PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

CAMPESINOS REPUBLICANOS: 

LA SOCIEDAD RURAL DE AYACUCHO Y EL ESTADO PERUANO EN EL 

SIGLO XIX (1840-1880) 

Tesis para optar el grado de Doctor en Historia con mención en Estudios

Andinos que presenta: 

NELSON ERNESTO PEREYRA CHÁVEZ 

Dirigido por 

KAREN SPALDING (ASESORA) 

San Miguel, 2019 



2 
 

RESUMEN 

La presente tesis indaga cómo los campesinos de Ayacucho participaron en el proceso 

de formación del Estado republicano. Para ello, primero determina las manifestaciones de 

la presencia del Estado en la región y luego, descubre y analiza las percepciones y 

respuestas que dicha presencia generó entre los campesinos del siglo XIX. 

Para alcanzar dichos objetivos, analiza las siguientes variables: el contexto regional del 

siglo XIX, que ocasionó la restructuración de la propiedad privada; las relaciones sociales 

conflictivas entre hacendados y campesinos y la relación entre campesinado y Estado.  

A partir de la información proveniente de los documentos de los funcionarios estatales 

y de los expedientes judiciales que contienen el testimonio de los campesinos, propone que 

las circunstancias de crecimiento demográfico y expansión del mercado ocasionaron la 

aparición de numerosas haciendas y de conflictos entre hacendados y campesinos. Para 

sortear dichos conflictos, los campesinos se relacionaron con la forma discursiva del 

Estado. Asimismo, elaboraron una memoria, consistente en la manipulación simbólica del 

pasado prehispánico remoto que, al tener conexión con las leyes coloniales, legitimaba su 

derecho de posesión de la tierra. Con esta memoria construyeron argumentos culturales 

para acudir y responder a la forma discursiva del Estado. 

Palabras clave: campesinos, Estado, comunidades, haciendas, sociedad rural. 



ABSTRACT 

This thesis investigates how the peasants of Ayacucho participated in the process of 

formation of the Peruvian Republican State. To do this, it locates and determines the 

manifestations of the State´s presence in the region and then analyzes the perceptions and 

responses that this presence generated among the peasants of the 19th century. 

To achieve these objectives, this thesis analyzes the following variables: the regional 

context of the 19th century, which caused the restructuring of private property; the 

conflictive social relations between landowners and peasants and the relationship between 

the peasantry and the State. 

Based on the information from the documents of the state officials and judicial records 

that containing the testimony of the peasants, this thesis proposes that the circumstances of 

demographic growth and market expansion caused the appearance of many haciendas and 

conflicts between landowners and peasants. To overcome these conflicts, the peasants were 

related to the discursive form of the State and elaborated a memory consisting of the 

symbolic manipulation of the remote pre-Hispanic past which, having a connection with 

colonial laws legitimized their right to own land. They constructed with this memory 

cultural arguments to respond to the discursive form of State. 

Key Words: peasants, State, communities, haciendas, rural society. 

  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Si bien la elaboración de una tesis luego de una ardua investigación es responsabilidad 

del tesista, esta no estaría culminada sin la colaboración desinteresada de un grupo de 

personas que, con sugerencias de temas, libros o documentos, o con el simple respaldo de 

su amistad, aportaron bastante. Por ello, la presente tesis no es solo mía; también es de 

ellos. 

Deseo, en primera instancia, agradecer a mis amigos y colegas, historiadores y 

antropólogos, que me brindaron sabios consejos al enfrentar la titánica labor de investigar a 

los campesinos decimonónicos de Ayacucho. Entre ellos, debo mencionar a Susana 

Aldana, Miriam Salas, Claudia Rosas, Cecilia Méndez, Natalia Sobrevilla, Cristóbal 

Aljovín, Ponciano del Pino, Mauro Vega, Jefrey Gamarra, Gérard Borras y Lorenzo 

Huertas. Juan Gutiérrez, Javier Velarde y los archiveros del Archivo Regional de 

Ayacucho, del Archivo General de la Nación, del Archivo de la Dirección Regional 

Agraria y de la Biblioteca Nacional me ayudaron en la búsqueda de la información 

empírica. Los pobladores de San Pedro de Cachi me permitieron la consulta en su archivo 

comunal. María Eugenia Ulfe, Alejandro Diez Hurtado, José Ragas, Nils Jacobsen, 

Godofredo Taipe y Jaime Urrutia me brindaron valiosas sugerencias cuando les mostré los 

avances de la investigación. Manuel Chust y Juan Marchena también me aportaron 

indicaciones inapreciables cuando les mostré el proyecto en Sevilla. Nuria Sala e Ivana 



5 

Frasquet me dieron sugerentes textos y orientaron parte de la tesis hacia la historia del 

derecho y la antropología jurídica. Muchísimas gracias a todos ustedes. 

Deseo reconocer de forma especial a dos personas que confiaron en la investigación y 

esperaron verla concluida con bastantes ansias. En primer lugar, mi asesora de tesis Karen 

Spalding, quien alentó el proyecto y con su enorme sabiduría y generosidad orientó la 

investigación en los archivos y me recomendó que también hiciese observación de las 

comunidades campesinas actuales, que son descendientes de los comunes de campesinos 

del siglo XIX. Y también al Dr. Marco Curátola Petrocchi, quien me aceptó en el Programa 

de Estudios Andinos y me alentó a culminar con esta empresa. 

Asimismo, deseo mencionar a mis familiares, quienes me brindaron su apoyo en mis 

estudios de doctorado, en el transcurso de la investigación y en el tiempo de redacción de 

esta tesis. A mis padres, Carmen y Nelson, a mis suegros Dionisia y Diógenes, a Nory por 

su paciencia e insistencia. Gracias a todos ustedes por haberles quitado su tiempo y espero 

no haberles defraudado. 

Finalmente, quisiera dedicar esta tesis a la memoria de un entrañable amigo que me 

dejó cuando más falta hacía alguien como él, con su paciencia y entusiasmo: Carlos 

Chávez Montoya. De él aprendí el trabajo pasional, la paciencia, la perseverancia y el 

optimismo frente a los obstáculos. También admiré su tolerancia y capacidad de 

relacionarse con la gente más diversa. Me apena que no vea esta tesis culminada. Lamento 

su prematura partida, pero me queda la satisfacción de haber concluido un texto que él, 

seguramente, hubiera leído con pasión y rigurosidad y hubiese celebrado con la 

interpretación de un tema de The Beatles en su guitarra. Por ser como fuiste y por tu 

amistad, gracias Carlos. 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 10 

Capítulo I 
MOTIVACIONES TEÓRICAS Y CONTEMPORÁNEAS 16 

1. Las razones de esta historia 16 

2. Un (necesario) estado de la cuestión 20 

Capítulo II 
REGIÓN Y ESPACIO 29 

1. La región 30 

2. La geografía de la región 37 

Capítulo III 
AYACUCHO EN EL SIGLO XIX: UNA LARGA (Y COMPLICADA) 
HISTORIA 45 

1. Los antecedentes 47 

2. La región en la segunda mitad del siglo XIX 57 

3. La sociedad regional 69 

Capítulo IV 
HACIENDAS, ESTANCIAS Y HATOS 84 

1. Las haciendas en la región 85 

2. Propietarios y relaciones de producción 92 

3. Haciendas, estancias y hatos en el siglo XIX 100 

4. Evolución de las haciendas 109 

Capítulo V 
COMUNES DE INDIOS 119 

1. Las tierras de indios 121 

2. Comunes, pueblos y ayllus 133 

Capítulo VI 
HACIENDAS VERSUS COMUNES 140 



7 

1. Los efectos de la legislación agraria colonial 142 

2. Conflictos judiciales por la posesión de la tierra 145 

a) Chaviña 146 

b) Tambo 149 

c) Pomabamba 151 

d) Culluchaca y Orccohuasi 157 

e) Quinua 161 

f) Poma 170 

3. El Estado 174 

Capítulo VII 
BATALLAS POR LA MEMORIA 182 

1. Un poco de teoría 182 

2. Batallas por la memoria 184 

A MODO DE CONCLUSIÓN 197 

FUENTES DOCUMENTALES 202 

BIBLIOGRAFÍA 206 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] la suerte del Perú es inseparable de la 
del indio: se hunde o se redime con él, pero 
no le es dado abandonarlo sin suicidarse.  

José de la Riva Agüero 



INTRODUCCIÓN 

El siglo XX fue el período de aumento de “la toma de conciencia acerca del indio” entre 

los políticos, intelectuales y artistas del país, sentenció hace varios años el historiador 

Jorge Basadre (1979: 326). Sin embargo, dicha toma de conciencia parece no haber 

modificado ciertos estereotipos sobre los campesinos, que indican que ellos no desarrollan 

ningún tipo de actuación política protagónica, o simplemente quedan anclados en la 

tradicionalidad. Por ejemplo, se sigue creyendo que durante el período de violencia política 

fueron condicionados por Sendero Luminoso para conseguir su apoyo, o fueron 

manipulados por los militares para participar en los Comités de Defensa Civil y luchar 

contra los subversivos.  

Lamentablemente, la antropología y la historia, hegemonizadas en la segunda mitad del 

siglo XX por los paradigmas del dependentismo, marxismo ortodoxo y estructuralismo, han 

reforzado dichos estereotipos al construir la imagen aislada o manipulable del campesino 

peruano (Pereyra, 2011: 33-34). Como bien señala Cánepa, con la intervención de dichas 

disciplinas a menudo se ha reforzado la idea de que los actos y movimientos campesinos, 

pasados y contemporáneos, son eventos ajenos a la vida social y política nacional, puesto 

que son protagonizados por gente diferente, de lejanos lugares y alejada también del 

mundo civilizado, democrático y moderno (2004: 28). 



10 

Con dichas interpretaciones, no sólo se reproducen enunciados de otredad y formas de 

marginación y subordinación, sino se sintetizan relaciones de alteridad, identidad y poder 

que en el fondo son resultados de luchas y procesos históricos protagonizados por los 

mismos campesinos en continua relación con el Estado. Precisamente, la experiencia de la 

violencia política de los años 80 decanta la existencia de un pacto militar entre campesinos 

y Estado: aquellos, en alianza con las fuerzas del orden, triunfaron sobre los senderistas y 

luego elaboraron una memoria emblemática en la que aparecen como héroes de guerra y 

legítimos defensores de la Patria y la democracia, para finalmente pedir la ciudadanía e 

inclusión en la nación. 

A partir de dicha experiencia, vale preguntarse sí ocurrió lo mismo en los períodos 

precedentes; es decir, si las acciones campesinas que contienen relaciones de poder, 

condición ciudadana e identidad cultural son resultado de luchas y procesos históricos, que 

contemplan también la formación discursiva y cotidiana del Estado.1 ¿Cuáles fueron las

manifestaciones de la presencia del Estado en las comunidades campesinas del siglo XIX? 

¿Qué percepciones, intereses y respuestas ha generado entre los campesinos de la referida 

centuria? 

La presente tesis intenta responder dichas interrogantes. Busca comprender cómo los 

campesinos de Ayacucho participaron en el proceso de formación y desarrollo del Estado 

republicano. Para ello, primero intenta determinar las manifestaciones de la presencia del 

1 Al hacer un ejercicio de historia retrospectiva, se observa que durante el siglo XX los campesinos pactaron 
con el Estado al menos en dos coyunturas claves: durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado 
(1968-1975), en torno a la reforma agraria o a la oficialización del quechua para incluirse al Estado como 
integrantes de una corporación, y durante el oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930) a través del 
Patronato de la Raza Indígena o de la Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento, para 
cuestionar el poder de los hacendados locales y hacer reconocer sus comunidades. 



11 
 

Estado en la región, para luego descubrir y analizar las percepciones y respuestas que dicha 

presencia generó entre los campesinos del siglo XIX. 

En tal sentido, postula las siguientes hipótesis: el Estado republicano tuvo presencia en 

la región de Ayacucho a través de prácticas procesuales, documentarias y rituales. En tal 

escenario, los campesinos de la región desarrollaron estrategias para demandar la posesión 

de las tierras en la justicia ordinaria del Estado y elaboraron una memoria consistente en la 

manipulación simbólica del pasado prehispánico remoto que, al tener conexión con las 

leyes coloniales, legitimaba su derecho de posesión de la tierra. Con esta memoria 

construyeron argumentos culturales para acudir y responder a la forma discursiva del 

Estado. 

Todo ello ocurrió en medio de una coyuntura particular: las disposiciones agrarias 

inspiradas en el liberalismo, la recuperación demográfica, la contracción y expansión del 

mercado, la presencia de las haciendas y formación del fenómeno del gamonalismo. 

Por lo tanto, la presente investigación avanza en los siguientes niveles de análisis: a) la 

dinámica económica y social de la región: el crecimiento demográfico y la expansión del 

mercado regional, especialmente durante el boom del guano a mediados del siglo XIX, que 

también afectaron a las poblaciones campesinas de Ayacucho, especialmente del centro y 

sur de la región; b) la presencia de una forma discursiva del Estado, que sirvió para 

construir una nación, pero también para regular y normalizar a la población; c) los 

conflictos y las tensiones en la estructura rural de la región, que aparecieron con el 

crecimiento demográfico y la expansión de las haciendas; y d) las respuestas campesinas a 

dicho proceso, como a regulación moral y forma discursiva del Estado. 



12 
 

Para obtener la información empírica, se han revisado las siguientes fuentes: a) los 

documentos elaborados por las autoridades estatales (Ministerio del Interior del Archivo 

General de la Nación; Prefectura y Subprefecturas del Archivo Regional de Ayacucho); b) 

los documentos elaborados por los mismos campesinos o por sus intermediarios (demandas 

judiciales, quejas, solicitudes del Archivo de Ayacucho); c) las fuentes relacionadas con las 

dinámicas (económicas y sociales) de los campesinos (padrones tributarios, documentos de 

comunidades, libros de la Iglesia de los archivos del Ministerio de Agricultura y 

Arzobispal de Ayacucho); d) fuentes secundarias como periódicos de la época o 

etnografías de comunidades campesinas. Todas estas fuentes fueron revisadas y cotejadas 

hasta cumplir con el requisito de la saturación. 

La revisión de tan variada documentación demandó un trabajo heurístico cuidadoso, 

pues muchas de ellas están influenciadas por el punto de vista de los enunciantes o 

intermediarios (personeros, agentes de pleitos, funcionarios del Estado) y presentan los 

testimonios campesinos de manera fragmentaria. Para salvar la situación, se recurrió a un 

método que consiste en determinar ciertos elementos de comunicación dentro y fuera de 

las fuentes (como la reconstrucción del contexto de producción de la fuente, el emisor, 

receptor y traductor, los actores y su relación con los objetos en el texto), a fin de rescatar 

el discurso de los campesinos. Luego, se conjugaron estos testimonios con el análisis social 

para obtener la comprensión;  es decir, se ubicaron dichos discursos en el contexto 

respectivo que está relacionado con la dinámica social y económica de la región y con el 

proceso de formación del Estado republicano. 

La presente tesis ha sido dividida en siete capítulos. El primer apartado describe las 

razones para la presente investigación y presenta un somero balance sobre la literatura 

historiográfica existente sobre el tema. El segundo capítulo discute la definición de región 



13 
 

de Ayacucho y explora sus características geográficas. El siguiente apartado analiza la 

estructura socio-económica regional del siglo XIX. Los capítulos IV y V estudian a la 

estructura de la propiedad rural: las haciendas y tierras en manos de campesinos y 

comunidades. El capítulo VI estudia los conflictos por la tierra a partir de la exploración de 

seis casos distintos y representativos y la articulación entre los campesinos y la forma 

discursiva del Estado republicano. El último capítulo explora las memorias que los 

campesinos elaboraron al relacionarse con la forma discursiva del Estado. 

Antes de culminar, deseamos indicar las razones por las que a los pobladores 

decimonónicos de la zona rural de Ayacucho se les denomina como campesinos y no como 

indígenas, tal como sucede en la literatura historiográfica sobre el período. Recurrimos a 

esta categoría, que tiene un mayor contenido sociológico y una menor densidad étnica, por 

las características raciales que el término de indígena tuvo especialmente a partir de 

mediados del siglo XIX, cuando sirvió para asociar a los pobladores de la sierra con la 

difícil geografía de la cordillera y connotarlos como salvajes e incivilizados (Méndez, 

2011). En tal contexto, la categoría de campesinos aparece como la más adecuada, desde 

nuestro punto de vista, para nominar a estas poblaciones. 

Asimismo, tomando en cuenta que dichos habitantes establecieron relaciones de 

dependencia con hacendados y gamonales y se conectaron con la forma discursiva del 

Estado para plantear demandas sobre la posesión de las tierras y el acceso a los recursos y 

hasta elaboraron memorias para ello, consideramos que son campesinos porque cumplen 

con elaborar los tres fondos económicos mencionados por Eric R. Wolf en su clásica 

definición de campesinos (fondo de reserva, fondo ceremonial y fondo de renta) e 

intercambian parte de sus bienes en un mercado para proveerse de ciertos productos que no 

son elaborados en el seno de su economía. En tal sentido, los indígenas de Ayacucho del 



14 
 

siglo XIX son los campesinos de esta historia porque forman parte de una relación 

estructural asimétrica con dirigentes y Estado; es decir, existen solamente cuando son 

sujetos de poder (Wolf, 1978: 20). 



Capítulo I 

MOTIVACIONES TEÓRICAS Y CONTEMPORÁNEAS 

 

 

Cuando el grito de la independencia resonó en el Perú, 
cuando las huestes esforzadas tremolaron las banderas de 
la libertad, cuando el soldado americano exponía su vida 
por salvar la patria, ¿quiénes fueron entonces los que con 
mayor eficacia contribuyeron a establecer el sistema 
constitucional? Nuestros padres como los demás indígenas. 

ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 177, 
Causas Civiles, 1852, F. 1r. 

La cita del epígrafe, que es la introducción de un pedido elaborado por un alcalde indígena 

de la provincia de Lucanas en Ayacucho, resume muy bien un debate histórico y 

contemporáneo en torno a la participación de los campesinos en la guerra de la 

independencia. Así como se duda o afirma del protagonismo campesino en esta importante 

etapa histórica de nuestro pasado, también se duda o afirma sobre lo mismo cuando se 

estudian otros momentos históricos claves, como los conflictos caudillistas de la temprana 

república, la guerra del Pacífico o la reciente etapa del conflicto armado interno. Son 

dichas dudas y afirmaciones históricas y contemporáneas las que motivaron la 

investigación que culmina con la presente tesis. Vale la pena que las discutamos antes de 

entrar de lleno en la reconstrucción del hecho histórico. 

1. LAS RAZONES DE ESTA HISTORIA 

Todavía hoy, los campesinos conforman un segmento significativo de la población del 

departamento de Ayacucho, siendo acaso los principales actores sociales en una región 



16 
 

nada favorecida por la geografía o por la distribución de la riqueza y hace algunos años 

atrás asolada por la violencia desatada por Sendero Luminoso, el grupo maoísta 

conformado por intelectuales provincianos, profesores de escuelas rurales y jóvenes 

universitarios de ascendencia campesina, que en 1980 inició una guerra contra el Estado 

peruano. Precisamente, fueron los campesinos ayacuchanos las víctimas de las acciones de 

los subversivos y de la contraofensiva de las fuerzas del orden. Según las cifras de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, la guerra ocasionó 69.280 muertos y 

desaparecidos, de los cuales 26.259 (38 %) eran de Ayacucho, la mayoría de ellos 

pobladores rurales analfabetos, poco integrados al Estado y al mercado y continuamente 

sometidos al abuso de poder. Sin embargo, ellos también fueron los artífices de la derrota 

de Sendero Luminoso, puesto que mediante rondas campesinas se enfrentaron a los 

senderistas para salvaguardar sus vidas y defender sus comunidades. 

Por ejemplo, en las provincias de Huanta y Huamanga las rondas se formaron entre 

1987 y 1990, por iniciativa del ejército que dejó de lado su imagen de invasor y poco a 

poco se fue acercando a los campesinos. En Vilcashuamán y Víctor Fajardo, se formaron 

en 1993, también por iniciativa y hasta presión de los militares. Y en el valle del río 

Apurímac, se masificaron hacia 1989, con la incorporación de los evangélicos 

pentecostales, logrando en los siguientes años expulsar a los senderistas hacia el vecino 

valle del río Ene (cf. Coronel y Loayza, 1992; Coronel, 1996; Del Pino, 1996; Sánchez, 

2006). Según los cálculos de Orin Starn, en 1992 en Ayacucho existían 300 comités de 

defensa civil que canalizaron adecuadamente el rechazo que los campesinos sentían hacia 

los subversivos y se convirtieron en los perfectos enemigos de la revolución (1993: 4). 

Luego de enfrentar a los senderistas, los ronderos ensamblaron sus recuerdos en una 

memoria emblemática, en la que aparecen como los artífices de la derrota de Sendero 



17 
 

Luminoso y sirve para la definición de una identidad heroica y un sentido de pertenencia a 

la comunidad imaginada nacional. “Nosotros somos el defensor [sic] de la paz, ganamos a 

Sendero Luminoso y ahora estamos en una pobreza. El Estado se ha olvidado de nosotros” 

comenta un rondero de la comunidad de Vinchos, en la provincia de Huamanga.2 

Pero, esta memoria emblemática es silenciada por una memoria oficial construida 

desde el Estado y que pretende ser la narrativa hegemónica de la guerra. Ella considera que 

los artífices de la derrota de Sendero Luminoso fueron las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional y que las rondas fueron organizadas por ellas. Precisamente, el presidente Alberto 

Fujimori (1990-2000) fue quien impuso esta memoria oficial que ha calado hondo en el 

recuerdo de los peruanos. Cuando a ellos se les pregunta por la historia de la guerra, 

inmediatamente responden que Fujimori encarceló a los líderes de Sendero Luminoso y 

derrotó a la subversión con la intervención de militares y policías y que los campesinos 

fueron las simples víctimas del conflicto. 

Sin embargo, existen acontecimientos del pasado o lugares de memoria que propician 

el encuentro de ambos recuerdos. Uno de estos acontecimientos es la matanza de 

Uchuraccay. 

El 26 de enero de 1983, los campesinos de la comunidad de Uchuraccay, en la puna de 

Huanta, masacraron a ocho periodistas que habían llegado al lugar en misión informativa, 

como corolario de una serie de enfrentamientos entre comuneros y subversivos.3 El hecho 

impacto en la opinión pública nacional. El gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985) 

                                                 
2 Testimonio de un rondero anónimo, extraído del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, Vol. 2°, Capítulo I, p. 429. 
3 El mismo día también fueron ejecutados por los campesinos de Uchuraccay el guía Juan Argumedo (quien 
había conducido a los periodistas hasta el lugar) y el campesino Severino Morales Ccente, nominado meses 
antes como comisario de Sendero Luminoso en la comunidad. 



18 
 

nominó una comisión, integrada por el escritor Mario Vargas Llosa, el penalista Abraham 

Guzmán Figueroa y el periodista Mario Castro Arenas para que investigase las causas de la 

masacre. La comisión entregó un informe, responsabilizando a los campesinos por el 

hecho. 

Recurriendo a los lugares comunes del discurso antropológico peruano, a la imagen del 

Perú escindido en dos naciones y a la asesoría de tres antropólogos, un lingüista, un 

psicoanalista y un abogado, la comisión también caracterizó a los campesinos de 

Uchuraccay. Precisó que formaban parte de un grupo étnico que por tener poco contacto 

con el Estado, conservaba su identidad, su cosmovisión original, su estructura de poder y 

su cultura tradicional.4 

El informe de la comisión generó más dudas que aciertos y no satisfizo las expectativas 

de los familiares de las víctimas y de los opositores de Belaunde. Ellos elaboraron otra 

narrativa que responsabilizaba a militares y policías, quienes disfrazados de campesinos 

habrían dirigido la matanza para evitar que los periodistas descubriesen las ejecuciones 

extrajudiciales que las fuerzas del orden realizaban en la zona. Y a partir de las fotografías 

que una de las víctimas tomó antes de ser asesinada, arguyeron que los verdaderos 

perpetradores portaban anillos, relojes y pantalones que no eran usados por los comuneros 

y alteraban la armonía andina. 

Esta versión contó con el respaldo de antropólogos como Rodrigo Montoya, quien 

enfatizó el carácter beligerante de los campesinos de Uchuraccay y sugirió que ciertos 

                                                 
4 Cecilia Méndez ha llamado la atención sobre las fuentes del informe de la comisión Vargas Llosa. Señala 
que la idea de una nación iquichana planteada por la comisión es una reelaboración de la interpretación 
indigenista sobre la Confederación Chanca formulada por el intelectual ayacuchano Víctor Navarro del 
Águila en 1939 (2002: 43-45). 



19 
 

detalles del hecho (como el enterramiento superficial de los cadáveres de los periodistas) 

no concordaban con las prácticas culturales andinas. 

El encuentro entre ambas narrativas no solo reveló puntos de vista contradictorios 

sobre la matanza de los periodistas, sino el debate entre los principales paradigmas de la 

antropología peruana: el estructuralismo y el marxismo. Mientras que aquel intentaba 

hallar los elementos profundos de las comunidades andinas que prácticamente no habían 

cambiado con el paso del tiempo, este último decantaba la base económica y las desiguales 

y conflictivas relaciones entre el Estado y los campesinos. 

La tragedia de Uchuraccay reveló los límites de ambos paradigmas en la comprensión 

de la agencia de los campesinos. Como dice Carlos Iván Degregori, la antropología 

estructural se limitó a señalar la otredad y aislamiento de las comunidades altoandinas de 

Ayacucho dentro de una visión dualista que distinguía el Perú profundo del Perú oficial, 

mientras que el marxismo restringía la cultura, política y vida cotidiana de los campesinos 

a los dictados abstractos de la estructura económica y formas de producción (2001: 48-49). 

Asimismo, la bancarrota antropológica afectó al conocimiento histórico, puesto que 

marxismo y estructuralismo constituían también las principales teorías para el estudio de 

los campesinos en el tiempo, como se verá a continuación. 

2. UN (NECESARIO) ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A partir del estructuralismo y del marxismo, los historiadores han reflexionado sobre la 

participación de los campesinos históricos en la construcción del Estado y la nación. Mas, 

dichas reflexiones quedan asociadas a las conflictivas coyunturas de la independencia y de 

la guerra del Pacífico, cuando apareció la nación o fue puesta en jaque por las tropas 



20 
 

extranjeras. Una somera revisión de la literatura histórica permite constatar esta 

proposición. 

Algunos historiadores adscritos al estructuralismo francés suscriben la teoría de la 

manipulación. Por ejemplo, el francés Jean Piel arguye que los movimientos campesinos 

fueron ocasionados por la reproducción decimonónica de una estructura de dominación 

colonial que convertía a los sectores populares en reserva económica para el pago de la 

contribución, o en reserva de energía para las haciendas, obras públicas y servicio militar. 

Indica que los campesinos protestaron mediante el bandolerismo, las montoneras o los 

movimientos antifiscales y fueron movilizados por las familias aristocráticas provincianas 

para resolver sus vendettas políticas, tal como ocurrió en Huanta en 1896, cuando los 

campesinos se sublevaron contra el impuesto a la sal movilizados por los agentes de 

Cáceres que habían sido destituidos por el gobierno de Nicolás de Piérola (Piel, 1967: 198; 

1973: 309). Igualmente, el sociólogo Patrick Husson combina las nociones de coyuntura y 

estructura con las categorías de manipulación y alienación, para estudiar las sublevaciones 

campesinas de Huanta de 1827 y 1896. Indica que la crisis económica causada por la 

independencia afectó la provincia y ocasionó la primera sublevación. Los campesinos 

fueron manipulados por un líder carismático como Navala Huachaca por estar alineados al 

sistema colonial. Setenta años después, se volvieron a levantar en contra del gobierno de 

Piérola, en alianza con los caceristas que habían sido despojados del poder, como reacción 

emotiva frente a un cambio político que traía incertidumbre. Al conectar ambas 

sublevaciones, el citado autor nota que en el ínterin hubo una toma de conciencia política y 

un estrechamiento del punto de vista de los campesinos, puesto que pasaron de la 

manipulación para derrocar a la República a las alianzas para mantener su cuota de poder, 

proteger sus intereses y defender su relativa autonomía (Husson, 1992). 



21 
 

Desde el marxismo, Heraclio Bonilla sostiene que en el siglo XIX los campesinos se 

desenvolvieron al margen del Estado republicano, sin ningún tipo de protagonismo 

político. En 1971, conjuntamente con Karen Spalding, postuló la idea de que la 

independencia fue la consecuencia no deseada de los cambios ocurridos en Europa, que 

ocasionaron la atomización de la sociedad peruana y la aparición de fuerzas centrífugas. 

Por ello, la independencia fue concedida por los ejércitos extranjeros de San Martín y 

Bolívar. En el proceso, los campesinos no fueron agentes porque todavía no se habían 

recuperado de la fuerte represión que siguió a la derrota de Túpac Amaru II y no contaban 

con la confianza de criollos y mestizos. Si llegaron a integrar el ejército patriota fue porque 

fueron movilizados por la “fuerza y el engaño” (Bonilla y Spalding, 1971: 95). 

Dicha idea ha sido retomada en sus sucesivos ensayos. Por ejemplo, al analizar las 

guerrillas que aparecieron entre 1821 y 1824, Bonilla indica que los campesinos 

secundaron indistintamente a realistas y patriotas al haber sido manipulados por líderes 

carismáticos, aunque en el transcurso de la acción aparecieron sus reivindicaciones 

subalternas que cuestionaban la contribución indígena y el reemplazo de sus jefes étnicos 

con funcionarios del Estado (Bonilla, 2007a: 118; 2007b: 141-143). Al interpretar la 

participación campesina en la Guerra del Pacífico, propone que la conflagración generó un 

“conflicto de castas” porque los campesinos reaccionaron contra los chilenos (que en sus 

expediciones a la sierra central destruían sus medios de producción) y contra los 

hacendados movidos por su “conciencia étnica” y para vengar viejas rencillas. Luego de la 

guerra, construyeron una “conciencia de clase” que rebalsaba las estrechas miras de su 

identidad étnica y se consolidó a inicios del siglo XX cuando el capitalismo norteamericano 

se estableció en el país (Bonilla, 1980). 



22 
 

Como se habrá notado, Bonilla interpreta desde la teoría de la dependencia la presencia 

de campesinos en la independencia y la guerra con Chile; pero, ¿qué ocurrió entre ambas 

coyunturas? El autor sostiene que hasta mediados del siglo XIX la contribución indígena 

estableció una relación asimétrica entre Estado y campesinos, “de drenaje de excedentes 

económicos y recursos humanos” que sirvieron para sostener las continuas pugnas de 

caudillos militares y caciques provincianos (Bonilla, 1989: 14). Por ello, los campesinos 

incumplieron con el tributo, como una forma de resistencia al Estado. 

Estos postulados fueron duramente cuestionados por una historia social preocupada por 

la búsqueda del dato empírico y por reivindicar el protagonismo de los campesinos para 

convertirlos en agentes de la historia. Por ejemplo, la tesis de Bonilla de la “guerra de 

razas” durante la guerra del Pacífico fue refutada por el paradigmático estudio de Nelson 

Manrique, quien sostiene que los campesinos desarrollaron “conciencia nacionalista” con 

la invasión chilena al valle del Mantaro, que los llevó a apoyar a las fuerzas de Cáceres 

para luego sancionar a todo terrateniente que pactara con los chilenos e iniciar un conflicto 

interclasista que culminó con la aparición de una zona de autonomía campesina en el 

pueblo de Comas. Dicho nacionalismo surgió en un momento particular, cuando la guerra 

aceleró transformaciones económicas y sociales que se venían dando desde mediados del 

siglo XIX en un espacio como la sierra central, donde los campesinos diversificaron su 

producción, participaron de los intercambios mercantiles y retuvieron sus propiedades 

comunales ubicadas en valles y quebradas (Manrique, 1980). 

Por otro lado, el antropólogo Tristan Platt planteó la hipótesis del pacto tributario, que 

alude a la relación entre el Estado (colonial y luego republicano) y los campesinos. Estos 

pagaban el tributo y en contrapartida, recibían la protección estatal de su propiedad 

comunal y de su capacidad contributiva (Platt, 1982). Esta propuesta combina 



23 
 

inteligentemente el sustantivismo de John V. Murra con la economía moral de Edward P. 

