Pontificia Universidad Católica del Perú 
Facultad de Derecho 
Programa de Segunda Especialidad en Derecho Tributario 
TITULO: “Breves alcances en el tratamiento tributario de la escisión” 
Trabajo Académico para optar el grado de Segunda Especialidad en Derecho 
Tributario 
Alumna: Janet Ignacio Asmat 
Asesor: Johana Timaná 
Código de alumna: 20063045 
2017 
1 
BREVES ALCANCES EN EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA ESCISIÓN 
 
I. Introducción / Resumen 
 
II. CAPÍTULO I: Alcances societarios y tributarios de la escisión 
 
2.1. Definición y características 
2.2. Diferencias con otras instituciones jurídicas reguladas en la 
norma societaria. 
2.3. Razonabilidad económica para realizar una escisión 
2.4. Alcances tributarios en Impuesto a la Renta 
2.5. Alcances tributarios en Impuesto General a las Ventas 
 
III. CAPÍTULO II: Tratamiento tributario de la escisión de sociedades a la luz 
de la Resolución del Tribunal Fiscal No. 10923-8-2011 
 
3.1. Hechos relevantes 
 3.1.1.  Posición de SUNAT 
 3.1.2.  Posición del Tribunal Fiscal 
3.2.  Patrimonios neutros o negativos 
3.3.  Configuración del bloque patrimonial 
 
IV. CAPÍTULO III: Tratamiento tributario de la escisión en la legislación 
comparada 
 
4.1.  México 
4.2.  Colombia 
4.3.  Estados unidos 
4.4. España 
 
V. Conclusiones y comentarios 
 
VI. Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
2 
 
I. Introducción / Resumen 
 
A través del presente trabajo se propone analizar la naturaleza de las 
operaciones societarias enmarcadas en la figura de la escisión, así como su 
respectivo alcance en materia societaria y particularmente tributaria. Asimismo, 
se plantea definir las contingencias tributarias generadas en la utilización de la 
referida figura societaria, tomando en cuenta un controversial pronunciamiento 
emitido por el Tribunal Fiscal en la que la referida entidad repara operaciones de 
escisión por considerar que aquéllas reorganizaciones societarias en donde se 
segreguen bloques patrimoniales negativos o neutros no constituyen en sí 
mismos reorganizaciones, sino la mera transferencia de activos y pasivos de una 
empresa a otra. 
 
II. CAPÍTULO I: Alcances societarios y tributarios de la escisión 
 
2.1. Definición y características 
 
1
Tal como refiere Bravo  la escisión es aquélla modificación estructural de una 
sociedad, en virtud de la cual se produce la división del patrimonio social de 
dos (02) o más partes, produciéndose el traspaso de uno o más bloques 
patrimoniales a una o varias sociedades preexistentes o de nuevas, sin que la 
sociedad que se escinde perciba contraprestación alguna como producto de 
dicho traspaso. 
 
2
Para Laroza  a su vez, la nota característica de la escisión es el fraccionamiento 
patrimonial de la sociedad que escinde. Éste puede ser total o parcial; sin 
embargo, en ambos casos, las fracciones patrimoniales que serán atribuidas a 
las sociedades beneficiarias deben constituir, como se analizará, bloques 
patrimoniales. 
 
Ahora bien, respecto a los tipos de escisión, debemos partir señalando que en 
doctrina han sido desarrollados diversos tipos y formas de escindir una 
sociedad. No obstante ello, la postura mayoritaria admite la regulación de dos 
tipos: la escisión propia e impropia. 
 
                                                          
1
 BRAVO CUCCI, Jorge. La escisión subjetiva en el ordenamiento jurídico peruano. Jornadas de Derecho 
Tributario. Incidencia del Impuesto a la Renta en las Operaciones Societarias. 13-14 Diciembre 2010, p. 30. 
2 LAROZA, Enrique. “La escisión de sociedades”. Revista THEMIS No. 36. Año 1997. Lima-Perú, p.279. 
 
3 
 
3
Ahora bien, de acuerdo a Hidalgo  en la escisión propia o total el total del 
patrimonio de la sociedad escindente se divide en dos o más bloques 
patrimoniales, los cuales, a su vez, serán transferidos a una sociedad nueva o 
existente. Como consecuencia de ello, se extingue la personalidad jurídica de la 
sociedad escindente. 
 
A su vez, menciona que la escisión impropia o parcial consiste en la 
segregación de uno o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se 
extingue y que los transfiere a una o más sociedades existentes. A tal efecto, la 
sociedad escindida ajusta su capital en el monto correspondiente. 
 
Ahora bien, para la Ley General de Sociedades (en adelante, LGS) dicha 
estructura conceptual es correcta, en la medida que el artículo 367 de dicho 
cuerpo normativo define expresamente la escisión conforme a lo siguiente: 
 
Artículo 367.- Concepto y formas de escisión 
 
Por la escisión una sociedad fracciona su patrimonio en dos o más 
bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para 
conservar uno de ellos, cumpliendo los requisitos y las formalidades 
prescritas por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 
 
1. La división de la totalidad del patrimonio de una sociedad en dos o 
más bloques patrimoniales, que son transferidos a nuevas sociedades 
o absorbidos por sociedades ya existentes o ambas cosas a la 
vez.  Esta forma de escisión produce la extinción de la sociedad 
escindida; o, 
 
2. La segregación de uno o más bloques patrimoniales de una sociedad 
que no se extingue y que los transfiere a una o más sociedades 
nuevas, o son absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a 
la vez. La sociedad escindida ajusta su capital en el monto 
correspondiente.   
 
En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades escindidas 
reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de las 
nuevas sociedades o sociedades absorbentes, en su caso.   
                                                          
3
 HIDALGO, Guillermo. Implicancias tributarias de las reorganizaciones societarias de bloques patrimoniales 
negativos. Jornadas de Derecho Tributario. Incidencia del impuesto a la renta en las operaciones societarias. 
13-14 Diciembre 2010, p. 198. 
4 
 
 
Como podemos ver, la escisión tiene como finalidad la desconcentración 
empresarial, razón por la cual la norma genera dos opciones a partir de los 
cuales la compañía escindida podrá optar por: (i) escindir o segregar los 
bloques patrimoniales a nuevas empresas o (ii) transferir los referidos 
bloques a sociedades preexistentes. 
 
2.2. Diferencias con otras instituciones jurídicas reguladas en la norma 
societaria 
 
Una de las diferencias principales entre la escisión y otras instituciones 
jurídicas reguladas en la LGS –particularmente en el supuesto de 
reorganización simple- radica en que en el primer caso los accionistas de 
la sociedad escindida pasarán a ser accionistas de la sociedad nueva o 
existente que adquiera el bloque patrimonial escindido (sociedad 
escisionaria). 
 
Así pues, tal como lo ha regulado el artículo 368 de la citada norma, las 
nuevas acciones o participaciones que la sociedad escisionaria emita serán 
atribuidas a los socios o accionistas de la sociedad escindida en la misma 
proporción que tenían en el capital de esta, salvo pacto en contrario. 
 
Dicha disposición constituye una diferencia sustancial respecto a otra 
importante modalidad de reorganización empresarial, como es la 
reorganización simple quien mantiene importantes similitudes con la 
escisión parcial como son (i) la segregación de un bloque patrimonial y 
(ii) la transferencia  o parte de dicho patrimonio a una o más sociedades 
(nuevas o existentes) pero que -a diferencia de la escisión- las acciones 
emitidas como consecuencia de la trasferencia del bloque patrimonial no 
pasan a manos de los accionistas sino de la sociedad escisionaria. 
 
