PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

“¿Las empresas involucradas en temas de corrupción pueden 

utilizar Programa de Compliance Ex - Post como herramienta que 

asegure su continuidad comercial y aportar a la recuperación de 

reputación?” 

Trabajo de investigación para optar el grado académico de 

Magistra en Derecho de la Empresa 

AUTORA 

SALAS CABRERA, GIULIANA MARUJA 

ASESOR 

SÁNCHEZ MÁLAGA CARRILLO, ARMANDO 

LIMA – PERÚ 

Julio, 2020 



1 
 

RESUMEN  
 

Plantear la efectividad de la función “ex-post” de los Programas de Compliance en 

empresas que se han visto involucradas en temas de corrupción, que puedan haber sido 

generadas por el órgano directivo, plana gerencial o cualquier empleado. 

 

Los beneficios de los Programas de Compliance han sido principalmente difundidos desde 

su aporte a la prevención y al fortalecimiento de una “cultura de cumplimiento”, sin 

embargo, en este artículo se propone extender sus beneficios hacia situaciones en donde  

las empresas que ya realizaron actos que “no cumplieron” con las expectativas o 

estándares planteados en los Programas de Compliance, desde su rol preventivo, 

consideren útil la implementación de estos Programas como una forma de mitigar el 

impacto que un involucramiento en actos de corrupción haya podido generar, y así lograr 

mantener su actividad que vaya de la mano con una renovación de los estándares 

corporativos. 

 

En este tipo de circunstancias es que cobra mayor importancia el que se pueda llegar a 

evidenciar apropiadamente que el Programa de Compliance, desde su rol “Ex-Post” no se 

trate de un simple documento con una “letra muerta”, que sólo sirva para “aparentar” o 

“maquillar” una actitud de renovación del compromiso de la empresa, sino que por el 

contrario sea muestra clara de los objetivos planteados por las empresas en su ánimo de 

fomentar nuevos valores que permitan alcanzar la “reconstrucción de su moral”.  

 

Ahora bien, la forma en cómo las empresas podrán evidenciar un real contenido y 

adherencia a los principios que establecen los Programas de Compliance dependerá de 

cada empresa dentro de su ámbito de libertad de gestión, sin embargo, en el presente 

artículo se busca proponer componentes mínimos de los Programas de Compliance que 

sirvan de base para la finalidad planteada. 

 
 
 
 
 
 



2 
 

ÍNDICE 
 

Resumen…………………………………………………………………………………………….1 

Índice………………………………………………………………………………………….……..2 

Introducción…………………………………………………………………………………………3 

 

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES……………………………......9 

1.1. Corrupción………………………………………………………………………………….9 

1.2. Autorregulación………………………………………………………………………..…13 

1.3. Programa de Compliance……………………………………………………………….16 

1.3.1. ¿Cómo evitar los Programas de Compliance de Apariencia?.....................24 

1.4. Buen Gobierno Corporativo……………………………………………………………..27 

 

CAPÍTULO II: CASOS RELEVANTES……………………...…………………………………32 

2.1. Siemens………………………………………………………………………………...…32 

2.2. Odebrecht…………………………………………………………………………………34 

2.3. Graña y Montero (GyM)………………………………………………………………….37 

 

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL PROGRAMA DE 
CUMPLIMIENTO EX-POST……………………………………………………………………..40 

 

Conclusión…………………………………………………………………………………………48 

Referencias Bibliográficas……………………………………………………………………….50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

INTRODUCCIÓN 
 
PROBLEMA: 
 

El problema que busca abordar este artículo es el involucramiento de empresas del sector 

privado en actos de corrupción pública, es decir actos de corrupción que formen parte de 

la relación comercial con las entidades del Estado y sus funcionarios públicos. Si bien 

reconocemos que la corrupción no es exclusiva del ámbito público, sino que también 

puede estar presente en ámbitos netamente privados, lo cual también tendría efectos 

perjudiciales para “el desarrollo  de las relaciones comerciales y la competencia leal entre 

empresas”, tal y como lo señala el artículo 1º del Decreto Legislativo 1385º que en 

septiembre de 2018 modificó el Código Penal introduciendo dos nuevos delitos: “241-A 

Corrupción en el ámbito privado” y “241-B Corrupción al interior de entes privados”. La 

denominada corrupcción privada no será objeto de desarrollo en este artículo, sino que 

nos enfocaremos en la denominada corrupción pública considerando el marco legal 

vigente, Ley Nº 30424 y su Reglamento, los cuales plantean la posibilidad de aplicar un 

atenuante de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas si éstas 

implementan un Programa de Compliance posterior al hecho delictivo bajo investigación.  

 

Así, sobre corrupción pública tenemos que ésta se ve contemplada en el plano penal 

local, delictivo, a través de la denominada “corrupción de funcionarios” desarrollada en la 

sección IV del Capítulo II, Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal. Su contenido 

se forma a través de la tipificación de los delitos de cohecho, soborno, tráfico de 

influencias, entre otros. Si bien el sujeto especial recae sobre el funcionario público, estos 

tipos penales presuponen en su mayoría la necesaria existencia de un tercero, que para 

efectos de nuestro artículo sería la categoría donde se encuentran las empresas privadas 

que optan por llevar a cabo ofrecimientos, promesas entregadas a cambio de obtener un 

beneficio, que sería “indebido” ya que no obedecería a criterios transparentes y objetivos 

sino a una retribución por lo ofrecido.  

 

Esta forma de negociar contratos con el Estado aparentemente ha sido práctica común, 

ha llegado a ser considerada en algunos casos como parte natural de sus propios 

procesos, e inclusive se ha considerado los gastos asociados a ello como parte de la 

contabilidad formal de las empresas, lo que demostraría aún más la interiorización 



4 
 

profunda que existe sobre el uso de actos de corrupción de forma necesaria para alcanzar 

los objetivos comerciales en las empreas. Así en las últimas décadas hemos visto los 

casos de  Siemens, Enron, Volkswagen, Wal-mart, entre otras grandes empresas sin 

distinción de industrias o rubros, que se han visto involucradas en escándalos de 

corrupción que en algunos casos terminaron por aniquilarlas o como mínimo dejarlas sin 

más camino que la liquidación. En el plano latinoaméricano y con impacto local, el 

escándalo de Lavajato puso al descubierto el sistema de corrupción liderado por la 

Corporación Odebrecht para obtener concesiones en grandes obras estatales y que trajo 

consigo el relacionamiento de actos de soborno con la empresa Graña y Montero, el cual 

tuvo que replantearse el diseño de su sistema de control como esfuerzo para poder 

intentar reconstruir su imagen. Gracias a la globalización de la información, estas 

prácticas comerciales han sido puestas al descubierto, el acceso a la información nos ha 

facilitado conocer información antes “secreta” o “reservada” sobre estas formas de 

interactuar con el sector público, evidenciando la falta de cumplimiento con la Ley, con la 

ética, con la protección del interés gneral, para dar lugar a la búsqueda de satisfacer 

intereses particulares en detrimento del Estado y el interés general. 

 

Esta mimetización de la corrupción dentro de las organizaciones resulta muy peligrosa 

porque denota una cultura de tolerancia a este tipo de actos, por lo que una reinvención 

de la cultura de la empresa es clave para que una empresa que se ha visto involucrada en 

temas de corrupción pueda tener la oportunidad de alinearse no sólo con la Ley sino con 

expectativas sociales de un adecuado funcionamiento del Estado y el Privado para 

fomentar un desarrollo y crecimiento favorable para el interés público en general. 

 

Con la finalidad de aterrizar en las empresas privadas las consecuencias negativas de 

aceptar o promover actos de corrupción planteamos a continuación una propuesta de 

clasificación sobre los tipos de impacto que estas empresas podrían enfrentar en dichas 

circunstancias: 

 

 Impacto Legal:  
Se considera que existe un Impacto Legal ya que el mero involucramiento de una 

empresa en un proceso judicial por incumplimiento de la regulación local en temas 

de corrupción va a requerir que la empresa desvíe recursos económinos a afrontar 

los gastos que genera la defensa legal mediante abogados, así como los gastos 



5 
 

que el mismo proceso judicial genera, sin considerar las multas o sanciones 

pecuniarias que se podrían aplicar de encontrarse a la empresa responsable de 

los hechos imputados. 

 

 Impacto Macro - Económico: 
Dependiendo del tamaño de una empresa involucrada en actos cuestionados por 

la ética y la regulación, se podría llegar a tener un impacto sistemático en el 

mercado, que requiera el involucramiento del Estado para salvaguardar un bien 

mayor para la colectividad. Esto ha sido ampliamente desarrollado principalmente 

en el sector financiero, asociado recientemente al contexto de la crisis financiera 

de 2008. La posición “proteccionista” y “paternalista” del Estado toma como base la 

posición del “Too big to Fail” (Stern y Feldman, 2008).  

 

 Impacto Financiero: 
Las multas asociadas a temas de corrupción suelen llegar a ser significativas. Esto 

no sólo obedece a buscar conseguir un resarcimiento para los efectos nocivos de 

la conducta ilegal, sino que también son un mensaje que busca transmitir la 

Autoridad para desincentivar este tipo de actos cada vez más descubiertos y 

rechazados por sus efectos transversales a toda la sociedad. Tenemos por 

ejemplo el caso de Walmart que aceptó pagar una multa $137 millones de dólares 

y una declaración de culpabilidad por el pago de facilitación a funcionarios de 

gobierno de algunas geografías donde se ubicaban sus subsidiarias (Zagaris, 

2019). 

 

De igual manera, la existencia de un proceso judicial y la probabilidad de que se 

falle  en contra de la empresa va a requerir que ésta reconozca una provisión 

adicional en la contabilidad, ya que de acuerdo a las “Normas Internacionales de 

Contabilidad Nº 37 Provisiones, Pasivos Contigentes y Activos Contigentes”, las 

Provisiones se reconocen cuando “(a) una entidad tiene una obligación presente 

(ya sea legal o implícita), como resultado de un suceso pasado; (b) es probable 

que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 



6 
 

económicos para cancelar tal obligación; y (c) puede hacerse una estimación fiable 

del importe de la obligación”1 

 

 Impacto Reputacional: 
La reputación de una empresa se reconoce como un activo intangible, un recurso 

de la empresa (Martinez León y Olmedo Cifuentes, 2009, p.128). La reputación 

aporta en la competitividad de la empresa, ya que a partir de ella se convierte en la 

primera opción a elegir, en esta línea Amaia Arribas señala que la reputación 

“supone un nuevo factor de liderazgo que hace que una empresa sea la opción 

preferida para trabajar, comprar, invertir y compartir vecindad en un mismo lugar”. 

(2016, p. 80). 

 

Es así que la reputación juega un rol importante en la organización, de manera que 

ante cualquier evento que asocie a la empresa con hechos que contradigan el 

marco empresarial que sirvió de base para la construcción de la reputación, ésta 

puede verse seriamente impactada. Ahora bien, en nuestra posición consideramos 

que vale mencionar que es posible que el nivel de impacto pueda variar entre las 

empresas, ya que por un lado importa el valor que la sociedad aplique a la 

corrupción y por el otro lado importa evaluar cómo el involucramiento en actos de 

corrupción se relaciona con el servicio o producto que la empresa lleva al mercado. 

En todo caso, es un aspecto que las empresas no pueden dejar de considerar 

cuando evalúan el riesgo que representa en sus negocios el perder su reputación 

en el mercado. 

 

Lo anterior no constituye una lista cerrada, sino que por el contrario podría incluir impactos 

adicionales no previstos en este artículo dependiendo de cada situación particular. 

 

 

 

                                                           
1 Versión actualizada: Resolución Nº 003-2019-EF/30 Oficializan el Set Completo de las Normas 
Internacionales de Información Financiera versión 2019 (NIC, NIIF, CINIIF y SIC)  

 

 



7 
 

HIPÓTESIS: 
 
La Hipótesis planteada en este artículo es la utilidad de los Programas de Compliance 

particularmente en los casos de empresas privadas involucradas en temas de corrupción, 

como una herramienta que permita la continuidad de la actividad comercial sobre la base 

de un nuevo compromiso social. Se plantea así la discusión sobre la extensión de los 

beneficios de un Programa de Compliance más allá de su rol preventivo, para reconocerla 

también en una situación posterior al involucramiento en actos de corrupción o a la 

presunta comisión del delito asociado. Asimismo, se incluyen componentes mínimos de 

los Programas de Compliance, en su rol Ex-Post, que le brinde contenido real al cambio 

en la organización. 

 

Al respecto, se desarrolla en este artículo lo que se entiende y conoce sobre el 

Compliance o Cumplimiento Normativo, como parte del soft law y de una práctica 

delegación del Estado hacia el sector privado para que las empresas del sector privado 

sean quienes definan su propio marco de conducta siguiendo no solo requerimientos 

regulatorios locales o internacionales aplicables, sino también principios éticos adecuados 

para asegurar que su actividad empresarial, comercial se está llevando a cabo tomando el 

marco regulatorio, y los riesgos que su actividad conlleva o que se le asocian.  

 

Los beneficios del Compliance se han enfocado principalmente en su aspecto preventivo, 

esto ha sido ampliamente reconocido no sólo a nivel doctrinal sino también recientemente 

en regulación local, como se desarrolla más a detalle en el marco teórico de este artículo, 

sin embargo es importante que ante situaciones como las que actualmente vivimos en el 

país, con un Gobierno que busca una reforma de la debilidad institucional e implementa 

regulación para combatir la corrupción, es necesario que el rol preventivo sea extendido 

para aterrizarlo a la realidad que el país experimenta, ya que en el pasado cercano las 

prácticas avaladas por la corrupción fueron ampliamente aceptadas y utilizadas, 

generando así que muchas de las empresas privadas puedan encontrarse en la 

necesidad de implementar un Programa de Compliance como recuperación de sus 

valores. 

