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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 
 
 
COMPETENCIAS ENTRE LAS UNIDADES DE ESTADÍSTICA  DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y OTRAS INSTITUCIONES.  
(ARTICULACIÓN DE LA DATA E INTEROPERABILIDAD) 
 
 
 
Tesis para optar el Título de Magister en Ciencia Política y Gobierno 
 
PRESENTADO POR WALTER WILLY SALAZAR SANCHEZ 
 
ASESOR: FRANK RENATO CASAS SULCA 
 
 
 
 
 
 
 
LIMA – PERÚ 
2015 
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ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
I. CAPÍTULO I:  
 
1. La Seguridad como Problema Público 
1.1. Definición de Problema Público 
1.2. Definición de Seguridad 
1.3. La Seguridad Como Problema Público  
1.4. Rol del Estado en la Provisión de Seguridad 
2. Políticas Públicas y la Seguridad 
2.1. Definición de Políticas Públicas 
2.2. Objetivos de las Políticas Públicas 
2.3. La como objeto de la Política Pública 
2.4. Las Etapas de una Política Pública 
 
II. CAPÍTULO II:  
 
1. Descripción del Problema 
1.1. Determinación del Problema Social 
1.2. Determinación del Problema Público 
1.3. Diversidad de las cifras estadísticas 
1.4. Problema de Interoperabilidad 
1.5. Conclusiones 
 
III. CAPÍTULO III:  
 
1. La Interoperabilidad en el Estado Peruano 
1.1. La Policía Nacional del Perú como administrador del 
Sistema de Interoperabilidad de Orden Interno 
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1.1.1. Normas que regulan la interoperabilidad y el sistema 
de Estadística de la PNP 
1.1.2. Protocolos y procedimientos de las Oficinas de 
Estadística de la PNP e interoperabilidad interna y 
con otras instituciones. 
1.2. El Ministerio Público 
1.2.1. Normas del Ministerio Público de interoperabilidad 
1.2.2. Protocolos y procedimientos de las Oficinas de 
Estadística del Ministerio Público e interoperabilidad 
interna y con otras instituciones. 
1.3. Comparación de los procesos de captación de información 
por las Unidades de Estadística. 
1.4. Análisis de los procesos de captación de información 
1.5. Conclusiones. 
 
IV. CAPÍTULO IV:  
 
1. Causas del problema de recolección y utilización de información 
para fines estadísticos y su empleo en la interoperabilidad de 
orden interno 
 
1.1. Unidades de Estadísticas de la Policía Nacional del Perú. 
1.2. Deficiente interoperabilidad entre las Entidades del Estado, 
en materia de Orden Interno y Orden Público  
 
2. Consecuencias del problema de recolección y utilización de 
información para fines estadísticos y su empleo en la 
interoperabilidad de Orden Interno y Orden Público 
 
2.1. En cuanto a las Unidades de Estadísticas de la Policía 
Nacional del Perú 
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2.2. En cuanto la deficiente interoperabilidad entre las 
Entidades del Estado, en materia de Orden Interno y Orden 
Público  
 
V. CONLUSIONES 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 
5 
 
INTRODUCCIÓN 
 
No es para nadie extraño que hoy por hoy la inseguridad se ha convertido en 
uno los problemas más importantes (si no es que el más importante). La 
delincuencia, en todas sus modalidades, ha alcanzado una dimensión tal que 
no solo afecta a la misma seguridad ciudadana, sino que también impacta 
negativamente en la economía y aún en la política. Por tal razón, la lucha 
contra la delincuencia exige en el escenario actual, el trabajo conjunto y lo más 
eficientemente posible de las diferentes instituciones involucradas en la lucha 
contra la delincuencia. Estamos hablando de la Policía, lo gobiernos locales, el 
sistema de justicia (jueces y fiscales), etc.  
En lo que respecta a la institución policial, la eficiencia mencionada, para ser 
alcanzada, requiere de una serie de requisitos. Entre estos se puede 
mencionar: la adquisición de armamento y equipos adecuados que sirvan para 
una adecuada lucha contra la delincuencia; una distribución de los efectivos 
policiales que sea más racional, basada en las necesidades y la situación real 
de seguridad de cada espacio; una mayor asignación de recursos para cubrir 
todas las necesidades logísticas, de personal, etc., de la Policía. Es claro que, 
para que se logren estas condiciones se ha de diseñar y desarrollar políticas 
públicas de seguridad, las cuales no se pueden construir sobre la base de las 
simples especulaciones, sino que tienen que tener una justificación y un 
basamento empírico, que tome en cuenta las condiciones de la realidad social 
del delito.  
Pues bien, de lo anterior se desprende que estos objetivos no se pueden lograr 
sino teniendo una información de calidad y sistematizada, la cual va a servir de 
base para las posteriores tomas de decisiones en el combate contra la 
delincuencia. La idea es no tener solamente datos inconexos, que no se 
encuentren integrados; peor aún, se debe evitar la existencia de datos falsos o 
inexactos, los cuales necesariamente llevarían a que se hagan decisiones 
6 
 
equivocadas. Al contrario, se debe aspirar a tener datos correctos, de calidad, 
que sirva para elaborar análisis precisos sobre el contexto y las condiciones 
reales; en función de ello es que se podrá arribar a medidas concretas óptimas. 
En la actualidad, la totalidad de los datos relativos a la delincuencia se 
encuentran dispersos en diferentes instituciones, las cuales llegan a manejar 
estadísticas disímiles, por ejemplo, en lo relativo a la incidencia de los delitos. 
La idea de unificar la información puede verse ayudada debido a la existencia 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, conocido como SINASEC, que 
es el órgano integrador de las diferentes instancias involucradas en la 
seguridad pública. 
El tema de la presente tesis es precisamente, la integración y sistematización 
de la información. Específicamente, se tratará acerca de la articulación de los 
datos, y la interoperabilidad. Esta última, se considera como la capacidad de  
las instituciones para compartir información automatizada. Más detalladamente, 
se entiende como la “capacidad que tienen las organizaciones dispares y 
diversas para intercambiar, transferir y utilizar, de manera uniforme y eficiente 
datos, información y documentos por medios electrónicos, entre sus sistemas 
de información”.  
Pues bien, este tema, en la presente tesis, se desarrollará a lo largo de cuatro 
capítulos. En el primero de estos se abordan las cuestiones de la Seguridad 
como problema público, y de las políticas públicas en materia de seguridad. 
Esto nos llevará a revisar los conceptos -fundamentales para nuestro trabajo- 
de problema público, seguridad y políticas públicas, así como la idea de 
seguridad como problema público y la vinculación entre seguridad y la 
implementación de políticas públicas. 
En el segundo Capítulo está dedicado a la descripción de problema principal 
que se abordará en la tesis. Se incluirá la descripción de la interoperabilidad 
como problema, así como las diversas aristas derivadas de la no 
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sistematización de la información (principalmente, lo referido a la diversidad de 
las cifras estadísticas acerca de la criminalidad). 
En el Capítulo tercero se abordarán los temas referidos a la interoperabilidad 
en el marco del Estado Peruano, con especial énfasis en la labor de la Policía 
Nacional como administradora del Sistema de Interoperabilidad del orden 
interno. De otra parte, también se analizará la labor del Ministerio Público (ente 
que también maneja cifras relacionadas con la criminalidad), así como, se 
mostrarán las líneas principales y se hará un análisis de los procesos de 
captación de información.  
En el Capítulo cuarto y último, que tiene una finalidad evaluativa general, se 
expondrán las causas y consecuencias del problema de recolección y 
utilización de información para fines estadísticos y su empleo en la 
interoperabilidad de orden interno y orden público. En cuanto a las causas del 
problema, se analizarán tanto al nivel de la actuación de las Unidades de 
Estadística de la Policía Nacional y como de la deficiente interoperabilidad de 
las entidades del Estado en materia de orden interno y orden público. 
Finalmente, se expondrán las consecuencias derivadas de las limitaciones en 
los dos ámbitos mencionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
CAPÍTULO I 
 
1. LA SEGURIDAD COMO PROBLEMA PÚBLICO 
 
1.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA PÚBLICO  
 
Con la finalidad de poder entender con claridad el problema público es 
necesario conocer las diferentes definiciones que los académicos 
brindan respecto a este tema; David F. Fuentes, indica que “los 
asuntos que componen la agenda de un gobierno en turno son 
considerados problemas públicos. Estos problemas generalmente 
son complejos, de gran escala, interdependientes, conflictivos e 
irresolubles, y la sociedad considera que la única manera de tratarlos 
es por medio de la acción del Estado”. (Fuentes, 2003:15); mientras 
que Luís Aguilar, expresa “que son cuestiones, conflictos o 
necesidades que conciernen y preocupan a los ciudadanos y que ellos 
con independencia del gobierno o en comunicación con él consideran 
asuntos generales de estado y, en consecuencia, asuntos de 
gobierno”. (Aguilar, 1993:31); y Philippe Garraud (1990:20), indica que 
un problema público debe ser considerado como: “una demanda que 
surge de grupos sociales, el desarrollo de un debate público y la 
existencia de un conflicto entre los grupos sociales organizados y las 
autoridades políticas”.  
 
Dentro de estas definiciones, nos inclinaremos por la expresada por 
Luís Aguilar, por cuanto engloba, por un lado la participación de los 
ciudadanos para ayudar identificar el problema o situación que los 
afecta y por el otro, la del Estado para estructurarlo y dar las 
alternativas de solución, dentro del ámbito de su responsabilidad 
estatal.  
 
 
9 
 
1.2. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD  
 
La interacción humana a través del tiempo ha generado una serie de 
riesgo para su propia existencia, que se encuentra vinculado entre 
otros aspectos con la seguridad; que para su compresión cabal 
citaremos a Spring y Brauch,( 2009:173), quienes definen que 
“seguridad se relaciona estrechamente con la paz y se ha vuelto un 
valor y una meta de las actividades de las naciones, así como de los 
actores en el nivel sub y supra Estado, que requieren medidas 
extraordinarias”; mientras que las Naciones Unidas en su Informe 
Sobre Desarrollo Humano de 1994, indica  que el “concepto de 
seguridad se ha interpretado en forma estrecha durante demasiado 
tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra la agresión externa, o 
como protección de los intereses nacionales en la política exterior o 
como seguridad mundial frente a la amenaza de un holocausto 
nuclear. La seguridad se ha relacionado más con el Estado-nación que 
con la gente” (1994:25); asimismo, emite un concepto más 
humanitario, introduciendo el concepto de seguridad humana, como 
la situación en donde “la gente puede ejercer una gama de opciones 
en forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que 
las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente 
mañana”. (1994:26-27). 
Desde el punto de vista humanitario, es válido afirmar que la seguridad 
humana puede ser entendida como la tarea de humanizar la 
seguridad; por lo tanto, compartimos la definición de Naciones Unidas, 
por presentar un concepto que equipara la seguridad con las personas, 
en lugar de los territorios, y con el desarrollo, en lugar de las armas; 
evaluando las preocupaciones en materia de seguridad humana tanto 
a nivel nacional como internacional. 
 
 
 
10 
 
1.3. LA SEGURIDAD COMO PROBLEMA PÚBLICO  
 
La seguridad, como problema que afecta la coexistencia pacífica de los 
ciudadanos, merece la atención del Estado, conforme lo describe 
SALAS PEÑA, (2011: 6), al indicar que “[…] La seguridad es un asunto 
público, pues forma parte de la convivencia cotidiana de los ciudadanos 
en un marco de integridad y salvaguarda de los derechos de las 
personas, es por ello que es de vital importancia tomar en cuenta el 
significado del espacio público. La seguridad también es un bien común 
o público; es indivisible y debe de proveerse de manera imparcial, y al 
ser una condición de interés social su observancia debe ser general 
para todo el territorio nacional”; lo que conlleva, a una intervención 
activa y responsable del Estado para brindar las condiciones mínimas 
de seguridad, conforme se desprende del Informe Regional de 
Desarrollo Humano 2013-2014, que “[…]” considera a la seguridad 
como un bien público y, por lo tanto, insiste en la responsabilidad 
irrenunciable del Estado para proveerla”  (2013:9).  
 
