima no puedo incitar la 
acción en mi agravio para justificar mi respuesta ni puedo exceder 
el ejercicio de mi defensa para asumir una posición de atacante. 

 
Para el caso en cuestión, los tribunos de la Corte Suprema 

estimaron que ciertamente en el hecho que culminó en la muerte de 
María del Carmen Hilares Martínez existieron actuaciones de la 
occisa que pudieron haber alentado el enfrentamiento, pero que la 
defensa que habría desarrollada la procesada resulto excesiva e 
innecesaria, presupuesto que encuadra en el concepto de Legitima 
Defensa Imperfecta, pues no se cumplen con todos los 
presupuestos que justifican su actuar. Aquí, sin embargo, existe 
controversia pues hasta el último momento la fiscalía y la parte 
civil expusieron que la conducta de la procesada era de continuo y 



28 

 

conocido enfrentamiento con su madre, habiéndose acumulado 
algunos indicios, como la compra de la gaseosa y el veneno para 
ratas, que permitirían establecer cierto grado de premeditación en 
la conducta de Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, aspectos 
que aunque no podían ser tratados en la sentencia del tribunal 
constitucional por no ser de su competencia, sí resulta un factor no 
atendido entre los argumentos expresados por la Corte Suprema, de 
manera que, mi postura va en ese desacuerdo con lo resuelto por la 
sala suprema en ese extremo.    

 
VII.2.2.  ¿La prueba indiciaria es suficiente para generar la convicción del 

juez y basta para condenar? 
 

En los casos clandestinos resulta poco probable obtener pruebas 
directas del hecho ilícito que se imputa, ante esa carencia surge el 
indicio como elemento de prueba, la pista o la seña que permitirá 
revelar la comisión delictiva, de ahí su trascendencia, pues como 
documenta el autor Vargas Meléndez “desde una perspectiva 
historicista, el indicio es la huella que estampa el hecho histórico y sus 
circunstancias. El indicio es un dato o núcleo de información que se 
constituye como base o como hilo conductor de conocimiento que cumple 
la función de poner primer eslabón con rumbo a la investigación 
criminal”33, por eso la prueba indiciaria, obtenida inmediatamente 
después de acaecido el evento delictivo y durante la etapa de 
investigación, resulta un elemento muy importante en la resolución 
de los delitos clandestinos, aquellos que carecen de testigos o 
registros audiovisuales, pues pese al restringido valor probatorio que 
en principio tienen, ante la carencia de elementos probatorios 
directos se les revaloriza buscando que por su contundencia o 
multiplicidad permitan al juzgador generar una convicción respecto 
del iter criminis seguido en la ejecución criminal. 

 
Así pues, la elaboración de una sentencia, particularmente una 

de derecho penal que dirime la posibilidad de una sanción privativa 
de libertad, conlleva un alto grado de exigencia argumentativa que 
contenga todas las pruebas directas presentadas, acumuladas y 
producidas a lo largo del proceso, pero cuando hay carencia de estos 
elementos y solo se cuentan con indicios, entonces se busca que su 
evaluación conjunta permita inferir válida y unívocamente hechos 
fácticos con solidez, sin que existen contraindicios de similar valor 
que los anule. 

 

                                                
33  Vargas Meléndez, Rikell en su obra “Los Delitos Sexuales y Cuestiones Probatorias – indicios, 

evidencias y testimonio de la víctima”, Primera Edición, mayo 2021, Editorial Instituto Pacifico SAC, 
p. 119-120. 