 

Este Programa de Compliance Ex-Post en particular resultará del encuentro de conceptos 

claves del Compliance y de aspectos aplicables del Buen Gobierno Corporativo, 



8 
 

principalmente en aquello que fomente la transparencia hacia el mercado, sin limitarse 

sólo a empresas que coticen en bolsa, ya que el interés de prevenir y combatir la 

corrupción en las relaciones comerciales entre el Estado y las empresas del sector 

privado, es de interés de todos, dado que los costos negativos de la corrupción tienen un 

alto impacto social como se desarrollará en el marco teórico. Esto además permitirá 

evidenciar que la implementación de un Programa de Compliance Ex-Post no sea un 

simple documento sin utilidad, sino que por el contrario permitirá validar sostenibilidad. 

 

Se plantea para discusión no obstante si es que el Programa de Compliance Ex-Post 

puede generar impacto en la recuperación de la reputación de la empresa o si por el 

contrario, no juega ningún rol relevante, ya que para algunos autores, la posición de la 

reputación afectada no necesariamente se produce por cualquier acto realizado en contra 

de la ley sino que tendría que estar necesariamente relacionada con su objeto de negocio 

y que además se evidencie el impacto negativo producido en el consumidor. 

 

 

OBJETIVOS: 
 

1. Plantear la utilidad del Programa de Compliance Ex-Post. 

2. Proponer aspectos claves de un Programa de Compliance Ex-Post aplicables a 

empresas locales involucradas en temas de corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 
 

 
El propósito de este artículo de investigación es evidenciar la utilidad de la 

implementación de Programas de Compliance Ex-Post en empresas involucradas en 

temas de corrupción, en su búsqueda de continuidad comercial y en algunos casos de 

recontrucción de su reputación, así como plantear componentes mínimos que permitan 

garantizar que el contenido de los Programas de Compliance Ex-Post van más allá de la 

teoría y que se tratan de una real herramienta práctica para la gestión del riesgo de 

corrupción en las empresas que interactúan con funcionarios públicos. Para este fin es 

necesario establecer el marco conceptual que sirve de base para entender los conceptos 

que se discutirán en las siguientes seccions del presente artículo.  

 

De esta manera, resulta relevante para la lectura de este artículo partir de un 

entendimiento del problema que se discute en este artículo: la corrupción como concepto 

general y en particular su presencia en las relaciones comerciales entre funcionarios 

públicos y representantes de empresas del sector privado, haciendo referencia 

especialmente a la reciente regulación de responsabilidad administrativa de personas 

jurídicas por delitos de corrupción, ya que es ahí donde se plantea formalmente a nivel 

local la recomendación de implementar un Modelo de Prevención que se ajuste al tamaño 

y complejidad de la empresa.  

 

Posteriormente, se revisará la naturaleza del Compliance a partir del análisis de la 

autoregulación, conocer cómo se plantea localmente en la regulación, y que se entiende 

por su producto denominado “Programa de Compliance”. Esto se engranará a su vez con 

los conceptos de Bueno Gobierno Corporativo, tomando como principal aporte la gestión 

de transparencia que podrá evidenciar sostenibilidad en la administración de riesgos2.  

 

1.1. Corrupción 
 

Para entender el fenómeno de la Corrupción resulta relevante partir de reconocer que la 

Corrupción en el Perú no es algo reciente sino que lamentablemente forma parte de 

                                                           
2 El Reglamento de la Ley Nº 30424 reconoce los riesgos legales, riesgos comerciales u operativos, riesgos 
económicos y riesgos reputacionales. Sin embargo en el presente trabajo no se hará una especificación de 
estos de forma individual sino que serán referidos como los riesgos asociados a corrupción que forman parte 
inherente de la actividad comercial de determinadas empresas. 



10 
 

nuestra historia. Así, en el libro  “Historia de la corrupción en el Perú” de Alfonso Quiroz se 

describe detalladamente cómo la corrupción ha estado presente en nuestra Historia desde 

tiempos de la colonia, la cual podía observarse a través del cobro excesivo e injustificado 

de tributos a los indios en favor del beneficio privado de los corregidores. (2018, p. 51), 

pasando así también en los inicios de la república y la extraccion ilegal de plata y el 

contrabando que ligaban los intereses privados y oficiales en redes de corrupción. (2018, 

p. 109), apareciendo de igual manera en los gobiernos democráticos del siglo 20. (2018, 

p.312). 

 

Lo anterior nos permite entender la complejidad de la corrupción que el tema de la 

corrupción se aborde de manera integral, ya que la corrupción pública ha tenido varios 

años para cimentarse en las instituciones públicas y ha aprovechado su debilidad para 

seguir fortaleciéndose. No se trata pues de algo simple de solucionar o erradicar, si no 

que por el contrario va a requerir que sea combatido desde muchos frentes, no sólo el 

estatal.  

 

En cuanto a una definición “formal” de Corrupción, vale precisar que si bien no se ha 

encontrado una definición como tal sí se ha considerado pertinente y útil partir de la 

definición que propone Lorenzo Pelligrini, quien indica que: “Corruption is behavior which 

deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, 

close family, private clique) pecuniary or status gains”3 (2011, p.16). La corrupción sería 

como bien señala Pelligrini, una desviación del camino correcto a seguir, un camino 

previsto o definido para una función especial, la función o el rol público.  

 

Por su parte Rafael Chanjan resume de forma clara justamente lo que se espera de este 

rol público señalando que  “La administración pública, entendida como función pública, 

merece la tutela penal en la medida en que es el instrumento a trav�s del cual el Estado 

hace llegar de manera igualitaria los servicios públicos, como educación, salud, seguridad, 

etc., a los ciudadanos, posibilitando el disfrute efectivo de sus derechos fundamentales”. 

(2017, p. 122) 

 

                                                           
3 La corrupción es el comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol debido a ganancias 
pecuniarias o de estatus privado (personal, familiar cercano, círculo privado). (Traducción propia) 



11 
 

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace énfasis en el 

impacto de esta denominada desviación y afirma que “La corrupción afecta infinitamente 

más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad 

de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y 

desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo 

rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. 

(Naciones Unidas, 2004, p. 3) 

 

En esa misma línea, la Ley Nº 28175, Ley del Empleo Público, señala en su artículo 2º 

que todo empleado público está al servicio de la Nación y debe cumplir con los deberes 

generales que se exigen a dicha función; dentro del conjunto de deberes, encuentro 

pertinente rescatar las siguientes ya que ayudan a entender la diferencia entre el camino 

correcto y lo que sería su desviación:  

 

a) Cumplir su función buscando el desarrollo del país y la continuidad de las 
Políticas de Estado y  
b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y obligaciones 
del servicio.  

 

La motivación para ingresar a la función pública debe ser entonces un interés 

prestacional, debe buscar trabajar para alcanzar el bienestar del colectivo, de la sociedad, 

de forma desinteresada. La desviación que se aleja de esta finalidad, siguiendo intereses 

personales, es lo que marca o caracteriza a la corrupción. 

 

La corrupción por otro lado, aparece recogida en el Código Penal Peruano, aunque en 

éste no se contempla un artículo que defina específicamente el “delito” de Corrupción, sí 

nombra su sección IV como “Corrupción de Funcionarios”, en donde se incluyen diecisiete 

(17) delitos: (a) Cohecho Pasivo Propio, (b) Soborno Internacional Pasivo, (c) Cohecho 

Pasivo Impropio, (d) Cohecho Pasivo Específico, (e) Cohecho pasivo propio en el ejercicio 

de la función policial, (f) Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, (g) 

Corrupción Pasiva de Auxiliares Jurisdiccionales, (h) Cohecho Activo Genérico, (i) 

Cohecho Activo Trasnacional, (j) Cohecho activo específico, (k) Cohecho activo en el 

ámbito de la función policial, (l) inhabilitación, (m) Negociación Incompatible o 

Aprovechamiento Indebido del Cargo,  (o) Tráfico de Influencias, (p) Enriquecimiento 

Ilícito, (q) Decomiso y (r) Adjudicación al Estado de Bienes Decomisados.  



12 
 

 

En la mayoría de estos delitos estamos frente a delitos de tipo especial, es decir aquellos 

donde “solamente puede ser autor aquel que reúne las calidades personales incorporadas 

en la descripción legal típica, por lo que los sujetos activos no calificados (extranei), no 

pueden ser autores directos, mediatos, o coautores en tales delitos, sino a lo sumo 

partícipes.” (Muñoz García, 2019, p.15). Así, los sujetos activos sí calificados serían los 

funcionarios públicos que solicitan o reciben algo a cambio de ejercer su función o por el 

contrario de omitir sus funciones o tergiversarlas, esto en beneficio de un tercero, el 

extranei. Ahora bien, sobre este extranei anteriormente para el caso particular de los 

delitos sobre corrupción de funcionarios, la legislación peruana planteaba posible 

culpabilidad sólo a personas naturales, lo cual cambió de forma significativa con la 

publicación de la Ley 30424 “Responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas 

por el delito de Cohecho Activo Trasnacional”4, ya que esta Ley establece en su artículo 3º 

que las personas jurídicas sí pueden ser encontradas como responsables por los delitos 

que la Ley describe en su artículo 1º, estos son: 

 

(i) Colusión simple y agravada,  
(ii) Cohecho activo genérico, 
(iii) Cohecho activo transnacional,  
(iv) Cohecho activo específico,  
(v) Tráfico de influencias, recogidos en el Código Penal, así como 
(vi) Los delitos asociados al Lavado de activos, Minera ilegal, Crimen organizado y 

Terrorismo que se recojen en legislación específica;  
 

La condición para la imputabilidad de la responsabilidad administrativa de acuerdo a esta 

Ley, es que los delitos listados siempre hayan sido cometidos en nombre de la empresa o 

por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, básicamente por parte de sus 

empleados, socios, entre otros representantes con cargos de administración, control. A  

manera de comentario, es interesante observar cómo este tipo de responsabilidad se 

incorporó como responsabilidad “administrativa” en Perú pero como responsabilidad 

“penal” en la legislación chilena, a pesar de que sus expectativas y medidas por 

incumplimiento son similares. En ambos casos sin embargo si bien resulta novedoso 

atribuir de responsabilidad a las personas juridicas, su justificación sería justamente la 

efectividad de la autoregulación que se discutirá en la sección siguiente. 

 

                                                           
4 Publicada el 21 de abril de 2016. 



13 
 

Esta incorporación legislativa parecería formar parte de lo que el Estado indica en su Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, en donde se señala que “la estrategia del Estado 

habría pasado de seguir un enfoque reactivo habiendo evolucionado hacia un enfoque 

más amplio que reconoce y desarrolla aspectos vinculados a la prevención, la 

identificación y gestión de riesgo”5.  

 

Esta iniciativa del Estado resulta mas aún relevante si se toma en cuenta que según el 

Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y El Caribe, llevada a cabo por la 

ONG Transparencia Internacional, Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de 

ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es un problema grave en su 

país (96 % y 94 %, respectivamente). (2019, p.10) 

 

De esta manera, queda evidenciado que tal y como se afirmó al inicio de esta sección, la 

corrupción está arraigada en las instituciones públicas del país desde hace mucho tiempo, 

por lo que es necesario que su erradicación tome en cuenta no sólo las iniciativas 

legislativas o punitivas del Estado, sino que también requiere del involucramiento del 

sector privado a través por ejemplo de la implementación de Programas de Compliance 

que como se verá más adelante en el presente artículo resultan de mucha utilidad para 

regularizar el funcionamiento de las empresas del sector privado y su relación con las 

entidades del sector público.  

 

1.2. Autorregulación 
 

Otro de los conceptos clave para entender el propósito de este artículo viene a ser la 

autorregulación, ya que ella forma la base sobre la cual se desarrolla el Compliance y sus 

respectivos Programas.  

 

Así, nos encontramos con que la autorregulación forma parte del denominado Soft Law, 

que es una extensión del cuerpo legislativo a ámbitos que van más allá del texto literal de 

la Ley o del mandato expreso de derecho, para en su lugar optar por básicamente 

plantear expectativas a través de recomendaciones o requerimientos mínimos, que no 

estén necesariamente sujetas a sanciones por incumplimiento. La figura del Soft Law 
                                                           
5 II. Marco metodológico de Desarrollo del Plan 



14 
 

permite que los sujetos tengan cierta libertad para decidir acoger dichas recomendaciones 

y/o decidir las formas en cómo implementarán actividades que les permitan alcanzar 

dichas expectativas.  

 

Pero hablar sobre seguir el modelo Soft Law requiere que se evalúe si es realmente 

efectivo, para lo cual coincidimos con lo que señala Andrei Marmor en su artículo Soft 

Law, Authoritative Advice and Non-binding Agreement, donde discute la naturaleza del 

soft law como un “consejo de la autoridad” que necesita de confianza y sentido de 

cumplimiento para que funcione de forma armoniosa: 

 

In the relations between legitimate authorities and their subjects, there is a 
warranted expectation of compliance. And this expectation is closely entangled with 
an expectation of trust. In order to function properly as an authority in a certain 
domain, the authority needs to have some level of confidence that its subjects 
would normally comply with its directives, and the subjects would need to have 
some level of confidence that other subjects comply. In other words, authorities 
(assuming that they are by and large legitimate) and subjects need to trust each 
other. (2019, pp. 517)6 

 

De esta manera, la efectividad de la autorregulación depende por un lado sentirse 

obligado por la autoridad o por sus pares a mantener estándares de conducta que 

fomenten la legitimidad de los actos desarrollados por las empresas. Esto también es 

reforzado por Bussmann y Niemczeck cuando indican que “Social pressure exerts a 

stronger sanctioning effect than most penal sanctions, because of its permanence and 

comprehensiveness”7 (2017, p. 798). 