El Estado, como generador de las políticas públicas, destinadas a 
resolver los problemas que demandan los ciudadanos, y siendo la 
seguridad un problema que merece toda la atención del aparato 
estatal; es importante que el Estado a través de sus instituciones 
concentren sus esfuerzos para dar solución a éste problema público, 
llamado “Inseguridad”. 
 
1.4. ROL DEL ESTADO EN LA PROVISIÓN DE SEGURIDAD 
 
La actuación del Estado en la resolución de los problemas que atañen 
a la población, específicamente respecto a la seguridad, constituye una 
de las principales funciones que deben estar presentes en las políticas 
de gobierno; José Gonzales (2002:126 y 130), indica que “la 
seguridad pública se ha convertido en prioridad tanto de los 
11 
 
gobernados como gobernantes, ya que ésta no solo representa el 
sentir y percibir  respecto de un ámbito seguro y libre de cualquier 
peligro, sino que se trata de una garantía constitucional a la que todo 
individuo tiene derecho, pero sobre todo, es la razón de ser del Estado, 
toda vez que es el encargado de generar las condiciones necesarias 
para que los individuos realicen sus actividades con la confianza de 
que su vida, patrimonio y el ejercicio de sus libertades y derechos no 
van hacer transgredidos.  
 
Dicha responsabilidad asumida por el Estado, es también apoyada por 
Carrillo-Florez (2007: 179-196), al decir que el (…) “control, 
prevención, sanción y represión de la violencia y el crimen constituyen 
una responsabilidad básica e irrenunciable del Estado, y por ello son un 
elemento central de las políticas públicas, sin perjuicio de las 
responsabilidades que en esta materia pueden corresponderle a la 
sociedad civil.   
 
Por consiguiente, el rol del Estado a través del gobierno que lo 
representa, tiene obligaciones inherentes hacia la ciudadanía, 
tendientes a proporcionarle las condiciones que le permitan 
desarrollarse en un clima de paz y respeto irrestricto de los derechos 
humanos; situación que podría revertirse, si el Estado no asume como 
tal dicho papel. 
  
 
2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA SEGURIDAD 
 
2.1. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Para nuestro estudio y compresión de las políticas públicas, tomaremos 
como punto de partida algunos extractos  de varios autores como  
Eugenio Lahera (2004:8), que señala que las políticas son los “cursos 
12 
 
de acción desarrollados por el Gobierno, con relación a un objetivo 
determinado, que contribuyen a crear o transformar las condiciones en 
que se desenvuelven las actividades de los individuos y de los diversos 
grupos sociales”; Tamayo Saez (1997:2), las políticas públicas como el 
“conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un 
gobierno para solucionar los problemas que en un momento 
determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 
prioritarios”; mientras que para Joan Subirats, Peter Knoepfel y otros 
(2008:36), viene a ser una “serie de decisiones o de acciones, 
intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos 
y a veces no públicos cuyos recursos, nexos institucionales e intereses 
varían a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente 
definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da 
lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, 
tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, 
originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el 
interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del 
problema en cuestión”. 
 
Las definiciones de Tamayo y la de Subirats, engloban claramente lo 
que se denomina política pública; lo que nos permite tener una visión 
clara, con respecto a lo que el Estado tiene que hacer para solucionar 
los problemas e inconvenientes públicos que enfrenta la ciudadanía, 
utilizando sus recursos y demás medios que le permitan cumplir con su 
deber de proteger y satisfacer las necesidades básicas de la sociedad 
en su conjunto; de ahí la importancia del presente tema. 
 
2.2. OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Los objetivos de las políticas públicas, se encuentran tácitamente 
establecidos en su conceptualización; Joan Subirats, Peter Knoepfel 
y otros (2008:38), expresan que la “política pública pretende resolver 
13 
 
un problema social reconocido políticamente como público. La 
definición propuesta supone pues el reconocimiento de un problema, 
es decir, la existencia de una situación de insatisfacción social, cuya 
solución requiere la acción del sector público”; el  profesor Aguilar 
(2009:14), indica que la “política pública es: a) un conjunto de acciones, 
estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a realizar 
objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver 
problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; 
asimismo, Merlo (2004:11) establece como objetivos públicos, la de 
identificar necesidades sociales a satisfacer y problemas públicos a 
resolver, inventariar proyectos (planes o programas) diseñados y/o 
gestionados por las diferentes niveles del gobierno y reparticiones de la 
administración y relacionar, por una parte, los proyectos inventariados 
y, por la otra, las necesidades y los problemas identificados, 
detectando, si los hubiera, los defectos probables.  
 
A través de los conceptos vertidos por Joan Subirats, Peter Knoepfel 
y Aguilar; se determina claramente que los objetivos de las políticas 
públicas es atender los problemas sociales que se incorporan a la 
agenda pública; de tal forma que el Estado se sienta con la obligación 
de brindar todas las medidas necesarias para que los ciudadanos se 
sientan tranquilos y seguros al momento de realizar sus actividades 
cotidianas. 
 
2.3. LA SEGURIDAD COMO OBJETO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 
La inseguridad es un problema generalizado en todos los niveles de la 
sociedad, que afecta a la comunidad, las personas y sus relaciones; 
constituyéndose en un problema público, que requiere la intervención 
del Estado; Hebberecht, (2002:35), expresa que una “política pública  
es el conjunto de decisiones y actividades que tienen como finalidad 
directa y específica incrementar la seguridad estatal”;  Carrillo-Florez, 
14 
 
(2014:188), “[…] la seguridad ciudadana viene dada por el ejercicio y la 
capacidad que tiene el ciudadano de desenvolverse en su vida 
cotidiana sin amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos 
y sus bienes […]”. 
 
Entonces, al considerarse a la seguridad como un objeto de las 
políticas públicas, conforme se desprende de lo expresado por los 
académicos antes mencionados, conllevan a que las decisiones del 
Estado se enmarquen no sólo dentro de una política criminal represiva, 
sino que desarrolle una estrategia multisectorial, poniendo énfasis en 
el respeto de los derechos fundamentales de las personas y dentro de 
los principios de un Estado de derecho democrático; buscando que 
mejorar una realidad  social siempre cambiante. 
 
2.4. LAS ETAPAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA 
 
En el ciclo o proceso de las políticas públicas, los autores académicos 
muestran algunas diferencias de la forma de plantearlo, pero en 
esencia contemplan las fases esenciales que permiten elaborar la 
política pública que se requiere; el filósofo político John Rawls, 
(2000:36), establece cuatro etapas del proceso de las políticas 
públicas, el origen, diseño, gestión y evaluación de las políticas 
públicas. La articulación de la política y las políticas públicas puede ser 
mejorada en cada una de las etapas analíticas de estas últimas. Tal 
perfeccionamiento puede considerarse parte de la modernización del 
sistema político;  
 
Según Lindblom (1999:14), el ciclo de desarrollo de las políticas 
públicas pasa por las fases de: ingreso de una problemática social a la 
agenda pública, formulación de políticas públicas para atender la 
problemática en cuestión, Implementación de las políticas públicas 
15 
 
(conjunto de intervenciones públicas), y Evaluación de las políticas 
públicas y su modificación. 
 
Para Joan Subirats, Peter Knoepfel y otros (2008), el ciclo de las 
políticas públicas, está constituido por el surgimiento de un problema, 
percepción de los problemas privados y públicos, inclusión en la 
agenda gubernamental, formulación de alternativas, decisión y 
adopción de un programa legislativo, implementación de los planes de 
acción y por último la evaluación de los efectos de la política pública. 
Figura Nº01. 
Figura Nº 01: CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la presente investigación, tomaremos como instrumento de 
estudio el ciclo de las políticas públicas de Joan Subirats, Peter 
Knoepfel y otros; por cuanto, nos permitirá realizar un análisis más 
concienzudo, respecto al tema de investigación, en lo referente a la 
implementación de una política estatal, desde el punto de vista de la 
gestión pública. 
16 
 
CAPÍTULO II 
 
1. Descripción Problema 
 
1.1  Determinación del Problema Social 
 
Actualmente existe un problema de criminalidad en el país, ya que cada 
vez la inseguridad como problema público aumenta. Esta implica la 
suposición de que la criminalidad ha ido en aumento en los últimos años. 
Esta presuposición es respaldada tanto por la percepción de la 
ciudadanía de que existe una mayor cantidad de delitos actualmente en 
comparación con otros años, y por la cifras de victimización. Por otro 
lado, cada vez se difunde más la comisión de delitos. Ahora bien, esto 
no necesariamente implica que en la realidad se den más delitos, sino 
que estos están más presentes hoy que en otros tiempos, ya sea porque 
tienen mayor notoriedad a través de los medios de comunicación, o aún 
porque, actualmente son más conocidos por las autoridades. 
 
Sabemos que la criminalidad es uno de los temas más debatidos y de 
preocupación por parte de nuestra sociedad, a la cual no podemos 
cerrar los ojos ni voltear la página, diciendo simplemente que es un 
problema policial que debe ser resuelto por el Estado;  el incremento de 
la dimensión del fenómeno criminal, conlleva a una situación de 
inseguridad ciudadana, que es percibido por la sociedad por el grado 
intenso e innecesario de violencia que ejercen los criminales en la 
comisión de los  ilícitos penales contra el patrimonio, la vida, la salud, la 
libertad individual y otros delitos. 
 
Conductas criminales, que no pueden ser considerados como hechos 
aislados, por el contrario se han convertido en los últimos años en una 
situación rutinaria, que vienen acentuando la violencia en nuestra 
sociedad, que por lo usual que se torna, tienden a visualizarse con 
17 
 
indiferencia y resignación, ya que todos los días los medios de 
comunicación escrita y televisiva, se encargan de difundir noticias de 
violaciones, robos, secuestros,  homicidios, extorsiones, en agravio de 
personas trabajadoras y honradas, sin importar el sexo o edad de la 
víctima 
 
Por lo cual, consideramos que la inseguridad ciudadana e incremento de 
la criminalidad constituye un problema social, que afecta el desarrollo 
normal de las actividades de los integrantes de la comunidad; quienes 
por el temor de ser una víctima más de la delincuencia, se ven con la 
necesidad de adoptar excesivas o extremas medidas de seguridad en su 
domicilio o barrio, restringiendo muchas veces su libertad y libre tránsito. 
Sullivan y otros (1980:10), afirman que un problema social existe 
“cuando un grupo influyente percibe una condición social que amenaza 
sus valores y puede ser remediada a través de la acción colectiva. 
 
Ante esta situación de crisis social, que nos agobia a todos los peruanos, 
por cuanto hemos sido en los últimos años testigos de innumerables 
hechos delictivos, que se resume en asaltos, robos y crímenes por 
diversos motivos; muchos especialistas, autoridades y ciudadanos 
consideran que sin voluntad política del ejecutivo y la materialización de 
verdaderas reformas multisectoriales que comprometan a los otros 
poderes del Estado, el problema seguirá desbordándose y la violencia se 
volverá incontrolable en un clima  generalizado de criminalidad. 
 
Para hacer frente a esta situación, entonces, las agencias estatales han 
buscado la respuesta de cómo controlar y combatir al delito. Para ello, 
se han llevado a cabo una serie de acciones específicas por parte del 
Estado. Entre estas, las principales son las compras de armamentos y 
equipo que sirva para luchar contra la delincuencia, la asignación de 
recursos para la policía, la distribución territorial de efectivos de 
seguridad, etc. Todas estas acciones se supone que están dirigidas y 
18 
 
llevadas a cabo en función de una política pública que contiene metas e 
indicadores que sirvan para su evaluación. Consecuentemente, se 
deriva de lo dicho que es importante evaluar las políticas públicas de 
seguridad, pero sobre la base de evidencia que dé datos objetivos 
acerca de la idoneidad y eficacia de las políticas aplicadas. No obstante, 
a pesar de ello, hay que ser consciente de que evaluar el éxito de las 
medidas contra el delito es sumamente difícil.  
 