29 

 

La prueba indiciaria posee una potencialidad que permite 
superar la presunción de inocencia, sancionando así al agente, pero 
ello implica que su examen de valoración se produzca con los 
mayores estándares que la dogmática y la jurisprudencia procesal 
penal han desarrollado para tasar objetivamente su verosimilitud, 
pues como ha señalado la Corte Suprema “materialmente, los 
requisitos que han de cumplirse están en función tanto al indicio, en sí 
mismo, como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de 
tenerse el cuidado debido, en tanto que lo característico de esta prueba es 
que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y como 
está regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permite 
llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal 
y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar; 
que, respecto al indicio, (a) éste –hecho base– ha de estar plenamente 
probado –por los diversos medios de prueba que autoriza la ley–, pues de 
lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben 
ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza 
acreditativa, (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –
los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde 
luego no todos lo son– y (d) y deben estar interrelacionados, cuando sean 
varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho 
consecuencia –no sólo se trata de suministrar indicios, sino que estén 
imbricados entre sí–; que es de acotar que no todos los indicios tienen el 
mismo valor, pues en función a la mayor o menor posibilidad de 
alternativas diversas de la configuración de los hechos –ello está en 
función al nivel de aproximación respecto al dato fáctico a probar– pueden 
clasificarse en débiles y fuertes, en que los primeros únicamente tienen un 
valor acompañante y dependiente de los indicios fuertes, y solos no tienen 
fuerza suficiente para excluir la posibilidad de que los hechos hayan 
ocurrido de otra manera –esa es, por ejemplo, la doctrina legal sentada 
por el Tribunal Supremo Español en la Sentencia del veinticinco de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve que aquí se suscribe–; que, en 
lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, 
esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y 
que entre ambos exista un enlace preciso y directo.”34, reglas que son de 
necesaria observancia en todo proceso que implica indicios. 

 
En ese sentido, se trata de que los indicios tienen que ser 

suficientes para lo que se intenta demostrar, entendiéndose como tal 
no la abundancia sino la idoneidad de estos para validar la 
conclusión a la que se arriba, esta inferencia lógica por exigencias 
de la debida motivación deben ser claras en su vinculación entre los 
indicios hechos premisa y su vinculación causal con la conclusión, 
así pues, “Debe quedar claro que la prueba del indicio, por sí mismo, no 
prueba directamente el hecho penalmente relevante, por lo que el aporte 
probatorio respecto del objeto del proceso se da propiamente con el 

                                                
34  En pág. web https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2018/04/LP-R.N.-1912-2005-PIURA.pdf 



30 

 

razonamiento deductivo. Este razonamiento deductivo debe estar 
respaldado en una ley científica, una regla de la lógica o una máxima de 
la experiencia como reglas de criterio humano.”35. 

 
Así pues, los magistrados del Tribunal Constitucional 

advirtieron que la 1era. Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema emitió una sentencia cuestionada que se caracterizó por la 
habitual declamación de argumentos que se señalaron probados, 
pero no se explicó cómo aquellos indicios reunidos fueron 
evaluados, es decir, no se cumplió con los requisitos que su correcta 
valoración exige para convalidar la inferencia, esto es, que se tiene 
que seguir una secuencia lógica de un “hecho inicial-indicio”, que 
traviesa una relación de causalidad “inferencia lógica” y concluye 
en un “hecho final-delito”. 

 
En ese sentido el máximo intérprete de la constitución resaltó 

que el uso correcto de la prueba indiciaria, exige una debida 
motivación para consolidarse como argumento válido y generador 
de convicción, pues se tiene que enervar la presunción de inocencia 
y consolidar de esa forma una sentencia condenatoria, de ahí su 
importancia, no se trata pues, de solo exponer la consecuencia lesiva 
que provocó la sanción, sino sobre todo de exponer qué hechos 
fácticos indiciarios originaron el razonamiento deductivo del 
operador jurídico que lo hicieron concluir la responsabilidad del 
agente, ahora bien, es importante acotar que para el momento de la 
emisión de la sentencia materia de análisis, no existía una norma que 
indicara cómo valorar la prueba indiciaria, solo se tenía el desarrollo 
dogmático y jurisprudencial como indicador de análisis, pero ahora 
ha sido adecuadamente señalado en el artículo 158º, numeral 336, del 
Código Procesal Penal del 2004.  