 

Sin embargo, su efectividad también esta aunada principalmente al conocimiento experto 

que las empresas del sector privado tienen de su actividad, de sus riesgos inherentes, lo 

cual les permitiría estar en una posición más favorable para poder determinar las 

estructuras de control que mitiguen sus riesgos y que aseguren la continuidad de su 

actividad, emitiendo así el conjunto de reglas que forman parte de su autorregulación. 

                                                           
6 En las relaciones entre autoridades legítimas y los sujetos bajo su alcance de autoridad hay una expectativa 
garantizada de cumplimiento. Y esta expectativa está estrechamente entrelazada con una expectativa de 
confianza. Para que funcione adecuadamente  como una Autoridad en cierto ámbito, la Autoridad necesida 
tener cierto nivel de confianza de que los sujetos bajo su alcance cumplirían normalmente con sus directivas, 
y éstos a su vez tendrían cierto nivel de confianza de que otros sujetos cumplen. En otras palabras, 
Autoridades (asumiendo que son en general legítimos) y sujetos bajo su alcance de dominio necesitan confian 
entre ellos mutuamente. (Traducción propia) 
7 La presión social ejerce un efecto sancionador más fuerte que la mayoría de las sanciones penales, debido a 
su permanencia y exhaustividad. (Traducción propia) 



15 
 

Como muestra de ello, se espera que estas reglas sean recogidas de forma adecuada, 

clara y concreta para el personal que estará recibiendo el mensaje, compartiendo así lo 

que señala  Nieto en su texto Responsabilidad social, gobierno corporativo y 

autorregulación:  

 

El primer elemento de la autorregulación es la necesidad de que las empresas 
establezcan normas de comportamiento que se plasman en instrumentos de muy 
diverso nombre: códigos de conducta, de buen gobierno, de buenas prácticas, 
técnicos o éticos etc. Debido a la complejidad técnica, legal o moral existente en 
muchas sectores la ley no esta hoy en condiciones de regular 
pormenorizadamente un buen número de situaciones. De ahí que la primera 
función de la autorregulación sea normalmente el concretar y especificar principios 
que solo han sido enunciados de forma genérica, y además hacerlo a la luz de las 
distintas peculiaridades de cada empresa (2008, p. 5).  

 

Entonces, tenemos a los Códigos de Conducta, Ética, Programas de Compliance, 

Principios o Códigos de Buen Gobierno Corporativo,  que se desarrollan dentro de las 

empresas para administrar de manera proactiva los riesgos que le atañen a la actividad 

económica que desarrollan. Algunas de estas formas pueden haber partido de 

recomendaciones legislativas, no vinculantes, pero lo cierto es que su contenido sí es 

diferenciado en cada caso, ya que se adecuará a la propia experiencia de cada empresa, 

evaluación de riesgos y objetivos o estrategias.   

 

A través de la autorregulación se reconoce entonces un valor positivo al conocimiento 

interno de las empresas como elemento válido y suficiente para establecer sus reglas de 

juego. Sin embargo, no necesariamente significa que el monitoreo por parte de la 

Autoridad o del Estado sea inexistente o que sobre la base de la confianza mutua entre 

Autoridad y Sujeto que sugiere Marmor no se realicen revisiones a las acciones tomadas 

por los privados para asegurar que sean en efecto suficientes  para los fines que se 

plantearon en determinado ámbito. En ese sentido, Nieto plantea el concepto de 

Autorregulación Regulada, la cual deriva del concepto macro de autorregulación con la 

diferencia de que reconoce como necesaria la supervisión estatal aunque en maneras 

más eficientes y “sofisticadas”.  

 

Esta supervisión es importante, ya que el resultado de una falta de intervención estatal y 

mera dependencia en la autorregulación puede resultar en graves consecuencias para el 

mercado; como lo sucedido con la crisis financiera de 2008, también conocida como Crisis 



16 
 

Sub-prime, que marcó un antes y después en la conducta del mercado financiero 

norteamericano y la forma en cómo su toma de riesgos era administrada y supervisada. Al 

respecto Leiva Buchi señala oportunamente en su artículo Riesgos Financieros después 

de la Crisis Sub-prime, que: “ la excesiva confianza en los modelos internos de cada 

entidad puede ser perjudicial desde un punto de vista de riesgo sistémico, ya que la 

entidad no tendrá incentivos para introducir en sus modelos los efectos sistémicos  que  

tendrían  sus  problemas,  como  fue  el caso de Lehman Brothers” (2009, p.21). 

 

En el Perú, por lo general son las actividades reguladas (Energía y Minas, Sistema 

Financiero, Telecomunicaciones, Transporte Público, entre otros) las que cuentan con una 

supervisión más cercana de parte de la Autoridad, como lo es por ejemplo la actividad 

bancaria, que recibe como minimo una visita de inspección ordinaria anual según lo 

establecido en la Ley 26702 Ley de Bancos y AFPs.  

 

Sin embargo, para aquellas empresas que realizan actividades de negocio fuera de los 

rubros regulados, también se debe considerar como herramienta de soporte a las 

Auditorías Internas o Externas que las empresas pueden contratar para que la efectividad 

de sus programas de autorregulación puedan verificarse; o como sucede en el caso de la 

reciente regulación peruana sobre Programas de Anticorrupción (Ley 30424), el Estado 

puede delegar las actividades de “validación” a una agencia regulatoria, la 

Superintendencia de Mercado de Valores-SMV, con la finalidad de confirmar la integridad 

de estos Programas una vez que las empresas se encuentren involucradas en procesos 

de investigación por delitos de corrupción y similares, esta revisión por parte de la SMV 

permitirá “activar” los beneficios que la Ley plantea. Este encargo a la SMV obedecería a 

una presunción de especialidad y conocimiento del mercado para evaluar estándares de 

conducta en esta materia, tal y como lo indica Antony Ogus en su artículo Estructuras e 

Instituciones regulatorias, sobre que “las agencias regulatorias cuentan con conocimiento 

técnico específico que puede facilitar  la formulación e interpretación de stándares” 

(2007,p.282). 

 

1.3. Programas de Compliance 
 

Como se desarrolló en el punto anterior, la autorregulación permite que las empresas del 

sector privado definan sus marcos internos de regulación, que pueden o no tomar en 



17 
 

cuenta alguna sugerencia regulatoria estatal o simplemente obedecer a una decisión 

proactiva privada de cubrir determinado tema dentro de su política de administración de 

riesgos . Como una de las formas que encontramos de autorregulación tenemos al 

Compliance, término anglosajón cuya definición literal nos dice “cumplimiento”, que 

plantea un contenido que se materializa o manifiesta en los denominados Programas de 

Compliance, que como señala Nieto en su texto “Problemas Fundamentales del 

Cumplimiento normativo en el Derecho Penal” desde su visión penal, que “los sistemas de 

compliance son sistemas de control social empresarial que ayudan al Estado y al derecho 

penal en su tarea de control la criminalidad”. (2016, p. 172) 

 

En ese mismo texto, Adán Nieto plantea brevemente las causas que han permitido el 

posicionamiento de los Programas o Sistemas de Compliance en la autorregulación 

empresarial: 

  

“La autorregulación empresarial, además de tener una función propia dentro del 
sistema de normas penales o de los ordenamientos jurídicos, ha generado un 
sistema de enforcement autónomo que ha contribuido a la expansión de los 
programas de cumplimiento. (…) En un mundo globalizado, donde la capacidad 
reguladora y sancionadora de los Estados desgraciadamente se ha debilitado, el 
cumplimiento normativo es un instrumento de gobernanza global o global law” 
(2016, p.173) 

 

De igual manera, en la Introducción del “Libro Blanco de Compliance” se señala que:  

 

“Fenómenos como la globalización de la economía o la necesidad de trascender 
las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la 
sociedad, han contribuido a incrementar las necesidades de Compliance, 
acelerando la evolución en la curva de madurez de una función que se percibe 
como factor clave de buen gobierno corporativo” (Asociación Española de 
Compliance, 2017, Pp.5). 

 

Ante el debilitamiento de la capacidad reguladora del Estado que plantea Nieto, en el 

texto citado en el primer párrafo de esta sección, surgen las propuestas o 

recomendaciones que realizan los organismos internacionales en el marco de asegurar 

que la actividad privada no desconoce la importancia de alinearse con altos standares de 

conducta y con el cumplimiento de la regulacion que la atañe. Así, tenemos por ejemplo 

que en el texto “Etica anticorrupción y elementos de cumplimiento - Manual para 

Empresas” emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 



18 
 

(OCDE o OECD) se plantea como factor importante en la lucha contra la corrupción el 

establecimiento de modelos de evaluación de riesgos como base para la efectividad de un 

Programa de Cumplimiento. (OCDE, 2013, Pp. 16). De igual manera, la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción recoge en su artículo 12 las expectativas que 

debe establecer el Estado para el sector privado, dentro de las cuales se encuentra el 

siguiente: 

 

“Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a 
salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos 
de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades 
comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de 
conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas 
comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas 
con el Estado” (Naciones Unidas, 2004, p. 15) 
 

Estas expectativas planteadas por la OCDE coinciden con la definición que realiza Clavijo 

a los Programas de Compliance en su artículo “Criminal Compliance en el Derecho Penal 

Peruano” (2014, p.630) donde señala que el Programa de Cumplimiento sirve para 

prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de las empresas o 

como parte de las actividades que realizan. 

 

El involucramiento de las empresas en la definición de su regulación interna es reciente 

en el Perú, a pesar de que se han experimentado las mismas causas que las descritas por 

doctrina citada especialmente en esta sección. Podríamos decir así que la visión 

regulatoria siempre se orientó hacia lo tradicional, el hard law. De hecho, hablar de 

Cumplimiento en el Perú, estaba antes relacionado únicamente a las actividades 

reguladas, donde el tener un Programa de Compliance no era optativo sino mandatorio. 

Por ejemplo en la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se 

encuentran los requerimientos realizados a las empresas del sistema financiero para que 

implementen dentro de sus organizaciones, dos funciones clave dentro del ambiente de 

Control, por una lado la Función de Cumplimiento Normativo8 y por otro lado, una Función 

                                                           
8 Versión actualizada: Resolución SBS Nº  272-2017 Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión 
Integral de Riesgos. 
 
Artículo 28°.- Función de cumplimiento normativo 
La función de cumplimiento normativo incorpora la evaluación y monitoreo del cumplimiento de toda la 
normativa aplicable a la empresa supervisada, tiene como objetivo identificar y poner en conocimiento 
oportuno de las áreas responsables de las empresas aquellas normas externas que tienen un impacto directo 
en las funciones que estas realizan, así como las normas internas vinculadas, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones. 



19 
 

de Cumplimiento para el sistema de prevención de lavado de activos9, ambas  en 

resumidas cuentas buscaban asegurar que la actividad financiera se realizará en 

cumplimiento de la regulación local o interna (políticas corporativas).  

 

Sin embargo, es importante que reconozcamos los cambios que el Estado ha venido 

introduciendo desde hace algunos años en este aspecto. Tenemos así que la 

recomendación para implementar Programas de Compliance o Modelos de Cumplimiento 

Normativo, hoy se vuelve cada vez más recurrente, sobre lo cual se puede considerar que 

el punto de partida de esta tendencia en el plano regulatorio local fue la publicación de la 

Ley N” 30424 el 21 de abril de 2016 mediante el cual el Estado le proponía a las 

empresas contar con Modelos de Prevención para el riesgo de corrupción. Por otro lado, 

en temas de protección al consumidor, se encuentra también la propuesta de los 

Programas de Compliance, ya que mediante la publicación del Decreto Legislativo Nº 

1390 en septiembre de 2018, se introdujo una modificación al artículo 112º del Código de 

Protección al Consumidor, donde se acepta como parte de los Criterios de graduación de 

las sanciones administrativas cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa 

efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en el Código. Siguiendo esta 

tendencia, el 30 de noviembre de 2019 se publicó el Decreto Supremo Nº 185-2019-PCM 

que aprobó el Reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de 

                                                                                                                                                                                 
Las empresas deben determinar la forma más apropiada y eficiente de implementar la función de 
cumplimiento normativo de acuerdo con sus propias necesidades y organización interna, asegurando que 
dicha función cuente con recursos suficientes para realizar una labor efectiva. (…) 

Artículo 30°.- Políticas y procedimientos de cumplimiento normativo 
El directorio de la empresa debe aprobar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, en un 
documento formal en el cual se establezca una función de cumplimiento normativo permanente y efectiva en 
la empresa. Dicho documento debe contener los criterios a seguir por la gerencia y el personal, y explicar los 
principales procesos que permitirán prevenir, identificar y mitigar la posibilidad del incumplimiento normativo 
en todos los niveles de la organización. El referido documento debe encontrarse a disposición de la 
Superintendencia. 
 
9 Versión actualizada: Resolución SBS Nº 2660-2015 Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 
 
Artículo 18°. - Manual  
Las políticas y procedimientos relacionados al cumplimiento del sistema de prevención del LA/FT, por parte 
del directorio, gerentes y trabajadores de la empresa; y, la gestión de riesgos de LA/FT, deben estar incluidos 
en el manual. El manual debe contener como mínimo la información señalada en el Anexo No 2, y ser 
aprobado por el directorio.  (…) 
 
Artículo 19°. - Código de conducta  
Los directores, gerentes y trabajadores deben comprometerse a poner en práctica un código de conducta, 
aprobado por el directorio, destinado a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del 
LA/FT y establecer medidas para garantizar el deber de reserva indeterminado, de la información relacionada 
al sistema de prevención del LA/FT.  (…) 
 



20 
 

programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y 

publicidad comercial.10 

 

De esta manera los Programas de Compliance ya no son metodologías o compendios 

desconocidos en el Perú sino que están tomando cada vez mayor posicionamiento dentro 

de las estructuras de control que las empresas definen más conveniente.  