Thompson al resaltar dos aspectos claves del comportamiento económico de los 

campesinos: por un lado la particularidad de sus formas de intercambio económico 

(reciprocidad, control ecológico) y por otro, el orden tradicional que regía estas formas de 

intercambio (pautas culturales institucionalizadas).  Este enfoque, además, se funde con 

una etnohistoria interesada en descubrir en la documentación elaborada por la 

administración colonial y republicana la historia de la gente sin historia. Aunque con sus 

proposiciones el mencionado autor tiende a crear una imagen esencialista del 

comportamiento económico de los campesinos y una relación dicotómica entre ayllus 

tradicionales y Estado, no se puede negar que ha influenciado bastante en los estudios 

posteriores sobre la economía andina en tiempos republicanos y la participación campesina 

en los mercados. Ahí están los trabajos de Christine Hünefeldt (1978), Carlos Contreras 

(1989), Víctor Peralta (1991) y Mauro Vega (1992) sobre la contribución indígena en la 

sierra peruana. 

Al estudiar la rebelión de los campesinos de 1827, Cecilia Méndez analiza la dinámica 

de formación del Estado republicano en la puna de Huanta y arremete contra las categorías 

de guerras étnicas, manipulación consciente y pacto tributario. Señala que los campesinos 

se levantaron contra el Estado republicano en una coyuntura de crisis comercial y con el 

propósito de defender los derechos y estatus que habían ganado durante el reinado liberal 

de los borbones en los últimos decenios de la dominación colonial. Para sostener el 

movimiento, los rebeldes elaboraron, por un lado, una ideología promonárquica, con fuerte 

contenido liberal, que asociaba la estabilidad con la imagen del Rey y, por otro lado, 

tejieron alianzas con criollos, mestizos, curas y españoles que participaban de la 

producción y comercio de coca. No obstante, en el transcurso de la sublevación y en los 



24 
 

años posteriores, los campesinos impusieron su poder e instalaron una República Plebeya 

que subvertía la jerarquía étnica heredada de la colonia. Asimismo, al pactar luego con 

caudillos liberales como Orbegoso y Santa Cruz y al aceptar como propio un barbarismo 

(iquichanos) que provenía de los funcionarios republicanos, intentaron concretizar sus 

objetivos políticos relacionados con la formación del Estado republicano en los andes 

(Méndez, 1991, 2002; 2005a; 2005b). 

A fines de la década de 1990 apareció la noción de cultura política para estudiar las 

instituciones, regímenes y procesos electorales. El trabajo de Marie-Danielle Demélas 

propone la tesis de la construcción de una cultura política particular en los andes del siglo 

XIX, en la que las ideas de modernidad y democracia –importadas de la Europa de las 

luces y asumidas acrítica y parcialmente por las élites criollas– fueron traducidas e 

implementadas a partir de los marcos políticos de tradicionalidad y antiguo régimen, 

obteniéndose el resultado de una democracia híbrida o un republicanismo a medias. Dicho 

sistema replegó a los campesinos a la zona rural y los colocó en medio de las haciendas y a 

merced de los gamonales o de las venganzas étnicas (Demélas, 2003). 

Aunque Demélas actualizó el mito de la independencia concedida y la vieja dicotomía 

entre criollos políticos e ilustrados y campesinos que se desenvuelven en el localismo y el 

universo mental de los mitos, también inició los estudios sobre las elecciones 

decimonónicas, en las que los campesinos participaban como electores y ciudadanos, al 

menos en el ámbito parroquial. Gabriela Chiaramonte señala que se les concedió el 

derecho al voto en la primera década republicana por realismo político: los campesinos 

conformaban una mayoría poblacional que aportaba la contribución indígena, además que 

la élite criolla intentó crear en dicha población sentimientos de identificación y lealtad 

hacia la República, para romper con el lastre colonial. Con el sufragio de los campesinos, 



25 
 

las provincias del interior del país ganaron en centralidad, pues elegían y colocaban a las 

principales autoridades del Estado; no obstante, esta “hipoteca andina” fue liquidada con la 

reforma electoral de 1896, que marginó a los campesinos analfabetos con el auspicio del 

positivismo y del evolucionismo (Chiaramonti, 1995). Pese a estos avances que desvirtúan 

la imagen del campesino manipulado por los gamonales al momento de votar, poco se sabe 

todavía de su activa participación en los procesos electorales o de sus preferencias 

políticas, debido a la enorme dispersión de fuentes o a la ausencia de estudios de caso. 

A medida que el estructuralismo y el marxismo se eclipsaban por la crisis de los 

paradigmas, aparecieron nuevos intentos de interpretación de la experiencia campesina 

desde la antropología histórica, que replanteó el devenir de las comunidades campesinas, y 

desde la teoría de los estudios subalternos, que nuevamente puso sobre el tapete el rol 

protagónico de los campesinos. Combinando el enfoque antropológico de las permanencias 

con el análisis procesual de la historia, Alejandro Diez Hurtado sugiere que la 

reestructuración de la tierra en circunstancias de crecimiento demográfico y mayor presión 

poblacional sobre los recursos generó la aparición de grupos comunitarios integrados por 

mestizos e indígenas, que demandaron la posesión colectiva de la tierra con los antiguos 

títulos de dominio y con la intermediación de personeros que “hablaban en nombre de 

todos”. Dicho proceso terminó conectado con la política de reconocimiento legal de las 

comunidades de indígenas emprendida por el Estado en la primera mitad del siglo XX 

(Diez Hurtado, 1998). Por su lado, Luis Miguel Glave estudia la transformación de los 

Canas y Canchis del Cuzco en comunidades cerradas y separadas entre sí, debido a las 

reducciones del siglo XVI, que quebraron los lazos de solidaridad existentes, las reformas 

del XVIII, que ocasionaron la aparición de unidades sociales cerradas que se relacionaban 

con el exterior a través de hacendados, mestizos y alcaldes indígenas, la expansión del 



26 
 

mercado interno y el indigenismo del siglo XX, que consolidó la existencia de comunidades 

cerradas relacionadas con el exterior y les permitió definir una identidad común mediante 

la invención de una tradición étnica (Glave, 1992). Deborah Poole subraya el rol central 

del Estado en la formación del concepto de comunidad, mostrando cómo las comunidades 

de Chumbivilcas (Cusco) fueron parte de un engranaje de estructuras económicas y 

políticas en las que participaban los agentes del Estado (Poole, 1988). Y Jaime Urrutia 

precisa que las comunidades de Ayacucho provienen de las antiguas etnías de mitimaes 

que se ubicaron en la región en el siglo XV y que los conflictos que estallaron en el siglo 

XIX entre haciendas y comunidades tienen que ver con los procesos de ampliación de la 

propiedad terrateniente y de expansión-contracción del mercado. Mientras que en el norte 

de la región la disputa por los recursos ocasionó fragmentación de la unidad comunal, 

diferenciación campesina y mayor intervención del Estado, en el sur la economía mercantil 

generó mayores conflictos intercomunales y la preservación de la estructura de poder 

tradicional y la identidad comunera (Urrutia, 1981; 2014). 

Usando el prisma teórico de los estudios subalternos,  Florencia Mallon estudia la 

política de los campesinos de la sierra central en el siglo XIX. Refiere que las condiciones 

de producción campesina se transformaron a mediados de la referida centuria con las 

relaciones mercantiles que ocasionaron la aparición de tierras individuales y la migración a 

la ciudad. Sin embargo, la guerra del Pacífico generó la reaparición de viejas tensiones 

entre campesinos y terratenientes, de tal modo que la conciencia nacionalista y la defensa 

de la patria se transformaron en un proyecto contrahegemónico de autonomía campesina, 

que fue duramente reprimido por el Estado republicano, especialmente al sur del valle del 

Mantaro (Mallón, 1983; 1990; 2003). Por su lado, Mark Thurner analiza la formación de 

comunidades republicanas de campesinos como alternativa a la comunidad nacional en el 



27 
 

departamento de Huaylas (hoy Ancash). Indica que estos campesinos pudieron elaborar su 

propia noción de ciudadanía, amparados en el pago de la contribución, que les brindaba la 

condición de ser propietarios rurales o jornaleros citadinos, y en la relación de sus autoridades 

tradicionales con funcionarios estatales. Pero, con la supresión del tributo en 1854, dicha 

práctica entró en crisis, provocando el estallido de conflictos que recrudecieron cuando el 

Estado reimplantó el tributo luego de la guerra del Pacífico, sin garantizar el acceso a la 

propiedad (Thurner, 2006). Finalmente, Charles Walker, al estudiar la temprana relación entre 

caudillos militares (Gamarra) y sociedad rural cusqueña, postula que los campesinos usaron 

las prácticas políticas y discursivas de la naciente República para salvaguardar sus intereses. 

Por ello, decidieron no comprometerse con las luchas caudillistas y optaron por producir para 

el autoconsumo y el intercambio mercantil, cumplir con el pago de la contribución y mantener 

su autonomía política (Walker, 1999). 

Como se habrá notado, los trabajos mencionados destacan la participación de los 

campesinos en coyunturas de cambio o transformación: al iniciarse la vida republicana o 

durante-después de la guerra del Pacífico. Asimismo, construyen la figura de un campesino 

demandante de la reproducción de las formas  tradicionales (pacto tributario) y algo ajeno a 

los vertiginosos cambios implantados por la República, que afectaron su organización y 

vida cotidiana. Precisamente, la presente investigación propone lo contrario: que los 

campesinos actuaron políticamente a lo largo del siglo XIX, en los momentos exentos de 

crisis política o conflictos internacionales. 



Capítulo II 

REGIÓN Y ESPACIO 

 

 

Yo y Agustín Carpio empezamos a las 6 de la mañana del 
31 de enero, 1853, caminando por algunos kilómetros por 
un valle cubierto con granos de pasto bien abastecido con 
vacas, caballos y mulas. Entonces ingresamos a un 
barranco deshabitado, delimitado en ambos lados por 
elevadas montañas. Aquí yo vi las primeras llamas, una 
bandada de ocho. El barranco ascendió rápidamente, con el 
río Ica corriendo por debajo de él, delimitado por sauces, el 
agraciado schinus molle con sus bayas rojas, y un tipo de 
arbusto de laurel con flores amarillas llamado chilca 
(baccharis scandens). Saliendo del barranco, comenzamos 
el ascenso a las altas montañas por un camino en zigzag. 
Durante la mayor parte de su longitud, el barranco fue 
bordeado por terrazas de piedra, de ocho a diez pasos, cada 
vez más estrechas a medida que ascendían las montañas. 
Ahora sin usar, demostraron que este desierto fue una vez 
una extensión fértil y populosa del país. 

Clements R. Markham: Markham in Peru, p. 55. 

El epígrafe, escrito por el viajero Clementes R. Markham luego de su periplo por 

Ayacucho a mediados del siglo XIX, reconstruye adecuadamente y con algo de sabiduría la 

enmarañada geografía del espacio regional de Ayacucho. Markham ascendió la cordillera y 

en el transcurso de la jornada prestó atención a las cabezadas ubicadas entre Ica y 

Ayacucho, los valles interandinos propicios para la agricultura y la ganadería y unas altas 

cumbres donde observó por primera vez a sociables llamas. Solo le faltó bajar a la selva 

alta del río Apurímac para completar su conocimiento del paisaje regional. 

En esta complicada geografía, que impresionó y a la vez repelió a Markham y a otros 

cronistas y viajeros desde la época colonial hasta el presente, se asienta una región con 



29 
 

relaciones sociales y económicas que terminan delimitando el espacio regional y con una 

experiencia histórica que vale la pena explorar. Expliquemos en las siguientes líneas las 

características de la región y de su territorio regional. 

1. LA REGIÓN 

En los tiempos actuales, Ayacucho es uno de los departamentos de la sierra centro-sur del 

Perú, con una extensión superficial de 43.814,80 kilómetros cuadrados. Durante la época 

colonial y en gran parte de la etapa republicana, formó parte de la región de Huamanga: un 

espacio que se conformó entre fines del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, 

cuando se terminó de configurar la red de intercambios y circuitos comerciales que 

aprehendió gran parte de los actuales territorios de Ayacucho, Huancavelica, Chincheros y 

Andahuaylas (Urrutia, 1985: 18 y ss). 

Aunque la noción de región sirve para designar circunscripciones administrativas o 

porciones determinadas del territorio nacional que se distinguen por circunstancias 

naturales, políticas, económicas e históricas, también condensa elementos como las 

relaciones sociales, la estructura de poder, la tradición cultural y la identidad, que 

configuran un espacio regional. En tal sentido, la región alude a un espacio físico 

específico donde se reproduce y acumula el capital y se establecen relaciones sociales 

(González de Olarte, 1988: 61-62). La región posee, entonces, un nodo industrializado y 

mercado de consumo para las mercancías y para la realización del capital productivo que 

retorna a ella. Asimismo, se articula a un espacio mercantil adyacente, que brinda medios 

de subsistencia y mano de obra, pero sin lograr acumulación alguna, puesto que la 

ganancia retorna al nodo regional. Esta articulación es complementada por la existencia de 

una estructura administrativa dependiente del Estado, de una clase social que controla el 



30 
 

capital, de trabajadores que consumen los bienes y campesinos que elaboran medios de 

subsistencia en una esfera económica no capitalista (González de Olarte, 1988: 106). 

Sin embargo, en la historiografía las regiones han sido definidas sin necesariamente 

tomar en cuenta la existencia o no de un nodo industrial, a partir de los ejes de desarrollo o 

redes mercantiles establecidos en forma horizontal, entre costa y sierra, en un gran espacio 

con fronteras movibles. Dichas redes ocasionan la aparición de un mercado interno, la 

articulación de la economía mercantil con la economía no capitalista, la generación de un 

plusvalor y la acumulación en manos de empresarios y comerciantes (Montoya, 1982; 

Aldana, 1999; Jaramillo, 2017). En suma, se trata de un enfoque similar al anterior, pero 

sin la existencia de desarrollo industrial alguno. 

La definición de región que nosotros empleamos en la presente tesis es la usada por 

Jaime Urrutia, Susana Aldana y Miguel Jaramillo, para quienes región alude a un espacio 

articulado económicamente, en base a una red de intercambios y circuitos comerciales, 

cuya extensión y fronteras varían en el tiempo (Urrutia, 1985: 16; Aldana, 1999: 14-15; 

Jaramillo, 2017: 355-356). Mas, dicho espacio genera también un permanente sentimiento 

de identificación de parte de sus habitantes, o un regionalismo en palabras de Eric Van-

Young (1987: 248), que se nutre de una memoria histórica y de una tradición cultural a 

menudo reinventada. Así, podemos señalar que la región de Huamanga es un espacio 

geográfico organizado socialmente en la época colonial a partir de la circulación de 

mercancías y capital, pero con antecedentes que se hunden en el siempre recordado pasado 

prehispánico (Urrutia, 1985: 17). 

Retomando a Carlos Sempat Assadorian, precisa Urrutia que en los siglo XVII y XVIII la 

haciendas y obrajes, al producir bienes para el mercado de demanda de minas 



31 
 

(Huancavelica, Chumbilla, Castrovirreyna, Otoca, Huayllay, Hatunsulla) y villas como 

Huamanga o Huanta, lograron una interrelación mayor y atesoraron algo de capital, aunque 

dicho capital no fue usado para cimentar relaciones de producción porque la mano de obra 

la ponían mitayos y yanaconas.5 Asimismo, las poblaciones indígenas, al estar 

capitaneadas por caciques que rápidamente se amoldaron al intercambio mercantil, 

colocaron parte de su producción en el mercado interno para conseguir excedente 

monetario y cumplir ciertas obligaciones como el tributo. 

Agrega Urrutia que esta organización económica de la región se asentó en capas o 

sedimentos de períodos prehispánicos previos: la constitución de la Confederación Chanca 

en el Intermedio Tardío (años 1100-1450) en las cuencas de los ríos Mantaro, Huarpa, 

Pampas, Caracha, Apurímac y Chumbao, más la posterior dominación inca en el Horizonte 

Tardío (1450-1532). Por lo tanto, la región colonial coincidió con la denominada área 

cultural Pokra-Chanka que preservaba ciertos elementos culturales de origen 

precolombino, pero entremezclados con caracteres traídos por los españoles. 

En efecto, José María Arguedas definió a mediados del siglo XX el área cultural 

Pokra-Chanka como un espacio con cierta “unidad cultural”, integrada por Ayacucho, 

Huancavelica, Chincheros y Andahuaylas. Dicha unidad consiste en la existencia de un 

patrón cultural muy particular, caracterizado por: 

[…] la misma forma dialectal del quechua, una notable unidad folklórica musical –
aunque de extraña asaz variada por acentos provinciales–, una arquitectura popular 
de procedencia hispánica, pero muy aclimatada, cuya característica más 
sobresaliente es el amplio corredor cuyo techo aparece sostenido por columnas de 

                                                 
5 Retomando la teoría de los espacios económicos de François Perroux, Carlos Sempat Assadourian (1982) 
plantea que la minería como sector dominante y exportador en la economía colonial generó un espacio 
económico o una gran región (con los territorios de los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, 
Argentina y Paraguay) en la que se logró la especialización del trabajo, el intercambio interregional y la 
autosuficiencia económica. Dicho espacio, conectado con España a través de la exportación de plata y el 
monopolio comercial, fue legitimado con la creación del virreinato peruano 



32 
 

madera de base de piedra de diseño y formas muy características, el danzante de 
tijeras, las andas ornadas de cenefas y aparatos muy barrocos de cera. (Arguedas, 
1975 [1958]: 152). 

Para Arguedas, este espacio, con una cultura de origen colonial y matriz andina, hunde 

sus raíces en la etapa prehispánica, precisamente, en la Confederación Chanca. Sin 

embargo, tal entidad política y territorial es una tradición inventada antes que una realidad, 

creada en la primera mitad de la referida centuria por intelectuales como José Ruiz Fowler, 

Víctor Navarro del Águila o Pío Max Medina, siendo el autor de Yawar fiesta el 

continuador de sus planteamientos históricos en un momento cumbre para la producción 

cultural regional. 

En efecto, en 1924 el ingeniero Ruiz Fowler mencionó en su Monografía histórico-

geográfica del departamento de Ayacucho que en el territorio de Tayacaja, Ayacucho y 

Andahuaylas habían vivido Huancas, Chancas y Pocras en tiempos prehispánicos. Años 

después, el escritor y político Pío Max Medina escribió sobre Pocras, Chancas y su mítico 

líder Anco Huayllo. En 1939, el antropólogo Víctor Navarro del Águila sostuvo en una 

tesis presentada a la Universidad del Cusco que la Confederación Chanca estuvo formada 

por Huanka Willkas de Huancavelica, Ikichas, Pokras y Rukanas de Ayacucho y Chankas 

de Andahuaylas (Urrutia, 1994: 27). Esta idea fue totalmente incorporada al discurso de la 

arqueología regional; autores como Luis Guillermo Lumbreras, Enrique González Carré y 

Cirilo Vivanco sostienen la existencia de un área Chanca en la que predominan elementos 

culturales comunes como la creencia en un lugar de origen o paqarina (el lago 

Choclococha), un tipo de cerámica sin decorado y con incisiones denominada Arqalla y 

unas estructuras habitacionales circulares levantadas en las cumbres de los cerros 

(Lumbreras, 1974; González Carré, Pozzi-Escot y Vivanco, 1988). 



33 
 

Tanto Navarro del Águila como Medina formaron parte de un grupo de intelectuales 

que imaginó un espacio regional configurado en los lejanos tiempos prehispánicos y con 

una identidad regional asociada al recuerdo de los míticos héroes de aquel pasado. Eran los 

tiempos en que el positivismo, el indigenismo y el regionalismo promovían mezcolanzas 

discursivas para interpretar el pasado y actuar sobre un presente regional marcado por el 

predominio político y económico de Lima y cultural del Cusco. Para ello, echaron mano 

del Libro V, Capítulo XIV de los Cometarios reales de los incas del cronista mestizo Inca 

Garcilaso de la Vega (publicados en Córdova en 1609) y como si se tratase de un lente, lo 

usaron para estudiar fragmentos de cerámica que en verdad correspondían a sociedades 

(Huarpa, Huari) anteriores a los Chancas (González Carré, Pozzi Escot y Vivanco, 1987: 

30). De esta forma, terminaron generando un sentimiento regional a fin de remarcar su 

existencia como grupo social y la existencia de su región “en la gran historia del país al 

que supuestamente pertenecen y en la que no se encuentran” (Aldana, 2013: 227). 

Asimismo, este espacio regional no estuvo exento del impacto generado por las 

configuraciones y reconfiguraciones administrativas realizadas por el Estado colonial y el 

Estado republicano. Así, al iniciarse el siglo XVII coincidió con la jurisdicción del 

Obispado de Huamanga; pero, en 1784, este amplio territorio eclesiástico fue dividido en 

dos intendencias por disposición de Carlos III y en el marco de aplicación de las reformas 

borbónicas: la intendencia de Huamanga y la intendencia de Huancavelica. La primera 

tuvo una superficie aproximada de 49.044,13 km2 y fue dividida en siete subdelegaciones: 

Huanta (con 7 doctrinas y 20 pueblos), Huamanga (con 3 doctrinas y 2 pueblos anexos), 

Anco (con 1 doctrina y 4 pueblos), Cangallo (con 10 doctrinas y 32 pueblos), Lucanas (con 

7 doctrinas y 18 pueblos), Parinacochas (con 14 doctrinas y 44 pueblos) y Andahuaylas, 

con 7 doctrinas y 18 pueblos (Ruiz, 1990: 117). La intendencia de Huancavelica fue creada 



34 
 

para controlar directamente la producción de azogue de la mina y someter al poderoso 

gremio de mineros; al finalizar la era colonial contó con cuatro subdelegaciones: 

Huancavelica, Tayacaja, Angaraes y Castrovirreyna. 

Durante la independencia, la intendencia fue conocida como departamento de 

Huamanga, tal como consta en el reglamento de elecciones para el Congreso Constituyente 

de 1822 y contaba con siete provincias: Huamanga, Huanta, Anco, Cangallo, Lucanas, 

Parinacochas y Andahuaylas. Posteriormente, por Decreto Dictatorial del 24 de enero de 

1825 le fueron incorporadas las provincias de Huancavelica, Angaraes, Castrovirreyna y 

Tayacaja; pero, en 1839 con estas últimas fue creado el departamento de Huancavelica, 

mientras que Ayacucho quedó con seis provincias. En 1861 fue creada la provincia de La 

Mar, mientras que Andahuaylas en 1873 pasó a integrar el recién creado departamento de 

Apurímac. Desde entonces, la región ocupa un espacio de aproximadamente 43.815 km2, 

que coincide exactamente con el actual departamento de Ayacucho. 

En suma, la región de Huamanga, hoy llamada Ayacucho, consiste en un espacio social 

en el que se producen y circulan bienes, que llegan a localidades tan lejanas como Huanta 

en el norte, Puquio en el sur y Andahuaylas en el este gracias a la intervención de 

comerciantes, arrieros y viajeros, con una extensión y fronteras que varían en el tiempo. 

Pero, dicha realidad debe ser percibida, sentida y vivida por sus habitantes (Frémont, 1974: 

231); es decir, la población de la región debe representar ciertos objetos ausentes para 

generar la idea del ethos común y así estructurar mentalmente dicho espacio y realizarlo de 

acuerdo a sus valores y objetivos. Así, la región debe ser amada por sus habitantes a partir 

de la idea del pasado en común y dicho pasado no era otra cosa que la memoria de los 

antiguos pobladores prehispánicos. Tal vez este sentimiento explique el por qué Puquio 

sigue siendo parte de la región, pese a la distancia de 200 km. entre esta ciudad y la ciudad 



35 
 

de Ayacucho y pese a la desarticulación ocurrida ente norte y sur en el siglo XIX, con la 

aparición del eje mercantil Lima-Lomas-Puquio-Andahuaylas (Montoya, 1980). 

Sin embargo, todo espacio social coincide (más o menos) con un espacio geográfico, a 

menudo delimitado mentalmente, pero que guarda correspondencia con un territorio con 

numerosos accidentes geográficos. En el caso que nos ocupa, la región de Huamanga, 

llamada Ayacucho luego de la victoria del 9 de diciembre de 1824, coincidió en el siglo 

XIX con un territorio de más de 49 mil kilómetros cuadrados (las siete provincias de 

Ayacucho más Andahuaylas), cruzado por valles interandinos, elevadas y escarpadas 

cordilleras y una yunga fluvial abundante en recursos naturales e hídricos. 



36 
 

 

Mapa 1. La región de Ayacucho en el siglo XIX, con sus principales cuencas hidrográficas. 

Fuente del mapa: elaboración propia. 

2. LA GEOGRAFÍA DE LA REGIÓN 

El espacio regional de 49.044,13 km2 se encuentra atravesado, hacia el norte, por la 

cordillera del Razuhuillca y hacia el centro-sur, por la cordillera del Huanzo. Estos ejes 



37 
 

sirven de marco para diferenciar hasta cuatro grandes sectores ecológicos: el de las 

cabezadas, ubicado hacia el suroeste de la región; el de la puna, ubicado hacia el centro y 

sur de la región; el de la zona quechua, ubicado hacia el centro y norte de Ayacucho; y el 

de la selva alta o ceja de selva, hacia el noreste. 

Se denominan como cabezadas a las bocas de entrada de los valles costeños: un 

territorio ubicado entre los 1.000 y 3.000 metros de altitud que es apto para el cultivo de 

maíz y alfalfa, puesto que cuenta con recursos hídricos y facilita la comunicación ente 

Ayacucho y la costa central. 

La puna, acaso la franja más amplia en el espacio regional, se extiende desde el 

noroeste y hacia el sureste de Ayacucho. Se trata de un territorio conformado por amplias 

llanuras y laderas cubiertas de pasto durante todo el año y desprovistas de árboles, gracias 

a las condiciones climáticas reinantes entre los 3.500 y 5.000 m. de altitud. Es la zona de 

producción de tubérculos, como papa, mashua y olluco y además es hábitat de camélidos, 

ovinos y vacunos. Tubérculos altoandinos y camélidos fueron acaso los recursos más 

importantes y la base alimenticia fundamental de la población regional desde los tiempos 

prehispánicos, así como la fuente de proteínas y de lana en toda la región (Urrutia, 1994: 

6).  Precisamente, los más importantes hatos de camélidos y cérvidos se hallan hacia el sur, 

en las provincias de Lucanas y Parinacochas, que juntas conforman una realidad diferente 

de las provincias norteñas. Ambas ocupan más del 50% del territorio departamental y la 

mayor parte de sus áreas, de inmensas altiplanicies cortadas por algunos valles, “miran” 

hacia el pacífico (González Carré, Urrutia y Lévano, 1997: 5). 

La puna, como franja de pastos habitada por pastores, contrasta con el espacio ocupado 

por los agricultores. Existe una oposición histórica entre agricultores (Waris) y pastores 



38 
 

(Llacuaces), siendo estos últimos denominados como Sallqas en la región. Dicha oposición 

aparece, por ejemplo, en los mitos y en la tradición oral contemporánea.6 Los Wari fueron 

aquellos pobladores que durante la época prehispánica se organizaron en sociedades 

agrícolas y expansivas, con presencia de Estado, pero que terminaron enfrentados con 

aquellos, quienes a su vez no alcanzaron a dotarse de formas de organización estatal y 

quedaron confinados a las alturas de los cerros. Se trata de un choque cultural que aún hoy 

muestra sus huellas entre los campesinos de las quebradas dedicados a la agricultura y los 

habitantes de la puna dedicados a la ganadería y el pastoreo (González Carré, Urrutia y 

Lévano, 1997: 8). Precisamente, durante la etapa de violencia política fueron los Sallqas 

quienes primero se organizaron en rondas campesinas para luchar no sólo contra Sendero 

Luminoso, sino también para vengarse de la discriminación ejercida por los agricultores.7 

La zona quechua, ubicada entre los 1500 y 3500 metros de altitud, comprende unos 

pocos valles cultivables, que se hallan encajonados en medio de la accidentada topografía 

regional. En estos espacios agrícolas se cultiva principalmente maíz, frijol y calabaza, 

mientras que en las tierras ubicadas a mayor altura se producen tubérculos andinos 

mezclados con haba y trigo criollo. 

Dos tipos de manejo de cultivos se distinguen en las quebradas productoras de la zona 

quechua: los cultivos de mishka, sostenidos con riego, y los cultivos del hatun tarpuy o 

siembra grande, dependientes de las lluvias que se presentan entre noviembre y diciembre, 

                                                 
6 Mientras los Huaris se consideran descendientes de héroes culturales (gigantes barbudos) que podían 
convertirse en animales y enseñaron la agricultura a los hombres, los Llacuaces se representan como hijos del 
dios Illapa (Duviols, 1973). 
7 A fines de 1982 las poblaciones altoandinas de Culluchaca, Huaychao, Uchuraccay y Ccarhuaurán 
decidieron oponerse a los mandatos de Sendero Luminoso. Poco después, por iniciativa de la Infantería de 
Marina, formaron un Comité de Defensa Civil con sede en la localidad de Pampacancha, en Huanta (Coronel, 
1996: 70-71). 



39 
 

los meses de siembra y marzo-abril, los meses de cosecha (González Carré, Urrutia y 

Lévano, 1997: 9). 

 

Mapa 2. Franjas ecológicas en el territorio de la región de Ayacucho. 

Fuente del mapa: elaboración propia 



40 
 

A excepción de los valles cultivables, el resto de la zona quechua se compone de suelos 

muy pobres caracterizados por la ausencia de humedad (aquí llueve relativamente poco, en 

un promedio de 54 milímetros anuales y en el lapso de cuatro meses), por el exceso de 

radiación solar y por la presencia de una delgada capa de humus, indispensable para los 

cultivos. En esta parte del territorio predominan árboles (como el molle), arbustos, hierbas, 

cactus y especialmente tunales, un recurso que ofrece frutos y la cochinilla parasitaria de 

las pencas que se utiliza como colorante textil. 

Precisamente, en las quebradas de la zona quechua se hallan las ciudades más 

importantes de la región: la capital, Ayacucho (en la cuenca del mismo nombre); la ciudad 

de Huanta (al norte, en la cuenca del río Huarpa); Cangallo (a orillas del río Pampas) y San 

Miguel (en el valle de Ninabamba). 

Hacia el noreste de la región se halla el espacio de la selva alta o ceja de selva. Se trata 

de un bosque húmedo y tupido, con colinas de suave pendiente y terrazas aluviales 

ubicadas entre 494 y 2.000 m. de altitud, entre la vertiente oriental de la cordillera andina y 

el río Apurímac. Es una zona adecuada para el cultivo de frutales y de la hoja de coca. 

Este complejo espacio regional es atravesado por tres importantes ríos: el Mantaro, el 

Pampas y el Apurímac, más numerosos causes que nacen en la cordillera occidental y 

vierten sus aguas en el océano pacífico. El primero de ellos nace en el lago Chinchaycocha 

(en las alturas de Junín), baja hacia Huancavelica y corre desde el territorio de Angaraes 

dando un giro en U para formar la península de Tayacaja, hasta su unión con el Apurímac 

en el extremo nororiental de Ayacucho. Por su lado, el río Pampas cruza el territorio de 

Ayacucho desde su naciente en la laguna de Choclococha (en Castrovirreyna) hasta 

confluir con el río Apurímac al este de la región, en la zona denominada por los militares 



41 
 

como oreja de perro. Y el río Apurímac, que viene del sureste, se une con el Pampas y 

continúa su curso por el norte para confluir con el Mantaro y dar origen al río Ene, siendo 

además el límite natural y oriental con la región del Cusco. 

En el espacio configurado por estos ríos existen valles y microcuencas que a 

continuación inventariamos siguiendo la trayectoria norte-sur. Así, aparecen las 

microcuencas de Huanta y San Miguel, que en la primera mitad del siglo XIX formaron 

parte de la provincia de Huanta, hasta la creación de la provincia de La Mar. 

El valle de Huanta es irrigado por el río Huarpa, que corre de sur a norte y que a la 

mitad del valle recibe las aguas del río Urubamba (que provienen de las alturas de 

Angaraes), para formar el río Cachimayo y desembocar finalmente en el Mantaro. Dicho 

valle corre desde los ríos Huarpa-Cachimayo hacia la cadena montañosa del este, donde se 

halla el nevado del Razuhuillca (4.931 m. de altura), la principal divinidad o Wamani de 

esta parte de la región (Rivera, 1971). Desde esta cordillera bajan numerosos riachuelos 

que cargan en época de lluvias y permiten mantener irrigadas la mayor parte de tierras del 

valle durante todo el año. Aquí se halla la ciudad de Huanta, la capital de la provincia del 

mismo nombre. 

La producción agropecuaria de esta zona tiene particular importancia, puesto que por 

las características ecológicas del valle se pueden cultivar frutales y caña de azúcar en la 

parte baja, así como maíz y tubérculos en las tierras altas. No obstante, los productos de 

mayor circulación mercantil a lo largo de la colonia y también en el siglo XIX fueron el 

aguardiente de caña de azúcar y la coca, cuya producción y comercio eran acaparados por 

los propietarios huantinos y arrieros campesinos respectivamente (Méndez, 2005a). 