  
  

VII.2.3.  ¿Los derechos fundamentales a la Presunción de Inocencia e In 
Dubio Pro Reo fueron respetados en este proceso? 

 
La resolución de un caso como el que es materia de este 

informe conlleva retos particulares, pues exige un alto estándar 
probatorio, para poder enervar derechos fundamentales 
sustanciales como son la Presunción de Inocencia y el In Dubio 
Pro Reo, ambas figuras son garantías para evitar que los imputados 

                                                
35  García Cavero, Percy “La prueba por indicios en el Proceso penal”, 1era. Edición, Editorial Reforma 

SAC, año 2010, p.66.  
36  Donde se expone “Artículo 158.- Valoración […] 3. La prueba por indicios requiere: a) Que el indicio esté 

probado; b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; c) Que cuando se 
trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten 
contraindicios consistentes.”. 



31 

 

sean sometidos a una sanción injusta, pues a todo imputado se le 
asume inocente y le toca al Ministerio Público, como persecutor 
del delito y que tiene el monopolio de la acción penal, probar la 
culpabilidad del imputado. 

 
El derecho a la Presunción de Inocencia resulta de especial 

importancia para la vida social, por ser una garantía que permite la 
interrelación entre congéneres en un estado de paz social, sin 
embargo, siendo natural que surjan conflictos originados por 
conductas marginales, corresponde al Ministerio Público efectuar 
su labor con estricto apego a la legalidad y procurar obtener la 
prueba o los indicios que permitan convencer al juez para la 
aplicación de la sanción correspondiente. 

 
No basta con la simple sindicación para considerar culpable a 

una persona sino que es responsabilidad del Estado a través de la 
fiscalía demostrarlo, por ostentar la carga de la prueba, como así se 
ha positivizado en normas internacionales: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, cuyo  reflejo en la normativa nacional se 
encuentra en el artículo 2º, numeral 24, inciso e, de la Constitución 
Política. 

 
La presunción de inocencia ha sido ratificada en reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como es posible de ver 
en las sentencias de N. º 10107-2005-HC/TC (caso Noni Cadillo 
López, fundamentos jurídicos 2 al 7)37 y N. º 618-2005-HC/TC 
(caso Ronald Winston Díaz Díaz, fundamentos jurídicos 20 al 
22)38, pero también se ha señalado que no obstante su 
trascendencia, este es un derecho de carácter iuris tántum por 
admitir prueba en contrario. 

 
Así se tiene que, para este caso, la Corte Suprema en la 

sentencia cuestionada llegó a concluir que la presunción de 
inocencia de la procesada Llamoja Hilares había sido superada por 
la acumulación de indicios presentados a juicio, pero su frágil 
exposición de motivos no permitió reconocer con contundencia su 
culpabilidad, razón por la que, los magistrados de la magna sala 
declararon nula la sentencia debatida y ordenaron una nueva. 

 
Por otro lado, el In Dubio Pro Reo, es un principio 

constitucional cuya importancia se puede advertir en su 
consolidación como norma exigible a la función jurisdiccional, así 

                                                
37  En página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/10107-2005-HC.pdf 
38  En página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00618-2005-HC.pdf 



32 

 

el artículo 139º, numeral 1139, de la Constitución Política del Perú, 
señala que ante la duda razonable en la que se encuentra un 
juzgador respecto de la culpabilidad del imputado se le debe 
absolver de la condena, pues para esto se requiere de convicción 
más allá de toda hesitación, tal como también lo señaló el máximo 
intérprete de la constitución en su sentencia del expediente n. º 
1994-2002-HC/TC (caso Rudecindo Adriano Huanca Céspedes), 
donde sostiene “El indubio pro reo no es un derecho subjetivo. Se trata 
de un principio de jerarquía constitucional cuyo fin es garantizar el 
cabal respeto del derecho fundamental a la libertad individual, sea para 
resguardar su plena vigencia, sea para restringirlo de la forma menos 
gravosa posible, en el correcto entendido de que tal restricción es 
siempre la excepción y nunca la regla.”40. Entonces, el Tribunal 
Constitucional en su evaluación de la sentencia de la corte suprema 
advirtió que el principio In dubio pro reo fue inobservado, pues no 
se realizó una idónea exposición de premisas de sustento que alejen 
la duda sobre la responsabilidad de la procesada en el homicidio de 
su madre.   