 

Sobre la utilización de estos Programas para enfrentar aspectos de relevancia o interés 

general, tales como la lucha contra la corrupción, se observa que en Estados Unidos y en 

Europa los Programas de Compliance ya son utilizados para estos fines, esto 

principalmente debido a que los escándalos de corrupción que han sido revelados en 

estas geografías se han dado antes que en nuestro país. Esta casuística ha fomentado el 

interés de explorar los beneficios del Compliance en las empresas principalmente como 

una forma de prevenir o mitigar los riesgos legales, reputacionales, financieros, entre 

otros, que un incumplimiento pueda generarle a las empresas. Por ejemplo, para los 

analistas de la crisis económica del 2008 generada por las hipotecas subprime, el poco 

interés de los Bancos por una gestión comercial basada en una toma controlada de 

riesgos fue también una de las causas de la debacle financiera. Como respuesta, los 

Programas de Compliance debieron ser implementados o reforzados para evitar que ello 

vuelva a ocurrir. 

 

Como hemos citado anteriormente, a nivel local contamos con la Ley 30424, la cual juega 

un papel muy importante en este cambio de visión de parte del Estado y aporta al 

fortalecimiento del Compliance en el país, dado que además de reflejar el especial interés 

del Estado para la lucha contra la corrupción; un aspecto de esta Ley tiene impacto directo 

en la hipótesis de este artículo, al permitir que la implementación de un Modelo de 
                                                           
10 Versión actualizada: Decreto Supremo Nº 185-2019-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
que promueve y regula la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de 
protección al consumidor y publicidad comercial 
 
Artículo 3. Definiciones  
3.1. programas de cumplimiento normativo:  
Conjunto de políticas y procedimientos implementados por un proveedor a fin garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de las normas de protección al consumidor y publicidad comercial.  
Los programas de cumplimiento tienen como objetivo detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de a 
normativa de parte de los proveedores, así como implementar medidas correctivas y preventivas que mejoren 
la gestión interna de los procesos de fabricación, elaboración, manipulación, acondicionamiento, mezcla, 
envasado, almacenamiento, preparación, expendio, suministro de productos o prestación de servicios de 
cualquier naturaleza para los consumidores.  
 



21 
 

Prevención puede tener un efecto favorable para la persona jurídica en el proceso 

administrativo en el que se pueda ver involucrada por temas de corrupción y delitos 

conexos, y que logre una vez validada la existencia real de dicho Modelo, eximir de 

responsabilidad administrativa a las personas jurídicas.  

 

Con la publicación de la Ley 30424 se busca así que la implementación del Modelo de 

Prevención pueda evitar esos “defectos de organización” que describe Ivan Navas, quien 

señala que uno de los requisitos de la responsabilidad de la persona jurídica es que exista 

un “defecto de organización de la propia empresa que se refleja en el incumplimiento de 

deberes de dirección y supervisión que facilitan la comisión del delito respecto a las 

personas físicas. El denominado defecto de organización puede comprenderse como un 

déficit de auto regulación permanente de la persona jurídica. Se trata de una omisión de 

medidas preventivas necesarias para evitar que posteriormente se cometan delitos dentro 

del ejercicio de su actividad.” (Navas, 2018, pp. 1038) 

 

La Ley 30424 marca un punto de quiebre temporal y circunstancial que gatillará el nivel de 

beneficio de la exoneración de responsabilidad, así señala que si la implementación del 

Modelo de Prevención se da antes de la comisión del delito, servirá para solicitar la 

exención o exoneración de la responsabilidad administrativa; mientras que, si la 

implementación fue después de la comisión del delito, pero antes del inicio del juicio oral, 

servirá sólo como atenuante de la pena. De esta manera, la implementación de un Modelo 

de Prevención cobra una relevancia especial a partir de esta Ley ya que podría asegurar 

a las empresas del sector privado no ser encontradas responsables por actos de 

corrupción que sus representantes hayan podido cometer. El contenido mínimo que la Ley 

30424 proponer para el Modelo de Prevención toma como referencia el Modelo 

establecido por la OCDE para fortalecer la lucha contra la corrupción, y se describe en el 

numeral 17.2 del artículo 17º de la Ley, en donde se señala: 

 

17.2. El modelo de prevención debe de contar con los siguientes elementos 
mínimos: 

17.2.1 Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de 
administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según 
corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de 
las micro, pequeña y mediana empresas, el rol de encargado de prevención 
puede ser asumido directamente por el órgano de administración. 



22 
 

17.2.2. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la 
comisión de los delitos previstos en el artículo 1 a través de la persona 
jurídica. 
17.2.3. Implementación de procedimientos de denuncia. 
17.2.4. Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. 
17.2.5. Evaluación y monitoreo contínuo del modelo de prevención. 

 

Esta estructura planteada para el Modelo de Prevención sigue una estructura similar a lo 

que se conoce de forma general también como un Programa de Compliance. De hecho, 

en el Libro Blanco de Compliance sobre la Función de Compliance, publicada por la 

Asociación Española de Compliance se listan los principales aspectos que estos 

Programas deben contener, los mismos que se pueden resumir en i) autonomía de la 

función de Compliance, ii) Proceso de identificación y administración de riesgos, iii) 

capacitación, iv) Reporteria, v) canales internos de denuncia y v) procedimientos de 

monitoreo. (2017, pp. 4- 51) 

 

Adicionalmente, en el texto “The Pareto Principle in leveraging Dynamic Compliance 

Program Effectiveness” de Kanish Chopra, la autora coincide en esencia con estos 

componenentes mínimo, pero incorpora un “pilar” adicional de todo Programa de 

compliance: “Respond promptly to detected offenses” (2017, P. 24) 

 

De igual manera, a nivel de estándares internacionales tenemos a las ISO 19600 Guías 

para las administración de Compliance o Cumplimiento Normativo y la ISO 37001 

Sistemas de Anticorrupción, si bien su contenido no es de libre acceso sino que requiere 

de un costo de adquisición según lo que indica el portal web de la International 

Organization for Standarization, sin embargo sí resumen en su portal lo que proponen 

como contenido mínimo de referencia para que las empresas las adopten voluntariamente 

como parte de su ambiente de control. Por ejemplo, se indica que para lo referente a 

sistemas de anticorrupción la propuesta que se publica en el portal web considera incluir: 

“i) Anti-bribery policy, ii) Management leadership, commitment and responsibility, iii) 

Personnel controls and training, iv) Risk assessments, v) Due diligence on projects and 

business associates, vi) Financial, commercial and contractual controls, vii) Reporting, 

monitoring, investigation and review and viii) Corrective action and continual 



23 
 

improvement”11. Cabe resaltar sin embargo que sólo la ISO 37001 es certificable mientras 

que la ISO 19600 no lo es.12 

 

Vemos en ese sentido, que los Programas de compliance pueden mantener una 

estructura similar que asegure un contenido mínimo que permita que el Programa sea lo 

más efectivo posible. Los pilares de su construcción resultan básicamente iguales a nivel 

de la doctrina, aunque la efectividad de los mismos va a depender de su contenido 

adicional o de cómo los principios son ajustados a la realidad de cada emprsa. Aquí 

coincidimos aquí con lo que señala Ana Maria en su texto “La efectividad de los criminal 

compliance programs como objeto de prueba en el proceso penal” donde plantea que: 

 

“el modelo responda a la idiosincrasia de la organización, esto es, que sea idóneo 
para la organización en que se va a implementar. Por consiguiente, no existe un 
programa de cumplimiento de validez general, sino que el programa, para ser 
efectivo, debe adecuarse a las características estructurales de la entidad, a los 
riesgos propios de su actividad y al entorno legal en que opera. En esta línea, se 
afirma que “un modelo estereotipado de cumplimiento que no atiende a las 
peculiaridades organizativas de cada concreta organización es, por definición, 
ineficaz” (2016, p.479) 
 

Es fundamental entonces que dentro del proceso de elaboración del Programa de 

Compliance no se  dejen de considerar y evaluar las particularidades de la empresa 

donde va a ser implementada. Así, aún cuando los Programas de Compliance puedan ser 

semejantes en esencia, no deben buscan ser por ningún motivo simples plantillas o 

códigos que pueden ser copiados a todas las organizaciones por igual; sino que por el 

contrario se espera que sea lo suficiente abierto y particular como para incorporar 

aspectos únicos y útiles para la actividad de determinada empresa, así por ejemplo, 

podríamos decir que si estamos frente a un empresa cuyo objetivo sea actuar de agente 

de intermediación en el mercado de valores, se entenderá que por el tipo de actividad que 

realiza es natural y probable y que tenga acceso a información privilegiada, según la 

definición que indica la Ley del Mercado de Valores para ello13, entonces le será más 

                                                           
11i) Política de Anti-corrupción, ii) Gestión de liderazgo, compromiso y responsabilidad, iii) Controles 
Personales y Capacitación, iv) Evaluación de Riesgos, v) Debida Diligencia en Proyectos y socios de 
negocios, vi) Controles financieros, comerciales y contractuales, vii) Reporte, monitoreo, investigación y 
revisión, y viii) Acciones correctivas y mejora continua. (Traducción propia) Para mayor información visitar:  
 https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html 
12 Para mayor información visitar: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en  
13 Ver versión actualizada: Decreto Supremo N° 0093-2002 Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de 
Valores  
Artículo 40º Definición: 

https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en


24 
 

adecuado implementar un Programa de Compliance que busque asegurar que existe un 

uso adecuado de información privilegiada que evite un aprovechamiento de la información 

en beneficio personal de los empleados de dicha organización, que podría a su vez 

impactar el libre comportamiento del mercado. De igual manera, si en cambio estamos 

frente a una empresa que tiene como contraparte comercial a Entidades estatales, 

entonces es más relevante que su Programa de Compliance busque cubrir los riesgos de 

corrupción específicamente cubriendo los puntos donde la relación puede tener más 

exposición, como por ejemplo la participación en los concursos o licitaciones públicos, el 

ofrecimiento de los servicios o productos, entre otros. 

 

Como vemos, el Programa de Compliance puede ser de mucha utilidad para las 

empresas, siempre que sea adecuado y tenga una supervisión interna que asegure 

cumplimiento y sostenibilidad. No sólo la regulación penal la ha considerado importante 

para la gestión de riesgos en el sector privado, sino que también se ha ido incorporando 

en regulación administrativa lo que demuestra que la puesta en práctica de los Programas 

de Compliance ha demostrado ajustarse de mejor manera a las necesidades de las 

empresas del sector privado en su gestión interna de control. Es importante sin embargo 

que estos Programas tengan un contenido claro y sean dirigidos de forma eficiente, 

pasando a la práctica los estándares o requerimientos que la misma empresa se impone a 

si misma. Esto es necesario para que los Programas de Compliance alcance la finalidad 

que proponen ya que de lo contrario se vaciaría de contenido a los objetivos que 

promueve la autorregulación a través de la implementación de Programas de Compliance.  

 

1.3.1. ¿Cómo evitar los Programas de Compliance de Apariencia? 
 

La implementación de los Programas de Compliance no debe ser visto bajo ningún 

supuesto como un “cumplir por cumplir” o simplemente como uno o varios documentos 

que busquen dar una “apariencia de cumplimiento”. No se debe buscar trabajar sólo sobre 

el papel, esto es que no esté aterrizado realmente a las necesidades de la empresa o a 

los riesgos inherentes a su actividad, o que por otro lado sea de contenido tan complejo 

                                                                                                                                                                                 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por información privilegiada cualquier nformación referida a un 
emisor, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos o garantizaods, no divulgada al mercado, y 
cuyo conocimiento público, por su naturaleza, sea capaz de influir en la liquidez, el precio o la cotiazación de 
los valores emitidos. Comprende, asimismo, la información reservada a que se refiere el artóculo 34º  de esta 
Ley y aquella que se tiene de las operacones de adquisición o enajenación a realizar por un inversionista 
institucional en el meracdo de valores, así como aquella referida a las ofertas publicas de adquisición. 



25 
 

que su cumplimiento no sea posible por no ser de fácil entendimiento para quiénes deben 

tenerlo presente en el día a día. 

 

Ya sea que la motivación para la implementación de los Programas de Compliance haya 

obedecido a intereses diferentes como el lograr ser encontrado libre de responsabilidad 

administrativa en el marco de una investigación por delitos de corrupción (supuesto 

permitido por la Ley Nº 30424) o como para poder evidenciar una intención y conducta de 

cambio que mitigue el impacto que una situación negativa en la empresa pueda generarle 

y logre así evitar su extinción, siempre se debe buscar que los Programas de Compliance 

sean realmente efectivos.  