Lo anteriormente dicho hace pensar en la importancia de la calidad de la 
información disponible para la toma de decisiones. Es decir, no se trata 
de solamente tener datos dispersos o sin mayor interrelación entre ellos, 
o muchos datos inexactos, puesto que todos ellos no nos serán de 
demasiada utilidad. De lo que se trata es de tener buenos datos, 
información de calidad, que es la que nos va a permitir llevara a cabo 
análisis certeros y exactos sobre la realidad, a partir de lo cual podremos 
tomar buenas medidas. En ese sentido, como dice Hawrylciw, se deben 
denunciar los delitos, porque son la fuente a partir de la cual se pueden 
lograr estadísticas certeras acerca de la dimensión de la delincuencia 
(Hawrylciw: 2013).  
 
Precisamente, mucha de esta información de calidad proviene de 
diferentes agencias estatales. En el caso peruano, las instituciones que 
manejan la data relativa a la seguridad ciudadana conforman el Sistema 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC). El SINASEC está conformado por:  
 
a. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que cuenta con una 
Secretaría Técnica. 
b. Los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana. 
c. Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. 
d. Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana 
 
19 
 
A su vez, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está integrado 
por: 
 El Ministro del Interior, quien lo preside. 
 El Ministro de Justicia o su representante. 
 El Ministro de Educación o su representante. 
 El Ministro de Salud o su representante. 
 El Ministro de Economía y Finanzas o su representante. 
 Un representante de la Corte Suprema de Justicia 
 El Fiscal de la Nación o su representante. 
 El Defensor del Pueblo o su representante. 
 Dos Presidentes Regionales o sus representantes. 
 El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante. 
 Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con 
mayor número de electores o sus representantes. 
 
1.2 Determinación del Problema Público 
 
Estamos seguros que para que un problema social reciba la atención de 
del gobierno de turno, se requiere identificarse claramente como parte 
de la agenda pública en un momento determinado, con lo cual se 
considera que se trata de un asunto cuya solución es de carácter 
prioritario. Por consiguiente, por agenda de gobierno se entiende al 
conjunto de problemas, demandas, cuestiones y asuntos que los 
gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción, 
objetos sobre los que han decidido actuar. (Aguilar, 1993: 15-21) 
 
 Los asuntos que componen la agenda de un gobierno, son considerados 
problemas públicos; estos problemas generalmente son complejos, de 
gran escala, conflictivos e irresolubles, y la sociedad considera que la 
única manera de tratarlos es por medio de la acción del Estado. Desde 
este punto de vista, las políticas públicas son el conjunto de objetivos, 
20 
 
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 
problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio 
gobierno consideran prioritarios. (Tamayo, 1997:281-312). 
 
 El crecimiento económico que viene experimentando el país, en las 
últimas décadas, ha traído entre otras cosas, una deficiente distribución 
de los ingresos fiscales y una inadecuada política social que han 
conllevando a una serie de secuelas sociales negativas, dentro de las 
cuales destacan la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la 
prostitución, la violencia y el desempleo entre otros fenómenos sociales; 
problemas cuyas soluciones dependen del apoyo que pueda 
proporcionar el Estado. 
  
 La delincuencia es una clara expresión de inseguridad ciudadana; los 
habitantes del país se ven amenazados por la violencia juvenil,  robos a 
transeúntes y viviendas, la violencia contra las mujeres, los robos de 
automóviles, secuestros, homicidios y tráfico ilícito de drogas; panorama 
negativo que hace suponer a los ciudadanos que conciban al Estado 
como el ente protector de la colectividad, que debe utilizar todos sus 
recursos disponibles para garantizar su integridad física y sus bienes, 
creando las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades 
diarias en un ambiente de convivencia pacífica y de tranquilidad.  
La inseguridad ciudadana y la delincuencia son fenómenos sociales, 
que por su complejidad y multicausalidad requieren soluciones 
multidisciplinarias, coordinadas y articuladas entre todos los sectores 
del Estado, no solamente del sector Interior sino de todos aquellos que 
se encuentran relacionados con el problema público llamado 
inseguridad ciudadana; con la finalidad de implementar políticas 
integrales con participación del ciudadano, que permitan enfrentar 
eficaz y objetivamente el problema. 
21 
 
El incremento de la inseguridad ciudadana y la delincuencia, conlleva a 
que la ciudadanía tenga una percepción de abandono político y social 
del Estado, generado por falta de capacidad de respuesta a la 
inseguridad; problema que debido a su magnitud y diversificación ha 
adquirido una gran preocupación e interés por parte del gobierno para 
incorporarlo como un problema relevante que merece toda su atención,   
a fin   de realizar acciones concretas que permitan ofrecer ciudades más 
seguras. 
 
 Siendo la inseguridad ciudadana y la delincuencia problemas sociales 
que viene afectando a toda la población, por sus consecuencias nefastas 
sobre el desarrollo individual y colectivo del ciudadano, ha sido 
introducido a la agenda pública en busca de soluciones por parte del 
Estado, como un derecho de la persona; facultad que surge de la 
obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los 
términos del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”; cuya prevención y control es el objeto de las 
políticas públicas de seguridad ciudadana. 
 
 El Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indica que la 
seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los 
Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios 
hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando también el 
concepto de seguridad.  El concepto de seguridad que se manejaba 
antes se preocupaba únicamente por garantizar el orden como una 
expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado.  Hoy en día, 
los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la 
participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la 
protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe 
darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos 
22 
 
fundamentales.  Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, 
cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a 
la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo 
crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de 
las personas.  
 
1.3 Diversidad de las cifras estadísticas 
 
 Una de las formas de determinar la magnitud de la inseguridad y la lucha 
contra la criminalidad en nuestro país, es la medición estadística del 
fenómeno criminal, que nos permitirá conocer la realidad social del delito 
para la adopción de las políticas públicas necesarias que permitirá 
realizar previsiones y adoptar medidas sociales, económicas y penales 
para reducirla o controlarla. 
 
Entiéndase que intentar “medir” la violencia y criminalidad es una tarea 
compleja;  que se torna más difícil hacerlo a través de las fuentes de 
información disponibles, tanto aquellas que provienen de las 
instituciones gubernamentales como no gubernamentales; por cuanto 
existen diferencias sustantivas en torno a la unidad de análisis 
considerada, así como en el proceso de sistematización de los 
antecedentes, que no comparten un criterio unificado para procesarlas; 
es decir no necesariamente existe un criterio metodológico de cruzar la 
información y corroborarla; sumándose a dicho problema, el celo que 
tiene cada entidad para manejar su información de manera confidencial, 
debilitando así la capacidad estatal para la acción planificadora y 
operativa de la política criminal. 
Sun Tzu, dice "Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 
cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te 
conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a 
los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla"; 
23 
 
frase tomada del libro el Arte de la Guerra, considerado como el texto de 
las estrategias militares, políticas y de negocios; principio estratégico 
que es aplicable para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana 
y la delincuencia; en ese sentido, el conocimiento de dichos fenómenos 
sociales, que tienen nuestros policías y autoridades, es que no cuentan 
con el respaldo técnico ni estadístico necesario, sino que actualmente se 
tiene cifras diversas y contradictorias sobre indicadores básicos para 
conocer el problema de la inseguridad. No se sabe cabalmente cuál es 
el número de homicidios, violaciones, robos, hurtos, en fin, de delitos y 
faltas cometidos en el país, ni dónde se realizaron, cómo se gestaron, 
cuáles son las tendencias, etc. Esto se debe a que no hay un sistema 
integrado de estadísticas y a que el porcentaje de denuncia de hechos 
delictivos es bastante bajo; todo eso conlleva a que no conozcamos con 
certeza el problema de la inseguridad. 
Para determinar las políticas públicas que permitan enfrentar con éxito 
este fenómeno de inseguridad, debemos conceptualizar objetivamente la 
diferencia entre criminalidad real y criminalidad aparente; por cuanto 
dicho conocimiento será relevante para comprender cómo se ha venido 
utilizando dichos datos para la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana. 
 
El criminólogo José María RICO (1997:35-36), define a la 
criminalidad real como el conjunto de delitos que se cometen 
efectivamente en un espacio y tiempo dados, prescindiendo de que  
hayan sido o no denunciados, investigados, juzgados o sentenciados, 
mientras que la criminalidad aparente conforma con el número exacto 
de infracciones comunicadas a la policía y al Ministerio Público o 
descubiertas por esos organismos; por último la criminalidad oculta, es 
la diferencia entre la criminalidad real y la aparente, denominada cifra 
negra de la criminalidad. 
  
24 
 
La percepción de inseguridad ciudadana, conforme estudio realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el 
periodo comprendido de Julio 2011 a Julio 2012, se registró 86.7%, cifra 
que es considerado como “bastante elevado”. Se trata de datos del 
módulo especializado en Seguridad Ciudadana de la Encuesta de 
Programa Estratégicos (ENAPRES), los cuales fueron obtenidos en base 
a 33 mil encuestas a hogares en zonas urbanas a nivel nacional, y no en 
base a denuncias efectuadas. (Figura Nº 02) 
 
 FIGURA Nº 02: Población de 15 y más años de edad con percepción de 
inseguridad para los próximos doce meses, según sexo 
(Por porcentaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta 
Nacional de Programas Estratégicos 2011-2012  
 
El problema no sólo se genera por la percepción de inseguridad del 
ciudadano, sino que los hechos también lo respaldan, conforme lo 
podemos demostrar con el estudio realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INEI), que fuera plasmado en el Informe Técnico-Estadística 
de Seguridad Ciudadana Nº 01 del 20 Marzo del 2014, en donde se 
aprecia que el número de denuncias por la comisión de delitos, 
25 
 
correspondiente al año 2013, se encuentra elevado en comparación a 
los años 2011 y 2012. (Figura Nº 03) 
  
Figura Nº 03: Denuncias por comisión de delitos 2011-2013 
Fuente: Ministerio del Interior-Oficina de Estadística de la Policía Nacional del 
Perú y Dirección General de Gestión en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
 
1.4 Problema de interoperabilidad en la Policía Nacional del Perú 
 
En los últimos años se ha hecho mención a los criterios que deben 
asumir las instituciones para compartir información automatizada. A este 
proceso se le ha denominado interoperabilidad.  
 
De manera amplia, se puede entender la interoperabilidad como “la 
capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los 
que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos” (Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 2015). Más específicamente, y con relación a 
las instituciones públicas, la interoperabilidad se puede entender como 
“Capacidad que tienen las organizaciones dispares y diversas para 
intercambiar, transferir y utilizar, de manera uniforme y eficiente datos, 
información y documentos por medios electrónicos, entre sus sistemas 
26 
 
de información” (Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología 2012). La interoperabilidad es importante porque ella 
“permite llevar a la práctica las políticas de Modernización del Estado, 
Descentralización, Simplificación Administrativa y Gobierno Electrónico, 
a su vez permite implementar servicios públicos en línea, para que los 
ciudadanos puedan acceder a través de Internet y móviles, utilizando 
firmas y certificados digitales y documentos electrónicos” (Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 2015). 
 
La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Tecnología de la Información y Comunicación de la PNP, administra la 
Plataforma de interoperabilidad de la Policía Nacional (En proceso de 
implementación); asimismo, recopila, procesa y difunde la estadística 
policial, en base a la información que proporcionan las Unidades de 
Estadísticas de las Regiones y Direcciones Especializadas de la Policía 
Nacional del Perú; las  mismas que son publicadas en los memorias 
anuales institucionales. 
 
Por su parte el Ministerio Público, cuenta con una Oficina de 
Racionalización y Estadística, que depende de la Gerencia General de 
dicha Institución, encargada de la elaboración y actualización de los 
cuadros estadísticos del sistema fiscal, de metodologías y técnicas de 
programación y cuantificación de la información; así como elaborar 
publicaciones estadísticas institucionales como anuarios y boletines; a 
través de sus sistemas informáticos de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) 
y Gestión Fiscal (SGF), almacena y hace seguimiento a los casos y 
denuncias. 
 
Asimismo, el Ministerio Público tiene un Observatorio de la Criminalidad 
creado el 2005, con funciones específicas para gestionar información 
sobre la incidencia de delitos, infracciones a la ley penal y violencia 
familiar, monitorear el accionar fiscal en casos de feminicidio, accidentes 
27 
 
de tránsito, operativos de prevención y eventos de trascendencia 
nacional, entre otras funciones. 
 