Así, tal como explica Hernández en el caso de reorganización simple la 
sociedad que transfiere el bloque patrimonial recibe a cambio, acciones o 
participaciones de la sociedad receptora del bloque, convirtiéndose, por 
ende, la primera en accionista o socia de la segunda, o, en caso la primera 
ya fuera socia de la segunda, incrementando su participación en el capital 
4
de la receptora del bloque patrimonial . 
 
                                                          
4
 HERNÁNDEZ GAZZO, Juan Luis. Apuntes sobre la reorganización simple en la legislación peruana. 
Tratado de derecho mercantil. Tomo I. Derecho Societario. Lima: Gaceta Jurídica. 2003, p. 12008. 
5 
 
Ello en cambio, no ocurre ante una escisión, en donde los accionistas de 
la sociedad escindida pasarán a ser accionistas de la sociedad nueva o 
existente. 
 
2.3. Razonabilidad económica para realizar una escisión 
 
Existen muchos factores a valorarse al momento de tomar la decisión de 
escindir una empresa, esto puede estar relacionado directamente a la 
necesidad de tener un mayor alcance frente al mercado, disminuir los 
costos administrativos, generar eficiencia en la adecuada gestión y 
dirección de la empresa, entre otros factores. 
 
5
En ese sentido, la Ramírez y Velarde  delimitan las principales causas o 
fines dentro de los siguientes puntos: 
 
(i) Buscar redistribuir las actividades de una empresa o 
especializar las actividades económicas en varias sociedades: 
En caso una empresa o varias ejecuten diversas actividades que, 
compatibles entre sí o no, generen un desorden administrativo y 
operativo, se optaría por una escisión para buscar organizarlas 
en el plano contable, de impuestos y de toma de decisiones entre 
los accionistas. También, el hecho de especializar las 
actividades en empresas distintas puede mejorar los controles de 
costos de producción, lo cual generaría mayores utilidades 
financieras para los accionistas o socios. 
 
(ii) Reducción del pago de impuestos: Algunas empresas podrían 
encajar en regímenes especiales, sea por su tamaño, su rubro o 
la zona donde se encuentren (por ejemplo: Régimen de la 
Amazonía, entre otros), algunas actividades se podrían ver 
beneficiadas con un menor pago de impuestos, siempre y cuando 
encajen dentro de la hipótesis de incidencia tipificada por la 
norma. 
 
(iii) Descentralización geográfica: Si bien al día de hoy los avances 
en la tecnología nos permite una comunicación bastante 
eficiente para el manejo de actividades empresariales, por 
motivos de organización se pueden escindir bloques 
patrimoniales con el objeto de contar con empresas nuevas y 
flexibilizar la estructura de cada una de ellas, como por ejemplo, 
nombrar directores y/o gerentes distintos en cada sociedad. 
                                                          
5
 RAMIREZ ZEGARRA, Jorge y VELARDE, Luis. La escisión: sus aspectos societarios y tributarios. 
Revista Advocatus N°25.2011, p. 352-353. 
6 
 
 
Como podemos ver, existe un sinnúmero de razones a partir de las cuales una 
empresa toma la decisión empresarial de escindirse en dos o más bloques 
patrimoniales y se espera que en atención al principio de neutralidad del 
derecho tributario, dichas acciones no generen un impacto negativo en materia 
tributaria, ya que ello ocasionaría que muchas compañías se abstengan de 
acceder a este tipo de figuras societarias por las implicancias tributarias de 
carácter negativo que podrían generar a posteriori. 
 
Asimismo, consideramos que el ahorro fiscal constituye un motivo económico 
razonable para que una empresa tome la decisión de reestructurarse, siempre y 
cuando no se trate de una mera evasión, ya que en estos casos justamente lo que 
evaluará será el costo tributario adyacente a la operación. 
 
6
Así lo menciona además, Bravo  al señalar que nada de ilegal tiene optar por un 
tratamiento tributario más beneficiosos siempre y cuando la conducta 
desplegada en el plano concreto por el sujeto pasivo de la obligación tributaria 
sea la prevista en la hipótesis de incidencia de la norma tributaria. Así, si lo que 
las partes quieren es reorganizarse bajo la modalidad de una escisión subjetiva, 
y despliegan el negocio jurídico en ese sentido y no simulan uno distinto, no 
habrá forma de calificar la reorganización societaria llevada a cabo. 
 
Ello es así, dado que si bien la Administración Tributaria se encuentra facultada 
a aplicar el tercer y cuarto párrafo de la Norma XVI del Título Preliminar del 
Código Tributario (anteriormente segundo párrafo de la Norma VIII) para 
calificar un hecho como imponible y por ende pasible de elusión tributaria, ello 
ocurrirá sólo y únicamente cuando en la evaluación del negocio jurídico se 
demuestre que se ha realizado una simulación de éste (que exista un acto 
simulado y uno disimulado). 
 
2.4. Alcances tributarios en Impuesto a la Renta 
 
7
Para Garibaldi , la reorganización societaria (incluida la escisión) no debe 
encontrarse gravado con Impuesto a la Renta por los siguientes motivos: 
 
                                                          
6
 BRAVO CUCCI, Jorge. La escisión subjetiva en el ordenamiento jurídico peruano. Jornadas de Derecho 
Tributario. Incidencia del Impuesto a la Renta en las Operaciones Societarias. 13-14 Diciembre 2010, p. 38 
7 GARIBALDI, Giancarlo. “Implicancias tributarias en la Reorganización de Sociedades”. Publicado el 22 de 
noviembre de 2011. En: http://giribaldiasociados.com/implicancias-tributarias-de-la-reorganizacion-de-
sociedades/. Actualizado el 28 de setiembre de 2015. 
7 
 
(i) Se encarecería los procesos de fusión, escisión y reorganización 
simple en el escenario que se decida gravar estas operaciones 
con el Impuesto a la Renta. 
 
(ii) Las reorganizaciones societarias se consideran operaciones no 
gravadas con el IGV conforme al artículo 2º inciso c) del TUO 
de la Ley de IGV. Entendemos que ello se debe a que el 
transferente continúa ejerciendo actividad económica sobre el 
bloque patrimonial transferido antes como después de la fusión 
(sólo que de manera más pasiva luego del proceso de 
reorganización). Por consiguiente, la reorganización societaria 
tampoco debe encontrarse gravada con Impuesto a la Renta. 
 
(iii) La reorganización societaria no constituye un simple aporte de 
bienes, que generaría la obligación de pagar Impuesto a la 
Renta conforme al artículo 5º del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta. La reorganización societaria involucra la 
transferencia de activos y pasivos, de tal modo que solamente lo 
que exceda a dicho equilibrio (denominado excedente de 
revaluación) es susceptible de tributar Impuesto a la Renta en el 
caso que se opte por el mecanismo del artículo 104º inciso 1) de 
la LIR. 
 
(iv) En las fusiones y escisiones, la sociedad transferente no recibe 
contraprestación alguna por la entrega de su patrimonio, por lo 
que no obtiene ganancia sujeta al pago del impuesto. Son sus 
accionistas y no las empresas quienes reciben de la sociedad 
adquirente las acciones que reflejan el valor fondo de comercio 
(en sustitución de las que mantenían en la entidad transferente). 
 
Ahora bien, actualmente de acuerdo al artículo 104 de la Ley del Impuesto a la 
Renta (en adelante, LIR) los contribuyentes pueden optar por cualquiera de las 
siguientes opciones: 
 
(1) Primer Supuesto 
 
En caso las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de 
sus activos, la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo 
computable estará gravado con el Impuesto a la Renta. En este supuesto, 
debe entenderse que los bienes transferidos, así como los del adquirente, 
tendrán como costo computable el valor al que fueron revaluados.  
 