 

En esa línea, Ismael Clemente y Manuel Álvarez señalan acertadamente en su texto 

¿Sirve de algo un Compliance Penal? ¿Y qué forma le doy?, que uno de los principios 

rectores de los programas de prevención de delitos es que “la compliance penal no puede 

ser de papel, no puede ser una commodity, un producto fungible, intercambiable, válido 

para cualquier empresa y situación, desconectado del caso concreto y resuelto en un 

simple protocolo por escrito. Debe acreditarse el compromiso efectivo de la compañía y 

sus órganos de dirección en la instauración de una política real, tangible, adecuada al 

caso concreto”. (2011, p.44) 

 

De igual manera, Kanish Chopra resalta en la introducción de su artículo “The Pareto 

Principle in leveraging Dynamic Compliance Program Effectiveness”, que:  

 

“The core of compliance, and objective of compliance departments, is to establish 
an effective compliance and ethics program. If compliance were a sport, there 
would not be a medal for mere participation. In other words, a program is 
meaningless and essentially “for show” unless it is designed and operated to 
actively prevent and detect criminal conduct and offense. To achieve the goal of an 
effective compliance program, compliance officers must actively engage 
compliance at the operational level. It is, therefore, imperative to concentrate 
ongoing compliance program efforts toward combating the roots of compliance 
risk.”14 (2017, P. 23) 

                                                           
14 El corazón del cumplimiento (compliance), y objetivo de los departamentos de cumplimiento, es establecer 
un programa de cumplimiento y ética efectivo. Si el cumplimiento fuera un deporte, no habría una medalla por 
la mera participación. En otras palabras, un programa carece de significado y es esencialmente “para mostrar” 
a menos que sea diseñado y operado para prevenir y detectar activamente la conducta criminal y la ofensa. 
Para alcanzar esta meta de un programa efectivo de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento deben 
comprometer activamente el cumplimiento a un nivel operativo. Es así, por tanto, imperativo concentrar los 
esfuerzos continuos de los programas de cumplimiento hacia combatir las raíces del riesgo de cumplimiento. 
(Traducción propia) 



26 
 

Es muy importante entonces que los Programas de Compliance busquen en todo sentido 

ser adecuados a cada empresa y que sean fáciles de integrar dentro de su estructura de 

control y administración, para garantizar de esa forma que puedan ser puestos en práctica 

por cada miembro de la empresa. En caso ello no se pueda asegurar entonces sería una 

clara señal de que un ajuste es necesario y hay que realizarlo de forma oportuna, ya que 

no tomar acción ante esa asimetría entre lo que se pretende conseguir y lo que se puede 

conseguir en la realidad podría traer consecuencias significativas para las empresas. Esto 

se discute de forma bastante clara en el texto de Stevens and Buechler, “An analysis of 

the Lehman Brothers Code of Ethics and the role it played in the firm” donde tambi�渀 

hacen referencia a casos emblemáticos de conducta no ética que destruyó empresas, 

como el caso de Enron, sobre el cual revela que: Enron’s ethical failure, which cost 

investors around $11 billion, reflected a controlled organization where individuals felt they 

could not communicate openly about wrongdoing they were observing. Enron had an 

ethical code, but it also had multiple sets of books and the board of directors had the 

authority to suspend the code (which they did more than once) when they wanted to act 

against it.” (2013, p. 45).  

 

De igual manera está el ejemplo de Lehman Brothers, sobre el cual los autores se 

explayan en el texto indicando en resumidas cuentas que “Lehman Brothers’ code lacks 

unique features and appears to be written by legal experts to protect the firm against 

egregious behavior” (2013, p. 51)15, “Lehman’s ethical code and code of conduct have an 

absence of transformational language. No visionary ideas are present nor is the document 

inspirational or thought provoking (…) the code could be utilized by any bank, or financial 

institution, or insurance company. It focuses only on actions that could hurt the firm” (2013, 

p. 52)16. Al respecto de este análisis si bien el Código de Ética o Código de Conducta no 

constituyen por sí mismos un Programa de Compliance, sí representan uno de los 

documentos principales que las empresas elaboran ya que en ellos se busca incorporar 

los principios que defiende la empresa y la cultura que pretende fomentar dentro de la 

organización. De esta manera, resulta relevante que un Programa de Compliance efectivo 

se apalanque en un código de ética o de conducta eficiente y que como proponen los 

                                                           
15 El código de ética de Lehman Brothers carecía de características únicas y aparecía ser escrita por expertos 
legales para proteger la firma contra comportamientos escandalosos. (Traducción propia) 
16 El código de ética de Lehman y el Código de Conducta tienen una ausencia de lenguaje transformacional. 
No hay ideas visionarias presentes ni el documento es inspirador o estimulante (...) el código podría ser 
utilizado por cualquier banco, institución financiera o compañía de seguros. Se enfoca solo en acciones que 
podrían dañar a la empresa. (Traducción propia) 



27 
 

autores citados en los párrafos previos, tenga un lenguaje claro sobre las expectativas 

que la organización se plantea para todos sus miembros.  

 

1.4. Buen Gobierno Corporativo  
 

El creciente protagonismo de los Programas de Compliance se ha discutido ampliamente 

en el punto anterior, no obstante, sólo se ha considerado su definición primaria desde el 

punto de vista teleológico, es decir observando principalmente su rol o finalidad 

preventiva. Sin embargo, la hipótesis del presente articulo busca explorar y plantear la 

utilidad de estos Programas más allá de su rol preventivo, es decir, inclusive en 

circunstancias donde los hechos que se buscaron evitar en un inicio ya han ocurrido. Para 

este fin es importante revisar el concepto de Gobierno Corporativo, ya que un Programa 

de Compliance que forma una alianza con el los Principios de Buen Gobierno Corporativo, 

será aún más completo. 

 

Como señala López Jimenez en su artículo “La autorregulación en el ámbito de las 

sociedades cotizadas: Notas en torno al Buen Gobierno Corporativo”, éste no tiene una 

definición única sino que se puede entender como el conjunto de “medios y formas en 

virtud de quienes conceden fondos de carácter corporativo se aseguran una retribución 

suficiente a sus correspondientes inversiones.” (2012, p. 72). No obstante esta definición 

es un buen punto de partida, dado que el resultado de un buen gobierno corporativo, 

asegura una adecuada gestión de las estrategias comerciales que permitirán mantener 

una rentabilidad saludable en beneficio de los accionistas, el Buen Gobierno Corporativo 

apunta no sólo a la rentabilidad sino también a garantizar una buena reputación obtenida 

a través de una gestión básicamente transparente. Así no sólo se entenderá al Buen 

Gobierno Corporativo como lo plantea la Comisión  británica Cadbury de 1992, como el 

sistema a través del cual las empresas son dirigidas y controladas (Citado en 

Klaus,2012,p.98), sino que será entendida a partir de sus objetivos, los mismo que 

plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como lo 

siguiente: “Facilitar la creaci�n de un ambiente de confianza, transparencia y rendici�n de 

cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y 

la integridad en los negocios. Todo ello contribuir� a un crecimiento m�s s�lido y al 

desarrollo de sociedades m�s inclusivas”. (2016, p. 7) 

 



28 
 

La OCDE plantea seis principios de Buen Gobierno Corporativo (2016, pp. 13-62): 

 

1. El marco de gobierno corporativo promoverá la transparencia y la equidad de los 
mercados, así como la asignación eficiente de los recursos. Será coherente con el 
Estado de Derecho y respaldará una supervisión y una ejecución eficaces . 

2. El marco del gobierno corporativo protegerá y facilitará el ejercicio de los derechos 
de los accionistas y garantizará el trato equitativo a todos ellos, incluidos los 
minoritarios y los extranjeros. Todos tendrán la posibilidad de que se reparen de 
forma eficaz las violaciones de sus derechos.  

3. El marco del gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a lo largo 
de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de valores funcionen de 
forma que contribuya al buen gobierno corporativo.  

4. El marco de gobierno corporativo reconocerá los derechos de los actores 
interesados que disponga el ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo 
acuerdo y fomentará la cooperación activa entre �stos y las sociedades con vistas 
a la creación de riqueza y empleo, y a la sostenibilidad de empresas sólidas desde 
el punto de vista financiero.  

5. El marco del gobierno corporativo garantizará la comunicación oportuna y precisa 
de todas las cuestiones relevantes relativas a la empresa, incluida la situación 
financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno.  

6. El marco para el gobierno corporativo debe garantizar la orientación estrat�gica de 
la empresa, el control efectivo de la dirección por parte del Consejo y la rendición 
de cuentas ante la empresa y los accionistas. 

 
Por su parte la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV, publicó en noviembre de 

2013 el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas que se 

desarrolla sobre la base de los principios establecidos por la OCDE. De los principios 

contenidos en este Código, rescatamos para efectos de engranarlo con los Programas de 

Compliance Ex-Post lo señalado en el Pilar IV Riesgo y Cumplimiento y en el Pilar V 

Transparencia de la Información que se desarrollará más a detalle en el capítulo III de 

este artículo de investigación. 

 

Aunque el Buen Gobierno Corporativo surgió vinculado a empresas que cotizaban en 

Bolsa, teniendo como función el fomentar la confianza de los inversionistas a través de 

una gestión de transparencia y autorregulación, se observa que hoy en día la 

responsabilidad o interés no sólo existe frente a los inversionistas (shareholders) sino 

también hacia los stakeholder (grupos relevantes o de interés). Al respecto, tenemos la 

propuesta de Nieto que es ubicar el primer “foco” en el gobierno corporativo per se y 

ubicar al segundo en la “responsabilidad social corporativa”, sin embargo reconoce que 

esta diferencia no es estricta (2008, p.2). Consideramos así que la responsabilidad con el 

entorno o con los “stakeholders” sigue formando parte del gobierno corporativo, porque el 



29 
 

reflejo de una adecuada gestión empresarial será transversal a todos los ámbitos a los 

que la empresa se vincule.  

 

De esta manera, es posible que sus beneficios se apliquen también a empresas que no 

cotizan en Bolsa y que buscan adoptar los principios que sumarían a su gestión de 

Compliance, como por ejemplo la transparencia en los resultados más relevantes 

obtenidos como parte de su gestión de control. La percepción que se genere sobre la 

empresa del sector privado en estas circunstancias se espera que tenga un impacto 

directo en su reputación. Respecto de ella, coincidemos con la definición que hace Arribas 

– Urrutia en su artículo “Buen Gobierno Corporativo para la construcción de una 

reputación. La �tica en las organizaciones”, donde la reputación se plantea como “el 

reconocimiento que los stakeholders (clientes, empleados, accionistas y con la comunidad 

en general) hacen de su comportamiento corporativo, a partir del grado de cumplimiento 

de sus compromisos. La reputaci�n de una empresa integra por tanto la dimensi�n 

funcional (comportamiento corporativo) y la social y �tica (responsabilidad corporativa). 

(2016, p. 79) 

 

Para el caso que se plantea como problema en el presente artículo, la reputación resulta 

ser un tema interesante aunque resulta difícil asegurar que los involucramientos de 

empresas del sector privado en temas de corrupción terminaría por demoler por completo 

la reputación que puedan haber construido en el tiempo. Al respecto, en el texto 

“Reputación corporativa y creación de valor para el accionista” los autores plantean que la 

reputación además de crear valor en el mercado para la empresa que la ostenta “también 

puede proporcionar una protección para las compañías en tiempos de crisis. (…) Las 

compañías pueden reducir la incertidumbre cultivando una reserva de confianza entre sus 

grupos de interés que le dará a las compañías con mayor reputación el beneficio de la 

duda ante eventos negativos específicos o sistem���s.” (2014, p. 20). A nuestro parecer 

esta afirmación resulta idealista, ya que una reserva de confianza puede ser o no 

suficiente para contrarrestar los eventos negativos en los que la empresa se vea 

involucrada. Así, si los mismos están directamente relacionados con la esencia de su 

actividad comercial y los actos revelados se evidencian con impacto negativo en el 

segmento del mercado al que apuntan, aún las empresas con mayor reputación podrían 

no superar las acusaciones; a esto se le denomina “Efecto Andersen” el cual se utiliza 

para hacer referencia a que la mera acusación formal (indictment) de una empresa puede 



30 
 

suponer su desaparición, incluso sin que haya condena. Se le nombra Andersen en virtud 

de la empresa auditora encargada de auditar a Enron, que a partir de verse en 

involucrada en procesos de investigación por parte del Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos de América terminó por desaparecer ya que se puso en tela de juicio la 

confiabilidad de su servicio, lo cual estaba directamente relacionado con la razón por la 

que existía. (2019, pp 23-25). 

 

Presentada la importancia del Buen Gobierno Corporativo, se puede concluir que éste 

sería el marco general que serviría de base para el desarrollo de la autorregulación a 

través de los Programas de Compliance, que no sólo aportará a la gestión de riesgos sino 

también a la construcción y sostenibilidad de la reputación de las empresas, generando 

así no sólo el reconocimiento del valor intangible que representa la reputación sino que 

además permitirá considerar la posibilidad de una rehabilitación en caso las empresas ya 

se encuentren involucradas en temas de corrupción y decidan ajustar sus Programas de 

Compliance hacia un enfoque Ex-Post. Aún si no compartimos en su totalidad que la 

reserva de confianza garantice en su totalidad una posible continuidad de la actividad 

comercial, si es importante considerarla como un elemento más que tendrá que evaluarse 

cuando se defina el Programa de Compliance Ex-Post, ya que el Buen Gobierno 

Corporativo en este contexto brindará en particular herramientas para fomentar la 

transparencia y los compromisos a nivel de principios que se establezcan a nivel del 

Directorio y Alta Gerencia.  

 

De esta manera, resulta importante establecer asociaciones entre los Programas de 

Compliance Ex-Post con los principios que recoje el Buen Gobierno Corporativo, 

principalmente la transaparencia y gestión integral de riesgos, esto no sólo para el caso 

deempresas que coticen en bolsa, sino para cualquier empresa con la intención de 

recuperar su posición en el mercado competitivo o para lo que nos atañe en este artículo, 

como herramienta para demostrar el compromiso en la lucha contra la corrupción. 

 

A lo largo de este capítulo se han presentado los conceptos más relevantes que forman el 

marco teórico que servirá de base para la definición de contenido de los  Programas de 

Cumplimiento Ex-Post. La discusión partió de reconocer que la lucha contra la corrupción 

representa un tema de interés nacional y las formas en que se puede evitar que 

situaciones contrarias al derecho y las buenas costumbres se presenten no se limitan a 



31 
 

esperar que la legislación cubra cada una de las situaciones posibles, sino que demanda 

de una participación más consciente de parte de todos los involucrados, Estado y 

particulares. La sistematización de la corrupción demanda un mayor involucramiento para 

poder hacerle frente a todas las formas en las que se presenta. Como herramienta privada 

se evaluó a la autorregulación, que ha tomado mayor protagonismo en los últimos años, 

en respuesta como indican algunos autores a deficiencias regulatorias o de administración 

pública.  