A pesar de que todo este esfuerzo por organizar entidades que 
coadyuven a la sistematización de los datos es relevante, parece que en 
la práctica no llega a cumplirse. Esto porque los problemas de 
coordinación interinstitucional son una constante en la administración 
pública, incluyendo el caso peruano.  Dice al respecto de los problemas 
de coordinación institucional un analista: 
 
En distintas ocasiones todos hemos escuchado las palabras 
‘coordinación institucional’ y, en algunos casos, no precisamente como 
una característica que destaque en la gestión de nuestras entidades 
públicas. No en vano esta aparece frecuentemente señalada como uno 
de los problemas que tradicionalmente afectan la labor del Estado, tanto 
en el nivel nacional como en el nivel local (…) El tema no es una 
novedad y, menos aún, se restringe al caso de ambas entidades, pues 
la verdad es que las dificultades en materia de coordinación institucional 
son patentes en otras áreas de la actividad estatal (…) La pregunta 
central aquí es esta: ¿Qué hace tan difícil que las instituciones 
coordinen entre sí? ¿Por qué eso que es consustancial a la naturaleza 
de cualquier entidad pública termina por convertirse en una tarea 
titánica, al punto de que abunden comisiones de todos los tipos y 
jerarquías para tratar de mejorar la interacción entre instituciones 
estatales? La respuesta no es sencilla. Coordinar requiere tiempo y 
esfuerzo. No basta con la emisión de un decreto o una directriz 
ordenando coordinar o con la creación de una comisión para que dicha 
función ocurra automáticamente. Tampoco resulta tan simple como que 
dos jerarcas se pongan de acuerdo para que la coordinación tenga 
lugar, es un paso necesario pero no suficiente. En su expresión más 
crónica, la falta de coordinación tiene asidero en factores complejos 
como la existencia de normativa que ha endilgado responsabilidades a 
las más variadas entidades sobre un mismo tema, una débil 
planificación que no considera las correlaciones en el cumplimiento de 
las acciones programadas, una tendencia a cumplir aquellas funciones 
que son consideradas como propias en detrimento de las de los demás, 
la ausencia de un responsable de la coordinación, entre otras. Cuando 
esto último sucede, lo usual es que cada quien termine por repartir las 
culpas entre los demás (Arroyo Flores 2008). 
 
Esto se manifiesta, en el caso peruano en relación al tratamiento de la 
data del crimen y la seguridad, en el hecho de que las instituciones 
terminan por manejar diferentes cifras con respecto a los mismos delitos. 
28 
 
Así pues, uno de los problemas centrales es la falta de homogeneidad 
de datos por centro de registro. Muchas instituciones descentralizadas 
del Estado recogen información, y esta a veces no es utilizada en los 
informes nacionales. Veamos este caso.  
 
Tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú manejan 
criterios, técnicas y protocoles diferentes  en cuanto a la recopilación, 
procesamiento, sistematización del registro y difusión de las estadísticas 
relacionadas con la conceptualización y  tipos de delitos, frecuencia, 
víctimas y lugar donde se han producido los ilícitos penales; por ejemplo 
en el 2011 el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional del Perú 
(PNP), registraron marcadas diferencias en las cifras de homicidios 
ocurridos ese año, donde el MP registró 24 homicidios por cada 100,000 
habitantes, mientras que la PNP registró 9 homicidios por 100,000 
habitantes. (Datos extraídos del Informe de los Registros de Información 
de las Unidades Estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de 
la Criminalidad-CEIC). Por consiguiente es una necesidad establecer 
criterios comunes a todas las instituciones estatales para el manejo de 
información estadística. (Figura Nº 4)  
FIGURA Nº 4: Denuncias por presunto delito de homicidios 
(Ratio por 100, 000 habitantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio Público y Policía Nacional del Perú 
Elaborado: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria 
29 
 
Como se puede ver, hay disparidad en las cifras acerca del número de 
ilícitos que manejan cada una de estas instituciones. La pregunta obvia 
que surge es ¿a qué se debe esto? Más allá de la respuesta que aquí se 
pueda dar, lo que se puede decir por el momento es que muchas veces 
existen problemas que impiden que el proceso de interoperabilidad se 
lleve a cabo de una manera óptima. Estos problemas pueden ser 
culturales (distintas formas de enfocar el delitos por parte de cada una 
de estas instituciones, por ejemplo, así, el Ministerio Público puede tener 
un acercamiento más jurídico-teórico, mientras que el de la policías sea 
más factual o real), institucionales (falta de coordinación o de distribución 
de tareas entre instituciones), logísticos (insuficiencia de equipos o de 
sistemas de comunicación entre instituciones) y metodológicos 
(diferentes metodologías para cuantificar la ocurrencia del delito). Lo que 
nos interesará, por tanto, es determinar cuáles son los problemas que se 
dan en el caos peruano. 
 
Por lo pronto, se puede mencionar que existiendo, una Política Nacional 
de Gobierno Electrónico 2013-2017, que se enmarca  dentro de la 
Estrategia de Modernización de la Gestión Pública 2012-2016 y su 
respectiva Política Nacional al 2021, así como el Plan Bicentenario y sus 
ejes de desarrollo (Estado eficiente y descentralizado); han  permitido la 
dación de los Decretos Legislativos Nº1135  “Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior y el Decreto Legislativo Nº1148 “Ley 
de la Policía Nacional del Perú, mediante el cual  asignan a la Policía la 
administración de la Plataforma de Interoperabilidad Electrónica en 
materia de Orden Interno y Orden Público, que forma parte del Ministerio 
del Interior y del Sistema Nacional e Informática, con la finalidad de 
articular  los registros de información de la Institución con los del Poder 
Judicial, Ministerio Público, RENIEC, SUNAT, SUNARP , SBS, 
SUCAMEC, entre otras instituciones públicas y privadas, que permitan el 
acceso, obtención y procesamiento de la información necesaria  para 
fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. 
30 
 
 
Pese al tiempo transcurrido, desde la dación de las normas referidas, 
hasta el momento, no se ha podido implementar dicha plataforma de 
interoperabilidad, lo que viene generando un problema de lentitud y 
eficiencia en el trabajo policial, con respeto a la obtención en tiempo real 
de la información que administran las Unidades de Estadísticas de la 
PNP y las entidades públicas y privadas comprometidas en la 
implementación de la Plataforma Electrónica de Interoperabilidad de 
Orden Interno, Orden Público y Seguridad Ciudadana.  
  
Los efectos en cuanto a la problemática planteada, por la ineficiencia del 
Estado para materializar en el menor plazo la implementación de la 
Plataforma de Interoperabilidad de Orden Interno y Seguridad 
Ciudadana; conllevaría a que el Estado a través de la Policía Nacional 
del Perú, no pueda optimizar sus procedimientos policiales en la lucha 
contra la criminalidad; en perjuicio de la seguridad que demanda la 
ciudadanía; demostrando el Estado su falta de capacidad de gestión 
para articular a las instituciones comprometidas e implementar la política 
criminal adecuada. 
 
1.5 Conclusiones 
 
La inseguridad ciudadana y el incremento delincuencial son problemas 
que vienen afectando gravemente a la sociedad, el desarrollo económico 
y por ende la consolidación democrática del país; impone no solamente 
altos costos económicos, sino que está menoscabando la vida política 
de la nación. El Estado por mandato constitucional tiene la 
responsabilidad de brindar la condiciones de paz y tranquilidad que 
requiere la comunidad para el libre ejercicio de sus derechos y deberes; 
problema que deberá de solucionar mediante el  desarrollando de 
políticas públicas acertadas y concertadas, con participación de todos 
los sectores comprometidos e incluyendo de la sociedad civil, que cada 
31 
 
vez más debido al aumento de la percepción de inseguridad y la débil  
capacidad de respuesta, exigen mayor protagonismo del Estado para 
satisfacer la demanda de seguridad. 
 
El problema de inseguridad ciudadana, debe ser considerada como  
cuestión de Estado, más no solo de gobierno; el ausentismo existente de 
la falta de conocimiento integral en el tema, por la interacción que debe 
darse entre las diversas instituciones públicas involucradas en la 
solución del problema y en la recopilación de información relacionada a 
la criminalidad; no permite tener criterios estandarizados en el 
procesamiento y análisis de datos ni en la formulación de los informes 
que registran la evolución del fenómeno criminal en el país; por 
consiguiente, el diagnóstico cuantitativo respecto a dicho problema, será 
deficiente para la elaboración de una política pública.  
 
La data o información cuantificada de la criminalidad, que recogen y 
procesan las instituciones públicas como la Policía Nacional del Perú y el  
Ministerio Público, no mantienen una homogenización de sus 
procedimientos o protocolos, lo que imposibilita que estos  interactúen o 
intercambien información entre ellos; es decir, no cuentan con un 
sistema de interoperabilidad que le permita coordinar y cruzar 
información en tiempo real, conllevando a la emisión de informes con 
data errónea que dan una lectura equivocada de la realidad, respecto al 
problema de inseguridad ciudadana que a queja al país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
CAPÍTULO III 
 
1. La Interoperabilidad en el Estado Peruano 
 
Dentro del marco de modernización de la gestión del Estado Peruano, 
mediante Resolución Ministerial Nº274-2006-PCM, se aprueba la 
Estrategia Nacional de gobierno Electrónico, como instrumento de gestión 
que define las actividades informáticas de las entidades de la 
Administración Pública integrantes del Sistema de Informática en sus 
diferentes niveles, facilitando la coordinación de las entidades del Estado; 
y estableciéndose como Objetivo Estratégico 2, desarrollar y establecer la 
plataforma de red transaccional del Estado, denominado actualmente 
como “Plataforma de Interoperabilidad del Estado”-PIDE. 
 
Con Decreto Supremo Nº063-2007-PCM, se determina que parte de las 
funciones de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática-
ONGEI, es la de implementar la Estrategia Nacional de Gobierno 
Electrónico; la misma que se materializará con la creación de la 
infraestructura tecnológica que permita entre otros servicios, la 
implementación del intercambio electrónico de datos, a través de sus 
respectivos sistemas de tecnología de la información y las 
comunicaciones de las entidades del Estado, llamado Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado, tendientes a mejorar la gestión institucional 
con alto impacto en los ciudadanos. 
 
Mediante Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM, se dan los estándares 
y especificaciones de Interoperabilidad del Estado Peruano, orientado a 
implementar la interconexión entre las entidades del Estado, con la 
finalidad de intercambiar datos a través de medios electrónicos de 
procesamiento de información; por lo que, con Decreto Supremo N° 083-
2011-PCM, se crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE, 
como infraestructura tecnológica que permite la implementación de 
33 
 
servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónico de 
datos, entre las entidades del Estado a través del internet u otros medios 
tecnológicos; que será administrada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través de la ONGEI, dentro del marco de modernización de la 
gestión del Estado. 
 
Las entidades del Estado, además de intercambiar información podrán 
emitir comunicaciones y resoluciones válidas por medios electrónicos de 
cualquier documento administrativo, debiendo dichas entidades facilitar 
mediante convenios el acceso a los documentos de los ciudadanos que 
obren en su poder y que se encuentren en archivo electrónico, cuyo uso 
estará limitada a la administración pública para la resolución de sus 
procedimientos de su competencia, conforme lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificaciones Digitales (DS.N°052-
2008-PCM).   
 
En lo referido al tema de la seguridad y el registro de la información 
acerca del delito, las instituciones que principalmente se han ocupado de 
este aspecto son la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. 
Usaremos el caso de estas dos entidades para el análisis de cómo se 
comparte información sobre la data del crimen. Actualmente, ambas 
instituciones, la PNP y el Ministerio Público recogen información de 
denuncias de delitos. 
 
La base legal del registro de denuncias de la PNP se encuentra en la Ley 
de la Policía Nacional del Perú, Decreto Legislativo Nº 1148, que en su 
artículo 51 establece la plataforma de interoperabilidad electrónica, 
mientras que en el artículo 52 establece el empleo de medios 
tecnológicos y registros con fines policiales. 
 
