PONTIFICIA  UNIVERSIDAD  CATÓLICA DEL  PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO 
CORRE INDECOPI, CORRE, ¿RESULTA EFICAZ EL PROCEDIMIENTO 
SUMARÍSIMO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR? 
Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la Propiedad 
Intelectual y Competencia
AUTOR
Rosario de los Milagros Pacheco Gómez
ASESOR
Mag. Moisés Rejanovinschi Talledo 
JURADO 
Dr. Julio Baltazar Durand Carrión 
Profesor José Gonzáles
LIMA – PERÚ
2017 
1 
ÍNDICE 
 
Introducción (página 2) 
 
Capítulo 1: Aspectos Generales del Procedimiento Sumarísimo de Protección al 
Consumidor        (página 5)                                                                                                               
 
1.1. Génesis (página 7)  
 
1.2. Características (página 18) 
 
1.3.  Finalidad (página 26) 
 
1.4. Principios Aplicables (página 30) 
 
Capítulo 2: Evolución y Desarrollo del Procedimiento Sumarísimo de Protección al 
Consumidor (página 37) 
 
2.1 El procedimiento sumarísimo de protección al consumidor en sus inicios 
(página 37) 
 
2.2 La reconversión del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor: 
Inclusión de la fase de evaluación previa y la labor de “fiscal” de la 
Administración (página 56) 
 
Capítulo 3: Algunos problemas prácticos derivados de la aplicación del 
Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor y propuestas de mejora 
(página 64) 
  
3.1.  El carácter inapelable de la resolución que determina el archivo de la 
denuncia en la etapa de la evaluación previa del procedimiento administrativo 
de protección al consumidor, ¿una afectación al derecho de defensa de las 
partes? (página 65) 
 
3.2.  Principio de Verdad Material versus Principio de Preclusión, ¿cuál prima en el 
Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor? (página 79) 
 
3.3 El tratamiento del desistimiento en el procedimiento sumarísimo de protección 
al consumidor y su vinculación con el interés público (página 85) 
 
3.4 Situaciones derivadas de la determinación de competencia por materia y 
cuantía, ¿resulta adecuada la clasificación actual? (página 92) 
 
Conclusiones (página 98) 
 
Bibliografía (página 104) 
 
 
 
 
 
2 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la película “Corre, Lola, corre” del director alemán Tom Tykwer, dos amantes disponen 
tan sólo de unos minutos para cambiar el curso de sus vidas. Lola, la protagonista de la 
película,  recibe una llamada desesperada de su novio Manni, quien acaba de perder una 
pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si Lola no consigue 
el dinero en veinte minutos, Manni sufrirá las consecuencias. Desde ese momento, Lola 
empieza (literalmente) una incesante y desesperada carrera en búsqueda del dinero que le 
permitirá salvar a su novio de la muerte. 
 
En el año 2010, con la entrada en vigencia del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, empezó a regir el Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor, el 
cual fue creado con la finalidad de que los administrados que recurrían al Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI a 
fin de obtener un pronunciamiento favorable en la controversia planteada contra un 
proveedor que ellos consideraban había vulnerado sus derechos como consumidores, 
obtuvieran el mismo en un plazo mucho más corto que el establecido para el procedimiento 
ordinario de protección al consumidor, el cual tenía una duración del doble del plazo que se 
estableció para el procedimiento sumarísimo. 
 
Es así que, con la implementación del Procedimiento Sumarísimo de Protección al 
Consumidor, el INDECOPI, al igual que Lola, la protagonista de la película anteriormente 
reseñada, inició una carrera contra el reloj, toda vez que asumió el reto de resolver en tan 
solo 30 días las denuncias por infracción a las normas de protección al consumidor que se 
tramitaran en el marco de un procedimiento sumarísimo, con la finalidad de cumplir con las 
expectativas de los administrados y de constituirse en una vía de solución de conflictos 
oportuna y efectiva . 
 
La presente tesis busca analizar el Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor, 
el cual, desde su creación hasta la actualidad ha sufrido una serie de modificaciones que 
han buscado dotarlo de una duración más razonable para la Administración, aunque ello, 
desde el punto de vista del consumidor, podría suponer un perjuicio.  
 
En la presente investigación se analizarán los aspectos generales del Procedimiento 
Sumarísimo, tales como sus características, finalidad y principios aplicables, así como se 
analizará también el contexto en el cual se produjo su creación.  
3 
 
De otro lado, considerando que este procedimiento ha sido difundido ampliamente por el 
Indecopi y el sustento de su creación fue que los consumidores vean resueltas sus 
controversias de una manera más célere -lo cual ha derivado en un índice 
permanentemente creciente de presentación de denuncias-, resulta justificado analizar la 
evolución del mismo, puesto que ha presentado modificaciones importantes e interesantes.  
 
Asimismo, la presente investigación busca identificar algunos temas controversiales de 
orden práctico en la aplicación del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor y 
efectuar como aporte una opinión en relación a los mismos y algunas sugerencias que 
permitan superar los inconvenientes que pudieran haberse presentado en la implementación 
de dicho procedimiento o a llenar los vacíos que se puedan haber generado en dicha 
aplicación.  
 
La hipótesis principal de la presente investigación es que el procedimiento sumarísimo de 
protección al consumidor resulta eficaz para alcanzar el objetivo por parte de la 
Administración -en este caso, del Indecopi- de dotar de celeridad a la solución de 
controversias iniciadas por infracciones a la normativa de protección al consumidor.   
 
Dentro de esta gran hipótesis, se podrán encontrar cuatro sub hipótesis que permitirán 
desarrollar de una mejor manera la investigación.  
 
La primera de ellas es que resultaba necesaria la modificación del procedimiento 
sumarísimo, introduciendo nuevos mecanismos y figuras -tales como la fase de evaluación 
previa- para dotar al mismo de una mayor efectividad.  
 
La segunda sub-hipótesis es que en la tramitación de las denuncias ante un Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor debe primar 
siempre el principio de verdad material por encima del principio de preclusión. Ello, con la 
finalidad de que siempre se arribe a una decisión sustentada fácticamente. 
 
La tercera sub-hipótesis de la presente investigación es que el procedimiento sumarísimo no 
debe ser tan rígido, especialmente en lo referente a la aceptación del desistimiento y de las 
transacciones extrajudiciales que puedan celebrar las partes, ambos presentados y 
realizados luego del inicio del procedimiento sancionador, con la finalidad que ambos 
permitan la conclusión del mismo. Ello, generaría incentivos en los proveedores para dar 
solución mediante estos mecanismos a los problemas suscitados con sus usuarios. 
4 
 
Finalmente, la cuarta sub-hipótesis es que la determinación de competencias por materias y 
cuantía efectuada por el Código resulta adecuada, en la medida que permite que se otorgue 
a cada órgano resolutivo la competencia para conocer denuncias que van acorde con la 
naturaleza del procedimiento que cada uno de ellos tiene a su cargo, esto es, el 
Procedimiento Sumarísimo en el caso de los ORPS y el Procedimiento Ordinario en el caso 
de las Comisiones. 
 
En tal sentido, para el desarrollo de la hipótesis principal y las cuatro sub-hipótesis a las que 
se ha hecho referencia previamente, la presente investigación se ha estructurado en base a 
3 capítulos. 
 
En el primer capítulo se desarrollarán los aspectos generales del procedimiento sumarísimo 
de protección al consumidor, los cuales resultan importantes a fin de entender esta figura y 
conocer sus particularidades. 
 
En el segundo capítulo se analizará la evolución y desarrollo del procedimiento sumarísimo 
de protección al consumidor, lo cual resulta importante considerando que el mismo ha 
sufrido profundas modificaciones entre el momento de su creación y la actualidad, siendo la  
principal modificación la introducción de una etapa de evaluación previa. Durante este 
capítulo se desarrollará la primera sub-hipótesis, relacionada a que la modificación de este 
procedimiento resultaba necesaria para dotarlo de una mayor eficacia 
 
El tercer capítulo es el capítulo central de la investigación pues contiene los enunciados bajo 
los cuales se desarrollarán las otras tres sub-hipótesis planteadas. Cada uno de los 
subcapítulos recoge un aspecto práctico surgido dentro de la tramitación de procedimientos 
en los órganos sumarísimos del Indecopi, por lo que se analizarán las implicancias de cada 
problemática, en caso existiera alguna, se emitirá una posición personal en relación a la 
misma  y se propondrá la modificación necesaria al procedimiento, en los aspectos que se 
considere que deben ser modificados. Este desarrollo permitirá sustentar la hipótesis 
principal de la investigación, esto es, que el procedimiento sumarísimo de protección resulta 
eficaz. 
 
 
 
 
 
5 
 
 
CAPÍTULO 1 
 
ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 
 
En este capítulo de la presente investigación abordaremos los aspectos generales del 
procedimiento sumarísimo de protección al consumidor (en adelante, el procedimiento 
sumarísimo), tales como la génesis del mismo y las circunstancias en las cuales se creó 
esta figura, sus características, su finalidad y los principios aplicables a este procedimiento. 
 
Antes de entrar a analizar detalladamente cada uno de los aspectos antes mencionados, es 
preciso indicar que el procedimiento sumarísimo constituye una de las principales 
novedades introducidas por la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor (en adelante, el Código) (Congreso de la República, 2010).  
 
Esta introducción respondió a la necesidad de dotar de mayor celeridad al procedimiento 
administrativo por infracción a las normas de protección al consumidor que se tramitaba 
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en 
adelante, INDECOPI), considerando que al 2010 - año en el que entró en vigencia el 
Código- el número de denuncias presentadas ante la Comisión de Protección al 
Consumidor del INDECOPI se había ido incrementando progresivamente, llegando a 
exceder la capacidad de dicho órgano resolutivo para atender la carga procedimental que 
debía asumir. Dicho aumento en la carga procedimental fue consecuencia directa de una 
constante difusión por parte del INDECOPI de las funciones que realiza, siendo el tema de 
protección al consumidor uno de los que más interés suscitaba -y sigue suscitando- entre 
los usuarios externos de dicha institución (entiéndase principalmente los consumidores). 
 
Si se efectúa un análisis de las denuncias tramitadas por la Comisión de Protección al 
Consumidor de la Sede Central del INDECOPI entre los años 2006 y 2010, encontraremos 
la siguiente información (Indecopi, 2011): 
 
6 
 
 
Como se puede apreciar, del total de procedimientos tramitados en el periodo señalado, un 
94.14% corresponden a denuncias de parte mientras que el 5.86% corresponden a 
procedimientos de oficio. Asimismo, como se puede apreciar del cuadro supra, las 
denuncias de parte fueron incrementándose año a año. 
 
Así, al encontrarse los consumidores más y mejor informados en relación a sus derechos y 
a las vías con las que contaban para procurar la defensa de los mismos, el INDECOPI 
resultaba siendo la opción más atractiva en comparación con el Poder Judicial, 
considerando que el procedimiento ordinario por infracción a las normas de protección al 
consumidor -único procedimiento que se tramitaba ante el INDECOPI antes de la entrada 
en vigencia del Código- tenía un plazo legal de duración de 120 días hábiles por instancia (2 
instancias en sede administrativa, la primera a cargo de la Comisión de Protección al 
Consumidor y la segunda a cargo de la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 -hoy Sala 
Especializada en Protección al consumidor. 
 
Es preciso señalar en este punto que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 105° del 
Código, el Indecopi ostenta competencia primaria para conocer las presunta infracciones a 
las normas de protección al consumidor recogidas en el Código por lo que no podría 
suceder que este tipo de controversias se ventilen ante el Poder Judicial. Sin perjuicio de 
ello, los consumidores sí podrían acudir al Poder Judicial para demandar a los proveedores 
en la vía penal, por ejemplo, por un delito de estafa si pagaron una suma de dinero para 
adquirir un electrodoméstico de una determinada marca y resulta ser de una marca 
falsificada, o en la vía civil, por obligación de dar suma de dinero si, por ejemplo, pagó por la 
adquisición de un determinado producto y, ante el incumplimiento en su entrega, el 
proveedor se compromete a devolver dicha suma y finalmente incumple también con 
efectuar dicha devolución. 
 
Es de conocimiento general la situación de sobrecarga procesal que atraviesa el Poder 
Judicial, lo que ocasiona que los procesos que ante él se tramitan puedan durar años sin 
que el demandante obtenga una satisfacción oportuna a su pretensión. Es en ese contexto 
7 
que consideramos que acudir al Indecopi en busca de tutela bajo la vía del procedimiento 
de procedimiento de solución de controversias por infracción a las normas de protección al 
consumidor resulta más atractiva en comparación con el Poder Judicial, toda vez que, aún 
en el supuesto en el que se excedan los plazos establecidos para dicho procedimiento, en 
cualquier caso resultas una vía más expeditiva que la judicial, además de constituir un 
procedimiento mucho más sencillo, sin tantas formalidades como las que ostentan los 
procesos judiciales. 
 
En virtud a ello y a la creciente demanda de los servicios del INDECOPI en materia de 
protección al consumidor, la  incorporación de una figura como el procedimiento sumarísimo 
en la principal norma vinculada a la protección al consumidor resultaba entendible, lo cual 
no supone necesariamente que haya sido la opción más acertada, pero ello será analizado 
en capítulos posteriores de la presente investigación. 
 
1.1. Génesis del Procedimiento Sumarísimo 
 
Tal como se ha señalado anteriormente, el Procedimiento Sumarísimo fue creado por el 
Código, el cual entró en vigencia en el año 2010. Dicho cuerpo normativo constituye el 
primero en materia de protección al consumidor que ha englobado la mayor cantidad de 
materias de las que puede versar un procedimiento de infracción a las normas de protección 
al consumidor.  
 
Al respecto, es preciso indicar en este punto que la protección al consumidor resulta ser una 
materia especialmente particular por la vasta cantidad de temas que se pueden abordar por 
su intermedio, resultando ser una disciplina que atraviesa de manera transversal el mercado 
y, por tanto, he allí su complejidad.  
 
Así, a través de un procedimiento de infracción a las normas de protección al consumidor se 
pueden conocer casos vinculados a situaciones tan diversas como un producto defectuoso, 
una negligencia médica, la aplicación de cláusulas abusivas en un contrato de seguros, la 
cancelación de un vuelo, el cobro de una suma no reconocida a través de operaciones 
realizadas con una tarjeta de crédito o débito, la negativa de permitir el ingreso de un 
consumidor a un establecimiento abierto al público por razones que no responden a un 
sustento objetivo y, por tanto, entrañan un acto de discriminación, entre otros  
 
Es en este contexto y atendiendo a la diversidad de temas que pueden ser abordados 
mediante la protección al consumidor, que surge la idea de la creación del Código. Al 
8 
respecto, es preciso indicar en este punto que la creación de un cuerpo normativo de esta 
naturaleza fue objeto de opiniones tanto a favor como en contra. 
 
Así por ejemplo, dentro de las opiniones contrarias, podemos mencionar a Eliana Lessem, 
para quien el  Anteproyecto del Código constituía “[...] una sobreprotección al consumidor y 
es eso lo que debemos evitar a toda costa si queremos que el mercado funcione 
adecuadamente” (Lesem , 2010, pág. 169). 
 
En la misma línea, podemos encontrar a Alfredo Bullard, para quien el Código constituye 
una normativa proteccionista en la que se plasma una regulación por anécdota, siendo que 
esta figura origina una serie de problemas, toda vez que, en palabras de dicho autor: 
 
Cuando uno comienza a dar un paso no termina nunca [...] y eso es lo que termina 
pasando cuando uno pone una regla y al día siguiente se encuentra que su regla no 
resuelve las cosas de la manera como uno cree que se van a resolver y entonces tiene 
que dar otra regla y eso genera un fenómeno que se llama el engordamiento de la 
regulación [...] entonces ya no tendremos una regulación de 82 páginas, como el último 
proyecto que vi del Poder Ejecutivo, sino una regulación de 160, donde vamos a regular 
anécdotas adicionales y así la regulación seguirá creciendo y creciendo y creciendo y 
cada vez los consumidores tendrán menos capacidad de decidir [...] (Lesem , 2010, 
págs. 169-170). 
 
Rómulo Morales también se encontraba dentro de los críticos de la dación del Código, en 
tanto consideraba que el mismo intentaba replicar normas de legislación extranjera que no 
necesariamente se aplican al contexto peruano. Así, señala el autor: 
 
He revisado el Anteproyecto de Código de Protección y Defensa del Consumidor [...], el 
Proyecto de Ley N° 3580/2090-CR del 20 de octubre de 2009 de Código de Defensa del 
Consumidor y de Protección de la Economía Popular, el Proyecto Alternativo de Código 
de Consumo del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) y ahora el proyecto que se está trabajando en el Congreso de la 
República; y he corroborado que se están cometiendo los mismos errores que incurre 
constantemente el legislador peruano, es decir, se copian normativas totalmente distintas 
sin ninguna idea clara de lo que se quiere importar. 
[...] 
Por otro lado, he comprobado que en los anteproyectos revisados regulan 
deficientemente instituciones que están mejor reguladas en el Código Civil. Así por 
ejemplo las normas de obligaciones de saneamiento en el Código Civil están mejor 
formuladas que todos los proyectos que he revisado. Esto no quiere decir que el Código 
9 
Civil sea perfecto pero es muy probable que el Código de Consumo que se quiere 
promulgar será muy defectuoso. Por lo tanto, el hecho de copiar normativas sin 
conocimiento de las doctrinas y de las jurisprudencias de las diferentes normativas de 
protección al consumidor va a lograr un producto defectuoso y finalmente ese producto 
defectuoso a quien va a perjudicar será al consumidor, quien paradójicamente es la 
persona objeto de tutela de los proyectos mencionados (Lesem , 2010, págs. 174-175). 
 
Dentro de las opiniones favorables a la creación del Código, podemos mencionar la de Alda 
Lazo, −quien para el momento en el que se debatía el Anteproyecto del Código era 
Congresista de la República y Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismo Reguladores del Congreso−, quien defendía la creación del Código, 
sustentándose en que la legislación anterior se encontraba desfasada, en los siguientes 
términos:  
 
(...) con el Código de Consumo lo que estamos tratando de hacer es beneficiar y proteger 
a todos y cada uno de nosotros que tenemos una asimetría con los proveedores (...) 
existen vacíos tremendos, puesto que tenemos una ley de protección al consumidor de 
hace 20 años, cuando no existían las ventas por internet, las ventas agresivas, las 
ventas puerta a puerta, entonces estamos con una protección al consumidor de hace 20 
años, debido a la modernidad la ley tiene grandes vacíos. El Código de Consumo va a 
modernizar esta relación para los consumidores (...) (Lesem , 2010, pág. 171). 
 
Walter Gutiérrez también se pronunció a favor de la creación del Código en los siguientes 
términos: 
 
(...) el tema de un Código del Consumidor es un tema de fondo, de la mayor importancia; 
pues no solo compromete la economía del país sino, principalmente, la calidad de vida de 
los ciudadanos; es un asunto que tiene que ver con el día a día de las personas y 
precisamente eso es lo que lo hace importante.  
 
Asimismo, al propio tiempo que es un tema económico, es también un tema jurídico; y en 
esta línea, desde mi punto de vista, este es uno de los grandes proyectos que se vienen 
trabajando desde el Congreso (Lesem , 2010, pág. 167).  
 
No obstante, no debe interpretarse lo anteriormente señalado en el sentido que no existía 
una norma especial aplicable a la materia pues hasta antes de la entrada en vigencia del 
Código se encontró vigente el Decreto Supremo  N° 006-2009-PCM, Texto Único Ordenado 
de la Ley de Protección al Consumidor (en adelante, el TUO) (Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), 2009).  
10 
 
El TUO fue el antecedente inmediato del Código y la norma que más se asemejó a este 
último en lo que respecta a englobar en un solo cuerpo normativo la mayor cantidad de 
disposiciones, tanto sustantivas como procedimentales, vinculadas a la protección al 
consumidor. Sin embargo, existieron normas previas al TUO que consideramos merecen 
ser mencionadas a fin de comprender adecuadamente el camino recorrido y que finalmente 
decantó en la creación del Código. Así, podemos mencionar los siguientes dispositivos 
legales: 
 
● El primer antecedente lo constituye el Decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección 
al Consumidor (Presidencia de la República, 1991), la cual resulta de especial 
importancia en tanto constituye la primera norma específica en relación a la 
protección al consumidor, la misma que recogía los principales conceptos y 
derechos reconocidos a los consumidores. Sin embargo, no contemplaba la 
posibilidad de que el INDECOPI otorgara medidas correctivas a favor del 
consumidor que hubiera visto afectado alguno de sus derechos, resultando ello una 
importante limitación. 
 
● La Ley Nº 26506 (Congreso de la República, 1995), mediante el cual se modificaron 
decretos legislativos que aprobaron las normas sobre protección y publicidad en 
defensa del consumidor, incorporó al DL Nº 716 el Artículo 7º-A, a través del cual 
estableció que constituía una obligación de los proveedores de consignar el precio 
total del bien o servicio que oferten en el mercado. 
 
● Posteriormente, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI (Presidencia de la República, 
1996). La importancia de este dispositivo recae en que recogió temas de fondo pero 
especialmente aspectos procedimentales aplicables al procedimiento por infracción 
a las normas de protección al consumidor. 
 
● La Ley Nº 27049 (Congreso de la República, 1999) incorporó el derecho de los 
ciudadanos a no ser discriminados en el consumo, precisándose que la protección 
de sus intereses económicos mediante el trato equitativo y justo en toda transacción 
comercial a la que se hacía referencia en el inciso d) del Artículo 5º del DL Nº 716 
comprendía que los consumidores no podrán ser discriminados por motivo alguno. 
Asimismo, la prohibición del trato discriminatorio se incluyó a través de la 
incorporación del Artículo 7º-B al DL Nº 716. 
11 
 
● La Ley Nº 27251 (Congreso de la República, 2000) modificó algunos artículos del 
Decreto Legislativo Nº 716, siendo la principal modificación la incorporación del 
derecho de los consumidores a poder efectuar pagos anticipados en las operaciones 
de crédito que hubieran realizado con alguna entidad financiera. 
 
● La facultad para el otorgamiento de medidas correctivas fue otorgada al INDECOPI 
mediante la Ley N° 27311, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Protección al 
Consumidor (Congreso de la República, 2000). La importancia de esta norma recae 
en el hecho de haber incorporado una figura relevante desde el punto de vista del 
consumidor pues es a través de la medida correctiva que éste obtiene propiamente 
una satisfacción a sus intereses, en tanto su otorgamiento busca retrotraer los 
efectos de la conducta infractora, generándose de esta manera mayores incentivos 
para que los consumidores acudan a la Administración en busca de tutela, en tanto 
podrían obtener una solución concreta a su problema al ordenarse a su favor, por 
ejemplo, la devolución del monto que pagó por el producto que adquirió y resultó 
defectuoso. 
 
● Mediante el Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI (Presidencia de la República, 
2000) se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, 
condensando en un sólo cuerpo normativo las disposiciones sobre protección que en 
ese momento se encontraban vigentes. 
 
● En el 2001 entra en vigencia la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (Congreso de la República, 2001), una norma que, si bien no recoge 
específicamente disposiciones en materia de protección al consumidor, es 
importante en tanto unifica los aspectos procedimentales aplicables a todos los 
procedimientos administrativos -el procedimiento por infracción de las normas de 
protección al consumidor que se tramitaba ante el INDECOPI era uno de ellos. 
 
● En el 2001 también se publicó la Ley Nº 27598 que modificó el DL Nº 716 (Congreso 
de la República, 2001) al incorporar artículos relacionados a la prohibición de 
métodos abusivos de cobranza por parte de los proveedores. Dicha Ley fue 
reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 011-2003-PCM. 
 
● En el 2002 se promulgó la Ley Nº 27917, que modificó y precisó los alcances del 
Artículo 42º del TUO de la Ley de Protección al Consumidor (Congreso de la 
12 
República, 2003), estableciendo que la Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI no era competente para ordenar indemnizaciones, correspondiendo 
dicha facultad de manera exclusiva al Poder  Judicial. 
 
● En el año 2004 entró en vigencia la Ley Nº 28300 (Congreso de la República, 2004), 
la cual sustituyó el Artículo 7º-A del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 716, Ley de Protección al Consumidor, estableciendo que los proveedores tenían 
la obligación de consignar el precio total del bien o servicio que ofrecen en Nuevos 
Soles y, en los casos que se difundieran en moneda extranjera, debían consignar 
también los precios en moneda nacional. 
 
● En el 2008 se promulga y publica el Decreto Legislativo N° 1045 (Presidencia de la 
República, 2008), el mismo que aprueba la Ley Complementaria del Sistema de 
Protección al Consumidor siendo éste el antecedente inmediato del TUO que entró 
en vigencia en el año 2009 y al que se hizo referencia en párrafos previos de la 
presente investigación. 
 
Habiendo ya establecido el escenario normativo que precedió al Código, resulta ahora 
importante establecer el motivo por el cual se decidió la creación de una norma de esa 
envergadura. Como se mencionó anteriormente, se había venido registrando un crecimiento 
exponencial y sostenido de las denuncias por infracción a las normas de protección al 
consumidor presentadas ante el INDECOPI, las cuales eran tramitadas en dos instancias 
que contaban con un plazo de 120 días hábiles cada una para emitir el pronunciamiento 
final respectivo. 
 
Al respecto, considerando la cantidad de denuncias presentadas y otras situaciones ajenas 
al procedimiento en sí -personal con el que contaban los órganos resolutivos para afrontar 
la permanentemente creciente carga procedimental, aspectos logísticos, entre otros-, 
resultaba que los órganos resolutivos del INDECOPI a los que se les había otorgado 
competencia para conocer y tramitar las denuncias en materia de protección al consumidor 
podían terminar excediendo largamente el plazo legal establecido para la tramitación de los 
casos, lo que generaba evidentemente una disconformidad en los usuarios que acudían a la 
institución para resolver sus controversias con los proveedores y terminaba generando que 
el procedimiento se torne en ineficiente en relación a su duración. Es esta la principal 
motivación que generó la incorporación en el Código de la figura procedimental del 
Procedimiento Sumarísimo. 
 
13 
En relación al proceso de creación de dicho cuerpo normativo, la iniciativa surge por parte 
del Poder Ejecutivo, específicamente la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual 
mediante Resolución Suprema N° 200-2009-PCM de fecha 9 de agosto de 2009 constituyó 
la Comisión Consultiva para la elaboración del Anteproyecto del Código. Para la 
conformación de esta Comisión Multisectorial, se convocó a instituciones públicas -lideradas 
por la Presidencia del Consejo de Ministros y el INDECOPI- que conocieran sobre temas 
vinculados a la protección al consumidor -que, como ya dijimos anteriormente, resulta ser 
una disciplina transversal a todo el mercado- y también a representantes del sector privado 
y especialistas en la materia, a fin de que brindaran los aportes necesarios en base al 
conocimiento de su sector o especialidad. 
 
Evidentemente, la intención de la conformación de este grupo de trabajo era obtener un 
consenso que otorgara legitimidad al insumo obtenido así como dotar al mismo de un 
carácter técnico, ya que la ausencia de este último era lo que muchas veces se había 
criticado a las normas anteriores. 
 
En esta línea, el Anteproyecto del Código que trabajó dicha Comisión recogía por primera 
vez en una norma de protección al consumidor la existencia no sólo de disposiciones 
generales sino especialmente disposiciones especiales por materias y/o sectores. Así, en 
dicho documento se incluyó un capítulo referido a la protección al consumidor en productos 
o servicios específicos, el cual se encontraba conformado por sub capítulos referidos a 
servicios educativos, servicios inmobiliarios, servicios de salud y productos financieros. 
 
Al respecto, era ésta una de las principales fortalezas del mencionado documento, pues el 
mismo constituía el primer cuerpo normativo en el que se recogían de manera unificada 
disposiciones relativas a sectores específicos relacionados a la protección al consumidor. 
Sobre el particular, es preciso indicar en este punto que ello no suponía necesariamente 
que no hubieran existido normas sectoriales que recogieran los temas vinculados a la 
protección al consumidor es sus respectivos sectores pues, efectivamente, existían normas 
por cada sector en las que se trataban cuando no directamente, al menos de manera 
tangencial, los aspectos vinculados a la protección al consumidor. 
 
Luego de realizadas las reuniones y habiéndose generado el insumo final, el Anteproyecto 
fue remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual constituyó una Comisión 
Revisora encargada de, valga la redundancia, revisar el texto propuesto y finalmente 
determinó cuál sería el texto definitivo, efectuando algunas modificaciones al documento 
14 
inicial e incluyendo algunas disposiciones que inicialmente no se encontraban contempladas 
(las vinculadas al Procedimiento Sumarísimo son algunas de ellas).  
 
Así, este Anteproyecto recogía la inclusión de instituciones que no tenían parangón en lo 
que a normativa de protección al consumidor se refiere, que son las siguientes: 
 
● la inclusión y fortalecimiento del Arbitraje de Consumo como mecanismo de 
heterocomposición de las controversias surgidas entre consumidores y proveedores; 
 
● la creación del Procedimiento Sumarísimo y la creación de los Órganos Resolutivos 
de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor; 
 
● la implementación del Libro de Reclamaciones; y, 
 
● la creación del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor; 
 
En relación al Procedimiento Sumarísimo, que es el objeto de la presente investigación, el 
texto propuesto en el Anteproyecto presentado por la Comisión Consultiva Multisectorial fue 
finalmente aceptado por la Comisión Revisora e incluido en el Proyecto de Ley remitido al 
Congreso de la República para su discusión y posterior aprobación. 
 