Asimismo, el artículo 68 del Reglamento de la LIR prescribe que las 
empresas o sociedades que se reorganicen y opten por el supuesto 
señalado en el párrafo anterior, deberán pagar el impuesto por las 
8 
 
revaluaciones efectuadas siempre que las referidas empresas o entidades 
se extingan. Cabe mencionar que la determinación y pago del impuesto se 
realizará por cada una de las empresas que se extingan, conforme al 
numeral  4) inciso d) del artículo 49 del Reglamento de la LIR. 
 
Adicionalmente a ello, el artículo 69 inciso a) del Reglamento de la LIR 
establece en este caso se deberá considerar como valor depreciable de los 
bienes el valor revaluado menos la depreciación acumulada, cuando 
corresponda. Siendo ello así, dichos bienes serán considerados nuevos y 
se les aplicará lo dispuesto en el artículo 22º del Reglamento. 
 
Es importante precisar que esta opción sería beneficiosa en caso la 
empresa mantenga pérdidas tributarias arrastrables, ya que el transferente 
únicamente va a reducir el margen de su pérdida tributaria compensable 
cuando se encuentre sometido a gravamen el excedente de revaluación de 
sus activos fijos, mientras que el adquirente se va a encontrar beneficiada 
con un mayor costo computable de los referidos activos fijos sobre los 
cuales se va a deducir tributariamente su depreciación. 
 
(2) Segundo Supuesto 
 
En caso las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de 
sus activos, la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo 
computable no estará gravado con el Impuesto a la Renta, siempre que no 
se distribuya. En tal sentido, no será considerado para efecto de 
determinar el costo computable de los bienes ni su depreciación. 
 
Ahora bien, el artículo 105 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que 
en el caso anterior, si la ganancia es distribuida en efectivo o en especie 
por la sociedad o empresa que la haya generado, será considerada renta 
gravada en dicha empresa. 
 
Además considera –sin admitir prueba en contrario- que dicha ganancia 
es distribuida cuando se den cualquiera de los siguientes escenarios: 
 
(i) Cuando se reduce el capital dentro de los cuatro (4) ejercicios 
gravables siguientes al ejercicio en el cual se realiza la 
8
reorganización, salvo excepciones.   
                                                          
8
 Numeral 4 del artículo 216 o en el artículo 220 de la Ley General de Sociedades. 
9 
 
(ii) Cuando se acuerde la distribución de dividendos y otras formas de 
distribución de utilidades, incluyendo la distribución de excedentes 
de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y/o reservas de libre 
disposición, dentro de los cuatro (4) ejercicios gravables siguientes al 
ejercicio en el cual se realiza la reorganización.  
(iii) Cuando una sociedad o empresa realice una escisión y las acciones o 
participaciones que reciban sus socios o accionistas como 
consecuencia de la reorganización sean transferidas en propiedad o 
canceladas por una posterior reorganización, siempre que: 
 
a) Las acciones o participaciones transferidas o canceladas representen 
más del cincuenta por ciento (50%), en capital o en derechos de voto, 
del total de acciones o participaciones que fueron emitidas a los 
socios o accionistas de la sociedad o empresa escindida como 
consecuencia de la reorganización; y, 
b) La transferencia o cancelación de las acciones o participaciones se 
realice hasta el cierre del ejercicio siguiente a aquél en que entró en 
vigencia la escisión. De realizarse la transferencia o cancelación de 
las acciones en distintas oportunidades, se presume que la 
distribución se efectuó en el momento en que se realizó la 
transferencia o cancelación con la cual se superó el cincuenta por 
ciento (50%) antes señalado. 
 
(3) Tercer supuesto 
 
En este último escenario, el numeral 3) del artículo 104 prescribe que 
cuando las empresas no acordarán la revaluación voluntaria de sus 
activos, los bienes transferidos tendrán para la adquirente el mismo costo 
computable que hubiera correspondido atribuirle en poder del 
transferente. 
 
Asimismo, el artículo 105-A de la Ley del Impuesto a la Renta considera 
dentro de dicho supuesto – sin admitir prueba en contrario- los siguientes 
supuestos: 
 
(i)  La sociedad o empresa que adquiere uno o más bloques 
patrimoniales escindidos por otra, genera renta gravada por la 
diferencia entre el valor de mercado y el costo computable de los 
activos recibidos como consecuencia de la reorganización, si los 
socios o accionistas a quienes emitió sus acciones o 
participaciones por ser socios o accionistas de la sociedad o 
10 
 
empresa escindida, transfieren en propiedad o amortizan dichas 
acciones o participaciones, o las cancelan por una posterior 
reorganización, siempre que:  
a) Las acciones o participaciones transferidas, amortizadas y/o 
canceladas representen más del cincuenta por ciento (50%), en 
capital o en derechos de voto, del total de acciones o 
participaciones emitidas a los socios o accionistas de la sociedad o 
empresa escindida como consecuencia de la reorganización; y,  
b) La transferencia, amortización y/o cancelación de las acciones 
o participaciones se realice hasta el cierre del ejercicio siguiente a 
aquél en que entró en vigencia la escisión. De realizarse la 
transferencia, amortización y/o cancelación de las acciones en 
distintas oportunidades, se presume que la renta gravada se generó 
en el momento en que se realizó la transferencia, amortización o 
cancelación con la cual se superó el cincuenta por ciento (50%) 
antes señalado.  
(ii) La sociedad o empresa que segrega uno o más bloques 
patrimoniales dentro de una reorganización simple y amortiza las 
acciones o participaciones recibidas como consecuencia de la 
reorganización, genera renta gravada por la diferencia entre el 
valor de mercado de los activos transferidos como consecuencia 
de la reorganización o el importe recibido de la sociedad o 
empresa cuyas acciones o participaciones se amortizan, el que 
resulte mayor, y el costo computable de dichos activos, siempre 
que:  
 
a) Las acciones o participaciones amortizadas representen más del 
cincuenta por ciento (50%), en capital o en derechos de voto, del 
total de acciones o participaciones que fueron emitidas a la 
sociedad o empresa como consecuencia de la reorganización; y 
b) La amortización de las acciones o participaciones se realice 
hasta el cierre del ejercicio siguiente a aquél en que entró en 
vigencia la reorganización. De realizarse la amortización de las 
acciones o participaciones en distintas oportunidades, se presume 
que la renta gravada se generó en el momento en que se realizó la 
amortización con la cual se superó el cincuenta por ciento (50%) 
antes señalado 
  
Ahora bien., es importante precisar que el artículo 105 y 105-A han sido 
materia de modificación en el año 2012 con la promulgación del Decreto 
11 
 
9
Legislativo No. 1120  que: (i) modificó el primero de ellos incorporando a la 
ley supuestos de elusión general que ya habían sido regulados por el 
reglamento (artículo 69) e incluyó un nuevo supuesto y (ii) incorporó el 
segundo de ellos regulando supuestos de antielusión específicamente para 
los casos de escisión y reorganización simple. 
 
10
Siendo ese el caso, podemos ver que, tal como indica Tori y Rodríquez  a la 
fecha tenemos dos NAE: el artículo 105, aplicable únicamente al régimen 
que existía desde la aprobación de la Ley del Impuesto a la Renta, esto es, en 
caso se lleve a cabo una reorganización con revaluación de activos sin 
efectos tributarios; y, el artículo 105-A, aplicable al régimen neutral, 
propiamente dicho, de reorganización de sociedades. 
 
2.5. Alcances tributarios en Impuesto General a las Ventas 
 
En lo que respecta al Impuesto General a las Ventas (en adelante, IGV) es 
importante señalar que si bien este impuesto grava la venta en el país de bienes 
muebles en el país de acuerdo al inciso c) del artículo 2 de la Ley del IGV no se 
encuentra gravada la transferencia de bienes que se realice como consecuencia 
de una reorganización societaria.  
 
Sin perjuicio de ello, sí se podrá transferir a la nueva empresa beneficiaria el 
crédito fiscal existente a la fecha de la escisión, siempre y cuando se respeten 
las formalidades establecidas en la legislación aplicable. 
 