42 
 

El valle de Ninabamba o San Miguel se ubica precisamente al lado oriental de la 

cadena montañosa del Razuhuillca y es irrigado por el río Ninabamba, que desemboca en 

el río Pampas. Se trata de una de las mejores tierras de la región, en la que se producen 

desde frutales (como naranjas) hasta trigo, maíz, caña de azúcar y añil. En este valle se 

encuentran los pueblos de San Miguel y Tambo. 

Al sur de ambos valles, los ríos Cachi (oeste), Pongora (norte) y Yucaes (este) forman 

la microcuenca de Ayacucho, que presenta llanuras de piedemonte, valles encajonados y 

cerros apretujados de caótica orientación que dificultan el desarrollo de la actividad 

agropecuaria. Por ello, la ciudad de Ayacucho quedó convertida en sede de una febril 

actividad artesanal que ocupaba a una cantidad considerable de mestizos ubicados en sus 

barrios circundantes: Santa Ana, San Juan Bautista y Carmen Alto. 

Siguiendo el curso del Pampas, en su margen derecha se halla el río Caracha con sus 

tributarios, formando un estrecho valle donde el cultivo del maíz y la ganadería son las 

actividades predominantes. Hacia el este y en la margen derecha del Pampas, se ubica la 

microcuenca del río Huancapi, propicio para la práctica del pluricultivo. Siguiendo el 

recorrido oriental del Pampas y también en su margen derecha se localiza la microcuenca 

del río Sondondo o Hatunmayu, que en el este limita con las estribaciones de la cordillera 

occidental, donde el nevado Carhuarazo (5.112 m. de altitud) es el Wamani del sur de la 

región. Al oriente de las estribaciones se halla la microcuenca del río Chicha-Soras, que 

nace al sur, en la cordillera de Huanzo, y desemboca en el río Pampas. Aquí, las 

poblaciones se asientan en núcleos urbanos ubicados a orillas del río y también a 

considerable altura, donde se cultivan maíz, trigo y tubérculos respectivamente. 



43 
 

Al este, en la frontera entre la región y el Cusco, corre el río Chumbao hacia el Pampas 

y forma el valle de Andahuaylas, de 25 kilómetros de largo, con terrazas propicias para la 

producción maicera.  

Es característica de este territorio su mediterraneidad, sin salida al mar y sin ríos 

navegables que la acerquen a rutas fáciles o la conecten con otros espacios. Dicha 

condición es agravada por las grandes distancias que existen entre norte y sur. Por ejemplo, 

entre Ayacucho y Puquio existen más de 200 km. de trayecto que anteriormente los 

arrieros recorrían en seis días de viaje y en la actualidad un vehículo motorizado cubre en 

dos días de viaje. 

En este espacio regional, las relaciones sociales comenzaron con la experiencia 

histórica en los lejanos tiempos precolombinos; sin embargo, estas se relacionaron con las 

redes de intercambio y con la acumulación de capital (los componentes de la región) en la 

época colonial y en el siglo XIX, tal como veremos a continuación. 

 



Capítulo III 

AYACUCHO EN EL SIGLO XIX:  

UNA LARGA (Y COMPLICADA) HISTORIA 

 

Ayacucho parece estar más estrechamente ligado a la 
muerte que a la vida […] ha sido siempre un lugar de 
batallas y de muerte. “Las revoluciones empiezan en 
Arequipa” –dice un adagio peruano– pero cuando ellas 
alcanzan hasta Ayacucho entonces son serias. 

Carleton Beals: Fuego sobre los andes, p. 96. 

La región de Ayacucho ingresó en la era republicana no con la célebre batalla del 9 de 

diciembre de 1824 que se libro en su mismo suelo, sino con el convenio de Yanallay 

firmado en las alturas de Huanta el 15 de noviembre de 1839. Con este pacto, los 

campesinos rebeldes de los pueblos de Marcaraccay, Cancaillo, Tircos, Ccarhuahurán, 

Secce, Cunya, Huaychao, Iquicha, Challhuamayo y Uchuraccay reconocieron al gobierno 

restaurador del mariscal Agustín Gamarra y, por ende, al Estado republicano (Cavero, 

1953: 220). Doce años antes, estos mismos campesinos, en alianza con hacendados, curas, 

comerciantes y militares españoles y bajo el liderazgo del indígena Antonio Navala 

Guachaca, se levantaron en armas contra la joven República, ocupando el pueblo de 

Huanta y avanzando amenazadoramente sobre Ayacucho. Sin embargo, fueron vencidos 

por las fuerzas locales del prefecto Domingo Tristán, auxiliadas por los campesinos de 

Pampa Cangallo llamados morochucos. Posteriormente, en 1833 los rebeldes nuevamente 

se sublevaron en apoyo al batallón Callao y contra el gobierno de Gamarra, siendo otra vez 

derrotados por tropas leales.8 Al año siguiente, apoyaron al presidente Luis José de 

                                                 
8 El nombre de Batallón “Callao” sirve para designar la tropa acantonada en la ciudad de Ayacucho que el 24 
de julio de 1833 se levantó en armas contra el régimen de Gamarra con el título de División Vengadores de la 



45 
 

Orbegoso en la guerra civil contra Gamarra. Incluso luego de la batalla de Yungay y del 

descalabro de la Confederación Perú-Boliviana (1839) invadieron nuevamente Huanta 

como seguidores del caudillo Andrés de Santa Cruz para enfrentarse a las fuerzas 

restauracionistas de Crisóstomo Torrico. Nuevamente, fueron derrotados y ferozmente 

reprimidos.9 

Si en el norte de la región persistió la renuencia al gobierno restaurador y, por ende, al 

orden republicano, en el sur la aversión se manifestó en época más temprana y en forma de 

duda. En Parinacochas, el subdelegado español Francisco de Lama y Cheza mantuvo en 

1825 la antigua organización de curatos para cobrar las cuartas y deudas de los curas, pese 

a los decretos de Bolívar que organizaban el territorio independiente en provincias.10 

Podemos argüir que esta antigua ordenación facilitaba el cobro de determinadas 

imposiciones en un territorio menos extenso y complicado de manejar, con población 

dispersa en distantes localidades; sin embargo el esquema de antiguo régimen persistía en 

la cabeza del subdelegado y de la población que estaba bajo su administración como 

resultado de una experiencia histórica colonial que impactó en la sociedad regional y que 

es necesario explorar para entender los cambios ocurridos en el siglo XIX. 

 

 

                                                                                                                                                    
Ley y bajo el liderazgo de los capitanes Alejandro Deustua y Tomás Flores. Los amotinados asesinaron al 
prefecto coronel Juan Antonio Gonzales y al jefe de la guarnición coronel Mariano Guillén. Luego, 
impusieron un cupo de 18.000 pesos a los vecinos de Ayacucho y se dirigieron hacia Huanta, donde también 
impusieron otro cupo de 5000 pesos y obtuvieron el apoyo de los rebeldes de las punas. Las tropas del 
régimen, comandadas por el mismo Gamarra y por su ministro Pedro Bermúdez, acorralaron a los sediciosos 
y los derrotaron junto a sus aliados en el cerro Pultunchara, cerca de Huanta, el 15 de agosto del citado año 
(Cavero, 1953: 212-215; Basadre Grohman, 2005, II: 52-53). 
9 Sobre la rebelión de los pobladores de la puna de Huanta a inicios de la era republicana, cf. Husson (1992) 
y Méndez (2005a). 
10 Monografía de la provincia de Parinacochas, Vol. I, pp. 239-240. 



46 
 

1. LOS ANTECEDENTES 

Como se mencionó anteriormente, la región de Huamanga se configuró en la época 

colonial, pero tomando en cuenta la experiencia prehispánica que todavía persistía a nivel 

de las relaciones mercantiles y sociales. Dicha experiencia se plasmó en la utilización de 

una red vial que conectaba la ciudad de Huamanga con la mina de Huancavelica, el 

principal nodo económico de la zona centro-sur andina entre los siglos XVI y XVIII, y con 

villorrios y pueblos desplazados en el amplio espacio regional. Esta red vial fue trazada y 

construida en la época del Horizonte Medio (años 600-1100 de nuestra era), cuando en la 

cuenca de Ayacucho se establecieron el poder estatal y el gobierno centralizado, con una 

jerarquía de sitios con arquitectura pública de diferentes dimensiones (Isbell, 1985: 75-76). 

El más importante fue Huari, ubicado al norte de la cuenca, cerca del estrecho valle de 

Pacaycasa, que en la primera época del Horizonte Medio se convirtió en un gran centro 

urbano con recintos rectangulares y trapezoidales amurallados que sirvieron para registrar 

la información, almacenar productos, hacer agasajos y enterrar a los otros muertos de la 

clase gobernante. 

Los sitios de menor jerarquía (Azángaro en el valle de Huanta, Jargampata en la cuenca 

de San Miguel, Jincamocco en el valle de Carhuarazo) fueron centros administrativos 

instalados para controlar los pisos ecológicos adyacentes. A ellos se trasladaban los 

gobernantes, sacerdotes y funcionarios estatales para administrar la producción de las 

tierras y las labores de mitayos, conseguir el excedente y organizar los rituales a través de 

la red de caminos construida por el poder centralizado. Señalan John Hyslop y Katharina 

Schreiber que una vía principal partía de Chincha, en la costa central, y a través del cauce 

de los ríos Sanquiniyoc y Pisco llegaba Huaytará y se prolongaba hacia la cuenca del río 

Pampas y el valle del Chumbao. Otra ruta iniciaba en Nasca, pasaba por Jincamocco hacia 



47 
 

el valle de Soras y llegaba por un ramal a Abancay y por otro a la cuenca del Pampas 

(Schereiber, 1992: 60; Hyslop, 2014: 421). Un tercer camino en el eje norte-sur pasaba por 

la ciudad Huari y llegaba hacia los centros administrativos más lejanos, que se instalaron 

en los confines del territorio controlado por el Estado: Wiracochapampa y Huarihuillca en 

el norte y Pikillaqta en el sur. 

Durante el Horizonte Tardío (1450-1539) los incas ocuparon la región y establecieron 

en un centro administrativo (Condormarca) y un centro religioso (Vilcashuamán), en la 

vera de aquella importante vía que comunicaba el norte con el sur. Al mismo tiempo, 

reordenaron a la población, subordinando a los seis grupos étnicos originarios que 

habitaban en Huancavelica (Anqara) y en las microcuencas de Hatunmayo (Rucana), 

Chicha-Soras (Soras), Pampas (Chocorbos y Tanquiguas) y Chumbao (Chancas), e 

instalaron numerosos grupos de mitimaes especialmente en Huanta, Ayacucho y en el 

Pampas-Caracha con el propósito de repoblar el territorio, controlar los recursos y contar 

con un soporte para sus conquistas de la sierra y costa central. Así, en la microcuenca de 

Huanta asentaron a Parijas; en la de Ayacucho, a Caviñas, Acos, Anta, Quiguares y 

Latacungas. En la cuenca del río Pampas colocaron a Papres y Condes (en Tinquigua, 

Gualla y Cayara); Chilques (en Canaria y Huancapi); Canas y Canchis (en Pomabamba, 

Quispillacta y Totos); Muchic (en Cangallo); Huancas (en Huancasancos y Sarhua); 

Aimaras (entre Chuschi, Paras y Totos), además de Cañaris, Chachapoyas y Collas 

(Zuidema, 1966; Huertas, 1981, 1998; Urrutia, 1985; Santillana, 2012). 

Por supuesto que originarios y mitimaes reutilizaron la red vial instalada siglos atrás 

por el Estado Huari para explotar los recursos de los diferentes pisos ecológicos o para 

instalar colonias de mitayos en zonas importantes como la selva alta del río Apurímac. Por 

ejemplo, los Soras tenían su núcleo en la microcuenca del río Chicha-Soras y ahí 



48 
 

cultivaban maíz, quinua y tubérculos; pero accedían a las salitreras de la microcuenca de 

Ayacucho y a los cultivos de ají de las cabezadas (Monzón, 1965a [1586]: 223-224). 

Igualmente, los Hatun Rucanas de Laramati cultivaban maíz y tubérculos en el valle de 

Hatunmayo, pero criaban sus camélidos en las alturas y controlaban cultivos de ají en la 

yunga occidental (Monzón, 1965b [1586]: 234-235). Finalmente, los integrantes del 

curacazgo Asto de los Anqara se dedicaban a la agricultura y ganadería y a la vez 

controlaban tierras para la producción de papa y maíz en la puna y en los valles 

adyacentes, respectivamente (Lavalle y Julien, 1983: 131). 

La temprana visita de Damián de la Bandera, un conocedor de las antigüedades del 

Perú que fue nombrado como corregidor de Potosí y Charcas por el virrey Toledo en virtud 

de su sapiencia, registra el control que en los primeros decenios de la dominación colonial 

las poblaciones indígenas de Huamanga ejercían sobre los pisos ecológicos quechua y puna 

a partir del camino que venía del norte, unía la sierra central con Vilcashuamán y se 

prolongaba hacia Andahuaylas, Cusco y Alto Perú: 

El camino real que llaman de Guainacaba […] divide las poblaciones desta 
provincia, el cual entra por medio de la plaza de esta ciudad [Huamanga]. Los 
indios que viven a la mano izquierda dél, que es hacia los Andes, alcanzan buenas 
tierras. Tienen chácaras de coca, de algodón y de ají, de que pagan el tributo y dello 
tienen sus rescates y granjerías. Los que viven hacia la mano derecha, entre el 
camino real y la cordillera que está sobre Los Llanos, no tienen tales tierras; pero 
tienen despoblados y algunos ganados y aprovechándose de cazar lo bravo, de que 
se mantienen y visten y hacen cecina, que llaman charque, y con ellos tienen sus 
rescates y contrataciones con los otros (De la Bandera, 1965 [1557]: 177). 

Como se desprende de la cita, en 1539 los españoles fundaron en la vera de la vía, “en 

el comedio del Cusco y de Lima […] una ciudad de cristianos para que hiciese el paso 

seguro a los caminantes y contratantes, la cual se llamó San Juan de la Frontera” (Cieza de 



49 
 

León, 1992 [1553]: 282).11 Al mismo tiempo, crearon encomiendas para explotar los 

recursos y la mano de obra de los conquistados y agruparon a los indígenas en reducciones, 

alterando el patrón de asentamiento andino y el control de pisos ecológicos. 

Consolidada la dominación colonial, la producción de haciendas, obrajes y talleres 

artesanales que se instalaron en la región estuvo destinada principalmente al mercado de 

consumo de la mina de Huancavelica entre la segunda mitad del siglo XVI y fines del siglo 

XVII. De este modo, la mina se convirtió en un nodo que arrastró directamente a los 

espacios contiguos e indirectamente a zonas lejanas, al demandar maíz, ganado y coca de 

Huanta, caña, aguardiente y azúcar de la cuenca del río Pampas y de los valles de San 

Miguel y Andahuaylas, panes de Huamanga y tejidos de Vilcashuamán (Contreras, 1982). 

Sin embargo, el entramado cambió en los últimos años del siglo XVII, cuando disminuyó la 

explotación de azogue y la ciudad de Huamanga demandó algunos de estos bienes como 

cabeza de corregimiento y nudo de tránsito de comerciantes, arrieros y viajeros. Asimismo, 

la demanda fue impuesta por las demás explotaciones mineras de la región y por pequeños 

pueblos del escenario regional vinculados a esta red mercantil. 

En el siglo XVIII la ciudad de Huamanga se consolidó como el nudo productor de 

diversas artesanías y de demanda de bienes. Esto coincidió con la implantación del sistema 

de los repartimientos mercantiles y con las reformas administrativas y fiscales de los reyes 

borbónicos. Si con los repartos la Corona buscó ampliar el consumo de manufacturas 

importadas y bienes de haciendas y a la vez derivar energía laboral a las unidades 

productivas (Golte, 1980: 17; O’Phelan, 2012: 131-132), con las reformas intentó retomar 

el control del Virreinato e incrementar los ingresos de la Real Hacienda mediante la 

                                                 
11 Frontera porque se hallaba entre el territorio controlado por los conquistadores y la yunga fluvial 
posesionada por los incas de Vilcabamba y ubicada al levante de la escarpada cordillera central. 



50 
 

modificación de varias ramas del tesoro. Sin embargo, esta explosiva combinación no 

causó los efectos esperados; al contrario, en el sur andino desencadeno numerosas de 

protestas de mestizos e indígenas, cuya máxima expresión fue la rebelión de Túpac Amaru 

II entre 1780-1781. En la región, repartos y reformas ocasionaron la intervención de 

nuevos agentes en la economía, el malestar social y un proceso de restructuración de 

posesiones rurales, como preludios a la independencia del siglo siguiente. 

Expondremos el tema de las posesiones en el siguiente capítulo. Por ahora, queremos 

mencionar que el sistema de repartos mercantiles, empleado por los corregidores desde el 

siglo XVII y legalizado por la Corona en 1751, generó en la región mayor circulación de 

bienes importados como tejidos, mulas y herramientas, y de productos regionales, como 

ropa de la tierra, no solo entre indígenas, sino también entre mestizos e incluso criollos 

(O’Phelan, 2012: 141). Mas, dichos bienes fueron distribuidos en provincias con alta 

densidad demográfica (como Huanta y Andahuaylas), con bastante población tributaria 

(Vilcashuamán) y donde no se elaboraban tejidos (Lucanas). Al contrario, en Huamanga y 

Angaraes no se repartieron excesivos bienes porque circulaban manufacturas extranjeras, o 

para no recargar a la potencial mano de obra de la mina de Huancavelica, respectivamente. 

Jaime Urrutia señala que la implantación del sistema benefició principalmente a 

comerciantes limeños y en segundo lugar a corregidores, curas y caciques (2019: 23). 

Sin embargo, el reparto propició la llegada de funcionarios y negociantes peninsulares 

para intervenir en el control del comercio y de las unidades productivas y así hacer buenos 

negocios. Es el caso de los inmigrados Irribarren, Longaday, Guadayoa, Pertica, Soregui, 

Murrieta, Egurrola, Zorraquín y Lartegui, provenientes de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, 

quienes en la segunda mitad del siglo XVIII llegaron a monopolizar el comercio regional e 

invirtieron en haciendas y préstamos (Urrutia, 2019: 63). Asimismo, es el caso de 



51 
 

Domingo López del Pozo, marqués de Mozobamba y del Pozo, y de sus sucesores: una 

familia de ascendencia gallega que, a partir del corregimiento de Vilcashuamán y del 

Cabildo de Huamanga, incursionó en la producción y comercio de azúcar y aguardiente 

(Velarde, 2018). Y es el caso de Cayetano Ruiz de Ochoa: natural de Valladolid, quien fue 

corregidor de Cangallo, administrador del obraje de Ccaccamarca y propietario de 

haciendas y tiendas (Salas, 1998, I: 162). 

Con las reformas borbónicas, que fueron aplicadas en la región por los intendentes José 

Menéndez Encalada (1795-1799) y Demetrio O’Higgins (1799-1810), aumentó la alcabala 

en 6 %, se impuso el cobro del chepín (impuesto a la venta de carne), de las deudas 

impagas, del tributo indígena y el cumplimiento de la mita para aquellos deudores e 

indígenas eximidos de las cargas fiscal y laboral. A la par, los intendentes ejercieron un 

mayor control sobre los funcionarios de menor jerarquía para mejorar la administración y 

centralizar el poder. Las medidas ocasionaron el rechazo de hacendados, comerciantes, 

funcionarios y curas y las protestas estuvieron dirigidas hacia la figura del intendente. En 

1795 aparecieron en las calles de Huamanga pasquines que difamaban a Menéndez 

Encalada y su sucesor fue tratado con desprecio en todo lugar que visitaba. Incluso, en 

1802 estalló un motín en la doctrina de Lucanas protagonizado por indígenas descontentos 

con la destitución del cura Juan del Río decretada por el intendente O’Higgins (Quichua, 

2019: 57). 

Los reformadores también intentaron reactivar la explotación de las minas de 

Huancavelica, cuya producción decayó desde 1692, pero todo intento fue vano. La 

producción del azogue continuó con su paulatino descenso, especialmente tras el uso de la 

técnica del pallaqueo. Aún así, obrajes, haciendas y talleres artesanales de la región 



52 
 

continuaron funcionando, destinando sus productos a la demanda de la ciudad de 

Huamanga, de villas menores y de otras minas. 

En efecto, al culminar la larga etapa colonial el comercio de tejidos, coca y la 

producción agropecuaria fueron las principales actividades de una economía que no puede 

considerarse como estancada. Sin embargo, hay autores que sugieren que este dinamismo 

económico y comercial fue interrumpido por la guerra de la independencia y por 

posteriores movimientos sociales. Ciertamente, entre 1814 y 1839 la región fue sacudida 

por el movimiento de fuerzas rebeldes, libertadoras y pacificadores, como la de los 

hermanos Angulo y Pumacahua (1814), la de Arenales (1820-1822), la de Bolívar (1824), 

la del prefecto Domingo Tristán (1827-1828), o la del presidente Gamarra (1834 y 1839). 

Además, fue zona de conflictos entre las fuerzas realistas de Ricafort, Carratalá y Canterac 

y las fuerzas guerrilleras que actuaban bajo el liderazgo de Cayetano Quiroz entre 1820 y 

1824 (Igue, 2008; Pereyra, 2016). Tal situación causó la destrucción de haciendas, el 

quiebre de circuitos mercantiles y la enajenación de mano de obra y capital para la guerra. 

(Huertas, 1977; Méndez, 1991; Solier, 1995). Por ejemplo, en 1826 el alcalde de Ayacucho 

consignó en una misiva al prefecto lo siguiente: 

La cooperación de esta provincia y ciudad al triunfo de la libertad e independencia 
coronado al fin en sus mismos campos y como el atraso lamentable en que todos los 
ojos y con particularidad los observadores de Vuestra Excelencia ven la población 
de esta ciudad y provincia desaparecida en las filas libertadoras, al golpe de la 
venganza española, o por los desastres de la guerra, los edificios sagrados y 
profanos o derribados por tierra, o deteriorados o afeados, sin haber quien los 
restablezca o componga; las heredades abandonadas é incultas por falta de brazos o 
animales, herramientas y fondos con que laborearlos; los hatos de ganado yermos y 
solitarios; el comercio y una industria territorial en una decadencia que casi 
equivale a su nulidad total […] 12 

                                                 
12 ARAy, Municipalidad, Leg. 70, Oficios varios sueltos, 1826. 



53 
 

Varios son los propietarios y arrendatarios de tierras que confirman el abandono de las 

heredades, la falta de herramientas y fondos y el agotamiento del ganado. El regidor 

realista José María Palomino mencionó que su hacienda Sachabamba en el Partido de 

Cangallo “[…] fue el centro de las correrías de los insurgentes y morochucos, quienes por 

castigar mi inequívoca fidelidad al Rey […] se robaron casi todo el ganado vacuno y 

caballar […] y las casas todas [han sido] incendiadas […]”.13 Casi al mismo tiempo, la 

indígena Petrona Lifoncia  señaló que “ahora un año y siete meses con mi marido tomamos 

en arrendamiento una huerta sita en la Totorilla […] estando en ella pasados de cuatro 

meses cayó el torbellino de la Patria y se arrasó con ella”.14 Aquellos también denuncian la 

escasez de mano de obra que fue destinada a los ejércitos en pugna. En 1818 los 

pobladores de Andahuaylas contabilizaron la ausencia de 1.400 hombres “que se han 

sacado para el ejército”.15 En 1824 el prefecto José María Monterola exigió al subdelegado 

de Cangallo la remisión de 36 hombres para formar el batallón Huamanga e integrarlo al 

ejército libertador. Y en 1827, durante la sublevación de los campesinos de Huanta, tanto 

los rebeldes como republicanos enrolaron gente en Huanta y Cangallo respectivamente 

(Pérez, 1982: 102 y 167). 

Las guerras y rebeliones ocasionaron también la interrupción de los circuitos 

mercantiles por los que tejidos y coca llegaban a la sierra central. En 1820 el hacendado 

Antonio de Cárdenas dijo no poder cumplir con sus obligaciones por “[…] haber estado 

cerrado por más de diez meses el paso general de Jauja y Guancayo por los disidentes, 

siendo esos lugares del espendio [sic] con utilidad de la coca que produce dichos partidos 

[Anco y Chungui] en que a los interesados se les ha inferido gravísimos daños y perjuicios 

                                                 
13 ARAy, Intendencia, Leg. 42, 1821. 
14 ARAy, Intendencia, Leg. 48, 1822. 
15 ARAy, Intendencia, Causas Civiles, Leg. 8, 1818. 



54 
 

[…]”16 Además, los comerciantes fueron compelidos a aportar dinero a las fuerzas 

patriotas o realistas. El negociante Pedro Zorraquín señaló que “[…] con el Rey tiene 

perdidos más de 4.000 pesos en préstamos y suplementos a la fuerza; iguales empréstitos a 

la Patria que pasan de 8.000 pesos fuera de muchos otros quebrantos que he padecido en 

las presentes compulsiones políticas”.17 

A pesar de la situación, tejidos y coca continuaron comercializándose en lugares tan 

lejanos como Cerro de Pasco, Huánuco y Chile. Jaime Urrutia ha cuantificado las 

exportaciones de tocuyo y bayeta a partir de los registros de la Aduana de Huamanga y ha 

podido establecer tres ciclos de comercialización. En el primer ciclo, entre 1784 y 1798, 

menos de 20.000 varas de tejidos fueron comercializadas en la feria de Cocharcas, en 

Andahuaylas, y en haciendas que usaban el tocuyo y bayeta para recompensar a sus 

trabajadores. La producción estuvo a cargo de chorrillos o pequeños centros de confección 

que empezaron a funcionar con mano de obra familiar en reemplazo de los antiguos 

obrajes que estaban en crisis terminal. Esta producción básica y prácticamente familiar se 

sextuplicó en un segundo momento, entre 1800 y 1809, hasta alcanzar la espectacular cifra 

de 700.000 varas de tejidos que fueron colocados en Cerro de Pasco y Lima. Finalmente, 

se contrajo debido a múltiples factores (como la guerra de la independencia o la 

importación de tejidos ingleses) en un tercer ciclo que se prolonga hasta 1818. En esta 

ocasión fueron Lima, Cerro de Pasco y Copiapó (en la región de Atacama, Chile) los 

mercados para los tocuyos y bayetas de Huamanga (Urrutia, 1994: 24). 

Aunque las cifras de la aduana se interrumpen en 1818, podemos sostener que la 

producción y comercio de tejidos continuó en los siguientes años, hasta mediados del siglo 

                                                 
16 ARAy, Municipalidad, Leg. 46, Alcaldía: oficios remitidos, 1820. 
17 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 1, Causas Civiles, 1825. 



55 
 

XIX, debido a las políticas proteccionistas del Estado peruano y al consumo de los ejércitos 

de los caudillos en pugna. En 1829 las autoridades de Ayacucho firmaron un buen acuerdo 

con el régimen de Gamarra para que sus soldados “usen preferentemente las camisas de 

tocuyo, mantas o frazadas y zapatos de esta ciudad”.18 Al año siguiente, el gobierno pidió a 

los artesanos locales la confección de 18.600 camisas para las tropas, a un precio de 3 

reales la unidad.19 En 1837 la zapatera Rosa Grijalbo ganó una subasta para la confección 

de 4.000 pares de zapato para el ejército de la Confederación Perú-Boliviana.20  Dos años 

después, el tesorero departamental José Mariano Román contrató con el comerciante y 

artesano José Patricio Herrera la confección de 10.000 camisas y 10.000 pares de zapatos 

para el ejército restaurador contrario a la Confederación.21 Finalmente, en 1846 el ministro 

de Guerra y Marina José Rufino Echenique sugirió al prefecto Luis La Puerta “que las 

camisas necesarias para las fuerzas del ejército se construyan precisamente en Ayacucho, 

empleándose al intento los tocuyos manufacturados del país”, pese a la baja calidad del 

producto.22 

Otro bien producido en la región y destinado para mercados lejanos fue la coca. Según 

las estimaciones del médico y cosmógrafo mayor Francisco Antonio Cosme Bueno, hacia 

1741 se produjeron 8.000 @ de coca en Huanta, que fueron llevadas a Huancavelica y 

vendidas por arrobas a un valor de 8 pesos (Bueno, 1951: 70). Tiempo después un colega 

suyo, Hipólito Unanue, cifró la producción de Huanta y de Anco en 62.680 @ (376.080 

pesos) y 2.424 @ (14.544 pesos) de coca para el quinquenio 1785-1789 (Sala, 2001: 28). 

En tiempos ya contemporáneos, Jaime Urrutia (1994: 18) calcula que entre 1779 y 1802 la 
                                                 
18 AGN, OL, 185-436, Prefectura de Ayacucho, 17 de octubre de 1829. 
19 Ibíd. 
20 AGN, Ministerio de Hacienda, H-4-321, 30 de abril de 1830. 
21 ARAy, Sección Notarial, Leg. 145, Julián Caro, Prot. 178, 13 de abril de 1839, F. 406v. 
22 El Peruano, tomo XVI, N° 45, Lima 21 de noviembre de 1846. 



56 
 

ciudad de Huamanga recibió un promedio anual de 600 @ de coca con dos años punta 

(1782 con 1.072 @ y 1802 con 1.710 @) y un año crítico (1792 con solo 304 @, por 

debajo del promedio anual). Por su lado, Cecilia Méndez indica que la coca se 

comercializaba también en Huancayo y Andahuaylas, localidades distantes ubicadas a 130 

km y 118 km al norte y sureste de Huanta, respectivamente (2005a: 73). 

El comercio de tejidos y coca tuvo como contraparte la importación de géneros finos, 

metales, vidrios, papeles, aguardiente y tela provenientes de Lima, Ica y Europa. Para este 

intercambio se formó un sistema mercantil que relacionaba a varios agentes comerciales 

como si se tratase de los eslabones de una cadena. El primer eslabón estaba formado por 

las grandes compañías mercantiles, ligadas a mercaderes limeños y peninsulares, que 

otorgaban mercancías mediante crédito a comerciantes huamanguinos que tenían 

almacenes y centros de acopio. Luego, estos distribuían las mercancías, también mediante 

crédito, entre pequeños negociantes, viajeros y arrieros, quienes se encargaban de 

internarlas en el amplio espacio regional, para su venta e intercambio entre criollos, 

mestizos e indígenas; es decir, consumidores que conformaban el último eslabón de la 

cadena comercial (Urrutia, 2019: 81-88). 

Pero esta dinámica económica, formada alrededor del comercio de tejidos y coca, 

sufrió una importante transformación a mediados del siglo XIX, cuando el guano se 

convirtió en el primer bien de exportación y el Estado puso fin al proteccionismo al 

implantar el librecambismo comercial de forma definitiva. 

2. LA REGIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Si en las primeras décadas del siglo XIX el Perú se vinculó al mercado mundial con la 

explotación de plata, a partir de 1841 el panorama comenzó a cambiar debido a la 



57 
 

exportación del guano, un sustrato derivado de la aglomeración de excremento de aves 

marinas en las islas del litoral que sirvió para la producción agrícola intensiva. 

Con el guano, el Perú quedó articulado definitivamente al mercado mundial y el 

ingreso del Estado peruano aumentó notablemente. Según los cálculos de Shane Hunt, 

hacia 1850 la exportación de guano se convirtió en el 50,2% del total de exportaciones del 

país y entre 1851 y 1860 constituyó alrededor el 57%, siendo 1854 el año que registró la 

cifra más elevada: 73,8% del total de exportaciones (Hunt, 2011: 78). Precisa el autor que 

entre 1841-1878 se exportaron entre 11 y 12 toneladas de guano, alcanzándose quizá unos 

750 millones de pesos en ventas finales. De este total, el Estado recibió entre 381 a 432 

millones de pesos en ingresos directos y los consignatarios ganaron entre 60 y 80 millones 

de pesos por controlar la venta del sustrato (Hunt, 2011: 110). 

Sobre las finanzas nacionales, señala Hunt que un porcentaje elevado de los ingresos 

del guano (53,5%) sirvió para la expansión de la burocracia civil y militar; otro importante 

rubro fue el pago de transferencia a peruanos y extranjeros o consolidación de la deuda 

interna y externa (19,5%), que no estuvo exento de irregularidades, fraude y especulación. 

Con el ingreso del guano el Estado invirtió en ferrocarriles (20%) y la diferencia sirvió 

para reducir la carga tributaria de cierto sector de la población (7%); por ejemplo, la 

contribución indígena (Hunt, 2011: 102-111). 