Una vez que el Proyecto de Ley fue recibido por el Congreso, la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos conformó una Mesa de 
Trabajo con la finalidad de discutir el texto propuesto por la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Así, luego de realizadas las reuniones respectivas, el documento fue presentado 
en calidad de Dictamen en el Congreso de la República, el cual finalmente promulgó el 
Capítulo referido al Procedimiento Sumarísimo en los siguientes términos: 
 
Capítulo IV 
Procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor 
  
Artículo 124°.- Sobre los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor 
A efectos de establecer un procedimiento especial de protección al consumidor de carácter 
célere para los casos en que ello se requiera por la cuantía o la materia discutida, el Consejo 
Directivo del INDECOPI creará Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor, que se encontrarán adscritos a las sedes de la institución a nivel 
nacional u Oficinas Regionales en las que exista una Comisión de Protección al Consumidor 
15 
o una Comisión con facultades desconcentradas en esta materia (Congreso de la República, 
2010). 
   
En relación a este artículo, corresponde indicar que constituye un dispositivo importante en 
tanto a través del mismo se dispone la creación de los Órganos Resolutivos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor que serán los encargados de la tramitación y resolución de los 
casos que se tramiten bajo el Procedimiento Sumarísimo. Asimismo, se establece, aunque 
de manera tangencial, que la competencia de dichos órganos estará establecida en función 
a la materia o a la cuantía, aunque este aspecto se desarrolla de manera más detallada en 
el artículo siguiente: 
 
Artículo 125°.- Competencia de los Órganos Resolutivos de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor 
Cada Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor será 
competente para conocer, en primera instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, 
determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) 
UIT; así como aquellas denuncias que versen exclusivamente sobre requerimientos de 
información, métodos abusivos de cobranza y demora en la entrega del producto, con 
independencia de su cuantía. Asimismo, será competente para conocer, en primera instancia, 
denuncias por incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio e 
incumplimiento y liquidación de costas y costos. No podrá conocer denuncias que involucren 
reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato diferenciado, 
servicios médicos, actos que afecten intereses colectivos o difusos y los que versen sobre 
productos o servicios cuya estimación patrimonial supere tres (3) UIT o sean inapreciables en 
dinero. 
  
La Comisión de Protección al Consumidor o la Comisión con facultades desconcentradas en 
esta materia, según corresponda, constituirá la segunda instancia administrativa en este 
procedimiento sumarísimo, que se tramitará bajo las reglas establecidas por la presente 
disposición y por la Directiva que para tal efecto deberá aprobar y publicar el Consejo 
Directivo del INDECOPI. 
  
Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de 
protección al consumidor del Tribunal del INDECOPI de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 210º de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Este recurso únicamente 
será admitido a trámite cuando la Sala aprecie que se han dejado de aplicar o aplicado 
erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los Precedentes de 
Observancia Obligatoria por ella aprobados.  
 
16 
El plazo para la interposición de este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no 
suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente 
fundamentada disponga lo contrario (Congreso de la República, 2010). 
  
Respecto de este artículo, corresponde indicar que es uno de los más importantes, si no el 
más importante, del Capítulo referido al Procedimiento Sumarísimo, en la medida que es el 
que establece cómo se determina la competencia de los Órganos Resolutivos de 
Procedimientos Sumarísimos para conocer, tramitar y resolver las denuncias por infracción a 
las normas de protección al consumidor.  
 
Así, se establece que dichos órganos serán competentes para conocer en primera instancia 
únicamente los casos cuya cuantía sea menor a tres (3) UIT y en lo que respecta a la 
competencia por materia, se establecen temas determinados que dichos órganos podrán 
reconocer siendo que, además, se ha reservado para la Comisión de Protección al 
Consumidor, como órgano de primera instancia, la posibilidad de conocer denuncias que 
versen sobre reclamos referidos a determinadas materias tales como  productos o 
sustancias peligrosas, discriminación, servicios médicos, entre otros.  
 
Al respecto, la lógica de disposición se encontraría sustentada en el hecho que los casos 
cuya tramitación se ha reservado para la Comisión de Protección al Consumidor involucran 
una complejidad mayor y, por tanto, una actividad probatoria mucho más amplia que no 
podría cubrirse únicamente mediante la prueba documental y, por tanto, excedería el plazo 
de tramitación establecido para el Procedimiento Sumarísimo. Por ejemplo, en los casos 
médicos, es posible que se requiera la realización de una pericia médica en la que un 
profesional médico imparcial especialista en la rama médica involucrada en el reclamo 
revise la historia clínica de la parte afectada a fin de determinar si la atención médica 
brindada por el médico tratante fue brindada de manera idónea. Sobre este tema en 
particular y específicamente respecto a la conveniencia de la determinación de 
competencias en el Procedimiento Sumarísimo establecida por el Código nos ocuparemos 
con mayor detalle en el tercer capítulo de la presente investigación. 
 
De otro lado, en este artículo se establecen aspectos procedimentales importantes 
vinculados a la pluralidad de instancias, determinándose que la Comisión de Protección al 
Consumidor es el órgano de segunda instancia y la Sala competente (en este caso, la hoy 
denominada Sala Especializada en Protección al Consumidor) es la encargada de la 
tramitación en caso se interponga un recurso de revisión, el cual es una novedad 
procedimental incorporada por el Código y que ha sido contemplada únicamente en la 
17 
tramitación de un Procedimiento Sumarísimo y no en un Procedimiento Ordinario por 
infracción a las normas de Protección al Consumidor. 
 
Finalmente, se establece que el plazo para la interposición del recurso de apelación es de 
cinco (5) días hábiles luego de notificada la Resolución de Primera Instancia, siendo que 
dicho recurso tiene efectos suspensivos. 
 
 
Artículo 126°.- Reglas para la tramitación del Procedimiento Sumarísimo de 
Protección al Consumidor 
El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de 
conformidad con las siguientes reglas: 
  
a.  Debe tramitarse y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles por 
instancia, en observancia de las normas que establece el presente Código, 
incluyendo las que prevén infracciones y habilitan la imposición de sanciones, multas 
y medidas correctivas siendo de aplicación supletoria las disposiciones del 
Procedimiento Único previsto en el Título V del Decreto Legislativo Nº 807, en todo 
aquello que no contradiga su naturaleza y celeridad. 
 
b. Las partes únicamente podrán ofrecer medios probatorios documentales, sin perjuicio 
de la facultad de la autoridad para requerir, de oficio, la actuación de algún medio 
probatorio de naturaleza distinta. 
 
c. La resolución de la correspondiente Comisión o, de ser el caso, del Tribunal dará por 
agotada la vía administrativa (Congreso de la República, 2010).  
 
Este artículo será desarrollado más detalladamente en el punto 1.2 del presente Capítulo. 
 
Artículo 127°.- Designación del Jefe de los Órganos Resolutivos de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor 
Los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se 
encuentran a cargo de un Jefe, que cuenta con autonomía técnica y funcional, que será 
designado por el Consejo Directivo del INDECOPI y que resolverá en primera instancia 
administrativa los procedimientos sumarísimos iniciados a pedido de parte, de conformidad 
con la presente disposición. Para su designación y remoción son de aplicación las normas 
del Decreto Legislativo Nº 1033 que regulan la designación y vacancia de los comisionados. 
Las demás disposiciones procedimentales que resulten necesarias serán aprobadas por el 
Consejo Directivo del INDECOPI, quedando su Presidente facultado para adoptar las 
acciones administrativas y de personal que se requiera para la implementación y 
18 
funcionamiento de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor, a nivel nacional (Congreso de la República, 2010). 
 
Finalmente, en último artículo del Capítulo del Código referido al Procedimiento Sumarísimo, 
se establece que cada uno de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos se 
encontrará a cargo de un Jefe que será designado por el Consejo Directivo del INDECOPI. 
 
Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo a lo establecido en el dispositivo bajo 
comentario, dichos órganos constituyen Órganos Resolutivos Unipersonales, a diferencia de 
la Comisión y la Sala que constituyen Órganos Colegiados. Ello encontraría sentido en el 
hecho de que en un Órgano Resolutivo Unipersonal la tramitación resulta más expeditiva en 
comparación con un Órgano Resolutivo Colegiado, lo cual resultaría conveniente y acorde 
con la naturaleza del Procedimiento Sumarísimo, principalmente por el hecho de que no se 
presentan inconvenientes para la formación del quórum necesario que se requiere para 
considerar válida la emisión de un pronunciamiento final. De otro lado, si bien la deliberación 
y discusión en un colegiado puede en principio fortalecer la decisión a emitir, en ocasiones 
esta deliberación se convierte en una traba cuando los integrantes del Colegiado no logran 
ponerse de acuerdo en relación a determinado criterio, postergando la decisión de la 
resolución final respectiva para una sesión posterior, lo cual sería contraproducente en el 
marco de un procedimiento sumarísimo que se caracteriza por tener un plazo más corto 
para su tramitación. 
 
Es preciso indicar que el texto del Capítulo sobre el Procedimiento Sumarísimo antes 
mencionado fue prácticamente el mismo que fue propuesto en su momento por la Comisión 
Consultiva Multisectorial y aprobado por la Comisión Revisora de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, habiéndose adicionado únicamente la referencia a que el recurso de apelación 
no tiene efectos suspensivos. 
 
1.2. Características del Procedimiento Sumarísimo 
 
Tal como se señaló en el acápite anterior de la presente investigación, el Código 
implementó el Procedimiento Sumarísimo. 
 
En este punto, consideramos necesario señalar que una comparación inicial podemos 
realizarla con el Código Procesal Civil, el cual en el Título III de la Sección Quinta referida a 
Procesos Contenciosos (artículos 546 a 606) recoge disposiciones aplicables al Proceso 
Sumarísimo. 
19 
 
De la revisión de dichas disposiciones, puede observarse que la lógica del Proceso 
Sumarísimo normado en el Código Procesal Civil es la tramitación en esta vía de materias 
menos complejas en comparación con el Proceso de Conocimiento y el Proceso Abreviado, 
siendo la principal característica el menor plazo de tramitación. 
 
Así, el Código Procesal Civil establece en su artículo 546° que se tramitan en proceso 
sumarísimo los siguientes asuntos: 
 
1. Alimentos; 
2. separación convencional y divorcio ulterior; 
3. interdicción; 
4. desalojo; 
5. interdictos; 
6. los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay 
duda sobre su monto, o, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez 
considere atendible su empleo (todos estos numerales establecen la competencia 
por materia);  
7. aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de veinte (20) Unidades de 
Referencia Procesal (competencia por cuantía); y, 
8. las demás que la Ley señale. 
 
De otro lado, complementando la competencia por materia establecida en el artículo 546°, la 
Quinta Disposición Final del mismo cuerpo normativo antes citado dispone que, salvo que el 
mismo establezca un proceso especial, se tramitan como proceso sumarísimo las 
pretensiones a que se refieren los siguientes artículos de las siguientes normas: 
 
1. Código Civil: 58°, 293°, 300°, 305°, 460°, 468°, 606°, 792°, 993°, 1014°, 1017°, 
1116°, 1163° y 1839°. 
2. Ley General de Sociedades: 8°, 9° inciso 4, 125°, 126°, 161°, 267°, 341°, 370°, y 
377° inciso 3. 
3. Ley de Títulos Valores: 28°, 101°, 102°, 105°, 108° y 208°. 
 
En relación a los plazos aplicables al proceso sumarísimo, el Código Procesal Civil 
establece lo siguiente: 
 
20 
● Emplazamiento a demandado indeterminado o con residencia ignorada: 15 días si el 
demandado se haya en el país y 25 días si estuviera fuera de él o se trata de 
persona indeterminada o incierta (Artículo 550°). 
● Subsanación de demanda declarada inadmisible: 3 días (Artículo 551°). 
● Excepciones y defensas previas: al contestarse la demanda (Artículo 552°). 
● Plazo para contestación de la demanda: 5 días (Artículo 554°) 
● Fijación de audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia: Dentro de los 10 días 
siguientes de contestada la demanda (Artículo 554°). 
● Plazo excepcional para la emisión de la sentencia: 10 días desde la conclusión de la 
audiencia, como máximo (Artículo 555°). 
● Apelación de resolución que declara improcedente la demanda, de resolución que 
declara fundada una excepción o defensa previa y apelación de sentencia: 3 días 
luego de su notificación (Artículo 556°) 
● Apelación de otras resoluciones: sólo durante la audiencia (Artículo 556°). 
● Remisión de expediente al superior: Dentro de los 5 días de concedida la apelación 
(Artículo 558° con remisión al artículo 376°) 
● Comunicación a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos por el 
superior y fijación de día y hora para la vista de la causa: Dentro de los 5 días de 
recibido el expediente. 
● Emisión de resolución definitiva: Dentro de los 5 días siguientes a la vista de la 
causa. 
 
Respecto de los medios probatorios que se pueden actuar en un proceso sumarísimo, el 
Código Procesal Civil establece que los mismos deberán ser de actuación inmediata, 
durante la audiencia única (Artículo 553°). 
 
En relación al proceso sumarísimo civil, consideramos pertinente en este punto hacer 
referencia a opiniones vertidas por doctrina especializada. Así, Alberto Hinostroza señala lo 
siguiente: 
 
El proceso sumarísimo, como su denominación lo indica, es aquel proceso contencioso de 
duración muy corta donde tiene lugar ciertas limitaciones que se traducen en la restricción 
de determinados actos procesales (...) lo cual está orientado, precisamente, a abreviar lo 
más posible el trámite del mencionado proceso a fin de lograr una pronta solución al conflicto 
de interés de que se trate. 
 
El proceso sumarísimo se distingue, pues, por la reducción de los plazos procesales (que 
son los más cortos en relación con las otras clases de procesos -vale decir, de conocimiento 
21 
y abreviado-) y por la concentración de las audiencias correspondiente en una sola, 
denominada audiencia única, dentro de la cual, inclusive se produce la expedición de la 
sentencia (salvo que, excepcionalmente, el Juez reserve su decisión para un momento 
posterior). 
 
En vía de proceso sumarísimo se ventilan, por lo general, las controversias que no revisten 
mayor complejidad o en las que sea urgente la tutela jurisdiccional, comprendiéndose, 
además, aquellas en las que la estimación patrimonial o cuantía sea mínima (2010, pág. 15).  
 
Por su parte, Hernández es de la siguiente opinión: 
 
Se trata de un proceso donde existen una serie de limitaciones que se imponen, con el fin de 
abreviar su plazo de tramitación. Tales limitaciones pueden estar referidas a la materia 
probatoria como los trámites o recurribilidad de los decisorios. Este proceso ha sido 
establecido para determinadas materias o cuando el monto no supere determinados límites. 
 
Cabe advertir que los plazos en este tipo de proceso, son breves y perentorios. El proceso 
sumarísimo viene a constituir, lo que en el Código de Procedimientos Civil de 1912, era el 
trámite incidental o trámite de oposición (1997, pág. 17). 
 
Mientras que, Enrique Falcón señala “[...] proceso sumarísimo, juicio plenario sumamente 
abreviado y ligado generalmente a una pretensión única” (1989, pág. 164). 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es preciso indicar en este punto que 
probablemente la comparación más próxima podemos efectuarla con el procedimiento 
administrativo de solución de reclamos vinculados a los servicios públicos regulados de 
telecomunicaciones, energía y saneamiento. Al respecto, a manera de resumen, podemos 
indicar que en estos procedimientos la primera instancia está constituida por las empresas 
operadoras y/o prestadoras del servicio público regulado, mientras que el Organismo 
Regulador respectivo es el competente para emitir el pronunciamiento en segunda instancia. 
 
Así, en lo que respecta al procedimiento de solución de reclamos de usuarios de servicios 
de telecomunicaciones, el artículo 54° de la Resolución de Consejo Directivo N° 047-2015-
CD-OSIPTEL, Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones (Osiptel, 2015), establece una serie de plazos diferenciados para la 
solución de reclamos presentados ante la empresa operadora, dependiendo del asunto 
involucrado en el mismo -los cuales se cuentan desde el día siguiente de presentado el 
reclamo-, siendo el mayor de ellos el de veinte (20) días hábiles. 
22 
 
En relación al sector de energía y gas natural, el artículo 20.1° de la Resolución de Consejo 
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin Nº 
269-2014-OS-CD, Directiva “Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de 
los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural” (Osinergmin, 2015), al igual que la 
norma del sector telecomunicaciones antes mencionada, también establece plazos 
diferenciados para la solución de reclamos presentados ante la empresa distribuidora, 
dependiendo del asunto sobre el que verse el reclamo, siendo el mayor de ellos el de 30 
días hábiles, los cuales se cuentan desde el día siguiente de presentado dicho reclamo.  
 
Por su parte, en los reclamos referidos a servicios de saneamiento, el artículo 21° de la 
Resolución N° 066-2006-SUNASS-CD, Reglamento General de Reclamos de Usuarios de 
Servicios de Saneamiento y Documento de Análisis de Impacto Regulatorio (Sunass, 2007), 
modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 064-2009-SUNASS-CD (Sunass, 
2009), dispone que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento deben emitir la 
resolución de primera instancia referida a los reclamos de facturación del servicio dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación del reclamo, mientras que los 
reclamos por problemas operacionales y problemas no relativos a la facturación deberán ser 
resueltos dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación del reclamo.  
 
Como se puede apreciar de las normas sectoriales previamente citadas,  a excepción de la 
correspondiente al sector de telecomunicaciones1, todas las demás recogen un plazo de 
treinta (30) días hábiles como plazo máximo para la resolución de los reclamos presentados 
por los usuarios, que son los consumidores de los servicios públicos regulados a las que 
cada una de ellas pretende normar, por lo que resulta evidente la equiparación, lo cual 
permite concluir que el sistema de atención de reclamos que se replica para los servicios 
públicos regulados antes mencionados ha servido de base para establecer el plazo de 
treinta días hábiles como plazo de tramitación dentro del Procedimiento Sumarísimo. 
 
En este punto cabe señalar que, a diferencia del Procedimiento Sumarísimo de Protección 
al Consumidor que es materia de esta investigación, en los procedimientos de solución de 
reclamos que se tramitan ante los reguladores no se contempla la posibilidad de que se 
interponga el recurso excepcional de revisión al que hace referencia el artículo 125° del 
                                               
1
 Sin perjuicio de ello, cabe indicar que el antecedente inmediato del Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios 
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones fue la Resolución N°015-99- CD/OSIPTEL, Directiva que establece las normas 
aplicables a los Procedimientos de Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios públicos de Telecomunicaciones, la cual 
en su el artículo 38.1° establecía que los reclamos debían ser resueltos dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados 
desde el día siguiente de su presentación ante la empresa operadora, con lo cual se puede apreciar que el plazo de 30 días 
hábiles también fue inicialmente considerado como el plazo máximo en el sector telecomunicaciones para la atención de los 
reclamos de usuarios. 
23 
Código. Asimismo, otra diferencia importante entre ambos procedimientos es que en el 
segundo de ellos la primera instancia siempre la constituye la empresa operadora, siendo 
que el organismo regulador es competente para emitir el pronunciamiento en segunda 
instancia, en vía de apelación, mientras que en el procedimiento sumarísimo de protección 
al consumidor la primera y segunda instancia están constituidas por órganos resolutivos de 
la autoridad de consumo, esto es, del INDECOPI. 
 
Seguidamente, a fin de entender adecuadamente las características inherentes al 
Procedimiento Sumarísimo, es necesario remitirnos al Artículo 126° del Código, el cual a la 
letra dispone lo siguiente: 
 
Artículo 126°.- Reglas para la tramitación del Procedimiento Sumarísimo de 
Protección al Consumidor 
El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de 
conformidad con las siguientes reglas: 
  
a.  Debe tramitarse y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles por 
instancia, en observancia de las normas que establece el presente Código, 
incluyendo las que prevén infracciones y habilitan la imposición de sanciones, multas 
y medidas correctivas siendo de aplicación supletoria las disposiciones del 
Procedimiento Único previsto en el Título V del Decreto Legislativo Nº 807, en todo 
aquello que no contradiga su naturaleza y celeridad. 
 
b. Las partes únicamente podrán ofrecer medios probatorios documentales, sin perjuicio 
de la facultad de la autoridad para requerir, de oficio, la actuación de algún medio 
probatorio de naturaleza distinta. 
 
c. La resolución de la correspondiente Comisión o, de ser el caso, del Tribunal dará por 
agotada la vía administrativa (Congreso de la República, 2010). 
 
Del dispositivo antes mencionado, podemos concluir que las características del 
Procedimiento Sumarísimo son las siguientes: 
 
● El plazo de tramitación en el Procedimiento Sumarísimo es considerablemente 
menor que en el Procedimiento Ordinario de infracción de las normas de Protección 
al Consumidor. Así, mientras éste tiene un plazo de tramitación de 120 días hábiles 
por instancia, el Procedimiento Sumarísimo cuenta únicamente con un plazo de 
24 
tramitación de 30 días hábiles por instancia por lo que apunta a ser un procedimiento 
célere.  
  
 Sobre el particular, es preciso indicar que la lógica nos permite arribar a la 
conclusión que esta distinción busca, al igual que el Proceso Civil Sumarísimo, 
asignar al Procedimiento Sumarísimo la tramitación de materias de menor 
complejidad o de menor cuantía.  
 
En efecto, según lo dispuesto por el artículo 125° del Código, los órganos resolutivos 
de procedimientos sumarísimos (en adelante, ORPS) son competentes para conocer, 
en primera instancia, denuncias cuya cuantía no supere las tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias. Asimismo, dispone que dichos órganos ostentan 
competencia para tramitar las denuncias que versen exclusivamente sobre 
requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza y demora en la 
entrega de productos, con independencia de su cuantía.  
 
Al respecto, dichas materias -en comparación con otras que también son objeto de 
denuncias por infracción a las normas de protección al consumidor- definitivamente 
resultan menos complejas en el sentido que la actuación probatoria respecto de las 
mismas a fin de determinar la existencia de una infracción es menos elaborada.  
 
Así por ejemplo, respecto de los requerimientos de información, únicamente debe 
acreditarse que el proveedor cumplió con atender los mismos, para lo cual bastará 
que éste presente en sus descargos el documento mediante el que brindó la 
respuesta respectiva al consumidor, con la correspondiente conformidad de 
recepción.  
 
El ORPS N° 2 en la Resolución Final N° 0052-2015/PS2 sancionó a la Caja 
Municipal de Crédito Popular de Lima por la falta de atención al requerimiento de 
información efectuado por la señora Sofía Esther Ruiz Burneo. Al respecto, la Caja 
alegó que la interesada nunca puso en su conocimiento dicho requerimiento; sin 
embargo, el ORPS N° 2 verificó que el documento mediante el cual se efectuó el 
mencionado requerimiento sí fue debidamente presentado por la interesada. 
 
De otro lado, en la Resolución Final N° 0046-2015/PS2, el ORPS 2 sancionó al 
Banco Financiero del Perú por la falta de atención al requerimiento de información 
25 
efectuado por el señor José Luis Egúsquiza Julca, toda vez que la respuesta a dicho 
requerimiento fue dirigida a un domicilio distinto al fijado por el interesado. 
 
De igual manera, en la demora en la entrega de productos, únicamente se debe 
acreditar que se cumplió con entregar el producto en el plazo establecido, para lo 
cual resultará suficiente que el proveedor presente el documento mediante el cual el 
consumidor haya dejado constancia de la fecha en la que recibió el producto a 
conformidad y que ésta se encuentre dentro del plazo establecido por el proveedor 
para la correspondiente entrega.  
 
En relación al tema de la cuantía, el legislador ha optado por establecer, de manera 
arbitraria, un monto que, a su consideración puede marcar el límite entre una materia 
compleja y otra que no lo es. Así, se debería entender que una denuncia sobre la 
venta de un artefacto defectuoso cuyo precio asciende a, digamos S/. 250,00 supone 
la existencia de un caso de menor complejidad en comparación a, por ejemplo, la 
existencia de defectos en un inmueble cuyo valor asciende a US$ 50 000,00.  
 
Sobre el particular, en el capítulo 3 de la presente investigación se profundizará 
sobre las situaciones derivadas de la determinación de competencia por materia y 
cuantía y se analizará sobre si la misma resulta adecuada, por lo que en este punto 
nos limitaremos a señalar que en el Procedimiento Sumarísimo se tramitan 
denuncias de menor complejidad, ya sea por razón de la materia o de la cuantía 
involucrada en las mismas. 
 
Por otro lado, el artículo 125° del Código también otorga competencia a los ORPS 
para conocer en primera instancia, las denuncias por incumplimiento de medida 
correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio y solicitudes de liquidación de 
costas y costos. 
 
Así, por ejemplo, en la Resolución Final N° 705-2015/PS1, el ORPS N° 1 resolvió 
sancionar a GMC LOIRA S.A.C., con una multa ascendente a 1 UIT por el 
incumplimiento del acuerdo conciliatorio celebrado con fecha 09 de septiembre de 
2014 con el señor Carlos Oscar Sinche Remigio. 
 
De otro lado, en la Resolución Final N° 2-2016/PS1, el ORPS N° 1 archivó la 
denuncia por incumplimiento de pago de liquidación de costas y costos presentada 
por el señor Rodolfo Josué Bazualdo Meléndez contra Hipermercados Tottus S.A. 
26 
 
Por su parte, en la Resolución N° 917-2015/PS1, dicho Órgano Resolutivo impuso a 
Inmobiliaria E & L S.A. una multa ascendente a 3 UIT por incumplimiento de la 
medida correctiva ordenada por la Resolución Final N° 1839-2013/CC2 y la 
Resolución N° 1882-2014/SPC-INDECOPI. 
 
En relación al incumplimiento de medida correctiva, cabe indicar que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Código, dicho incumplimiento constituye, a su vez, una infracción a la 
mencionada norma, en virtud al cual puede iniciarse un procedimiento sancionador. 
Al respecto, si bien el incumplimiento de una medida correctiva está íntimamente 
ligado al procedimiento principal en el cual la misma fue ordenada, consideramos 
que el legislador ha optado porque dicho incumplimiento de mandato se tramite de 
manera independiente, en un procedimiento específico, con la finalidad de ejercer 
presión sobre el denunciado que incumple con la medida correctiva ordenada, ya 
que, de ser ése el caso, a la sanción impuesta por la infracción a las normas de 
protección al consumidor se sumará una sanción posterior en caso de verificarse el 
incumplimiento antes señalado, la misma que podrá duplicarse sucesivamente en 
caso el incumplimiento se mantenga. 
 
Al respecto, se entiende esta asignación de competencia en la medida que los 
supuestos anteriormente mencionados se equipararían a las materias que son 
tramitadas en los procesos civiles de ejecución. Así, en dichos procesos no hay 
mayor controversia que dilucidar, como sí sucede en los procesos de conocimiento 
(que, en este caso particular, se equipararían a aquéllos en los cuales se tramitan las 
denuncias por infracción de las normas de protección al consumidor), por lo que se 
entendería que ostentan una complejidad menor.   
 
● En relación a la actividad probatoria, el procedimiento sumarísimo es 
primordialmente documental, tal como establece el artículo 126° del Código al 
disponer que las partes únicamente pueden presentar pruebas documentales en el 
transcurso del procedimiento. Ello guarda coherencia con el hecho de que el plazo 
de tramitación del Procedimiento Sumarísimo sea de únicamente 30 días hábiles por 
instancia; en ese contexto, si se requiriera la actuación de medios probatorios no 
documentales, existiría una gran posibilidad de que no se cumpla con el plazo legal 
de tramitación antes mencionado, lo cual vaciaría de contenido el procedimiento. 
 
1.3. Finalidad del Procedimiento Sumarísimo 
27 
 
En relación a la finalidad del Procedimiento Sumarísimo, es preciso indicar que, como se 
señaló previamente en este documento, su creación respondió a la creciente carga 
procedimental que venía asumiendo la Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI, por lo que resultaba necesario descongestionar dicho órgano resolutivo para 
que la institución pudiera brindar un adecuado servicio a los consumidores que acudían a 
ella con la finalidad de obtener una solución ante una controversia suscitada con un 
proveedor, siendo que, como se verificó en el primer capítulo de la presente investigación, 
entre los años 2006 y 2010 dicha Comisión tramitó un total de 15 596 procedimientos, de los 
cuales 14 682 se iniciaron por denuncia de parte y 914 fueron iniciados de oficio (Indecopi, 
2011). 
 
En tal sentido, la finalidad principal del Procedimiento Sumarísimo fue dotar de celeridad a 
la tramitación de los procedimientos de infracción a las normas de protección al consumidor 
con el objetivo de que los administrados usuarios del servicio vean satisfechos sus intereses 
de manera efectiva. 
 
Al respecto, resulta conveniente precisar en este punto que lo anteriormente señalado se 
encuentra directamente ligado a lo establecido en el numeral 6 del artículo VI del Título 
Preliminar del Código, el cual establece expresamente lo siguiente: 
 
Artículo VI°.- Políticas Públicas 
[...] 
6. El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos 
entre proveedores y consumidores. Para tal efecto, promueve que los proveedores 
atiendan y solucionen directamente los reclamos de los consumidores, el uso de 
mecanismos alternativos de solución como la mediación, la conciliación y el arbitraje 
de consumo voluntario, y sistemas de autorregulación; asimismo, garantiza el acceso 
a procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y eficaces para la 
resolución de conflictos y la reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso a las 
acciones por intereses colectivos y difusos [el subrayado es mío] (Congreso de la 
República, 2010) 
 
Lo señalado por el artículo antes mencionado tiene directa relación con las nociones de 
acceso a la justicia y recurso efectivo, siendo que la primera de ellas se encuentra recogida 
en el artículo 8.1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala 
expresamente lo siguiente: 
 
28 
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter (Organización de los Estados Americanos (OEA), 1969). 
  
Por su parte, el concepto de recurso efectivo se encuentra recogido en el artículo 25° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los siguientes términos: 
 
1.    Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales. 
  
2.    Los Estados Partes se comprometen: 
  
a)   a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
 
b)   a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y 
  
c)    a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión 
en que se haya estimado procedente el recurso (Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 1969). 
 