Ley de la Policía Nacional del Perú, Decreto Legislativo Nº 1148. 
Artículo 52º.- (…) 
La Policía Nacional del Perú implementará el Registro Nacional de 
Seguridad Pública, que contendrá los registros y bases de datos, en 
34 
 
todo tipo de soporte físico o magnético, que contengan información o 
datos que permitan hacer un seguimiento del accionar delictivo a nivel 
nacional. Forman parte de este registro: antecedentes policiales, 
referencias policiales, vehículos robados, personas desaparecidas, el 
sistema de registro y estadística del delito de trata de personas y afines, 
bienes culturales sustraídos, pasaportes sustraídos o perdidos, 
documentos oficiales sustraídos o perdidos, vehículos, naves o 
aeronaves empleadas para la comisión de ilícitos penales, personas 
jurídicas utilizadas para la comisión de delitos, identidad balística, 
identificación dactilar de delincuentes, infractores a la Ley General de 
Tránsito y otros registros propios de la labor policial. 
 
Por su parte, la base legal de la función de recoger denuncias por parte 
del Ministerio Público, se encuentra en Resolución de la Fiscalía de la 
Nación No 1485-2005-MP-FN, que crea el Observatorio de Criminalidad 
del Ministerio Público, el 15 de julio de 2005. Esta Resolución, en su 
artículo 1 dice: 
 
Resolución de la Fiscalía de la Nación No 1485-2005-MP-FN.  
Artículo 1.- CONSTITUIR el Observatorio de Criminalidad del Ministerio 
Público, integrando los sistemas del Registro Nacional de Detenidos y 
Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva 
(RENADESPPLE), Instituto de Medicina Legal "Leonidas Avendaño 
Ureta", Escuela del Ministerio Público "Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos 
Roedel" y el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal 
(SIATF). 
 
La información que se puede obtener de ambas instituciones es 
importante, ya que acoplada y sistematizada sirve de sólida base para la 
construcción de políticas públicas en materia de seguridad, y contra la 
delincuencia.  
 
 
1.1. La Policía Nacional del Perú como administrador del Sistema de 
Interoperabilidad de Orden Interno 
 
 La Policía Nacional del Perú es la institución encargada de administrar 
el sistema de interoperabilidad en el ámbito del orden interno. Para 
esto, se guía de la definición y conceptos que esa el Estado peruano 
35 
 
como interoperabilidad. Para el Estado peruano interoperabilidad es 
“La capacidad de dos o más sistemas para intercambiar y utilizar la 
información. Es la capacidad de los sistemas de información y de los 
procedimientos, para compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento” (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 
e Informática 2015). La interoperabilidad, según este mismo organismo 
estatal, ofrece los siguientes beneficios: 
 
 Cooperación entre instituciones de la administración pública, sin 
distinción del nivel de desarrollo tecnológico de estas. 
 Simplificación de la actividad administrativa y de los procesos de 
negocio de las instituciones. 
 Permite utilizar más fácilmente estándares abiertos y aplicaciones 
tecnológicas de distinta generación. 
 La reutilización de datos y funcionalidades que puede redundar en 
una disminución de los costos. 
 La mejora de la toma de decisiones. 
 Mayor facilidad en la realización de trámites por el ciudadano o 
usuario. 
 Mejora de la capacidad de promover la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
1.1.1. Normas que regulan la interoperabilidad y el Sistema de 
Estadística de la PNP 
 
En el sector interior, con la promulgación del Decreto Legislativo 
N°1135 del 10 de diciembre del 2012-Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, se establece en el artículo 
24, que dicho sector administrará la plataforma de 
interoperabilidad electrónica en materia de orden interno y orden 
público, como parte del Sistema Nacional de Informática, con la 
finalidad de articular los registros de información del Poder 
36 
 
Judicial, Ministerio Público, PNP, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-
RENIEC, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria-SUNAT, entre otras entidades del 
Estado, que permita el acceso, obtención y procesamiento de la 
información, con la finalidad de garantizar , mantener y 
restablecer el orden interno, orden público, seguridad pública, 
seguridad ciudadana y defensa nacional. 
 
Con la dación de la Ley de la Policía Nacional del Perú-Decreto 
Legislativo N°1148 del 28 de noviembre del 2012, en su artículo 
51, se establece también que la Policía Nacional del Perú-PNP 
administrará dicha plataforma de interoperabilidad electrónica 
policial; y en su artículo 52, instituye que la PNP implementará el 
Registro Nacional de Seguridad Pública, que contendrá los 
registros y base de datos que permitan hacer un seguimiento del 
accionar delictivo nacional. 
 
La Policía Nacional del Perú a través de la Dirección Ejecutiva 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones-DIRECTIC, 
de la Dirección Nacional de Gestión Institucional, es el órgano 
encargado de llevar a cabo la sistematización de los procesos de 
las unidades de la PNP; responsable de organizar, coordinar y 
ejecutar las actividades relacionadas con el desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones de software, administrar la 
Plataforma de Interoperabilidad de la Policía Nacional del Perú; 
así como recopilar, procesar, analizar y difundir la información 
estadística de los órganos que conforman el Sistema Estadístico 
de la PNP.  
 
Como ente rector de Sistema de Estadística de la PNP, tiene 
como base legal el Decreto Ley Nº 563 del 05ABR90 que 
37 
 
modifica el Art. 53 de la Ley del Poder Ejecutivo (DL 560) que 
amplía las responsabilidades del Instituto Nacional de 
Estadística, encargado de conducir el Sistema Nacional de 
Estadística e Informática, debiendo formular la política Nacional 
de Informática del Sector público; Decreto Legislativo Nº 604 del 
05ABR90que aprueba la Ley “De Organización y Funciones del 
INEI”, donde se precisa que el INEI es un organismo público 
descentralizado con personería jurídica de derecho público y de 
gestión dependiente de la PCM; RM. Nº 028-80-IN-OSPI/E de 
20JUN80, que crea el Sistema Estadístico del Ministerio del 
Interior y aprueba su Reglamento de Organización y Funciones; 
y Directiva Nº DPNP-10-01-2004 de FEB2004, que establece 
normas y procedimientos generales a los que deben sujetarse 
los órganos componentes del Sistema Estadístico de la Policía 
nacional del Perú, que permitan regular la recopilación, 
procesamiento, análisis y difusión de la información estadística 
en la Policía Nacional del Perú. (Figura N°05) 
 
Figura N° 05.-Organigrama de la DIRECTIC-PNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
1.1.2. Protocolos y procedimientos de las Oficinas de Estadística de la 
PNP e interoperabilidad interna y con otras instituciones. 
 
Primeramente, cabe dar una idea de cómo se da el flujo del 
proceso de interoperabilidad, de manera ideal. Esto se puede 
ver en el siguiente gráfico: (Figura N° 06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 06: Flujo del proceso de interoperabilidad 
Elaboración Propia 
 
 
Sin embargo, es claro que aún se está demasiado lejos de este 
ideal. De hecho existen diversas limitaciones institucionales y 
materiales que hacen que no se logre el óptimo deseado. Por 
otra parte, tomando en cuenta el testimonio de los mismos 
agentes policiales, nos encontramos con quejas en el sentido de 
que es muy difícil compartir información con otras instituciones 
(como puede ser el Ministerio Público, Municipalidades, Poder 
39 
 
Judicial, etc.). En general, todo esta dificultad se debe a la 
existencia de muchos problemas logísticos (falta de equipos, 
sistemas integrados, bases de datos conjuntas, programas 
informáticos de integración, etc.) e institucionales (falta de 
coordinación, cadenas de mando u organización, intermediarios 
institucionales, etc.). 
 
A nivel de la Institución Policial, las Unidades de Estadística 
integrantes del Sistema Estadístico  de la Policía Nacional del 
Perú, conforme a la Directiva N° DPNP-10-01-2004 de Febrero 
del 2004, registran manualmente la información que administran, 
en formatos preestablecidos por el órgano rector, utilizando el 
programa de Excel, que luego es remitido dentro de los siete 
primeros días de cada mes a la Dirección de Estadística de la 
Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información de la PNP, 
empleando medios magnéticos o vía correo electrónico al email 
estadisticaemg@yahoo.com  o estadisticapnp@yahoo.es, con 
un oficio de atención. 
 
La Dirección de Estadística de la DIRECTIC-PNP, consolida y 
analiza la información estadística recibida en un plazo de 20 
días, para luego ser presentado a la Dirección General de la 
PNP   y a la Oficina General de Planificación del Sector Interior; 
así como a los demás órganos del sistema estadístico para su 
retroalimentación y validación. Al término del periodo anual 
elabora el Anuario Estadístico para su publicación en la página 
web de la PNP. (Figura N°07) 
 
 
 
 
40 
 
Figura N°07: Flujograma de la información estadística en la PNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La interoperabilidad electrónica interna entre las diferentes 
Unidades de la PNP, no se viene realizando; cada Dependencia 
Policial registra y proceso su información de su competencia en 
forma empírica, para uso exclusivo de la misma Unidad Policial; 
sin embargo, los requerimientos de información de otras áreas 
de la PNP, son atendidas dentro de los plazos administrativos 
establecidos, previa remisión de un documento de atención.  
 
La Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, a través de la plataforma electrónica 
denominada Sistema de Información Policial, cuyo portal se 
encuentra en la página web de intranet de la PNP, absuelve 
consultas de información respecto a personas requisitoriadas 
(Sistema RQ), vehículos con orden de captura, antecedentes 
policiales e identidad de personas, que son requeridas por las 
41 
 
diferentes Unidades Policiales para el cumplimiento de sus 
funciones.  
 
La interoperabilidad con las diferentes entidades del Estado, 
conforme lo plantea el Decreto Legislativo N°1148-Ley de la 
PNP; se encuentra en proceso de implementación a cargo 
Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones de la PNP; sin embargo, gracias a convenios 
interinstitucionales han podido acceder a ciertos registros de 
información de las entidades siguientes: 
 
a) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC.- 
Las diferentes Unidades de la PNP, pueden acceder a la Base 
de Datos de la RENIEC, vía internet a través de cualquier 
computadora, mediante el uso de una clave y contraseña que 
otorga la Dirección de Telemática de la PNP; pero ellos no 
pueden acceder a la Base de datos de la PNP. 
  
b) Instituto Nacional Penitenciario-INPE.- Se accede a través del 
Sistema de Información Policial-ESINPOL (Plataforma 
Electrónica de Datos), vía internet, para obtener información 
de personas internadas en los Centros Penitenciarios. 
 
c) Superintendencia Nacional de Migraciones.- Acceden sólo las 
entidades de la PNP que laboran en Puesto Fronterizos, 
Aeropuertos y Puertos, para activar el sistema de “Alerta 
Temprana”, de extranjeros con órdenes de captura.  
 
d) Poder Judicial.-  A través de los diferentes Juzgados a nivel 
nacional, remiten las órdenes de captura a la División de 
Requisitorias de la PNP, quienes las sistematizan y las pone a 
disposición de todas las Unidades PNP, por medio del 
Sistema de Información Policial, denominado Sistema de 
42 
 
Requisitorias a nivel nacional vía internet, cuyo nombre 
técnico Sistema RQ(ESINPOL). 
 
La Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones de la PNP, en relación a la implementación de 
la Plataforma de Interoperabilidad en materia de orden interno y 
orden público, con las otras entidades del Estado, ha priorizado 
interconectarse inicialmente con la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT, 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-
SUCAMEC, Superintendencia Nacional de Registros Públicos-
SUNARP, Ministerio de Transporte y comunicaciones-MTC, 
Instituto Nacional Penitenciario y Ministerio Público; con el apoyo 
de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE. 
 
En tanto se implemente la Plataforma de Interoperabilidad 
electrónica, el intercambio de información entre la Policía 
Nacional del Perú y las demás entidades del Estado, se realiza 
mediante un documento de atención (Oficio), la misma que será 
absuelta en los plazos establecidos en la ley de procedimiento 
administrativo general.  
  