 

 VII.2.4.  ¿La escasa fundamentación de una resolución de fondo puede ser 
considerada como indebida motivación? 
 

Queda claro que la Indebida Motivación de una sentencia o 
resolución de fondo fiscal, no se concluye solo por la extensión del 
documento sino por el análisis especifico de lo tratado en él y por 
la expresión de motivos que originaron la sentencia. En principio 
se espera que todo pronunciamiento implique la elaboración de 
argumentos que son expresión de un proceso de análisis en que se 
han valorado todas las pruebas o indicios producidos desde la 
denuncia para que se produzcan conclusiones debidamente 
corroboradas y sustentadas, no es una labor advenediza ni 
inconsistente, tampoco ampulosa o excesivamente rebuscada en 
sus expresiones, por el contrario, la simplicidad y concreción de 
sus explicaciones pueden asegurar su perpetuidad. 

 
La casación n. ° 975-2016, Lambayeque41, expresa 

precisamente esto “El i) proceso intelectivo, consiste que el juez 
explique la razón que lo llevó a decidir de una manera determinada; ii) 
proceso valorativo, permita conocer sus líneas generales que 
fundamentan su decisión, esto es, expresar lo necesario para dejar de 
manifiesto que la condena se hizo en base a una prueba justificadora de 

                                                
39  Sostiene lo siguiente: “Artículo 139º Principios de la Función Jurisdiccional. - Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional: […] 11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflictos 
entre leyes penales”. 

40  En página web https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01994-2002-HC.html 
41  En página web https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/Casacion-975-2016-Lambayeque-

Legis.pe_.pdf 



33 

 

la realidad de los hechos que se declaran ser probados; y el iii) proceso 
conclusivo, el juez debe dar cuenta del porqué llega a una conclusión 
sobre la hipótesis acusatoria”, de manera que, es posible aseverar 
que una sentencia no se trata de una expresión cuantitativa de 
argumentos sino que es una exposición razonada de ideas que 
sostienen una conclusión, de tal forma que no se puede considerar 
de plano inconstitucional una sentencia que carece de un elemento 
porque podría ser claramente subsanable.     

 

VII.2.5.  ¿El Tribunal Constitucional puede revisar todos los aspectos de 
una resolución de fondo, es una “tercera instancia judicial”? 

 
Si bien el derecho constitucional es en la actualidad transversal 

a todo el derecho, en reiterada jurisprudencia se ha sostenido que no 
toda resolución judicial puede ser objeto de control constitucional 
del Habeas Corpus, sino solo aquellas que de manera directa afectan 
el derecho a la libertad individual y los derechos conexos a ella, para 
eso están los requisitos de procedibilidad expresados en los artículos 
29 y ss. del Código Procesal Constitucional, así pues, por ejemplo 
no le corresponde reevaluar los medios probatorios discutidos en el 
proceso, sino puntualmente el análisis externo de la resolución 
judicial. 

 
En congruencia con lo advertido, nuestro máximo interprete 

constitucional coincide con el Tribunal Constitucional español en 
señalar que el Habeas Corpus contra resoluciones firmes no debe ser 
utilizado como un deus ex machina para “solucionar” una 
insatisfacción litigiosa sino que cumple una finalidad 
constitucionalmente legítima para evitar que se socave el derecho 
fundamental del justiciable y por extensión a toda la ciudadanía a la 
debida motivación, sin embargo, esto también se tiene que realizar 
cuidadosamente para no afectar la independencia judicial. 