De lo señalado anteriormente, es posible concluir que el acceso a la justicia y el recurso 
efectivo garantizan una eficiente y adecuada tutela por parte del estado de los derechos que 
los administrados pretenden hacer valer frente a una autoridad jurisdiccional o de otro tipo. 
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en algunos 
pronunciamientos (Sentencia Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, 1988) 
(Sentencia Caso Godinez Cruz contra Honduras, 1989)  que, para cumplir con lo 
establecido en el artículo 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no 
basta con la existencia formal de los recursos, sino que estos deben ser adecuados y 
efectivos para remediar la situación jurídica infringida.  
 
Así, aplicando las directrices mencionadas al caso del procedimiento por infracción a las 
normas de protección, la implementación del Procedimiento Sumarísimo encuentra 
29 
justificación en la medida que la alta carga procedimental que venía afrontando el 
INDECOPI en relación a los procedimientos ordinarios de protección al consumidor 
impedían que se pudiera garantizar una eficiente y efectiva tutela por parte del Estado (en 
este caso, representado por el INDECOPI) de los derechos de los consumidores que 
acudían a dicha institución a fin de obtener un remedio que permitiera el cese de dicha 
vulneración. 
 
Esta necesidad de contar con un procedimiento célere también ha sido recogida en la 
Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor aprobadas en 
diciembre de 2015. Así por ejemplo, el artículo 5° de dichas Directrices reconoce como una 
de las necesidades legítimas que las mismas procuran atender “g) La disponibilidad para el 
consumidor de medios efectivos de solución de controversias” dentro de los cuales 
definitivamente se enmarca un procedimiento célere. 
 
Asimismo, en su artículo 40°, dichas Directrices disponen que “Los Estados Miembros 
deben velar por que los procedimientos de solución colectivos sean rápidos, transparentes, 
justos, poco costosos y accesibles tanto para los consumidores como para las empresas” 
(Naciones Unidas, 2015). 
 
Por su parte, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en relación a este tema 
en la Sentencia recaída en el Expediente N° 858-2003-AA-TC, en la cual ha hecho 
referencia a la existencia de procedimientos céleres para la efectiva protección del 
consumidor, en el marco del deber especial de protección recogido en el artículo 65° de la 
Constitución Política del Perú, tal como se aprecia a continuación: 
 
[...] 
13. Por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la primera parte del artículo 65 de la 
Constitución contiene un genérico deber especial de protección del consumidor y usuario 
que asume el Estado, cuyas formas como puede concretizarse, se traducen, sólo de manera 
enunciativa en garantizar “el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 
encuentran a su disposición en el mercado”, así como en velar, “en particular, por la salud y 
la seguridad de la población”. 
  
Estas concretizaciones del deber especial de protección sobre los derechos e intereses de 
los consumidores y usuarios no se agotan allí, puesto que incluyen la expedición de 
directivas, el establecimiento de procedimientos administrativos, la aplicación de las 
leyes y reglamentos de conformidad con los derechos fundamentales, entre muchos otros 
factores a tomarse en consideración. 
30 
  
14.  A criterio del Tribunal, tras los deberes impuestos al Estado en el artículo 65 de la 
Norma Suprema, subyacen una serie de exigencias que recaen sobre diversos órganos del 
Estado. En primer lugar, sobre el legislador ordinario, al que se le impone la tarea, mediante 
la legislación, de crear un órgano estatal destinado a preservar los derechos e intereses 
legítimos de los consumidores y usuarios. Pero también la tarea de establecer 
procedimientos apropiados para que, en su seno, los consumidores y usuarios 
puedan, mediante recursos sencillos, rápidos y efectivos, solicitar la protección de 
aquellos derechos e intereses. 
  
Con el establecimiento de ese tipo de procedimientos no sólo debe facilitarse una vía para la 
satisfacción de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, sino también las 
reglas conforme a las cuales puedan solucionarse equitativamente los problemas [el 
subrayado y resaltado es mío] (Sentencia, 2004). 
 
1.4. Principios aplicables al Procedimiento Sumarísimo 
 
En relación a los principios aplicables al Procedimiento Sumarísimo, es preciso indicar que, 
en tanto constituye un procedimiento administrativo, le son de aplicación los principios a los 
que se hace referencia en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Sin perjuicio de ello, consideramos importante señalar en este punto que, inicialmente, el 
artículo 4.1° de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI sobre Reglas 
Complementarias aplicables al Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al 
Consumidor (Indecopi, 2010) estableció en su momento lo siguiente: 
 
4.1.  Principios  
Sin perjuicio de los principios generales previstos en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se debe priorizar la aplicación de los siguientes principios 
procesales:  
 
a) Celeridad: El Procedimiento Sumarísimo debe tramitarse con la mayor 
agilidad posible, evitándose incurrir en dilaciones o actuaciones que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, sin que 
ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento.  
 
31 
b) Preclusión: El Procedimiento Sumarísimo está constituido por un 
conjunto de actos procedimentales sucesivos y definidos, dándose por 
concluida cada etapa y fase procedimental ya extinguida, en 
consideración de la naturaleza célere de este procedimiento. La 
aplicación del principio de preclusión no impide la aplicación del principio 
de impulso de oficio y del principio de verdad material previstos por el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
De la interpretación sistemática de las dos normas anteriormente citadas, podemos arribar a 
la conclusión de que los principios especiales y de primordial aplicación resultaban ser los 
de celeridad y preclusión recogidos en la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI, los 
mismos que se complementaban con los principios generales contenidos en el artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley N° 27444. 
 
En relación al principio de celeridad, resultan evidentes los motivos por los cuales el 
legislador optó por considerarlo en su momento como uno de los principios primordiales que 
rige el Procedimiento Sumarísimo, toda vez que se encuentra directamente vinculado con la 
obtención de la finalidad del mismo, esto es, la obtención de tutela de manera célere y 
eficaz por parte del consumidor, respecto de la cual se ha efectuado un análisis más 
profundo y detallado en el acápite anterior de la presente investigación.  
 
Sobre este principio, Morón ha señalado lo siguiente: 
 
La celeridad busca imprimir al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, 
para alcanzar mayor prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando de agilidad a 
toda la secuencia. El deber de aceleramiento del proceso corresponde a todos los partícipes 
del procedimiento, sean autoridades, particulares, asesores, peritos, etc. En cuanto a la 
celeridad, debe tenerse presente que no se trata de una pauta meramente programática sino 
de una orientación jurídica de ineludible cumplimiento que exigen a la Administración 
emplear racionalmente el tiempo al emplear los actos procesales durante toda la vida del 
procedimiento, por lo que se deben adoptar cuantas acciones procedan para dotar de 
celeridad al procedimiento (2015, pág. 85). 
 
Por su parte, Zumaeta menciona “Este principio está muy ligado al de la economía 
(procesal), por cuanto tiene que ver con el tiempo, la perentoriedad o la improrrogabilidad de 
los plazos o el impulso de oficio por el Juez. Son manifestaciones del principio en estudio el 
procurar que en un litigio se emplee el menor número de actos procesales” (2014, pág. 56). 
32 
 
Guzmán, a su vez, indica: 
 
El principio antes indicado se establece directamente a favor del administrado, a fin de 
asegurar la satisfacción del derecho de petición administrativa, constitucionalmente 
consagrado. 
[...] 
A su vez, el principio de celeridad conforma un principio más amplio, el de economía 
procesal, el mismo que implica el ahorro de costos en términos de tiempo, dinero y esfuerzo 
en el trámite de los procedimientos administrativos (2009, pág. 244). 
 
Finalmente, Juan Monroy hace referencia a este principio en los siguientes términos: 
 
 
[...] el principio de celeridad es la manifestación concreta del principio de economía procesal 
por razón de tiempo [...]. El principio de celeridad se expresa a través de diversas 
instituciones del proceso como, por ejemplo, la perentoriedad o improrrogabilidad de los 
plazos o en principios como el de impulso oficioso del proceso. 
 
Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas 
impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que 
permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho 
trascendental e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia (1996, págs. 99-100). 
 
En este punto, es preciso indicar que el principio de preclusión resulta ser básicamente un 
principio procesal aplicable a los procesos civiles, los cuales se encuentran dotados de una 
particular rigidez en cuanto a las estadios procesales, lo que no sucede con los 
procedimientos administrativos, los que, por el contrario, se encuentran imbuidos más bien 
de simplicidad, orientada a permitir que el procedimiento sea lo más sencillo y accesible 
posible para los administrados. 
 
En relación a este principio, Zumaeta manifiesta lo siguiente: 
 
La palabra preclusión etimológicamente deriva del latín precluir; que significa “cerrar la 
puerta”. Por lo general, el principio de preclusión está relacionado con las partes, porque 
significa la pérdida de oportunidad para ejecutar un acto procesal que los beneficia. También 
se entiende por preclusión la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal que se 
produce por el hecho de: 
a) No haberse observado el plazo señalado por la ley para su ejercicio 
33 
b) Haberse realizado un acto incompatible con la intención de impugnar una sentencia; 
o 
c) Haberse ejercitado el derecho (v.gr., contestar la demanda) (2014, pág. 58). 
 
Por su parte, Ariano hace referencia al mismo en los siguientes términos: 
 
Como nosotros heredamos de España el “preclusivo” juicio ordinario, se nos presenta (aún 
hoy en que el “juicio solemne y dispendioso” ha sido formalmente eliminado) de lo más natural 
y consustancial al proceso mismo el que necesariamente esté dividido en un conjunto de 
fases, las que a su vez deben estar -también inexorablemente- conformadas por un conjunto 
de actos. Cerrada la fase, se pasa a otra, no pudiéndose ya realizar los actos 
correspondientes a la fase anterior. En suma, cuando se dice “preclusión” se piensa, por un 
lado, en la división del proceso en fases y, por el otro, en la consecuencia: la pérdida -para las 
partes- de la posibilidad de realizar tal o cual acto por haber pasado el plazo previsto por la ley 
o por haberse ya cerrado el estadio procesal respectivo (2001, pág. 73). 
 
Nuget indica lo siguiente: 
 
“La función jurisdiccional sería ilusoria si ese avance del proceso no se llevara adelante 
siguiendo un orden preestablecido; es necesario que el proceso se desarrolle por medio de 
etapas independientes que no obstante formen un todo orgánico. A la demanda siguen las 
excepciones si son deducidas; resueltas éstas negativamente, la contestación, luego la 
apertura de la causa a prueba, los alegatos y la sentencia tratándose por supuesto del juicio 
ordinario, y en forma análoga sucede en los juicios especiales y sumarios. Todo esto 
determina que pasada una etapa, ya no se puede volver sobre la anterior, pues de admitir 
esta probabilidad el proceso sería un caos y los esfuerzos de las partes y del Juez por hacer 
avanzar el proceso, sería nulo, reinaría el desconcierto y el desorden en perjuicio del normal 
desenvolvimiento del proceso y del interés de las partes. A este efecto de clausurarse la 
etapa anterior es lo que se ha dado en llamar la preclusión procesal. 
[...] 
La preclusión es entonces, la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal 
determinadas por tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el orden 
preestablecido por la ley para ejercitarla; b) por haberse hecho uso de una actividad 
incompatible con la ejecución de otra anterior y c) por haberse ejecutado una vez válidamente 
dicha facultad” (1953, págs. 85-86). 
 
Mientras que Monroy señala: 
 
34 
Este principio plantea la exigencia de que los actos procesales deban ser ejecutados en las 
etapas procesales correspondiente. De no hacerlos, se perderá el derecho a realizarlos o, en 
cualquier caso, su ejecución no tendrá ningún valor. 
 
Como el transcurso del plazo cancela la oportunidad de realizar el acto procesal válidamente 
en fecha posterior, se dice que el momento ha precluido, de allí el nombre de principio de 
preclusión (1996, pág. 106)
2
. 
 
Al respecto, la intención de considerar aplicable el principio de preclusión en el 
Procedimiento Sumarísimo apuntaba a que las partes no presenten medios probatorios y/o 
realicen actuaciones al interior del procedimiento en cualquier momento, pues ello podría 
ocasionar que no se cumpla con el plazo legal de tramitación establecido. 
 
No obstante ello, si bien lo que se buscaba es que el procedimiento sumarísimo sea 
expeditivo para que pueda cumplir con la finalidad a la que se ha hecho referencia en el 
acápite anterior de la presente investigación, la propia Directiva N° 004-2010/DIR-COD-
INDECOPI establecía que la aplicación del principio de preclusión no impedía la aplicación 
de los principios de impulso de oficio y de verdad material recogidos en la Ley N° 27444, lo 
cual, evidentemente, genera una situación complicada que es descrita por Víctor Baca en 
los siguientes términos: 
 
(...) debido a la especial celeridad que se busca con este procedimiento, se ha establecido 
que se le aplica el principio de preclusión, generalmente no admitido en el procedimiento 
administrativo en general, por el cual las etapas y fases del procedimiento concluyen. No 
obstante, al mismo tiempo, se reconoce que la aplicación de este principio no impide la 
aplicación del principio de impulso de oficio y de verdad material, contemplados en la LPAG. 
Evidentemente, esto constituye un problema para los OPS, especialmente cuando se 
presenta alguna prueba al límite del plazo para resolver (fuera del plazo para presentarla, 
que se limita al momento de la presentación de la denuncia o con los descargos), que podría 
influir en el sentido de la resolución, pero que antes debe ser comunicada a la otra parte del 
procedimiento: ¿debe el titular del OPS darle trámite a dicha prueba, en virtud del principio 
de verdad material, o debe privilegiar la celeridad y resolver dentro del plazo? Por desgracia, 
no hay una respuesta clara, lo que es de singular gravedad, dado que el Tribunal ha 
establecido que no es posible valorar en segunda instancia medios probatorios presentados 
con la apelación que no se refieran a hechos nuevos (2013, pág. 53) . 
 
                                               
2
 MONROY GALVEZ, Juan. Op. cit., p. 106. 
 
35 
Tal como se aprecia, la aplicación de los mencionados principios, aparentemente 
contrapuestos, generó en su momento una gran disyuntiva al interior de la tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo, por lo cual resultaba necesario definirse claramente por cuál de 
ambos se debía optar, sin que ello suponga una afectación a los derechos de las partes 
inmersas en dicho procedimiento. 
  
No obstante ello, cabe señalar que la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI que 
modifica, incorpora y deroga diversos artículos de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-
INDECOPI que establece las reglas complementarias aplicables al Procedimiento 
Sumarísimo de  Protección al Consumidor modificó el artículo 4.1° de esta última Directiva 
en los siguientes términos: 
 
 
 
 
“4.1. Principios 
 
Son de aplicación los principios establecidos en el artículo IV del Título 
Preliminar y en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General”  (Indecopi, 2013). 
 
En la Exposición de Motivos de la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI se indicó lo 
siguiente a relación a esta modificación: 
 
PRINCIPIOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO  
 
De acuerdo a lo establecido en Ley del Procedimiento Administrativo General, 
esta tiene por finalidad establecer un régimen jurídico para que la actuación de la 
Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los 
derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general.  
 
En lo que se refiere al ámbito subjetivo, la referida ley se aplica, entre otras, a 
entidades y organismos del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de 
potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, es decir alcanza al INDECOPI, y siendo el 
procedimiento sumarísimo, un procedimiento administrativo sancionador, 
36 
corresponde que se apliquen los principios establecidos por la Ley Nº 27444, en 
especial aquellos referidos a la potestad sancionadora de la Administración; y no 
principios propios del derecho procesal civil (Indecopi, 2013).  
 
Como se puede apreciar, esta modificación aclaró el panorama y eliminó el conflicto al que 
debían enfrentarse las instancias de la tramitación del Procedimiento Sumarísimo, en tanto 
se dejó en claro que los principios aplicables a éste son los establecidos en la Ley N° 
27444. 
 
Sin perjuicio de ello, considerando que esta investigación busca analizar las implicancias del 
Procedimiento Sumarísimo desde su implementación y que en su momento el conflicto 
entre el principio de preclusión y el de verdad material fue un problema al que debió 
enfrentarse la Administración, la respuesta a la interrogante de cuál de los dos debía primar 
en la tramitación de dicho procedimiento será planteada en el tercer capítulo, en el cual se 
abordarán algunos problemas prácticos derivados de la implementación del Procedimiento 
Sumarísimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR 
 
En el presente capítulo se abordará el tema relacionado a la evolución y el desarrollo del 
procedimiento sumarísimo. Tal como se señaló en el capítulo anterior, el procedimiento 
sumarísimo constituyó una de las principales novedades introducidas por el Código y su 
implementación marcó un antes y un después en lo que respecta a la tramitación del 
procedimiento por infracción a las normas de protección al consumidor. 
 
Como también se señaló anteriormente, el procedimiento sumarísimo tuvo como objetivo 
dotar de celeridad a dicho procedimiento y permitir, mediante la creación de los Órganos 
Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (en adelante, los ORPS), descargar a la 
Comisión de Protección al Consumidor como órgano de primera instancia con la finalidad de 
que los consumidores obtuvieran una solución más rápida y efectiva.  
 
Así, el procedimiento sumarísimo fue diseñado desde su creación como un mecanismo que 
tenía a la celeridad como su principio fundamental, lo cual se vio reflejado en los aspectos 
procedimentales que regían su tramitación. Posteriormente, y con el paso de los años, el 
procedimiento sumarísimo sufrió en el 2013 una profunda modificación en su estructura 
procedimental que, si bien no dejó de lado la importancia de la celeridad como principio 
básico de esta figura, lo dotó de otros elementos que buscaban permitir a la Administración 
38 
realizar una labor mucho más certera al momento de determinar si corresponde o no iniciar 
un procedimiento administrativo por infracción de las normas de protección al consumidor. 
 
2.1. El Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor en sus inicios 
 
Tal como se ha señalado en el capítulo anterior de la presente investigación, el 
procedimiento sumarísimo se creó a través de la entrada en vigencia del Código, el cual 
recogió entre sus artículos 124° a 127° los aspectos generales aplicables a dicho 
procedimiento. 
 
Así, el artículo 124° de dicho cuerpo normativo dispuso la creación de los ORPS como los 
encargados de la tramitación del procedimiento sumarísimo. 
 
Por su parte, el artículo 125° estableció los aspectos a tener en cuenta a fin de determinar la 
competencia de los ORPS como órganos de primera instancia encargados de la tramitación 
del procedimiento sumarísimo. Así, se establecieron criterios de otorgamiento de 
competencia tanto positivos como negativos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- Positivos: los ORPS resultaban competentes para conocer controversias en las que 
la cuantía no supere las 3 UIT, estableciéndose que la cuantía sería determinada 
por el valor del producto o servicio materia de controversia. Asimismo, los ORPS 
resultaban competentes para conocer controversias cuya materia verse 
exclusivamente sobre requerimientos de información, métodos abusivos de 
cobranza, demora en la entrega del producto, incumplimientos de medidas 
correctivas, incumplimientos de acuerdos conciliatorios y solicitudes de liquidación 
de costas y costos. 
 
- Negativos: se estableció que los ORPS no podían conocer denuncias en las que la 
cuantía supere las 3 UIT o cuya estimación patrimonial sea inapreciable en dinero, 
así como aquellas denuncias que versen sobre materias vinculadas a reclamos por 
productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato diferenciado, 
servicios médicos y actos que afecten intereses colectivos o difusos. 
 
De otro lado, el citado artículo también estableció que la Comisión de Protección al 
Consumidor3 constituye la segunda instancia del procedimiento sumarísimo mientras que la 
                                               
3
  Cabe señalar que al momento de la entrada en vigencia del Código existía una sola Comisión de Protección al Consumidor 
en la Sede Central del INDECOPI, siendo que mediante Resolución 100-2011-INDECOPI/COD, la Presidencia del Consejo 
39 
Sala es la encargada de tramitar el recurso de revisión que se pudiera plantear ante la 
resolución emitida por la segunda instancia, el cual constituye un recurso extraordinario 
cuyo objetivo es determinar si se ha producido una aplicación errónea de las normas de 
protección al consumidor o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria 
aprobados por la Sala. 
 
En este punto, resulta conveniente precisar que mediante la Resolución N°175-2010-
INDECOPI/COD emitida por la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI publicada 
con fecha 24 de noviembre de 2010 en el diario “El Peruano” y vigente desde el 1 de 
diciembre del mismo año, se crearon tres (03) ORPS adscritos a la Sede Central del 
INDECOPI y se determinó la competencia administrativa por materia que correspondía a 
cada uno de ellos, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
- ORPS Nº 1: se determinó que contaría con competencia para conocer en primera 
instancia denuncias por incumplimiento en medidas correctivas, incumplimiento de 
acuerdos conciliatorios e incumplimiento y liquidación de costas y costos.  
 
- ORPS N° 2: se estableció que ostentaría competencia especial para conocer en 
primera instancia denuncias que versen exclusivamente sobre la prestación de los 
servicios financieros a que se refieren los Capítulos V y VI del Título IV del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. 
 
- ORPS N° 3: de determinó que tendría competencia general para conocer, en 
primera instancia, las denuncias que correspondan a la vía del procedimiento 
sumarísimo (esto es, aquellas en las que la cuantía fuera menor a tres (3) UIT, con 
exclusión de la competencia que corresponde al ORPS Nº 1 y al ORPS Nº 2. 
 
Posteriormente, con la finalidad de manejar de manera más eficiente la carga procesal que 
tenían los ORPS, la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI emitió la Resolución 
Nº 026-2013-INDECOPI-COD de fecha 10 de Febrero de 2013, la cual entró en vigencia el 
01 de marzo de 2013, a través de la cual se aprobó la división temática de las competencias 
de los ORPS de la Sede Central del INDECOPI de acuerdo al siguiente detalle: 
 
                                                                                                                                                  
Directivo de dicha institución determinó la creación de una segunda Comisión de Protección al Consumidor adscrita a la 
mencionada sede, con el fin de atender oportunamente la carga procesal que administraba en ese entonces la única 
Comisión de Protección al Consumidor existente en la misma. 
40 
- ORPS N° 1: competencia para conocer incumplimientos de medidas correctivas, 
incumplimientos de acuerdos conciliatorios, incumplimientos y liquidación de costas 
y costos así como denuncias que versen sobre servicios de transporte y de turismo. 
 
- ORPS N° 2: competencia para conocer denuncias relacionadas a servicios 
bancarios y financieros, planes de salud, sistema de pensiones, Mercado de Valores 
y seguros- incluidos el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) y 
Certificados contra Accidentes de Tránsito (CAT).  
 
- ORPS N° 3: competencia para conocer denuncias vinculadas a todos los demás 
sectores económicos que no sean competencia de los otros ORPS.  
 
Asimismo, mediante Resolución N° 027-2013-INDECOPI/COD publicada el 10 de febrero de 
2013 y vigente desde el 13 de Febrero de 2013, la Presidencia del Consejo Directivo del 
INDECOPI estableció la División Temática de las Competencias de las Comisiones de 
Protección al Consumidor Nº 1 y 2 de la Sede Central de dicha institución, las cuales actúan 
como órganos de segunda instancia respecto de los ORPS adscritos a la mencionada sede. 
Así, dicha división se estableció en los siguientes términos: 
 
- Comisión de Protección al Consumidor N° 1: procedimientos e investigaciones que 
versen sobre: (i) servicios bancarios y financieros, (ii) mercados de valores en tanto 
se refieran a inversiones que califican como consumidores, (iii) sistema de 
pensiones, (iv) planes de salud, (v) servicios de salud humana y (vi) seguros, 
incluido el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) y Certificado 
contra Accidentes de Tránsito (CAT). 
 
- Comisión de Protección al Consumidor N° 2: procedimientos e investigaciones en 
materia de Protección al Consumidor que contemplen los demás segmentos 
económicos que no sean de competencia de la Comisión de Protección al 
Consumidor Nº 1. 
 
En relación a la división temática de las competencias de las Comisiones de Protección al 
Consumidor antes citadas y su vinculación con el procedimiento sumarísimo que es objeto 
de la presente investigación, se aprecia lo siguiente4: 
                                               
4
  En este punto, corresponde indicar de manera ilustrativa que mediante Resolución N° 102-2015-INDECOPI/COD del 3 de 
junio de 2015, la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI determinó la creación de una Comisión de Protección al 
Consumidor adicional, adscrita a la Sede Central de dicha institución, bajo la denominación Comisión de Protección al 
Consumidor N° 3, la misma que será competente de forma exclusiva para investigar, iniciar y resolver, procedimientos 
41 
 
- Las materias cuya competencia ha sido otorgada de manera exclusiva al ORPS N° 
2, esto es, servicios bancarios y financieros, planes de salud, sistema de pensiones, 
Mercado de Valores y seguros- incluidos el Seguro Obligatorio por Accidentes de 
Tránsito (SOAT) y Certificados contra Accidentes de Tránsito (CAT), son también 
materias cuya competencia ha sido otorgada a la Comisión de Protección al 
Consumidor N° 1, por lo que esta Comisión constituye el órgano de segunda 
instancia respecto de los procedimientos sumarísimos que son tramitados ante el 
ORPS N° 2. 
 
- Por su parte, en tanto la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 ostenta 
competencia para conocer las denuncias que versen sobre todos los demás 
sectores económicos que no sean de competencia de la Comisión de Protección al 
Consumidor N° 1, es posible concluir que resulta competente para conocer, en 
segunda instancia, los procedimientos sumarísimos que son tramitados ante los 
ORPS N° 1 y 3. Sin perjuicio de ello, respecto de los procedimientos que son 
tramitados ante el ORPS N° 1 que versen sobre incumplimientos de medida 
correctiva, incumplimientos de acuerdo conciliatorio e incumplimientos y liquidación 
de costas y costos, si bien la norma no lo dice de manera expresa, en la práctica 
jurisprudencial se ha determinado que el órgano de segunda instancia que conocerá 
estos procedimientos será aquél que ostente competencia para conocer la materia a 
la que se encontró relacionada el expediente principal del que se derivan dichos 
procedimientos. Así, por ejemplo, si el expediente principal del que se deriva una 
denuncia por incumplimiento de medida correctiva versó sobre servicios 
inmobiliarios, la Comisión competente para conocer dicha denuncia en segunda 
instancia será la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, mientras que si el 
expediente principal del que se deriva una solicitud de liquidación de costas y costos 
se encontró relacionado a un servicio bancario, la Comisión de Protección al 
Consumidor N° 1 será el encargado de tramitar el procedimiento en vía de 
apelación. 
 
Posteriormente, mediante Resolución N° 106-2014-INDECOPI/COD del 26 de junio de 2014 
y vigente desde el 1° de julio de 2014, la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI 
aprobó una nueva división temática de competencias de los ORPS adscritos a su Sede 
                                                                                                                                                  
administrativos sancionadores por propia. Al respecto, si bien dicha Comisión no forma parte de los órganos resolutivos 
con competencia para la tramitación de un procedimiento sumarísimo, resulta útil hacer referencia a su existencia a fin de 
brindar un panorama general de los órganos resolutivos que componen el sistema de protección al consumidor al interior 
del INDECOPI. 
42 
Central, en virtud a la necesidad de equiparar la carga procesal y la complejidad de las 
materias asignadas a cada uno de dichos ORPS, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- ORPS N° 1: competencia para conocer incumplimientos de medidas correctivas, 
incumplimientos de acuerdos conciliatorios, incumplimientos y liquidación de costas 
y costos así como denuncias que versen sobre servicios de transporte5, turismo6, 
telecomunicaciones7 y seguros8 -incluidos el Seguro Obligatorio por Accidentes de 
Tránsito (SOAT) y Certificados contra Accidentes de Tránsito (CAT) . 
- ORPS N° 2: competencia para conocer denuncias relacionadas a servicios 
bancarios y financieros9, planes de salud10, sistema de pensiones11 y Mercado de 
Valores12. 
 
- ORPS N° 3: competencia para conocer denuncias vinculadas a todos los demás 
sectores económicos que no sean competencia de los otros ORPS13. 
 
Así, se aprecia que el ORPS N° 1 ahora también ostenta competencia para conocer las 
denuncias que versen sobre servicios de seguros y de telecomunicaciones, materias que 
anteriormente eran de competencia del ORPS N° 2 y el ORPS N° 3, respectivamente.  
 
En este punto, conviene señalar que en materia de telecomunicaciones, en el artículo 49º 
del Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de 
la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL (Presidencia de la República, 2001) 
se encuentra establecido que la función de solución de controversias autoriza a los órganos 
funcionales competentes de OSIPTEL a resolver en la vía administrativa los conflictos y las 
controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan tanto entre empresas 
                                               
5
 Ver Resolución Final N° 948-2015/PS1. 
 
6
 Ver Resolución Final N° 944-2015/PS1. 
 
7
 Ver Resolución Final N° 934-2015/PS1. 
 
8
 Ver Resolución Final N° 942-2015/PS1. 
9
 Ver Resolución Final N° 49-2015/PS2 
 
10
 Ver Resolución Final N° 862-2015/PS2 
 
11
 Ver Resolución Final N° 440-2015/PS2 
 
12
 Ver Resolución Final N° 313-2015/PS2 
 
13
 Ver Resoluciones Finales N° 316-2015/OPS3, N° 375-2015/OPS3, N° 433-2015/OPS3, N° 663-2015/OPS3, entre otras. 
 
43 
operadoras y entre cualquiera de éstas y el usuario. Asimismo, se encuentra establecido 
que OSIPTEL es competente para conocer y resolver toda controversia que se plantee 
como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la 
condición de empresa operadora, quedando de esta forma excluidas de esta función 
aquellas controversias que son de competencia del Indecopi. 
 