Al respecto, el artículo 6 del Reglamento de la Ley del IGV señala que 
tratándose de la reorganización de sociedades o empresas, el crédito fiscal que 
corresponda a la empresa transferente se prorrateará entre las empresas 
adquirentes, de manera proporcional al valor del activo de cada uno de los 
bloques patrimoniales resultantes respecto del activo total transferido.  
 
Además, el citado artículo indica que las partes pueden acordar un reparto 
distinto, pero ello deberá ser comunicado a la Administración Tributaria en el 
plazo, forma y condiciones que ésta establezca. 
 
Asimismo, es importante precisar que el Tribunal Fiscal ha señalado en la 
Resolución No. 258-3-22005 que ante la enajenación de bienes depreciables 
                                                          
9
 Publicada en el Diario “El Peruano” el 18 de julio de 2012. 
10
 TORI VARGAS, Fernando y RODRIGUEZ ALZZA, Efraín. Alcances de la norma antielusiva específica 
aplicable a la reorganización de sociedades. Derecho y Sociedad N°43 Diciembre 2014. Pág. 43. 
12 
 
destinados a formar parte del activo fino antes de transcurridos los dos (02) 
años, el supuesto de reintegro tributario del crédito fiscal no es aplicable en los 
casos de escisión en razón de la continuidad en la explotación de los bienes 
transferidos que tiene lugar por parte del adquirente. 
 
CAPÍTULO II: Tratamiento tributario de la escisión de sociedades a la luz de la 
Resolución del Tribunal Fiscal No. 10923-8-2011 
 
3.1. Hechos relevantes 
 
A continuación se presentarán los hechos que sustentaron la referida resolución: 
 
 Una empresa dedicada al rubro inmobiliario (en adelante, la Compañía) 
desarrolló un proyecto inmobiliario entre abril de 1998 y junio de 2000 
destinado a la construcción de un edificio de oficinas ubicada en Carlos 
Villarán 140, La Victoria –en adelante, el Inmueble-.  Dicho proyecto fue 
financiado mediante un préstamo concedido por Interbank (en adelante, IBK) 
por un monto total S/.138’234,216.00. 
 IBK y la Compañía son empresas vinculadas, sometidas a la Ley de Bancos ( 
Ley No. 26702  - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la SBS)-.  Dicha ley establece límites máximos de 
endeudamiento con carácter individual (no más del 10% del patrimonio 
efectivo), así como con carácter global (30% del patrimonio efectivo en 
créditos concedidos a empresas vinculadas). 
 Mediante Oficio No. 6214-2000 de 20 de junio de 2000 la SBS informó a IBK 
que los financiamientos otorgados a la Compañía habían llegado a representar, 
a esa fecha, el 23.2% del patrimonio efectivo de Interbank.  A partir de ese 
momento, la Compañía e IBK entraron en negociaciones con el fin de reducir 
el endeudamiento de la primera frente al banco. 
 Como consecuencia de dichas negociaciones, en el ejercicio 2001 la 
Compañía e IBK acordaron la realización de dos procedimientos de escisión 
parcial.  Como parte de esos procedimientos se produjo la transferencia del 
inmueble a favor de IBK. En razón a ello, Interbank informó a la SBS que el 
exceso de endeudamiento sería solucionado mediante dicho proceso de 
reorganización, puesto que los dos procedimientos de escisión parcial 
determinarían la extinción del pasivo que la Compañía tenía frente a 
Interbank. 
 Mediante Junta General de Accionistas de junio y diciembre de 2001 
respectivamente, INMOBILIARIA IBK procedió a realizar las siguientes 
acciones: 
 
13 
 
(i) Escisión y transferencia de un bloque patrimonial conformado por 
inmuebles (activos) por un valor de S/.80,919,063 y pasivos (cuenta por 
pagar a IBK) por el mismo importe, resultando un bloque patrimonial 
equivalente a cero (0). El costo computable que la Sociedad Inmobiliaria 
tenía en estos inmuebles era de S/.70,933,651. 
(ii) Escisión y transferencia de un segundo bloque patrimonial a IBK, 
conformado por otros inmuebles activos por la suma de S/.41,897,060 y 
pasivos cuenta por pagar a IBK) por la misma cifra, resultando 
nuevamente un bloque patrimonial equivalente a cero (0). El costo 
computable que la Inmobiliaria tenía en estos inmuebles era de 
S/.36,726,963. 
 
 IBK recibió los bloques patrimoniales de ambas escisiones parciales, sin que 
correspondiera aumentar su capital ni emitir acciones, dado que, como se ha 
dicho, los referidos bloques estaban conformados por un activo y por un 
pasivo siendo su valor neto igual a cero. 
 En ambos casos, los bloques patrimoniales fueron transferidos a IBK por el 
valor que tenían en los libros de la Compañía. Las escisiones fueron 
registradas en los asientos B00002 y B00003 de la Partida No. 030221102 de 
los Registros Públicos de Lima.  
 Al fiscalizar el Impuesto a la Renta  y el Impuesto General a las Ventas del 
ejercicio 2001, la Administración Tributaria efectuó reparos a los 
procedimientos de escisión, emitiendo resoluciones de determinación y de 
multa.  La Compañía reclamó contra dichas resoluciones y al notificársele la 
resolución de primera instancia desfavorable, apeló de ella para que resolviera 
el Tribunal Fiscal. 
 Tal como se desprende de los hechos previamente descritos, al tratarse de un 
patrimonio neutro (0), la escisión y transferencia de los referidos bloques no 
generó a IBK la obligación de emitir acciones, ni tampoco ocasionó 
incremento o reducción de capital alguno. 
 
3.1.1. Posición de SUNAT 
 
La Administración Tributaria determinó que en el presente caso las escisiones y 
transferencias de los bloques patrimoniales “no constituían en rigor una 
reorganización societaria”, por lo que no les resultaba aplicable las normas especiales 
aplicables a las escisiones (artículo 104 de la Ley del IR y literal c. del artículo 2 de la 
Ley del IGV); y por ende, constituían enajenaciones gravadas tanto con el IR 
(impuesto determinado por la diferencia entre el costo computable que IBK 
INMOBILIARIA tenía en los inmuebles y el valor de los inmuebles determinado por 
la tasación) como con el IGV (primera venta de bienes inmuebles). 
14 
 
 
3.1.2. Posición del Tribunal Fiscal 
 
Por su parte, el Tribunal Fiscal considera que debe desconocerse la escisión acordada 
por INMOBILIARIA IBK por medio de la cual transfirió a IBK, bloques 
patrimoniales con valor “cero” con la finalidad de reducir el endeudamiento que la 
primera mantenía con la segunda en aplicación de la Norma VIII prevista en el 
11
Código Tributario  y aplicarse el tratamiento de enajenación de bienes gravada con 
el IR y el IGV. 
 
Como podemos ver, Tribunal Fiscal sustenta su posición en que IBK: 
 
(i) No ha continuado con las actividades a las que se dedicaba la empresa 
escindida 
(ii) No ha emitido acciones a favor de los accionistas de ésta al haberse 
transferido un bloque patrimonial con valor “cero”. 
 
Es pues, en virtud a dichos argumentos que considera que existe una 
desnaturalización de la figura societaria de la escisión y los efectos tributarios neutros 
que esto conlleva. 
 
Así, el Tribunal Fiscal señaló expresamente que: “(…) para efecto de analizar si, 
(…)una escisión parcial llevada a cabo cumpliendo todas las formalidades de ley, 
califica como real o no, (…)es menester verificar(…) los siguientes elementos: (a) el 
traspaso patrimonial y su recepción por la empresa escisionaria, (b) la división de 
actividades y la explotación del patrimonio como una unidad económica nueva o 
formando parte de una ya existente, y (c) la reducción del capital de la sociedad 
escindente y la consiguiente entrega de las acciones o participaciones 
correspondientes. 
 