 
El Tribunal Constitucional señaló que la 1era. Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema tuvo capacidad de acceso al 
íntegro de los hechos del proceso penal en revisión, lo que le debió 
permitir corregir los defectos en las premisas del A-Quo, sin 
embargo, no lo hizo con solvencia y terminó convalidando una 
condena privativa de libertad con evidentes vicios, por lo que solo 
correspondía declarar la nulidad de la ejecutoria suprema. En ese 
sentido, se reafirma que el para el control constitucional de las 
resoluciones judiciales ordinarias se debe seguir un canon 
interpretativo basado en tres puntos a examinar: 1. La razonabilidad, 
para establecer la relevancia de su análisis; 2. La coherencia, que 
vincula el acto lesivo con su consecuencia de forma incuestionable, 
lo que evita que la decisión judicial pueda ser cuestionada; y 3. El 



34 

 

examen de suficiencia, que delimite la intensidad del control 
constitucional necesario en la revisión.  

 
El Tribunal Constitucional, ante la solicitud de excarcelación 

planteada por la defensa técnica de la recurrente, señaló con claridad 
que la Ejecutoria Suprema del 22 de enero de 2007, goza de la 
condición de resolución judicial firme, es por eso por eso que 
subrayó que su intervención no implicaba una reevaluación de las 
cuestiones fondo, pues no le corresponde ser considerada una tercera 
instancia judicial. 

 
En consecuencia, para el análisis constitucional de una 

sentencia condenatoria, se le debe someter al test de razonabilidad 
la sentencia, el que nos sirve como un parámetro básico pero 
indispensable para el juicio al que se somete la actuación de los 
órganos jurisdiccionales, de lo que podrá concluir si la decisión 
resultó justa o por el contrario cayó en arbitrariedad y es carente de 
un mínimo de corrección racional. 

  

VII.2.6.  ¿Hubo una afectación a la finalidad de la pena por defender el 
derecho a rehabilitar del condenado, teniendo en cuenta la 
conducta procesal de la sentenciada Llamoja Hilares? 

 
Consideró importante incluir en el informe algunos puntos 

respecto de lo ocurrido luego de lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional, así pues, ocurrió que la 1era. Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió una nueva 
sentencia condenatoria el 25 de febrero del año 2009, con respeto 
a todas las observaciones hechas por el máxime interprete de La 
Constitución, respetando los principios de Presunción de Inocencia 
e In Dubio Pro Reo, y sobre todo de la Debida Motivación.  

 
En ésta resolución, se descartaron las nulidades y tachas 

presentadas por la defensa técnica de Giuliana Flor Llamoja 
Hilares, ya que presentaban deficiente sustento, máxime cuando la 
recurrente había sido parte de los actos procesales que pretendía 
impugnar pero en esos momentos no cuestionó su validez, lo que 
representó una convalidación tácita de las mismas. También se 
aceptó, fuera de toda duda, que la causa de la muerte de María del 
Carmen Hilares Martínez fue la laceración de su arteria carótida 
izquierda y se reunieron múltiples y concurrentes indicios que 
siguiendo las reglas del razonamiento jurídico, mediante las 
máximas de la experiencia, los condicionamientos científicos y el 
adecuado emparejamiento lógico de acción-consecuencia, 
permitió concluir que, la procesada Llamoja Hilares era culpable 
del parricidio producto del resultado de una reacción desmedida y 



35 

 

mortal, que se evidenció con la ilógica e irrazonable cantidad de 
lesiones que presentaba la víctima, así como con las acciones que 
desplegó para ocultar su crimen. 