Así, el artículo 54º del Reglamento General del OSIPTEL establece que dicho organismo es 
competente para conocer y resolver las siguientes controversias: a) las relacionadas con el 
incumplimiento de contrato de abonado y las condiciones de uso del servicio pactadas en él; 
b) las relacionadas con el cumplimiento de ofertas, promociones, y productos de servicios 
públicos de telecomunicaciones; y, c) las relacionadas con el cumplimiento del marco 
normativo aplicable a los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Cabe mencionar que mediante Resolución Nº 047-2015-CD/OSIPTEL, se aprobó el 
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones del OSIPTEL (Osiptel, 2015), estableciéndose las normas procesales 
que obligatoriamente deberá aplicar toda empresa operadora que preste uno o más 
servicios públicos de telecomunicaciones. Asimismo, el Artículo 37º de la Ley Nº 27336, Ley 
de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL (Congreso de la República, 2000) 
dispone que las instancias competentes para resolver los reclamos presentados por los 
usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones son: (i) en primera instancia, la 
empresa operadora que presta el servicio; y, (ii) en segunda instancia, el TRASU del 
OSIPTEL. 
 
Asimismo, el artículo 28°14 del Reglamento de Reclamos citado en el párrafo anterior 
establece cuáles son las materias respecto de las cuales el OSIPTEL ostenta competencia 
                                               
14 RESOLUCIÓN N° 047-2015/CD/OSIPTEL, REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES DEL OSIPTEL 
Artículo 28°.- Objeto del reclamo El usuario podrá presentar reclamos que versen sobre las siguientes materias: 
1. Facturación: Montos que figuran en el recibo o comprobante de pago del servicio que se reclama y respecto de los cuales el 
usuario no reconoce el consumo o la utilización del servicio. No se incluyen dentro de este concepto, aquellas peticiones 
destinadas a cuestionar la legalidad de las tarifas.  
2. Cobro: Montos cobrados al usuario por conceptos distintos a los oportunamente facturados o que el usuario desconoce por 
haber sido anteriormente pagados o los montos cobrados habiendo solicitado la baja del servicio sin que la empresa 
operadora hubiere cumplido con efectuarla o habiéndola efectuado realiza el cobro.  
3. Calidad o idoneidad en la prestación del servicio: Problemas derivados de un inadecuado funcionamiento de la red y/o en el 
acceso a los servicios brindados por la empresa operadora que generen insatisfacción del usuario; así como los problemas de 
idoneidad en la prestación del servicio público de telecomunicaciones.  
4. Veracidad de la información brindada por la empresa operadora al usuario: Veracidad de la información brindada por la 
empresa operadora al usuario vinculada con la prestación del servicio público de telecomunicaciones.  
5. Falta de entrega del recibo o de la copia del recibo o de la facturación detallada solicitada por el usuario.  
6. Incumplimiento de ofertas y promociones vinculadas a la prestación del servicio público de telecomunicaciones.  
44 
para emitir un pronunciamiento en caso se presente un reclamo de un usuario que verse 
sobre las mismas, debiendo entenderse, contrario sensu, que aquellas materias a las que 
no se haga referencia en el mencionado artículo de dicho reglamento serán de competencia 
del INDECOPI, específicamente del ORPS N° 1. 
 
Adicionalmente, es preciso indicar que mediante Decreto Supremo N° 026-2015/SA, se 
aprobó el Reglamento del Procedimiento de Transferencia de Funciones del INDECOPI a la 
Superintendencia Nacional de Salud- SUSALUD, en el marco del Decreto Legislativo N° 
1158 (Ministerio de Salud, 2015). En virtud a ellos, las competencias de ambas entidades se 
determinan de acuerdo al siguiente detalle: 
 
SUSALUD INDECOPI 
·         Actos y omisiones ocurridos a partir del 
14.08.15 que constituyan presuntas infracciones 
a las disposiciones relativas a la protección de 
los derechos de los usuarios de servicios de 
salud en el marco de una relación de consumo 
·        Actos  u omisiones ocurridos hasta el 13.08.15 
que constituyan presuntas infracciones a las 
disposiciones relativas a la protección de los 
derechos de los usuarios de servicios de salud 
en el marco de una relación de consumo, hasta 
su conclusión en vía administrativa, arbitral 
o judicial 
·      Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo: negativa al otorgamiento de las 
siguientes prestaciones de salud, producidas 
como consecuencia de un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional: 
·      Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo: negativa al otorgamiento de las 
siguientes prestaciones económicas, producidas 
como consecuencia de un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional: 
                                                                                                                                                  
7. Suspensión, corte o baja injustificada del servicio: Suspensión, corte o baja injustificada del servicio o sin observar el 
procedimiento establecido en la normativa vigente, incluyendo el corte del servicio público móvil y/o bloqueo del equipo 
terminal móvil, por uso prohibido del servicio en establecimientos penitenciarios.  
8. Instalación o activación del servicio: Incumplimiento de la empresa operadora en la instalación o activación del servicio que 
hubiere sido solicitado.  
9. Baja o desactivación del servicio: Incumplimiento de la empresa operadora en ejecutar la baja o desactivación del servicio 
que hubiere sido solicitado.  
10. Traslado del servicio: Incumplimiento de la empresa operadora en efectuar el traslado del servicio en la fecha en la que se 
hubiere comprometido, o cuando frente a una solicitud de traslado, el usuario no hubiere recibido respuesta o no se 
encontrase conforme con la misma.  
11. Tarjetas de pago físicas o virtuales: Problemas en el acceso al servicio mediante sistemas de tarjetas de pago, o en la 
prestación del servicio activado mediante sistemas de tarjetas de pago, tales como, descuentos indebidos de los saldos o del 
crédito.  
12. Contratación no solicitada: Imputación por la contratación de un servicio público de telecomunicaciones u obligaciones de 
pago por la prestación del mismo, sin que el usuario haya solicitado o expresado su consentimiento para dicha contratación.  
13. Incumplimiento de condiciones contractuales: Incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato vinculadas a la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones, o cuando aplique condiciones distintas a las pactadas en el contrato, 
salvo que se refieran a modificaciones tarifarías conforme a lo establecido en la normativa vigente o se trate de modificaciones 
contractuales más beneficiosas aprobadas por el OSIPTEL.  
14. Incumplimiento de los derechos reconocidos en la normativa sobre usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.  
15. Cualquier materia relacionada directamente con la prestación del servicio público de telecomunicaciones contratado.  
16. Otras materias que señale el Consejo Directivo del OSIPTEL 
 
45 
- Asistencia y asesoramiento 
preventivo promocional en salud 
ocupacional 
-   Atención médica, farmacológica, 
hospitalaria y quirúrgica 
-      Rehabilitación y readaptación laboral 
-    Aparatos de prótesis y ortopédicos 
necesarios 
-          Pensiones de sobrevivencia 
-  Pensiones de invalidez (total 
permanente, parcial permanente y 
temporal) 
-          Gastos de sepelio 
  
·         Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Tránsito / Certificado contra Accidentes de 
Tránsito: negativa al reconocimiento de los 
siguientes  gastos médicos, ocasionados por un 
accidente de tránsito: 
-          Atención pre hospitalaria 
-          Atención hospitalaria 
-          Atención quirúrgica 
-          Atención farmacéutica 
-    Otros necesarios para la 
rehabilitación de la víctima 
·         Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Tránsito / Certificado contra Accidentes de 
Tránsito: negativa al otorgamiento de las 
indemnizaciones para los siguientes riesgos, 
ocasionados por un accidente de tránsito: 
-          Fallecimiento 
-          Invalidez permanente 
-          Incapacidad temporal 
-          Gastos de sepelio 
·         Establecimientos de salud y servicios 
médicos: cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 67 y 68 de la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, referidos 
a la protección de la salud y la responsabilidad 
por la prestación de los servicios de salud. 
  
 
Es preciso señalar que la división temática de materias a la que se ha hecho referencia en 
párrafo anteriores resulta aplicable únicamente para los ORPS adscritos a la Sede Central 
del INDECOPI, toda vez que en las demás sedes de dicha institución que cuentan con una 
Comisión de Protección al Consumidor, existe un solo ORPS que se encarga de tramitar las 
denuncias que se encuentren dentro de los parámetros establecidos en el artículo 125° del 
Código, al que ya hemos hecho referencia anteriormente en esta investigación. 
 
Una vez efectuadas estas precisiones, corresponde analizar detalladamente los aspectos 
procedimentales en la tramitación de un procedimiento sumarísimo. 
 
46 
Sobre el particular, el artículo 126° del Código estableció las reglas procedimentales básicas 
aplicables en la tramitación del procedimiento sumarísimo, las cuales han sido desarrolladas 
en el subcapítulo 1.2 de la presente investigación referido a las características de este 
procedimiento. Sin perjuicio de dicho desarrollo, en este punto bastará con señalar que el 
artículo 126° establece que la duración del procedimiento sumarísimo será de treinta (30) 
días hábiles por instancia, que la actividad probatoria desplegada por las partes en el 
desarrollo del mismo será de carácter principalmente documental y que la resolución final 
emitida por la Comisión, o la Sala de ser el caso, pondrá fin a la instancia administrativa. 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en este punto es que los ORPS únicamente 
pueden conocer denuncias que sean interpuestas por los consumidores afectados por una 
determinada infracción, excluyéndose de su competencia aquellos casos en los que se 
encuentren inmersos intereses colectivos o difusos, los cuales pueden ser conocidos 
únicamente por las Comisiones de Protección al Consumidor del INDECOPI en el marco de 
un procedimiento ordinario. Ello encuentra sustento en la medida que la intención del 
legislador al crear el procedimiento sumarísimo es permitir que los consumidores cuenten 
con una vía más expeditiva para aquellos casos en los cuales la controversia involucrada no 
suponga una complejidad mayor ni la actuación de medios probatorios distintos a los 
documentales, pues, desde su perspectiva, lo contrario supondría desnaturalizar este 
procedimiento principalmente sustentado en el principio de celeridad. Al respecto, 
consideramos que esta posición debe ser analizada con detenimiento y es necesario un 
examen más minucioso a fin de determinar si los ORPS, en la práctica, deberían 
encontrarse imposibilitados de conocer aquellas materias destinadas a ser conocidas 
únicamente por las Comisiones de Protección al Consumidor, pero ese análisis será 
efectuado en el tercer capítulo de la presente investigación. 
 
Una vez establecidos los aspectos vinculados a las características, finalidad y principios 
aplicables al procedimiento sumarísimo, así como las competencias otorgadas a los ORPS, 
corresponde efectuar un análisis de los aspectos procedimentales que regían el 
procedimiento sumarísimo, tal como estaba diseñado antes de la modificación efectuada 
por la Directiva Nº 007-2013/DIR-COD-INDECOPI que modifica, incorpora y deroga 
diversos artículos de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI, que establece las 
reglas complementarias aplicables al procedimiento sumarísimo en materia de protección al 
consumidor.  
 
- Inicio del procedimiento administrativo 
 
47 
Al respecto, la Directiva Nº 004-2010/DIR-COD-INDECOPI que establece las Reglas 
complementarias aplicables al Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al 
Consumidor, establece en su artículo 4.3.1 que el Procedimiento Sumarísimo se inicia de 
oficio, por denuncia de parte, lo que le otorga una condición trilateral que no altera la 
naturaleza sancionadora de dicho procedimiento. 
 
En este punto, comentaremos en primer lugar -de manera tangencial, en la medida que este 
tema se desarrollará con mayor amplitud y profundidad en el tercer capítulo de esta 
investigación- que la naturaleza del procedimiento de protección al consumidor ha estado 
siempre en constante debate, encontrándose dividida la doctrina al señalar algunos que se 
trata de un procedimiento puramente sancionador, otros que constituye un procedimiento 
trilateral y algunos menos que se trata de un procedimiento de naturaleza mixta. 
 
Sin perjuicio de nuestra opinión en relación a dicho tema -la cual, como acabamos de 
señalar, será desarrollada en el siguiente capítulo- es preciso indicar que antes del Código, 
ningún dispositivo legal vinculado a la materia hizo referencia -siquiera somera- a cuál era la 
naturaleza del procedimiento administrativo por infracción a las normas de protección al 
consumidor.  
 
Fue recién el Código el que hizo mención a este tema al señalar en su artículo 106° que el 
Indecopi tiene a su cargo: a) procedimientos sancionadores por infracción a las normas de 
protección al consumidor; b) procedimientos sancionadores por incumplimiento de acuerdo 
conciliatorio o de laudo arbitral; c) procedimientos administrativos sancionadores por 
proporcionar información falsa u ocultar, destruir o alterar información o cualquier libro, 
registro o documento que haya sido requerido durante la tramitación de un procedimiento; 
d) procedimientos administrativos sancionadores por negativa injustificada a cumplir un 
requerimiento de información efectuado (esto es, por entorpecer el normal desarrollo del 
procedimiento); e) procedimientos administrativos sancionadores por denuncia maliciosa; f) 
procedimientos sancionadores por incumplimiento de mandatos previamente efectuados por 
la Autoridad (esto es, medidas correctivas, pago de costas y costos y mandato cautelar) y  
g) procedimientos de liquidación de costas y costos (en los cuales no se busca determinar 
la existencia de una infracción a las normas de protección al consumidor sino que la 
Autoridad tiene por función establecer si se otorgará al consumidor las costas y costos en 
las que incurrió durante el procedimiento administrativo en el que resultó “ganador” y, de ser 
ese el caso, liquidar el monto al que ascienden dichos conceptos). 
 
48 
Así, por ejemplo en la Resolución Final N° 1915-2015/CC2, la Comisión de Protección al 
Consumidor N° del INDECOPI resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador 
contra Bionet S.A. por haber brindado información falsa a lo largo del procedimiento 
sumarísimo bajo el cual se tramitó la denuncia presentada por dicha empresa contra Andes 
Express S.A.C. 
 
Del mismo modo en la Resolución Final N° 690-2015/PS1, el ORPS N° 1 resolvió iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador contra el señor Carlos Alejandro Velásquez 
López-Raygada por haber brindado información falsa a lo largo del procedimiento 
sumarísimo bajo el cual se tramitó la denuncia que éste presentó contra American Airlines 
Inc. Sucursal Perú. 
 
Asimismo, en el Título V del Código denominado “Responsabilidad y Sanciones” se incluye 
el Capítulo III sobre “Responsabilidad Administrativa”, siendo que el Subcapítulo II de este 
último se denomina “Procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor”. 
En tal sentido, queda claramente establecido por el Código que el procedimiento 
sancionador en materia de protección al consumidor es de naturaleza sancionadora, por lo 
que debe entenderse que el procedimiento sumarísimo, al ser uno de los procedimientos de 
protección al consumidor, ostenta también dicha naturaleza. 
 
Retomando lo señalado por la Directiva Nº 004-2010/DIR-COD-INDECOPI, que establece 
que el procedimiento sumarísimo se inicia de oficio, por denuncia de parte -esto es, luego 
de tomar conocimiento de la existencia de una afectación a los derechos de un consumidor 
en particular-, en el artículo 4.3.2 de dicha norma se establece expresamente que durante la 
tramitación del procedimiento sumarísimo no es necesaria la participación de un abogado 
en ninguno de los estadios del mismo ni que los actos procedimentales que se realicen 
durante el transcurso del mismo se encuentren autorizados por letrado15. 
 
Dicha disposición se encuentra inspirada en el principio de informalismo recogido en los 
siguientes términos en artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 
 
                                               
15
  Directiva Nº 004-2010/DIR-COD-INDECOPI que establece las Reglas complementarias aplicables al Procedimiento 
Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor 
4.3. Inicio del Procedimiento Sumarísimo  
(...) 
4.3.2. En el Procedimiento Sumarísimo no es obligatoria la intervención de abogado y, en consecuencia, no es requisito de 
admisibilidad para la denuncia, descargos, recursos y demás actos procesales que estos se encuentren autorizados por 
letrado.  
 
49 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: 
[...] 
6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de 
los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la 
exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés 
público. 
 
En relación al principio de informalismo, Morón señala lo siguiente: 
 
El principio de informalismo a favor del administrado constituye una de las principales 
características del procedimiento administrativo moderno por medio del cual supera la 
clásica noción del procedimiento estrictamente formal, como el judicial. En el proceso judicial 
se explica la necesidad del ser formal, porque en esas reglas protege en grado sumo la 
igualdad entre los litigantes. Formalismo que afecta al administrado porque pone en peligro o 
esteriliza las posibilidades de acceder a una decisión de fondo de la autoridad, pero que 
además limita a la propia Administración porque colisiona con su deber de acceder a la 
verdad material de los hechos y adoptar decisiones eficientes. 
 
Por su alcance, el principio permite al administrado lograr la admisión de sus pedidos, el 
reconocimiento de los hechos alegados y lograr el éxito de sus pretensiones salvando 
mediante diversas técnicas su omisión incurrida en aspectos formales no atendidos en un 
momento. El efecto esencial del principio es dar la responsabilidad a las autoridades 
instructoras de morigerar o debilitar el rigorismo de cualquier exigencia adjetiva que no 
afecten al interés público, para favorecer al administrado en el avance del procedimiento 
(2015, págs. 77-78). 
 
Respecto del mismo principio, señala Guzmán: 
 
Este principio establece en realidad una presunción a favor del administrado, para protegerlo 
de la mera forma o el rito, propia del procedimiento administrativo tradicional. En primer lugar, 
implica una aplicación el principio de in dubio pro actione propio del derecho comparado, que 
establece la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de petición administrativa 
por parte del administrado a fin de asegurar la decisión sobre el fondo del asunto. Es decir, en 
caso de duda respecto a la procedencia de una solicitud del administrado, o respecto a la 
50 
continuidad de un procedimiento determinado, la autoridad administrativa prefiere darle 
trámite (2009, pág. 241). 
 
Finalmente, Ivanega señala lo siguiente:  
 
El informalismo es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento. También 
denominado formalismo moderado y debilitamiento de la preclusión, consiste básicamente en 
la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir aquellas 
que no están ligadas o exigidas por el orden público administrativo. 
 
Se orienta a proteger al particular a efectos de que no se vea perjudicado por cuestiones 
meramente procesales, relativizándose las exigencias adjetivas. Cualquier duda que se 
plantee en el curso del procedimiento, referida a las exigencias formales debe interpretarse a 
favor del administrativo y favoreciendo la viabilidad del acto procesal de aquel (2011, pág. 
165). 
 
De otro lado, consideramos que el hecho de no requerir la participación de un abogado 
durante la tramitación de un procedimiento sumarísimo va de la mano también con las 
nociones de acceso a la justicia y recurso efectivo al que hemos hecho referencia 
detalladamente en el punto 1.3 de la presente investigación referido a la Finalidad del 
Procedimiento Sumarísimo.  
 
En este punto, resulta útil hacer referencia a la interacción entre el principio de informalismo 
y actos algo más formales, como por ejemplo, el recurso de apelación que se puede 
interponer contra la Resolución Final emitida en primera instancia, en la cual se tiene que 
sustentar cuál es el perjuicio y cuáles serían los errores de hecho y de derecho en los que 
habría incurrido la resolución apelada.  
 
Al respecto, consideramos que, si bien en principio existiría una cuota algo más alta de 
formalismo en el recurso de apelación en relación, lo cierto es que el hecho de no hacer 
referencia a los errores de derecho en los que habría incurrido el órgano de primera 
instancia en su resolución no impediría que dicho recurso pueda ser admitido, siempre que, 
al menos, recoja los fundamentos fácticos por los cuales se apela la resolución, en virtud a 
las cuales la Administración, aplicando el deber de encausamiento de oficio, tendría por 
válido dicho recurso. Situación similar sucede con los escritos mediante los cuales los 
interesados interponen las denuncias, pues muchas veces en ellos únicamente hacen 
referencia a los fundamentos fácticos que la sustentan sin necesariamente vincular tales 
hechos con argumentos jurídicos referidos a qué artículos de la norma de protección al 
51 
consumidor se habría infringido, siendo que la Autoridad, en aplicación del deber de 
encausamiento de oficio antes citado, es quien realiza esta vinculación y finalmente 
determina cuál es la norma que el proveedor infringió. 
 
En efecto, los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor -tanto 
el ordinario y especialmente el procedimiento sumarísimo- se crearon con la finalidad que 
los consumidores cuenten con una vía más expeditiva y más accesible -tanto en lo que 
respecta al plazo como a la posibilidad de desarrollar un procedimiento menos complejo en 
lo que a requisitos formales se refiere- pues los conflictos de consumo constituyen 
controversias respecto de las cuales la narración de hechos, tanto al ejercer el derecho de 
acción como de contradicción, no supone una complejidad mayor y, adicionalmente, existe 
el deber de encausamiento de oficio por parte de la Administración, el cual se encuentra 
recogido en el numeral 3 del artículo 75° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General16. Ello, sin perjuicio de que los consumidores, por voluntad propia, 
deseen contar con la asesoría de un abogado si ello satisface sus intereses. 
 
En relación al deber de encausamiento de oficio, Morón señala lo siguiente: 
 
A las autoridades corresponde impulsar, dirigir y ordenar cualquier procedimiento 
administrativo sometido a su competencia hasta esclarecer las cuestiones involucradas, aun 
cuando se trate de procedimientos iniciados por el administrado. Este deber de oficialidad no 
excluye la posibilidad de colaboración o gestión de que goza el administrado para impulsar 
el trámite. 
 
La fundamentación del deber de oficialidad aparece en la necesidad de satisfacer el interés 
público inherente, de modo directo o indirecto, mediato o inmediato, en todo procedimiento 
administrativo.  
[...] 
La oficialidad impone a los agentes cumplir las siguientes acciones concretas: 
[...] 
- Subsanar cualquier error u omisión que advierta en el procedimiento (2015, pág. 363). 
 
Adicionalmente, lo establecido en dicho artículo de la Directiva Nº 004-2010/DIR-COD-
INDECOPI va de la mano con el principio de celeridad, el cual, como se señaló en el 
                                               
16
  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 75°.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
 Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
 (...) 
 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la 
actuación que les corresponda a ellos. 
 
52 
capítulo anterior de la presente investigación, constituye uno de los principios básicos del 
procedimiento sumarísimo. 
 
Por su parte, el artículo 4.3.3. de la Directiva Nº 004-2010/DIR-COD-INDECOPI dispone 
que la solicitud de medidas cautelares podrá plantearse con la presentación de la denuncia, 
en cuyo caso será merituada en la admisión a trámite.  
 
Al respecto, debe señalarse que esta disposición tiene sustento en el principio de preclusión 
que, junto con el principio de celeridad, constituyó uno de los principios básicos que 
inspiraron el procedimiento sumarísimo. 
 
- Medios probatorios 
 
El artículo 4.4 de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI desarrolla el tema 
vinculado a la actividad probatoria que pueden realizar las partes en el desarrollo del 
procedimiento sumarísimo. 
 
Así, el artículo 4.4.1 establece qué es lo que debe entenderse por documentos, siendo que 
dicha definición se encuentra acorde con lo dispuesto por los artículos 233° y 234° del 
Código Civil, mientras que el artículo 4.4.2 dispone que las partes únicamente podrán 
presentar pruebas documentales con la presentación de la denuncia y los descargos, según 
corresponda.  
 
En este punto, es necesario señalar, en primer lugar, que estas disposiciones encuentran 
sustento en el artículo 126° del Código, el cual expresamente señala que “las partes 
únicamente pueden presentar pruebas documentales en el transcurso del procedimiento” 
siendo que, tal como mencionamos en el primer capítulo de la presente investigación, una 
disposición de este tipo resulta coherente con el hecho de que el plazo de tramitación del 
procedimiento sumarísimo sea considerablemente menor que el de un procedimiento 
ordinario por infracción a las normas de protección al consumidor, por lo que se requiere 
que el análisis probatorio por parte de la Autoridad pueda ser realizado de manera 
expeditiva y célere. 
 
Ello no necesariamente sucede en los procedimientos ordinarios de protección al 
consumidor, en los que, por la propia naturaleza de las controversias que en él se dilucidan, 
en algunos casos se requiere de una actividad probatoria más profunda y compleja.  Así por 
ejemplo, en materia de servicios inmobiliarios, los casos en relación que esta materia que 
53 
normalmente conocen los ORPS se encuentran vinculados a la demora en la entrega del 
inmueble adquirido por el consumidor, para lo cual la prueba idónea a fin de determinar la 
existencia o inexistencia de infracción se encuentra a cargo del proveedor, a quien le 
bastará presentar un documento de fecha cierta suscrito por el consumidor denunciante 
mediante el cual éste acepta haber recibido el inmueble en una fecha determinada, la cual 
deberá ser contrastada con la fecha de entrega consignada en el contrato de compraventa a 
fin de establecer si se incumplió o no con la misma.  
 
Así por ejemplo, en la Resolución N° 316-2015/OPS3, el ORPS N° 3 archivó la denuncia 
presentada en contra de Constructora e Inmobiliaria Cali S.A. por demora en la entrega de 
un inmueble, en tanto dicha proveedora acreditó que la demora se produjo por una causa no 
imputable a ella. 
 
De otro lado, en la Resolución N° 225-2015/OPS3, dicho Órgano Resolutivo sancionó a 
A+M contratistas S.A.C. por no haber cumplido con entregar un inmueble a los compradores 
en la fecha establecida para tal efecto en el contrato de compraventa respectivo. 
 
Por su parte, los temas inmobiliarios que se dilucidan en un procedimiento inmobiliario se 
encuentran vinculados a situaciones más complejas, como por ejemplo la existencia de 
defectos en el inmueble adquirido por el consumidor. A fin de acreditar la infracción, éste 
deberá acreditar la ocurrencia de los mismos (mediante fotografías, videos o cualquier otro 
medio probatorio que permita verificarlos), luego de lo cual el proveedor deberá probar la 
existencia de un eximente a fin de liberarse de responsabilidad. En esta actividad probatoria 
y dado el carácter técnico involucrado en la presunta infracción, los proveedores 
comúnmente suelen solicitar la realización de una pericia realizada por un ingeniero civil a 
fin que éste, en base a criterios técnicos, determine si la construcción se realizó de acuerdo 
a los parámetros normales y aceptados siendo que dicho profesional deberá acudir al 
inmueble, realizar las verificaciones que considere necesarias y posteriormente emitir el 
informe pericial respectivo, el cual es puesto en conocimiento de las partes inmersas en el 
procedimiento para que realicen las observaciones que consideren pertinentes. Como se 
podrá apreciar, la actuación de este tipo de medios probatorios no podría realizarse en un 
plazo tan corto como el que corresponde a la duración del procedimiento sumarísimo17. 
  
                                               
17
  Así por ejemplo, en la Resolución N° 1007-2015/SPC-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Protección al 
Consumidor del INDECOPI en el marco de la tramitación del Expediente N° 1428-2013/CC2 se valoró un peritaje técnico 
realizado por un ingeniero civil destinado a determinar la existencia de protuberancias y desniveles en los techos y paredes 
del inmueble de la denunciante, los cuales no habían sido subsanados por la empresa denunciada. 
54 
En segundo lugar, es necesario hacer mención al tema de la oportunidad en la presentación 
de las pruebas documentales a las que pueden recurrir las partes para probar sus 
alegaciones. Así, el artículo 4.4.2 establece que se podrán presentar las pruebas 
documentales con la presentación de la denuncia y de los descargos, según corresponda, 
siendo que esta disposición, a su vez, también tiene una clara influencia del principio de 
preclusión al que tantas veces hemos hecho referencia previamente en esta investigación. 
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar nuevamente en este punto que el principio 
de preclusión debe ser aplicado sin dejar de tener en cuenta el principio de verdad material, 
pues incluso la propia Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI dispone ello en el literal 
b) de su artículo 4.1. 
 
El artículo 4.4.3 de la mencionada Directiva, por su parte, establece que se podrán 
presentar medios probatorios con la presentación del recurso de apelación o de su 
absolución, siempre que los mismos no hagan referencia a hechos nuevos. Al respecto, 
resulta razonable la existencia de una disposición como ésta, en la medida que, de 
ampararse la validación de medios probatorios vinculados a nuevos hechos, se estaría 
produciendo una afectación al derecho de defensa de las partes y también a su derecho al 
debido procedimiento, toda vez que el órgano de segunda instancia emitiría un 
pronunciamiento respecto de hechos sobre los cuales no se ha desplegado la 
correspondiente actuación probatoria respectiva que permita al órgano de primera instancia 
emitir, a su vez, un pronunciamiento válido en relación a los mismos. 
 
De otro lado, si bien la Directiva 004-2010/DIR-COD-INDECOPI establece claramente que 
las partes únicamente podrán presentar pruebas documentales, esta misma norma 
contempla en su artículo 4.4.4 la posibilidad de que puedan solicitar la actuación de pruebas 
de distinta naturaleza a fin de ejercer adecuadamente su derecho de petición o de defensa, 
según corresponda. No obstante, como bien lo dispone esta propia Directiva, dicha solicitud 
deberá encontrarse debidamente fundamentada, en la medida que constituye una 
excepción a la naturaleza primordialmente documental de la actividad probatoria en el 
procedimiento sumarísimo. 
 
Adicionalmente, este artículo dispone que, una vez efectuada la solicitud para la actuación 
de las pruebas de naturaleza distinta a la documental, corresponde a la autoridad 
administrativa, esto es, al ORPS, evaluar la misma y determinar si ejerce dicha facultad, la 
cual le confiere el literal b) del artículo 126° del Código.  
 
- Plazos de tramitación 
55 
 
El numeral 4.5 de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI establece los plazos de 
tramitación aplicables al procedimiento sumarísimo. 
 
El numeral 4.5.1 de dicha norma dispone que los plazos en el procedimiento sumarísimo se 
computarán en días hábiles. Al respecto, dicha disposición resulta razonable pues resultaría 
ilógico imponer a la Administración el cumplimiento de un plazo tan corto en comparación a 
otros procedimientos y computar dentro del mismo días en los que ésta no realiza labores 
de manera efectiva, siendo que ello perjudicaría a los administrados pues, al tratar de 
cumplir con el plazo de duración del procedimiento, el ORPS podría incurrir en algún error 
que afecte el procedimiento. 
 