(…) que en el presente caso no se ha producido ninguna de las circunstancias 
descritas(…), siendo por el contrario que(…) el proceso de reorganización obedeció 
a la necesidad de (…) [Interbank] de dar cumplimiento a las normas a las que se 
encontraba sujeto, por tener la condición de institución bancaria; siendo además que 
tampoco puede considerarse que el objeto de la escisión se orientó a que [la empresa 
bancaria] prosiguiera con las actividades vinculadas al negocio inmobiliario e 
industria de la construcción, que eran la actividad principal de la recurrente. 
 
                                                          
11
 Es importante precisar que actualmente dicha norma se encuentra suspendida. 
15 
 
Que en ese sentido, se encuentra arreglado a ley que la Administración en aplicación 
de la Norma VIII (…), considere que para efecto tributario, las escisiones parciales 
llevadas a cabo por la recurrente con [Interbank] durante el ejercicio 2001, no 
constituían en rigor una reorganización societaria”. 
 
Ahora bien, es menester precisar que la Norma VIII  fue creada con la finalidad de 
identificar aquellos supuestos donde existe una incongruencia entre la realidad 
económica de los hechos y la forma jurídica aplicable a dichos casos. 
 
No obstante ello, la citada norma no pretende analizar las razones que tuvo una 
empresa para el uso de determinada forma societaria, por lo que su utilización en 
aquéllos supuestos donde no existe una contradicción entre la realidad económica y la 
forma jurídica aplicable no resultaría correcta. 
 
12
Dicha opinión, es compartida con Tarazona , quien a su vez señala que la Norma 
VIII, por los antecedentes de la misma y la exposición de motivos de la misma, sólo 
resultaba aplicable en caso una operación no existiera plenamente, al mediar una 
simulación absoluta o relativa. 
 
A manera de comentario, podríamos remontarnos a los orígenes de la Norma VIII, 
esto es, al 21 de abril de 1996, cuando se publicó el Decreto Legislativo No. 816 que 
aprobó el actual Código Tributario, y a partir de éste último texto legal efectuar una 
interpretación histórica de ella. Dentro de las múltiples innovaciones legislativas que 
contenía, consignaba en su Norma VIII del Título Preliminar, como segundo párrafo, 
la siguiente norma: 
 
"Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 
interpretación admitidos por el Derecho. Para determinar la verdadera 
naturaleza del hecho imponible, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT atenderá a los actos, situaciones y 
relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan 
los deudores tributarios. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones y 
relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente 
las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar 
adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los deudores 
tributarios, se prescindirá, en la consideración del hecho imponible real, 
                                                          
12 TARAZONA, Gustavo Enrique. “En rigor, ¿no constituyen reorganizaciones societarias? Los Bloques Patrimoniales 
Negativos/Neutros y la RTF No. 10923-8-2011: Algunas Consideraciones y Propuestas de Cambio”. En Revista Derecho & 
Sociedad No. 43. Año 2015. Lima-Perú. 
 
16 
 
de las formas o estructuras jurídicas adoptadas, y se considerará la 
situación económica real.” . 
 
En la propia edición del Diario Oficial El Peruano de la fecha de publicación del 
mencionado Decreto Legislativo No. 816, seguidamente al texto del nuevo Código 
Tributario se anexó un cuadro comparativo que explicaba didácticamente las 
modificaciones al anterior Código Tributario, que fuera aprobado por Decreto 
Legislativo No. 773. Así, a través del indicado cuadro comparativo, en una primera 
columna se consignaba el texto anterior, en una segunda, la modificación, y en una 
tercera el fundamento de la modificación, el cual constituye, en rigor, la exposición 
de motivos de la norma en cuestión. 
 
En la página 4 del cuadro en mención, al desarrollarse el segundo párrafo de la 
Norma VIII, se fundamenta su incorporación -en la tercera columna-, señalándose 
que: 
 
“Esta norma establece la primacía de la realidad frente a las formas y 
estructuras jurídicas que el contribuyente manipule para no estar dentro del 
campo de aplicación del tributo. Mediante esta norma se aplicará la teoría 
del develamiento para los grupos económicos que implica el 
desconocimiento de las individuales (sic) jurídicas cuando éstas se utilicen 
fraudulentamente.” 
 
Si bien lo pertinente sería analizar el contenido teórico y doctrinario de la referida 
exposición de motivos, debemos señalar que ello resultaría infructuoso, habida 
cuenta que el 22 de septiembre de 1996, esto es, a los seis meses de vigencia del 
Decreto Legislativo No. 816, se publicó la Ley No. 26663 que, entre otras 
modificaciones, SUPRIMIÓ en la norma bajo análisis, el extracto:  
 
“Cuando éstos sometan esos actos, situaciones y relaciones a formas o 
estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho 
privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal 
intención económica y efectiva de los deudores tributarios, se prescindirá, 
en la consideración del hecho imponible real, de las formas o estructuras 
jurídicas adoptadas, y se considerará la situación económica real.” 
 
Conviene en este caso, en aras de verificar a través de una interpretación auténtica 
el sentido de la indicada supresión, citar la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Ley No. 1614 del 9 de agosto de 1996 que dio origen a lo que hoy es el segundo 
párrafo de la Norma VIII vigente, extraída de la página web del Congreso de la 
República, que la sustentó: 
17 
 
 
“Se cuestiona la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, en 
su segundo párrafo, en tanto ésta pretende otorgar a la Administración, la 
facultad de hacer abstracción de la organización jurídica o las relaciones o 
actos realizados al amparo de las normas vigentes, asumiendo como hechos 
imponibles situaciones económicas que ellos consideran que son las reales. 
Ello contraría el propio Código Tributario, en tanto éste establece el 
principio de legalidad (Norma IV), el cual se extiende al hecho generador de 
la obligación tributaria, es decir, al hecho imponible.  
 
Dicho hecho imponible o supuesto de hecho de una norma puede, en virtud de 
la Norma VIII, ser reinterpretado, creando inseguridad jurídica, dado que 
nadie en el país, podría saber si ha pagado sus tributos o no, dado que la 
Administración tendría el poder de "interpretar" que la situación económica 
real del contribuyente no es la verdadera. Al respecto debemos tener en 
cuenta que el Derecho es eminentemente formal. En él interesa la forma, dado 
que ella establece criterios objetivos y uniformes. Se constituye por ello en la 
garantía contra la arbitrariedad. Solamente sería permisible la abstracción 
de las formas, en los casos de delitos tributarios. A mayor abundamiento se 
dispone que la facultad de fiscalización de la Administración se ejerce en 
forma discrecional, lo cual puede derivar en un uso no acorde a derecho del 
poder de la SUNAT. 
 
Ello colisiona con el artículo 74º de la Constitución, primer párrafo que 
establece el principio de legalidad, con el artículo 2º, inciso 14, de la 
Constitución, que establece el derecho a contratar con fines lícitos, y crea una 
contradicción con la Norma IV, inciso a) del Código Tributario, norma que 
desarrolla el principio de legalidad de las normas tributarias.”. 
 
Siendo ello así, queda claro que, en la intención del legislador al aprobar la 
supresión parcial del segundo párrafo de la Norma VIII, prevalecieron los principios 
de seguridad jurídica y de legalidad amparados en nuestra Constitución, sobre una 
eventual arbitrariedad (conforme se aprecia de la exposición de motivos del texto 
original del Decreto Legislativo No. 816, según el cuadro comparativo antes 
mencionado), en que en el presente caso ha incurrido la SUNAT y ha convalidada el 
Tribunal Fiscal en su resolución cuya nulidad ha sido solicitada en la demanda 
interpuesta. 
 