 
No obstante, la procesada Giuliana Flor Llamoja Hilares 

salió en Libertad condicional tras purgar 4 años de prisión, gracias 
a los beneficios penitenciarios que obtuvo, por lo que pudo 
continuar con su proyecto de vida sin mayores inconvenientes, pese 
a que en algún momento se cuestionó que incumplía las reglas de 
conducta que se le impuso, pero todas estas controversias fueron 
superadas, tanto es así que, a la fecha ella es una abogada penalista 
litigante, lo que nos hace cuestionar si se cumplió a cabalidad con 
la finalidad de la pena, que desde mi posición considero 
insatisfecha pues incumple con el propósito de prevención general 
negativa que toda sanción busca. 

 
 

VIII. Conclusiones del alumno. 
 
El presente informe me permite concluir que: 
 
a) La labor jurisdiccional, cumple un rol trascendente en la sociedad como 

generador de paz social y emisor de justicia, sin embargo, dicho papel no 
puede ser desempeñado de forma arbitraria o guiado por el criterio subjetivo 
de sus operadores, sino que está circunscrito a un estándar legal enunciado en 
la norma y desarrollado por la jurisprudencia y la dogmática, razones por las 
que se exige que sus resoluciones tengan una debida motivación, generada a 
partir de un razonamiento jurídico eficiente y claro, que con las pruebas o 
indicios reunidos exponga con fluidez y suficiencia, las premisas que 
generaron su convicción. 
 

b) En congruencia con la idea previa, el Tribunal Constitucional como máximo 
intérprete de la constitución, tiene la obligación de sostener el deseo de 
justicia de los recurrentes y verificar la constitucionalidad de las sentencias 
emitidas por el órgano judicial en sus distintos niveles, en protección de los 
derechos fundamentales, pero teniendo en consideración que estos no son 
derechos absolutos y pueden ser ponderados cuando son opuestos. 

 
c) La sentencia del Tribunal Constitucional es relevante porque corrige la 

infracción a la debida motivación, fijó estándares que los jueces tienen que 
seguir sobre las técnicas de interpretación constitucional, que exige 
congruencia entre la complejidad del caso y su riqueza argumentativa, que 
debe ser clara y detallada, para evitar una indebida o aparente motivación que 
genere una controversia legal. 

 



36 

 

d) El Habeas Corpus, como institución jurídica constitucional, posibilita una 
atención urgente y definitoria para el justiciable, sin embargo, su acceso está 
delimitado a supuestos específicos que impiden su desnaturalización de 
intentar convertirlo en una tercera instancia. 

 
e) Un proceso judicial complejo, representa una dificultad adicional para los 

magistrados, porque implica el reto de realizar un análisis cabal de todos los 
actuados, arribando a un completo entendimiento del hecho en cuestión, que 
luego en su resolución de fondo pueda exponer de manera idónea sus 
argumentos de decisión, pero también es una oportunidad para fijar conceptos 
constitucionales vinculados a la debida motivación, que le permita sortear con 
éxito los controles de constitucionalidad de razonabilidad, coherencia y 
suficiencia, que de no ser superados deber ser anulados, en concordancia con 
lo señalado en el artículo 139º, numeral 5, de la Carta Magna. 

 
f) Luego, teniendo como modelo la sentencia bajo análisis se puede concluir 

que son situaciones contrarias al contenido constitucional: i) la deficiencia en 
la motivación interna; ii) la deficiencia en la justificación externa; iii) la 
inexistencia de motivación o motivación aparente; y iv) la motivación 
sustancialmente incongruente, de manera que, si se verifica en una sentencia 
alguna de estas deficiencias, será posible concluir su invalidez. 

 
g) El juez constitucional, en el caso bajo análisis, pudo advertir ostensibles 

omisiones de corrección lógica, también de incoherencia narrativa y por 
consiguiente carencia de argumentos de justificación externa, los que 
vaciaron de constitucionalidad la sentencia, lo que pone en evidencia que pese 
al extendido desarrollo jurisprudencial y dogmático, los defectos tratados en 
la sentencia constitucional bajo análisis, a la fecha continúan produciéndose, 
por lo que resulta urgente que los jueces continúen con sus capacitaciones en 
razonamiento jurídico y argumentación constitucional.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

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