 

La autorregulación se materializa entre otras formas de normativa interna, a través de los 

Programas de Compliance, que resulta de mayor interés para nuestro artículo ya que se 

ha reconocido a nivel legislativo los beneficios de contar con Modelos de Prevención, que 

aunque se encuentre bajo otro nombre, resulta ser en esencia un Programa de 

Compliance enfocado en el tratamiento y administración de riesgos asociados al delito de 

corrupción y delitos conexos. Por otro lado, como hemos indicado a lo largo de este 

capítulo, no basta con la mera existencia de los Programas de Compliance sino que es 

necesario que existan mecanismos de monitoreo, a nivel interno, externo o regulatorio que 

permitan asegurar que éstos son en efecto llevados a la práctica y no quedan sólo como 

una especia de maquillaje para cumplir con las apariencias. Para este fin, la incorporación 

de los principios de Buen Gobierno Corporativo pueden ayudar a demostrar a través de la 

transparencia que las actividades planteadas en los Programas de Compliance son 

ejecutados, informando aquello que sea relevante para la finalidad del Programa.  

 

En el siguiente capítulo se explorarán casos significativos de empresas involucradas en 

temas de corrupción para entender las medidas que tomaron para recuperarse, y el nivel 

de efectividad que han conseguido con las mismas, haciendo una especial mención en los 

programas de compliance, como objeto de análisis del presente artículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

CAPÍTULO II: CASOS RELEVANTES 
 
Como señalamos en el Capítulo I, los Programas de Compliance están pensados de 

forma general para funcionar principalmente como mecanismos de prevención, pero ¿qué 

sucede cuando el incumplimiento ya se realizó y no sólo es un incumplimiento regulatorio 

sino que además conlleva a la determinación de una conducta criminal que debe ser 

sancionada penalmente? Más allá de la sanción que pueda recibir de parte del regulador 

o de la autoridad correspondiente, ¿es posible que la empresa pueda recuperarse o está 

destinada a su desaparición como resultado de su involucramiento en temas de 

corrupción? 

 

Para analizar esta posibilidad hemos considerado de utilidad analizar casos de empresas 

involucradas en escándalos de corrupción, con impacto internacional, sobre las cuales se 

revisará las medidas tomadas para enfrentar dicha situación y si éstas han sido efectivas 

en caso ya hayan concluida o cómo son percibidas en casos de aquellas en etapas 

iniciales de reconstrucción o “rehabilitación”.  

 

2.1. Siemens 
 

Siemens es una empresa de origen alemán, fundada en el año 1847, considerada como 

la pionera global en ingeniería eléctrica. En el año 2007 Siemens se vió descubierta en un 

escándalo de corrupción de grandes propociones en donde se le acusaba de haber 

pagado aproximadamente un total de US$ 1756 millones a funcionarios de gobiernos de 

Nigeria, Libia, Argentina, Venezuela, Rusia, entre otros, para adjudicarse contratos y 

licitaciones en dichos países. Como resultado de este escándalo, Siemens se declaró 

culpable de violar las disposiciones del US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), por lo 

que acordó pagar una multa de US$ 450 millones al Departamento de Justicia Americano 

(DOJ). (Blanc, Cho & Sopt, 2019, P. 550).  

 

Para entender un poco más este suceso, es importante referirnos al texto de Richard 

Steinberg, “How Siemens Fixed its institutionalized Corruption” donde se describe cómo la 

corrupción se encontraba sistematizada en dicha organización, así, a través de la 

declaración de un ejecutivo de la empresa nos narra claramente cómo la organización 

consideraba a la corrupción como aceptable y necesaria para que los negocios se lleven a 



33 
 

cabo y mantener los ingresos de la compañía (2013, p. 48). Steinberg señala que los 

pagos a oficiales de gobierno por parte de empleados de Siemens eran legalmente 

permitidos después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, en 1999 las reglas 

cambiaron a nivel de la regulación, aunque Siemens continuó con las prácticas permitidas 

en la post guerra.  

 

Guillermo Astudillo nos señala en su texto “Hacia la implementación de los programas de 

cumplimiento (compliance) en el Perú” que para Siemens “el soborno era un 

procedimiento estándar del negocio, de lo cual tenían pleno conocimiento los altos 

ejecutivos de la empresa. Se demostraba un alto grado de tolerancia hacia la violación 

sist��tica de las normas y de la ���, (…) premiando e incentivando las malas pr����s 

corporativas en lo que fue conocido como ‘modelo Siemens de hacer negocios’” (2016, p. 

247). 

 

A pesar de la situación en la que Siemens se vio involucrada, pudo recuperarse de la 

crisis y mantenerse competitiva en el mercado hasta el día de hoy. De acuerdo al texto de 

Steinberg, el secreto de ello fue que el CEO hizo cambios significativos en la 

organización, además de cambiar al personal de la primera, segunda y tercera línea, 

trabajó en cambiar los objetivos de la empresa a una basada en valores de cumplimiento, 

enfocada en el cliente. Esto se habría logrado a través de un programa de compliance 

que cubra capacitaciones, controles, líneas de denuncia, programas de amnistía y 

atención oportuna los casos que surjan (2013, Pp. 49). Sobre las capacitaciones, Astudillo 

indica que éstas en su mayoría se realizan en un 80% de manera presencial (2016, 

p.248), lo cual resulta una buena estrategia ya que de esa manera la empresa se asegura 

en lo posible que los empleados logran un entendimiento de los temas que se abordan, 

generando espacios para la absolcuión de dudas y cimentar así las espectativas que 

plantea la organización con su programa de capacitación.   

 

En el texto de Hartmutt Berghoff “Organised irresponsibility”? The Siemens corruption 

scandal of the 1990s and 2000s, los cambios implementados por Siemens se resumen en 

cinco pasos (2017, pp. 434-436):  

 

 Siemens autorizó una investigación exhaustiva y extremadamente rigurosa. 
Devovoise y Deloitte aumentaron 1.5 millones de horas facturables desplegando 
alrededor de 200 abogados y contadores. Dado el ambiente incómodo que estas 



34 
 

investigaciones generaron, muchos empleados de Siemens en dicha época 
optaron por no colaborar con las investigación, en respuesta la empresa propuso 
programas de amnistía para dar impunidad por ofensas menores a cambio de 
información útil para la investigación. 

 Todos los cambios fueron llevados a cabo en constante coordinación con las 
Autoridades norteamericanas (SEC, DoJ), que involucró el cumplimiento de las 
recomendaciones de estas Autoridades, dentro de las que se encontraba el 
cambio de los miembros del Directorio. 

 Nueva Gerencia, traída de fuera de la organización. 
 Revisión radical del sistema de compliance, consistente en tres pilares: prevenir, 

detectar y responder. El cumplimiento con la regulación fue parte de la evaluación 
de desempeño y del pago de bonos. El departamento de Compliance fue 
reforzado. 

 Contrató a Davis Polk & Wardwell, uno de las firmas más prestigiosas para su 
defensa. 

 

Siemens afirma hoy en día que el Compliance es la manera de hacer negocios en 

Siemens. (Astudillo, 2016, p. 247). El cambio implementado por Siemens se hace público 

a través de los reportes que publican de forma anual, como parte de sus obligaciones de 

empresa que cotiza en Bolsa, en estos reportes se evidencia la estrategia de la empresa 

para recuperar y mantener la confianza de la población, así como su trabajo para 

gestionar su actividad dentro del marco legal y de los principios éticos. 

 

Actualmente Siemens sigue siendo parte de la lista de proveedores de productos y 

servicios que utilizar el gobierno norteamericano. Su modelo de compliance es reconocido 

como uno de los más efectivos y su recuperación de uno de los escándalos de corrupción 

más grandes de la historia es reconocida ampliamente. 

 

2.2 Odebrecht  
 
Odebrecht S.A. fue fundada en Brasil en el año 1923, perteneciente al rubro de la 

ingeniería y construcción, inició como una empresa familiar llegando a ser uno de los 

grupos empresariales con mayor poder económico en Latinoamérica. La 

internacionalización de Odebrecht llega con la obra realizada en Perú: Proyecto 

Hidroeléctrico Charcani V.  

 

Odebrecht pasí de ser una de las empresas con mayor reputación en su rubro a ser 

protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes de Latinoamérica, que 

ha llegado incluso a gatillar procesos de vacancia presidencial luego de las declaraciones 



35 
 

que va realizando Marcelo Odebrecht como parte de su acuerdo con el Departamento de 

justifica de Estados Unidos. Como nos resume Franciso Durán en su libro “Odebrecht”, 

“entre 2013 y 2014, Odebrecht reconoció haber pagado 788 millones de dólares en 

sobornos a presidentes y funcionarios en once países latinoamericanos y, en África, en 

Angola y Mozambique (…) Para seguir operando Odebrecht acordó pagar multas en tres 

países por 2600 millones”. (2018, p. 28)  

 

Según las investigaciones realizadas al caso Odebrecht y que resumen Jonathan Devore 

en su texto “Odebrecht’s original sins: Another case for reparations: 

 

Under Marcelo Odebrecht's leadership, Odebrecht had created an off-the-books 
unit called the “Division of Structured Operations” or what one U.S. Justice 
Department official described as a “Department of Bribery.” The sole purpose of the 
division was to distribute bribes to government officials to rig the bidding for 
construction contracts. The division was established in 2006, but effectively began 
its maneuvers as early as 2001 by operating through numerous shell companies 
across multiple countries17. (2017, p. 409) 

 
La existencia de la División de Operaciones o también conocida como Caja 2 evidenciaba 

lo intrínseco de los actos de corrupción aceptados y puestos en práctica por la 

organización.  

 

Respecto de los cambios que la Odebrecht está llevando a cabo para enfrentar el impacto 

que se ha generado por el descubrimiento de la participación en negocios ilegales por 

parte de sus líderes, Odebrecht ha creado en su portal web una sección denominada 

“nuestro compromiso”, en donde resume las acciones que está implementando como 

parte de su reforma. Así al igual que Siemens, Odebrecht informa en su portal web que 

“en diciembre de 2016 firmó un acuerdo de colaboración con autoridades brasileñas, 

estadounidenses y suizas, y emitió un comunicado donde pide disculpas al público por los 

actos ilícitos cometidos en el pasado” (Nuestro Compromiso, Portal Web Odebrecht)18 el 

link par el portal. De igual manera se indica en dicho Portal web, que “Odebrecht está 

trabajando en reforzar medidas de Gobernanza y Conformidad alineadas con los más 

                                                           
17 Bajo el liderazgo de Marcelo Odebrecht, Odebrecht había creado una unidad extraoficial llamada "División 
de Operaciones Estructuradas" o lo que un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
describió como un "Departamento de Soborno". El único propósito de la división era distribuir sobornos a 
funcionarios del gobierno para manipular la licitación de contratos de construcción. La división se estableció 
en 2006, pero efectivamente comenzó sus maniobras ya en 2001 operando a través de numerosas 
compañías fantasmas en varios países. (Traducción propia) 
18 Para mayor información visitar: https://www.nossocompromisso.com/es/ 

https://www.nossocompromisso.com/es/


36 
 

altos estándares de exigencia. Este proceso incluye la llegada de miembros 

independientes a los Consejos de Administración del Holding y de todos los Negocios, la 

aprobación de un Sistema de Conformidad robusto, la creación del Consejo Global y la 

actuación de monitores externos como parte del Acuerdo de Indulgencia firmado, 

entre otras importantes acciones”. (Nuestro Compromiso, Portal Web Odebrecht)19 

 

De igual manera, Odebrecht publica en su portal los componentes de su compromiso con 

el futuro, donde se indica lo siguiente20: 

 

1. Luchar contra la corrupción y no tolerarla en cualquiera de sus formas, inclusive 
extorsión y soborno.  

2. Decir no con firmeza y determinación a oportunidades de negocio que entren en 
conflicto con este Compromiso.  

3. Adoptar principios éticos, íntegros y transparentes en el relacionamiento con 
agentes públicos y privados. 

4. No invocar jamás condiciones culturales o usuales del mercado como justificativa 
para acciones indebidas. 

5. Asegurar transparencia en las informaciones sobre Odebrecht, que deben ser 
precisas, amplias y accesibles, y difundidas de forma regular.  

6. Ser consciente de que desvíos de conducta, ya sea por acción, omisión o 
complacencia, agreden a la sociedad, hieren a las leyes y destruyen la imagen y la 
reputación de toda la Organización Odebrecht. 

7. Garantizar en Odebrecht y en toda la cadena de valor de los Negocios la práctica 
del Sistema de Conformidad, siempre actualizado con las mejores referencias. 

8. Contribuir individual y colectivamente a cambios necesarios en los mercados y en 
los ambientes donde pueda haber inducción a desvíos de conducta. 

9. Incorporar en los Programas de Acción de los Integrantes la evaluación de 
desempeño en el cumplimiento del Sistema de Conformidad. 

10. Tener la convicción de que este Compromiso nos mantendrá en el rumbo de la 
Sobrevivencia, del Crecimiento y de la Perpetuidad. 