Por su parte, el numeral 4.5.2 dispone que el plazo máximo de tramitación del 
Procedimiento Sumarísimo es de treinta (30) días hábiles por instancia. Al respecto, como 
ya se ha mencionado en anteriores pasajes de la presente investigación, ello supone una 
reducción considerable en relación al procedimiento ordinario, el cual cuenta con un plazo 
de tramitación de ciento veinte (120) días hábiles por instancia, encontrándose el 
fundamento de dicha reducción en el hecho de dotar al procedimiento sumarísimo de un 
carácter célere y expeditivo. 
 
Adicionalmente, el numeral 4.5.2 establece también una serie de reglas a tener en cuenta 
para determinados plazos asignados a ciertos actos procesales durante la tramitación del 
procedimiento. Así, se establece que durante la tramitación en primera instancia, el inicio 
del plazo de duración del procedimiento se computará desde la fecha de la presentación de 
la denuncia, o su subsanación -en caso la Administración hubiera efectuado algún 
requerimiento previo al interesado- hasta la emisión de la Resolución Final respectiva 
siendo que ello resulta razonable en la medida que es recién desde la subsanación de la 
denuncia por parte del interesado que la Administración cuenta con toda la información 
necesaria para determinar si corresponde iniciar el procedimiento sumarísimo y, de ser ése 
el caso, cuáles serían las presuntas infracciones que se imputarán al proveedor denunciado 
a título de cargo. 
 
De otro lado, agrega que el plazo para la subsanación de la denuncia será de dos (2) días 
hábiles no prorrogables, contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución 
que requiere la subsanación. Al respecto, corresponde señalar que este plazo se encuentra 
sustentado en lo dispuesto por el artículo 125° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
56 
 
Este numeral también establece que en segunda instancia y en vía de revisión, el plazo de 
tramitación se computa desde la fecha de recepción de los actuados por parte de la 
Comisión o del Tribunal, según sea el caso, hasta la fecha de emisión de la Resolución 
Final. Ello, al igual que la disposición vinculada a que el inicio del procedimiento en primera 
instancia se computa desde la fecha de presentación de la subsanación de la denuncia, 
resulta razonable en la medida que es desde la fecha en que el Comisión o el Tribunal 
reciben el expediente por parte del ORPS que dichos órganos tendrán efectivamente el 
control sobre el mismo y podrán acceder a toda la información obrante en él, 
estableciéndose también que el plazo máximo para elevar los actuados de una instancia a 
otra es de tres (3) días hábiles. Si bien la Directiva no hace referencia a cuando inicia el 
cómputo de este plazo, consideramos que ello se produce desde que el órgano de primera 
instancia recibe el último cargo de la última resolución que hubiera emitido, la cual, 
normalmente, será la resolución concediendo el recurso de apelación. 
 
El numeral 4.5.3 dispone que el plazo máximo para determinar la admisibilidad de la 
denuncia es de cinco (5) días hábiles mientras que el numeral 4.5.4 establece que el plazo 
máximo para verificar la admisión de los recursos de apelación o de revisión, incluyendo la 
oportunidad del recurso, es de tres (3) días hábiles. Como se puede observar, estos plazos 
son sumamente cortos, justamente con la finalidad de que el procedimiento sea ágil y célere 
y se eviten dilaciones innecesarias por parte del órgano de primera instancia al mantener 
“tiempos muertos” en la tramitación de los expedientes a su cargo en perjuicio de los 
administrados. 
 
Por su parte, el numeral 4.5.5 establece los siguientes plazos máximos en relación a 
determinadas actuaciones que deben realizar las partes durante la tramitación del 
procedimiento: 
 
- Para la presentación de descargos en primera instancia, siete (7) días hábiles, no 
prorrogables, contados a partir del día siguiente de la notificación de la denuncia e 
imputación de cargos. Al respecto, si bien el plazo para la presentación de 
descargos en primera instancia en un procedimiento ordinario es de cinco (5) días 
hábiles, la diferencia entre ambos plazos es que el segundo sí es pasible de 
prórroga, lo cual no sucede en el procedimiento sumarísimo justamente por el hecho 
de tratarse de un procedimiento célere. 
 
57 
- Para la absolución del traslado del recurso en segunda instancia, cinco (5) días 
hábiles, no prorrogables, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
apelación. Dicho plazo es similar al plazo para la absolución del traslado del recurso 
de apelación en segunda instancia, con la diferencia de que en el procedimiento 
sumarísimo este plazo no es prorrogable. 
 
- Para interponer recursos de apelación o de revisión, cinco (5) días hábiles, no 
prorrogables, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución a 
impugnar. En relación a este plazo, el mismo es idéntico al plazo establecido para la 
interposición del recurso de apelación en un procedimiento ordinario. 
 
2.2. La reconversión del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor: 
Inclusión de la fase de evaluación previa y la labor de “fiscal” de la 
Administración 
 
Desde su creación en el año 2010, el Procedimiento Sumarísimo ha presentado un 
constante desarrollo, habiéndose constituido en un instrumento destinado a permitir que la 
Administración de Consumo afronte de una manera más eficiente la carga procesal a su 
cargo.  
 
Como hemos mencionado en el capítulo anterior, la Directiva N° 004-2010/DIR-COD- 
INDECOPI estableció que el procedimiento sumarísimo se inicia de oficio, por denuncia de 
parte, siendo que, luego de la presentación de la denuncia, el ORPS debía realizar una 
revisión de los requisitos formales de la denuncia (los que están establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi) y de la información proporcionada en 
la misma. Así, si la denuncia no cumplía con alguno de los requisitos del TUPA18 de la 
                                               
18
 TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INDECOPI 
Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor.- 
La denuncia deberá consignar lo siguiente: 
1. Nombre o Razón Social, RUC o DNI, de ser el caso. Domicilio real y domicilio procesal donde se deseen recibir las notificaciones (en caso de ser distinto al domicilio 
real), dirección de correo electrónico y teléfono del denunciante (Persona Natural, Microempresa o Asociación de Consumidores) y/o de su Representante. 
2. Nombre o Razón Social y domicilio del Proveedor del bien o servicio. En el caso que el denunciante ignore el domicilio actual del Proveedor, deberá adjuntar una 
Declaración Jurada señalando que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio del mismo y precisando que asumirá el costo de las notificaciones que 
correspondan realizar por Edicto. 
3. Expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho; especificando el bien o servicio 
por el cual se denuncia y su valor; haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado. 
4. Presentación de medios probatorios documentales que acrediten la infracción denunciada (impresos, fotografías, reproducciones de audio o video, el producto materia 
de denuncia; escritos que registran los resultados de informes periciales, informes técnicos, testimonios e inspecciones). 
5. Indicar las medidas correctivas que solicita y, asimismo, precisar si es que también solicita el pago de las costas y costos del procedimiento. 
6. Identificación de reincidencia, si se conoce. 
  
Documentación que deberá adjuntarse en los siguientes supuestos: 
1. En caso el denunciante (Persona Natural, Microempresa o Asociación de Consumidores) se apersone mediante un representante, deberá adjuntar la documentación 
que acredite a este último como tal, o señalar el expediente administrativo en el cual fueron adjuntados. 
2. De ser el caso, copia de los documentos que acrediten la existencia y representación de la Microempresa o Asociación de Consumidores solicitante, o señalar el 
expediente administrativo en el cual fueron adjuntados. 
3. En el caso de las Microempresas, adjuntar la documentación que acredite el número de trabajadores y el monto al que ascienden sus ventas anuales. 
4. En caso la denuncia sea presentada por una Asociación de Consumidores en representación de los intereses individuales de uno o más de sus asociados, copia de 
los documentos que acrediten que los representados son miembros de la Asociación o que acrediten su representación, o indicar el Nº de expediente administrativo 
donde obran dichos documentos. 
5. Copia simple de la Solicitud y recaudos, según el número de Denunciados. 
58 
institución o era necesaria alguna precisión en relación a los hechos materia de denuncia 
que resultaba determinante para la emisión de la correspondiente resolución de inicio (en la 
cual se identifican las presuntas infracciones que habría cometido la parte denunciada, 
teniendo como sustento fáctico lo señalado en la denuncia, y se tipifica las mismas de 
manera clara y adecuada a fin de no afectar el derecho de defensa de dicha parte), el 
ORPS podía requerir al interesado la subsanación de la denuncia, luego de lo cual podían 
presentarse dos escenarios: 
 
● Si el interesado no cumplía con realizar la subsanación dentro del plazo otorgado 
para ello (el cual era de dos (2) días hábiles no prorrogables, contados desde el día 
siguiente de la notificación de la resolución que requiere la subsanación), el ORPS 
declaraba inadmisible la denuncia, siendo que ello se encontraba sustentado en lo 
dispuesto por el numeral 3 del artículo 125.3 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual señala lo siguiente: 
 
“Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera 
como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus 
recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, 
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese 
abonado”. 
 
● Si el interesado cumplía con subsanar la denuncia dentro del plazo antes 
mencionado, el ORPS procedía a admitir a trámite la denuncia, siendo que en la 
resolución de admisión a trámite se señalaban de manera clara y expresa, como se 
indicó anteriormente, cuáles eran las infracciones en las que había incurrido la parte 
denunciada y cuál era la tipificación respectiva para cada una de ellas. 
 
Sin embargo, considerando que toda institución y/o figura legal es perfectible con el paso 
del tiempo y considerando la experiencia obtenida, a finales del año 2013 -luego de 3 años 
de implementación del procedimiento sumarísimo- el INDECOPI consideró pertinente 
realizar algunas modificaciones de orden procedimental a esta herramienta, remarcando su 
naturaleza de procedimiento sancionador, según lo señalado en el Código, en virtud de lo 
cual, mediante Resolución N° 298-2013-INDECOPI/COD del 3 de diciembre de 2013, la 
Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI aprobó la Directiva N° 007-2013/DIR-
COD-INDECOPI que modifica, incorpora y deroga diversos artículos de la Directiva N° 004-
                                                                                                                                                  
 
59 
2010/DIR-COD-INDECOPI, que establece las reglas complementarias aplicables al 
procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor. 
 
Así, dentro de las modificaciones efectuadas por dicha Directiva, corresponde hacer 
referencia de manera especial a la incorporación dentro del procedimiento sumarísimo de la 
etapa de evaluación previa, la cual constituye el cambio más trascendental en la estructura 
de este procedimiento y se encuentra recogida en el artículo 4.3 de la citada norma. 
 
Antes de realizar el análisis de la incorporación de la etapa de evaluación previa, 
corresponde hacer referencia a la etapa de evaluación preliminar, la cual ha sido recogida 
en el artículo 4.3.1 de la norma antes citada en los siguientes términos: 
 
“4.3.1. Presentada la denuncia, se procederá a su evaluación preliminar en un 
plazo no mayor de 05 días, la misma que estará a cargo del personal que para 
tales efectos designe el Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor. La evaluación tendrá por objeto 
determinar si se cuenta con indicios suficientes de la comisión de una infracción 
que sea de competencia de dicho órgano resolutivo y si se cumple con los 
requisitos establecidos en el TUPA, para el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador”. 
 
Al respecto, corresponde señalar que este artículo tiene su antecedente más próximo en el 
artículo 4.5.3 de la anterior Directiva aplicable al Procedimiento Sumarísimo, el cual 
disponía que el plazo máximo para determinar la admisibilidad de la denuncia era de cinco 
(5) días hábiles. Tal como se señaló previamente, en esta etapa se realizaba principalmente 
una verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA siendo que, en 
caso se verificara el incumplimiento de los mismos, se otorgaba al interesado un plazo de 
dos (2) días hábiles improrrogables para subsanar la denuncia, caso contrario se procedía 
con la declaración de inadmisibilidad de la misma.  
 
En relación a este punto, también se ha producido una modificación de orden técnico a 
través de la Directiva 007-2013/DIR-COD-INDECOPI, la cual en su artículo 4.3.3 establece 
que ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA o en caso que se 
requiera una precisión o mayor sustento de los hechos de la denuncia, se otorgará un plazo 
de dos (2) días hábiles para su acreditación, bajo apercibimiento del archivo de la denuncia, 
Sin perjuicio de ello, los efectos prácticos son similares a la declaración de inadmisibilidad 
de la denuncia contemplada en la Directiva anterior, pues en ambos supuestos el interesado 
60 
podrá solicitar la devolución de los recaudos así como de la tasa por interposición de 
denuncia que abonó. 
 
El numeral 4.3.2 de la Directiva 007-2013/DIR-COD-INDECOPI dispone que si de la 
evaluación preliminar se determina que el ORPS no es competente para conocer la 
denuncia, todo lo actuado se deberá remitir de inmediato al Órgano Resolutivo Competente, 
de acuerdo a lo señalado por el numeral 1 del artículo 82. Al respecto, según lo señalado 
por la exposición de motivos de la mencionada directiva (Indecopi, 2013), esta disposición 
busca evitar situaciones que vayan en contra del interés de los administrados, afectando el 
Principio de Celeridad, toda vez que, bajo el esquema de la anterior Directiva, de darse este 
supuesto lo que se producía era la emisión de una Resolución por parte del ORPS 
declarando la improcedencia de la denuncia, la misma que, al poner fin a la instancia, podía 
ser apelada por los interesados, produciéndose de esta manera dilaciones innecesarias. 
 
Al respecto, nos encontramos de acuerdo con la fórmula establecida por la Directiva N° 007-
2013/DIR-COD-INDECOPI en la medida que la misma contempla una salida más expeditiva 
y, adicionalmente, se sustenta también en el Principio de Informalismo, permitiendo de esta 
manera que se beneficie tanto el administrado interesado como el ORPS, toda vez que el 
primero no ve que su denuncia es pasible de pronunciamientos formalistas que, a la larga, 
sólo dilatan el procedimiento mientras que el segundo evita asumir cargas procedimentales 
innecesarias. 
 
Pero entrando ya al análisis del periodo de evaluación previa propiamente dicho, el cual 
constituye la principal modificación introducida por la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-
INDECOPI, corresponde indicar que el artículo 4.3.5 de dicha norma dispone lo siguiente: 
 
4.3.5. La evaluación de la denuncia e investigaciones que correspondan, posteriores a la 
evaluación preliminar efectuada, deberán realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el numeral 4.3.1 o desde la 
subsanación de la denuncia prevista en el numeral 4.3.3 
 
Respecto de esta incorporación, corresponde señalar en primer lugar que la misma 
constituye una importante modificación a la estructura del procedimiento sumarísimo, tal 
como se encontraba diseñado en la anterior Directiva, toda vez que otorga un plazo 
adicional a la Administración para realizar las investigaciones que considere pertinentes 
antes del inicio del procedimiento. Al respecto, corresponde indicar que nos encontramos de 
61 
acuerdo con esta modificación en la medida que responde a un plazo más real en relación a 
la evaluación de la denuncia que debe realizar el ORPS. 
 
En efecto, bajo el esquema anterior, muchas veces sucedía que el plazo de cinco (5) días 
con el que contaba el ORPS para determinar la admisibilidad de la denuncia resultaba 
insuficiente en los casos en los que no se encontrara involucrado únicamente un 
incumplimiento de los requisitos formales establecidos en el TUPA con los que debía 
cumplir la denuncia. Así por ejemplo, podía suceder que interesado denunciara a un 
determinado proveedor pero en la relación de consumo establecida por éste participaba 
también un segundo proveedor contra el cual el administrado interesado no ha dirigido la 
denuncia. Así, si bien no existía una denuncia en contra de éste, poseía información valiosa 
para el esclarecimiento de los hechos denunciados y, por lo tanto, correspondía efectuar un 
requerimiento de información dirigido a este segundo proveedor, el mismo que, 
definitivamente no podía ser realizado y la información obtenida analizada en un plazo tan 
corto como el de cinco (5) días hábiles19. 
 
En ese sentido, como señalamos anteriormente, el periodo de evaluación previa contempla 
un plazo definitivamente más acorde con la realidad y permite que el ORPS pueda manejar 
de una manera más eficiente la carga procedimental a su cargo, no solamente en lo que 
respecta al tiempo de tramitación sino también desde el punto de vista de la realización de 
actos conducentes a una adecuada tramitación de la denuncia, toda vez que bajo el 
esquema anterior podía suceder que no se realizara un adecuado análisis de la misma y no 
se efectuaran ciertas actuaciones con la finalidad de cumplir con el plazo otorgado para la 
determinación de su admisibilidad. 
 
La figura de la evaluación previa que ha sido incorporada al Procedimiento Sumarísimo 
tiene sus antecedentes más próximos en el procedimiento de identificación y sanción de 
conductas anticompetitivas y en el procedimiento sancionador de investigación y sanción de 
actos de competencia desleal, los mismos que se encuentran a cargo de la Comisión de 
Libre Competencia y de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del 
INDECOPI, respectivamente. 
 
En relación al procedimiento de identificación y sanción de conductas anticompetitivas, el 
Decreto Legislativo N° 1034 que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
                                               
19
 Así por ejemplo, en el Expediente N° 490-2015, el OPS N° 1 efectuó un requerimiento de información en la etapa de 
evaluación previa a Banco Ripley Perú S.A. en el marco de la tramitación del procedimiento bajo el cual se tramitaba la 
denuncia presentada por el señor Mario Percy Rueda Condori contra Asociación Gea Perú, toda vez que verificó que se 
encontraba reportando ante la Central de Riesgos por una deuda con dicha entidad financiera, siendo que al requerir 
información se le indicó que dicha deuda correspondía a un seguro contratado a la empresa denunciada, que éste desconocía 
62 
Anticompetitivas (Presidencia de la República, 2008) establece en su artículo 20° lo 
siguiente: 
 
Artículo 20.- Actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncia de parte.-  
 
Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a la resolución de inicio del procedimiento 
de identificación y sanción de conductas anticompetitivas, la Secretaría Técnica podrá realizar 
actuaciones previas con el fin de reunir información o identificar indicios razonables de la 
existencia de conductas anticompetitivas. Estas actuaciones previas se desarrollarán en un 
plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la presentación de la 
denuncia.   
 
Por su parte, el artículo 30° del (Presidencia de la República, 2008) dispone lo siguiente: 
 
Artículo 30º.- Actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncia de parte.-  
 
Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a la resolución de inicio del procedimiento 
de identificación y sanción de actos de competencia desleal, la Secretaría Técnica podrá 
realizar actuaciones previas con el fin de reunir información y/o identificar indicios razonables 
de la existencia de actos de competencia desleal. Estas actuaciones previas se desarrollarán 
en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados desde la presentación de la 
denuncia. 
 
Como se puede apreciar, ambos cuerpos normativos recogen la figura de la evaluación 
previa prácticamente en los mismos términos siendo que la misma ha sido contemplada, si 
bien con otra redacción pero manteniendo el mismo espíritu, en la Directiva N° 007-
2013/DIR-COD-INDECOPI. Sobre el particular, corresponde señalar que durante el 
despliegue de la etapa de evaluación previa, las Secretarías Técnicas en el caso de los 
procedimientos que se siguen antes las Comisiones de Libre Competencia y de 
Fiscalización de la Competencia Desleal y el personal a cargo de dicha etapa designado 
para tal efecto por el Jefe del ORPS en el caso del procedimiento sumarísimo, realizan una 
labor equiparable a la del fiscal en los procesos penales. 
 
Cabe recordar en este punto, que el procedimiento administrativo sancionador se encuentra 
inspirado en el proceso penal y en este la Administración ejerce el Ius Puniendi estatal 
destinado a la imposición de sanciones a quienes se identifique como infractores, por lo 
que, con mayor razón, resulta necesario que se realice una adecuada investigación y 
obtención de la información con la finalidad de obtener indicios suficientes de la comisión de 
63 
una determinada infracción, por lo que nuevamente consideramos que la inclusión de la 
etapa de evaluación previa dentro del esquema del procedimiento sumarísimo resulta 
acertada y era necesaria para dotar al mismo de un mayor sustento. 
 
Luego de realizadas las investigaciones durante la fase de evaluación previa, pueden 
presentarse tres escenarios: 
 
● Si luego de efectuadas las indagaciones e investigaciones, el personal a cargo de la 
fase de evaluación previa determina que no existen indicios suficientes de la 
comisión de una infracción por parte del administrado denunciado, el artículo 4.3.6 
de la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI dispone que se procederá al 
archivo de la denuncia, el cual será comunicado al administrado interesado mediante 
cargo, siendo que dicho pronunciamiento tiene carácter de inapelable de acuerdo a 
lo establecido por el numeral 2 del artículo 206 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Desde nuestra opinión, esta disposición tiene 
por objetivo principal evitar que la Administración inicie procedimientos 
administrativos sancionadores cuando cuenta con información fehaciente en relación 
a una evidente inexistencia de infracción alguna a las normas de protección al 
consumidor, evitando de esta manera que se ponga en marcha el aparato estatal de 
manera innecesaria y también impidiendo que se creen expectativas en el 
administrado denunciante sobre la posibilidad de que su denuncia sea amparada, 
cuando el sustento fáctico apunta en la dirección contraria.  
 
● Si luego de efectuadas las indagaciones e investigaciones, el personal a cargo de la 
fase de evaluación previa determina que el interesado denunciante no ostenta la 
calidad de consumidor, que el denunciado no es proveedor o que no existe una 
relación de consumo, el artículo 4.3.8 de la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-
INDECOPI establece que dicho personal elaborará un proyecto de resolución 
indicando que la denuncia no amerita el inicio de un procedimiento sancionador 
dentro de los quince (15) días hábiles a los que hace referencia el artículo 4.3.5 de la 
mencionada Directiva, siendo que el mismo puede ser suscrito por el Jefe del ORPS, 
de considerarlo pertinente. 
 
● Si luego de efectuadas las indagaciones e investigaciones, el personal a cargo de la 
fase de evaluación previa determina que la denuncia amerita el inicio de un 
procedimiento sancionador, el artículo 4.3.7 de la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-
INDECOPI establece que dicho personal elaborará un proyecto de resolución de 
64 
inicio dentro de los quince (15) días hábiles al que hace referencia el artículo 4.3.5 
de la mencionada Directiva, el mismo que puede ser suscrito por el Jefe del ORPS, 
de considerarlo pertinente. 
 
Como se puede apreciar, la inclusión de la etapa de evaluación previa dentro del 
procedimiento sumarísimo constituye una importante modificación en la estructura de dicho 
procedimiento, la cual, personalmente consideramos oportuna y adecuada en la medida que 
permite una mejor gestión de los procedimientos por parte de los ORPS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 
 
ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
 
En el presente capítulo, se abordarán algunas situaciones prácticas que han podido 
detectarse en el marco de la tramitación de un procedimiento sumarísimo y se analizará 
cómo las mismas han sido dilucidadas por los Órganos Resolutivos del INDECOPI. 
 
Al respecto, consideramos importante señalar que muchas veces, por no decir siempre, las 
normas que crean nuevas instituciones o introducen modificaciones y/o mejoras a otras 
65 
previamente existentes no contemplan toda la gama de posibles situaciones de orden 
práctico que pueden surgir en la aplicación de la norma en sí, lo cual toma una especial 
relevancia cuando se trata de una norma procedimental. Y ello, hasta cierto punto, resulta 
comprensible, en la medida que es imposible que las normas recojan la totalidad de los 
infinitos supuestos de hecho que pueden generarse en la realidad. 
 
Ante la existencia de estos vacíos naturales, toma especial relevancia la jurisprudencia, la 
cual se convierte en la principal fuente de información y la que determinará cómo proceder 
en las situaciones mencionadas, ya sea mediante la aplicación de criterios jurisprudenciales 
o de precedentes de observancia obligatoria, siendo la diferencia entre ambos que los 
primeros constituyen una guía para la determinación de cómo se procede en la resolución 
de un caso particular, pudiendo el Órgano Resolutivo respectivo apartarse de los mismos 
posteriormente, si así lo cree conveniente, con la debida y respectiva fundamentación, toda 
vez que un aspecto crucial para los administrados es la predictibilidad, debiendo entenderse 
por la misma la capacidad de conocer de antemano que, ante un determinado caso que 
presente un supuesto de hecho similar a uno que ha sido conocido anteriormente, el 
Órgano Resolutivo resolverá de la misma manera. Por su parte, los precedentes de 
observancia obligatoria son, valga la redundancia, de obligatorio cumplimiento, no pudiendo 
los Órganos Resolutivos apartarse de los criterios aprobados a través de los mismos. 
 
En ese sentido, pasaremos a analizar los que, desde nuestro punto de vista particular, 
constituyen los principales “problemas” de orden práctico que pueden surgir al interior de un 
procedimiento sumarísimo y señalaremos cuáles serían nuestras propuestas de mejora, de 
ser el caso. 
 
3.1.  El carácter inapelable de la resolución que determina el archivo de la 
denuncia en la etapa de la evaluación previa del procedimiento administrativo 
de protección al consumidor, ¿una afectación al derecho de defensa de las 
partes? 
 
Tal como se ha señalado en el capítulo 2 de la presente investigación, uno de los 
escenarios que puede presentarse luego de realizadas las indagaciones e investigaciones 
correspondientes durante la etapa de evaluación previa es que, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 4.3.6 de la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI, se declare el archivo 
de la denuncia porque no existen indicios suficientes de la comisión de una infracción por 
parte del proveedor denunciado, lo cual será comunicado mediante carta y dicho 
66 
pronunciamiento tiene carácter de inapelable, de acuerdo a lo establecido por el numeral 2 
del artículo 206 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Respecto de esta condición de inapelabilidad, no han sido pocas las ocasiones en las que 
los interesados que presentaron las denuncias la cuestionan argumentado que se afecta 
directamente el derecho de defensa y a la pluralidad de instancias. Al respecto, es menester 
señalar en este punto que ambos derechos se enmarcan dentro del concepto de debido 
proceso, el cual se encuentra recogido en el artículo 139.3° de la Constitución Política del 
Perú y constituye un conjunto de garantías mínimas e indispensables que debe presentar 
todo proceso para que el mismo sea considerado regular20. Asimismo, el principio del debido 
procedimiento se encuentra recogido en el artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, como uno de los principios especiales que rigen la 
potestad sancionadora del Estado. 
 
En relación al derecho a la pluralidad de instancias en un procedimiento administrativo, el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 010-2001-AI/TC ha 
señalado lo siguiente: 
  
(…) 
3. (…) el derecho a la pluralidad de instancias no es un contenido esencial del derecho 
al “debido proceso administrativo” –pues no toda resolución es susceptible de ser 
impugnada en dicha sede–; pero sí lo es del derecho al debido proceso “judicial”, 
pues la garantía que ofrece el Estado constitucional de derecho es que las 
reclamaciones de los particulares contra los actos expedidos por los órganos 
públicos, sean resueltas por un juez independiente, imparcial y competente, sede 
ésta en la que, además, se debe posibilitar que lo resuelto en un primer momento 
pueda ser ulteriormente revisado, cuando menos, por un órgano judicial superior. 
(…) 
el principio del Estado de derecho, que, como se ha dicho, garantiza a los individuos 
que la solución de sus conflictos –con el Estado o con otros particulares– puedan 
dilucidarse ante un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial. Es en 
relación con el tercero imparcial, esto es, con referencia al órgano judicial, que el 
legislador debe garantizar la existencia, cuando menos, de una dualidad de 
instancias de resolución de conflictos, así como los medios (impugnatorios) 
apropiados para posibilitar su acceso. 
  
                                               
20
  Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos emitidos.  
67 
Naturalmente, los órganos y tribunales administrativos no satisfacen esas 
condiciones de imparcialidad e independencia, pues se trata de entes que, o forman 
parte de la estructura organizativa del órgano cuyo acto administrativo se reclama, o 
pertenecen, en general, al Poder Ejecutivo. Precisamente porque los órganos 
administrativos no cumplen esas garantías mínimas que debe observar el ente que 
resuelva el conflicto, es que, al tiempo de considerarse el agotamiento de la vía 
administrativa como un derecho del particular [derecho que se traduce en evitarle el 
acceso a la justicia ordinaria si puede resolver su conflicto con la administración 
estatal en dicha sede], dicha vía, cuando se fija su agotamiento de manera 
obligatoria, debe contemplarse de manera tal que no pueda considerarse un 
privilegio del Estado o, acaso, como una medida que, irrazonable y 
desproporcionadamente, disuada, imposibilite o impida el acceso del particular a un 
tribunal de justicia. (Sentencia, 2003) 
 
Al respecto, como se puede observar, el Tribunal Constitucional es de la opinión que, en 
estricto, en sede administrativa no podríamos hablar propiamente de una pluralidad de 
instancias, debido principalmente a una falta de imparcialidad de las “segundas instancias” 
al formar éstas parte de una misma estructura junto con el órgano que emite el acto 
administrativo cuestionado. En relación a ello, discrepamos de la opinión del Tribunal 
Constitucional, en la medida que, ciñéndonos exclusivamente al caso del INDECOPI como 
Autoridad Nacional en materia de Protección al Consumidor y al procedimiento sumarísimo 
como objeto de estudio de la presente investigación, el hecho de que las Comisiones de 
Protección al Consumidor  y la Sala Especializada en Protección al Consumidor formen 
parte de una misma estructura organizacional que los Órganos Resolutivos de 
Procedimientos Sumarísimos al interior del INDECOPI no ha impedido que aquéllos 
mantengan su independencia al momento de emitir los pronunciamientos en vía de 
apelación o revisión. En efecto, esto se puede evidenciar en los pronunciamientos emitidos 
de manera imparcial por dichas instancias, a través de las cuales revocan o declaran la 
nulidad de los pronunciamientos emitidos por el ORPS correspondiente, motivo por el cual 
consideramos que, en lo que respecta al procedimiento sumarísimo de protección al 
consumidor, sí es posible hablar de una efectiva pluralidad de instancias. Ello, sin perjuicio 
de que el administrado que considere que el pronunciamiento emitido en sede 
administrativa -y que haya agotado la misma- no ha sido regularmente  emitido, tenga 
expedito el derecho de cuestionar el mismo a nivel judicial a través de la acción contencioso 
administrativa.   
 