Para algunos autores este dinero no impactó en la economía del interior del país y más 

bien sirvió para el beneficio de la élite rentista de Lima, de la burguesía comercial y de la 

clase terrateniente de la costa norte (Bonilla, 1974; Husson, 1992: 156). Al contrario, 

sostenemos que parte de la tasa de retorno de la exportación de guano ingresó a la 

economía regional, provocando la expansión de algunos rubros y la contracción de otros. 



58 
 

En efecto, en la segunda mitad del siglo XIX la producción de zapatos, que 

anteriormente había surtido de calzado a los ejércitos de los caudillos, estaba en 

contracción, al igual que la confección de tejidos. El apoderado fiscal de de Huamanga 

señalaba que la cantidad de suelas y badanas que se fabricaban en la provincia, 

especialmente en barrios especializados para tal labor como San Juan Bautista, era la 

necesaria para abastecer el consumo de algunos pueblos de la región; la demanda restante 

era cubierta con la importación de zapatos. Asimismo, informaba que los chorrillos de 

pueblos como Pacaycasa, Macachacra, Huamanguilla o Quinua habían cerrado debido a la 

presencia del tocuyo extranjero (inglés), “cuya concurrencia en nuestros mercados es 

sumamente perjudicial a la industria del país”.23 

Si la producción de ciertas manufacturas se contrajo, ocurrió lo contrario con 

gramíneas, aguardiente de caña, ganado y artículos de pan llevar como las gramíneas, cuya 

demanda se incrementó en Lima y la costa central debido al boom del guano (Gootenberg, 

1990: 251). Aunque no contamos con las series respectivas, podemos inferir el aumento de 

la producción de trigo a través de fuentes indirectas, como artículos periodísticos o 

informes de funcionarios estatales. Por ejemplo, en 1871 una nota aparecida en el 

periódico El Sufragio señalaba que en la provincia de Huamanga se cultiva trigo y cebada 

y se podría ampliar la producción para satisfacer la demanda de 200 mil habitantes.24 

Asimismo, en 1858 el subprefecto de la provincia de Huamanga cuestionaba el aumento de 

precio de la fanega de trigo porque: 

[…] felizmente la providencia nos ha colmado en el presente año de abundantes 
cosechas y aunque es verdad que el trigo no se ha cogido del todo de los campos, 
pero en la mayor parte de los almacenes existen grandes cantidades, que sólo el 
deseo de una temeraria especulación ha ocasionado la baja de aquel producto de 

                                                 
23 El Franco, N° 44, Ayacucho 20 de mayo de 1848. 
24 El Sufragio, N° 5, Ayacucho 15 de agosto de 1871. 



59 
 

consumo diario, privando por consiguiente de su beneficio a la gente más 
menesterosa del pueblo [...]25  

Igualmente, la producción y comercio de aguardiente de caña atravesó por una buena 

etapa. Las cifras del impuesto de mojonazgo, gravado a la producción y comercio de 

licores, gaseosas y bebidas fermentables, revelan una curva ascendente de 14% en la 

década de 1870, de 37% en el siguiente decenio y de 14% en la década de 1890, hasta 

alcanzar su cénit de 13.500 soles a inicios de la nueva centuria (Sánchez, 1982: 35). El 

aguardiente destilado en Ayacucho competía con el vino y pisco de Ica en el mercado 

regional y también se consumía en las haciendas o en las poblaciones campesinas porque 

era un bien de reciprocidad que se otorgaba obligatoriamente al inicio de cualquier trabajo 

agrícola, faena comunal o durante una fiesta tradicional. 

La demanda de trigo y aguardiente propició la formación de varias sociedades que 

intentaron intensificar la producción agrícola con la inversión de capital proveniente del 

comercio. En 1860, por ejemplo, el comerciante limeño Eusebio Tafur formó una 

compañía con la hacendada Manuela Ayarza (madre del geógrafo e intelectual ayacuchano 

Luis Carranza) para explotar la hacienda San José de La Colpa, con el compromiso de que 

“las ganancias que se recojan de la finca serán divisibles por mitad entre los dos socios de 

la compañía, como también de las pérdidas procedentes de casos fortuitos, pero no las que 

resulten del descuido o negligencia de cualquiera de los socios […]” Para tal fin, Ayarza 

puso como capital los enseres, ganados y plantaciones de su hacienda, mientras que Tafur 

colaboró con otro tanto de capital monetario.26 

                                                 
25 ARAy, Municipalidad, Leg., 13, Alcaldía: Oficios recibidos de la Subprefectura e Intendencia Policial, 
1858. 
26ARAy, Sección Notarial, Leg. 202, Mariano Tueros, Protocolo 241, 13 de abril de 1860, F. 130v. 



60 
 

De igual forma, el chantre de la Catedral de Ayacucho Martín Callirgos y el 

comerciante estadounidense Guillermo Schefer formaron una compañía para producir 

aguardiente, granos y frutos de la quinta Loreto. El sacerdote se comprometió a pagar el 

alquiler del predio e invertir en los cultivos, mientras que Schafer  se hizo cargo de las 

labores de destilación y de la contabilidad de la sociedad.27 En la misma ocasión, el citado 

Callirgos y el comerciante estadounidense Juan Marchant formaron otra compañía para 

producir aguardiente y coca en la hacienda San Martín (en Ayna, valle del río Apurímac). 

Callirgos puso el capital y Marchant, “su industria y asistencia personal para el fomento de 

la mencionada hacienda”.28 

En 1862 el hacendado y comerciante de Chungui Félix Mariano Tello formó una 

sociedad mercantil con el abogado y hacendado huamanguino José Antonio Huguet para 

explotar su hacienda de Moyocc. La compañía que fue liquidada cuatro años después con 

la cancelación de una deuda de 2.500 pesos.29 Dos años después, el mismo Tello estableció 

otra asociación agrícola con el comerciante Jacinto Cabrera para explotar “el terreno 

nombrado Pichospampa, que se haya junto a las riberas del río de Pampas, donde se piensa 

sembrar algodón y cuyo arrendamiento será de primera deducción en el proceso que se 

ajuste”.30 Y en 1865 formó una tercera compañía con el abogado y hacendado de Socos 

Pedro Flores para explotar nuevamente la hacienda de Pischopampa. En esta ocasión, Tello 

se hizo cargo de la administración de la hacienda y de las plantaciones, mientras que Flores 

se comprometió a colocar mano de obra y llevar la contabilidad. Ambos asumieron el pago 

del arriendo del predio (ignoramos el nombre del propietario) y los gastos por el cultivo, 

                                                 
27 ARAy, Sección Notarial, Leg. 202, Mariano Tueros, Protocolo 241, 6 de noviembre de 1861, FF. 1032r-
1033r. 
28 ARAy, Sección Notarial, Leg. 202, Mariano Tueros, Protocolo 241, 6 de noviembre de 1861, F. 1035v. 
29ARAy, Sección Notarial, Leg. 205, Mariano Tueros, Protocolo 244, 24 de octubre de 1866, F. 445v. 
30 ARAy, Sección Notarial, Leg. 205, Mariano Tueros, Protocolo 243, 1864, FF. 354r-354v. 



61 
 

siembra y molienda de la caña. Ambos decidieron también repartirse la ganancia por 

mitades.31 

Además de las gramíneas y del aguardiente, el ganado destinado al consumo de la costa 

central fue otro rubro que desde mediados de siglo estuvo en crecimiento, luego que el 

ingreso del guano incrementara la demanda en Lima (Hunt, 2011). En 1845 el prefecto 

Isidro Frisancho informó al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores que los 

pobladores de Lucanas y Parinacochas exportaban ganado hacia la costa y sugirió la 

construcción de un puerto menor de cabotaje en Chala para entregar la producción local a 

las empresas comerciales.32 Por la ausencia de puerto en el litoral y de ferrocarril entre la 

costa y Ayacucho, el ganado se trasladaba por los caminos de herradura que conectaban 

Ayacucho (o Puquio) con la costa central (Nazca e Ica) y Lima. El transporte y colocación 

del bien corría a cuenta de comerciantes y arrieros que previamente habían suscrito trato 

con los hacendados y ganaderos y hasta habían formado empresas. Es el caso de la 

sociedad formada por el sargento mayor y hacendado Mariano Nicomedes de la Carrera y 

el comerciante Juan Manuel de Pozo. El primero refiere: 

[…] que ha vendido a don Juan Manuel del Pozo de este vecindario ciento 
veintisiete yeguas, algunas de ellas con cría, a nueve pesos cada una; doscientos 
sesenta y dos vacas, las más de ellas con crías y treinta y cuatro toros al precio de 
diez pesos cada cabeza, que todo ello importa cuatro mil trescientos sesenta y cinco 
pesos y cuya cantidad confiesa haberlo recibido en veinte de noviembre del año 
próximo pasado [1857] a buena moneda usual y corriente […] 33 

De igual forma, el comerciante de Castrovirreyna (Huancavelica) Juan de Dios 

Espinoza pactó con el negociante de origen italiano Gregorio Martinelli la compra de 300 

reses de ganado vacuno, “la mitad vacas y la otra mitad novillos”, al costo de 23 pesos por 
                                                 
31 ARAy, Sección Notarial, Leg. 205, Mariano Tueros, Protocolo 243, 29 de setiembre de 1865, FF. 853v-
854v.  
32 El Restaurador de Ayacucho, Vol. 3°, N° 19, Ayacucho 28 de mayo de 1845. 
33ARAy, Sección Notarial, Leg. 199, Mariano Tueros, Protocolo 238, 8 de enero de 1857, F. 539v. 



62 
 

cabeza. Martinelli se comprometió a ofrecer “lo más selecto en ambas clases, de buena 

calidad y sin enfermedad ninguna” y a entregar el ganado que traía de Andahuaylas “en el 

punto nombrado de Matará el día último del mes de julio [de 1864] sin falta alguna”.34 

Pero, esta operación devino en litigio cuando este pidió a Espinoza que reconociese y 

cancelase la deuda por la venta de las referidas 300 cabezas de ganado vacuno.35 Resuelto 

el pleito, el comerciante huancavelicano cambio de socio y negoció con los propietarios de 

la hacienda de Chacabamba (Andahuaylas) Manuel y Estanislao Morote 200 cabezas de 

ganado vacuno al precio de 17 pesos por cada vaca y 20 pesos por cada novillo, con la 

obligación que estos últimos pongan “en el punto de Matará doscientas cabezas de ganado 

bien sea vacas o bueyes el día cinco a diez de junio del presente año [1864], doscientas de 

la misma calidad para julio y el resto de doscientas un mes después”.36 

Estos contratos traslucen un boyante circuito comercial de carne para beneficio de 

Lima y la costa central y en perjuicio de la plaza de abastos de la ciudad de Ayacucho. Al 

respecto, las constantes y apesadumbradas quejas de los cobradores del impuesto de sisa 

son reveladoras. En 1859 el licitador Mariano Quintanilla demandó la rebaja del precio de 

remate de dicho impuesto “a causa de haber escaseado y encarecido mucho el ganado 

vacuno porque los costeños recogían a precios exorbitantes y que en vez de utilidades tenía 

grandes pérdidas”.37 Diez años después, el mismo Quintanilla, arguyó que “hay poca 

internación de ganados en la ciudad, lo uno por la escasez de pastos y lo otro porque los 

costeros transportan en crecido número a la costa”.38 Luego, en 1875 el comerciante 

Fabricio Palomino exigió que le restituyan la sisa que había cancelado por 21 cabezas de 
                                                 
34 ARAy, Sección Notarial, Leg. 204, Mariano Tueros, Protocolo 243, 31 de marzo de 1864, F. 101v. 
35 ARAy, Sección Notarial, Leg. 204, Mariano Tueros, Protocolo 243, 31 de marzo de 1864, FF. 282v-283r. 
36 ARAy, Sección Notarial, Leg. 204, Mariano Tueros, Protocolo 243, 31 de marzo de 1864, F. 660r. 
37ARAy, Municipalidad, Leg. 23, Libro 89, 18 de noviembre de 1852, F. 102r. 
38ARAy, Municipalidad, Leg. 71, Alcaldía: solicitudes recibidas, 10 de setiembre de 1869. 



63 
 

ganado vacuna que había transportado hacia la costa y que “solo tocaron de tránsito por el 

territorio de esta provincia”. Su peón, Alejo Bendezú, detalló que el 22 de febrero de 1874 

salió con Palomino de Ayacucho “[…] conduciendo veintiún cabezas de ganado vacuno, 

de las cuales ninguna se consumió en esta ciudad, sino que todas pasaron a Ica, en donde 

les agarró ya la Pascua […] y que fueron vendidas todas en Tambillo o en las cabezadas 

[…]”.39 

De forma paralela al comercio de ganado, se desarrolló la venta de lana de camélidos y 

de ovinos. Lamentablemente, tampoco poseemos datos para cuantificar la comercialización 

del bien; por ahora describimos la actividad a partir de fuentes indirectas. Por ejemplo, en 

1846 el subprefecto de Parinacochas José Inaste monopolizaba la compra y venta de lana 

de los campesinos de Pacapausa, Oyolo y Lampa y colocaba el bien en el mercado 

costeño.40 Años después, con el incremento de la demanda, se formaron empresas para 

negociar la lana. Por ejemplo, en 1864 el comerciante Eusebio Sánchez se comprometió a 

entregar al comerciante chileno afincado en Ayacucho Tomás Langshan, o a su gente de 

Pisco,  “[…] la cantidad forzosa de cien quintales de lana de alpaca cada año, 

entendiéndose que los expresados cien quintales será la misma cantidad que deba entregar, 

debiendo aumentar mi entrega en la mayor cantidad posible”.41 En el comercio de lanas 

intervinieron no sólo hacendados y comerciantes criollos y mestizos, sino también 

campesinos, de tal forma que no estuvo exento de conflictos entre estos últimos y los 

hacendados o entre los mismos campesinos. 

                                                 
39ARAy, Municipalidad, Leg. 72, Alcaldía: solicitudes recibidas, 20 de mayo de 1875. 
40 El Franco, N° 33, Ayacucho 5 de diciembre de 1846. 
41ARAy, Sección Notarial, Leg. 204, Mariano Tueros, Protocolo 243, 23 de febrero de 1864. 



64 
 

Ganado y lana provenían de hatos de criollos, mestizos y campesinos ubicados en las 

provincias de Huamanga, Cangallo, Lucanas, Parinacochas y Andahuaylas. Eran 

transportados a través de dos ejes mercantiles: Huamanga-Castrovirreyna-Pisco-Lima y 

Andahuaylas-Puquio-Acarí-Lomas-Lima. Ambos ejes cruzaban la yunga occidental o boca 

de entrada a los valles costeños, donde además se sembraba bastante alfalfa (Urrutia, 1994: 

6). Al ser exportados hacia la costa generaron acumulación de capital especialmente en las 

provincias sureñas de Lucanas y Parinacochas. Dicho capital sirvió para importar por las 

mismas vías bienes de las haciendas de la yunga fluvial (pisco, vino, frutas, aceitunas, 

menestras, equinos) y mercadería provenientes del extranjero (artículos de ferretería, 

locería, carpintería, zapatería, talabartería, alimentos, telas de castilla para frazadas y 

licores finos), que circularon en el territorio regional con la intervención de diversos 

agentes económicos. De este modo, se produjo una relación mercantil entre empresas 

comerciales de Lima, hacendados, ganaderos, campesinos y arrieros; entre producción, 

intercambio y consumo y entre economía capitalista y formas de producción no-capitalista. 

Rodrigo Montoya menciona que las empresas extranjeras ofertaban mercancías, usaban el 

plus-trabajo no capitalista de campesinos y realizaban el capital; al medio se hallaban los 

demás agentes económicos (1980: 45-50). 

Si bien las empresas extranjeras acumulaban gran parte del capital, también 

hacendados y comerciantes retenían cierto porcentaje del valor de las ventas, al estar 

ubicados en medio de los negociantes de Lima y los productores campesinos no 

capitalistas. Lamentablemente, no podemos calcular el capital acumulado debido a la 

ausencia de fuentes estadísticas; pero, a partir de fuentes indirectas, podemos rastrear a 

algunos de estos agentes económicos. 



65 
 

Hacendados y comerciantes se afincaron en pueblos como Puquio o Coracora, que se 

transformaron en prominentes villas y ciudades. A aquella, localizada a más de 200 km. de 

distancia de la ciudad de Ayacucho, llegaron en la segunda mitad del siglo XIX numerosos 

extranjeros que se encargaron de abrir la ruta comercial entre el sur de Ayacucho y el 

puerto de Lomas. Entre estos figuran el comerciante ecuatoriano Adolfo Peñafiel, quien 

entre 1880 y 1894 formó la hacienda Viseca y montó dos grandes tiendas: una en Puquio y 

otra en San Juan de Lucanas; el estadounidense Enrique White, quien invirtió su capital en 

dos tiendas y dos fundos: parte de Santa Domitila y Michimay en el valle de Santa Ana; los 

comerciantes alemanes Frölich y Lenheinecken y los italianos Nanetti y Degregori 

(Montoya, 1980: 60-63). 

Asimismo en Coracora, ubicada a 363 km. de distancia de la ciudad de Ayacucho y a 

240 km. de Nazca, se establecieron comerciantes extranjeros que ofrecieron en sus tiendas 

variedad de bienes nacionales y extranjeras. Entre estos figuran Tomás Elliot, un 

comerciante de origen alemán, quien ubicó su establecimiento en la plaza principal de 

Coracora para adquirir lana y vender mercaderías europeas. Luego de su muerte, fue 

sucedido en el negocio por su compatriota Jorge Felipe Rosenthal, quien instaló una tienda 

más grande, de dos pisos con almacenes que ofrecían una variedad de bienes. Incluso la 

tienda tenía sucursales en Andahuaylas, Chala y Ayacucho. Además, se constituyó en 

agente de varias compañías de vapores. Tras su fallecimiento, sus hijos José y Jorge 

Rosenthal se hicieron cargo de la firma, trasladándola a Lima al finalizar el siglo XIX. Casi 

al mismo tiempo, se instalaron en Coracora varios comerciantes europeos: David Galefski, 

Federico y Miguel Richter, Adolfo Foronkist, Enrique Wobbe, Max Sonnenfeld, Fernando 

Ruthnik y Guillermo Britt, Ewal Standt, Guillermo Zentner, Juan Langeineken y Leopoldo 

Protzel. El primero de ellos, de origen polaco, incluso incursionó en la actividad industrial 



66 
 

al colocar una fábrica de cerveza.42 Con el dinamismo comercial impuesto por estos 

inmigrantes, Coracora se transformó en cabeza del eje Andahuaylas-Chala y en núcleo de 

la actividad comercial; no en vano fue reconocida como ciudad en 1863, como sede de la 

administración judicial de Lucanas y Parinacochas en 1878 y como capital de la provincia 

de Parinacochas en 1892, en reemplazo de la villa de Pauza. 

Los arrieros fueron estratégicos socios de estos comerciantes puesto que se ocuparon 

de colocar los bienes entre hacendados, ganaderos y campesinos, además de acaparar y 

ofrecer ganado y lana a los comerciantes. Si en la época colonial se encargaban de cubrir el 

circuito del azogue e introducir medios de producción y bienes de subsistencia en el 

mercado de las minas, en tiempos republicanos reorientaron sus intereses hacia los nuevos 

centros de demanda. Sin embargo, mantuvieron las antiguas rutas del período virreinal, que 

no eran sino los antiguos caminos construidos en tiempos prehispánicos y que sirvieron 

para el intercambio de bienes o el contacto con los centros administrativos provinciales, 

especialmente en los períodos de expansión estatal como mencionamos anteriormente. Así, 

usaron varias rutas para exportar ropa, ganado y aguardiente e importar manufacturas y 

otros bienes. Primero, cubrían la ruta Ayacucho-Andahuaylas-Cusco en seis jornadas de 

viaje para traer tejidos cusqueños (bayetón) y aguardiente de las haciendas del valle del 

Chumbao. Luego, bajaban hacia Ica y Palpa a través de la yunga fluvial, en ocho y nueve 

jornadas de viaje, con el propósito de llevar ganado y traer vino y fruta. Adicionalmente, 

acudían a Lima a través de Pisco para dejar lana y ganado e importar manufacturas. A 

continuación, cubrían las rutas a la sierra central (Huancayo, Cerro de Pasco) para 

intercambiar ropa con lana. Después, cubrían las rutas del sur: Huancasancos-Palpa; 

Puquio-Lomas y Coracora-San Juan de Lucanas-Chala. Finalmente, cubrían rutas menores 

                                                 
42 Monografía de Parinacochas, pp. 318-320. 



67 
 

(como Ayacucho-Huancavelica, Ayacucho-Lucanas, Ayacucho-Huanta-Choimacota y 

Ayacucho-Chungui) para sacar productos diversos (lana en Huancavelica, oro y plata en 

Lucanas y Parinacochas, coca en la selva alta) e internar tejidos, aguardiente y 

manufacturas (Urrutia, 2019: 99-114). 

Además de transar casa por casa y pueblo por pueblo, comerciantes y arrieros acudían 

a las ferias que estaban directamente relacionadas con el comercio de ganado y asociadas a 

una fiesta religiosa o a un santuario de culto regional, de tal modo que duraban lo que la 

fiesta o el culto duraban: varios días. Jaime Urrutia ofrece una lista de las principales ferias 

asociadas a una celebración religiosa, de las cuales resaltan: la feria del cerro Acuchimay 

(Ayacucho) en Semana Santa; la feria de Lampa (Parinacochas) en la celebración de 

Corpus Christi; la feria de Chalhuanca (Aymaraes) el 24 de junio, fiesta de San Juan; la de 

Ongoy (Andahuaylas) el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen; la de Incahuasi 

(Parinacochas) y San Juan de Lucanas el 15 de agosto, fiesta de la Virgen de la Asunción; 

la de Cocharcas (Andahuaylas) el 8 de setiembre, fiesta de la Virgen de Cocharcas, y la de 

Coracora en octubre, en la celebración de la Virgen del Rosario (Urrutia, 2019: 118). 

En las ferias los negociantes intercambiaban múltiples productos, o esperaban obtener 

algún excedente de la producción campesina mediante compra-venta o trueque, puesto que 

eran muy concurridas (Urrutia, 2019: 117). Por ejemplo, en 1878 la feria de Lampa tuvo 

una asistencia de 5.000 a 6.000 personas y la de Ingahuasi, de 12.000 a 15.000 

compradores y vendedores. En ellas se ofreció bienes agrarios como papa, arroz y semillas; 

ganado vacuno, lanar y caballar; tejidos como ponchos, alforjas y encajes; coca, café, ají, 

algodón, tabaco y aceitunas; productos como ollas de cobre, tinajas, pailas, lozas, cueros, 

suelas, cordobanes, cucharas, sombreros y pellones; licores y mercaderías europeas de todo 

género. Según el informe del subprefecto de Parinacochas: 



68 
 

Las mercaderías europeas se venden con un 25% de utilidad sobre el precio de 
Lima; el precio del vino y aguardiente difiere según la abundancia o escases de las 
cosechas, pero comúnmente se vende de tres a cuatro pesos por arroba. El arroz y 
todos los artículos que son importados de otros lugares se venden siempre con 
alguna utilidad y cuando menos logran la realización que apetecen haciendo 
muchas veces cambios con otros artículos que negocian con estimación de otros 
puntos.43 

Calcula el citado funcionario que en la feria de Lampa el valor de las ventas sumaba de 

35.000 a 40.000 soles y en Incahuasi y Coracocra, de 100 a 125.000 soles. Sin duda, se 

trataba de grandes intercambios en los que participaban segmentos importantes de la 

sociedad regional. 

3. LA SOCIEDAD REGIONAL 

Unos cuantos españoles, criollos, mestizos, indígenas más pocos negros integraban la 

sociedad regional: un grupo jerarquizado que, de cierto modo, todavía reproducía el 

sistema de castas de la época colonial. Hacia fines del siglo XVIII todos ellos sumaban una 

población regional de 109.185 habitantes, siendo los indígenas el grupo mayoritario (67%) 

seguidos por mestizos (27%) y españoles (5%); los negros libres y esclavos eran casi 

inexistentes (apenas 1%).44 Dicha mayoría de indígenas se concentraba en Huanta (26%), 

Andahuaylas (23%), Lucanas (20%) y Parinacochas (15%); es decir, en los extremos de la 

región, mientras que en Huamanga había pocos indígenas (3%). Es más, en las provincias 

del Sur (Lucanas y Parinacochas) se concentraba la mayor cantidad de población indígena 

(35%). En contraposición, en Andahuaylas existía una considerable cantidad de españoles 

(55%), mientras que en la provincia de Huamanga habitaban la mayor proporción de 

mestizos (34%) de la región (cf. tabla 1). 

                                                 
43 AGN, OL, 496, Caja 908, 1869. 
44 Los datos provienen del censo de 1795, preparado desde 1791 por el virrey Gil de Taboada y Lemos. 



69 
 

Casi 100 años después, los campesinos continuaban conformando el segmento 

poblacional mayoritario; según el censo de 1876, constituían el 68% de la población. Ellos 

se concentraban en Huamanga (21%) y Andahuaylas (20%). Sin embargo, en esta última 

provincia existía una buena proporción de criollos y mestizo (53%), seguida de Huanta 

(51%). En ambas jurisdicciones, criollos y mestizos eran mayoría en relación con los 

campesinos (cf. tabla 2). 

Tabla 1. Población de la región de Huamanga, 1795 

Partidos Españoles Indios Mestizos 
Negros libres 

y esclavos 
Total 

Andahuaylas 3.020 16.586 4.000  22.606 

Huamanga 327 2.464 4.651 907 8.349 

Huanta 93 18.923 10.080 9 29.105 

Lucanas 889 14.657 2.076 60 17.682 

Parinacochas 1.085 11.317 6.451  18.853 

Vilcashuamán 93 10.127 2.363 7 12.590 

Total 5.507 73.074 29.621 983 109.185 

 
Fuente: Fisher (1981: 275). 
 

Tabla 2. Población de la región de Ayacucho, 1876 

Provincias Castas Indígenas Total 

Andahuaylas 21.933 26.167 48.100 

Cangallo 3.125 18.231 21.356 

Huamanga 4.769 26.468 31.237 

Huanta 7.762 7.560 15.322 

La Mar 8.448 15.696 24.144 

Lucanas 6.796 17.056 23.852 

Parinacochas 8.488 17.816 26.304 

Total 61.321 128.994 190.315 

Fuente: Kubler (1952: 35); Bonilla (1987: 1-4). 



70 
 

Desde fines del siglo XVII la población total de la región disminuyó sostenidamente, 

con una tasa anual promedio de -0,6% (Cook, 1975 [1570]: XXI). Esta tendencia 

decreciente continuó desde la década de 1790 y hasta mediados de la siguiente centuria, 

pero con una tasa inferior de -0,3 %, tal como revela la comparación de los censos de 1795 

y 1850 (cf. tabla 3).45 El decrecimiento pudo ser causado por una combinación de factores 

como epidemias y reclutamiento para las guerras civiles (Bonilla, 1987; Solier, 1995). 

Dicha tendencia se transformó en un crecimiento lento pero sostenido en la segunda mitad 

del siglo XIX.46 Entre 1850 y 1876 la población se incrementó a un ritmo anual de 1.7%, 

que luego subió a 2.2% en las primeras cuatro décadas del siglo XX.47 Este crecimiento 

vino emparejado con los conflictos entre hacendados y campesinos y empató con la 

consolidación de un grupo de terratenientes como clase social al ser beneficiado con los 

ingresos por la venta de gramíneas, aguardiente, ganado y lana. 

Al iniciarse el siglo XIX el grupo de poder regional estuvo conformado por peninsulares 

y criollos, dedicados principalmente al comercio regional y local, a la producción en las 

haciendas, al recaudo de diezmos. En el grupo había muy pocos nobles; solo estaban los 

descendientes del Conde de la Vega, del Marqués de Mozobamba del Pozo y del Marqués 

de Feria y Valdelirios. Algunos de ellos participaban del gobierno civil o eclesiástico de la 

                                                 
45 Para determinar las tasas de crecimiento de la población de Ayacucho en el siglo XIX hemos utilizado los 
datos de los censos de 1795, 1850 y 1786 porque son los más confiables. Además de los conocidos registros 
de 1795 y 1876, el censo de 1850 también ofrece información segura al haber sido elaborado a partir de los 
padrones de contribuyentes y para fines de reclutamiento de hombres para el ejército (Kubler, 1952: 34). Al 
contrario, hemos obviado el censo de 1827 (realizado durante el gobierno de La Mar, pero reconstruido en 
tiempos actuales por Paul Gootenberg (1995) mediante la interpolación de datos provenientes de los censos 
de 1795 y 1850) porque ofrecen cifras inseguras y hasta inexactas. (Debo esta precisión al Dr. Nils Jacobsen, 
comunicación personal, Lima 11 de julio de 2019). Igualmente, hemos descartado el censo de Castilla de 
1862 porque grafica un crecimiento anual de 3,3%, demasiado elevado para el período (Bonilla, 1987: 20). 
46 En el análisis de los censos de 1876 y 1940 hemos incluido las cifras de la provincia de Andahuaylas, que 
desde 1873 forma parte del departamento de Apurímac pero mantiene hasta hoy estrechas relaciones 
comerciales y culturales con Ayacucho, al formar parte del espacio regional (cf. Capítulo II de la presente 
tesis). 
47 Según el censo de 1940, el departamento de Ayacucho contaba con un total de 358.991 habitantes, 
mientras que en la provincia de Andahuaylas existían 107.726 habitantes. 



71 
 

ciudad de Huamanga: eran alcaldes, regidores o miembros del Cabildo Arquidiocesano. Si 

algo los caracterizaba como clase social era el temor que mostraban frente a los insurgentes 

y la defensa del orden colonial; por tal razón, en febrero de 1820 ofrecieron un auxilio de 

más de 25.000 pesos a las fuerzas realistas, meses antes de la llegada de la expedición de 

San Martín a las costas de Ica (Rojas, 1995: 51-53). Luego, emigraron al Cusco cuando el 

virrey La Serna instaló la sede del gobierno virreinal y su corte en la antigua capital de los 

incas. Entonces, Bolívar dispuso el embargo de sus bienes, estando entre los afectados 

hacendados como Gaspar Carrillo de Albornoz o Vicente Ruiz; comerciantes como 

Nicolás Olano, Pedro Zorraquín, Raymundo Gómez y Vicente Egurola, o diezmeros como 

Marcelo Castro (Rojas, 1995: 66-67; Quichua 2019: 126-131). 

Tabla 3. Población de la región de Ayacucho, 1850 

 
Provincias Población total 

Andahuaylas 19.184 

Cangallo 20.176 

Huamanga 29.617 

Huanta 26.358 

Lucanas 15.401 

Parinacochas 19.334 

Total 130.070 

 
Fuente: Kubler (1952: 34); Gootenberg (1995: 12). 

Al iniciarse la era republicana muchos de estos personajes habían emigrado 

definitivamente de Ayacucho o estaban en ruina por la interrupción de las actividades 

mercantiles debido a la guerra de la independencia. En reemplazo de esta élite de origen 

colonial apareció una clase social bastante heterogénea en su composición, formada por 

criollos y mestizos unidos en torno al cobro y usufructo de la contribución indígena y de 

otros tributos. Incluso, fueron los criollos los actores claves de la relación al interior del 



72 
 

grupo, al vincularse por un lado con militares y funcionarios del Estado (como prefectos y 

subprefectos) y, por otro lado, con mestizos encargados de la recaudación fiscal. 

Señala Mauro Vega que este grupo rentista de criollos y mestizos se fortaleció como 

grupo de poder hacia la década de 1840, cuando consolidó su control del tributo y logró 

una considerable acumulación de capital que fue destinado para rentables actividades como 

la agricultura de gramíneas y caña (1992: 53). En otras partes de la región como Huanta, 

esta clase social unió sus fuerzas en 1856, en la coyuntura de la sublevación liderada por 

Manuel Ignacio de Vivanco, para protestar contra el despliegue económico y financiero de 

la burguesía limeña (beneficiada con los ingresos del guano) y contra el gobierno que las 

descuidaba y favorecía a los de Lima (Husson, 1992: 161). Al ser derrotada por Castilla, 

dicha clase social terminó fragmentada en clanes que, en las siguientes décadas y hasta 

fines del siglo XIX, desataron una vendetta política porque se enfrentaron entre sí con el 

único propósito de acumular tierras para materializar sus aspiraciones sociales. 