 

La apertura de Odebrecht hacia sus acciones de cambio, así como a sus políticas internas 

a través de sus publicaciones en su página web demuestra que nuestra propuesta de 

asociar el Programa de Compliance Ex-Post con los principios de transparencia que 

promueve el Buen Gobierno Corporativo sí puede ser una herramienta útil para compartir 

con el público las acciones tomadas, los resultados obtenidos, más aún considerando que 

Odebrecht no es una empresa que cotice en bolsa por lo que transparentar esta 

información es una iniciativa que seguramente esperan que ayude a reconstruir su imagen 

                                                           
19 Para mayor información visitar: https://www.nossocompromisso.com/es/ 
20 Para mayor información visitar: 
https://www.odebrecht.com/sites/default/files/politica_sobre_conformidade_esp.pdf 
 

https://www.odebrecht.com/es/organizacion-odebrecht/jornada-de-actuacion-etica-integra-y-transparente
https://www.nossocompromisso.com/es/
https://www.odebrecht.com/sites/default/files/politica_sobre_conformidade_esp.pdf


37 
 

en la población. Odebrecht sigue actualmente con su actividad comercial que le permite el 

Acuerdo de Colaboración Eficaz que suscribió en diciembre de 2018, mediante el cual 

“Odebrecht se compromete a brindar información relevante sobre los actos ilícitos que 

involucran a funcionarios públicos de Perú a cambio entre otras cosas de continuar con su 

actividad y así poder hacerse cargo del pago de la multa impuesta por el Estado”. (portal 

web IDL - Reporteros)21 
 

2.3 Graña y Montero (GyM) 
 

Graña y Montero (GyM), es una empresa peruana, fundada en 1933, que tiene como 

objeto de negocio el desarrollo de actividades de Ingeniería y Construcción, 

Infraestructura e Inmobiliaria. GyM ha participado en las principales obras de 

infraestructura nacional, desde la construcción de los edificios del Banco Central de 

Reserva del Perú, Ministerios, a la ejecución de Proyectos de intercambio vial o 

implementación de plantas de explotación de petróleo, entre otros. 

 

En 2017, GyM se vió involucrada en noticias negativas por su relación comercial con la 

compañía brasilera Odebrecht. Según declaraciones de Jorge Barata, ex Director de 

Odebrecht en Perú, los sobornos pagados a funcionarios de gobierno para la adjudicación 

de contratos con el Estado habrían sido de conocimiento de GyM al punto de que GyM 

habría cedido parte de sus ingresos a favor de Odebrecht para cubrir el pago de estos 

sobornos22. 

 

Como consecuencia de su involucramiento en el escándalo de Odebrecht, el valor de su 

acción cayó de forma estrepitosa, lo que a diferencia de otras cáidas que tuvo desde su 

apertura al mercado, sería más dificil de manejar dado que en esta oportunidad 

provendría de temas asociados a corrupción mientras que en anteriores oportunidades se 

habría debido a temas coyunturales, fuera de su alcance de control23. Adicionalmente a la 

caída del valor de su acción, dos de sus Directivos se encuentran actualmente bajo 

investigación por los delitos de colusión y lavado de activos. Se le imputa a los Directivos 

                                                           
21 Para mayor información visitar: https://idl-reporteros.pe/el-acuerdo/  
22 Para mayor información visitar:  https://rpp.pe/economia/economia/los-7-golpes-que-sufrio-grana-y-montero-
por-el-caso-odebrecht-noticia-1092474 
23 Para mayor información visitar:  https://gestion.pe/economia/empresas/acciones-grana-montero-desploman-
peru-suspension-bolsa-nueva-york-233956-noticia/ 

https://idl-reporteros.pe/el-acuerdo/


38 
 

de GyM que siempre tuvieron conocimiento de las formas turbias que utilizaba su “socio” 

Odebrecht para obtener las licitaciones públicas24. 

 

Para sobrevivir a esta crisis, GyM ha mostrado indicios de demostrar que su compañía 

puede subsistir y aprender de los errores. Por ahora se informa en su Portal Web, que por 

cierto ha tenido mejoras entre la información publicada en el año 2018 y el año 2019, los  

cambios que han venido realizando hasta el momento, resaltando así los cambios de su  

Plana del Directorio y del Gerente General. Al igual que Siemens indican además en su 

Portal la creación de un área de riesgos y cumplimiento señalando el número de 

empleados de dicha área25, lo cual se podría entender que buscaría demostrar la 

inversión realizada en implementar unidades de control adecuadas con recursos humanos 

suficientes para aportar en la reconstrucción de la imagen de la empresa. De igual 

manera, se publica en este Portal Web los resultados de su gestión de Cumplimiento 

hacia finales del 2017 y 2018, indicando que han llevado a cabo en promedio más de 

8,834 horas de capacitación sobre temas éticos, código de conducta, uso del canal ético y 

temas de anticorrupción26. Se observa en particular que al igual que Odebrecht, la más 

reciente versión del Portal Web de Graña y Montero hace un breve mea culpa sobre la 

situación que los impactó en estos dos años, indicando que “El Grupo Graña y Montero 

experimentó en los dos últimos años una profunda crisis financiera y reputacional cuyo 

origen estuvo en nosotros mismos, en un proceso de toma de decisiones que esquivó el 

espíritu y principios de buen gobierno corporativo y cumplimiento de la organización, 

priorizando la rentabilidad económica en lugar de la coherencia en nuestras acciones”27. 

 

En conclusión, la revisión de los tres casos tomados como relevantes para este artículo de 

investigación evidencia lo que puede lograr el compromiso del “Top of the house” o 

Directorio y Alta Gerencia con los cambios que la organización requiere, aún si éstos 

representan una alta inversión de tiempo y de dinero, como sucedió con Siemens donde 

se puede inferir de todas las medidas tomadas que no tuvieron límites en lo que concernía 

a su reestructuración y replanteamiento de su ambiente de control. Odebrecht aún se 

encuentra en etapas iniciales pero ya muestra su iniciativa de ser transparente en la 

publicación de sus iniciativas de cambio, lo que como mencionábamos como propuesta en 
                                                           
24 Para mayor información visitar:  https://diariocorreo.pe/economia/acciones-de-grana-y-montero-caen-tras-
declaraciones-del-jorge-barata-883386/ 
25 Para mayor información visitar:  https://www.granaymontero.com.pe/nuestra-transformacion/ 
26 Para mayor información visitar:  https://www.granaymontero.com.pe/nuestra-transformacion/ 
27 Para mayor información visitar:   https://www.granaymontero.com.pe/nuestra-transformacion/ 

https://www.granaymontero.com.pe/nuestra-transformacion/
https://www.granaymontero.com.pe/nuestra-transformacion/


39 
 

el marco teórico de este artículo, es relevante también para empresas que no siguen en 

teoría una implementación de Buen Gobierno Corporativo, al no tener valores que se 

coticen en Bolsa. Con la transparencia que demuestra Odebrecht estaría buscando 

conseguir el mismo fin que siguen aquellas empresas que cotizan en bolsa, esto es, 

generar confianza en la gente, reconstruir reputación, aceptación y mostrar sostenibilidad. 

Para el caso de Graña y Montero, el tema se evidencia aún de forma incipiente, 

probablemente porque aún forman parte de una investigación en curso al cierre de este 

artículo, sin embargo, consideramos que podrían ser más proactivos y trabajar sobre el 

modelo que utilizan tanto Siemens como Odebrecht, pero ajustado a su tamaño y 

complejidad, ya que aquellas resultan ser organizaciones transnacionales cuyo impacto 

en su gestión de control requiere de más recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO III: PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE 
COMPLIANCE EX-POST 

 

Como se ha planteado en los capítulos anteriores, los Programas de Compliance son de 

gran relevancia y utilidad en las empresas siempre que no sean simples formatos o 

declaraciones que sigan plantillas generales sin considerar las particularidades presentes 

en cada empresa. Si bien su contenido puede partir como general y buscar cubrir todos 

los riesgos que la actividad de la empresa considera como inherentes, para efectos de 

nuestra propuesta es importante reconocer la importancia de trabajar un Programa de 

Compliance específico más extenso para el tratamiento del riesgo de corrupción en el 

caso de empresas que sí reconocen que tienen este riesgo de una forma más 

significativa.  

 

En ese extremo se considera válida la propuesta que plantea la ISO 37001 sobre 

sistemas de anticorrupción donde incluye dentro de los pilares de los programas de 

compliance transversales a toda organización, “la debida diligencia en proyectos y socios 

comerciales, así como controles financieros, comerciales y contractuales”. Esto en nuestra 

opinión es clave para este tipo de programas ya que representan justamente los focos de 

riesgo en la interrelación comercial con el Estado. Por un lado definir parámetros de 

debida diligencia en la oferta de servicios o productos al Estado permitirá asegurar la 

forma objetiva en la que se lleva a cabo la actividad comercial, por ejemplo quedará 

documentado la determinación y acuerdo del precio, las características del servicio o 

producto, asimismo, en lo correspondiente a la debida diligencia de socios comerciales 

reforzará el conocimiento de éstos para confirmar si se encuentran en línea con la cultura 

de la empresa o si caso contrario resultaría perjudicial firmar un acuerdo comercial. 

 

De igual manera, la exigencia de controles a nivel contractual es fundamental ya que la 

incorporación de cláusulas de anticorrupción en los contratos es evidencia del interés y 

relevancia que la empresa considera para evitar incurrir en algún acto de este tipo o de 

evitar que se vea involucrado por acciones de terceros. Finalmente, los controles 

financieros son por demás importantes ya que permitirán marcar una trazabilidad de los 

gastos que utiliza e invierte la empresa. Sobre esto último la FCPA establece que “los 



41 
 

gastos por concepto de entretenimiento de funcionarios públicos deben registrarse como 

tales y no ocultarlos en el costo del producto”28 (portal web FCPA). 

Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de forma breve de lo que un Programa de 

Compliance representa y de los componentes específicos que se recomiendan cuando se 

cubre en particular el riesgo de corrupción en las empresas y su interacción con el Estado 

y sus representantes. Esto pasa entonces a tener aún consideraciones adicionales 

cuando hablamos de los Programas de Compliance Ex-Post.  

 

Como planteamos en la hipótesis de este trabajo de investigación, la utilidad o beneficios 

de los Programas de Compliance es indiscutible, más aún en contextos actuales donde el 

brazo legislativo del Estado ha demostrado deficiencias. No obstante, el contexto social 

nos brinda además un escenario particular que demanda de estos Programas una 

ampliación de su utilidad, propuesta en nuestra hipotesis como una forma de combatir el 

impacto negativo que las empresas puedan haber recibido una vez que el acto de 

corrupción haya sido identificado en su organización. Esta situación resulta de mayor 

utilidad cuando hablamos de lo ocurrido en el plano local donde desde hace unos años 

atrás la revelación de la corrupción como parte de la forma natural de llevar a cabo 

negocios ha sido puesta al descubierto. Cobra aún más relevancia la necesidad de 

administrar riesgos de corrupción desde el sector privado, con la publicación de la Ley Nº 

30424 que no descarta la posibilidad de reconocerle valor a los Programas de Compliance 

aun cuando son implementados después de la ocurrencia del delito.  

 

Todo esto nos lleva a considerar que los Programas de Compliance, en particular los Ex-

Post, pueden aportar a la empresa involucrada en temas de corrupción no sólo a renovar 

el compromiso con los stakeholders o grupos de interés, sino que logre alcanzar mitigar el 

impacto en su organización y le permite seguir con su objetvo social. Como se presentó 

en el capítulo dos de este trabajo, la experiencia del caso Siemes por un lado demostró 

que el fortalecimiento de sistema de compliance en dicha empresa fue determinante para 

que su involucramiento en temas de corrupción no haya llevado a la empresa a la 

desaparición. De igual manera vimos que, aunque en etapas iniciales, Odebrecht también 

ha declarado su compromiso en seguir trabajando para asegurar un ambiente de 

cumplimiento con sus obligaciones. Así, nuestra hipótesis se puede considerar acertada, y 
                                                           
28 Para mayor información visitar:  http://fcpamericas.com/spanish/aspectos-clave-de-las-disposiciones-
contables-de-la-fcpa/# 
 

http://fcpamericas.com/spanish/aspectos-clave-de-las-disposiciones-contables-de-la-fcpa/
http://fcpamericas.com/spanish/aspectos-clave-de-las-disposiciones-contables-de-la-fcpa/


42 
 

por lo tanto se puede afirmar que los Programas de Compliance pueden extender sus 

beneficios más allá de la prevención. Dado que forma parte de la autorregulación, tiene 

así la libertad de adaptarse a las situaciones que las empresas puedan estar atravesando. 

 

En este contexto entonces desarrollamos a continuación lo que consideramos serían los 

principios básicos de un Programa de Compliance Ex-Post podría contemplar: 

 

a) Compromiso del Directorio y Alta Gerencia 
 

Se debe asegurar el compromiso del Directorio y Alta Gerencia en las medidas que la 

empresa defina para combatir el impacto que generó el involucramiento de la empresa en 

los eventos de corrupción. 

 

Este involucramiento va a tener un impacto positivo en el fomento de la Cultura de 

Cumplimiento dentro de la organización, ya que a diferencia de lo que vimos sobre 

Lehman Brothers, los principios que la empresa defina se espera que sean de 

cumplimiento de absolutamente todos los miembros de la organización, sin distincion de 

cargo o posición. Uno de los errores cometidos en Lehman Brothers, y que mencionamos 

en nuestro capítulo 1 fue que los principios de la empresa definía podían a su vez ser 

suspendidos siempre que el Directorio así lo considerara, lo cual evidenciaba una falta de 

compromiso real con los “principios” de la empresa. 

 

La relevancia de un Programa de Compliance Ex-Post como herramienta para evitar la 

extinción de una empresa es tal que se espera la participación genuina de la Dirección y 

Alta Gerencia, esto es el principal punto de partida que se debe considerar. Se puede 

tomar como  modelo el caso de de Siemens, donde el lema de la empresa, impulsada por 

los altos mandos de dirección de la empresa fue la de cero tolerancia a actos ilegales. 