1.2. El  Ministerio Público 
 
1.2.1. Normas del Ministerio Público de interoperabilidad 
 
El Ministerio Público, para la implementación de la 
interoperabilidad de la plataforma de orden interno y orden 
público, enmarca su trabajo en el Decreto Supremo Nº063-
2007-PCM (Estrategia de Gobierno Electrónico-Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado), Resolución Ministerial Nº 381-
43 
 
2008-PCM(Estándares y especificaciones de Interoperabilidad 
del Estado),   Decreto Supremo N° 083-2011-PCM(Creación de 
la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE), Decreto 
Legislativo N°1135 (Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, administración de la plataforma de 
interoperabilidad electrónica en materia de orden interno y 
orden público), y Decreto Legislativo N°1148 (Ley de la Policía 
Nacional del Perú, administración de la  plataforma de 
interoperabilidad electrónica policial) 
 
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del Congreso 
de la República ha emitido un dictamen favorable al Proyecto 
de Ley N° 1851/2012-PE, (Interoperabilidad de las instituciones 
públicas encargadas de combatir la criminalidad), de fecha 20 
de junio 2014, que tiene por objeto establecer mecanismos 
para el intercambio de información de las Instituciones de 
control y persecución Penal (Ministerio Público, Poder Judicial, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del 
Interior, Instituto Nacional Penitenciario, Policía Nacional y 
demás responsables); el proyecto reconoce como principios 
rectores el de colaboración, respecto al uso de las bases de 
datos y el principio de confidencialidad para asegurar la 
exclusividad de la información para fines específicos y 
seguridad de la no distribución o comercialización de los 
mismos. 
 
El 20 de marzo del 2012, el Ministerio Público, suscribió un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder 
Judicial, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Constitucional y la Academia de la Magistratura para la 
interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia, 
44 
 
que permitirá intercambiar datos y posibilitar la interacción en 
común de la información y conocimiento en materia de 
administración de justicia. 
  
El Ministerio Público, mediante la  Ley N° 26295(Creación del 
Registro Nacional de detenidos y sentenciados), modificado por 
Ley N°26900, asume la responsabilidad de organizar y 
administrar el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a 
Pena Privativa de la Libertad efectiva,  la que contiene los 
datos actualizados de las personas detenidas por miembros de 
las FFAA, Policía Nacional y por mandato judicial; y ampliado 
por Ley N°30250 (Que incorpora al Registro de detenidos a los 
niños y adolescentes en condición de retenidos); a través de 
esta base de datos, cualquier persona puede acceder a dicha 
información.(Figura N°08) 
Figura N°08: Organigrama del Ministerio Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
1.2.2. Protocolos y procedimientos de las Oficinas de Estadística del 
Ministerio Público e interoperabilidad interna y con otras 
instituciones. 
 
La Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio 
Público, de acuerdo al Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Resolución Fiscal de la Nación 
N°067-2009-MP-FN, tiene como principales funciones la de 
formular el Plan Estadístico del Ministerio Público, elaboración 
y actualización de cuadros estadísticos del Sistema Fiscal, 
elaboración del Anuario Estadístico y coordinación y 
asesoramiento en la recopilación, procesamiento, análisis y 
actualización de la información en los sistemas informáticos de 
la institución, entre otras funciones. 
 
Para la sistematización de la información, utiliza los sistemas 
informáticos denominados Sistema de Información de Apoyo al 
Trabajo Fiscal (SIATF), para los procesos inmersos en el 
Código de Procedimientos Penales de 1940; y el Sistema de 
Gestión Fiscal (SGF), para su aplicación al Nuevo Código 
Procesal Penal de 2004; sistemas que tienen como punto de 
partida las denuncias formuladas por la Policía Nacional del 
Perú a través de Atestados y Partes Policiales, denuncias de 
parte, de oficio o derivados por otro órgano fiscal, las que son 
ingresadas a la Mesa de Partes de las Oficinas del Ministerio 
Público para posteriormente derivadas a las fiscalías 
correspondientes para la formalización de la denuncia o su 
archivamiento. (Figura N°09) 
 
 
 
46 
 
Figura N°09:  Flujograma de la información estadística del 
Ministerio Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Observatorio de  la Criminalidad del Ministerio Público, 
conforme a la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1485-
2005-MP-FN, gestiona información sobre incidencia de delitos, 
infracciones a la ley penal y violencia familiar, especificando su 
magnitud, características y factores que inciden en su 
disminución, mantenimiento o incremento; contribuir en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y 
programas para la prevención y ´persecución del delito; 
gestionar información sobre los programas de persecución 
estratégica del delito a través del procesamiento y análisis de 
encuestas; difundir los resultados más relevantes sobre la 
criminalidad en el país y las acciones del Ministerio Público en 
el marco de la política de persecución del delito, en forma 
semanal, mensual y anual; entre otras funciones.  
47 
 
El Ministerio Público emplea la interoperabilidad dentro de su 
institución, almacenando y realizando seguimiento a los casos 
y denuncias que se ventilan en sede fiscal a nivel nacional, a 
través del Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal 
(SIATF), para los procesos inmersos en el Código de 
Procedimientos Penales de 1940; y el Sistema de Gestión 
Fiscal (SGF), para su aplicación al Nuevo Código Procesal 
Penal de 2004. Mediante dichos sistemas se exportan bases 
de datos que son trabajados por la Oficina de Racionalización y 
Estadística de la Gerencia General y por el Observatorio de la 
Criminalidad del Ministerio Público. 
 
1.3. Comparación de los procesos de captación de información por 
las Unidades de Estadística. 
 
La Dirección de Estadística de la Policía Nacional del Perú, tiene 
como punto de partida del proceso de captación de información el 
registro de la denuncia que realiza el ciudadano en la Comisaría o 
Dependencia Policial y el Parte Policial de constatación de un hecho 
delictivo. La denuncia en la ciudad de Lima se registra directamente 
en el Sistema Informático de Denuncia Policial-SIDPOL, en provincias 
se realiza en los Libros de Registros de Denuncias Comunes o  
Reservadas; posteriormente, se produce el llenado de los formatos 
estadísticos predeterminados en Excel, en donde se recoge 
información cuantitativa(número de casos por delitos y el número de 
casos por el medio empleado en el delito); no registrándose 
información de cada hecho ilícito, víctimas, autores, cómplices, entre 
otros datos de interés estadístico;  en base a dicha información la 
Dirección de Estadística de la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones de la Dirección Nacional de Gestión 
48 
 
Institucional PNP, elabora informes mensuales que se plasman en el 
Anuario Institucional. 
 
Cuando la información-denuncia es obtenida en provincia, al término 
del mes, se procede al llenado de los formatos Excel preestablecidos, 
de acuerdo al tipo de ocurrencia (Delitos, accidentes de tránsito, trata 
de personas, Faltas, operativos policiales, entre otras); 
posteriormente, los formatos llenados son remitidos a la Dirección 
Territorial de la PNP-DIRTEPOL, para su consolidación y remisión a la 
Dirección de Estadística de la PNP, en medio físico o digital. 
 
El Ministerio Público, recoge su información de los registros 
administrativos de Atestados, Partes o Informes Policiales, denuncias 
de parte, de oficio o por derivación de otro órgano fiscal; que son 
ingresados en los sistemas informáticos (SIATF y SGF), de las Mesas 
de Partes de las diferentes sedes fiscales; esta información es 
trasladada y trabajada por el Área de Estadística o por el Observatorio 
de la Criminalidad, quienes elaboran Informes mensuales y anuales. 
   
1.4. Análisis de los procesos de captación de información  
 
La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, en sus procesos 
de captación de información, utilizan distintas unidades orgánicas 
para suministrar datos, que responden a las  estructuras territoriales y 
necesidades de cada institución; en la Policía Nacional, la información 
se centralizaba en cada una de las grandes Regiones Policiales, 
Frentes Policiales y Direcciones Especializadas; mientras que el 
Ministerio Público centralizaba la información a nivel de distrito fiscal, 
totalmente diferente a la organización de la PNP. 
 
49 
 
Las cifras o datos obtenidos en base a las denuncias que recepcionan 
dichas instituciones, se diferencian en razón a la distinta organización 
territorial de cada una de ellas, la Policía Nacional del Perú brinda 
datos a nivel distrital, provincial y nacional, mientras que el Ministerio 
Público lo hace a nivel de distrito fiscal; situación que produce 
problemas al momento de realizar un análisis comparativo de los 
datos obtenidos en los diferentes niveles territoriales; así como de 
fuentes diferentes. 
 
Las informaciones de los hechos delictivos obtenidos por la Policía 
Nacional y el Ministerio Público para medir la magnitud del delito, al 
ser previamente calificadas jurídicamente por una u otra institución, en 
el proceso de generar datos estadísticos, no concuerdan en algunos 
casos, dándole una tipicidad diferente al hecho criminal; 
consecuentemente los resultados que se obtengan del análisis 
estadístico conllevará a que cada institución tengo un producto final 
diferente, que es plasmado en sus respectivos Informes y Anuarios 
Estadísticos; situación que genera la pérdida de credibilidad en 
ambas instituciones en cuanto a la producción de data del delito.    
 
El no contar con criterios comunes y uniformes en el manejo de las 
informaciones estadísticas, por parte de las instituciones estatales, 
conlleva a no poder tener un diagnóstico preciso sobre la incidencia 
delictiva y sus causas, por consiguiente toda planificación nacional de 
política criminal resultaría un fracaso en su implementación y 
ejecución; la no estandarización de los criterios para el trabajo de los 
datos estadísticos, comporta a que las encuestas de percepción de 
inseguridad y de victimización, sean considerados erróneamente 
como fuentes de información para la adopción de políticas públicas; 
sin antes haber sido contrastadas con los datos estadísticos de las 
denuncias o hechos delictivos ocurridos, debidamente 
50 
 
homogenizados y  complementados con un estudio criminológico del 
fenómeno delictivo, lo que nos permitiría tener un diagnóstico más 
objetivo de la magnitud y de las causas del problema criminal. 
 
1.5. Identificación de problemas 
 
A partir de lo hasta aquí expuesto, se pueden identificar hasta cuatro 
problemas que afectan la realización de una óptima interoperabilidad 
institucional en la cuestión de la seguridad ciudadana y el combate al 
delito.  
 
El primer problema identificado tiene que ver con el hecho de que, si 
bien formalmente es la PNP la institución encargada de administrar el 
sistema, en la práctica tanto la PNP como el Ministerio Público son 
entidades que tienden a monopolizar su información, es decir, la 
restringen para con otras instituciones, limitando las posibilidades de 
cooperación y también de cotejo y contraste de los datos obtenidos y 
administrados por cada uno. Esto ocurre porque, no existe, ni en los 
hechos ni formalmente (normativamente) una subordinación entre 
ellos en lo que respecta a la administración de la data sobre el delito. 
En otras palabras, como no existe una norma legal que subordine una 
institución a la otra en materia de administración de data, ni tampoco 
se da esta subordinación en base a consideraciones prácticas, 
entonces la PNP no puede obligar a cumplir con el registro, ya que 
ambas instituciones (PNP y Ministerio Público) tienen igual rango, no 
existe subordinación institucional de una a la otra (a pesar de que en 
el papel la PNP es la encargada de administrar el sistema). 
 
El segundo problema identificado tiene que ver con el hecho de que el 
Ministerio Público no posee las competencias necesarias ni el 
conocimiento suficiente para procesar la información del tipo 
51 
 
específico sobre la delincuencia. Como se ha visto, el Ministerio 
Público procesa la información en función de sus necesidades, pero 
no en relación a la política general de seguridad. Es decir, es de 
suponer que el Ministerio Público procesa la información acerca del 
delito buscando una mayor eficiencia a la hora de alcanzar una 
sanción penal. Su mira es la eficiencia fiscal y la obtención del 
procesamiento y, eventualmente, de una sanción penal para el 
delincuente. Su enfoque es procesa y jurídico, por lo tanto, 
sancionador o represor. Pero, por ello mismo, no es acorde con la 
política general de seguridad, que privilegia la prevención del delito: la 
disminución de su ocurrencia o la manera de cómo frustrar que se 
lleve a cabo. Todo esto explica el por qué el Ministerio Público se 
encarga de recoger datos sobre el delito usando criterios distintos a 
los que usa la PNP. 
 
El tercer problema tiene que ver con el conteo de la data, el cual es 
diferente para cada una de las instituciones que estamos 
comparando. Tal como se ha visto en el caso del homicidio, las cifras 
que maneja y ofrece el Ministerio Público difieren (a veces 
considerablemente) de las que maneja la Policía Nacional. Esto lleva 
a que se genere confusión acerca de cuál es la realidad del delito, 
cuál es su verdadera dimensión, y por lo tanto, que no se considere ni 
evalúe de manera correcta el problema.  
 