68 
Retomando el tema del archivo de la denuncia en la fase de evaluación previa que es 
materia de análisis de este punto de la presente investigación, tal como se ha señalado en 
párrafos previos de la presente investigación, la inclusión de la etapa de evaluación previa 
dentro del Procedimiento Sumarísimo ha sido una novedad introducida por la Directiva N° 
007-2013/DIR-COD-INDECOPI siendo que su fundamento es evitar que la Administración 
inicie procedimientos administrativos sancionadores de manera innecesaria en caso se 
verifique una evidente inexistencia de infracción alguna a las normas de protección al 
consumidor por parte del proveedor denunciado o cuando la denuncia contenga un sustento 
que apunta en dirección contraria a la existencia de infracción. 
 
Al respecto, corresponde indicar en este punto que en la Exposición de Motivos de la citada 
Directiva (Indecopi, 2013) se ha señalado lo siguiente en relación al archivo de la denuncia: 
 
Con relación al archivo de la denuncia, cabe señalar que tanto el cumplimiento de los requisitos 
legales de la denuncia contenidos en el TUPA del INDECOPI, así como del debido sustento de 
la misma, constituyen exigencias indispensables a fin que el órgano resolutivo disponga el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador.  
 
Cabe señalar que la decisión de archivar la denuncia es inimpugnable en tanto que se trata de 
un acto de mero trámite. No obstante, el denunciante tiene la posibilidad de volver a presentar 
la denuncia subsanando los defectos que motivaron originalmente el archivo. 
 
Sobre el particular, cabe indicar que el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
INDECOPI establece como requisito para la presentación de una denuncia en el marco de 
un Procedimiento Sumarísimo que se presenten los medios probatorios documentales que 
acrediten la infracción denunciada (impresos, fotografías, reproducciones de audio o video, 
el producto materia de denuncia; escritos que registran los resultados de informes periciales, 
informes técnicos, testimonios e inspecciones), precisando que si el interesado desea que 
se actúen pruebas de naturaleza distinta a la documental, deberá sustentar su solicitud21. 
 
                                               
21
  Ver TUPA del INDECOPI en lo que respecta a los ORPS en el siguiente enlace: 
https://www.indecopi.gob.pe/inicio?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_act
ion=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Finicio%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D
0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redir
ect%3D%252Finicio%26_3_keywords%3D%26_3_groupId%3D0%26_3_INSTANCE_MenuBusq_search.x%3D9%26_3_IN
STANCE_MenuBusq_search.y%3D3&_101_assetEntryId=167026&_101_type=document&redirect=https%3A%2F%2Fwww
.indecopi.gob.pe%2Finicio%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview
%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DTUPA%26_3_INSTANCE_MenuBusq_search.x%3D11%26_3_redirect%3D%2
52Finicio%253Fp_p_id%253D3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dvie
w%2526_3_struts_action%253D%25252Fsearch%25252Fsearch%2526_3_redirect%253D%25252Finicio%2526_3_keywo
rds%253D%2526_3_groupId%253D0%2526_3_INSTANCE_MenuBusq_search.x%253D9%2526_3_INSTANCE_MenuBus
q_search.y%253D3%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_INSTANCE_MenuBusq_search.y%3D12 
 
 
69 
La consecuencia directa de que no se cumpla con este requisito específico contemplando 
en el TUPA es que la Administración declarar el archivo de la denuncia debido a que no 
existe mérito suficiente para iniciar un procedimiento sancionador en contra del proveedor 
denunciado.  
 
Al respecto, consideramos que esta innovación efectuada por la Directiva N° 007-2013/DIR-
COD-INDECOPI resulta adecuada, en tanto brinda ventajas en dos ámbitos; por un lado, 
respecto, del interesado, la ventaja se presenta en la medida que obtiene un 
pronunciamiento en relación a su denuncia con mayor brevedad y no se produce una 
situación ineficiente como la que podría presentarse en el supuesto en el que, aun 
verificándose una evidente falta de sustento fáctico, se inicie el procedimiento sumarísimo, 
generando en el interesado una errónea expectativa de que su denuncia pueda ser 
amparada cuando ello definitivamente no sucederá. 
 
Por otro lado, la ventaja también se presenta por el lado de la Administración, en tanto la 
posibilidad de declarar el archivo en el periodo de evaluación previa permite que no se 
ponga en marcha de manera innecesaria el aparato estatal, con el correspondiente uso de 
recursos que ello conlleva, así como evita una sobrecarga procedimental. Debemos 
recordar en este punto que la finalidad de la creación del Procedimiento Sumarísimo fue que 
los administrados cuenten con una vía expeditiva y célere para la tramitación de sus 
denuncias, siendo que el inicio de procedimientos que, a todas luces, carecen de asidero 
legal y fáctico y, por tanto, están destinados a que el pronunciamiento que pueda emitir la 
Administración definitivamente sea desfavorable para el interesado, independientemente de 
la fase del procedimiento en que ello se produzca, atenta directamente contra esta finalidad 
y, de alguna manera, vacía de contenido al propio Procedimiento Sumarísimo. 
 
Por citar un ejemplo, imaginemos un supuesto en el que el interesado denuncie a una 
aerolínea por una presunta infracción a las normas de protección al consumidor debido a 
que no le permitió abordar un vuelo para el que previamente adquirió el boleto respectivo, 
siendo que, en la narración de hechos efectuada por el propio interesado, éste señala 
expresamente  que llegó al counter de la aerolínea 45 minutos antes de que parta el vuelo. 
Ello, a pesar que las condiciones del contrato de transporte aéreo que celebró con la 
aerolínea denunciada señalaban expresamente que debía apersonarse al counter para el 
registro respectivo como mínimo 2 horas antes de la hora programada para la partida del 
vuelo (al tratarse de un vuelo nacional), lo cual le fue debida y oportunamente informado por 
la aerolínea y dicha información se encuentra consignada en el boleto presentado como 
medio probatorio por el propio interesado. 
70 
 
Al respecto, resulta evidente que la fundamentación fáctica es contundente pues el propio 
interesado desarrolló una conducta que incumplió las condiciones establecidas para la 
prestación del servicio que contrató, motivo por el cual resultaba justificado que la aerolínea 
le niegue el abordaje al vuelo. ¿Entonces, qué sentido tendría que la Administración inicie 
un procedimiento administrativo sustentado en una denuncia que, a todas luces, no tiene 
asidero? Evidentemente, ninguno y, por el contrario, proceder de esa manera supondría un 
ineficiente uso de recursos por parte de la Administración, como hemos señalado 
anteriormente.  
 
En esa misma línea, consideramos que el hecho que este pronunciamiento sea inapelable 
resulta adecuado, justamente porque lo contrario, esto es, la sola posibilidad de que la 
segunda instancia pueda conocer el caso, no va a cambiar los fundamentos de hecho de la 
denuncia y el superior jerárquico confirmaría el pronunciamiento emitido por el órgano de 
primera instancia y, por tanto, se volvería a generar una expectativa sin sustento al 
interesado, además del ya mencionado ineficiente uso de recursos de la Administración al 
que acabamos de hacer referencia. 
 
Aquí, consideramos importante analizar el derecho de acción del consumidor. En relación al 
desarrollo de dicho derecho dentro de la doctrina especializada, podemos hacer mención a 
lo señalado por Juan Monroy: 
 
[...] el derecho de acción es aquel derecho de naturaleza constitucional, inherente a todo 
sujeto -en cuanto es expresión esencial de éste- que lo faculta a exigir al Estado tutela 
jurisdiccional para un caso concreto. Como afirma FIX ZAMUDIO, al derecho de acción debe 
concebírsele “[...] como un derecho humano a la justicia”. 
 
Afirmada su esencia constitucional, notamos que al interior del derecho de acción hay algunas 
características que lo distinguen. Se trata de un derecho que es público, subjetivo, abstracto y 
autónomo [...]. 
 
Como todo derecho, tiene un receptor u obligado cuando es ejercido. Es decir, alguien que 
soporta el deber de satisfacerlo. En el presente caso, el sujeto pasivo del derecho de acción 
es el Estado, hacia él se dirige el derecho, desde que su ejercicio no es nada más que la 
exigencia de tutela jurisdiccional para un caso específico. Ésta es la razón por la que estamos 
ante un derecho de naturaleza pública. 
 
71 
Es subjetivo porque se encuentra permanentemente presente en todo sujeto de derechos por 
la sola razón de serlo, con absoluta irrelevancia de si está en condiciones de hacerlo efectivo. 
[...] 
Es abstracto porque no requiere de un derecho sustancial o material que lo sustente o 
impulse, es decir, es un derecho continente, no tiene contenido; se realiza como exigencia, 
como demanda de justicia, como petición de derecho, con absoluta prescindencia de si este 
derecho tiene existencia. 
 
Por otro lado, el derecho de acción es autónomo porque tiene requisitos, presupuestos, 
teorías explicativas sobre su naturaleza jurídica, normas reguladoras de su ejercicio, etc. 
(2009, págs. 497-498). 
 
A su vez, Arrarte indica lo siguiente: “[...] el derecho de acción es la llave de acceso al 
tribunal y, en consecuencia, a la jurisdicción, en él discurren las partes planteando sus 
pretensiones y defensas, destinadas a la obtención de la Justicia, bajo la autoridad del 
órgano jurisdiccional, único receptor del derecho de acción” (1990, pág. 40). 
 
También sobre el derecho de acción, señala Zumaeta: 
 
[...] Cuando en una relación jurídica sustancial, por ejemplo un contrato de arrendamiento, 
surge un conflicto de interés con relevancia jurídica, la parte perjudicada puede hacer valer su 
derecho de acción, que es un derecho abstracto de recurrir al órgano jurisdiccional para que 
resuelva el conflicto, llevando su pretensión mediante la demanda, la misma que si es 
admitida se inicia el proceso. Pero volvamos a la acción. Diversos autores la han calificado 
como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de recurrir al órgano jurisdiccional 
para reclamarle la satisfacción de una pretensión, que viene a significar el derecho concreto 
de lo que se pide. Asimismo, se dice también que la acción es, por tanto, el poder jurídico 
para dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley.  
 
[...] la acción es un derecho abstracto, por eso se dice que todos los que tienen derecho 
tienen acción. Ensayando un concepto moderno de acción, podemos afirmar que es el 
derecho abstracto que tiene toda persona capaz de recurrir al órgano jurisdiccional mediante 
su pretensión, que es el derecho concreto para que el Estado resuelva su conflicto de interés 
con relevancia jurídica a través del proceso. 
 
Entonces, es claro que lo que se lleva al órgano jurisdiccional es la pretensión mediante la 
demanda, pero nunca la acción, que como hemos dicho es un derecho abstracto que se 
concretiza vía la pretensión. 
 
72 
[...] La acción es pública, por que va dirigida al Estado, a quien se le pide tutela jurisdiccional 
para un caso específico [...] Es subjetiva, porque se encuentra presente en todo sujeto de 
derecho, sin importar su capacidad [...] Es abstracta, porque no requiere de un derecho 
sustancial o material que lo sustente o impulse [...] es autónoma porque tiene reglas propias, 
requisitos, presupuestos y teorías explicativas sobre su naturaleza (2014, págs. 34-35). 
 
Por su parte, Rodríguez señala: 
 
Al prohibirse la autodefensa, las personas tienen el derecho de recurrir al Estado 
solicitándole el ejercicio de su función jurisdiccional, para resolver el litigio.  
 
Este derecho ya sido objeto de múltiples estudios doctrinarios y existen distintas teorías para 
explicar su naturaleza, siendo las principales dos: 
 
- La que la considera como un derecho público subjetivo concreto, según la cual, el 
derecho de acción consiste en la facultada de solicitar la actividad jurisdiccional del Estado 
para obtener una sentencia favorable. Desde este punto de vista, solamente tiene derecho 
de acción aquel a quien le da la razón la sentencia definitiva. 
 
-  El que considera que el derecho de acción es un derecho subjetivo, público y 
abstracto, que consiste únicamente en la facultad de solicitar al Estado el ejercicio de su 
función jurisdiccional para resolver el litigio, cualquiera que sea el resultado de la sentencia. 
Desde este punto de vista, el derecho de acción le asiste tanto a quien tiene razón como a 
quien no la tiene. 
 
Creo que esta última es la teoría que mejor explica la naturaleza de este derecho, porque es 
factible de ser comprobado en la práctica; en los procesos en los cuales se declara infundada 
la demanda, el demandante ha obtenido el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado y 
no ha conseguido que se le dé la razón en cuanto al derecho material. La teoría del derecho 
concreto no podría justificar el desarrollo de la actividad jurisdiccional en este caso, puesto 
que para ella el derecho de acción solamente corresponde a quien tiene la razón (2003, 
págs. 13-14). 
 
Finalmente, en palabras de Peña: 
 
La moderna doctrina ha dado a la acción un sentido estrictamente procesal. Tal logro ha sido 
el resultado de una larga evolución, paralela a la independencia del Derecho Procesal Civil de 
su tronco, el Derecho Civil. 
 
73 
La acción con un sentido diferente al de la autodefensa se expresa como el derecho de todo 
sujeto a la tutela jurisdiccional del Estado, dentro de su evolución histórica se ha sustituido a 
la actividad de los particulares en la defensa de los intereses controvertidos. 
 
Siendo la acción sinónimo del derecho a la contradicción, debe ser necesariamente una sola. 
Esto es explicable, ya que si consideramos que ella se manifiesta como el poder jurídico de 
obrar frente a los organismos jurisdiccionales, la naturaleza propia de este derecho no ser 
verá afectada por la del interés sustantivo que pueda defender (1967, pág. 18). 
 
De otro lado, un segundo motivo para considerar que la declaración de archivo de la 
denuncia no atenta contra el principio del debido procedimiento es que, luego de emitido 
dicho pronunciamiento el interesado puede solicitar el reembolso de la tasa que abonó por 
concepto de la presentación de la denuncia ante el INDECOPI y puede volver a presentar la 
misma adjuntando los medios probatorios que sustenten una real y efectiva infracción de las 
normas de protección al consumidor. 
 
En relación al debido procedimiento, es preciso indicar que el mismo se encuentra 
íntimamente ligado al debido proceso. Al respecto, Morón ha señalado lo siguiente: “El 
principio del debido procedimiento, consiste en la aplicación en sede administrativa de una 
regla esencial de convivencia en un Estado de Derecho: el debido proceso” (2015, pág. 67). 
 
El debido procedimiento ha sido también materia de análisis por parte del Tribunal 
Constitucional, tal como nos señala Díaz: 
 
El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente Nº 2192-2004-AA/TC, 
numeral 11, señala que “en la medida que una sanción administrativa supone la afectación de 
derechos, su motivación no solo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, 
sino también un derecho administrativo, a efectos de que este pueda hacer valer los recursos 
de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones 
que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador”. En ese 
sentido, una resolución administrativa que imponga una sanción al administrativo deberá de 
contender una justificación interna y externa, esto es, deberá de tener una coherencia lógica 
entre sus considerandos y entre estos y la parte resolutiva y entre sus considerandos deberá 
tener una fundamentación de hecho y de derecho en la que deberá de sustentarse la razón 
por la cual se le impone una sanción al administrado. 
[...] 
Además de lo expuesto el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente 
Nº 2868-2004-AA/TC, numeral 26, establece que <la dimensión sustantiva del debido 
proceso administrativo se satisface, no tanto porque la decisión sancionatoria se haya 
74 
expedido con respeto de los derechos constitucionales de orden procesal, sino, por lo que al 
caso importa resaltar, cuando la sanción impuesta a una persona no se encuentra 
debidamente fundamentada, sea irrazonable o excesiva, dé cara a las supuestas faltas que 
se hubieran podido cometer>, en ese sentido podemos decir que tampoco es suficiente que 
la resolución que impone una sanción administrativa sea debidamente motivada y que sea 
consecuencia de un procedimiento en el que se hayan respetado los derechos 
constitucionales de orden procesal sino que además, la sanción debe ser proporcional o 
razonable a la infracción cometida, solo con el cumplimiento de estos requisitos se puede 
hablar que ha habido un estricto cumplimiento al principio de debido procedimiento 
administrativo (2007, págs. 63-64). 
 
El Tribunal Constitucional también ha hecho referencia al debido procedimiento en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 3330-2004-AA/TC (Sentencia, 2005) en los 
siguientes términos: 
 
[...] 
24.  El respeto al debido procedimiento administrativo 
  
Pese a lo explicado en las líneas precedentes, es imprescindible que se reconozca 
plenamente el debido procedimiento respecto al trámite iniciado por el recurrente, pero, como 
ya se señaló, no respecto al pedido provisional, sino exclusivamente sobre el definitivo. 
 
Sobre la base de la Constitución que señala, en su artículo 139, inciso 3, como principio de 
todo proceso <la observancia del debido proceso>, en las normas de procedimiento 
administrativo (artículo IV punto 1.2, de la Ley del Procedimiento Administrativo General) se 
ha venido a entender el principio del debido procedimiento, el mismo que significa que “los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho”. 
 
Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente N° 4289-2004-AA/TC (Sentencia, 
2005), el Tribunal Constitucional argumenta: 
 
3. El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y, por lo tanto, 
están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del 
procedimiento administrativo.  Así, el debido proceso administrativo supone, en toda 
circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada- de todos los 
principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o 
especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez 
imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.)  
75 
 
Por su parte, Jiménez ha señalado lo siguiente: “[...] el debido procedimiento no está 
regulado como un derecho a favor de los sujetos administrados al interior del procedimiento 
administrativo, sino como un conjunto de garantías a favor de estos durante el desarrollo del 
procedimiento. Podemos decir que, para nuestra ley, el Principio del debido procedimiento 
postula el respeto de todas esas garantías por parte de la Administración (2007, pág. 168).  
 
En este punto, en tanto, como se ha señalado, las nociones de debido procedimiento y 
debido proceso están íntimamente ligadas, consideramos importante determinar en qué 
consiste el debido proceso.  
 
Al respecto, Guzmán señala: 
 
Definimos debido proceso como el conjunto de garantías indispensables para que un proceso 
pueda ser considerado justo. Ahora bien, el debido proceso, como derecho constitucional, es 
un derecho complejo, definiéndose como tal aquel derecho cuyo contenido se encuentra 
conformado a su vez por otros derechos, de naturaleza no compleja. En este orden de ideas, 
el debido proceso contiene en su seno derechos tan importantes como el derecho al juez 
natural, la instancia plural, el derecho de defensa o la motivación de las resoluciones emitidas 
por la entidad respectiva (2001, pág. 340). 
 
Mientras que la opinión de Zumaeta es la siguiente: 
 
Si bien es cierto que el derecho de acción y contradicción no tienen limitaciones ni 
restricciones, también es cierto que dichos derechos tienen que ejercitarse con sujeción a un 
debido proceso, conforme lo señala el artículo 1º del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, que establece: “toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 
ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. 
 
Ello significa que los justiciables tienen el derecho a la defensa, a demandar y contradecir con 
la misma oportunidad, a ofrecer sus medios probatorios, a impugnar las resoluciones 
judiciales y a ser enterados de las resoluciones que emanen del proceso en los que son parte 
(2014, pág. 39). 
 
Por su parte, Rojas manifiesta lo siguiente: 
 
El debido proceso es, así, una garantía formal para el administrado en el sentido de que 
deben cumplirse todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige para que una 
decisión o resolución (acto final) pueda calificarse con validez a la luz del ordenamiento 
76 
jurídico. En un plano material, el debido proceso otorga al administrado la garantía de que 
podrá hacer valer sus derechos en el ámbito y escenario de la administración. Con ello, el 
debido proceso no solo va más allá de una garantía formal apuntada anteriormente, requiere 
de un control material que verifique el contenido de una decisión que se apegue a los valores 
y principios sobre los que se estructura el ordenamiento jurídico (2011, pág. 184). 
 
Finalmente, el Informe Constitucional elaborado por Gaceta Constitucional (2012, págs. 13-
14) señala lo siguiente en relación al debido proceso: 
 
“El “debido proceso” o “proceso justo” constituye uno de los derechos humanos -y 
fundamentales- de mayor connotación y raigambre constitucional. Ello no solo por su vasto 
desarrollo en la jurisprudencia constitucional, sino porque su contenido constitucional vincula 
incisivamente toda relación jurídica procedimental o procesal, de índole público o privado. En 
efecto, en la actualidad no se cuestiona la aseveración de que el debido proceso irradia su 
esencialidad en toda esfera en que medie una controversia, no reduciéndose, por lo tanto, al 
campo de la jurisdiccionalidad o judicialidad.  
 
[...] actualmente el debido proceso ya no solo alberga en su seno a los derechos (i) a la 
independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, (ii) a la prueba, (iii) a 
la debida motivación, (iv) el principio ne bis in idem, (v) a la pluralidad de instancia; (vi) de 
defensa, (vii) el principio de publicidad, entre otros -los cuales tienen una especial naturaleza 
jurídica, puesto que sin dejar de ser y contener posiciones iusfundamentales autónomas, se 
relacionan y conforman el debido proceso-; sino que en la actualidad se exige que el producto 
del debido proceso: la decisión (sentencia), sea construida con sujeción a las exigencias de 
racionalidad jurídica que asegure una decisión justa como resolución de conflicto. 
 
Retomando el tema del archivo del procedimiento y la posibilidad de que el administrado 
pueda volver a presentar la denuncia, es importante precisar que esto último sucede tanto 
para los casos en los que se declare el archivo en evaluación previa debido a que no se 
adjuntaron los medios probatorios que acrediten la existencia de infracción (o que los que se 
presentaron denoten una evidente inexistencia de infracción, como sucede en ejemplo al 
que hemos hecho referencia en párrafos inmediatamente anteriores) como para los casos 
en los cuales se declare el archivo en evaluación previa porque el interesado no cumplió con 
un requisito formal (como por ejemplo, no presentar la tasa por concepto de presentación de 
denuncia, no adjunte el poder respectivo ni ratifique la denuncia en caso la misma haya sido 
presentada por una persona que actúe en su representación o no haya cumplido con una 
aclaración de la denuncia solicitada por el ORPS). 
 
77 
Resulta evidente que en el segundo supuesto, será bastante improbable que el interesado 
considere que la inapelabilidad del pronunciamiento de declaración de archivo afecte su 
derecho al debido procedimiento, puesto que bastará con que vuelva a presentar la 
denuncia adjuntando la tasa respectiva, presentando el poder otorgado a su representante o 
ratificando la denuncia que éste presentó en su representación o detallando los hechos y 
efectuando las aclaraciones pertinentes que en su momento requirió la Administración.  
 
Es, más bien, el primer supuesto mencionado el que genera los cuestionamientos 
vinculados a la afectación al debido procedimiento pues el interesado tiene la creencia de 
que limitar su derecho a la doble instancia impide que el superior jerárquico conozca el caso 
y pueda emitir un pronunciamiento distinto, esto es, considerar que la denuncia sí tiene 
fundamento fáctico y existen indicios de la comisión de una infracción por parte del 
proveedor denunciado. No obstante, consideramos que ello resulta improbable, por no decir 
imposible, en la medida que los hechos que sustentan la denuncia no variarán por el solo 
hecho de que se pueda acceder a la doble instancia y el órgano superior jerárquico no 
podría proceder de una manera distinta a valorar los hechos de forma similar al de primera 
instancia, pues los mismos son completamente objetivos.  
 
En este punto, podríamos plantear como una situación práctica qué sucedería si la denuncia 
inicialmente presentada es archivada en la fase de evaluación y cuando el administrado 
vuelve a presentarla, se produce la prescripción de la misma. En este supuesto, habría que 
señalar que, tal como lo establece el Código, los consumidores cuentan con un plazo de dos 
(2) años desde que se produce la infracción para poder denunciar la misma. Sin perjuicio de 
ello, en nuestra opinión lo deseable sería que la denuncia no se presente en una fecha tan 
cercana al vencimiento del plazo prescriptorio, toda vez que, como ya se ha expuesto en el 
segundo capítulo de la presente investigación, los ORPS cuentan con un plazo total de 20 
días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del escrito de denuncia para 
efectuar la evaluación preliminar y previa de la misma. 
  
En relación a ello, los ORPS no se pueden soslayar a dicho examen, toda vez que el mismo 
configura una evaluación de su propia competencia para perseguir y, de ser el caso, 
sancionar la comisión de la infracción denunciada. Por tanto, resultaría jurídica y 
materialmente imposible notificar con la imputación de cargos al proveedor denunciado si 
entre la fecha de presentación de la denuncia y el plazo para la prescripción del derecho de 
acción del consumidor no media el plazo suficiente para que el ORPS correspondiente 
pueda efectuar la evaluación preliminar y previa de la denuncia. En tal sentido, lo deseable 
sería que el consumidor actúe de manera diligente y presente la denuncia con la antelación 
78 
suficiente al vencimiento del plazo prescriptorio, considerando la existencia de la fase de 
evaluación previa, respecto de la cual, como no podría ser de otra manera, la Administración 
debe cumplir con el plazo establecido para la tramitación en ese estadio. 
 
Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado, cabe indicar que si bien la declaración de 
archivo en la fase de evaluación previa es inapelable, los interesados han cuestionado este 
carácter a través de la reclamación en queja. Al respecto, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 158º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la queja 
constituye un medio de impulso en la tramitación de un procedimiento administrativo que 
tiene por objeto que la instancia superior ordene la subsanación del defecto y la 
continuación del trámite con arreglo a las normas correspondientes. Así, la queja procede 
contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan la paralización o 
infracción de los plazos legales, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de 
trámites que deban ser subsanados antes de la resolución definitiva que ponga fin a la 
instancia. 
 
De otro lado, el numeral 1.2 de la Directiva Nº 001-2009/TRI-INDECOPI referida al 
Procedimiento de Queja por Defectos de Tramitación, dispone que la queja por defectos de 
tramitación, a diferencia de los recursos, no procura la impugnación de una resolución, sino 
que constituye un remedio en la tramitación que busca la subsanación del vicio vinculado a 
la conducción y ordenamiento del procedimiento para que éste continúe con arreglo a las 
normas correspondientes. En tal sentido, el presupuesto objetivo para la procedencia de la 
queja por defecto de tramitación es la persistencia del defecto alegado y, por tanto, la 
posibilidad real de su subsanación dentro del procedimiento. 
 
Ante la opción de recurrir a este remedio procedimental, la Comisión de Protección al 
Consumidor N° 2 se ha pronunciado en el siguiente sentido22: 
 
[...] 
12. Al respecto, el numeral 4.3.1 de la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI, 
establece que presentada la denuncia, se procederá a su evaluación previa en un 
plazo no mayor de 15 días; y que la evaluación tendrá por objeto determinar si se 
cuenta con indicios suficientes de la comisión de una infracción que sea de 
competencia de dicho órgano resolutivo y si se cumple con los requisitos 
                                               
22
  Ver Resolución Final N° 2187-2015/CC2 emitida en el Expediente N° 78-2015/CC2-QUEJA en la que se tramitó el reclamo 
en queja por defectos de tramitación que se habrían presentado en el Expediente N° 1342-2015/PS3. 
79 
establecidos en el TUPA, para el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. 
  
13. En ese sentido, la etapa de evaluación previa no está considerada como parte 
del procedimiento administrativo sancionador, toda vez que tiene por objeto 
determinar si la denuncia presentada cumple con los presupuestos legales 
para iniciar el procedimiento administrativo sancionador. 
  
14. La queja constituye un medio de impulso en la tramitación de un procedimiento 
administrativo que tiene por objeto que la instancia superior ordene la subsanación 
del defecto y la continuación del trámite con arreglo a las normas 
correspondientes. 
 
15. En consecuencia, en la medida que el recurso de queja está destinado a la 
subsanación de un defecto dentro de un procedimiento administrativo, y dado que 
la queja objeto del presente análisis se encuentra referida a cuestionar el resultado 
de  la evaluación de la denuncia, una etapa anterior al inicio del procedimiento 
administrativo, corresponde declarar su improcedencia [agregado y resaltado es 
mío]. 
 
Como se puede observar, el criterio de la segunda instancia es declarar la improcedencia de 
los reclamos en queja que busquen cuestionar un pronunciamiento emitido durante la fase 
de evaluación previa por considerar que la queja sólo procede para dilucidar la existencia de 
defectos de tramitación al interior de un pronunciamiento administrativo, siendo que la fase 
de evaluación previa es anterior y por tanto, no se ha configurado aún la existencia  de dicho 
procedimiento.  
 
Al respecto, nos encontramos de acuerdo con el criterio utilizado por la Comisión pues, 
efectivamente, el procedimiento administrativo aún no se ha configurado durante la etapa de 
evaluación previa y, por tanto, no podrían aplicarse figuras procedimentales diseñadas para  
supuestos que se produzcan al interior de uno. De otro lado, personalmente consideramos 
que el reclamo en queja tampoco sería la vía correspondiente para cuestionar la 
inapelabilidad de la declaración de archivo en evaluación previa, puesto que se estaría 
utilizando dicha figura para esgrimir argumentos en contra de un pronunciamiento del 
órgano de primera instancia, lo que en realidad configura, en estricto, una apelación. 
 
80 
3.2.  Principio de Verdad Material versus Principio de Preclusión, ¿cuál prima en el 
Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor? 
 
Tal como se indicó en el punto 1.4 de la presente investigación, la primera norma que 
estableció cuáles eran los principios aplicables al Procedimiento Sumarísimo fue la Directiva 
N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI sobre Reglas Complementarias aplicables al 
Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor, la cual en su artículo 
4.1° estableció en su momento que los principios que inspiraban dicho procedimiento eran el 
de Preclusión y el de Celeridad, sin perjuicio de que también le resultarán aplicables los 
principios recogidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por 
tratarse de un procedimiento administrativo. 
 