Tanto en Huanta como en Huamanga observamos entonces la consolidación de una 

nueva clase social de terratenientes y comerciantes, en una coyuntura de crecimiento de la 

producción de gramíneas y aguardiente y del tráfico de ganado y lana. En otras partes de la 

región dicha clase incluyó además a comerciantes extranjeros que se afincaron en pueblos 

como Puquio o Coracora para participar de las actividades comerciales. Mas, no fue la 

relación productiva ni la acumulación de capital la marca de dicho grupo social; al 

contrario, este se caracterizó por su postura liberal y su posición contraria al liberalismo 

moderado y al militarismo centralista que encarnaba el segundo gobierno de Ramón 

Castilla. 



73 
 

En efecto, en la segunda mitad del siglo XIX algunos de los hacendados de Ayacucho 

tejieron relaciones con abogados, o se convirtieron en editores y escritores temporales de 

periódicos y publicaciones que circulaban en el medio local y hasta regional. Por ejemplo, 

el hacendado de Llumchi (Cangallo) Ángel Cavero se encargó de la redacción de dos 

periódicos: La Prensa de la Libertad (1860-1863) y El Árbol de la Libertad (1861). 

Igualmente, el abogado Blas Huguet, quien combinó la administración de su hacienda de 

La Colpa (Huamanga) con sus responsabilidades en la Corte Superior de Ayacucho y en el 

Congreso de 1860, fue también redactor del periódico El Árbol de la Libertad. Asimismo, 

el comerciante y hacendado de Auccapuquio (Huamanga) Mariano Vergara fundó en 1856 

el periódico El Liberal junto con el presbítero Ignacio Ágato Castro (Chávez, 2012: 74 y 

ss). 

Estos liberales provincianos transitaron de la retórica a la praxis al establecer 

asociaciones políticas encargadas de “hacer valer los principios liberales que consagran 

nuestras leyes y los que conducen a establecer en nuestra marcha política el imperio de la 

libertad y la justicia”.48 En febrero de 1862 fue creada la Sociedad Liberal, con una junta 

directiva encabezada por el abogado Pedro José Flores, primer presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho. Los integrantes de esta sociedad, entre los que figuraban 

hacendados como Estanislao Morote, abogados como Pedro Castilla y comerciantes como 

Luis Petricapi, proclamaban “a una voz su adhesión al partido liberal” de Lima, 

comprometiéndose a convocar a una mayor cantidad de simpatizantes.49 No sabemos si 

cumplieron su promesa de incrementar la cantidad de asociados o si perduraron en el 

tiempo, pero intentaron conciliar el liberalismo que profesaban con un localismo asentado 

en la conmemoración de un acontecimiento histórico importante ocurrido en el espacio 
                                                 
48 La Prensa de la Libertad, N° 43, Ayacucho 8 de febrero de 1862. 
49 La Prensa de la Libertad, N° 44, Ayacucho 15 de marzo de 1862. 



74 
 

regional (la batalla de Ayacucho). Efectivamente, en su manifiesto fundacional, los 

miembros de la Sociedad Liberal manifestaron su deseo de establecer una comunidad local 

“[…] para que el glorioso departamento de Ayacucho entre en el nuevo horizonte que en 

nuestra marcha política se inicia, lleve en él la vanguardia por lo mismo que en el gran 

libro de los destinos americanos su nombre es sinónimo de triunfo de la libertad y de la 

justicia y sea el centinela más avanzado en las vivificantes vías de la civilización”.50 

Curiosa forma de encarar un liberalismo, diluyendo al individuo en la comunidad local. 

Aun así, los liberales locales rescataron la idea del contrato social para representar una 

nación formada por individuos con igualdad ante la ley y con el derecho de representación 

política: 

Si el hombre en cuanto es persona tiene la facultad de gobernar según el dictamen 
de la razón, del mismo modo la Nación, persona colectiva que consta de individuos 
que tienen las mismas costumbres, un mismo idioma y unas mismas leyes, tienen 
también el poder […] de adoptar la forma de gobierno que se halle más en 
consonancia con sus circunstancias locales y de elegir los funcionarios públicos 
más íntegros y de elevada capacidad. Este poder, este derecho sagrado que nace 
inmediatamente de la naturaleza de la Nación, se llama en propiedad soberanía, de 
suerte que la soberanía es un derecho primitivo, derecho inalienable y de paso 
imprescriptible, de modo que no se puede enajenar, ni desaparecer sino cuando la 
Nación deja de existir.51 

En materia comercial, los liberales de Ayacucho continuaron con su defensa del 

librecambismo, puesto que demandaban la eliminación de barreras arancelarias, la 

promoción de las artesanías locales, la colonización del valle del río Apurímac para 

alcanzar la navegación fluvial y hasta la construcción de una línea ferroviaria entre Ica y 

Ayacucho para facilitar el intercambio de bienes: 

De otro lado, estableciendo el camino férreo entre Ayacucho y la costa del Pacífico, 
siendo evidente que esta ciudad se halla a 20 o 24 leguas del Mantaro, es claro que 

                                                 
50 La Prensa de la Libertad, N° 44, Ayacucho 15 de marzo de 1862. 
51 La Estrella del Pueblo, N° 20, Ayacucho 5 de octubre de 1861, p. 2. 



75 
 

la prolongación de la línea por este trayecto y la navegación de los ríos interiores 
pondrían en inmediata comunicación a ambos océanos, proporcionando a los 
pueblos de la América meridional una vía más rápida, económica y cómoda que las 
borrascosas aguas del sur o el mortífero clima de Istmo, una vía solo comparable al 
prodigio del ferrocarril interoceánico que el genio y la actividad yanke [sic] acaba 
de realizar. Nuestros productos irían a las riberas del Atlántico y le atravesarían en 
búsqueda de nuevos mercados todavía vírgenes del concurso de tanta riqueza 
ignorada.52 

La elite proliberal ayacuchana no evitó pronunciarse sobre el militarismo, considerando 

que se constituyó cuando el autoritarismo castillista, disfrazado con el ropaje democrático 

y bastante cercano al conservadurismo, comenzó a ser cuestionado. También se pronunció 

sobre la población campesina, cuando el civilismo recuperaba las nociones fundacionales 

del republicanismo y proclamaba la realización del bien común para todos los habitantes 

del país, incluidos los campesinos (Mc Evoy, 1997). Y por supuesto que no dejó de 

cuestionar el gamonalista, marcando sus diferencias para con los gamonales y 

responsabilizándoles por la situación de dominio en la que se encontraban los campesinos. 

En 1846 el estudiante Vicente Cordero, el síndico de Pacaycasa Melchor Alfaro y el juez 

de paz del distrito Domingo Oré publicaron en el periódico El pedagogo un artículo 

titulado “Menes de los incas” con el que cuestionaban el poder que en el lugar ejercía el 

gobernador y gamonal Marcos Carrera. Al mismo tiempo, los articulistas denunciaban la 

red social que el gamonal había tejido y que incluía a autoridades e integrantes de la élite 

de poder de Ayacucho: 

Estos infelices viéndose tratados como entes despojados de razón por el delincuente 
Marcos Carrera, gobernador en recompensa de mil crímenes, creyendo encontrar 
alivio para sus padecimientos y el condigno castigo para el crimen, bajaron a esta 
ciudad [Ayacucho] a entablar la correspondiente acusación por los horrorosos 
delitos de flagelación, heridas, maltratos y otros mil cometidos por el infanticida 
Carrera. Mas, ¿qué sacaron estos desdichados indígenas? ¿Por ventura hallaron 
justicia? ¿Se les dio oído? Nada de esto, pues lejos de encontrar consuelo para sus 
acervos padecimientos, tuvieron que tocar palmariamente con el cruel desengaño y 
adquirir el amargo convencimiento de que para ellos no había leyes protectoras y 

                                                 
52 El Sufragio, N° 3, Ayacucho 1 de agosto de 1871. 



76 
 

que aquel principio de nuestra carta fundamental: todos los peruanos son iguales 
ante la ley, no les comprendía. El famoso tirano de Pacaycasa, luego que supo que 
sus esclavos, como él los llama, habían bajado a acusarle, voló y mediante su 
antigua táctica consiguió la protección de ciertas personas tituladas en esta época 
como liberales y por medio del influjo de estas obtuvo la infernal complacencia de 
que los indígenas ultrajados en vez de encontrar justicia encontrasen oscuras 
mazmorras y el mandato de salir a obras públicas […] tal ha sido el resultado de la 
guerra entablada por la comunidad de Pacaycasa. ¡Barbarie jamás experimentada en 
tiempo del gobierno español!53 

Precisamente, cuando culminaba el primer gobierno de Ramón Castilla y el modelo 

militarista institucionalizado por el caudillo tarapaqueño estaba en su apogeo, los liberales 

ayacuchanos navegaban contra la corriente al encarar a los militares y cuestionar su rol en 

la vida pública por ser representados como individuos contradictorios para la sociedad y 

nefastos para el gobierno del Estado. Es curiosa la forma como un anónimo articulista del 

periódico liberal La Alforja grafica la carrera de las armas y sus consecuencias en la 

ciudadanía: 

¿Qué hace un militar entre nosotros? Un muchacho mal inclinado, las más veces de 
la peor ralea, que por no adelantar en un colegio se mete de soldado, donde se 
educa entre la corrupción más degradante, hasta que a fuerza de traiciones logra un 
par de charreteras y ya tenemos en pichón a un presidente. ¿Qué hace en tiempo de 
paz? Juega, bebe, corteja y disfruta todos los desatinos. ¿Qué hace en tiempo de 
guerra? Roba, tala, dispersa, mata y asesina. ¡Pueblos, he allí a los que quieren 
mandarnos toda la vida! En el Perú todo es para los militares: las contribuciones, el 
presupuesto, los destinos, los mejores sueldos, los privilegios, los bordados, los 
bastones; todo, todo lo engullen y lo devoran […] Quiero un pésimo para presidente 
y los pueblos en cuyas manos está hacerlo no dejarán con gusto a tanto perverso 
aspirante.54 

Aparentemente, esta nota periodística es coyuntural, puesto que apareció cuando se 

voceaba la candidatura de José Rufino Echenique para suceder a Castilla. No obstante, el 

sentimiento antimilitarista de la elite liberal de Ayacucho permaneció en las siguiente 

décadas y se exacerbó a inicios de la década en 1871, cuando el modelo castillista, 

continuado por José Balta, llegaba agotado a su fin y los civilistas imaginaban una 
                                                 
53 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 157, Causas Criminales, 1846, FF. 27r-27v. 
54 La Alforja, N° 78, Ayacucho 27 de agosto de 1850. 



77 
 

comunidad nacional de ciudadanos encaminada hacia el bien común. En esta circunstancia, 

un escritor anónimo del periódico El sufragio contrapuso democracia a militarismo en los 

siguientes términos: 

En oposición a los gobiernos militares naturalmente absolutistas y despóticos, con 
muy raras excepciones, es menester también constituir gobiernos de ciudadanos que 
representen ideas contrarias en la administración: las ideas de libertad y de progreso 
que forman la bandera del partido democrático […] es necesario constituir 
gobiernos de ciudadanos que inspirándose en el culto de la justicia y del bien 
público sirvan y protejan igualmente todas las clases de la sociedad, respeten e 
impulsen todos los intereses legítimos de ella sin parcialidad con los unos ni 
prevención para los otros.55 

Para el anónimo articulista, muy identificado con los principios de liberalismo, todas 

las clases (“los unos y los otros”), incluido el campesinado, formaban la nación. “No hay 

un solo individuo que no esté sujeto, que por con dignificado que sea […] a la Nación a 

que pertenece”, afirmaba otro periódico liberal de la segunda mitad del siglo XIX: La 

Estrella del Pueblo.56 

A semejanza de sus pares de Lima, los liberales ayacuchanos centraron su discurso en 

el individuo indígena y la forma cómo este podía ser integrado al orden republicano 

(Jacobsen, 1997: 139). Sin embargo, no llegaron al extremo de amalgamar su liberalismo 

con el autoritarismo, el corporativismo y el racismo, o de crear al indio como sujeto 

abstracto alcoholizado y embrutecido (Méndez, 2011). Demandaron la instrucción del 

indígena como base para que descubriesen la libertad que es inherente a todo individuo y 

los incorpora a la comunidad nacional. “Sin las precisas luces para conocer y no traspasar 

                                                 
55 El Sufragio, N° 2, Ayacucho 23 de julio de 1871. 
56La Estrella del Pueblo, Nº 34, fecha: 12 de abril de 1862, p. 1. 



78 
 

sus deberes, el abuso es su suerte y se abalanzan al ocio que les es connatural, a vicios y a 

una peligrosa desobediencia”, sentenciaba una columna del periódico La Alforja.57 

No obstante, otro escritor liberal fue más allá y en 1860 se atrevió a denunciar la 

dominación de hacendados y gamonales sobre los campesinos, utilizando frases y figuras 

compuestas que mucho después serían popularizadas por los indigenistas del siglo XX: 

¿Hasta cuándo se insulta a la humanidad? ¿Hasta cuándo se considerará como 
idiotas a estos seres privilegiados del Perú? No se duda que esto será hasta que se 
entienda la civilización y sean acatados los derechos del hombre. Cuando llegue ese 
día feliz, temblad déspotas y arbitrarios que obligáis al indígena a servicios 
forzados, encarcelando muchas veces para estos fines, cuidando con el abuso de la 
fuerza porque ya los sencillos labradores que llamáis indios estúpidos van abriendo 
los ojos y conociendo los límites de la obediencia en proporción a sus garantías.58 

Lamentablemente, ignoramos el nombre de tal osado escritor. Es evidente que esta nota 

fue escrita por algún agente de pleitos que participaba de los procesos judiciales iniciados 

por pobladores campesinos contra hacendados debido a la mención de los labradores que 

contiene. Pero, esta nota es la excepción, pues son escasos los pronunciamientos de la elite 

liberal sobre la dominación a indígenas ya que los hacendados formaban parte de este 

grupo como veremos más adelante. Pero, estos liberales no dejaron de pronunciarse sobre 

el espinoso tema de la contribución indígena, eliminada por las Cortes de Cádiz en 1812, 

reimplantada por la República en 1826, vuelta a eliminar por Castilla y nuevamente 

reimplantada en la década de 1860.59  

                                                 
57 La Alforja, N° 35, Ayacucho 9 de octubre de 1849. 
58 Patriota de Ayacucho, N° 28, Ayacucho 28 de enero de 1860. 
59 En la época solamente se publicaron algunas sentencias laudatorias a la población campesina en un 
periódico limeño durante la segunda administración de Castilla, o apareció la novela El padre Horán de 
Narciso Aréstegui como folletín en el diario El Comercio de Lima, en 1848. 



79 
 

En concordancia con su credo liberal, la elite local felicitó la eliminación de la 

contribución indígena en 1854 porque la capitación era un enorme obstáculo para la 

modernización del agro: 

Otra causa que impide el progreso de la agricultura es la multitud de contribuciones 
que la gravan. Parece que las mismas razones que aconsejaban su protección han 
inducido a oprimirla […] y sin embargo la agricultura rinde al erario nacional una 
cantidad mucho mayor, pues además de pagar diezmo que por sí solo ya cerca el 7 
% y primicias que vienen a ser el 1 % pagan también contribución de predios 
rústicos, de mojonazgo, derechos municipales de estracción [sic], esto es 
precisamente el tributo que pagaba el indígena ocupado en ella y que forma la renta 
principal del Estado.60 

Asimismo, la contribución indígena impedía la libre enajenación de las tierras 

comunales debido a la existencia del pacto tributario. Para los hacendados liberales, las 

posesiones de las comunidades y de la Iglesia debían de desamortizarse porque eran bienes 

raíces que estaban “estériles y muertos”.61 La ausencia de energía laboral de los 

campesinos en las haciendas por la eliminación de la contribución era, en su razonamiento, 

un problema secundario que podía resolverse con otros mecanismos compulsivos como el 

enganche. Por ejemplo, el propietario del cañaveral de Pomanqay José María Cárdenas era 

un hacendado que también poseía un establecimiento comercial en el pueblo de Huanta. 

Como liberal, demandaba la libre circulación de mercancías, pero no dudaba en contar con 

una demanda cautiva a fin de conseguir trabajadores para su hacienda. En su tienda fiaba 

textiles a los campesinos de la localidad con el propósito de endeudarlos y comprometerlos 

a trabajar en sus tierras.62 

Este compromiso férreo con el credo liberal llevo a hacendados, profesionales y 

comerciantes a apoyar la reacción autoritaria de Manuel Ignacio de Vivanco en 1856, por 

                                                 
60 La Alforja, Nº 74, fecha: 29 de julio de 1850. 
61 La Alforja, Nº 74, fecha: 29 de julio de 1850. 
62 ARAy, Municipalidad, Leg. 143, año 1869. 



80 
 

paradójico que fuera, en oposición al giro conservador de la segunda administración de 

Castilla. Este, después de llegar al poder con el apoyo de los liberales que con un discurso 

de moralización enfrentaron al régimen de Echenique, convocó a la Convención Nacional 

que dio la Constitución liberal de 1856. Pero, tras el estallido y derrota de la conspiración 

conservadora liderada por Vivanco, el caudillo de Tarapacá abjuró de sus socios liberales y 

en un viraje hacia las posiciones conservadoras defendidas por el obispo Bartolomé 

Herrera disolvió la Convención Nacional y subrogó la Constitución de 1856. 

En efecto, en medio de la guerra civil entre liberales y conservadores, cuando los 

liberales de Ayacucho notaron el liberalismo moderado de Castilla y la próxima y segura 

irrupción de sus posturas autoritarias y clientelistas, los pueblos de la región no dejaron de 

expresar su respaldo a Vivanco. El 16 de diciembre de 1856 los hacendados y 

comerciantes de Huanta acordaron: 

[…] negar nuestra obediencia al Gobierno del General Ramón Castilla y retirarle 
por nuestra parte la autoridad que en nombre de la Nación ha ejercido: que 
reconociendo en el Ilustre General don Manuel Ignacio Vivanco, la personificación 
de la probidad y haciendo justicia a su alta inteligencia, cuyas cualidades aseguran 
las mejoras y progresos a que aspira el país y en fin encontrando a su ilustrado 
patriotismo y en la nobleza de sus sentimientos todo género de garantías, lo 
proclamamos Supremo Jefe regenerador del Perú, cuyo título lo llevará adelante los 
principios proclamados en la Revolución del 54 y le concedemos por nuestra parte 
todas las facultades que fueran necesarias, debiendo respetar ante todo la religión 
de Nuestro Señor Jesucristo, la dignidad del clero, la emancipación de la raza 
peruana, la libertad de los manumitados, y la inviolabilidad de la vida humana, para 
que todos sean útiles a la Patria que reconoce sus derechos, haciendo efectiva la 
fraternidad y la moralidad que tanto interesan al honor, al progreso y al reposo de la 
patria. Con tales objetivos, los huantinos ofrecen sacrificar sus intereses y sus 
vidas.63 

Luego, en febrero de 1857 estalló en Ayacucho un motín contra el prefecto Manuel 

Benavides Bermúdez liderado por un partidario de Vivanco apellidado Bustamante, quien 

se esforzó por “desconocer al general don Ramón Castilla como a presidente de la 
                                                 
63 Acta publicada en El Regenerador, Ayacucho, diciembre de 1856. 



81 
 

república, porque ha tenido la bárbara temeridad de burlar con perfidia la confianza 

popular”.64 Para someter a los huantinos, Castilla envió a la provincia una división 

pacificadora comandada por su cuñado, el general Pedro Diez Canseco, que con 400 

hombres dominó a los insurrectos y recuperó el control de la zona. Y para controlar a 

Bustamante, envió otra fuerza de 150 soldados al mando del sargento mayor Cavero, que 

derrotó a los rebeldes en el pueblo de Acobamba, tomó a 33 prisioneros y confiscó su 

armamento.65 

Patrick Husson interpreta la insurrección de huantinos y ayacuchanos como una 

respuesta a las consecuencias del boom del guano, que beneficiaba a la plutocracia limeña 

en desmedro de las élites provincianas (1992: 161). Sin embargo, el guano benefició 

también a la elite ayacuchana, como vimos anteriormente. Para ella, el apoyo a Vivanco 

significaba respaldar la Convención Nacional (que no fue cuestionada por el caudillo 

conservador) y profundizar las reformas liberales que habían empezado con la eliminación 

del tributo y la manumisión de los esclavos y debían continuar con la inviolabilidad del 

derecho a la vida y a la propiedad. 

Años después, cuando Vivanco y Castilla estaban en el sepulcro o en el exilio, los 

liberales huantinos no abjuraron de su credo y encontraron en Manuel Pardo el candidato 

ideal para materializar la gran reforma liberal que el país urgía. En esta ocasión, 

encabezados por el comerciante Apolinario Vega, instalaron el Club Electoral, en el que 

congregaron a hacendados, comerciantes, maestros de taller, burócratas, artesanos, 

agricultores, estudiantes y bachilleres de leyes. Luego de firmar un acta de compromiso y 

proclamar la candidatura del líder del Partido Civil a las elecciones de 1872, desfilaron por 

                                                 
64 El Peruano, Vol. 32°, N° 38, Lima 14 de febrero de 1857. 
65 El Peruano, Vol. 32°, N° 28, Lima, 3 de febrero de 1857. 



82 
 

las principales calles del pueblo. Carmen Mc Evoy señala que con esta acción, la élite 

huantina se configuró políticamente como un grupo “decente y laborioso”, interesado en 

trabajar en aras del bienestar de su localidad y de la nación, considerándose además como 

un grupo similar e igualitario al de los limeños, cuzqueños o cajamarquinos, “herederos 

legítimos de la República” (1997: 72-73). 

Los datos analizados en las líneas precedentes revelan que la región atravesó por una 

coyuntura económica distinta a la mencionada por un sector de la historiografía regional. 

En efecto, durante el siglo XIX la economía regional experimento cierto crecimiento 

estimulado por las políticas proteccionistas adoptadas por los primeros gobiernos 

caudillistas y por los ingresos que la venta del guano generó en la economía nacional en la 

segunda mitad de la referida centuria. En relación con tal orden, fueron la producción de 

tejidos y aguardiente, la agricultura de trigo y el comercio de ganado y lanas las 

actividades más sobresalientes, que ocasionaron la transformación de la estructura social 

mediante la aparición de un grupo de hacendados y comerciantes con ideas liberales y algo 

innovadoras para la circunstancia. 

Sin embargo, este crecimiento económico guarda correspondencia con una estructura 

rural de haciendas y pequeñas propiedades que, de modo alguno, produjeron para el 

mercado. El siguiente capítulo estará dedicado a explorar dicha estructura rural. 

 

 



Capítulo IV 

HACIENDAS, ESTANCIAS Y CHACRAS 

 

 

Esta provincia está compuesta casi en su totalidad de 
indígenas cuya situación y estado de inopia son bien 
notorios a usía y a todo el departamento. Los hacendados 
en ella y que podían soportar la onerosidad del empréstito 
son don Gaspar Carrillo, don Melchor Cáceres, don Joseph 
Oré, los monasterios de Santa Clara y Santa Teresa […] 
No quedan otros que don Ignacio Oré, su hijo político don 
Melchor Alarcón y don Leandro Pizarro y uno que otro 
vecino destituido sobre quienes no es posible sacar los 
ciento cincuenta pesos que se ha consignado a la provincia, 
pero ni el pico de los cincuenta. 

AGN, OL, 185, Caja 112, 257a, 1829 

El epígrafe, proveniente de una comunicación del subprefecto de la sureña provincia de 

Parinacochas al prefecto de Ayacucho, en cierta forma menciona la estructura rural de la 

región cinco años después de la batalla de Ayacucho. La autoridad, preocupada por 

conseguirle ingresos al Estado, subraya los efectos de la guerra de la independencia en las 

haciendas de criollos, quienes no podían cumplir con los pagos prediales, y entre la 

población campesina en los años previos al auge del comercio de ganado y lana con la 

costa central. 

Asimismo, la autoridad alude a fundos, chacras, estancias y hatos en Parinacochas, en 

manos de mestizos y hasta campesinos que no lograban el nivel de atesoramiento de las 

grandes haciendas, pero establecían relaciones laborales de tipo servil para con sus 

trabajadores campesinos. Pero, el fenómeno no ocurrió exclusivamente en el sur de la 



84 
 

región, sino en todo el espacio regional. En las siguientes líneas delinearemos y 

escrutaremos las principales características de estas haciendas y predios rurales. 

1. LAS HACIENDAS EN LA REGIÓN 

Las haciendas fueron unidades de producción y organización social, conformadas por una 

propiedad, dueños y trabajadores. Alejandro Diez Hurtado señala que eran unidades de 

producción privada que se diferenciaban de acuerdo a su extensión, al volumen y valor de 

su producción y a su actividad económica preponderante. Al estudiar la sierra de Piura, 

distingue entre haciendas, estancias y sitios: mientras que las primeras eran grandes o 

medianas propiedades donde se desarrollaban múltiples actividades (varios cultivos o la 

transformación de materia prima en un bien manufacturado), las estancias eran medianas 

propiedades dedicadas principalmente a la ganadería, aunque con pequeños espacios para 

los cultivos. Los sitios conformaban pequeñas propiedades dirigidas a la agricultura o 

ganadería en pequeña escala (Diez Hurtado, 1998: 48-49). 

Agrega el citado autor que las haciendas piuranas de fines de la Colonia tenían el 

carácter de una “empresa” con “múltiples” acciones en poder de varios miembros de una 

misma familia (Diez Hurtado, 1998: 55). Por tal razón también se denominaba hacienda a 

las tierras usufructuadas por los indígenas: “haciendas de indios” o “tierras de comunidad”. 

En Ayacucho, algunas fuentes del siglo XIX distinguen entre haciendas estancias y 

sitios y recurren a otras categorías para nominar los distintos tipos de predios que 

existieron, enredando aún más las características de la propiedad rural. Otras, utilizan las 

palabras de hacienda, estancia y finca como sinónimos para denominar los predios rurales. 

Así, en las matrículas de contribuyentes de Huanta y La Mar aparecen las categorías de 

haciendas, estancias, hatos y asientos para designar a la propiedad de la tierra, junto con las 



85 
 

de pueblos o anexos que sirven para nominar a los grupos de persona con residencia fija en 

viviendas de barro y piedra, techadas con teja o paja, dispuestas alrededor de una plaza 

llana, con un incipiente trazado de calles. En dicha plaza se ubicaban los edificios 

principales: la iglesia con su campanario y la casa cural; una que otra también albergaba 

alguna casa-hacienda. Del mismo modo, las referidas matrículas usan la categoría de ayllu 

para referirse a la forma de organización social y de parentesco en torno a la cual se 

estructuraba la vida de las poblaciones campesinas, desde las actividades agrícolas hasta 

las religiosas, contraponiéndola a la hacienda. No obstante, especialmente en Huanta los 

ayllus podían reproducirse en las haciendas, incluso cuando sus tierras habían sido 

subsumidas por ellas (Méndez, 2005a: 112). 

De forma similar, en las matrículas de predios de las provincias de Lucanas y 

Parinacochas figuran las categorías de haciendas, fundos y fincas para nominar las tierras 

de propiedad privada orientadas a la agricultura o ganadería, en algunos casos con cuidado 

y en otros sin discriminación alguna. Por ejemplo, el padrón de contribuyentes del pueblo 

de Sancos en Lucanas distingue las haciendas de Lampalla (de Anselmo Guzmán) y 

Chicalli (de Simeón Gildres) de los fundos de Maranjayocc y Huacata (de Gavino Gildres). 

Aquellas eran medianas propiedades con pluricultivo, gravadas con una renta de 1.500 y 

1.600 soles respectivamente, mientras que los fundos eran pequeños, orientados al cultivo 

de la alfalfa y con una renta de 200 soles. Pero, la fuente también nomina como hacienda a 

una propiedad que tenía una renta de 200 soles (como Pincuni de Juan M. Leiva) y como 

fundo a un predio que sumaba una renta de 800 soles (como Huachuaca y Calapampa de 

Nicolás Sifuentes).66 

                                                 
66 ARAy, Municipalidad, Matrículas, Leg. 131, 1897. 



86 
 

Al contrario, los expedientes judiciales nominan indistintamente como hacienda, 

estancia o chacras a las tierras que estaban en disputa, sin tomar en cuenta su extensión, su 

tipo de producción o sus medios productivos. Por ejemplo, en el juicio seguido por Petrona 

Arango contra su hermano José Arango por la partición de unos predios ubicados en la 

doctrina de Quinua (provincia de Huamanga), la demandante señalaba, a través de su 

“agente de pleitos” Cipriano de Valdivia Pino, que su padre había sido el dueño de las 

tierras de Anccasmayo y Ccayhuacancha, que estaban en disputa. Poco después de 

presentada la demanda, en la audiencia de conciliación el letrado Valdivia sostuvo que “las 

haciendas Anccasmayo y Ccayhuacancha eran [de] don Domingo y don Ignacio Arango”. 

Y para culminar el juicio los hermanos aceptaron “la división de las expresadas haciendas 

en tres partes iguales correspondientes: la una a don José Arango, la otra a doña Petrona 

Arango y la otra a doña María, cuyos herederos quedan arriba referidos”.67 De igual forma, 

en un juicio seguido por los alcaldes y regidores de la comunidad de Anchacchuasi contra 

Luis Martínez, los quejosos solicitaron el deslinde del fundo Anchacchuasi que colindaba 

con las tierras de la Beneficencia de Ayacucho. En una de las audiencias, los vecinos de 

Socos Vinchos nombraron un perito para determinar los límites de su posesión de 

Chacahuran con la hacienda Anchacchuasi.68 

A partir de las matrículas de contribuyentes y predios, que con cierto celo distinguían 

los tipos de propiedad para fines fiscales, podemos inducir que la hacienda era la propiedad 

privada de criollos, mestizos y de algunos campesinos, donde se cultivaba caña, pan llevar 

y tubérculos y se criaba ganado. Incluso, en algunas haciendas se producía chancaca y 

aguardiente. Estas propiedades podían estar ubicadas en los valles y quebradas, así como 

en la puna de la región y se caracterizaban por poseer una amplia o mediana extensión 
                                                 
67 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 20, Causas Civiles, 1853, FF. 2r, 4r y 26v. 
68 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 33, Causas Civiles, 1861, FF. 6r y 11r. 



87 
 

superficial y una casa-hacienda con almacenes para semillas y bienes agrícolas y corrales 

para el ganado. En tal sentido, eran haciendas extensas propiedades como Ninabamba, 

cuya casa hacienda, trapiche y capilla estaba ubicada en el valle de San Miguel, pero 

controlaba tierras localizadas en tres pisos ecológicos distintos donde se cultivaba caña, 

pan llevar, tubérculos y coca, siendo el azúcar su producción emblemática. En la época 

colonial la hacienda fue propiedad de los jesuitas; luego de la expulsión de la orden fue 

administrada por la Junta de Temporalidades y subastada a fines del siglo XVIII a Francisco 

Gomes Carrasco. Tras estallar un fuerte conflicto entre sus herederos, fue dividida en 1891 

entre seis propietarios distintos, quienes llegaban a acumular más de 159.000 hectáreas 

(Muñico, 1984: 44-53). Sin lugar a dudas, Ninabamba fue la más grande hacienda de la 

región de Ayacucho ya que abarcaba parte de los actuales distritos de San Miguel, Tambo, 

Luis Carranza y Anco en la provincia de La Mar. 

Otras propiedades extensas a las que se llamaba hacienda eran las de Domingo 

Cáceres, el padre del héroe de la Breña Andrés A. Cáceres. Según la descripción de José 

María Blanco, el capellán del presidente Orbegoso, Cáceres poseía dos haciendas en la 

zona de Ocros: Hibias y Asnac, que juntas tenían una extensión superficial de 

aproximadamente 32.000 hectáreas (Blanco, 1974 [1834]: 242-243). Sin embargo, también 

eran haciendas propiedades menos extensas en las que se cultivaban varios bienes 

agrícolas, como Pomanqay en el valle de Huanta, una hacienda orientada al cultivo de 

caña, pan llevar y frutales y a la producción de aguardiente. Si en el siglo XVII Pomanqay 

tenía más de 8.000 hectáreas de extensión, a mediados del siglo XIX se había reducido a la 

mitad (Vásquez, 1997: 40). Entre 1880 y 1920 fue fraccionada en siete partes, de tal forma 

que la parte más amplia tuvo 4.000 hectáreas de extensión, mientras que la parte menos 

grande apenas tuvo 295 hectáreas (Coronel, 1986: 25). 