Finalmente, el cuarto problema se relaciona con la diferente cobertura 
que tienen los sistemas de registro de denuncias. La cobertura de los 
sistemas de registro de denuncias de la ONP genera mayor 
confiabilidad. Esto porque la PNP tiene mayor alcance territorial que la 
fiscalía.  Así, la PNP tiene presencia en todos los distritos de Lima, 
cosa que no ocurre con el Ministerio Público. (Figura N°10) 
 
52 
 
Figura N° 10: Presencia de Comisarías en Lima Metropolitana 
 Fuente: Diario Correo1 
 
 
 
 
1.6. Conclusiones 
 
El Estado Peruano, con respecto a la creación de la “Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado-PIDE”, cuenta con una normatividad legal 
vigente, que permite su implementación en las entidades públicas, 
dentro del marco de modernización de la gestión del Estado; teniendo 
como ente rector a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática-ONGEI, dependiente de la Presidencia del Consejo de 
Ministros; marco legal que permite la creación de la infraestructura 
                                                 
1
 Ver: http://diariocorreo.pe/ciudad/lima-tiene-un-policia-por-cada-943-habitante-34139/ 
53 
 
tecnológica que permita brindar entre otros servicios, el intercambio 
electrónico de datos y conocimientos entre las entidades del Estado, 
mediante la utilización de los sistemas  de tecnología de la 
información de las instituciones públicas; con la finalidad de mejorar la 
gestión institucional y el servicio que se brinda a la ciudadanía en 
general. 
  
El Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú, con 
la dación de los Decretos Legislativos N°1135 y 1148, se encargará 
de administrar la Plataforma de Interoperabilidad  Electrónica en 
materia de orden interno y orden público, como integrante del Sistema 
Nacional de Informática, con el fin de articular los registros de 
información de transcendencia policial, que producen las entidades 
del Estado, tales como Ministerio Público, RENIEC, SUNAT, 
SUNART, SUCAMEC, INPE, UIF, entre otras entidades; que permitan 
acceder, obtener y procesar información de utilidad para el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra la 
criminalidad; sin embargo, desde la promulgación de las normas 
respectivas, la estructura electrónica para la interoperabilidad no se 
implementa, pese haber transcurrido más de dos años, desde 
publicación de la norma que dispone su implementación en el corto 
plazo.  
 
La interoperabilidad más que un instrumento de coordinación efectiva 
entre las entidades del Estado, es una herramienta de gestión de la 
información cuya administración por parte de la Policía Nacional del 
Perú, permitirá el mantenimiento del orden interno y orden público, 
facilitando y abreviando la obtención de información de carácter 
policial para la lucha contra el crimen organizado, la inseguridad 
ciudadana y la inseguridad pública; situación que se reflejará en el 
normal desarrollo de las actividades del ciudadano en una ambiente 
de paz y tranquilidad.  
54 
 
Las Unidades de Estadística de la Policía Nacional del Perú y las 
Oficinas de Estadísticas del Ministerio Público, para el registro de los 
delitos hacen una calificación o tipificación de ilícito penal, que 
algunas veces no concuerdan; produciendo estadísticas diferenciadas 
que no aportan en forma positiva en la elaboración de la estrategias y 
políticas  del Estado; por consiguiente, dichas instituciones no tienen 
procesos y variables estandarizados ni mucho menos cruzan 
información estadística que conlleve a tener un diagnóstico más 
objetivo del problema de la criminalidad en el país; situación que 
imposibilita la implementación de la plataforma de interoperabilidad de 
orden interno y orden público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
CAPÍTULO IV 
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ESTUDIADO 
 
1. CAUSAS DEL PROBLEMA DE RECOLECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA FINES ESTADÍSTICOS Y SU EMPLEO EN LA 
INTEROPERABILIDAD DE ORDEN INTERNO 
 
1.1. Unidades de Estadísticas de la Policía Nacional del Perú.  
 
De las visitas hechas a las diferentes Dependencias Policiales, se ha 
podido observar fáticamente que las diferentes Unidades de 
Estadística de la Policía Nacional del Perú, por la estructura, 
organización y responsabilidades asignadas, no proveen un 
producto final que contenga una rigurosidad técnica, que permita 
tomarla como insumo para un análisis serio del fenómeno criminal; 
las estrategias y políticas que se adopten en función de dichos datos 
conllevarán a resultados no deseados o errados, que no producirán 
ningún impacto en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 
 
Las Unidades de Estadística de la Policía Nacional, no cuentan con 
personal especializado idóneo para realizar el recojo, procesamiento 
y análisis de las informaciones que producen las Direcciones 
Especializadas, Regiones o Frentes Policiales; limitándose 
únicamente a realizar un conteo empírico de los hechos u acciones 
propias o inherentes a cada Unidad Policial; que luego son 
centralizadas en la Dirección de Estadística de la PNP, encargada 
de elaborar  las cuadros estadísticos mensuales, trimestrales y 
anuales a nivel nacional, sin ningún sustento o rigor técnico. 
 
La obtención de las informaciones o datos son iniciadas sin 
mantener un estándar definido, claro y coherente de los indicadores 
que sirven para elaboración de las estadísticas policiales, 
56 
 
determinación del índice delictivo, el mapeo del delito  e 
identificación de la denominada cifra negra (delitos no denunciados); 
los encargados del manejo cuantitativo del delito lo realizan 
siguiendo criterios propios o empíricos, sin sujetarse a  directrices 
técnicos institucionales que permitan un mejor aprovechamiento de 
la data, en la toma decisiones o elaboración de la política criminal.  
 
 
1.2. Deficiente Interoperabilidad entre las diferentes Entidades del 
Estado, en materia de Orden Interno y Orden Público. 
 
Con la promulgación del Decreto Legislativo N°1148, “Ley de la 
Policía Nacional del Perú”, no solamente se regula la estructura, 
funciones, atribuciones, entre otros aspectos, relacionados con el 
quehacer de la Policía Nacional; sino, que también se establece la 
creación de la Plataforma de Interoperabilidad en materia de Orden 
Interno y Orden Público; sin embargo, el Ministerio del Interior y la 
Policía Nacional, como entes responsables de su implementación, 
poco o nada han realizado al respecto; no se ha podido unificar y 
establecer un mismo canal de información en base al fenómeno 
criminal, que permita a la institución policial y a los operadores de 
justicia planear, formular y ejecutar acciones dentro de sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad funcional, bajo un mismo 
diagnóstico y entendimiento del problema criminal; es decir contar 
con información o datos objetivos, reales, inequívocos y confiables 
que se puedan compartir entre dichas instituciones tutelares del 
Estado, en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. 
 
El sistema penal peruano, no tiene mecanismos orientados a 
uniformar, integrar y establecer una base de datos de información 
entre las diferentes instituciones del Estado y privadas, que permita 
57 
 
el intercambio de información para una efectiva lucha contra la 
inseguridad ciudadana y la criminalidad. 
 
Las instituciones públicas encargadas de la persecución del delito, 
no cuentan con la sistematización de la información que le permita 
mantenerla actualizada constantemente para su difusión o 
interacción con otras entidades, no contando con los estándares y 
procedimientos que faciliten el intercambio  seguro y ágil de los 
datos; asimismo, no se han establecido los mecanismos, medios y 
protocolos que garanticen la solicitud, manejo, entrega, resguardo y 
almacenamiento adecuado de la información, que avale su 
confidencialidad. 
 
 
2. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA DE RECOLECCIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FINES ESTADÍSTICOS Y SU 
EMPLEO EN LA INTEROPERABILIDAD DE ORDEN INTERNO 
 
2.1. En cuanto a las Unidades de Estadísticas de la Policía 
Nacional del Perú.  
 
El acopio, procesamiento y análisis de las informaciones realizadas 
por las diferentes Unidades de Estadística de la Policía Nacional 
del Perú, al carecer de la rigurosidad técnica en sus procedimientos 
o protocolos; así como en la elaboración de sus estadísticas, no 
servirá como insumo veraz para la elaboración de las políticas de 
seguridad ciudadana o estrategias conjuntas que deben adoptar las 
diferentes entidades del Estado comprometidas en la lucha contra 
la criminalidad y la persecución del delito. 
 
58 
 
La falta de estadística estandarizada a nivel policial, no permite 
tener información confiable y veraz de cómo se viene manifestando 
el fenómeno criminal en sus diferentes modalidades, intensidad, 
ubicación geográfica, instrumentos utilizados, clase de víctimas y 
autores, entre otras características del delito; motivando que el 
Comando  Policial y el Sector Interior, tomen decisiones o formulen 
sus políticas públicas, en base a cuestiones mediáticas y 
apreciaciones subjetivas, sin tener un diagnóstico serie del 
problema criminal, así como de sus causas criminológicas.  
 
2.2. En cuanto a la deficiente Interoperabilidad entre las Entidades 
del Estado, en materia de Orden Interno y Orden Público. 
 
La no implementación de la plataforma de interoperabilidad en 
materia de orden interno y orden público, traería como 
consecuencia la no interacción entre las entidades públicas 
encargadas de la persecución del delito; es decir que dichas 
entidades no pondrían contar con las diferentes informaciones o 
data que producen cada una de ellas, que son necesarias para la 
lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. 
 
La Policía Nacional del Perú, en el cumplimiento de su mandato 
constitucional de mantener el orden interno, prevenir, combatir e 
investigar el delito; al no contar con este instrumento de la 
interoperabilidad electrónica, sus procedimientos policiales 
continuarán siendo lentos y deficientes, en desmedro de la 
capacidad del Estado para lograr la articulación óptima de las 
entidades públicas para contrarrestar el incremento de la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana.  
 
 
59 
 
2.3. Efectos en cuanto a la elaboración de las políticas públicas de 
seguridad. 
 
La limitada interoperabilidad a nivel de las instituciones 
involucradas en la lucha contra el crimen, genera que haya una 
distorsión en la data acerca la dimensión de la realidad de los 
delitos. Esta data distorsionada, luego será colocada como base 
informativa en la elaboración de políticas públicas de seguridad, lo 
cual, obviamente, producirá que se elaboren políticas públicas 
defectuosas, limitadas o ineficientes, ya que se habrán basado en 
datos inexactos, ya sea por exageración o por subestimación. Así 
pues, puede ocurrir que un delito, cuya dimensión relativa sea 
mediana o baja, termine siendo considerado muy frecuente, y por 
lo tanto de atención prioritaria en el marco de las políticas públicas 
de seguridad. Contrariamente, un delito de alta incidencia, podría 
terminar siendo subestimado, y considerado no relevante, y por lo 
tanto que no merezca demasiada atención por parte de las 
autoridades. 
 
Un ejemplo más o menos claro de lo dicho antes se puede ilustrar 
con el caso del homicidio, el cual, según el Informe Global de 
Homicidios de las Naciones Unidas, en nuestro país tiene una 
incidencia media (ni alta ni baja). Según este informe, los países 
con menor índice de homicidios en América Latina son Chile, Cuba 
y Argentina, en ese orden. Así, la tasa de homicidios en Chile fue 
de e 3,1 por cada 100.000 habitantes, siendo el país con menos 
asesinatos en la región. Lo sigue Cuba, con una tasa de 4,2; en 
tanto, Argentina tiene una tasa de 5,5 homicidios cada 100.000 
habitantes. Mientras que los países con mayores tasas de 
homicidios en América Latina son Honduras, Venezuela, Jamaica, 
Belize y El Salvador. La lista de los más violentos la encabeza 
60 
 
Honduras: en este país mueren 103,9 personas por cada 100.000 
habitantes, según las estimaciones de la OMS. Después de 
Honduras, el segundo en la lista es Venezuela, aunque a bastante 
distancia, dado que la tasa de homicidios allí es de 57,6 por cada 
100.000. Tras Venezuela y Honduras se sitúan Jamaica (45,1) y 
Belize (44,7). El quinto país es El Salvador, con una tasa de 
homicidios por habitante de 43,9 por cada 100.000. El Perú se 
encuentra muy lejos de estas cifras, ya que su índice es de 9.6 
homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo pone más cerca 
de los países menos violentos, en un lugar intermedio. Además, 
cabría decir que, según el Informe de la ONU, las tasas de 
homicidio en América del Sur se acercan a las tasas relativamente 
bajas que se dan en Europa2. Todo esto nos lleva a concluir que no 
está justificado considerar en las políticas públicas el delito de 
homicidio como un problema público de alta incidencia. 
 