Es en la interacción de todos estos principios que surgió un conflicto entre los principios de 
Preclusión -recogido en una norma especial aplicable al Procedimiento Sumarísimo- y el de 
Verdad Material -recogido en una norma de alcance general como es la Ley N° 27444. Si 
bien actualmente dicho conflicto ha desaparecido gracias a que la Directiva N° 007-
2013/DIR-COD-INDECOPI que modifica, incorpora y deroga diversos artículos de la 
Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI que establece las reglas complementarias 
aplicables al Procedimiento Sumarísimo de  Protección al Consumidor modificó el artículo 
4.1° de esta última Directiva, estableciendo que son de aplicación al Procedimiento 
Sumarísimo los principios recogidos en el artículo IV del Título Preliminar y en el artículo 
230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General -esto es, eliminando 
como principio aplicable al Procedimiento Sumarísimo el de Preclusión- lo cierto es que en 
su momento el conflicto surgido constituyó un aspecto de especial relevancia que 
consideramos importante abordar en la presente investigación debido a que estimamos que, 
al menos académicamente, es un ejercicio útil conocer cómo se van presentando 
situaciones en la aplicación de determinadas figuras innovadoras y cómo es que las mismas 
se van superando con la finalidad de que las mismas sean efectivas en el objetivo de brindar 
una adecuada tutela a los administrados por parte de la Administración Pública. 
 
Al principio de preclusión ya hemos hecho referencia en el primer capítulo de la presente 
investigación. En lo que respecta al principio de verdad material, consideramos necesario 
hacer referencia a algunas fuentes doctrinarias con la finalidad de comprender mejor los 
alcances del mismo. 
 
Al respecto, Morón señala lo siguiente: 
 
81 
Por el principio de verdad material o verdad jurídica objetiva, las autoridades instructoras de 
los procedimientos tienen la obligación de agotar de oficio los medios de prueba a su alcance 
para investigar la existencia real de hechos que son las hipótesis de las normas que debe 
ejecutar y resolver conforme a ellas, para aplicar la respectiva consecuencia prevista en la 
norma. 
[...] 
En aplicación de este principio, las actuaciones probatorias de las autoridades deben estar 
dirigidas a la identificación y comprobación de los hechos reales producidos y a constatar la 
realidad, independientemente de cómo hayan sido legadas y, en su caso, probadas por los 
administrados participantes en el procedimiento (2015, págs. 88-89). 
 
Por su parte, Guzmán indica: 
 
[...] la Administración no debe contentarse con lo aprobado por el administrado, sino que 
debe actuar, aun de oficio, para obtener otras pruebas y para averiguar los hechos que hagan 
a la búsqueda de la verdad material u objetiva, ya que en materia de procedimiento 
administrativo la verdad material prima sobre la verdad formal. Ello conlleva un principio de 
especial importancia en el ámbito de la actividad probatoria que es la oficialidad de la prueba, 
por la cual la Administración posee la carga de la prueba de los hechos alegados o materia 
de controversia, a menos que considere que basta con las pruebas aportadas u ofrecidas por 
el administrado (2009, pág. 245). 
 
Finalmente, Jiménez es de la siguiente opinión: 
 
[...] la Administración no puede ni debe asumir como cierto y verdadero todo 
lo que deriva de un procedimiento administrativo. Ahora bien, tampoco es que 
se trate de implementar una cultura de desconfianza ante todo, sino, más 
bien, se busca establecer la frontera más clara entre el interés particular y el 
interés público. 
 
De esta manera, corresponde que el empleado público encargado de la 
instrucción del procedimiento advierta la naturaleza jurídica y los fines de 
cada uno. [...] Por tal razón, la administración no debe limitarse a exteriorizar 
un comportamiento de “mesa de partes”, sino que debe actuar -aun de oficio- 
para obtener otras pruebas que plasmen la verdad material u objetiva cuando 
la situación y el caso concreto determinen indicios racionales para una 
actuación pro activa de la entidad pública (2011, pág. 200). 
 
82 
Volviendo nuevamente al tema del conflicto surgido entre los dos principios previamente 
señalados, corresponde indicar que, inicialmente, existieron pronunciamientos destinados a 
dar una preponderancia al principio de Preclusión por sobre el de Verdad Material, tal como 
se puede apreciar en la Resolución Final N° 1751-2012/CPC que la Comisión de Protección 
al Consumidor N° 1 emitió en el Expediente N° 470-2011/PS2 (579-2011/CPC-Apelación), 
en la cual señaló lo siguiente: 
 
[...] 
29.   En el presente caso, Peruana de Estaciones apeló la resolución emitida por el OPS 
adjuntando los documentos que presuntamente acreditarían que el consumo por la 
suma de S/. 328,40 no se habría realizado en alguno de los establecimientos operados 
por su empresa. Cabe señalar que estos medios probatorios fueron presentados por 
primera vez durante todo el procedimiento en el recurso impugnatorio del denunciado. 
Asimismo, este colegiado ha verificado que las pruebas aportadas se encuentran 
vinculadas al hecho previo a la presentación de descargos por parte del denunciado. 
  
30.  Sobre el particular, y en aplicación estricta de la regulación específica aplicable al 
procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor, la Comisión debe 
desestimar las nuevas pruebas aportadas por el denunciado en su recurso de 
apelación; toda vez que dicha conducta procedimental contraviene directamente el 
Principio de Preclusión que inspira este tipo especial de procedimiento, resultando 
adicionalmente en una vulneración de dos disposiciones expresas –puntos 4.4.2 y 
4.4.3.– de la Directiva. 
  
31.  Por lo expuesto, la Comisión analizará el recurso de apelación en función de las 
pruebas aportadas por Peruana de Estaciones hasta antes de la emisión de la 
resolución final del OPS; desestimando el valor probatorio de los documentos 
adjuntados extemporáneamente por el denunciado al presente procedimiento. 
 
Posteriormente, la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en vía de revisión, 
emitió la Resolución N° 3547-2012/SPC-INDECOPI en el marco del procedimiento 
sumarísimo tramitado bajo el Expediente N° 317-2011/PS-PIURA en la cual señaló lo 
siguiente: 
  
15. [...] en los procedimientos sumarísimos, cuando la Comisión respectiva actúe como 
segunda instancia, procederá el ofrecimiento de medios probatorios en la apelación o 
en su absolución cuando estos se refieran a hechos nuevos, en aplicación del principio 
de preclusión probatoria. Lo anterior respondería a la propia naturaleza del 
procedimiento sumarísimo pues de lo contrario se dificultaría el cumplimiento de los 
83 
plazos inherentes al mismo, en tanto la segunda instancia tendría que asumir la labor 
de autoridad instructora. 
 
16. Bajo tal premisa, esta Sala advierte que, en el caso de la tramitación de los 
procedimientos sumarísimos en materia de protección al consumidor existe un conflicto 
aparente entre el principio de preclusión probatoria contenido en los artículos 4.1., 4.4.2 
y 4.4.3. de la Directiva y el principio de verdad material contemplado en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Por ello, se deberá efectuar una ponderación en 
la aplicación de los mismos, en el marco de una interpretación finalista de las normas 
citadas, que vaya más allá de una lectura literal. 
 
17. Al respecto, este Colegiado reconoce la existencia del principio de preclusión probatoria 
en los procedimientos sumarísimos en materia de Protección al Consumidor, lo cual se 
condice con el carácter célere de estos últimos. No obstante, atendiendo a que las 
actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento 
de los hechos reales producidos y a constatar la realidad, independientemente de como 
hayan sido alegadas, y, en su caso, probadas por los administrados, esta Sala 
considera necesario buscar un equilibrio entre el respeto del principio de verdad 
material y el principio de preclusión probatoria, el cual resulte acorde a la naturaleza 
célere de los procedimientos sumarísimos, conforme a lo señalado precedentemente. 
 
18. En este punto, es importante tener en cuenta que el artículo 4.1. b) de la propia 
Directiva establece lo siguiente: “[…] La aplicación del principio de preclusión no impide 
la aplicación del principio de impulso de oficio y del principio de verdad material 
previstos por el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. 
 
19. Bajo tal premisa, este Colegiado considera que la autoridad administrativa no solo debe 
permitir que el administrado pueda ofrecer medios probatorios documentales con la 
presentación de la denuncia y los descargos, según corresponda, sino también en el 
recurso de apelación o en su absolución, sin exigir que sea necesario que los nuevos 
medios probatorios aportados por las partes, se refieran a hechos nuevos. 
 
20. En efecto, teniendo en consideración que las nuevas pruebas aportadas serían 
trasladadas a las partes a través del recurso de apelación o de la contestación de la 
apelación -los mismos que en el marco de un debido procedimiento siempre deben ser 
notificados a la otra parte- y que dichas pruebas únicamente pueden ser documentales 
-es decir, no necesitan ser actuadas- no se ocasionaría una afectación a la naturaleza 
célere del procedimiento sumarísimo. 
 
84 
21. Al respecto, cabe reiterar que la propia Directiva reconoce que la aplicación del principio 
de preclusión no impide la aplicación del principio de verdad material. En este punto, 
cabe resaltar que el criterio desarrollado en la presente resolución guarda coherencia 
con una interpretación sistemática de la Directiva, que va más allá de una lectura literal 
y aislada de determinado artículo. 
 
En relación a este tema, consideramos que el criterio utilizado por la Sala Especializada en 
Protección al Consumidor en la Resolución antes citada resultó ser sumamente 
esclarecedora y los argumentos en ella utilizados fueron totalmente contundentes, desde 
nuestro punto de vista, por dos motivos fundamentales: el primero de ellos, porque la propia 
Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI señalaba expresamente que la aplicación del 
principio de Preclusión no impedía que la Administración aplicara los principios de impulso 
de oficio y verdad material. Y ello tiene sentido porque el Procedimiento Sumarísimo es, 
ante todo, un procedimiento administrativo y, como tal, se inspira también en el principio de 
informalismo  al que también hemos hecho referencia en párrafos anteriores de la presente 
investigación, y que resulta ser uno de los principios más importantes si lo que se quiere es 
lograr la finalidad del Procedimiento Sumarísimo, esto es, dotar a los administrados de un 
mecanismo efectivo y célere. En ese sentido, ante la existencia de una prueba determinante 
en el expediente que permitirá la expedición de un pronunciamiento final acorde con la 
realidad y completamente objetivo, mal haría la Administración en “taparse los ojos” e 
ignorarla basándose exclusivamente en un principio en exceso formalista como es el de 
preclusión. Cabe indicar, también, que la rigidez de este último principio tiene sentido en un 
proceso judicial en el que necesariamente se requiere la participación de un abogado, 
mientras que el procedimiento administrativo se caracteriza principalmente por lo contrario, 
toda vez que es normal que los administrados realicen los trámites que se desarrollan bajo 
un procedimiento administrativo de manera directa. 
 
El segundo motivo por el cual coincidimos con el criterio esgrimido en la Resolución de la 
Sala Especializada en Protección al Consumidor es que, efectivamente, la conclusión a la 
que se arriba deriva de una interpretación sistemática de la propia Directiva. 
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, consideramos que ante un conflicto entre los 
Principios de Preclusión y Verdad Material en un procedimiento administrativo siempre 
deberá primar el de Verdad Material, motivo por el cual consideramos que la modificación 
introducida por la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI ha sido sumamente acertada 
pues ha permitido eliminar el conflicto y ha dejado en claro que los principios aplicables al 
85 
Procedimiento Sumarísimo son los que se aplican a todos los procedimientos 
administrativos. 
 
Finalmente, en tanto los principios de verdad material y preclusión están relacionados con el 
derecho a probar, consideramos importante hacer referencia a algunas definiciones del 
mismo para que pueda ser debidamente entendido. 
 
En relación a ello, Sánchez señala lo siguiente: 
 
En el proceso, sea penal, civil u otro, una de las instituciones más importantes es la de la 
prueba, pues solo a partir de ella se logra llegar a un resultado final que determinará quién 
tiene razón: si el demandante, el demandado, el acusador o la defensa. 
 
La prueba es el medio por el cual acreditamos las afirmaciones que realizamos dentro del 
proceso, de ahí su importancia capital, pues es una carga de quien afirma algo el probarlo; 
de no hacerlo, es muy probable que se deniegue el pedido o que se sufra consecuencias 
adversas. 
 
En este contexto la prueba adquiere la relevancia de un derecho fundamental procesal, en 
tanto posibilita dentro del proceso liberarnos de su carga y lograr nuestras pretensiones. Para 
ello se requiere que su adquisición, admisión al proceso y práctica se garantice 
efectivamente  (2012, pág. 24). 
[...] 
El derecho a la prueba ha sido reconocido por la doctrina. Al respecto, Picó I Junoy señala 
que el derecho a la prueba es aquel que posee el litigante, consistente en la utilización de los 
medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de 
lo discutido en el proceso. Esto implica, además, el derecho a que: 1) se admita la prueba, 2) 
se practique la prueba con contradicción e incluso la prueba de oficio y 3) se valore la 
prueba.  
Esto tiene que ver con lo que ya habíamos referido, la actividad probatoria. 
Es decir, que el derecho a la prueba viene dado por la posibilidad de que los medios de 
prueba pasen con regularidad por los estadios de la actividad probatoria, para que así se 
cumpla la finalidad de llegar a la verdad de los hechos. Este derecho implicaría la posibilidad 
de llegar a conseguir la prueba que refuerce una de las posiciones (2012, pág. 27). 
 
Por su parte, Bustamante define al derecho a probar de la siguiente manera: 
 
En nuestra opinión, el derecho a probar es aquel derecho subjetivo, perteneciente al grupo 
de los llamados derechos fundamentales, que posee todo sujeto de derechos por el sólo 
86 
hecho de serlo, que le permite utilizar dentro de un proceso o procedimiento, conforme a los 
principios que lo delimitan y le dan contenido, todos los medios probatorios pertinentes que 
resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a 
su defensa. 
 
Se trata de un derecho que no tiene por objeto o materia convencer al juzgador sobre la 
verdad de los hechos afirmados por los sujetos procesales, es decir, no es un derecho a que 
el juzgador se dé por convencido en presencia de dichos medios probatorios, sino a que se 
admitan y actúen los ofrecidos por los sujetos procesales distintos a él (...) y los valore 
debidamente, teniéndolos en cuenta en la sentencia o decisión, con prescindencia del 
resultado de su apreciación -es decir, independientemente de que quede convencido o no 
sobre los hechos afirmados (1997, pág. 172). 
 
3.3. El tratamiento del desistimiento en el Procedimiento Sumarísimo de 
Protección al Consumidor y su vinculación con el interés público. 
 
Otro de los problemas prácticos que han surgido desde la implementación del 
Procedimiento Sumarísimo es el tema vinculado a si debe aceptarse el desistimiento 
durante la tramitación del mismo. 
 
En primer lugar, resulta conveniente determinar qué se entiende por desistimiento. Al 
respecto, podríamos mencionar lo siguiente: 
 
El desistimiento como acto jurídico procesal representa una manifestación de voluntad 
unilateral encaminada a dejar sin efecto algún acto procesal o el proceso o a renunciar a la 
pretensión.  
[...] 
El desistimiento implica el apartamiento voluntario y expreso (no hay desistimiento tácito) que 
uno de los sujetos procesales hace del proceso o también la renuncia a algún acto procesal 
o, inclusive, a la pretensión. Prácticamente se tiene por equivalentes los términos 
desistimiento y renuncia (División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica, 2015, pág. 639). 
 
A su vez, Zumaeta manifiesta: 
 
El desistimiento es una declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud  del cual 
se eliminan los efectos jurídicos de otro acto procesal. 
[...] 
El desistimiento puede ser de tres clases: 
1. De la pretensión 
87 
2. Del proceso 
3. De algún acto procesal (2014, pág. 183). 
 
Por su parte, Falcón, al referirse al desistimiento, indica: “Desistir es abdicar, renunciar, 
abandonar, El desistimiento es un acto procesal unilateral o bilateral por el cual ambas 
partes, o el actor, manifiestan el propósito de no continuar con el pleito o de abdicar 
definitivamente de la pretensión invocada” (1989, pág. 67). 
 
De otro lado, Ayvar define al desistimiento de la siguiente manera: 
 
El desistimiento es un acto jurídico procesal por medio del cual la parte renuncia a una 
pretensión procesal, a un medio impugnatorio o a un recurso dentro del proceso, lo que trae 
consigo diferentes efectos en cada uno de ellos. Así, nuestros juzgadores han establecido 
que: “El desistimiento es el apartamiento que hace el litigante de manera expresa de su 
petitorio o medio impugnatorio” (Casatoria N° 1782-1996-Lima, 18 de mayo de 1998) (2009, 
pág. 89). 
 
Finalmente, Morón define al desistimiento de la siguiente manera: “Como sabemos, el 
desistimiento constituye la declaración de voluntad expresa y formal en virtud del cual el 
administrado en función de sus propios intereses pretende, en todo o en parte, retirar los 
efectos jurídicos de cualquiera de sus actos procesales anteriores o del procedimiento en 
curso instado por él, con alcance exclusivamente dentro del procedimiento en curso” (2015, 
pág. 582). 
 
Anteriormente, no constituía un inconveniente aceptar el desistimiento, independientemente 
de la etapa procedimental en la que éste se presentara, siempre que se ello se efectuara 
antes de la emisión de la resolución final correspondiente. Sin embargo, el problema surge a 
raíz de la entrada en vigencia del Código, toda vez que, como lo señalamos en el capítulo 2 
de la presente investigación, es a partir de esta norma que se esclarece el panorama y se 
establece que el procedimiento por infracción a las normas de protección al consumidor es 
sancionador. 
 
No obstante, resulta necesario señalar en este punto que no son pocos quienes consideran 
que el procedimiento por infracción a la normas de protección al consumidor que se 
desarrolla ante el INDECOPI, ya sea que se trate de uno ordinario o uno sumarísimo, 
constituye en realidad un procedimiento de naturaleza mixta, toda vez que tiene matices del 
procedimiento administrativo trilateral y otros del procedimiento administrativo sancionador. 
 
88 
Así por ejemplo, uno de los autores principales que propugna esta vertiente es Hugo 
Gómez, el cual en un artículo de opinión señala que los procedimientos administrativos de 
protección al consumidor que se siguen ante el INDECOPI tienen una naturaleza mixta 
“trilateral-sancionadora”, en la cual hay dos relaciones jurídicas: una bilateral de carácter 
sancionador, donde prima el interés público, y otra trilateral, que alberga los intereses 
privados, contrapuestos entre el denunciante y el denunciado (2011, pág. 29). 
 
En relación al Procedimiento Sumarísimo, dicho autor ha señalado lo siguiente:  
 
Por tanto, cuando decimos que el Procedimiento Ordinario de protección al consumidor 
(regulado en el Título V del DL 807 y en los artículos 107° y 109° del Código de Consumo) y 
el Procedimiento Sumarísimo de protección al consumidor (regulado en el subcapítulo III del 
capítulo III del título V del Código de Consumo y en la Directiva Nº 004- 2010/DIR-COD-
INDECOPI) son procedimientos trilaterales sancionadores lo que estamos afirmando es que 
en ellos existen dos relaciones jurídicas procedimentales: una bilateral, de carácter 
sancionador, donde prima el interés público; y la otra trilateral, donde se discuten intereses 
privados. El hecho de que en dichos procedimientos los denunciantes puedan solicitar el 
dictado de medidas correctivas reparadoras, de naturaleza eminentemente privada, resalta 
el carácter trilateral de dichos procedimientos. La tarea de la autoridad es aplicar de manera 
armónica y coherente los principios e instituciones del Procedimiento Sancionador con las 
instituciones propias del Procedimiento Trilateral
 (Gómez , 2011, pág. 29). 
 
Al respecto, coincidimos plenamente con la opinión esgrimida por Hugo Gómez en la 
medida que, efectivamente, consideramos innegable que el Procedimiento Sumarísimo 
presenta características tanto del procedimiento administrativo trilateral como del 
procedimiento administrativo sancionador. Así por ejemplo, incluso luego de las 
modificaciones introducidas por la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI, las cuales 
inequívocamente se encontraron orientadas a reforzar la naturaleza sancionadora de este 
procedimiento (lo cual se aprecia principalmente por la inclusión de la etapa de evaluación 
previa), existen algunos elementos que permiten concluir que el Procedimiento Sumarísimo 
sigue ostentando esta naturaleza especial. Así por ejemplo, la Directiva N° 007-2013/DIR-
COD-INDECOPI establece en su artículo 4.3.9 lo siguiente: 
 
4.3.9  Estando a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo VI del Título Preliminar y del 
artículo 147º del Código de Protección al Consumidor promoverá la conciliación; para ello, 
dentro del plazo establecido en el numeral 4.3.1 anterior, se requerirá al administrado 
denunciado para que en un plazo máximo de siete (7) días hábiles cumpla con acreditar, 
mediante documento de fecha cierta, la existencia de un acuerdo conciliatorio, que incluya el 
89 
desistimiento de la denuncia, en cuyo caso se declarará que no amerita el inicio de 
procedimiento sancionador. Esta regla es de aplicación, incluso, luego de la imputación de 
cargos siempre que el acuerdo conciliatorio sea acreditado mediante documento de fecha 
cierta anterior al inicio del procedimiento. 
 
De dicha disposición se aprecia, en nuestra opinión personal, la innegable influencia de las 
características del procedimiento trilateral en el Procedimiento Sumarísimo, puesto que si 
fuera exclusivamente de naturaleza puramente sancionadora, ¿por qué si la Administración 
ya tomó conocimiento de la existencia de una presunta infracción debería dar prevalencia a 
un desistimiento del interesado derivado de un acuerdo conciliatorio celebrado  entre éste  y 
el proveedor denunciado cuando, según las características del procedimiento administrativo 
sancionador, se encuentra en la obligación de ejercer la potestad sancionadora que le ha 
sido conferida y de perseguir la infracción? La respuesta, evidentemente, se cae de madura: 
porque en el Procedimiento Sumarísimo confluyen características del procedimiento trilateral 
y del procedimiento sancionador. 
 
Ahora bien, considerando esta naturaleza mixta del Procedimiento Sumarísimo y que en él, 
como ha señalado Hugo Gómez, también se dilucida un conflicto de intereses particulares 
suscitado entre el interesado y el proveedor denunciado respecto del cual la Administración 
debe actuar con neutralidad, consideramos que sería completamente viable que el 
desistimiento se acepte incluso en aquéllos casos en los que ya se emitió la resolución de 
imputación de cargos y ésta ha sido notificada al proveedor denunciado. Ello, en la medida 
que, en tanto existe este conflicto de intereses particular suscitado entre los administrados, 
mal haría la Administración en no aceptar la fórmula utilizada por éstos para arribar a una 
solución directa para su conflicto. Esta situación podría ser contraproducente por distintos 
motivos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 
● Se estaría desincentivando la disposición que muestran los administrados para 
llegar por sus propios medios a una solución de la controversia surgida entre ambos, 
lo cual incluso podría terminar siendo más desfavorable para el consumidor a la 
larga puesto que el proveedor podría incluso otorgarle beneficios mayores al 
momento de llegar a un acuerdo conciliatorio pero si sabe que la Administración 
continuará con el procedimiento sumarísimo a pesar de la celebración del mismo, el 
interés que tendrá por conciliar será nulo, ya que el escenario más factible es que, 
además de haber llegado a un acuerdo conciliatorio con el consumidor interesado, 
tenga que pagar una multa impuesta por la comisión de la infracción, lo cual 
evidentemente le generaría un perjuicio. 
90 
 
● Al no aceptarse los desistimientos en cualquier etapa del procedimiento, se estaría 
evitando que la Administración se descargue de casos en los cuales es evidente que 
los particulares ya no requieren de la tutela especial que reconoce el Código, lo cual 
es perjudicial a un doble nivel, ya que contribuye con que la carga procedimental no 
se vea reducida, tornando en ineficiente su labor, y ocasiona que la Administración 
no oriente sus esfuerzos a solucionar aquellos casos en los que efectivamente es 
necesaria su actuación, en tanto los particulares no han logrado autocomponer su 
controversia. Es necesario recordar que uno de los fundamentos para que se 
continúe con el procedimiento luego de un acuerdo conciliatorio celebrado entre las 
partes es que existan indicios de que se ha producido una afectación al interés 
general o a intereses de terceros pero, tal como lo señala el Código en su artículo 
125°, el ORPS no es competente para conocer denuncias que involucren actos que 
afecten intereses colectivos y difusos.  
 
En la misma línea de nuestros argumentos se ha pronunciado Rodrigo Peláez, quien ha 
señalado lo siguiente:  
 
La potestad sancionadora de la Administración Pública puede reforzar la protección de los 
derechos de los consumidores. Pero si un consumidor comprende libremente que su 
derecho no se encuentra afectado, o habiéndolo estado, el denunciante ha conseguido la 
satisfacción de su pretensión en paralelo al procedimiento, pues lo más recomendable es 
que la participación del Estado deba concluir en ese preciso momento, ya que el mejor 
protector de sus intereses es el propio consumidor
 (2014, pág. 224).  
 
Por los argumentos señalados anteriormente, consideramos que, dada la naturaleza mixta 
del Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor, en el que confluyen matices 
del procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo trilateral, el 
desistimiento debería ser aceptado en cualquier etapa del procedimiento, 
independientemente de la instancia en la que éste se encuentre siendo tramitado. 
 
Asimismo, consideramos que dicha aceptación debe hacerse extensiva a las transacciones 
y/o conciliaciones que puedan celebrar las partes inmersas en un procedimiento 
sumarísimo, toda vez que a través de dichos mecanismos las partes, a través de la 
autocomposición, dan por satisfechas sus pretensiones.  
 
En relación a la conciliación, Zumaeta señala lo siguiente: 
91 
 
La conciliación es un acto jurídico procesal por medio del cual las partes pueden decidir su 
controversia ante un Juez, resolviendo el conflicto de intereses. La conciliación puede ser 
extrajudicial y judicial. 
 
La conciliación extrajudicial [...] significa que se tiene que transitar obligatoriamente por la 
conciliación extrajudicial antes de recurrir al órgano jurisdiccional para la solución de un 
conflicto de intereses [...]. Esta conciliación extrajudicial se puede hacer ante un centro 
conciliatorio público o privado, quien invitará a las partes a solucionar su conflicto; de no asistir 
las partes invitadas o de haber conciliación, se expedirá copia certificada del acta para los 
fines legales.  
 
La conciliación judicial, en cambio se hace frente al Juez del proceso, y en cualquier estado, 
siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia. La conciliación puede 
ocurrir ante el Juez del proceso y en la audiencia respectiva o en la que el Juez de oficio o a 
petición de parte lo solicite para tal efecto (2014, págs. 177-178). 
 
Por su parte, Payá indica: 
 
[...] la conciliación, que a diferencia de la transacción, no supone mutuas concesiones sino el 
reconocimiento a su adversario de lo que tenga de justo su reclamo o de injusta su oposición. 
 
En otros términos, una suerte de renuncia, unilateral o bilateral que muestra por su amplitud la 
máxima posibilidad de autocomposición del litigio ya que es susceptible de participar 
eventualmente, en cuanto a su contenido, de los caracteres propios de un desistimiento, un 
allanamiento o una transacción o bien un acto complejo que presente, al mismo tiempo, notas 
propias de aquellos actos (1989, pág. 85).  
 
A su vez, en opinión de Falcón “La conciliación es un avenimiento amigable entre las partes, 
que arreglando sus diferencias ante un magistrado,  a instancia de éste, extinguen las 
pretensiones antagónicas, produciendo -la resolución que se dicte-el efecto de cosa juzgada 
en caso de homologación” (1989, pág. 67). 
 
Finalmente, Hinostroza señala en relación a la conciliación lo siguiente: 
 
El nacimiento de un conflicto generalmente ocasiona emociones de percepciones negativas 
así como errores en el proceso de comunicación entre las personas que conducen a un 
ambiente de violencia o enfrentamiento. Estas alteraciones son normadas por medio de 
técnicas que evitan la reacción ante dichos conflictos o, en todo caso, llegar a la violencia. Es 
92 
decir, que a través de tales técnicas se procura iniciar un proceso de comprensión entre los 
justiciables. 
 
En ese sentido y con el afán de propiciar un acercamiento entre esas posiciones diversas y 
antagónicas, surge la figura de la conciliación, que es un acto realizado por las partes 
mediante el cual, y ante la presencia de un tercero (conciliador), deciden poner fin a sus 
diferencias y llegar a un acuerdo entre ellas (2002, pág. 50). 
 
De otro lado, en relación a la transacción, podemos definirla de la siguiente manera, 
parafraseando a Zumaeta: 
 
Por la transacción, las partes -haciéndose concesiones recíprocas- deciden sobre algún 
asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promover o finalizando el que está 
iniciado. Con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las 
partes. La Transacción tiene valor de cosa Juzgada (art. 1302 del Código Civil). 
[...] 
La transacción puede ser extrajudicial y judicial. La primera sirve para evitar el pleito que 
pudiera promoverse. La transacción extrajudicial se ejecuta por la vía ejecutiva. La 
transacción judicial se realiza dentro del proceso para ponerle fin y puede hacerse en 
cualquier estado del litigio, inclusive durante el trámite del recurso de casación y aun cuando 
la causa esté al voto o en discordia. La transacción debe ser realizada únicamente por las 
partes o por sus representantes que tengan facultada para ello [...] Se puede transar fuera del 
proceso, pero tendrá que ser presentado el documento con previa legalización de las firmas 
respectivas. La transacción por escritura pública no necesita de legalización de firmas (2014, 
pág. 182). 
 