88 
 

Una descripción general de las haciendas, elaborada a partir de fuentes como los 

expedientes judiciales, nos ayuda a precisar el uso de la categoría. En el siglo XIX un predio 

orientado al cultivo de caña era una típica hacienda, compuesta por los cultivos, las 

instalaciones para obtener azúcar o aguardiente, la casa hacienda para hospedar al patrón o 

mayordomo, los depósitos y demás estructuras. Por ejemplo, la hacienda cañaveral de 

Pomabamba, que se hallaba en la margen derecha del río Pampas en Andahuaylas, tenía 

seis suertes de caña con sus respectivos cuarteles sembrados con plantas de diferentes 

edades.69 Así, en la suerte de la Candelaria existían cinco cuarteles de caña de edad de dos 

años y dos cuartelitos pequeños; en la suerte de San José, dos cuartelitos pequeños con 

caña de edad de nueve meses; en la suerte de Yanayaco, cuatro cuarteles de caña de edad 

de un año y tres meses; en la suerte de Ucctuhuachana, 11 cuarteles de caña de un año y 

tres meses, y en la suerte de Rurunmancca habían tres cuarteles de caña de año y medio. 

Además, la hacienda tenía dos cuarteles con sembríos de alfalfa, árboles frutales (toronjas, 

granadillas, chirimoyas, naranjos, limones, plátanos, moras, pacay, higos), matas de 

wallwa o culé (Psoralea glandulosa), uva negra e italiana y frutilla y una huerta. Todas 

estas plantas eran irrigadas por un gran canal que llevaba el agua hasta el otro extremo del 

predio. 

La hacienda contaba con ganado: trece cabezas de bueyes, más dos toros adoberos y 

ocho yeguas; dos toros de tres años y un torito de año y medio; una vaca novilla; una 

vaquilla blanca chumpi umara de tres años; otra vaquilla colorada de ocho meses. Catorce 

burros, 263 ovejas y numerosas cabras completaban la ganadería. 

                                                 
69 Las suertes y cuarteles aluden a la roturación del terreno en jirones y tablones para ahí cultivar la caña. 



89 
 

Para la producción de aguardiente y demás mieles, la hacienda tenía dos casas de purga 

y una casa de caldera.70 Las primeras eran dos estructuras de adobe con techos de teja y 

paja, grandes ventanas y puertas de madera que las comunicaban con un patio y los 

molinos. En ambas había 30 hornos que servían para calentar las calderas y 52 purrones o 

botijos para almacenar el trago. La casa de caldera era otra estructura con paredes de 

adobe, techo de teja y puerta de madera, que guardaba hasta tres alambiques con sus falcas, 

pailas, cañón, albercas y fondo. Asimismo, en la casa de caldera existía un perol, un fondo 

para fabricar azúcar y demás herramientas como espumaderas de plata, chancaquiras de 

madera, remillón de madera para medir los mieles, temples, hornallas y maestres. Esta 

segunda estructura se comunicaba con un cuarto que servía de depósito de aguardiente. 

Asimismo, en la hacienda existía una casa hacienda con un amplio corredor en su 

frontis, una sala principal con dos puertas de madera en sus extremos y una habitación en 

su interior, y una casa de habitación cubierta de paja, con paredes buenas, puerta de madera 

y un cuarto anverso donde se guardaban seis purrones de aguardiente. Completaban el 

inventario del predio diferentes herramientas para labores agrícolas y manuales, como 

lampas, azudas, serruchos, badilejos, cepillos, yunques, combas, barretillas, chafalones, 

lanzas, etc.71 

Muy distintas eran las características de una hacienda de quebrada con cultivos de pan 

llevar y tubérculos. Uno de estos predios era el de Ichpico, distante a solo cuarto de legua 

(1 km) del pueblo de Huanta. La hacienda tenía dos alfalfares avaluados en 600 pesos; más 

                                                 
70 El aguardiente y los demás líquidos que se generaban en el proceso de elaboración del azúcar (que se 
conocían con el nombre de mieles) se obtenían en la casa de caldera y en la casa de purga. Mientras que los 
tragos que se obtenían en esta última eran de calidad porque carecían de impureza, lo contrario sucedía con 
aquellos líquidos que se lograban en la casa de caldera y a los que se les daba múltiples usos, de acuerdo al 
grado de impureza (Scharrer Tamm, 1997: 143). 
71 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 16, Causas Civiles, 1850, FF. 7r-10v. 



90 
 

de dos fanegas de tierra (aproximadamente 8.000 m2; es decir, menos de una hectárea) de 

cultivo de granos valorizadas en 672 pesos; tres matas de durazno avaluadas en 4,4 reales; 

una mata de chirimoya avaluada en 2 pesos; dos matas de ciruelos tasados en 1 peso; ocho 

matas de higo avaluados en 8 pesos; una mata de lima tasados en 6 reales y varios árboles 

de sauce, molle y tara valorizados en 150 pesos. Completaban el paisaje una casa pequeña 

y corriente y un corral, amos avaluados en 180 pesos.72 Otra hacienda era la de Urpay, en 

Vinchos, cerca de los 3.000 metros de altitud. Esta hacienda poseía cultivos de maíz y trigo 

y abundante ganado: 25 bueyes, 15 vacas, nueve vaquillas, ocho toros, cinco becerros, 93 

ovejas, 20 crías, 48 carneros, 42 cabras, 11 chivatos, 16 cabrillas, ocho burros, 18 yeguas, 

siete potros, cinco potrancas, dos mulas, un potrillo y seis cerdos. La hacienda poseía 

además dos casas, una capilla, el molino de San José y corralones.73 

Si las haciendas mencionadas estaban orientadas al pluricultivo, las estancias eran los 

predios de los valles y alturas destinados a la ganadería y a la agricultura en menor escala. 

Las estancias orientadas solamente a la crianza de ganado y ubicadas en las alturas a 

menudo eran nominadas como hatos. Por ejemplo, en la doctrina de Cachi Vinchos 

existían en 1830 ocho estancias que seguramente combinaban ganadería con agricultura y 

cinco hatos dedicados exclusivamente a la ganadería. 74 De igual forma, en la doctrina de 

San Jerónimo de Andahuaylas había una estancia y tres hatos en 1841.75 Sin embargo, 

Cecilia Méndez y Ponciano del Pino sugieren que en el término estancia también aludía a 

caseríos o aldeas, algunos de los cuales se encontraban organizados en ayllus (Méndez, 

2005a: 122). Del Pino incluso afirma que las estancias se caracterizaban por poseer iglesias 

                                                 
72 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 21, Causas Civiles, 1854, F. 5r. 
73 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 50, Causas Civiles, 1871, F. 24v.  
74 AGN, H-4-1652, R-096, Matrícula de indígenas de la provincia de Huamanga, 1830. 
75 AGN, H-4-1594, R-041, Contribuciones de Andahuaylas, 1826. 



91 
 

construidas en el siglo XIX con un mismo diseño: con campanario de dos o tres niveles 

(2008: 165). Mas, dicha asociación parece haber funcionado solo en la puna de la provincia 

de Huanta; al contrario, en lugares como Quinua los ayllus funcionaban de manera 

independiente a las estancias. En efecto, en esta doctrina existían dos estancias, dos 

pueblos y dos ayllus; estos últimos pueden ser identificados como las parcialidades en las 

que estaban organizados los campesinos del lugar: Hanansayocc y Lurinsayocc.76 

Finalmente, los fundos o fincas eran las parcelas ubicadas en valles y quebradas, en las 

que predominaba un solo cultivo como los frutales, las hortalizas o la alfalfa. Eran el 

equivalente a las chacras y estaban en manos de criollos, mestizos y campesinos. Fundos 

eran, por ejemplo, los numerosos alfalfares que los habitantes de Puquio habilitaron en la 

cuenca del río Acarí para el engorde del ganado que exportaban a Lima a través del puerto 

de Lomas. 

2. PROPIETARIOS Y RELACIONES DE PRODUCCIÓN 

En el siglo XIX los propietarios de haciendas, estancias y hatos eran principalmente criollos 

y mestizos. Ellos se dedicaban a la producción indirecta de sus tierras (los que trabajaban 

en ellas eran colonos y yanaconas), o preferían arrendarlas a terceros o locatarios. 

Los hacendados eran los dueños de las haciendas. Además de poseer la propiedad, 

estos a menudos participaban en la política local, desempeñándose como subprefectos, 

alcaldes, regidores o jueces. Hemos señalado en el anterior capítulo que en la segunda 

mitad del siglo XIX algunos de estos propietarios rurales abrazaron el liberalismo y se 

identificaron con profesiones liberales, como el derecho o el periodismo. Mencionamos 

incluso los casos de Ángel Cavero, hacendado de Llumchi, Blas Huguet, hacendado de La 
                                                 
76 AGN, H-4-1652, R-096, Matrícula de indígenas de la provincia de Huamanga, 1830. 



92 
 

Colpa y Mariano Vergara, hacendado de Auccapuquio, quienes publicaron los periódicos 

liberales La prensa de la libertad, El árbol de la libertad y El liberal respectivamente. Es 

que estos hacendados vivían en la ciudad de Ayacucho, lejos de sus haciendas (las que 

dejaban bajo del control de un administrador o mayordomo) y controlaban de forma 

indirecta la energía laboral de sus trabajadores campesinos. Eran completamente distintos a 

los gamonales que ejercían control directo sobre tierras y yanaconas y formaban parte de 

un sistema bautizado con el nombre de gamonalismo. 

En efecto, el término de gamonalismo sirve para designar una forma de poder local 

personalizado, que empezaba con el control de la tierra por parte de ciertos individuos y 

devenía en el dominio individual del poder local y en el uso de la violencia para con las 

poblaciones campesinas (Poole, 2009: 608). No obstante, dicha imagen va asociada con la 

representación que las élites regionales han elaborado sobre los gamonales: la de un 

mestizo que se apropia de las tierras de los campesinos mediante el fraude o engaño y que 

carece de los valores morales de la decencia y del refinamiento espiritual que poseía 

cualquier hacendado virtuoso (De la Cadena, 2004: 99). 

Se han formulado varias teorías para caracterizar el funcionamiento del gamonalismo. 

José Carlos Mariátegui señala que el término alude al sistema de control local impuesto por 

los terratenientes en la sierra peruana desde el siglo XIX (Mariátegui, 1968). Julio Cotler 

postula la teoría del triángulo sin base para explicar las relaciones interpersonales que los 

gamonales establecían con los campesinos (entre el vértice y los ángulos) que estaban 

desconectados en la base de la figura debido a la atomización de la población indígena 

(Cotler, 1976). Fernando Fuenzalida construye la imagen del “sistema arborescente” para 

graficar una cadena de subordinaciones y marginalidad social, política y étnica, en cuyo 

último eslabón se hallaban las poblaciones campesinas también atomizadas y 



93 
 

desvinculadas (Fuenzalida, 1970). Manuel Burga y Alberto Flores Galindo mencionan las 

relaciones marcadas por el paternalismo ambiguo de la tutela y la coacción entre 

gamonales y campesinos, que reposan en la existencia de una hegemonía caracterizada por 

el consenso y la violencia (Burga y Flores Galindo, 1990). Pero, todos ellos coinciden en 

señalar que el gamonalismo apareció a mediados del siglo XIX, cuando la eliminación de la 

contribución indígena y del pacto tributario y la ausencia de un aparato estatal (escuelas, 

burocracia subordinada al poder central, policía) en el interior del país causaron la 

usurpación de las tierras de comunidades y la privatización del poder público. 

Las proposiciones anotadas deben contrastarse con la evidencia empírica. La propuesta 

del marco discursivo del Estado –que se verá más adelante– nos permite constatar la 

existencia y reproducción del Estado en los ámbitos local y regional, no a partir de una 

supuesta presencia o ausencia de instituciones oficiales o autoridades estatales que 

dependen directamente de la capital de la República –ello no existe y no existirá en el Perú 

hasta mediados del siglo XX– sino a partir de formas discursivas, normas y símbolos que 

llegan hasta la población campesina y se reproducen cotidianamente, en medio de reclamos 

judiciales o de demandas políticas específicas. En tal sentido, lo que debemos precisar es la 

forma cómo esta reproducción cotidiana del Estado empata o se contradice con el sistema 

de dominio y violencia privada que imperó en regiones como Ayacucho. 

El gamonalismo apareció en Ayacucho con la apropiación de tierras realengas 

impulsadas por la legislación agraria liberal y gravitó en el uso de la violencia hacia los 

campesinos. El sistema reposaba en los gamonales, quienes eran dueños o arrendatarios de 

tierras, o se apropiaban de ellas. Por ejemplo, en 1854 el gamonal de la estancia de Puyachi 

Pedro Najarro se apropió de la finca Pomahurán o Manzanapata que era usufructuada por 

el cura de la doctrina de Huambalpa Gavino Gutiérrez. El presbítero denunció a Najarro 



94 
 

ante el Juez de Primera Instancia de Huanta, Huamanga y Cangallo precisando que el 

infractor “ha demolido las paredes que servían de cerco a los alfalfares, ha metido en ellos 

su ganado de suerte que los ha convertido en corrales. No contento con esto, ha roto los 

cañares que me ha costado tanto afán; en una palabra, si estuviera en la esfera de sus 

alcances demolería toda la finca hasta convertir en escombros, pesto que en estos lugares 

donde reina la paz no se había presentado hasta ahora un hombre tan fuerte como este, que 

se gloria de los males que infiere a sus semejantes”.77 

Además de usurpar tierras, los gamonales tenían un trato despótico y violento para con 

los campesinos. En 1841 el contribuyente de la hacienda de Yanaccarcca Matías Almanza 

denunció al propietario Pedro Caminada por haberle infringido 60 azotes “en cuerpo 

desnudo, con un zurriago de cuero trenzado sin ramal, y sobrecolgado de las manos a una 

tijera del techo de su casa, de las ocho a las nueve de la noche del día domingo siete del 

corriente mes […]”78 De igual forma, el contribuyente Manuel Chávez de la doctrina de 

Quinua denunció en 1851 a Isidro Lagos por los maltratos que le confirió. “Se lanzó sobre 

mí de nuevo como una fiera y sin la menor consideración a las recientes contracciones con 

que apenas pude sostenerme, empezó a darme de puñetazos, con los que habría continuado 

a su arbitrio a no ser que mi mujer se hubiese interpuesto a contenerlo y concluyó en estos 

términos: que me mataría si le daba la gana […]”, indicó el quejoso.79 Este no pudo hacer 

nada en el lugar del incidente, puesto que Lagos era juez de paz en el distrito. 

Efectivamente, a menudo estos gamonales eran gobernadores, subprefectos o jueces de 

paz y ejercían poder sobre autoridades municipales (alcaldes, regidores) o campesinas 

                                                 
77 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 21, Causas Civiles, 1854, FF. 10r-10v. 
78 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 49, Causas Criminales, Cdno. 982, año 1841, F. 3r. 
79 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 172, Causas Criminales, 1851, F. 1r. 



95 
 

(alcaldes vara). En 1840, el alcalde auxiliar de Tambillo Juan Cancho presentó una queja 

contra el gamonal José Palomino por haberle retirado de su cargo y por ejercer violencia 

contra su esposa y contra los alguaciles de la municipalidad: 

Él, contra la prohibición de azotes, azotó a los aguaciles Isidro Anaya y Melchor 
Rojas, por el mismo delito de no haber estado a todas horas en su casa a prestar los 
servicios domésticos, que no se puede con dispendio del trabajo y de la asistencia 
de la familia. El exige servicio con imperio y se le ha puesto a un indígena por el 
tiempo de un mes, que sin la menor retribución le sirve en cuanto se le ocurre. Él 
tiene una cárcel privada en su casa donde encierra a cuantos se le antoja con tal 
impunidad, que no permite se le suministre alimentos algunos. Él ha intimado a la 
comunidad que le haga una fagina [faena] a la semana en la hacienda que ha 
arrendado, suponiendo que es obligación prestar estos servicios de balde y que 
aproveche sin la menor recompensa el fruto de nuestro sudor y trabajo.80 

El acusado, quién se desempeñaba como gobernador de Tambillo y era arrendatario de 

una hacienda en el distrito, se defendió diciendo que depuso a Cancho por no haber 

cumplido con entregar el porcentaje de las contribuciones que recolectó, puesto que como 

alcalde auxiliar desempeña el cargo de “ayudante de los gobernadores en el cobro de la 

contribución”.81 

A menudo los denunciantes por propia voluntad presentaban denuncias de maltrato y 

violencia en el órgano jurisdiccional, que no era exclusivamente un conjunto de instancias 

encargadas de administrar justicia a nombre del Estado republicano, sino también normas, 

procedimientos y rituales que reproducían al Estado en la cotidianeidad. Sin embargo, los 

operadores de justicia eran los mismos gamonales que de este modo reproducían las 

normas y rituales con las que el mismo Estado debía de regular su conducta cotidiana o 

sancionarlos. 

                                                 
80 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 46, Causas Criminales, Cdno. 920, 1840, F. 1v. 
81 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 46, Causas Criminales, Cdno. 920, 1840, F. 4v. 



96 
 

De esta forma, los gamonales fueron partícipes de aquella forma corporativa o 

República a medias que apareció luego de la independencia, o fueron agentes de una 

justicia marginal del Estado al recibir las quejas y demandas de sus víctimas campesinas. 

Con justicia marginal no queremos caracterizar la extensión física y administrativa del 

aparato del Estado desde un centro (donde es vigente y funcional) hacia una periferia 

(donde es débil y precario); al contrario, aludimos a las prácticas judiciales que combinan 

marcos teóricos y procedimientos legales con otros extralegales; es decir, la justicia 

pública con la justicia privada, o el derecho positivo con el consuetudinario. En el caso 

peruano, dichas prácticas coincidieron con los territorios y poblaciones que se 

consideraban como físicamente alejadas de los centros de poder político y económico y 

fueron ejecutadas por estos personajes que actuaron como juez y parte en los procesos 

judiciales (Poole, 2009: 608).  

Por ser las únicas existentes y por estar legitimadas por el aparato oficial peruano, las 

prácticas de justicia marginal fueron aceptadas por la población, pero a la vez negadas 

porque conservan esa aurea de simultaneidad. Y en esto precisamente consistió el poder 

cotidiano de los gamonales: ellos eran amenaza y garantía para las poblaciones 

campesinas.82  

El caso de la denuncia contra el gamonal de Tambillo José Palomino ayuda a clarificar 

esta percepción de justicia marginal. Palomino, como funcionario del Estado, estaba 

encargado del cobro del tributo, del orden interno y de colaborar con el municipio con la 

mano de obra para las obras públicas. Además, debía administrar justicia en conflictos 
                                                 
82 Estas nociones de amenaza y garantía se parecen a las de sanción y tutela que Burga y Flores Galindo 
utilizan para analizar el gamonalismo de la sierra sur a inicios del siglo XX. Sin embargo, difieren a partir del 
grado de importancia y presencia que se le da al estado en la reproducción de dicho sistema gamonalista. 
Mientras que para los citados autores el gamonalismo aprovecha la ausencia del estado y la privatización del 
poder público, para nosotros el gamonalismo, como forma cultural que estructura representación y acción 
social de amenaza y garantía, integra el sistema de reproducción cotidiana del Estado. 



97 
 

menores, como pequeñas disputas por terreno o pleitos entre familias y comunidades. 

Como gamonal, aparecía como un individuo que competía y se apoderaba con violencia de 

las tierras del distrito y de la mano de obra de los campesinos. Uno de los testigos del caso 

anterior refiere que “no retribuye a los indígenas que se le ponen para el servicio diario de 

la casa para todo el mes”.83 

Sucedió lo mismo con Pedro Caminada, quien además fue percibido no solo como un 

patrón prepotente y abusivo, sino como un garante de la reproducción económica de los 

campesinos. Guiado por esta definición simbólica, el quejoso Matías Almansa prefirió 

retirar la denuncia por maltrato físico, indicando que el incidente había ocurrido cuando el 

gamonal estaba ebrio y porque “era su sirviente y había recibido de él muchos 

beneficios”.84 

Hemos mencionado que algunos de los gamonales no eran propietario de hacienda o 

estancia alguna, sino arrendatarios de tierras. En la sierra de Piura los arrendatarios eran 

similares a los colonos: ambos pagaban una renta y participaban en las obligaciones, los 

rodeos de ganado y la limpieza de caminos o canales de irrigación a cambio de un pedazo 

de tierra y del derecho a usar los pastos de la hacienda para su ganado (Diez Hurtado, 

1998: 56). En Huancavelica, los colonos también debían de pagar con dinero la parcela que 

recibían, además de reparar cercos, construir edificios, refaccionar caminos y enviar a sus 

esposas e hijos a la casa-hacienda para que trabajasen como sirvientes (Favre, 1976: 129). 

En las alturas de Huanta, los arrendatarios eran aquellos campesinos que, a inicios del siglo 

XX, debían de trabajar en los cultivos, en el pastoreo de animales y en la casa-hacienda 

para poder seguir viviendo en sus propias tierras (Del Pino, 2008: 185). Sin embargo, en 

                                                 
83 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 46, Causas Criminales, Cdno. 920, 1840, F. 9r. 
84 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 46, Causas Criminales, Cdno. 920, 1840, F. 9r. 



98 
 

varias localidades de la región de Ayacucho los arrendatarios eran terceras personas (ni 

hacendados, ni trabajadores de hacienda) que alquilaban todo el predio, contrataban 

jornaleros o simplemente conseguían colonos o yanaconas. Por ejemplo, en el pueblo de 

Vischongo, la famosa hacienda Pomacocha, que era propiedad del convento de Santa Clara 

de la ciudad de Ayacucho, había sido arrendada por Rudecindo García, quien movilizaba la 

mano de obra de los pobladores de Vilcashuamán para el cultivo de las tierras. Este 

locatario además utilizaba a las familias de sus 46 trabajadores como pongos para el 

servicio doméstico en la casa-hacienda.85 De igual modo, en el valle de Tambillo, en la 

provincia de Huamanga, el arrendatario de la hacienda de Yanamilla era el mencionado 

gamonal José Palomino, “natural de esta ciudad [Ayacucho], labrador de treinta y siete 

años, de casta español [criollo] i que profesa la religión católica, apostólica i romana”.86  

Los dueños y arrendatarios dividían las tierras en dos partes para obtener rentas de la 

hacienda. Una de las partes era la de dominio directo, que quedaba en manos del 

hacendado porque ahí estaba la casa-hacienda; la otra, era de dominio útil, porque era 

parcelada y entregada a los campesinos a cambio de una renta en dinero, trabajo o 

productos (Huertas, 1982: 210). Estos usufructuaban dichas parcelas (llamadas laimes o 

mañay) y usaban los pastos para la crianza del ganado (huacchas o miquipas). 

Los campesinos trabajaban en las tierras de dominio directo y en la casa-hacienda 

como yanaconas, a cambio de un salario, de la parcela que usufructuaban y del derecho de 

alimentar su ganado en los pastos de la hacienda. Por ejemplo, en la hacienda Ayahuarco 

de Acos Vinchos, en la provincia de Huamanga, el propietario Francisco Vivanco confería 

terrenos a yanaconas como José Sánchez a cambio de su energía laboral para el cultivo de 

                                                 
85 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 49, Causas Criminales, Cdno. 976, 1841, F. 5v. 
86 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 46, Causas Criminales, Cdno. 920, 1840, F. 4v. 



99 
 

sus lomas.87 De similar modo y durante el tiempo de locación de la hacienda Yanamilla, el 

citado arrendatario José Palomino “[…] se sirvió de Mariano N, residente en Tambillo, por 

cuatro días por una peseta diaria que le daba, que no sólo de este se ha servido en el 

laboreo de su hacienda, sino de cuantos ocurren voluntariamente porque les paga 

religiosamente sus hornales [sic]”. Para conseguir mano de obra, estableció una previa 

relación de reciprocidad con sus trabajadores: les invitó comida, coca y chicha en una 

“minga”.88 

3. HACIENDAS, ESTANCIAS Y HATOS EN EL SIGLO XIX 

Tal como señalamos en las líneas precedentes, los padrones de contribuyentes y de predios 

de la era republicana distinguen los diversos tipos de posesión rural y precisan la existencia 

de pocas haciendas y numerosas estancias, fincas, hatos y chacras. Los empadronadores 

tuvieron el cuidado de verificar las dimensiones, cultivos y medios de producción de los 

predios que visitaban y empadronaban porque su labor era administrativa y para fines de 

recaudación fiscal, aunque no tuviesen el interés de registrar detalles mínimos como si lo 

hicieron sus antecesores de la época colonial, cuya labor linda con la de los etnógrafos 

contemporáneos. Sin embargo, no pudieron registrar toda la información necesaria debido 

a la reticencia de hacendados y campesinos –quienes siempre manifestaron sus dudas y 

reclamos cuando tenían ante sí a funcionarios o licitadores relacionados con el espinoso 

tema del tributo– o porque no llegaron a visitar todas las localidades de la región. Por lo 

tanto, dichos registros a menudo aparecen como incompletos. Aun así, recurrimos a dichas 
                                                 
87 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Causas Criminales, Leg. 51, Cdno. 1022, 1843, F. 20r. 
88 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Causas Criminales, Leg. 46, Cdno. 920, 1840, F. 6r. Declaración del 
mismo locatario, que concuerda con lo denunciado por el alcalde auxiliar Cancho y con lo señalado por los 
testigos, todos ellos campesinos residentes en Tambillo. Cf., por ejemplo, la siguiente declaración del alcalde 
auxiliar Cancho: “Él ha intimado a la comunidad a que haga una fagina [sic] a la semana en la hacienda que 
ha arrendado, suponiendo que es obligación prestar estos servicios debalde y que aproveche sin la menor 
recompensa del fruto de nuestro sudor y trabajo” (Ídem., F. 1v). Y cf., el testimonio del testigo Alejo Najarro: 
“sólo una vez hizo minga, costeando comida, chicha y otro necesario” (Ídem., F. 18r). 



100 
 

fuentes para acercarnos a la estructura de la propiedad rural de la región en la segunda 

mitad del siglo XIX. 

El censo de 1876 consigna 294 haciendas en la región, la mayoría de las cuales (36%) 

se localiza entre el margen derecho del río Pampas y el valle del Chumbao, en la provincia 

de Andahuaylas: eran propiedades orientadas a la producción de aguardiente. Otro grupo 

significativo de haciendas (31%) se halla en la provincia de Huamanga y combinaba la 

producción de trigo con la crianza de ganado. Son pocas las haciendas existentes en 

Lucanas y Parinacochas (13%) puesto que estas dos provincias imperaban los alfalfares, 

las estancias y las fincas y solo una hacienda fue registrada en Huanta debido a que el 

censo no se realizó en forma completa (cf. Tabla 4). 

Tabla 4. Población rural en haciendas, 1876 

Provincia Haciendas 
Población rural en 

haciendas 

Población rural 

total 

Andahuaylas 106 9.193 26.485 

Cangallo 14 585 3.203 

Huamanga 90 5.756 13.532 

Huanta 1 55 9.589 

La Mar 45 4.257 17.686 

Lucanas 35 1.489 6.689 

Parinacochas 3 801 13.094 

Total 294 22.136 90.278 

Fuente: Macera (1976: 15-22). 

Las 294 haciendas registradas en la región son pocas en comparación a las numerosas 

estancias, fincas, chacras y hatos que los padrones fiscales y de contribuyentes registran 

desde la primera mitad del siglo XIX. Efectivamente, las tempranas matrículas de 1830-



101 
 

1846 consignan por ejemplo la existencia de 99 haciendas en Huamanga en 1830; 42 

haciendas en Andahuaylas en 1841 y 12 haciendas en Parinacochas en 1846.89 En esta 

etapa temprano-republicana, también la mayoría de propiedades estaba ubicada en 

Andahuaylas, en doctrinas como San Jerónimo, Ocobamba y Huancarama, pero en ellas 

predominaba el cultivo de granos (como el maíz o trigo) y no exclusivamente la caña y la 

producción de aguardiente (cf. Tabla 5). 

En la provincia de Huamanga, la suma de haciendas estaba en las doctrinas de Santiago 

de Pischa (23%), Quinua (21%) y Cachi-Vinchos (19%); es decir, en zonas con presencia 

de valles encajonados y delineados por el recorrido de los ríos Cachimayo y Pongora, o en 

mesetas húmedas como Quinua, con pocos accidentes geográficos pronunciados. Entre 

estas propiedades estaban la de Ahuaccollay, de Pedro Castro, y la de Suso, del presbítero 

Francisco Gallardo, ambas ubicadas en la doctrina de Quinua. También estaban las 

haciendas de Urpay, de propiedad de José María Montaño, y de Acchapa dividida en tres 

secciones posesionadas por José Callañaupa, Francisco Hernández y María Josefa Oré, 

todas ubicadas en la doctrina de Acos Vinchos. Asimismo, se encuentran las haciendas de 

Chupas I y II, propiedad de Juan Aragón y Josefa Ayarza, ambas ubicadas en las 

inmediaciones del pueblo de Chiara; y haciendas como Ancasmayo, Cochabamba y 

Yanayaco, propiedades de José Arango, Tiborcia Santa Cruz y Francisco Velarde 

localizadas en la doctrina de Cachi-Vinchos (Quichua, 2015: 43-50). 

Frente a las 99 haciendas de la provincia, existían 19 estancias y 5 hatos, que eran 

propiedades de menor extensión. Por supuesto que la mayoría de estancias se hallaban en 

                                                 
89 AGN, H-4-1594, Matrícula de Andahuaylas, R041, 1826; H-4, 1902, Matrícula de castas de Parinacochas, 
1846. 



102 
 

llanuras ubicadas por encima de los 3.000 m. de altura (Cachi-Vinchos, Chiara y Quinua), 

que eran propicias para la ganadería y el cultivo de trigo y papa. 

Tabla 5. Haciendas, estancias, pueblos y ayllus en Huamanga, Andahuaylas y 

Parinacochas, 1830-1846 

Provincia Doctrina Haciendas Estancias Hatos Pueblos Pagos Ayllus Sitios 

Huamanga 

Quinua 21 2  2  2  
Tambillo 13   6    

Chiara 16 6  1    
Chungui 5   1    

Anco 2   4    
Cachi-

Vinchos 19 8 5 6    

Santiago 23 3  5 1   

Andahuaylas 

Andahuaylas 1   1  5  
Talavera 4   2  4  

San 
Jerónimo 10 1 3 3  3  

Cocharcas 3   6    
Chincheros 1   2    
Ocobamba 9  1 2    

Ongoy 3  2 1    
Cachi 3 1  4    

Huancaray 3   3    
Huayana    3    

Pampachiri  8  2  2  
Huancarama 5   2  5  

Parinacochas 

Pausa 3 2    11  
Corculla    1  1  
Oyolo   1 1  2  
Colta 1 1  2  3  

Lampa 6 1 3 4    
Parasca  2 1 2  4  
Pullo    4   1 

Chumpi  2  2  2  
Coracora 2  2   6  

Paca Pausa   6 5    

Fuente: AGN, H-4-1652, Contribuciones: matrícula de indígenas en Huamanga, 1830; H-4-1594, 

matrícula de Andahuaylas, 1826; H-4-1902, matrícula de Castas de Parinacochas, 1846. 

Asimismo, el padrón de contribuyentes de Huamanga de 1826 registra trece huertas 

(chacras) para frutales y hortalizas y ocho molinos en la provincia, todos ubicados en la 



103 
 

prolongación del valle del río de Pongora, entre las localidades de Tambillo, Huatatas y 

Totorilla, muy cerca de la ciudad de Ayacucho (Carrasco, 1990 [1826]: 33 y 72). 

En Parinacochas fueron registradas sólo 12 haciendas en 1846, que estaban ubicadas en 

llanuras elevadas como Lampa y Coracora y en quebradas como las de Pausa. Eran 

propiedades extensas que combinaban la ganadería con la agricultura de trigo, maíz, 

cebada y papa. Si en esta provincia existían pocas haciendas y estancias, había 50 pueblos 

y ayllus que agrupaban a la población campesina, como veremos más adelante. 

Los datos prediales de Parinacochas de 1846 son similares a los datos del padrón de 

contribuyentes de Lucanas de 1897. Aunque ha sido elaborado cuando culminaba el siglo 

XIX, este registro contiene información importante sobre la estructura rural del sur de la 

región que debe ser analizada, pues grafica la existencia de 208 predios rurales de menor 

extensión y diferente ubicación: desde los hatos para ganado de la puna, hasta las fincas, 

chacras, tierras, alfalfares y huertas para gramíneas, hortalizas y alfalfa localizadas en 

zonas más bajas. A esta cifra agréguese la cantidad de predios rurales que los ganaderos 

tenían en la provincia, que alcanzaba la suma de 359. Es que en el Padrón aparecen 

ganaderos con haciendas, ganaderos con fundo, ganaderos con chacras, ganaderos con 

tierras y ganaderos con alfalfares; es decir, hay en total 567 predios rurales frente 21 

comerciantes dedicados exclusivamente al intercambio de ganado.90 

Esta cantidad de propiedades agropecuarias se hallaba en toda la provincia, desde la 

yunga occidental hasta la puna, pasando por las quebradas. Las estancias y pequeños 

fundos que combinaban el cultivo de gramíneas, hortalizas, alfalfa con la crianza de 

ganado ovino y vacuno se hallaban en los distritos de Puquio, San Juan de Lucanas, 

                                                 
90 ARAy, Municipalidad, Leg. 131, 1897. 



104 
 

Laramate, Otoca, Aucará, Santa Lucía, Cabana y Huacaña, entre la puna y las cabezadas. 