Además, podemos ver que la pretensión que tuvieron los legisladores al suprimir de 
la Norma VIII la frase “Cuando éstos sometan esos actos, situaciones y relaciones 
a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho 
18 
 
privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención 
económica y efectiva de los deudores tributarios, se prescindirá, en la 
consideración del hecho imponible real, de las formas o estructuras jurídicas 
adoptadas, y se considerará la situación económica real”, era precisamente evitar 
lo que ha sucedido en el presente caso; vale decir, que la SUNAT y el Tribunal 
Fiscal reinterpreten o recaractericen nuestros contratos de escisión parcial como 
simples actos de “enajenación” de bienes.   
 
Peor aún, en el presente caso ni siquiera se han sometido los contratos de escisión 
parcial a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el 
derecho privado ofrezca o autorice –caso que la Norma VIII actual ya no 
contempla-.  Por el contrario, los contratos se han celebrado sometiéndolos 
íntegramente a las formas y estructuras jurídicas autorizadas por el derecho positivo 
expresado en la Ley General de Sociedades y en el Reglamento del Registro de 
Sociedades.     
 
Si bien es cierto que la doctrina contiene distintos pareceres sobre la denominada 
consideración económica del hecho imponible, no debemos -ni podemos- apartarnos 
de la norma positiva en cuestión, en base al principio de legalidad reconocido en 
nuestro ordenamiento constitucional y legal vigente y a la interpretación auténtica 
que surge de la Exposición de Motivos reseñada precedentemente. Para tal efecto, 
resulta necesario analizar los extremos del texto vigente del segundo párrafo de la 
Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, que establece lo siguiente: 
 
“Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT- tomará en 
cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, 
persigan o establezcan los deudores tributarios.”  
 
A continuación señalaremos cómo el propio Tribunal Fiscal ha dejado establecido a 
través de reiterada jurisprudencia, el verdadero alcance de la Norma VIII. 
 
En la Resolución No. 06686-4-2004 de fecha 8 de septiembre de 2004, se han 
establecido parámetros que pongan coto a la aplicación abusiva (y, ciertamente, 
inconstitucional) que ha venido efectuando la SUNAT de la Norma VIII. En primer 
término, reconoce que la modificación dispuesta por la Ley No. 26663 -a que hemos 
hecho referencia líneas arriba- supuso una clara limitación al accionar de la 
SUNAT: 
 
“(...) la modificación introducida por la Ley No. 26663 al segundo párrafo de la 
Norma VIII, denota que el otorgamiento de facultades de la Administración para la 
19 
 
determinación o recreación del hecho imponible en base a la finalidad o intención 
económica buscada por las partes, la que corresponde a la figura jurídica del 
"fraude a la ley" conforme se explicará posteriormente, resulta ser una situación 
no querida por el legislador y un supuesto no regulado en el texto actual de la 
mencionada norma;” (el resaltado es nuestro). 
 
Seguidamente, la Resolución bajo comentario expone las limitaciones de la norma 
en cuestión, para efectos del fraude a la ley, cuando señala que: 
 
“(...) la referida regulación que recoge el criterio de la realidad económica o 
calificación económica de los hechos, otorga a la Administración la facultad de 
verificar los hechos realizados (actos, situaciones y relaciones) atendiendo al 
sustrato económico de los mismos, a efectos de establecer si éstos se encuentran 
subsumidos en el supuesto de hecho descrito en la norma, originando en 
consecuencia, el nacimiento de la obligación tributaria, es decir concluyendo que 
aquellos constituyen hechos imponibles; 
 
Que la aplicación de la mencionada regulación lleva implícita la facultad de la 
Administración de dejar de lado la formalidad jurídica del acto o negocio realizado 
por el contribuyente, cuando ésta resulte manifiestamente incongruente con los 
actos o negocios económicos efectivamente realizados (...). 
 
(…) Que, sin embargo, y conforme se ha señalado en los considerandos precedentes, 
la intención del legislador al suprimir el segundo acápite del segundo párrafo de la 
Norma VIII fue eliminar la posibilidad de que la Administración Tributaria 
verificara la intención o finalidad de los contribuyentes al momento de adoptar una 
figura jurídica determinada, a efecto de reinterpretar ésta con arreglo al criterio de 
calificación económica de los hechos; 
 
Que en adición a lo antes expuesto, es pertinente mencionar que la corrección del 
fraude a la ley no se logra por el mecanismo de describir la real operación 
económica dejando de lado la forma jurídica, toda vez que el acto realizado por el 
sujeto es real (ha sido puesto de manifiesto) y supone la única operación efectuada, 
sino que dada la incongruencia entre la finalidad propia de la figura adoptada y el 
resultado perseguido, todo ello con un propósito elusivo, exige dejar de aplicar la 
norma de cobertura, que describe el hecho imponible efectuado, y extender la 
aplicación de la norma eludida o defraudada a dicho hecho imponible. 
 
Que la referida consecuencia que deriva de la existencia de un acto realizado en 
fraude a la ley, ha sido destacada, entre otros especialistas del tema, por Fernando 
Pérez Royo: “Lo que entraña la declaración de fraude de la ley es la recalificación 
20 
 
del acto o situación jurídica en cuestión: se descarta la calificación conforme a su 
naturaleza jurídica (que se considera  creada en abuso de formas jurídicas con 
finalidad de elusión) y se somete a la tributación como si encajara en el presupuesto 
de la norma que se ha tratado de eludir” (...) 
 
(...) Que en consecuencia, cabe concluir que el supuesto del fraude a la ley no se 
encuentra comprendido en los alcances del criterio de la calificación económica de 
los hechos recogidos en la indicada Norma VIII del Título Preliminar del Código 
Tributario;” (los resaltados y subrayados son nuestros). 
 
De lo expuesto en la jurisprudencia extensamente citada, queda meridianamente 
clara la posición de dicho Tribunal en torno a la aplicación del segundo párrafo de 
la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario: la posición en referencia 
es abiertamente contraria a los fundamentos esgrimidos por la SUNAT y por el 
Tribunal Fiscal.   
3.2.  Patrimonios neutros o negativos 
  
13
Tarazona  considera que las reorganizaciones societarias para efectos 
tributarios no se deben sólo a los bloques patrimoniales positivos, toda vez que 
es perfectamente posible que dicha reorganización societaria se haga 
segregando un bloque patrimonial negativo o neutro.  
 
Tomando en cuenta ello, las reorganizaciones societarias en donde se segregan 
bloques patrimoniales negativos o neutros, deben surtir todos sus efectos 
legales y tributarios.  
 
Sin embargo, el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 10923-8-
2011 no se condice con la realidad económica de las reorganizaciones 
societarias, toda vez que desconoce para efectos tributarios, que no son 
verdaderas reorganizaciones societarias.  
 
Consideramos que ello no debería darse actualmente, ya que considerar que la 
segregación de un bloque patrimonial negativo o neutro es válido permitirá que 
las reorganizaciones societarias tengan un papel neutral en las decisiones de 
negocio. 
 
3.3.  Configuración del bloque patrimonial 
                                                          
13
 Tarazona Ospina, Gustavo Enrique. “En rigor, ¿no constituyen reorganizaciones societarias? Los Bloques Patrimoniales 
Negativos/Neutros y la RTF No. 10923-8-2011: Algunas Consideraciones y Propuestas de Cambio”. En Revista Derecho 
& Sociedad No. 43. Año 2015. Lima-Perú. 
21 
 
 
El Artículo 103 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que la reorganización 
de sociedades o empresas se configura únicamente en los casos de fusión, 
escisión u otras formas de reorganización, con arreglo a lo que establezca el 
Reglamento.  
 