 
2.4. Efectos en cuanto a la distribución de recursos. 
 
Otro efecto negativo del problema está en que la información 
distorsionada lleva a que haya una distribución de los recursos mal 
dirigida. En otras palabras, se gastan más recursos en aquello en 
lo que no se debería gastar tanto (y se deja de gastar en aquello en 
lo que sí se debería). Por lo demás, se trata de una consecuencia 
lógica de lo antes dicho: si un problema se sobredimensiona y se 
considera mayor del que es, se terminará dirigiendo más recursos 
de los necesarios para solucionarlo. 
 
                                                 
2
 Se pueden contrastar estos datos consultando el Global Homicide Book 2014, de las 
Naciones Unidas, específicamente en las páginas 126-127. Disponible en: 
http://crimisite.com/wp-content/uploads/2014/04/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 
61 
 
Al respecto, cabría mencionar que el monto total del presupuesto 
del sector peruano para gastos en seguridad ciudadana se ha 
incrementado en un 31.7% desde el año 2007 al 2010 (Cánepa La 
Cotera y Falla La Madrid 2012), tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto público para seguridad ciudadana: 2007-2010 (En 
millones de nuevos soles) – Fuente: Cánepa La Cotera y Falla La Madrid 
 
2.5. Efectos en cuanto a la percepción de inseguridad. 
 
Otro efecto negativo del problema está en que distorsiona la 
percepción de inseguridad. En efecto, cuando la información tiende 
a sobre registrarse, y esta se difunde (mediante los medios de 
comunicación, informes, redes sociales, etc.) puede generar mayor 
percepción de inseguridad, lo cual genera mayores problemas que 
afectan a la gobernabilidad del país.  En efecto, la mayor sensación 
de inseguridad hace que la población piense que los problemas de 
inseguridad no están siendo atendidos por el gobierno. Se tiene la 
sensación de que la delincuencia está en aumento, por lo tanto, 
2,58
4 
3,40
4 
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2007 2010
62 
 
ocurre una de las dos cosas (si no es que ambas): el gobierno no 
es eficiente y no tiene capacidad para combatir el problema (lo que 
implica una gestión defectuosa), o al gobierno no le interesa el 
problema o no pone el suficiente empeño en resolverlo. Que la 
población interprete esto último puede resultar gravísimo, y nefasto 
para la gobernabilidad, ya que implica que el gobierno no atiende a 
las necesidades de la ciudadanía, lo que es lo mismo que decir que 
“no gobierna para el pueblo”, lo que choca frontalmente con los 
principios básicos de la democracia. El gobierno, en última 
instancia puede llegar a perder legitimidad.  
 
Hay que tener presente que la percepción de inseguridad no 
necesariamente coincide con la victimización (el hecho de sufrir un 
acto delictivo). Así, en nuestro país, a nivel urbano la victimización 
es del orden de 43.2% mientras la sensación de inseguridad es del 
68.9% (según una encuesta la Encuesta Nacional Urbana de 
Victimización de Ciudad Nuestra, del 2012). Esto no es un 
fenómeno que solo afecte al Perú. Según Enrique Castro, en Chile 
la tasa de victimización es menor, pero las sensación de 
inseguridad es de 70%; y también ocurre el fenómeno opuesto: 
menor sensación de inseguridad que victimización, como pasa en 
Gales o Países Bajos, donde la victimización es del orden del 20%, 
pero la percepción de inseguridad es del 18% (Ramos Mendívil, 
2013:2). En la percepción de inseguridad entre otros factores 
influye la información exagerada o distorsionada de los datos de la 
realidad del delito. Esto puede verse agravado por la 
sobreexposición que los delitos puedan tener en los medios de 
comunicación, llegando al punto de poner en la agenda pública 
muchos temas que, de otra manera, no hubieran sido atendidos por 
el poder político (Ramos Mendívil, 2013: 3). 
 
 
63 
 
V. CONCLUSIONES 
 
1.  La seguridad es un problema público que exige la actuación del 
Estado mediante la elaboración de políticas públicas, las cuales 
tienen como finalidad intervenir en la realidad con el objetivo de 
solucionar el problema público existente. Para lograr esto, se han de 
diseñar programas, lineamientos y acciones para las instituciones 
involucradas en la evaluación y solución del problema público. 
2. La inseguridad ha alcanzados niveles en los cuales no solo se ven 
afectadas la propiedad e integridad de las personas, sino que 
también repercute en la economía y la política nacional. Esto impone 
que el Estado tome medidas para enfrentar este grave problema, lo 
cual, por lo demás, es una obligación que este tiene por mandato 
constitucional. Para llegar a la solución se debe desarrollar políticas 
públicas acertadas y concertadas, con participación de todos los 
sectores comprometidos e incluyendo de la sociedad civil, que cada 
vez más debido al aumento de la percepción de inseguridad y la 
débil capacidad de respuesta, exigen mayor protagonismo del 
Estado para satisfacer la demanda de seguridad. 
3.  La falta de conocimiento integral en el tema de seguridad, por la 
insuficiente interacción que debe darse entre las diversas 
instituciones públicas involucradas en la solución del problema y en 
la recopilación de información relacionada a la criminalidad, no 
permite tener criterios estandarizados en el procesamiento y análisis 
de datos ni en la formulación de los informes que registran la 
evolución del fenómeno criminal en el país; por consiguiente, el 
diagnóstico cuantitativo respecto a dicho problema, es deficiente 
para la elaboración de una política pública. 
4.  La data o información cuantificada de la criminalidad, que recogen y 
procesan las instituciones públicas como la Policía Nacional del Perú 
64 
 
y el  Ministerio Público, no mantienen una homogenización de sus 
procedimientos o protocolos, lo que imposibilita que estos  
interactúen o intercambien información entre ellos; es decir, no 
cuentan con un sistema de interoperabilidad que le permita coordinar 
y cruzar información en tiempo real, conllevando a la emisión de 
informes con data errónea que dan una lectura equivocada de la 
realidad, respecto al problema de inseguridad ciudadana que a queja 
al país. 
5.  Con respecto a la creación de la “Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado” (PIDE), actualmente el Estado peruano cuenta con una 
normatividad legal vigente que permite que esta Plataforma se 
implemente en las diversas entidades del Estado. Este marco legal 
existente permite que se establezca una infraestructura tecnológica 
capaz de brindar una serie de servicios útiles para una mejor 
utilización de los datos. Entre estos servicios que es pueden 
implementar, destaca el intercambio electrónico de datos entre las 
entidades estatales, con el objetivo de mejorar la gestión institucional 
y el servicio que se brinda a la ciudadanía.  
6.  Según lo establecido en los Decretos Legislativos N| 1135 y 1148, el 
Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, es el 
encargado de administrar la Plataforma de Interoperabilidad 
Electrónica en materia de orden interno y orden público. El objetivo 
que se pretende con esta concentración y centralización es articular 
los registros de información de trascendencia policial que producen 
las diferentes entidades estatales, lo cual permitirá acceder, obtener 
y procesar información valiosa para el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana y el combate contra la delincuencia. 
7.  Está cero que la interoperabilidad, más que un instrumento de 
coordinación efectiva entre las entidades del Estado, debe ser 
entendido como una herramienta de gestión de la información que 
65 
 
permitirá el mantenimiento del orden interno y orden público, 
facilitando y abreviando la obtención de información de carácter 
policial, lo cual tendrá un impacto positivo en la lucha contra la 
inseguridad ciudadana. 
8.  Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público carecen de 
procesos y variables estandarizados para el registro de la 
criminalidad y la elaboración de estadísticas sobre seguridad. 
Tampoco llevan a cabo estas Instituciones un cruce de información 
estadística que lleve a tener un diagnóstico más objetivo del 
problema de la inseguridad en nuestro país.  
9.  Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público llevan registros 
de los delitos cometidos sobre la base de la calificación o tipificación 
de los ilícitos penales que conocen. En muchos casos, estos 
registros llevados por estas Instituciones no concuerdan, lo cual lleva 
a que se generen estadísticas sobre la criminalidad que no son 
fiables, a veces contradictorias. Esta situación repercute de manera 
negativa en la elaboración de las estrategias y políticas públicas 
Estatales en materia de seguridad ciudadana. Esto imposibilita la 
implementación de la Plataforma de Interoperabilidad de orden 
interno y orden público.  
10.   En cuanto a las causas del problema de recolección y utilización de 
información para fines estadísticos y su empleo en la 
interoperabilidad de orden interno, en lo referido a las Unidades de 
Estadísticas de la Policía Nacional del Perú, se ha podido observar 
fáticamente que las diferentes Unidades de Estadística de la Policía 
Nacional del Perú no proveen un producto final que contenga una 
rigurosidad técnica, que permita tomarla como insumo para un 
análisis serio del fenómeno criminal. Las Unidades de Estadística de 
la Policía Nacional, no cuentan con personal especializado idóneo 
para realizar el recojo, procesamiento y análisis de las 
66 
 
informaciones, limitándose a realizar un conteo empírico de los 
hechos u acciones propias o inherentes a cada Unidad Policial. 
11.  El Ministerio del Interior y la Policía Nacional poco han hecho para 
implementar la Plataforma de Interoperabilidad en materia de Orden 
Interno y Orden Público; no se ha podido unificar y establecer un 
mismo canal de información en base al fenómeno criminal. Las 
instituciones públicas encargadas de la persecución del delito, no 
cuentan con la sistematización de la información que le permita 
mantenerla actualizada constantemente para su difusión o 
interacción con otras entidades. Asimismo, no se han establecido los 
mecanismos y protocolos que garanticen el manejo, entrega, 
resguardo y almacenamiento adecuado de la información. 
12.  En cuanto a las consecuencias del problema de recolección y 
utilización de información para fines estadísticos y su empleo en la 
interoperabilidad de orden interno, referido a las Unidades de 
Estadísticas de la Policía Nacional del Perú, se ha concluido que la 
falta de estadística estandarizada a nivel policial, no permite tener 
información confiable y veraz de cómo se viene manifestando el 
fenómeno criminal; motivando que el Comando  Policial y el Sector 
Interior, tomen decisiones o formulen sus políticas públicas, en base 
a cuestiones mediáticas y apreciaciones subjetivas, sin tener un 
diagnóstico serie del problema criminal, así como de sus causas 
criminológicas. 
13.  En cuanto a la deficiente Interoperabilidad entre las Entidades del 
Estado, en materia de Orden Interno y Orden Público, la no 
implementación de la Plataforma De Interoperabilidad En Materia De 
Orden Interno Y Orden Público, trae como consecuencia que las 
entidades públicas encargadas de la persecución del delito no 
puedan contar con las diferentes informaciones o data que producen 
cada una de ellas. Específicamente, la Policía Nacional del Perú; al 
67 
 
no contar con este instrumento de la interoperabilidad electrónica, 
sus procedimientos continuarán siendo deficientes, en desmedro de 
la capacidad del Estado para lograr la articulación óptima de las 
entidades públicas para contrarrestar el incremento de la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana. 
14.  En cuanto a los efectos en cuanto a la elaboración de las políticas 
públicas de seguridad, la limitada interoperabilidad a nivel de las 
instituciones involucradas en la lucha contra el crimen, genera que 
haya una distorsión en la data acerca la dimensión de la realidad de 
los delitos. Esta data distorsionada, es colocada como base 
informativa en la elaboración de políticas públicas de seguridad, lo 
cual produce que se elaboren políticas públicas ineficientes, ya que 
se habrán basado en datos inexactos. 
15.  En lo relativo a los efectos en cuanto a la distribución de recursos, la 
información distorsionada lleva a que haya una distribución de los 
recursos mal dirigida: se gastan más recursos en aquello en lo que 
no se debería gastar tanto (y se deja de gastar en aquello en lo que 
sí se debería). 
16.  En relación a los efectos en cuanto a la percepción de inseguridad, 
se distorsiona la percepción de inseguridad, pues, cuando la 
información tiende a sobre registrarse, y esta se difunde, puede 
generar mayor percepción de inseguridad, lo cual genera mayores 
problemas que afectan a la gobernabilidad del país. 
 
 
 
 
68 
 
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