Payá define a la transacción de la siguiente manera: 
 
La transacción se basa en un intercambio de sacrificios: si una sola de las partes sacrificara 
algún derecho, ello sería una renuncia y no una transacción que exige la existencia de 
“concesiones recíprocas”. Muchas veces en un proceso las partes formulan lo que 
autodenominan “transacción” y, en realidad solo contiene un allanamiento del demandado o 
un desistimiento del actor, y por ello la jurisprudencia resolvió, reiteradamente, que frente a 
un acuerdo, el juez debe analizar si por su contenido y naturaleza cuando es concluido por 
las partes, puede ser calificado como transacción (1989, pág. 81). 
 
93 
De otro lado, Falcón esboza la siguiente definición: “La transacción es un acto jurídico 
bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones 
litigiosas o dudosas” (1989, pág. 70). 
 
Para finalizar este acápite, podríamos plantear la siguiente interrogante de orden práctico: 
considerando que la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI establece que el 
desistimiento sólo cabe durante la fase de evaluación previa, cuando se comunica al 
administrado denunciado la existencia de la denuncia en su contra y se le otorga un plazo 
de siete (7) días hábiles para acreditar la existencia de una acuerdo conciliatorio que 
contenga el desistimiento por parte del interesado, ¿qué sucedería en los casos en los que 
en primera instancia se ha dispuesto que corresponde archivar el procedimiento iniciado por 
el interesado y durante el trámite en segunda instancia éste comunica su desistimiento? 
 
En virtud a lo señalado en los párrafos precedentes de este subcapítulo y a que 
consideramos que el procedimiento sumarísimo ostenta una naturaleza mixta al confluir en 
él elementos del procedimiento administrativo trilateral y del procedimiento administrativo 
sancionador, nuestra respuesta se orienta porque dicho desistimiento también debería ser 
aceptado.  
 
3.4. Situaciones derivadas de la determinación de competencia por materia y 
cuantía, ¿resulta adecuada la clasificación actual? 
 
Tal como se ha señalado en párrafos previos de la presente investigación, con la entrada en 
vigencia del Código se implementó el Procedimiento Sumarísimo, siendo que, a fin que se 
dé una adecuada ejecución de dicho procedimiento, el cual resultaba ser una de las 
principales novedades de la norma en cuestión, se dispuso también la creación de los 
Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos como los encargados de la aplicación 
de este nuevo procedimiento y la tramitación de las denuncias enmarcadas dentro del 
mismo. 
 
En este punto hay que tener en cuenta que, hasta antes de la entrada en vigencia del 
Código, existía un único procedimiento de solución de controversias en materia de 
protección al Consumidor, el cual se tramitaba ante la Comisión de Protección al 
Consumidor. Posteriormente, y teniendo en cuenta que el Procedimiento Sumarísimo se 
creó específicamente con la finalidad de dotar a los administrados de una herramienta que 
les permitiera acceder a una vía mucho más expeditiva. Así, desde la entrada en vigencia 
de dicha norma coexisten ambos procedimientos. 
94 
 
En tal sentido, resultaba necesario que se establecieran reglas que determinaran cuándo 
una denuncia presentada por una presunta infracción a las normas de protección al 
consumidor debía ser tramitada en el marco de un procedimiento ordinario y cuándo debía 
ser tramitado en el marco de un procedimiento sumarísimo. 
 
Así, el artículo 125° del Código ha establecido las reglas para la determinación de 
competencia de los procedimientos que se encontrarán a cargo de los Órganos Resolutivos 
de Procedimientos Sumarísimos. La primera de ellas se encuentra vinculada a una 
competencia por cuantía, habiendo establecido dicho dispositivo que serán de competencia 
de los órganos resolutivos antes citados las denuncias cuya cuantía, determinada por el 
valor del producto o servicio materia de controversia, no superen las tres (3) Unidades 
Impositivas Tributarias.  
 
Al respecto, cabe indicar que la fijación de este parámetro fue determinado de manera 
arbitraria por parte del legislador, no habiéndose establecido los motivos por los que, 
objetivamente, resultaba conveniente dicha cantidad para establecer una división en la 
cuantía de las denuncias que debían ser tramitadas por las Comisiones o por los ORPS. Es 
preciso recordar en este punto que el Procedimiento Sumarísimo, como ya se ha señalado 
en puntos previos de la presente investigación, está orientado a la tramitación de denuncias 
de una complejidad menor a las que se tramitan en el marco de un procedimiento ordinario, 
por lo que resulta comprensible que el valor del servicio o producto materia de controversia 
fuera considerado un parámetro para determinar la complejidad de la denuncia, 
entendiéndose que a menor valor, menor sería la complejidad de la misma. 
 
Un segundo criterio a tener en cuenta es el de la materia. Al respecto, el Código en su 
artículo 125° ya mencionado ha reservado de manera expresa las siguientes materias como 
aquellas que serán de competencia exclusiva de los ORPS, con independencia de su 
cuantía: requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, demora en la 
entrega del producto. Asimismo, los ORPS son competentes para conocer denuncias por 
incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio e 
incumplimiento y liquidación de costas y costos. 
 
Sobre el particular, consideramos que el legislador ha asignado la competencia exclusiva a 
los ORPS para conocer las denuncias que versan sobre las materias antes citadas en la 
medida que una presunta infracción vinculada a las mismas no requiere la actuación de 
mayores medios probatorios y, por tanto, su complejidad se ve reducida. Así, en los casos 
95 
de requerimientos de información, la infracción imputada al proveedor será no haber 
atendido el requerimiento de información efectuado por el consumidor, con lo cual bastará 
con determinar si éste efectivamente atendió dicho requerimiento o no, lo cual podrá 
demostrarse básicamente con el cargo de notificación de la comunicación que dio respuesta 
al mencionado requerimiento. 
 
En lo que respecta a denuncias vinculadas a métodos abusivos de cobranza -los cuales se 
encuentran listados en el artículo 62° del Código23-, la infracción imputada  al proveedor 
será haber utilizado alguno de estos métodos para procurarse el cobro de alguna deuda que 
el consumidor mantenga a su favor. Para tal efecto, el consumidor deberá acreditar en 
primer lugar que el proveedor ha utilizado una de los métodos abusivos de cobranza a los 
que se hace referencia en el artículo 62° del Código antes citado, luego de lo cual el 
proveedor deberá demostrar que no utilizó ninguno de dichos métodos o que su utilización 
no provino de él, con lo cual, como se aprecia, el análisis probatorio que deberá realizar la 
autoridad tampoco reviste mayor complejidad la actividad probatoria se centra básicamente  
 
Por su parte, en lo que respecta a las denuncias referidas a demora en la entrega de un 
producto, la actividad probatoria se centra básicamente en establecer cuál era la fecha de 
entrega ofrecida por el proveedor y/o acordada por las partes y si el proveedor cumplió con 
entregarlo en dicha fecha, con lo cual tampoco se debe realizar un análisis demasiado 
elaborado de los medios probatorios proporcionados por las partes. 
 
De otro lado, el artículo 125° del Código hace referencia también a determinadas materias 
respecto de las cuales los ORPS no podrán asumir competencia para tramitar denuncias 
que se encuentren vinculadas a ellas y son: reclamos por productos o sustancias peligrosas, 
actos de discriminación o trato diferenciado, servicios médicos, actos que afecten intereses 
colectivos o  difusos y los que versen sobre productos o servicios cuya estimación 
patrimonial supera las tres (3) UIT o son inapreciables en dinero.  
                                               
23
  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 62.- Métodos abusivos de cobranza 
 A efectos de la aplicación del artículo 61, se prohíbe: 
 a. Enviar al deudor, o a su garante, documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales. 
b. Realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20:00 horas y las 07:00 horas o los días sábados, domingos y feriados. 
c. Colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el domicilio del deudor o del garante o en locales diferentes de estos, 
requiriéndole el pago de sus obligaciones.  
d. Ubicar a personas con carteles alusivos a la deuda, con vestimenta inusual o medios similares, en las inmediaciones del domicilio o 
del centro de trabajo del deudor, requiriéndole el pago de una obligación. 
e.  Difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial. Lo anterior 
no comprende a la información que se proporcione a las centrales privadas de información de riesgos reguladas por ley especial, la 
información brindada a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones ni la información que por norma legal se proporcione al Estado. 
f. Enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a la obligación informando sobre la morosidad del consumidor. 
g. Enviar estados de cuenta, facturas por pagar y notificaciones de cobranza, sea cual fuera la naturaleza de estas  últimas, al domicilio 
de un tercero ajeno a la relación de consumo, salvo que se trate de un domicilio contractualmente acordado o que el deudor haya 
señalado un nuevo domicilio válido. 
h.  Cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente. 
 
96 
 
El sustento de esta última disposición recae principalmente en que todas las materias 
citadas involucran hechos respecto de los cuales la actividad probatoria a desplegar resultar 
ser más elaborada, pues se requieren actuaciones más allá de la mera prueba documental 
que ocasionan que el procedimiento se haga más complejo, tales como la realización de 
pericias técnicas o diligencias de inspección, en algunos casos con personal “incógnito”24, 
que normalmente no se obtienen de manera inmediata, por lo que su actuación terminaría 
por desnaturalizar el procedimiento sumarísimo, el cual tiene por principal característica la 
celeridad.  
 
En este punto, consideramos importante mencionar que la Sala Especializada en Protección 
al Consumidor del INDECOPI ha emitido, desde la implementación del Procedimiento 
Sumarísimo, pronunciamientos a través de los cuales ha establecido una metodología para 
delimitar la competencia de los ORPS y la Comisión, esto es, para determinar cuándo una 
denuncia debe ser tramitada en el marco de un Procedimiento Sumarísimo y cuándo bajo 
las reglas del Procedimiento Ordinario25. 
 
Al respecto, la Sala ha considerado que el artículo 125° del Código establece tres reglas de 
competencia para determinar la vía procedimental por la cual deberá tramitarse la denuncia 
formulada por el consumidor (procedimiento sumarísimo a cargo de los ORPS o 
procedimiento ordinario a cargo de las Comisiones de Protección al Consumidor), siendo 
que estas reglas no se aplican conjuntamente sino que se aplican como una suerte de filtro. 
 
La primera de estas reglas hace referencia a la naturaleza de los intereses involucrados en 
la controversia, habiendo establecido el Código que el ORPS únicamente tendrá 
competencia para conocer aquellas denuncias que involucren intereses particulares, 
mientras que la Comisión de Protección al consumidor respectiva será competente para los 
supuestos en los que la denuncia involucre tanto intereses particulares como intereses 
colectivos y difusos. 
 
En caso la denuncia verse sobre intereses particulares, se pasará a la segunda regla de 
competencia, la cual se refiere a la evaluación de la materia vinculada al hecho denunciado. 
                                               
24
 Así por ejemplo en el Expediente 2072-2008/CPC, la Comisión de Protección al Consumidor actuó como medio probatorio 
esencial una diligencia de inspección con personal de incógnito a fin de acreditar la existencia de actos de discriminación por 
parte Huaringas S.A.C., en virtud al cual halló responsable a dicho proveedor y le impuso una multa de 15 UIT (Ver Resolución 
Final N° 571-2009/CPC) 
 
25
 Ver, por ejemplo, la Resolución N° 1232-2012/SC2-INDECOPI emitida en el Expediente N° 137-2011/PS0-INDECOPI-LAL, 
bajo el cual se tramitó la denuncia presentada por el señor Alberto Ocas Cerquín contra el Banco Internacional del Perú S.A.A. 
97 
Mediante la aplicación de esta regla, se determinará si el hecho infractor denunciado se 
encuentra contemplado dentro de los supuestos reservados exclusivamente para el ORPS o 
la Comisión. 
 
Luego de esta evaluación, si la denuncia está referida a un presunto hecho infractor que no 
corresponda a alguno de los supuestos reservados expresamente para el ORPS o la 
Comisión, deberá determinarse la competencia de acuerdo a la cuantía involucrada. Para 
ello deberá analizarse si el producto o servicio es apreciable en dinero; de no serlo, la 
competencia para conocer la denuncia la ostentará la Comisión siendo que, en caso pueda 
cuantificarse el valor del producto o servicio, si el mismo es menor a tres (3) UIT, el caso 
deberá ser conocido por el ORPS mientras que si es mayor a dicha cantidad, será la 
Comisión la encargada de conocer la denuncia. 
 
A fin de resumir las reglas de determinación de competencia anteriormente citadas, en la 
Resolución N° 1232-2012/SC2-INDECOPI la Sala ha resumido las mismas en el siguiente 
esquema: 
 
  Procedimiento Ordinario 
Comisión 
Procedimiento Sumarísimo 
ORPS 
Primera Regla: 
Por la naturaleza de 
los intereses en juicio 
- Conductas que afectan 
intereses particulares 
- Conductas que afectan 
intereses difusos o colectivos 
Conductas que afectan intereses 
particulares 
  
Segunda Regla: 
Por la materia 
involucrada 
Denuncias que versan sobre: 
- Productos o sustancias 
peligrosas 
- Actos de discriminación o 
trato diferenciado 
- Servicios médicos 
Denuncias que versan sobre: 
- Requerimientos de información 
- Métodos abusivos de cobranza 
- Demora en la entrega del producto 
- Incumplimiento de medida correctiva 
- Incumplimiento de acuerdo 
conciliatorio 
- Incumplimiento de liquidación de 
costas  y costos. 
- Liquidación de costas y costos 
Tercera Regla: 
Por razón de cuantía 
- No apreciables en dinero 
- Valor mayor a 3 UIT 
Menor a 3 UIT 
 
Tal como se ha podido apreciar, el propio Código ha establecido una serie de criterios para 
la determinación de la competencia de los ORPS y las Comisiones de Protección al 
98 
Consumidor, siendo que la Sala Especializada en Protección al Consumidor, mediante un 
desarrollo jurisprudencial, ha perfeccionado la aplicación de dichos criterios, estableciendo 
un orden prelatorio de las reglas en ellos contenidos. 
 
Al respecto, y desde un punto de vista estrictamente personal, nos encontramos de acuerdo 
con la división temática y por cuantía establecida por el Código, toda vez que las materias 
que se han reservado para competencia expresa tanto de las Comisiones como de los 
ORPS resultan adecuadas en relación a la naturaleza de los procedimientos ordinario y 
sumarísimo que, respectivamente, tienen a su cargo. En tal sentido, consideramos que 
pretender trasladar alguna de las competencias que actualmente ostentan las Comisiones 
en el marco de un procedimiento ordinario a los ORPS vaciaría de contenido la figura del 
Procedimiento Sumarísimo y atentaría contra la finalidad para la cual ésta fue creada. 
 
De igual modo, retornar a las Comisiones las competencias que se trasladaron a los ORPS 
luego de la entrada en vigencia del Código supondría un sinsentido y, lejos de permitir una 
adecuada tramitación de las denuncias vinculadas a las misma, contribuiría a que las 
Comisiones vuelvan  a experimentar un embalsamiento de expedientes y eleven 
nuevamente la carga procedimental a su cargo, habiendo sido justamente estas situaciones 
las que dieron pie a la implementación del Procedimiento Sumarísimo como un mecanismo 
que permita a los administrados obtener una tutela adecuada y efectiva. 
 
En virtud a lo anteriormente expuesto, consideramos que debe mantenerse la determinación 
de competencias actualmente existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Hasta el año 2010 existía un único procedimiento por infracción a las normas de 
protección al consumidor, el cual era tramitado ante la Comisión de Protección al 
Consumidor y contaba con un plazo de tramitación de 120 días hábiles desde la 
tramitación de la denuncia. No obstante, dado el incremento sostenido de las 
denuncias presentadas, la Comisión presentó una elevada carga procedimental que 
resultaba imposible de manejar, lo cual ocasionaba perjuicios a los administrados, 
quienes no obtenían un pronunciamiento en el plazo legal establecido. 
 
2. El Procedimiento Sumarísimo constituye una de las principales novedades 
introducidas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor luego de su 
entrada en vigencia en el año 2010. Su creación se sustentó en la necesidad de 
dotar de mayor celeridad al procedimiento por infracción a las normas de protección 
al consumidor que, para entonces, se tramitaba únicamente ante la Comisión de 
Protección al Consumidor del INDECOPI. 
 
3. La principal característica del Procedimiento Sumarísimo es la celeridad, en tanto 
constituye un mecanismo más expeditivo para la tramitación de las denuncias 
respecto de las cuales los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos 
ostentan competencia. En virtud a ello, y con la finalidad de que dicho procedimiento 
sea, en efecto, célere, la actividad probatoria al interior del mismo es netamente 
documental, pues lo contrario -esto es, la valoración de medios probatorios cuya 
actuación demande mayor tiempo por parte de la Administración como, por ejemplo, 
una pericia técnica- ocasionaría que no se cumpla con el plazo de tramitación del 
procedimiento establecido por la norma. 
 
4. La finalidad del Procedimiento Sumarísimo es dotar de celeridad a la tramitación de 
los procedimientos de infracción a las normas de protección al consumidor con el 
objetivo de que los administrados usuarios del servicio vean satisfechos sus 
100 
intereses de manera efectiva. Ello tiene una relación directa con las nociones de 
acceso a la justicia y recurso efectivo que han sido desarrolladas incluso en 
instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos 
Humanos. 
 
5. Los principios aplicables al Procedimiento Sumarísimo fueron inicialmente los de 
preclusión y celeridad, según lo dispuesto por el artículo 4.1 de la Directiva N° 004-
2010/DIR-COD-INDECOPI sobre Reglas Complementarias aplicables al 
Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al Consumidor, los cuales se 
encontraban complementados con los principios generales del procedimiento 
administrativo recogidos en el Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello fue posteriormente 
modificado por  la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI que modifica, 
incorpora y deroga diversos artículos de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-
INDECOPI que establece las reglas complementarias aplicables al Procedimiento 
Sumarísimo de  Protección al Consumidor, la misma que estableció que los 
principios aplicables a dicho procedimiento eran los contenidos en el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 y en el artículo 230° de dicho cuerpo normativo, 
siendo el fundamento de esta modificación que principios propios de un proceso civil 
no podían ser los más importantes al interior de un procedimiento administrativo. 
 
6. La Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI que modifica, incorpora y deroga 
diversos artículos de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI, que establece 
las reglas complementarias aplicables al procedimiento sumarísimo en materia de 
protección al consumidor, modificó profundamente la estructura del Procedimiento 
Sumarísimo e incorporó en la misma la etapa de evaluación previa. Al respecto, 
mediante dicha modificación se otorgó un plazo adicional a la Administración para 
realizar las investigaciones que considere pertinentes a fin de determinar si 
corresponde iniciar o no un procedimiento sancionador en contra del proveedor 
denunciado, siendo que, en lo personal, consideramos que esta modificación resulta 
completamente acertada en la medida que responde a un plazo más real en relación 
a la evaluación de la denuncia que debe realizar el ORPS y, a la vez, permite que 
éste realice un análisis más desarrollado a fin de determinar si existen suficientes 
indicios para el inicio de dicho procedimiento sancionador. Esta figura –evaluación 
previa- tiene sus antecedentes más próximos en el procedimiento de identificación y 
sanción de conductas anticompetitivas y en el procedimiento sancionador de 
investigación y sanción de actos de competencia desleal, los mismos que se 
101 
encuentran a cargo de la Comisión de Libre Competencia y de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, respectivamente, siendo 
que consideramos que esta modificación resultaba necesaria, en la medida que 
permitió dotar al Procedimiento Sumarísimo de una mejor estructura que le permite 
alcanzar la finalidad para la que fue creado.  
 
7. Luego de la modificación de la estructura del Procedimiento Sumarísimo efectuada 
por la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-INDECOPI, uno de los escenarios que puede 
presentarse durante la etapa de evaluación previa de la denuncia es que se declare 
el archivo de la misma porque no existen indicios suficientes de la comisión de una 
infracción por parte del proveedor denunciado, siendo que dicho pronunciamiento 
tiene carácter de inapelable. Al respecto, si bien en principio podría considerarse que 
la inapelabilidad de la resolución de archivo en la fase de evaluación previa podría 
afectar el derecho de defensa del interesado, ello en realidad no es así pues éste 
siempre tiene la posibilidad de volver a presentar la denuncia adjuntando toda la 
documentación que exige el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
INDECOPI. 
 
8. En un escenario como el que se configuraba cuando se encontraba vigente la 
redacción inicial del artículo 4.1 de la Directiva N° 004-2010/DIR-COD-INDECOPI 
sobre Reglas Complementarias aplicables al Procedimiento Sumarísimo en materia 
de Protección al Consumidor, esto es, cuando los principios principales que 
inspiraban al Procedimiento Sumarísimo eran el de preclusión y celeridad, en la 
aplicación del primero surgía un conflicto con el principio de verdad material cuando 
una prueba determinante era presentada fuera del estadio procedimental 
correspondiente para la presentación de la misma. Al respecto, si bien inicialmente 
pronunciamientos de algunos ORPS dieron preponderancia al principio de preclusión 
sobre el de verdad material, posteriormente la Sala Especializada en Protección al 
Consumidor en vía de revisión estableció que debía buscarse un equilibrio entre 
ambos principios, en aras de la identificación de los hechos reales producidos, con lo 
cual es posible concluir que el principio de verdad material primará sobre el de 
preclusión, toda vez que ello permitiría emitir un pronunciamiento con el debido 
sustento fáctico. 
 
9. Desde nuestro punto de vista, el procedimiento por infracción a las normas de 
protección al consumidor, dentro del cual se enmarca el Procedimiento Sumarísimo, 
es de naturaleza mixta, es decir, presenta características tanto del procedimiento 
102 
administrativo trilateral como del procedimiento administrativo sancionador. En virtud 
a ello, consideramos que el desistimiento se debería aceptar incluso en aquéllos 
casos en los que ya se emitió la resolución de imputación de cargos y ésta ha sido 
notificada al proveedor denunciado. Ello, en la medida que, en tanto existe este 
conflicto de intereses particular suscitado entre los administrados, mal haría la 
Administración en no aceptar la fórmula utilizada por éstos para arribar a una 
solución directa para su conflicto. Asimismo, consideramos que lo anteriormente 
señalado debería hacerse extensivo también a las figuras de la conciliación y la 
transacción. 
 
10. La determinación de la competencia de los ORPS y de las Comisiones de Protección 
al Consumidor se encuentra establecida en el artículo 125° del Código, habiéndose 
reservado para cada uno de ellos materias de competencia exclusiva y se ha 
dispuesto, además, un parámetro cuantitativo como criterio adicional para 
determinar cuál será el encargado de tramitar la denuncia presentada por un 
interesado. Asimismo, ha sido a través del desarrollo jurisprudencial que se ha 
afinado la metodología para la delimitación de dicha competencia, siendo que nos 
encontramos de acuerdo con la clasificación realizada por el dispositivo legal, en 
tanto permite que se otorgue a cada órgano resolutivo la competencia para conocer 
denuncias que van acorde con la naturaleza del procedimiento que cada uno de 
ellos tiene a su cargo, esto es, el Procedimiento Sumarísimo en el caso de los ORPS 
y el Procedimiento Ordinario en el caso de las Comisiones. 
 
11. El Procedimiento Sumarísimo, tal cual se encuentra diseñado actualmente, sí resulta 
ser eficaz, en la medida que constituye un mecanismo a disposición de los 
consumidores que les permite, efectivamente, obtener un pronunciamiento más 
célere en comparación al procedimiento ordinario. Adicionalmente, la fase de 
evaluación previa permite también que esa eficacia se presente también en relación 
a la Administración, toda vez que permite realizar una adecuada investigación de las 
circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciado y contempla la 
posibilidad de que se archive la denuncia en este estadio si se verifica que no existe 
mérito alguno para el inicio del procedimiento, lo cual impide que la Administración 
se sobrecargue con la tramitación de casos que, a todas luces, carecen del sustento 
fáctico necesario para conllevar a la imposición de una sanción al proveedor. 
 
12. Sin perjuicio de que, en base a todos los elementos analizados en la presente 
investigación, hayamos validado la hipótesis principal de la presente investigación, al 
103 
haber arribado a la conclusión de que el Procedimiento Sumarísimo, bajo su 
estructura actual sí resulta eficaz, nos permitimos sugerir las siguientes mejoras que, 
de ser implementadas, coadyuvarían a dotar de una eficacia aún mayor a dicho 
procedimiento: 
 
 Se debe reconocer de manera expresa que el Procedimiento Sumarísimo 
ostenta una naturaleza mixta, pues, tal como hemos señalado, presenta 
características tanto del procedimiento administrativo sancionador como del 
procedimiento administrativo trilateral. El reconocimiento de dicha situación lo 
convertiría en un mecanismo mucho más ágil debido a que, por ejemplo, 
permitiría que se acepten desistimientos, conciliaciones y transacciones 
judiciales en cualquier etapa del mismo, lo cual generaría beneficios tanto 
para los administrados inmersos en el procedimiento (al tener la certeza de 
que, ante la existencia de alguna de las figuras antes mencionadas, el 
procedimiento concluirá indefectiblemente, lo cual se traduce en ahorro de 
tiempo y dinero para ambos), para la Administración (en tanto la posibilidad 
de que el procedimiento pueda concluir de manera anticipada en cualquiera 
de sus etapas permitiría descargar a los Órganos Resolutivos a cargo de la 
tramitación del expediente y éstos podrían orientar sus esfuerzos para la 
resolución de aquellos casos en los cuales sí resulta necesario su 
pronunciamiento) y para el mercado (debido a que la aceptación del 
desistimiento, la conciliación y la transacción extrajudicial en cualquier fase 
del procedimiento sumarísimo y, por ende, la conclusión anticipada del 
procedimiento sin que exista un pronunciamiento sobre el fondo del asunto 
por parte de la Administración, generaría incentivos para que los 
administrados inmersos en el procedimiento busquen satisfacer sus intereses 
y solucionar sus conflictos a través de mecanismos de autocomposición). 
 
 Dada la carga procesal existente, la cual presenta una tendencia 
permanentemente creciente a raíz de una mayor y mejor difusión de los 
beneficios del Procedimiento Sumarísimo, debería ampliarse, al menos 
ligeramente, el plazo para la tramitación del mismo. Como ya se ha señalado 
en el capítulo 2 de la presente investigación, la fase de evaluación previa 
tiene una duración máxima de veinte (20) días hábiles mientras que el 
procedimiento sumarísimo en sí tiene una duración de treinta (30) días 
hábiles, los cuales se computan desde la fecha de notificación al denunciado 
con la resolución de imputación de cargos. Al respecto, la mejora que 
104 
introduciríamos sería de ampliar este segundo plazo a cuarenta (40) días 
hábiles con la finalidad que el Órgano Resolutivo en cuestión cuente (aunque 
mínimamente) con un mayor plazo para emitir un pronunciamiento final y, de 
esta manera, evitar posibles vencimientos, los cuales van en detrimento tanto 
de los administrados como de la Administración. Además, teniendo como 
parámetro objetivo al procedimiento ordinario, el cual tiene una duración de 
ciento veinte (120) días hábiles, el procedimiento sumarísimo contaría, en 
total, con una duración de sesenta (60) días hábiles, es decir, la mitad de la 
duración de un procedimiento ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 
 
 
 
 
 
  
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Resolución Final N° 2187-2015/CC2: 3 de diciembre de 2015. 
 
● INDECOPI – ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS 
SUMARÍSIMOS N° 1 
2015  Expediente N° 490-2015. Carta N° 3498-2015/PS1-INDECOPI: 
6 de octubre de 2015. 
  
2015 Expediente N° 397-2015/PS1. Resolución Final N° 690-
2015/PS1. 16 de octubre de 2015. 
 
2015  Expediente N° 12-2015/PS1/IAC. Resolución Final N° 705-
2015/PS1: 20 de octubre de 2015   
 
2015  Expediente N° 368-2014/PS1/IMC. Resolución N° 917-
2015/PS1: 18 de diciembre de 2015  
 
2016 Expediente N° 91-2015/PS1/ILCC. Resolución Final N° 2-
2016/PS1: 4 de enero de 2016  
 
● INDECOPI – ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS 
SUMARÍSIMOS N° 2 
2015  Expediente N° 1982-2014/PS2. Resolución Final N° 0052-
2015/PS2: 15 de enero de 2015.  
 
2015 Expediente N° 2079-2014/PS2. Resolución Final N° 0046-
2015/PS2: 14 de enero de 2015.  
 
● INDECOPI – ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS 
SUMARÍSIMOS N° 3 
 
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2015  Expediente N° 1815-2014/PS3. Resolución Final N° 316-
2015/OPS3: 22 de abril de 215.  
 
2015  Expediente N° 1546-2014/PS3. Resolución Final N° 225-
2015/OPS3: 23 de marzo de 2015.  
 
● TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
2003 Expediente N° 858-2003-AA-TC Sentencia: 24 de marzo de 
2003. 
 Consulta: 25 de junio de 2016. 
 
 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00858-2003-AA.html 
 
2005  Expediente 3330-2004-AA/TC. Sentencia: 11 de julio de 2005. 
 Consulta: 25 de junio de 2016. 
 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.html
  
2005  Expediente N° 4289-2004-AA/TC. Sentencia: 17 de febrero de 
2005. 
 Consulta: 25 de junio de 2016. 
 
 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04289-2004-AA.html 
  
2003  Expediente N° 010-2001-AI/TC. Sentencia: 26 de agosto de 
2003. 
 Consulta: 25 de Junio de 2016 
 
 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2001-AI.html 
 
● INDECOPI – SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
2012 Expediente N° 317-2011/PS-INDECOPI-PIU. Resolución 
N° 3547-2012/SPC-INDECOPI: 5 de diciembre de 2012  
 
2012 Expediente N° 137-2011/PS0-INDECOPI-LAL. Resolución 
N° 1232-2012/SC2-INDECOPI: 25 de abril de 2012. 
 
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