Incluso este artículo en la parte incorporada por Decreto Supremo No. 194-99-
EF, vigente desde el 1 de enero de 1999, señaló en el inciso b) de su Artículo 65 
que la reorganización por escisión, bajo cualquiera de las modalidades previstas 
en el Artículo 367 de la Ley General de Sociedades, entre otras, debía 
entenderse como reorganización de sociedades o empresas para efectos de la 
Ley del Impuesto a la Renta.   
 
Por otro lado, el Artículo 367 de la Ley General de Sociedades establece dos 
modalidades de escisión, la primera de las cuales se conoce como escisión total 
y produce la extinción de la sociedad escindida, en tanto que la segunda es 
denominada escisión parcial y supone segregar uno o más bloques 
patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o 
más sociedades nuevas, o son absorbidos por sociedades existentes o ambas 
cosas a la vez.   
 
El citado artículo señala que: “En ambos casos los socios o accionistas de las 
sociedades escindidas reciben acciones o participaciones como accionistas o 
socios de las nuevas sociedades o sociedades absorbentes, en su caso”. 
 
Asimismo, el Artículo 372 de la Ley General de Sociedades, al establecer cuál 
es el contenido del proyecto de escisión, en su numeral 7 expresa que dicho 
proyecto debe comprender: “El capital social y las acciones o participaciones 
por emitirse por las nuevas sociedades, en su caso, o la variación del monto del 
capital de la sociedad o sociedades beneficiarias, si lo hubiere.”  
 
Como podemos ver, la propia Ley General de Sociedades admite que como 
consecuencia de una escisión no necesariamente deba variar el capital social ni 
emitirse acciones o participaciones de las nuevas sociedades, ni variar el monto 
del capital ni emitirse acciones o participaciones de la sociedad o sociedades 
beneficiarias.  
 
Justamente en el caso de las escisiones parciales por absorción, Interbank 
recibió de la Compañía bloques patrimoniales por un valor neto igual a cero, lo 
que a tenor del Artículo 372 antes citado era perfectamente posible, por lo que 
22 
 
Interbank no tuvo que ajustar su capital ni emitir acciones a favor de los 
accionistas de la Compañía. 
 
En concordancia con lo dispuesto por el Artículo 372 de la Ley General de 
Sociedades, el Reglamento del Registro de Sociedades, aprobado por 
Resolución No. 200-2001-SUNARP/SM, publicada el 27 de julio de 2001, al 
establecer en su Artículo 124 cuál debe ser el contenido de la escritura pública 
de escisión para que pueda ésta inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, 
exige, entre otros, en el inciso e): “En caso que sea negativo el valor neto del 
bloque patrimonial que se transfiere, se dejará constancia de su monto y esa 
circunstancia producirá que la sociedad receptora no aumente su capital ni 
emita nuevas acciones (…)” 
 
En ese sentido, puede observarse  que admitiéndose que el bloque patrimonial 
tenga un valor neto negativo, nada obsta, como ha ocurrido en el presente caso, 
para que el valor neto de los bloques patrimoniales transferidos a Interbank 
fuera igual a cero y no tuviera que ser positivo o negativo. 
 
Tomando en cuenta que en las escisiones parciales los bloques patrimoniales se 
transfirieron al valor que tenían en los libros de la Compañía, no se produjo 
ganancia gravada con el Impuesto a la Renta.   
 
Tales escisiones parciales se acogieron a lo dispuesto en el numeral 3 del 
Artículo 104 de la Ley del Impuesto a la Renta, que permite la transferencia a 
valor en libros y hace inaplicable la exigencia contenida en el Artículo 32 de 
dicha ley que hubiera obligado a aplicar valores de mercado generando 
ganancias gravadas con el referido tributo.   
 
En consecuencia, desde el punto de vista del Impuesto a la Renta, las escisiones 
parciales realizadas no generaron ganancia gravada con este tributo ni 
consecuencia tributaria alguna relativa al mismo –es decir, estuvieron inafectas 
al Impuesto a la Renta-. 
 
De otro lado, el inciso c) del Artículo 2 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas establece expresamente que no está gravada con dicho tributo la 
transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la reorganización 
de empresas. A su vez, el inciso a) del numeral 7 del Artículo 2 de la citada ley 
entiende por reorganización de empresas: ”A la reorganización de sociedades o 
empresas a que se refieren las normas que regulan el Impuesto a la Renta”. 
 
23 
 
Ello significa, entonces, que las escisiones parciales realizadas por la Compañía 
y que implicaban la transferencia de bienes (el inmueble conocido como Torre 
Interbank y el pasivo a favor de esta entidad), no generaban la obligación de 
pago del Impuesto General a las Ventas. 
 
En conclusión podemos observar que en este caso: (i) las escisiones parciales 
realizadas por la Compañía cumplieron escrupulosamente con las exigencias 
que al efecto contiene la Ley General de Sociedades y el Reglamento del 
Registro de Sociedades; (ii) calificaron como reorganización de sociedades de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta y al haberse 
transferido a valor en libros los bloques patrimoniales segregados no generaron 
obligación alguna de pago del Impuesto a la Renta; (iii) calificaron como 
reorganización de empresas para efectos del Impuesto General a las Ventas y, 
en tal virtud, la transferencia de la Torre Interbank quedó inafecta al referido 
tributo. 
 
 
VII. CAPÍTULO III: Tratamiento tributario de la escisión en la legislación 
comparada 
 
4.1.  México14 
 
En México el Impuesto neutral sobre las escisiones puede ser aplicado 
siempre que los titulares de al menos el 51% de las acciones con derecho a 
voto de las empresas existentes y de las nuevas siguen siendo los mismos y su 
participación en el capital de la empresa nueva sea proporcional a la cuota de 
voto que tenían o siguen teniendo en el primero, un año antes de la operación 
y dos años después de la operación. 
 
Cabe mencionar que, los activos monetarios sustanciales no serán trasladados 
a las nuevas empresas (dichos activos no excederán al 51% de los activos 
totales), ni la compañía existente conservará activos monetarios sustanciales 
(51% o más de sus activos totales). 
 
Sin embargo, en caso no se cumplen los requisitos mencionados líneas arriba 
la transferencia de activos en virtud de la escisión estaría sujeta al Impuesto a 
la Renta y el IVA. 
 
                                                          
14
 En: https://gettingthedealthrough.com/compare/results/. Actualizado el 28 de setiembre de 2015. 
24 
 
Para efectos del Impuesto a la Renta, las pérdidas de la empresa existente se 
dividirán entre dicha empresa (si subsiste) y la nueva empresa, en la 
proporción en que se asignan los inventarios y cuentas por cobrar, y en casos 
de negocios comerciales o en otros tipos de negocios, en la proporción en que 
se asignan los activos fijos. 
 
 4.2.  Colombia15 
 
El caso colombiano es distinto, en la medida que el régimen tributario 
introducido para las reestructuraciones empresariales ha incorporado 
modificaciones sustanciales en el tratamiento que hasta ahora se daba todos 
los movimientos patrimoniales que se realizaban a través personas jurídicas.  
 
La falta de normas tributarias claras que regularan el tratamiento de los 
aportes en especie realizados a las sociedades comerciales, y la existencia de 
un régimen de neutralidad escueto y sin limitaciones que aplicaba a las 
operaciones de fusiones y escisiones de sociedades, dejaba un vacío que 
además de permitir el abuso de la figuras, implicaba un estatus de 
inseguridad jurídica que estaba sometido a las variadas interpretaciones que 
al respecto tuviera la DIAN. 
 
Así la reforma elimina la regla general de neutralidad y lo establece como un 
sistema excepcional, tanto en la realización de aportes en especie a la 
sociedad como en las reorganizaciones empresariales, por lo cual cuando el 
mismo no es aplicable se entiende que hay enajenación con plenos efectos 
tributarios como ocurre con los aportes realizados a favor de sociedades o 
entidades en el exterior o cuando estas últimas participan como entidades 
adquirentes y beneficiarias en operaciones de reestructuración.   
 