Las haciendas y estancias que mezclaban la agricultura de gramíneas y tubérculos con el 

ganado lanar y caballar se ubicaban en los distritos de San Juan de Lucanas, Puquio, 

Laramate, Aucará, Santa Lucía, Querobamba, Chipao y Otoca, entre la puna y la cuenca 

inmediata del río Pampas. De acuerdo al padrón, el 27% de las propiedades eran haciendas, 

mientras que el 69% eran predios de pequeña y mediana extensión. Como señalé 

anteriormente, completaban el cuadro el 4% de comerciantes ganaderos. 

Como ya hemos referido, estas propiedades combinaban la agricultura con la 

ganadería. Son los casos de las estancias de Huancachacra y Lucmayoc (en el pueblo de 

Saiza, Santa Lucía) de Laucrana Álvaro, donde se cultivaba maíz y criaba ganado, 

valorizadas en 100 soles; o las de José Lama en Aucará, donde también se cultivaba maíz y 

criaba ganado, valorizadas igualmente en 100 soles; o las tierras de Julia Reyes en el 

pueblo de San Cristóbal (San Juan de Lucanas), donde se producía tubérculos y criaba 

camélidos, tasadas en 400 pesos.91 Además, estaban los alfalfares, como los de Ángel 

Gutiérrez “en San Felipe [Puquio] que producen más de 100 soles anuales”, o los de 

Miguel Vargas en Pali (Puquio), que consignaban una ganancia de 150 soles anuales.92  

Los alfalfares se ubicaban en los distritos de Puquio (95%), Otoca (3%), Santa Lucía 

(1%) y Laramate (1%) y formaban parte de un largo corredor que empezaba en las punas 

de Lucanas, Parinacochas y Andahuaylas y finalizaba en las cabezadas. Por este corredor 

el ganado era transportado de Andahuaylas a Puquio, engordado en los alfalfares de los 

alrededores de Puquio y finalmente llevado a los puertos de Chala y Lomas. 

                                                 
91 ARAy, Municipalidad, Leg. 131, 1897. 
92 ARAy, Municipalidad, Leg. 131, 1897. 



105 
 

Para las provincias de Huanta, La Mar y Cangallo, cuyas propiedades no aparecen en 

los padrones fiscales de 1830-1846, contamos con las matrículas de predios y 

contribuyentes de la Municipalidad de Huamanga para la segunda mitad del siglo XIX y las 

primeras décadas de la siguiente centuria. En Huanta, según el Padrón de Contribuyentes 

de 1869-1879, existían 246 pequeñas propiedades ubicadas principalmente en el ancho 

valle formado por los ríos Cachimayo y Huarpa. Según la descripción de José María 

Blanco, el diligente capellán del presidente Orbegoso, en estos predios “[…] se cría y se 

conserva la cochinilla y se cosecha el trigo, la cebada, el maíz, las papas y todas las 

menestras, raíces y hortalizas, que se recogen en las regiones meridionales. Cultivan la 

caña, las uvas, la coca, cuyo producto asciende anualmente a 150.000 pesos” (1974 [1834]: 

221). En medio de estas fincas destacaba la hacienda Pomanqay, de José María Cárdenas, 

que tenía más de 8.000 hectáreas de extensión a mediados de siglo y que estaba orientada a 

la producción de caña, aguardiente y granos. 

Como contraparte de las numerosas tierras del valle, se hallaban las haciendas de la 

puna. En la matrícula de 1869 aparecen algunas propiedades: Bramadero, de Cayetano 

Vargas, avaluada en 160 pesos junto con sus alfalfares de Ichpico y Tupín que quedaban 

cerca de la villa de Huanta; Huaychau I de los hermanos Juan y Paulino Leandro, avaluada 

en 80 pesos; Uchuraccay, de Eugenio y Celedonia Ascarza, avaluada en 40 pesos; Purus, 

Tucuhuillca y Huaychau II, de Dorotea Gama, avaluadas en 40 pesos; y Anco y Socclla, de 

Gertrudes Cárdenas, avaluadas en 40 pesos. Estas haciendas tampoco eran muy extensas. 

Ponciano del Pino indica que unas pocas haciendas (como Uchuraccay, Chaca, 

Chacabamba y Guancayoq) provenían del período colonial tardío, mientras que los demás 

predios eran nominados como pueblos y estancias porque tenían iglesias construidas en el 

siglo XIX bajo un mismo diseño: con campanarios de dos y tres niveles. “Es posible 



106 
 

distinguir ese modelo de Iglesia desde Ayahuanco y Marccaraccay, al norte de la 

provincia, hasta la otra vertiente, Iquicha y Qano, pasando por Uchuraccay, Huaychao, 

Carhuahurán, y otros pueblos” (Del Pino, 2008: 165). Dicha situación cambió radicalmente 

a inicios del siglo XX, cuando a través de la figura legal de la compra-venta, las tierras de la 

puna se transformaron en propiedades privadas que coexistían con las cuatro haciendas 

coloniales mencionadas líneas arriba. 

La rentabilidad de estas haciendas de la puna era muy baja. Las propiedades más 

importantes (como Uchuraccay o Huaychao) no superaban el valor de los 40 pesos, porque 

sus tierras eran de secano, irrigadas solamente durante la temporada de lluvias, excepto las 

pequeñas áreas que se ubicaban en las inmediaciones de los manantiales o en las riberas de 

los riachuelos. Los tubérculos que se producían eran para la autosuficiencia de los 

hacendados o de sus colonos, arrendatarios o yanaconas. Un porcentaje mínimo era para el 

mercado, aunque no proveyera los ingresos necesarios para lograr un buen nivel de 

acumulación. Por ello es que sus propietarios optaron por poseer o arrendar tierras en el 

valle, como el citado Cayetano Vargas, quien además de su hacienda de Bramadero tenía 

sus alfalfares en las afueras de la villa de Huanta. En este caso, los yanaconas tuvieron que 

movilizarse entre una y otra hacienda o permanecer en un solo predio por temporadas 

prolongadas, trabajando para generar el excedente necesario para su sobrevivencia y la 

sobrevivencia del patrón. 

En el territorio con el que en 1861 se creó la provincia de La Mar, al lado oriental de la 

cordillera del Razuhuillca, existían 45 haciendas de acuerdo al censo de 1876. Dichas 

haciendas estaban distribuidas del siguiente modo: en Anco, ocho haciendas con 4.839 

pobladores; en Chungui, 12 haciendas con 4.141 pobladores; en San Miguel, 17 haciendas 

con 9.334 pobladores y en Tambo, 8 haciendas con 5.830 pobladores (Sala i Vila, 2001: 



107 
 

87). Para el fértil valle de Ninabamba, que contaba con amplias terrazas húmedas, 

propicias para el cultivo de la caña y la producción de aguardiente, el subprefecto de La 

Mar da cuenta de la existencia de solo siete haciendas en 1871; entre estas estaban la 

hacienda Ninabamba I, cuya dueña era Jesús Morote viuda de Osmayo; la hacienda 

Patibamba, en poder de Albino Añaños; y Ninabamba II, del médico Francisco P. del 

Barco.93 A partir de esta fuente, Nuria Sala i Vila constata el dominio de estas pocas 

haciendas sobre la producción de aguardiente y la intensa actividad agrícola que se 

realizaba en el valle contiguo del río Apurímac, “donde se encierra la riqueza de la 

provincia” (2001: 89). Lamentablemente, la autoridad ignora las pequeñas estancias de la 

provincia, ubicadas en valles como Tambo o en zonas de altura como Chilcas. 

Mención especial merece la selva alta o valle del río Apurímac, ubicado al noreste de la 

región. La colonización de este espacio ocurrió en el siglo XIX y estuvo a cargo de los 

propietarios de Huanta. En 1866 el explorador italiano Antonio Raimondi visitó algunas de 

las propiedades de la zona: 

Se pasa por la hacienda Santa Catalina perteneciente a don Francisco Arias. Se baja 
con dirección al NE […] se pasa un riachuelo y luego se sube atravesando un 
trecho pantanoso y muy malo […] Continuando se sube al E, NE […] En este 
punto hay una casita […] Se llega a una casa más grande que es de don Manuel 
Sánchez. Se baja por entre el monte […] Llegada a la hacienda Monterrico 
perteneciente al señor Miguel Lazón […] Monterrico es una de las mejores 
haciendas de las existentes en estas montañas; tiene un campo muy extenso 
sembrado de ‘coca’. Esta hacienda es la más internada, pues a 5/4 de legua de 
distancia se hallan ya las casas de los salvajes, que aquí llaman infieles […] Desde 
la hacienda Monterrico hasta el río Apurímac, habrá 3 leguas y media de camino 
muy malo (Raimondi, 1929: 53-55). 

Hacia mediados del siglo XIX ya existían haciendas significativas en la selva alta, que 

conferían poder económico y hasta estatus social a sus dueños. Tanto Arias como Lazón 

                                                 
93 Memoria del subprefecto de la provincia de La Mar Julio Peralta en El Peruano, Lima 3 de junio de 1874. 



108 
 

eran importantes hacendados, dedicados al comercio de la coca. Asimismo, eran 

autoridades en el pueblo de Huanta. 

Hacia el sur de la región, el paisaje de pequeñas y medianas propiedades no difería 

sustancialmente, puesto que en la zona predominaban las estancias y hatos sobre las 

haciendas. En efecto, el censo de 1876 registra solo 14 haciendas en Cangallo. La mayoría 

estaba ubicaba en la cuenca del río Huancapi, al sureste del pueblo de Cangallo, y servía 

para producir gramíneas, caña y aguardiente. Entre estas propiedades destaca la del coronel 

Felipe Ruiz, con una utilidad neta de 400 soles por sus cultivos de pan llevar.94 La mayoría 

de predios rurales eran hatos orientados a la actividad ganadera ubicados entre el valle y la 

cordillera. 

4. EVOLUCIÓN DE LAS HACIENDAS 

Culminamos el presente capítulo con una breve exposición de la evolución de algunas 

importantes haciendas de la región de Ayacucho. Para el análisis se han seleccionado tres 

propiedades que estuvieron ubicadas en las distintas provincias y que pueden ser 

consideradas como las más significativas de la región por su extensión, por sus productos, 

por sus propietarios y por sus relaciones de producción. Así, las haciendas escogidas son: 

Ninabamba (San Miguel), Pomanqay (Huanta) y Pomacocha (Cangallo). Pero, como 

información previa e introductoria al análisis de las estas propiedades, debemos referirnos 

al proceso histórico del sistema de haciendas en la región. 

Las primeras propiedades aparecieron en el siglo XVI, cuando el Cabildo de Huamanga 

tomó como propiedad reservada las tierras ubicadas en la periferia de la ciudad y las 

                                                 
94 ARAy, Municipalidad, Leg. 114, Matrículas: Matrícula de predios rústicos del distrito de Hualla, 1901-
1911. 



109 
 

destinó al usufructo de los encomenderos de la región, tal como mandaban las normas y 

usos de Castilla que los españoles importaron a los andes (Vassberg, 1986). Efectivamente, 

los propietarios de indígenas que fijaron su residencia en la villa de San Juan de la Frontera 

de Huamanga fueron gratificados con fundos localizados en los valles adyacentes de 

Pongora, Yucay, Cachi y Huanta, donde cultivaron cereales o frutas (Stern, 1986:176). Por 

su cuenta, los españoles se apropiaron de tierras a las que denominaron vacas o vacías, 

obteniendo su definitiva posesión a través de la estratagema de la composición de tierras 

desplegada por la Corona española y que en nuestra región fue ejecutada por los jueces 

compositores Joan de Palomares, Gabriel Solano de Figueroa, Joseph de Goyonechea y 

Bentería, entre otros. 

Se hicieron las composiciones de tierras en las tres últimas décadas del siglo XVI y en 

los primeros decenios del siglo XVII, en medio de la alta demanda de los operarios de la 

mina de Huancavelica y de la población instalada alrededor de la veta de azogue. Tan es 

así que para la década de 1620 la visita del obispo de la diócesis de Huamanga Francisco 

de Verdugo consigna la existencia de 77 predios, entre haciendas agrícolas y ganaderas. La 

mayoría se hallaba en el valle de Huanta (32%) y en la puna de Angaraes (20%), acaso las 

zonas más cercanas a Huancavelica. Otro grupo importante de predios (12%) se ubicaba en 

Andahuaylas y Vilcashuamán, donde los españoles habían introducido el cultivo de la caña 

o habían instalado importantes obrajes (Canaria, Chincheros y Ccaccamarca). Pero, en el 

sur de la región (Lucanas y Parinacochas) existían pocas haciendas, quizá por estar más 

lejos de la mina de Huancavelica o de la villa de Huamanga (Mizota, 2017: 368). 

Sin embargo, muchas de estas propiedades registradas por el obispo Verdugo fueron 

reestructuradas o recompuestas en el siglo XVIII, debido a las naturales procesos sucesorios 

(herencias, partición de tierras) que generaban conflictos cuando los herederos eran 



110 
 

numerosos y a factores externos como las disposiciones agrarias de los borbones, que 

empezaron a ser aplicadas en 1798 y buscaron sobre todo la confiscación de ciertos 

capitales eclesiásticos, en una etapa especial de aprietos fiscales y financieros para la 

Corona. Sin embargo, en medio de las reformas borbónicas, la administración colonial 

realizó composiciones de tierras a favor de los comunes de indios con el fin de igualar y 

uniformizar la extensión de las tierras asignadas a los indígenas y vender las tierras 

sobrantes. Al mismo tiempo, simplificó el proceso burocrático de venta y composición de 

tierras realengas, legalizando la posesión que españoles y mestizos ejercían sobre suelos 

reclamadas por los comunes e introduciendo la noción de propiedad privada de la tierra. En 

el sur andino, estas medidas ocasionaron la aparición de extensas haciendas, así como 

disputas entre estas y las comunidades y conflictos intercomunales. En el altiplano, según 

Nils Jacobsen, las medidas hicieron que los campesinos notables o pudientes acumularan 

grandes extensiones de tierras en dominio absoluto fuera de los límites de la comunidad, 

junto con considerables rebaños (1991: 38-39). 

En la región de Huamanga, nuevas composiciones de tierras sancionaron la propiedad 

privada de españoles, mestizos e incluso indígenas sobre las tierras realengas. Por ejemplo, 

en 1801 Esteban Barraza solicitó al subdelegado de Parinacochas que se le reconociese 

como propietario de las tierras de Erguaca que sus antecesores habían usufructuado, siendo 

duramente cuestionado por los campesinos del pueblo de Chaviña, quienes se consideraban 

como posesionarios del predio.95 Al mismo tiempo, en Huanta los oficiales y cívicos de la 

milicia real, los curas y los indígenas tributarios lograron que el intendente Demetrio 

O’Higgins les otorgase la posesión de las tierras realengas que usufructuaban en la ladera 

oriental de la cordillera, en la bajada al valle del río Apurímac, gracias a una beneficiosa 

                                                 
95 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg, 18, Causas Civiles, 1802, FF. 13r-13v. 



111 
 

composición de tierras que incluía la exoneración de impuestos por el tiempo de 10 años 

(Méndez, 2005a: 71-72). La medida formaba parte de los objetivos del intendente de 

favorecer la migración estable, racionalizar la distribución de la tierra y aumentar la 

producción tropical para incrementar las rentas de la hacienda real en medio del 

incremento de la demanda de coca en Huancavelica y Cerro de Pasco (Sala i Vila, 2001: 

25-26). 

Asimismo, los borbones se preocuparon por desamortizar las posesiones de la Iglesia o 

bienes de manos muertas. Sin embargo, la expropiación de la hacienda Ninabamba, que era 

la propiedad más importante de los jesuitas, no fue el resultado de desamortización alguna, 

sino la consecuencia de la expulsión de la orden decretada por el rey Carlos III en 1767. 

En efecto, antes de su expulsión, los jesuitas poseyeron la hacienda de Ninabamba, 

acaso la más extensa e importante de la región entre los siglos XVII y XVIII, que operó 

mediante la autosuficiencia con el propósito de maximizar la producción de azúcar y su 

comercialización en el mercado local. Si bien el cañaveral estaba ubicado en el valle de 

San Miguel, en plena yunga fluvial, la hacienda contaba con tierras localizadas en la 

quebrada, en la puna y en la selva alta donde se cultivaban bienes agrícolas para lograr la 

autosuficiencia. De acuerdo con la visita de Francisco Moreta Salazar (1647), Ninabamba 

tenía una extensión de aproximadamente 554 fanegadas de tierras cultivables; es decir, 356 

hectáreas (Del Río, 1987: 29); sin embargo, tal medida parece referirse al cañaveral 

ubicado a orillas del río Ninabamba, pues con todas las tierras adyacentes la propiedad 

sumaba más de 159.000 hectáreas. 

Después de la expulsión de los jesuitas, la hacienda fue administrada por la Junta de 

Temporalidades y subastada a fines del siglo XVIII a Francisco Gomes Carrasco en 41.989 



112 
 

pesos. A la muerte de este, su hijo José Carrasco heredó y administró la propiedad hasta su 

fallecimiento ocurrido en 1863. Sus hijos heredaron la hacienda, pero no pudieron ponerse 

de acuerdo sobre la repartición de la propiedad, estallado un conflicto sucesorio que fue 

apaciguado con un laudo arbitral en 1891. Dicho laudo dividió la hacienda en seis partes, 

confiriendo dichas partes a seis distintos propietarios: María Jesús Morote (con 111.829 

hectáreas), Albino Carrasco (con 2.494 hectáreas), Ángela Zavaleta (con 28.039 

hectáreas), Mercedes Zavaleta (la esposa de Albino Añaños, con 15.696 hectáreas), Emilia 

Carrasco (con 1.800 hectáreas) y Hermilia Carrasco (con solo 34 hectáreas) (Muñico, 

1984: 44-53).  

Sucedió casi lo mismo con el cañaveral de Pomanqay, ubicado en el fértil valle de 

Huanta. la hacienda fue adquirida por Thomasa de la Fuente y Santa Cruz de Miguel Bravo 

de Acuña en subasta pública realizada en Huamanga en 1748. La nueva propietaria era una 

encopetada integrante de la élite española de la ciudad de Huamanga; era hija del general 

Luis de la Fuente, natural de la Coruña, y esposa del aguacil mayor general Joseph de 

Rojas Páramo y Alvarado. Poco a poco, esta sociedad conyugal le agregó tierras de pan 

llevar y hatos ganaderos ubicados en la puna de Huanta al cañaveral, de tal modo que en la 

segunda mitad del siglo XVIII doña Thomasa y su esposo tenían numerosas propiedad en el 

valle de Huanta, en la puna y en las cercanas doctrinas de Tambillo y Santiago. 

En la referida centuria, la hacienda Pomanqay tenía hasta siete suertes sembradas con 

caña: Canalpata, San Bernardo, San Jerónimo, Potrero, Santo Tomás, Chalipampa y 

Arenas. Además, contaba con las tierras adyacentes de Coraceros, Huanchaq, Lucre, 

Churrubamba, Iribamba, Vado y Guapir, donde estaban dispersos las suertes de caña y 

algunos otros cultivos como gramíneas, frutales y coca. Adicionalmente, la propiedad 

contaba con los cultivos de Cedro Huerta y Sunturhuasi, ubicados en el distrito de Huanta, 



113 
 

y con un hato en Culluchaca, en plena puna, donde se criaba ganado vacuno y ovino. Tal 

como sucedió con Ninabamba, esta hacienda producía azúcar y aguardiente para el 

mercado y a la par buscaba autosostenerse con los otros cultivos. 

Sin embargo, al iniciarse el siglo XIX estalló un serio conflicto entre los propietarios de 

la hacienda. Tras la muerte de Thomasa de la Fuente y Santa Cruz, la propiedad pasó 

manos de su sobrina María de Llanos y Orcasitas. Porque en esta ocasión la hacienda ya no 

era tan productiva como antes o porque la nueva dueña se hallaba imposibilitaba para 

conducir personalmente el bien, esta optó por arrendar la hacienda primero a Marcos 

Betalleluz y luego a Bartolomé Espinoza. Poco después, María de Llanos legó la propiedad 

a Juan Rodríguez Ruiz y entonces estalló un conflicto por la posesión del predio entre este 

y el arrendatario Martín Armendáriz. Posteriormente, la hacienda pasó a manos de Brianda 

Cabrera. En la coyuntura de la guerra de la independencia fue duramente afectada por el 

quiebre de los circuitos mercantiles y la presencia de las fuerzas beligerantes en el norte de 

la región, a tal punto que redujo su extensión a 4.000 hectáreas, por perder varias de sus 

tierras adyacentes que fueron privatizadas o convertidos en bienes de manos muertes; 

sucedió por ejemplo con las tierras de Cedro Huerta y Sunturhuasi y con el hato de 

Culluchaca que pasaron a manos del convento de Santa Teresa (Vásquez, 1997). Más 

tarde, el mismo núcleo de la hacienda, con sus siete suertes de caña, fue transferido por 

Cabrera al mismo monasterio de monjas teresianas de Ayacucho. 

En 1860, José María Cárdenas adquirió la propiedad del núcleo de Pomanqay de las 

teresianas, encargándose directamente de la administración, a tal punto que logró recuperar 

los cultivos y la producción de azúcar y aguardiente. Los bienes elaborados en la hacienda 

eran comercializados en la tienda que el propietario poseía en Huanta. Sin embargo, en la 

década de 1870 la hacienda fue nuevamente sacudida por los conflictos que se desataron en 



114 
 

la provincia en la década de 1870 –en los que participó Cárdenas, pues fue alcalde de la 

villa en 1869 y subprefecto de la provincia en 1874– y por la formación de guerrillas 

campesinas en 1883, en el contexto de la guerra del Pacífico. Estos conflictos deben haber 

ocasionado una mengua en la producción; su propietario se vio en la imperiosa necesidad 

de vender su parte al comerciante Ignacio Vega Mendiolaza. 

Al finalizar el siglo XIX y al iniciarse la siguiente centuria, el núcleo territorial de la 

antigua hacienda de Pomanqay había sido fraccionado en siete propiedades distintas, 

ocupadas y administradas por diferentes dueños: José María Cárdenas (Pomanqay), 

Ignacio Vega Mendiolaza (Huanchaq), los hermanos Nozart y José Cárdenas (Vado), 

Manuela Vega (Huanchaq), Francisco Jorge Boyasbek (Churrupampa y Coraceros), 

Moises Kajatt (Huanchaq) y Eufemia Cárdenas (parte de Iribamba).  Algunos de estos 

(como Manuela Vega y Eufemia Cárdenas) eran descendientes de los hacendados 

huantinos del siglo xix; otros (como Vega Mendiolaza o los extranjeros Boyasbek y Kajatt) 

eran comerciantes que en el amanecer del nuevo siglo se instalaron en Huanta para probar 

fortuna, ahora que la provincia se estaba articulando nuevamente con el polo comercial de 

la sierra central (Coronel, 1986). 

Pomacocha es un caso especial, pues fue la hacienda del monasterio de Santa Clara de 

Ayacucho, arrendada a numerosos locatarios entre la época colonial y la segunda mitad del 

siglo XX. En fecha tan temprana como 1577 el escribano Gonzalo Isidro tomó posesión de 

50 fanegadas de tierras (unas 143 hectáreas) que anteriormente fueron usufructuadas por el 

Estado inca, mediante provisión de la corona real. Posteriormente, Isidro intercambió 

dichas tierras con otro predio que poseía Luisa Díaz de Rojas, la viuda del encomendero de 

los Hanan Chilques Antonio de Oré. Luego de posesionarse y usufructuar Pomacocha, 

Díaz de Rojas lo heredó a su hijo Francisco de Oré en 1586, quien hizo una composición 



115 
 

de tierras con el visitador Gabriel Solano de Figueroa en 1594 y otra con el juez Antonio 

de Oré en 1627. Finalmente, lo donó al monasterio de las clarisas de Huamanga, quienes 

usufructuaron la hacienda hasta 1961, año en que los colonos expulsaron al último 

arrendatario y tomaron posesión de las tierras. 

Adicionalmente, el monasterio adquirió otras tierras que agregó a la hacienda de 

Pomacocha. Efectivamente, en 1682 compró el predio de Chanín de Pedro Gutiérrez de 

Quintanilla y Sotomayor y Luisa Cano Velarde de Santillana, y en 1683 adquirió las tierras 

de Paucarbamba de Gabriel de Gamboa, con la intervención del administrador de bienes 

del convento fray Miguel de Aróstegui. Al finalizar el siglo XVII, la hacienda en total tenía 

más de 80 fanegas de extensión superficial; es decir, aproximadamente 250 hectáreas.96 

En suma, una estructura de la propiedad caracterizada por la persistencia de las 

pequeñas propiedades es la que tuvo la región de Ayacucho en a lo largo del siglo XIX y 

especialmente en la segunda mitad de la centuria. Las matrículas de contribuyentes 

mencionadas anteriormente confirman que al menos, en la primera mitad del siglo la 

ofensiva de hacendados y propietarios sobre las tierras de los campesinos era poca o estaba 

estabilizada (cf. tabla 6).  

En Huanta, entre 1801 y 1815 casi la mitad de los contribuyentes estaban sin tierra; 

pero, al mismo tiempo el porcentaje de campesinos tributarios sin tierra había disminuido 

en 4 puntos (18%), de tal modo que existía un promedio de 1,2 campesinos por año que 

perdían la tierra. De forma directamente proporcional, la cantidad de campesinos con tierra 

también menguó en 4 puntos (3%). Considerando que este grupo era más numeroso que el 

de los contribuyentes sin tierra, la disminución revela una tasa anual de -0,2%; no obstante, 

                                                 
96 ADRAAy, Vilcashuamán 26: Pomacocha y anexos III, FF. 24r-31r. 



116 
 

esta ligera mengua guarda correspondencia con una tasa negativa de decrecimiento de la 

cantidad total de contribuyentes de -0,6% anual. Por lo tanto, en esta provincia la ofensiva 

de criollos y mestizos sobre las tierras usufructuadas por los campesinos estaba 

provisionalmente estabilizada (Husson, 1992: 58) y en medio de tal coyuntura la formación 

de grandes haciendas era muy difícil. 

Tabla 6. Tierra y población en Huamanga, 1801-1846 

Provincia Período Contribuyentes 
Con 

tierras 
% 

Sin 

tierras 
% 

Huanta 
1801 4.377 2.582 58,9 1.795 41,1 

1815 3.970 2.503 63,0 1.467 37,0 

Andahuaylas 
1836 12.544 7.605 60,6 4.939 39,4 

1841 18.718 10.380 55,4 8.338 44,6 

Parinacochas 
1826-27 14.098 9.592 68,0 4.506 32,0 

1846 12.481 6.968 55,8 5.513 44,1 

Fuente: Macera (1972, I: 71 y ss). 

De igual forma, en Parinacochas se había incrementado la cantidad de contribuyentes 

sin tierra en 22% entre 1827 y 1846, aunque estos sumaban menos de la mitad. Asimismo, 

había disminuido la cantidad total de contribuyentes en -11%. Por lo tanto, en esta 

provincia sucedió un proceso de crecimiento y expansión de haciendas y estancias 

especialmente en la primera mitad del siglo XIX. Ocurrió lo mismo en Andahuaylas, donde 

los contribuyentes sin tierra eran minoría y habían aumentado en 68%, en relación con el 

incremento de la cantidad total de contribuyentes (49%). También en esta provincia la 

ofensiva de las haciendas perjudicaba a los pobladores campesinos. Sin embargo, estos no 

se quedaron con los brazos cruzados; recurrieron a las estrategias legales para contener el 

avance de las haciendas o de las pequeñas propiedades particulares. Dichas estrategias, 



117 
 

más las características de las tierras que estaban en manos de estos campesinos serán 

estudiadas en los siguientes capítulos. 

 



Capítulo V 

COMUNES DE INDIOS 

 

 

Al parecer, concretamente dos fueron las vías más 
importantes de constitución de la comunidad. En un caso 
las reducciones y en otro la evolución de los propios 
ayllus. Derroteros ambos condicionados a su vez por los 
enclaves mineros y por el desarrollo del sistema de 
hacienda. Aparece claro que la vía de la reducción fue la 
más común, pero no se puede soslayar que existieron 
regiones enteras del Perú donde la hacienda no se 
desarrolló sino tardíamente, la minería no fue importante y 
que no fueron alcanzadas drásticamente por el aparato 
administrativo colonial, lo que se refleja en la ausencia de 
ciudades españolas; factores todos que permitieron una 
relativa autonomía al desarro11o del ayllu que, sin 
embargo, finalmente, no pudo escapar del influjo colonial 
convirtiéndose por vía propia en comunidad. 

José Matos Mar: “Comunidades indígenas en el área 
andina”, p. 182. 

En los tiempos actuales, las comunidades campesinas son una de las principales formas de 

organización de la población campesina, aunque muchas de sus funciones han sido 

transferidas a las nuevas organizaciones que aparecieron en el campo.97 De acuerdo a las 

cifras del Ministerio de Agricultura, en Ayacucho existen actualmente 1.146 comunidades; 

el mayor número de ellas se encuentra en las provincias de Huamanga (315), Huanta (183), 

Lucanas (115) y Cangallo (106). Las comunidades controlan 1.790 hectáreas de superficie 

agropecuaria (tierras de cultivo, pastos, bosques, tierras eriazas) que representan menos del 

                                                 
97 Por ejemplo, los Comités de Autodefensa Civil, que aparecieron para enfrentar a Sendero Luminoso y 
luego fueron reconocidos por el Estado, asumen responsabilidades tradicionalmente reservadas a la 
comunidad, como hacer cumplir las directivas y acuerdos de los campesinos, o vigilar el desempeño de las 
juntas directivas de la comunidad (Diez, 2007: 127-128). 



119 
 

1% de la superficie agropecuaria de la región, pero también garantizan las parcelas 

familiares, regulan su enajenación y ordenan el uso de los espacios comunales. 

Aún no existe en la antropología peruana una definición consensuada ni una tipología 

de comunidades (Urrutia, 1992). Los numerosos estudios, elaborados desde la primera 

mitad del siglo XX, han proporcionado interesantes sistematizaciones sobre la organización 

económica de las comunidades, sus estrategias para diversificar la producción y participar 

de los circuitos mercantiles, las redes de parentesco que operan en ellas, sus estructuras de 

poder, su cosmovisión y hasta las relaciones que tejen con el mundo urbano (Starn, 1992; 

Diez Hurtado, 2001; Pajuelo, 2001). Sin embargo, no han tendido puentes con otras 

disciplinas sociales (como la historia) para evaluar la injerencia de los procesos históricos 

sobre las comunidades, ni han logrado una buena síntesis de los modelos comunitarios 

existentes. 

A pesar de la variedad de trabajos y enfoques, existe cierta imagen común con respecto 

al origen y características de la comunidad campesina, construida a partir de las clásicas y 

hasta canónicas definiciones de José Matos Mar (1976) y Fernando Fuenzalida (1976) que, 

de forma resumida, aparecen en el epígrafe del presente capítulo. En efecto, se piensa que 

las comunidades campesinas devienen de los ayllus prehispánicos y de las reducciones del 

siglo XVI y se caracterizan por poseer una propiedad colectiva usufructuada 

individualmente, una organización social basada en la reciprocidad y la cooperación y un 

patrón cultural andino. Sin embargo, dicho concepto presenta serios límites, puesto que 

considera que las comunidades y sus estructuras son productos de una tradición fija y no 

“de una constante reelaboración de la tradición a fin de acomodarse a las distintas 

demandas y desafíos de las cambiantes formas de dominación políticas y económicas” 

(Ávila, 2001: 194). 



120 
 

En las siguientes páginas se discutirá precisamente este proceso de transformación de 

las comunidades, como parte de su relación con el Estado peruano decimonónico. Pero, 

previamente debemos analizar sus características mediante una adecuada contextualización 

de ellas en el corte temporal de la presente tesis, la segunda mitad del siglo XIX, y a partir 

de dos instancias básicas en su constitución: la posesión de la tierra y los lazos de 

solidaridad. 