 

Este compromiso se debe ver reflejado en la designación de un responsable del Programa 

de Compliance Ex-Post, suficientemente capacitado, independiente y dotarlo de los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo su función, ya que una forma de evidenciar 

una falta de compromiso real es crear funciones sólo de pantalla. 

 

b) Re-calibración de la evaluación de los riesgos 



43 
 

 

Este aspecto es básico de todo Programa de Compliance, pero en el caso particular de 

los Programas de Compliance Ex-Post lo que se propone es que se encuentre aterrizado 

al riesgo particular de corrupción. Así, el proceso de identificación de riesgos debe 

considerar principalmente aquellos procesos en los que este riesgo está presente, por 

ejemplo, se evalúa como mínimo el proceso de postulación a concursos públicos, 

participación de intermediarios o asesores en la relación con el Estado, formas de 

contacto con los funcionarios públicos, invitaciones permitidas, entre otros. 

 

Para llegar a esta definición se requiere de un conocimiento profundo del funcionamiento 

y organización de la empresa, de ahí que este principio se entrelaza con el 

involucramiento de la Alta Gerencia ya que ello permitirá impulsar la colaboración de toda 

la organización para la apertura de sus procesos internos en el trabajo de identificación de 

riesgos. La identificación de los riesgos es fundamental, ya que la misma experiencia 

permitirá re-calibrar la valoración de los riesgos e incluir las situaciones que pueden poner 

en mayor situación de vulnerabilidad a la empresa.  

 

Una vez identificadas las áreas de riesgo, se debe proceder a su evaluación, tomando en 

cuenta por ejemplo lo que el Reglamento de la Ley Nº 30424 propone en su artículo 19º 

donde considera dos elementos aplicables en el proceso de evaluación de riesgos: 

probabilidad y consecuencia. 

 

El resultado de esta evaluación de riesgos permitirá que se desarrollen y apliquen los 

controles que mitiguen los riesgos de la manera más adecuada. En los Programas de 

Compliance Ex-Post, los controles deben apuntar como mínimo a que las condiciones que 

generaron la situación actual no se repitan, más allá de incorporar nuevos como resultado 

de la recalibración de los riesgos. 

 

c) Reformulación del lenguaje de políticas internas. 
 
En un Programa de Compliance Ex-Post es necesario plantearse una evaluación de la 

estructura normativa interna y de su propio contenido, ya que es evidente que la forma en 

como estaba definida no fue suficiente para calar en el espíritu de la organización. De 

esta manera, se debe buscar el mensaje que se quiere alcanzar sea claro a lo largo de 



44 
 

toda la regulación interna. La existencia de un alto número de documentos no es 

determinante para conseguir lo que la esencia de los Programas de Compliance buscan 

conseguir. Basta con que el lenguaje en el que éstos son trabajados sea lo 

suficientemente claro y sencillo de comprender para que la organización pueda realmente 

tomarlo como punto de referencia. La simplicidad en la estructura mediante la cual las 

empresas proponen el abanico de políticas que forman parte del Programa de Compliance 

puede llevar a la empresa a transmitir de forma más clara las situaciones no permitidas y 

las formas de actuar que cada miembro de la organización debe considerar en el curso 

regular de sus funciones.  

 

En caso ya exista una Política de Anticorrupción que forme parte del Programa de 

Compliance, se deberá realizar una actualización a dicho documento en línea con lo 

planteado en el párrafo anterior. En caso de no existir, la situación que la empresa está 

enfrentando es una buena oportunidad para elaborar un documento que cubra en 

particular el riesgo y que forme parte del Programa de Compliance Ex-Post en su 

conjunto. 

 

d) Programas de capacitación 
 

Dentro del Programa de Compliance Ex-Post se debe incorporar un Programa de 

Capacitaciones que busque cubrir los aspectos que se consideraron como débiles en la 

evaluación de los riesgos por lo cual deban ser más trabajados.  

 

En un reciente artículo (31 de octubre de 2019) del diario online “The National Law 

Review” se hizo referencia a las expectativas que por ejemplo guarda la U.S. Securities 

and Exchange Comission (SEC) sobre los programas de capacitación en las empresas 

bajo su supervisión, indicando así que: “What we see a lot is companies coming in and 

presenting these really impressive statistics, like 99.2% of this group has training… That 

doesn’t tell us much.  We need to know that the training is well tailored to the specific 

function(…) An example he gave was that sales people working in high-risk jurisdictions 

require more sophisticated training than sales people working in the U.S.”29 

                                                           
29 Lo que vemos bastante son compañías viniendo y presentando estas realmente impresionantes 
estadisticas, como 99.2% de este grupo ha sido entrenado…Eso no nos dice mucho. Nosotros necesitamos 
que los entrenamientos estén bien adaptados a la función específica (…) un ejemplo que dio fue que los 



45 
 

 

De igual manera, el aporte de Siemens sobre este punto es relevante ya que como se 

presentó en el capítulo 2 de este trabajo de investigación, ellos optaron por implementar 

un programa de entrenamiento principalmente presencial, lo cual favorecería el 

entendimiento e interiorización de los temas tratados en estas sesiones. No se descartan 

las capacitaciones on-line pero se recomienda que los temas que resulten más complejos 

formen parte de las sesiones presenciales.  

 

Se debe considerar además que las capacitaciones incluyan en su mayoría casos 

prácticos más que definiciones teóricas, ya que, de esa manera, los miembros de la 

organización van a tener más claridad sobre cómo actuar en determinadas situaciones. Es 

más fácil aprender con el ejemplo que con la teoría.  

 

e) Transparencia de aspectos relevantes 
 

Este punto es el que a nuestra opinión marca la diferencia más grande en un Programa 

de Compliance Ex-Post. A diferencia del resto de Programas de Compliance, en las 

circunstancias que busca subsanar el Programa Ex-Post, la publicidad de los cambios 

implementados aporta un reconocimiento que es fundamental.  

 

Así, para poder evidenciar las gestiones de renovación de la cultura de la empresa, que el 

regulador y la sociedad acepten como válido y suficiente para permanecer en actividad, se 

plantea como necesario que las empresas adopten como parte del Programa de 

Compliance Ex-Post el principio de “Divulgación de Información y Transparencia” que 

recoge la OCDE, la misma que forma parte de los Principios de Buen Gobierno 

Corporativo, aplicable independientemente de si la empresa cotiza o no en Bolsa. Este 

principio permitirá demostrar el replanteamiento del sistema de control y del Programa de 

Compliance, así como su sostenibilidad al incluir dentro de su información resultados de la 

ejecución de sus controles, sin considerar por supuesto información sensible o de carácter 

reservado. Sobre este punto, la OCDE refiere que: 

 

                                                                                                                                                                                 
vendedores que trabajan en jurisdicciones de alto riesgo requieren entrenamientos más sofisticados que los 
vendedores que trabajan dentro de EEUU. (Traducción propia) Para mayor información visitar: 
https://www.natlawreview.com/article/so-you-think-tailored-fcpa-training-does-not-matter-think-again  

https://www.natlawreview.com/article/so-you-think-tailored-fcpa-training-does-not-matter-think-again


46 
 

“Un r�gimen exigente de divulgación de información que promueva una 
transparencia real es una característica crucial para una supervisión de las 
sociedades por parte del mercado y resulta esencial para que los 
accionistas puedan ejercer sus derechos con conocimiento de causa. La 
experiencia demuestra que la publicidad de la información puede ser 
tambi�n un instrumento poderoso para influir en el comportamiento de las 
empresas y proteger a los inversores. Un régimen de divulgación exigente 
puede ayudar a atraer capital y a que los mercados mantengan la 
confianza.” (OCDE, p. 42) 
 

Como hemos mencionado en este trabajo, tanto Siemens como Odebrecht y Graña y 

Montero están utilizando sus propias plataformas de internet para mostrar a la ciudadanía 

los cambios que han implementado y que siguen haciendo como consecuencia de los 

actos de corrupción en los que se vieron involucrados. Esto combate las prácticas 

anteriores donde la forma en cómo se llevaban a cabo sus negocios era privada para 

encubrir los actos de corrupción ya conocidos.  

 

En líneas generales la interacción entre Buen Gobierno Corporativo y el Compliance, para 

todos los casos, no sólo para empresas que coticen en bolsa, será de mucha utilidad para 

que las empresas logren estabilizarse y demostrar el replanteamiento de sus objetivos, ya 

que la reputación se construye a partir de lo que se observa, de lo que se evidencia.   

 

f)  Monitoreo continuo 
 

Los Programas de Compliance Ex-Post deben incluir procesos de monitoreo sobre los 

resultados de los controles implementados, con la finalidad de asegurar que siguen 

siendo efectivos en el tiempo o que por el contrario deben ser modificados.  

 

La continuidad de estos monitoreos va a depender de la periodicidad en que los riesgos 

se puedan presentar, es decir que si la empresa implementó un control que cubre una 

actividad que presenta riesgo inherente alto porque su periodicidad es semanal, entonces 

el monitoreo debe ser cuando menos semanal para poder tener una ventana prudente de 

identificación de situaciones que deban ser corregidas o ajustadas. 

 

 

 

 



47 
 

g) Certificación independiente del Programa 
 

Si bien la regulación local no requiere que los Programas de Compliance pasen por un 

proceso de certificación independiente, es una forma de demostrar que la empresa está 

orientando todos los recursos necesarios para demostrar su intención de corregir los 

daños y no volver a cometerlos.  

 

Los costos que estas certificaciones pueden representar para las empresas son 

definitivamente un aspecto importante a considerar y que va en línea con el tamaño de la 

empresa y con el tamaño del impacto que busca enfrentar, sin embargo reconocer que la 

corrupción es un mal que genera un impacto que traspasa el plano privado de las 

empresas y que termina por trasladar costos que asumen los grupos más vulnerables en 

cada país, debe tener un peso importante cuando se evalúe la necesidad de ir por el 

camino de la certificación independiente de los Programas.   

 

Cuando se describieron en el capítulo 2 las medidas que Siemens llevó a cabo para 

reconstruir su imagen se pudo conocer que la inversión económica que realizó esta 

empresa, aún si no se conoció monto, se podía inferir como significativa ya que el tamaño 

del cambio en organización, en asesorías externas, no podía conllevar a algo menor. Ese 

es el tipo de inversión que podría reforzar el interés de cambio de parte de estas 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CONCLUSIÓN 
 

El presente trabajo de investigación surgió de la necesidad de explorar los beneficios de 

los Programas de Compliance con la finalidad de confirmar si éstos podían ir realmente 

más allá de su conocido aporte a la prevención de delitos, específicamente el delito de 

corrupción para efectos de nuestra hipótesis, evaluando así la posibilidad de si era 

conveniente o no implementar un Programa de Compliance que denominamos “Ex-Post”, 

para ser utilizado no de forma preventiva sino cuando el involucramiento de una empresa 

a hechos relacionados con el delito de corrupción ya se ha dado y la empresa busca 

recuperarse de los efectos negativos generados por dicho involucramiento.  

 

Al respecto, el marco teórico investigado en este trabajo, así como la doctrina analizada 

nos permite concluir que sí existe una base sobre la cual los Programas de Compliance 

encontrarían espacio para desarrollarse y puedan llegar a alcanzar un mayor 

protagonismo dentro de las Empresas, dentro de los límites que le permite la 

autorregulación. Ello se ve impulsado también por el incentivo que existe de parte del 

regulador local, que reconoce la importancia de tener los Programas de Compliance 

implementados, precisamente la regulación sobre responsabilidad jurídica de las personas 

jurídicas revisado en el presente trabajo establece que la Autoridad puede exonerar de 

dicha responsabilidad a aquellas empresas que hayan implementado Modelos de 

Prevención de forma previa a la comisión del delito, mientras que la implementación 

posterior será considerada como un atenuante. En cualquier supuesto, representa un 

beneficio. 

 

De igual manera, la revisión de la casuística internacional nos permite reconocer los 

resultados obtenidos a partir de la implementación de Programas de Compliance Ex-Post, 

el caso de Siemens representa el mejor ejemplo por tener varios años de sostenibilidad en 

el cambio que implementaron a consecuencia de los escándalos de corrupción en los que 

se vieron involucrados.  

 

La efectividad de estos Programas Ex-Post se concluye como real, no obstante, los 

criterios adicionales planteados en el Trabajo, como la comunión entre el Compliance y 

los criterios de Buen Gobierno Corporativo, así como los criterios propuestos como 

contenido mínimo de dichos Programas, permitirán fortalecer aún más la finalidad de los 



49 
 

Programas Ex-Post, ya que uno de los principales componentes específicos en estos 

escenarios es la Transparencia, que demuestra que las actividades de la empresa se 

realizan de forma adecuada, de esa manera, se restablece la confianza que los actos 

anteriores de corrupción pudieron generar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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https://www.froet.es/wp-content/uploads/Libro-Blanco-Compliance-ASCOM-032017.pdf
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https://www.nossocompromisso.com/es/
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Etica-Anticorrupcion-Elementos-Cumplimiento.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es
https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2019/09/GCB_LAC_Report_ES-WEB.pdf
https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2019/09/GCB_LAC_Report_ES-WEB.pdf


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44. SIEMENS 
Consulta: 15 de diciembre de 2019. 
https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-
com/global/company/sustainability/downloads/responsible-business-behavior-
compliance-at-siemens.pdf 

 

https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/company/sustainability/downloads/responsible-business-behavior-compliance-at-siemens.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/company/sustainability/downloads/responsible-business-behavior-compliance-at-siemens.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/company/sustainability/downloads/responsible-business-behavior-compliance-at-siemens.pdf