Antes de la reforma, se establecía una regla general de neutralidad en las 
fusiones y escisiones en virtud de la cual la operación no era entendida como 
enajenación para efectos tributarios. Este efecto neutral era aplicable a todas 
las operaciones de reestructuración empresarial que bajo las definiciones 
propias del código de comercio pudieran ser clasificadas como fusión o 
escisión. Esto significaba que, sin importar si el efecto económico de la 
operación de reestructuración era el mismo de una simple compraventa, la 
operación era neutra fiscalmente al estar amparada por la norma general de 
neutralidad aquí descrita y en tal razón no daba lugar a la tributación propia 
de la enajenación de activos.  
                                                          
15
 En: https://gettingthedealthrough.com/compare/results/. Actualizado el 28 de setiembre de 2015. 
25 
 
 
El régimen de neutralidad así concebido, no lograba la protección de los 
intereses que dan lugar a su propio reconocimiento. En general un régimen 
de neutralidad lo que debe conseguir es que en presencia de legítimos 
intereses mercantiles, la tributación no sea un obstáculo.  Y por el contrario, 
ante la ausencia de legítimos intereses mercantiles, no debe brindar la 
neutralidad pretendida. 
 
Este entre otros ha sido el esquema que se ha adoptado en múltiples países, 
entre otros en el sistema europeo plasmado en la Directiva Comunitaria 
2009/133/CE de “fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de 
acciones y traslado del domicilio social de una SE o una SCE”, donde para 
conceder el régimen de neutralidad se somete la operación al test de los 
motivos validos económicos de la misma. 
 
Ahora, por regla general, las fusiones y escisiones “constituyen enajenación 
para efectos tributarios y estarán agravadas con el impuesto sobre la renta y 
complementarios de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de 
enajenación de activos.” 
 
La introducción de esta regla general se acompaña de la creación de un 
régimen excepcional de neutralidad que busca garantizar que la tributación, 
no sea un obstáculo en la realización de operaciones que persiguen intereses 
económicos legítimos.  
 
Así pues, este régimen excepcional de neutralidad, que opera por el simple 
hecho de cumplirse con las condiciones establecidas en la ley para tal efecto 
sin que le esté dada a los partícipes la posibilidad de renunciar al mismo, 
tendrá efectos tanto para las sociedades como para los accionistas, socios o 
participes que se vean involucrados en la operación. 
 
Como podemos ver, en la legislación colombiana existen dos regímenes 
aplicables a las reestructuraciones empresariales, el régimen general bajo el 
cual se reconoce el efecto de las enajenaciones con sus correspondientes 
consecuencias tributarias y, el régimen excepcional de neutralidad aplicable 
solo a quienes cumplan los requisitos según el cual no hay enajenación para 
efectos fiscales.   
  
En ese sentido, dentro del régimen excepcional de neutralidad, surgen dudas 
sobre las razones que llevaron al legislador a reconocerlo de forma 
diferenciada para reestructuraciones adquisitivas y reorganizativas, ya que 
26 
 
los efectos de la neutralidad y los requisitos establecidos para su aplicación 
en una y otra son casi idénticos.  
 
4.3.  Estados Unidos 
 
Para este país, es posible lograr un impuesto neutral si dichas transacciones 
se producen luego de más de cinco (5) años de la adquisición de una 
empresa. Los contribuyentes que participan en una escisión pueden buscar 
confirmación en ciertas cuestiones relacionadas con la calificación de la 
transacción como partes exoneradas de los impuestos mediante la obtención 
de una carta privada de la autoridad tributaria de los Estados Unidos. 
 
En ese sentido, para lograr una escisión con impuesto neutral, es importante 
considerar que: 
 
 La operación de escisión no debe utilizarse como un dispositivo para la 
distribución, libre de impuestos, de dividendos y utilidades. 
 
 La compañía distribuidora y la compañía controlantes deben 
comprometerse inmediatamente después de la operación de escisión en la 
conducta activa de un comercio o negocio y cumplir con ciertos requisitos 
de cinco (5) años con respecto a la conducta activa de la empresa antes de 
la transacción. 
 
 Debe existir una distribución del control de la sociedad controladora, o al 
menos el 80% debe ser distribuido, y el saldo retenido no tiene como 
propósito principal evitar el ajuste. 
 
 La escisión debe satisfacer requerimientos del propósito de negocios 
corporativos. 
 
 Los accionistas deben tener continuidad de interés sobre las acciones 
después de la operación de escisión. 
 
Además, si inmediatamente después de la distribución, un accionista el 50% 
o más de las acciones en la compañía distribuidora o filial distribuida que es 
atribuible a la acción que fue adquirida por la compra dentro del periodo 
anterior de cinco (5) años, hay una ganancia a nivel corporativo de 
reconocimiento en la distribución del accionariado de la subsidiaria 
controlada.  
 
27 
 
Cabe precisar que la ley de ajuste de los Estados Unidos de América 
generalmente no impone impuestos a las transferencias, aunque ciertos 
estados y algunas jurisdicciones locales pueden hacerlo. 
 
4.4. España 
 
El caso español es distinto ya que en este país existe la Directiva de Fusiones 
en su ley y las fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de la actividad 
efectuada en el marco de una reestructuración corporativa o la 
reorganización pueden realizarse de forma fiscal neutra, tanto para 
propósitos directos e indirectos. También, ciertos aportes de capital en 
especie pueden beneficiarse de un aplazamiento de impuestos directos. 
 
Las pérdidas de explotación netas se conservan después de una 
reorganización corporativa fiscal neutra, aunque las pérdidas transferidas 
pueden, en ciertos casos, reducirse, en la medida que los accionistas 
transferentes se hayan beneficiado de una depreciación deducible de los 
impuestos sobre las acciones transferidas que está vinculada a esas pérdidas. 
 
Como se refiere a la escisión total, con efecto neutro, de la empresa existente 
con pérdidas netas, dichas pérdidas deben asignarse a la empresa adquirente, 
en proporción al negocio que cada empresa adquirente asume. Por el 
contrario, en una escisión parcial, las pérdidas netas se mantienen con la 
entidad transmitente. 
 
Fuera del alcance de la Directiva de Fusiones, las pérdidas no pueden ser 
transferidas a la entidad adquirente (ya sea en el contexto de una fusión o 
escisión). 
 
VIII. Conclusiones y comentarios 
 
 Es importante tener en claro que las reorganizaciones societarias que implican 
el cambio de titularidad de activos de una sociedad a otra sociedad de un mismo 
grupo económico constituyen aspectos de la estrategia corporativa y se realizan 
por diversas razones de índole económica. 
 
 Como hemos podido apreciar en el análisis realizado, existen un sinnúmero de 
legislaciones que mantienen un régimen de neutralidad con el claro fin de 
brindar un tratamiento neutral a las reorganizaciones, esto es, que no surjan 
beneficios o desventajas como consecuencia de una reorganización societaria. 
 
28 
 
 En el supuesto que una escisión respetase los requisitos previstos legalmente y 
no existiera discordancia ni incongruencia entre la realidad económica de los 
hechos y la forma jurídica adoptada para la realización de los mismos, no 
procede aplicar el primer y último párrafo de la norma XVI sobre calificación 
económica de los hechos (anteriormente regulados por la Norma VIII) dado que 
el ahorro tributario proveniente de un planeamiento tributario por parte de una 
empresa no debe ser un argumento que utilice la autoridad tributaria para 
reparar la realización de determinada operación. 
 
 La aplicación del sistema tributario no debería significar una limitación para la 
adopción de decisiones relativas a operaciones de reorganización empresarial. 
 
 
IX. Bibliografía 
 
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