1. LAS TIERRAS DE INDIOS 

Siguiendo  autores como Alejandro Diez Hurtado, Marfil Francke, Orlando Plaza y Harold 

Mosbrucker, consideramos a la comunidad como la expresión institucionalizada de un 

grupo de familias campesinas unidas por el parentesco, con el propósito de controlar 

recursos (tierra, agua, bosques, pastos), establecer relaciones sociales, elaborar una 

ideología para su funcionamiento y para la cohesión social y representar y defender a sus 

integrantes de las presiones externas e internas. Así, la comunidad deviene en una 

expresión institucionalizada porque despliega una forma de autogobierno aceptada por sus 

integrantes y reconocida por el Estado, que garantiza la posesión de la tierra. Y a través de 

una ideología o conciencia comunal basada en la memoria de los ancestros u orígenes 

históricos, refuerza la solidaridad entre sus miembros (Diez Hurtado, 1991: 188; Plaza y 

Francke, 1981; Mossbrucker, 1990). 

Sin embargo, la comunidad es una realidad que enfrenta conflictos y tensiones en su 

relación cotidiana con actores e instituciones sociales externas (hacendados, funcionarios 

del Estado, mercado), así como encierra disputas, fragmentación y atomización, ya que 

debe regular intereses y expectativas grupales e individuales, que a menudo se presentan 

como contrapuestas. Por ello, la comunidad aparece como una institución que intenta 



121 
 

equilibrar lo individual y lo colectivo, lo familiar y lo secotiral, a partir de ciertos pactos o 

consensos que rigen la interacción entre personas y grupos (Diez Hurtado, 1998: 12; 1999: 

263). 

Asimismo, la comunidad asoma como una respuesta de los campesinos a un Estado que 

le manda ciertos estímulos y a la vez le impone normas, funciones e instituciones de 

gobierno.  Por supuesto que dichas influencias externas pueden modificar los intereses y 

expectativas individuales o sectoriales y a la par hacer que los campesinos definan criterios 

de pertenencia o no pertenencia al colectivo (Diez Hurtado, 1998: 12-13). 

Si en la época prehispánica la filiación y el parentesco fueron los criterios para 

organizar a la población indígena, tras la conquista fue la residencia el axioma más 

importante para ordenar a la población conquistada, a través de dos instituciones adecuadas 

para controlar a los indígenas, lograr su reproducción económica y obtener su excedente en 

forma de tributo: la reducción y las tierras de repartimiento. 

Las reducciones fueron aquellos pueblos o cabezas de doctrina creados a partir de la 

real cédula de 1545 con la finalidad de concentrar a la población indígena para cobrar de 

forma más eficiente los tributos y controlarlos mejor. En la región de Huamanga se 

formaron las reducciones en 1557, durante el gobierno del tercer virrey Marqués de Cañete 

y fue el visitador Damián de la Bandera el encargado de tal tarea. En el citado año, 676 

pueblos de indígenas fueron reducidos a 252 pueblos. Años después, el virrey Toledo 

reorganizó estas reducciones y redujo la cantidad de pueblos de indígenas existente en la 

zona. Así, en la encomienda de Diego Gavilán disminuyó de 16 a siete pueblos 

(Huamanga, Macachacra, Huama, Yntai, Lucre, Luricocha y Mayocc); en el territorio de 

los Hatunlucanas de Laramati instaló 18 pueblos; en el de los Lucanas de Antamarca, 10 



122 
 

pueblos; en Vilcashuamán, 16 pueblos y entre los soras de Parinacochas, 14 pueblos 

(Mizota, 2017: 353-360). Asimismo, creó las reducciones de Sarhua, Lucanamarca y 

Sancos (pueblos de origen huanca); Huamanquiquia, Huambo y Carapo (pueblos de origen 

Rucana-Andamarca), Taulli (pueblo de origen aimara), Manchiri y Sacsamarca (Quichua, 

2013: 40). 

En el siglo XVII, muchas de estas reducciones seguían existiendo. Es más, en algunas 

zonas de la región había aumentado el número de anexos y hasta habían aparecido nuevos 

tipos de anexo junto a unidades productivas como haciendas, estancias y hatos, con sus 

propias capillas, como prueba de la reproducción y difusión de la estructura y estilo de las 

reducciones de indígenas. Así, en 1624 en la doctrina de Putica existían una cabecera de 

doctrina y cuatro anexos; en Huancaraylla, una cabecera y siete anexos; en Chuschi, una 

cabecera y cinco anexos; en Sacsamarca, una cabecera y dos anexos; en Colca, una 

cabecera y tres anexos; en Huambalpa, una cabecera y seis anexos; en Vischongo, una 

cabecera y cinco anexos; en Huaya, una cabecera de doctrina y cinco anexos; en Canaria, 

una cabecera y un anexo, en Totos, una cabecera de doctrina y cuatro anexos; en 

Vilcashuamán, 28 pueblos de indígenas; y en Huanta, 82 pueblos de indígenas (Mizota, 

2017: 363-379). 

Para el sostenimiento de las familias indígenas y para el pago del tributo, la 

administración colonial confirió tierras de repartimiento ubicadas alrededor de las 

reducciones. Dichas posesiones eran consideradas dominio de la corona por derecho de 

conquista y eran asignadas por el monarca a los pueblos de indígenas. A cambios del 

acceso, estos pagaban el tributo a los agentes recaudadores de los caciques; estos últimos 

depositaban el tributo recaudado en las cajas de comunidad, para luego pagarlo íntegro al 

corregidor. Las tierras de repartimiento constituían, por lo tanto, la base material de las 



123 
 

relaciones tributarias entre indígenas y Rey, mediadas por los caciques (Thurner, 2006: 

102). 

En la región de Huamanga, las poblaciones indígenas tenían tierras de repartimiento. 

Por ejemplo, en 1746 los indígenas del pueblo de Mayhuavilca, en Huanta, señalaron que 

sus tierras eran herencia “de sus antepasados, de los tributarios”, a quienes se las había 

otorgado el virrey Toledo.98  

Tal como sucedió en el territorio de Huaylas, en la región de Huamanga las tierras de 

repartimiento fueron divididas y redistribuidas a las familias indígenas como parcelas de 

usufructo y pastizales. Los usufructuarios de dichas parcelas a menudo eran denominados 

como colonos o arrendatarios, puesto que tenían que pagar lo necesario al cacique para 

reunir el tributo. Por ejemplo, en el pueblo de Ayahuanco, en Huanta, las tierras de 

Parubamba, Pacaycasa, Curitoyocc y Pallpa habían sido “retaceadas” y entregadas a los 

contribuyentes en forma de arrendamiento; los usufructuarios, residente en dicho pueblo, 

se identificaban como sus “arrendatarios o bien sus sirvientes”.99 Dichas posesiones 

estaban en 1849 en disputa con los comuneros del pueblo de Mosoccllaccta. De igual 

modo, los pobladores indígenas del pueblo de Anco, en el valle de Mayuccmarca, 

señalaron en una petición de 1609, presentada con la intermediación del protector de 

naturales, que viven en doctrina y “tienen sacerdote y viven en policía y tienen fundada 

una cofradía de Nuestra Señora y viven muy cristianamente y son útiles y provechosos así 

a las justicias que entran en aquel valle, como a los demás pasajeros, indios y mulatos y 

otras personas que transitan en el dicho valle por estar en el camino real […]” Agregaron 

                                                 
98 ADRAAy, Huanta 45: Mayhuavilca, año 1746, F. 45r. 
99 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 5, expedientes civiles de Huanta, 1849, FF. 14r-14v. 



124 
 

que tenían posesiones en los parajes de Punqui, Auquiraccay, Anco y Huarcca, 

consistentes en: 

[…] sus tierras y chacras donde hacen sus sementeras, las cuales han poseído y 
poseen quieta y pacíficamente desde el tiempo de los incas, sin contradicción 
alguna […] y con ellas se sustentan y sus mujeres e hijos y pagan sus tasas y mitas 
de Huancavelica y para que ninguna persona les inquiete, a Vuestra Merced piden y 
suplican se sirva de confirmar las dichas tierras y ampararles en ellas siendo como 
son sin perjuicio de nadie.100 

Además de estas tierras, las posesiones del común consistían en pastos localizados en 

los sitios de Guayllahuma y Auquiraccay, donde pasteaban su ganado. Según los testigos, 

dichas tierras de repartimiento se hallaban divididas en “muchas chacras y cría de ganados, 

por donde pagan las tasas a su majestad y a sus encomenderos”.101 

En Cangallo, los alcaldes y regidores del pueblo de Santa Ana de Huambalpa 

mencionaron en un juicio entablado con el administrador y testaferro del quinto Marqués 

de Valdelirios José Lagos que ellos poseían tierras de repartimiento que servían para el 

pago de tributos: 

[…] nos vemos necesitados de molestar a V. S. ocurriendo a la recta administración 
de las tierras adyacente a los pueblos, a sus naturales poseedores, exceptuando si 
aquellas porciones acerca de las cuales ni ha precedido algún convenio a pacto 
entre el vasallo y el monarca y no dudamos nosotros haya precedido este, para la 
hacienda de Ucuscha, pero si para las tierras de las que sin derecho alguno se nos 
quiere desaposesionar y si acaso como idiotas juzgamos erradamente, solo 
pretendemos para cerciorarnos de la verdad, nos pruebe su derecho don Josef 
Lagos, patentizando los documentos o instrumentos de sus pertenencias, pues 
mediante ellos hace o produce una irrefragable prueba y si de ellos apareciesen ser 
suyas las tierras en que por tiempo inmemorial hemos sembrado y adquirido lo 
necesario para satisfacer a Nuestra Católica Majestad los reales tributos que es el 
motivo porque nos cede las tierras […]102 

                                                 
100 ADRAAy, LMR 01-II: Anco y anexos, 1607. F. 52v. 
101 ADRAAy, LMR 01-II: Anco y anexos, 1607, F. 51v. 
102 AGN, Derecho indígena, Leg. 29, Cdno. 564, año 1801. 



125 
 

Junto con las tierras de repartimiento, la corona pasó a administrar las tierras 

consideradas como vacas o vacantes por los españoles, las que transformó en propiedad 

privada a través del mecanismo de composición de tierras a cambio de un pago monetario. 

Muchas de las tierras compuestas se hallaban en las inmediaciones de los pueblos de 

indígenas y limitaban con las tierras de repartimiento.  

Por un lado, la corona compuso tierras para las poblaciones indígenas con la 

intermediación del cacique, que se convirtieron en posesiones corporativas. Estas no 

estaban directamente sujetas a las obligaciones tributarias y podían ser alienadas con el 

permiso del corregidor (Thurner, 2006: 103). En la región, la mayoría de tierras 

posesionadas por los pueblos de indígenas provenían de las composiciones de tierras de los 

siglos XVI, XVII y XVIII y estas eran consideradas como posesiones del común no sujetas a 

tributación alguna. Por ejemplo, los pueblos de Chuschi y Quispillacta señalaban que sus 

tierras y pastos habían sido adjudicadas a través de una composición de tierras practicada 

en 1595 por Gabriel Solano de Figueroa y ratificada por los corregidos de Vilcashuamán 

Alonso de la Cerda y de la Coruña (1600), Pedro Mena de Barrionuevo (1602), Cosme de 

Céspedes (1610), Mateo de Navarro (1621), Felipe de Álvarez (1629), Juan Carrasco de 

Sas (1652) y Juan de Melo (1653).103 

En Cangallo, las tierras de Pariamarca, Umayo, Huamanquera y Chacamarca fueron 

conferidas a los pueblos de Vischongo y Tincoc por el compositor Murrieta y Salazar en 

1648 (Lujan, 1974: 43). Asimismo, en la microcuenca del Pampas-Caracha, las 

reducciones de Sacsamarca, Sancos y Huancasancos tenían sus tierras compuestas en 1574 

por el visitador Joan de Palomares.104 Sacsamarca poseía un extenso territorio que limitaba 

                                                 
103 ARAy, Sección Notarial, Leg. 194, Mariano Tueros, Protocolo 233, años 1848-1849, FF. 11r y ss. 
104 ADRAAy, Lucanas 34-I: Ocaña, F. 11r. 



126 
 

con los pueblos de Manchiri, Circamarca, Huancasancos, Huancapi, Hualla, Umas, 

Chacralla y Pampamarca. También Sancos poseía otro extenso territorio, que empezaba en 

la quebrada del río de Sacsamarca y se extendía hacia la puna, de la microcuenca del 

Caracha (Quichua, 2013: 48 y 78-79). 

El anexo de San Jerónimo de Taulli controlaba tierras compuestas por el visitador 

Francisco de Reynoso en 1569. Asimismo, la reducción de Sarhua tenía un territorio 

asignado por el visitador Gonzalo Barbosa en 1560. El pueblo de Huamanquiquia 

controlaba un extenso territorio que empezaba en el río de Huancasancos y terminaba en la 

cumbre de Manzanillayocc (Quichua, 2013: 51-87). También, la reducción de Pomabamba 

poseía las tierras de Tucrepampa y Chirilla, compuestas por Joan de Palomares en 1574 y 

confirmadas por el corregidor de Cangallo Francisco Demonte y Robles. La reducción de 

Lucanamarca tenía posesiones otorgadas por el mismo Palomares en 1574 y ubicadas entre 

los pueblos de Sancos, Sarhua, Taulli y las moyas de Angaraes.105  

El pueblo de San Lucas de Huambo controlaba tierras que limitaba con los pueblos de 

Carampa y Patallaqta, con el río Pampas y con la reducción de Huamanquiquia (Quichua, 

2013: 95). Hacia el Sur, en Lucanas, los comunes de Ccecca, Cabana,  San Juan de 

Lucanas, Ccontacc, Huallhua, Ocaña y Huacaña señalan con títulos en mano que sus 

“tierras comunales” fueron compuestas por el juez Gonzalo Ramírez de Baquedano en 

1702, aunque muchos de estos documentos fueron cuestionados por ser falsos.106 Y los 

                                                 
105 ADRAAy, Huancasancos 3: Lucanamarca I, F. 5r. 
106 ADRAAy, Lucanas 4: Arabamba, F. 106v; Lucanas 6: Cabana I, F. 2r; Lucanas 13: Ccontacc, F. 17r; 
Lucanas 24: Huallhua y anexos; Lucanas 34-I: Ocaña, FF. 36r-42r y Lucanas 43: San Diego de Ishua, FF. 
51r-52r, respectivamente. 



127 
 

indios del pueblo y ayllu de Parinacochas decían que sus tierras habían sido legitimadas 

por provisión del virrey Conde del Villar en 1598.107 

Asimismo, los caciques indígenas del pueblo de Andamarca en Lucanas mandaron 

componer con el juez de tierras Joseph de Goyonechea y unas “tierras del común de dichos 

indios, quienes sirvieron a su majestad con pesos de donativo con cargo a que se les 

despache título en forma de dichas tierras”.108 Lo mismo hicieron en 1707 los habitantes 

indígenas del pueblo de Huallhua, también en Lucanas, ante el juez de tierras Gonzalo 

Ramírez de Baquedano; ellos lograron la composición de las tierras del común: 

[…] siendo su extensión superficial de ocho a nueve leguas de largo, por seis a siete 
leguas de ancho aproximadamente, siendo en su mayor parte de cultivos de maíz, 
trigo en abundancia, papas, cebada, alfalfa, encontrándose la parte alta buenos 
pastales para la crianza de ganado lanar, vacuno, caballar, llamas. Dichos terrenos 
han estado poseyendo el dicho común como es público i notorio desde tiempos 
inmemoriales  

Por otro lado, con las composiciones de tierra la corona benefició también a indígenas 

que podían pagar una cantidad de dinero para tener una posesión privada de tierras. Por 

ejemplo, en San Pedro de Cachi (Huamanga) los indígenas Carlos Mollo Cóndor e Isabel 

Paconanya dijeron poseer varias tierras, entre ellas “[…] un pedazo de tierra y chacra de 

sembrar maíz en el río de la sal llamada Corvapampa […] la cual dicha chacra vendemos 

por no poderla sembrar ni ir tan lejos y tener junto a este pueblo otras tierras y chacras, que 

con nuestro trabajo podemos sembrar algunas de ellas […]”.109  

Asimismo, la corona consideró como bienes del patrimonio regio aquellas tierras, 

pastos y montes que podían servir para diferentes propósitos, como el pastoreo o la 

                                                 
107 ADRAAy, Parinacochas 14: Huanaccmarca Alta, F. 8v. 
108 ADRAAy, Lucanas 2: Andamarca IV, 1700, F. 8r. 
109 Archivo de San Pedro de Cachi, Títulos de la comunidad, año 1617, F. 3r. 



128 
 

extracción de leña, hielo y otros recursos (Vassberg, 1986). En la práctica, dichos recursos 

podían ser y fueron usufructuados por distintos individuos: españoles, criollos, mestizos y 

hasta indígenas. El rey sancionaba su posesión mediante una composición de tierras, 

mediante una venta o a través de una gracia real. Al ocurrir tal merced, la posesión 

quedaba transformada en una propiedad privada. 

Las poblaciones indígenas de Ayacucho en el siglo XIX también posesionaron predios 

que se consideraron como tierras realengas en la época colonial. Algunos habían sido 

conferidos mediante composiciones de tierras; otros simplemente tenían posesionarios que 

las ocupaban de facto, sin instrumento alguno que legalizase dicha ocupación. 

La posesión de Erguaca fue una tierra realenga que los comuneros del pueblo y ayllu 

de Chaviña disputaron en 1840 con el mestizo Esteban Barrasa. En su alegato, este señaló 

que en 1749 el corregidor de Parinacochas, Alejandro Guzmán Sarmiento de Rivera, 

vendió dicho bien mostrenco a un antepasado suyo: el capitán Ambrosio Barrasa, 

prácticamente transformándolo en propiedad privada. Años después, el predio fue 

heredado por su esposa, Tomasa Rivera, por su hijo Joaquín y por sus nietos Carlos y 

Calixto. Al iniciarse el siglo XIX, los indígenas del pueblo de Chaviña denunciaron que los 

Barrasa se habían apoderado de una posesión del común de indios. En 1840, Manuel 

Cruces, un testigo de 80 años de edad, describió los detalles del proceso de posesión de 

dichas tierras, que era más complejo que lo que los Barrasa relataban: 

[…] el reverendo padre fray Francisco de Borja, cura que fue de esta Doctrina de 
Parasancos, en cuyo tiempo le dio en dote las dichas tierras de Irhuaca [sic] el 
licenciado don Andrés Rivera a don Manuel Luján, vecino que fue de Coracora, 
porque se casó con su sobrina Bárbara y por su fin y muerte de dicho Luján volvió 
a quedarse con las dichas tierras de Irhuaca el enunciado licenciado don Andrés, 
que por segunda vez le dio las nominadas tierras de Irhuaca a don Ambrosio 
Barrasa, a cuenta de la compostura de dos molinos, dando por ynstrumento un 
papel de composición o amparación, con lo que tomó posesión de las dichas tierras 



129 
 

de Irhuaca. Esto sucedió hallándose el declarante cholito de diez años y después de 
algunos cortos años, en tiempo de que el declarante se hallaba sirviendo de pongo 
al enunciado cura don Francisco en el pueblo de Chaviña, vino a este dicho pueblo 
el general don Miguel de Villavicencio, corregidor que fue por entonces de esta 
provincia de Lucanas, a quien le presentó Ambrosio Barrasa el papel de sus tierras 
de Irhuaca en la mitad de la plaza y luego que para la vista dicho general 
Villavicencio le devolvió a Barrasa, advirtiéndole que procurase de asegurarse con 
aprobación y confirmación del superior gobierno.110 

Si se resta la edad del testimoniante al momento de la declaración de la edad que 

profesa tener cuando ocurrieron los hechos registrados por su memoria, se deduce que el 

traspaso del predio entre Andrés Rivera y Ambrosio Barrasa ocurrió alrededor de 1770 y 

que dicho traspaso fue la culminación de un proceso de transformación de las tierras 

realengas en propiedad privada. Para denunciar dicha privatización, al alcalde indígena 

Manuel Cuadros Ventura Bautista no le quedó otra opción que negar el origen mostrenco 

de dicho predio y hacer pasar las tierras como tierras compuestas a beneficio de la 

comunidad: 

En el escrito presentado ante el señor Intendente, le pedimos y desde tiempo a esta 
parte, que manifiesta sus títulos; esto no lo ha verificado y sólo traen esos papeles 
compuestos, simples y llaman documentos, los cuales papeles le dimos por 
inválidos y supuestos porque no tienen ellos ningunos ni sus papeles; sólo han 
estado urdiendo estos proyectos. Los cierto del caso es de que nuestros antepasados 
les dio [sic] un pedazo de tierras a sus padres para que sembrasen y estos se fueron 
apropiando de distintos pedazos ya, y con el tiempo ponerle el nombre de 
realengas. Es de justicia que hacen cuando estas, si todas tierras hubiesen sido 
realengas, hubiesen tomado posesión en aquel entonces, pues el Soberano ampara y 
manda a lo que está en justa posesión y dice que sin perjuicio de tercero, pues si 
nada de eso manifiestan y sólo si la voz de compuestas.111 

De modo similar, en 1840 los campesinos del distrito de Tambo emprendieron un 

proceso judicial en contra del gamonal Calixto Palomino, quien intentaba apoderarse de las 

tierras realengas de Paccha que en la época colonial habían sido posesionadas por el 

cacique Francisco Auqui Inga y legadas a sus sucesores que, según los quejosos, eran los 

                                                 
110 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg, 18, Causas Civiles, 1840, F. 24v. El resaltado es mío. 
111 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas Civiles, 1840, F. 24v, FF. 26v-27r. 



130 
 

ascendientes de los habitantes de Tambo. Encabezados por sus alcaldes, los campesinos 

precisaron en su demanda que estas tierras 

[…] nunca habían sido de hacienda, que los dueños de estas tierras murieron con 
una peste que llamamos tuna chuco y como estas tierras no tenían dueño dio don 
Francisco Auqui Inga a nuestros bisabuelos, entre [ellos] don José Huacra, Andrés 
Huamán y su mujer Tomasa Sanabria, a Pablo Lope y su mujer Juana Custodia, a 
Bernabé Sinsa y su mujer Silvera Huarancca, de estos somos descendientes […]112 

Agregaron los quejosos que Calixto Palomino “[…] osadamente entró en posesión sin 

más derecho que ser autoridad propia, con unos documentos simples, lascas y subrepticios 

de ningún valor ni efecto, que tal vez haya logrado en las revoluciones de Iquicha algún 

papel o instrumento de algunas tierras circunvecinas, pero las nuestras están amparadas por 

Su Majestad y a nombre de él”.113 Es decir, los campesinos argüían que las tierras 

realengas habían sido compuestas por la corona a su favor. Por su lado, el demandado 

sostuvo que el predio había sido posesionado en la época colonial por Alejandro Trujillano 

y luego vendido a un antepasado suyo llamado Pablo Gutiérrez. En medio del proceso, dijo 

que la administración colonial dio posesión legítima de las tierras a su antecesor sin haber 

existido despojo alguno y que, por lo tanto, los quejosos “no debían de intentar un juicio de 

posesión, sino de propiedad”, ratificando de este modo el carácter de realengo que el bien 

poseía.114 Fueron tan convincentes los instrumentos y argumentos del demandado, que un 

juez letrado de Ayacucho sentenció a su favor y le confirió la posesión de las tierras de 

Paccha.   

Asimismo, en 1850 los representantes del pueblo de Pomabamba, ayllu de Quispillacta, 

en Cangallo, denunciaron el despojo de las tierras de Chirilla, “correspondientes a la 

                                                 
112 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 19, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 5r. 
113 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 19, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 7r. 
114 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 19, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 15r. 



131 
 

comunidad de nuestro cargo”, infringido por Simón Cuadros, Juan Gómez y demás 

individuos. Las tierras fueron consideradas como realengas y según los quejosos eran 

posesionadas por los campesinos del pueblo “desde sus antepasados”, tal como aparecen 

en los instrumentos, títulos y documentos que exhibían. Al contrario, los denunciados no 

podían mostrar prueba alguna. 

En la etapa procesual de presentación de testigos, Melchor Tinco, de aproximadamente 

80 años de edad, dijo: 

[…] que con motivo de haber sido su tío Santos Tinco, que estaba casado con una 
mujer del pueblo de Pomabamba, ayllu Quispillacta, que vivía en el hato de 
Chirilla, estaba desde ese tiempo a esta parte en completa posesión de los indios de 
Pomabamba y haciendo reminiscencia está cierto, que como pertenecientes a la 
comunidad tenían sus cabañas o hatoso en dicho pasaje la familia de los Ledesma, 
Silvestre Atunca, Francisco Turbay, Isidro Pomataype y demás personas de menor 
número y que de ningún modo había visto a la familia de los cuadros que hoy 
litigan.115 

El testigo refería que la tierra realenga de Chirilla había sido incorporada por los 

campesinos de Pomabamba a la posesión comunal y parcelada para el usufructo de varios 

comuneros. No obstante, era disputada por personajes externos a la comunidad, quienes 

reclamaban la posesión de unos predios usufructuados y tal vez nunca legalizados por la 

administración colonial. 

Asimismo, el usufructo de tierras realengas –que en el fondo eran mostrencas; es decir, 

propiedad de nadie– que no habían sido legalizadas por la corona española ocasionó 

numerosas disputas que en tiempos republicanos fueron confrontadas y resueltas en los 

fueros del poder judicial. Fueron las comunidades, pueblos, ayllus y anexos de campesinos 

quienes iniciaron dichos juicios, o fueron denunciadas como usurpadoras de terrenos 

                                                 
115 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1851, sin foliación. 



132 
 

reclamados por otros. Los juicios revelan precisamente la existencia de una organización 

comunal en tiempos decimonónicos. 

2. COMUNES, PUEBLOS Y AYLLUS 

En el siglo XIX, las poblaciones campesinas de Ayacucho estaban organizadas en pueblos, 

parcialidades y ayllus. Por ejemplo, la población de Quinua estaba dividida en dos 

parcialidades: Hanansayoc y Lurinsayoc. De igual modo, en Sarhua los habitantes estaban 

organizados en dos parcialidades de descendencia patrilineal: Sawqa y Qullana, que 

ocupaban dos posiciones distintas en la plaza del pueblo y usufructuaban sus propias 

tierras (Palomino, 1984: 57-65). Los campesinos del valle de Huanta estaban agrupados en 

el ayllu Ccocha, mientas que los pobladores del pueblo de Pomabamba lo estaban en el 

ayllu Cañari. 

La parcialidad era un grupo de personas que integraban una facción separada del 

común, que tenían sus propias tierras comunales y autoridades, tal como sucedía en 

Quinua, donde incluso cada una de las parcialidades tenía su propia puerta de entrada al 

templo del pueblo (Mitchell, 1991: 45-48). A menudo, las parcialidades eran formadas a 

partir de la combinación de ayllus. Por ejemplo, en Puquio, los cuatro ayllus tradicionales 

del pueblo se combinaban para formar dos parcialidades de criollos y mestizos por un lado: 

Qollana-Chaupi, y campesinos por el otro: Qayayo-Pichqachuri (Arguedas, 1998: 34-79). 

De igual modo, en Andamarca los ayllus formaban dos parcialidades de Hanan y Urin que 

eran concéntricas y diamétricas, ya que organizaban relaciones de jerarquía e igualdad en 

la vida cotidiana de los campesinos (1992: 115-118). 

En la época colonial, el ayllu era un grupo de parientes que tenía un antepasado en 

común y dos líneas de descendencia bilateral (patrilineal y matrilineal) reconocidas hasta la 



133 
 

cuarta generación (Zuidema, 1989). Sin embargo, a fines del siglo XVIII se modificó tal 

característica debido a las relaciones que los campesinos establecieron con el mercado 

regional y la sociedad colonial; a partir de esta etapa el ayllu fue una familia extensa, con 

anclaje territorial, reconocido por el Estado colonial como una categoría fiscal para el 

cobro del tributo (Méndez, 2005a: 112). 

Tal como se señaló líneas arriba, en el siglo XIX los campesinos de Ayacucho formaban 

comunidades y ayllus, que su vez integraban los pueblos, anexos y demás 

circunscripciones territoriales creadas por el Estado republicano. Por ejemplo, en un litigio 

que enfrento a los pobladores del pueblo y comunidad de Pomabamba, del ayllu Cañari 

contra sus vecinos de Hualchancca y Tucsín en Cangallo y que veremos en el siguiente 

capítulo, el alcalde del ayllu comentó lo siguiente: 

Efectivamente, los poseedores apasionados del juez de paz don Pedro Gutiérrez han 
convertido a un caos más obscuro que el que pinta el poeta las semillas y la verdad 
de la justicia del pueblo que represento. Este de una antigua existencia en Cangallo 
tiene vecindario, tierras comunes, pastos i ejidos que las leyes le concede como a 
todas las poblaciones de indios. Además, por título de compra se han agregado a 
este territorio dos suertes de tierras: la una un sitio de bacas con dos hanegadas de 
sembrar maíz en las llanuras de Urihuana con todos los altos para el pastoraje de los 
ganados i otro sitio conocido por Cañaupampa, cituado en Belencucho, colindante 
con Huallchanga. En uno i otro terreno han estado los vecinos o indijenos de la 
comunidad de Pomabamba en posesión sin contradicción alguna.116 

La referencia apunta a un grupo residencial que usufructuaba tierras de repartimiento y 

pretendía posesionar ciertos predios adicionales catalogados como realengos y que en la 

práctica eran posesionados por familias campesinos. Puesto que en esta parte del territorio 

de la región la cuenca del río Pampas es estrecha, las tierras estaban repartidas por distintos 

nichos ecológicos: tierras de sembrar en el núcleo ubicado en la quebrada y en las zonas 

más bajas, pastos en la puna, etc. Precisamente, en la siguiente cita proveniente del juicio 

                                                 
116ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, FF. 
21r-21v. El resaltado es mío. 



134 
 

entre los campesinos de Tambo y el hacendado Calixto Palomino por las tierras de 

Colcapampa que también veremos luego, el demandante Manuel Quispe expresó que “las 

tierras de Colcapampa, desde su origen pertenecían al común de los indígenas, cuyos 

progenitores por concesión real a su condición miserable y contribuyente, ocuparon sin 

perturbación alguna y lo mismo sus sucesores”.117 

Asimismo, el ayllu trascendía los límites del grupo familiar y llegaba a estructurar el 

colectivo mayor al que denominamos comunidad, tal como sucedió en el pueblo de 

Pomabamba: los ayllus Hanan Cañari y Urin Cañari formaban la comunidad del pueblo. 

Pero, en el siglo XIX el ayllu servía también para crear una identidad basada en la 

residencia territorial y en el recuerdo de los ancestros. Por ejemplo, los citados campesinos 

de Pomabamba del “ayllu Cañari” demandaban la posesión de los maizales y pastos de 

Urihuana, Huallchancca y Tucsín que habían posesionado desde el tiempo de sus padres y 

abuelos. Los campesinos de Quinua, del “ayllu Corinsaia”, reclamaban la posesión de las 

tierras de Cceccra, arguyendo que la habían ocupado “desde sus padres”.118 Y los alcaldes 

de Acos Vinchos reclamaban en 1843 las tierras de Huaysilloyocc Cucho por pertenecer 

“al dicho ayllo [de Lorensayocc] y al de Anansayocc” también desde el tiempo de sus 

padres y abuelos.119 

Tanto los campesinos de Pomabamba como los de Acos Vinchos argüían la existencia 

de cierta correlación entre ayllus y propiedad comunal, que podía sintetizarse en la 

siguiente frase: “las tierras son de los ayllus”.  

                                                 
117ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 19 Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 34v. 
118 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 19, Causas Civiles, 1840, F. 22r. 
119ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 51, Causas Criminales, Cdno. 1022, 1843, F. 12v. 



135 
 

Asimismo, en los litigios los campesinos eran comandados y representados por una 

dirigencia compuesta principalmente por alcaldes, regidores y apoderados. La presencia de 

estas autoridades a mediados del siglo XIX responde a la existencia de municipios 

provenientes de los antiguos cabildos de indígenas de la época colonial. Precisamente, a 

fines del período colonial los cabildos de indios se habían institucionalizado como 

instancias y mecanismos de gobierno local en los pueblos de indios. Tras haber desplazado 

a mediados del siglo XVIII a los antiguos curacas, asumieron las funciones de control de la 

población, resolución de los conflictos y defensa frente a cualquier amenaza exterior. Al 

respecto, Alejandro Diez Hurtado sostiene que en la Colonia el cabildo comprendía como 

mínimo un procurador, dos alcaldes, dos regidores, un escribano y probablemente también 

dos alguaciles, un fiscal y un pregonero, mientras que en la república se erigieron nuevos 

municipios rurales encabezados por criollos y mestizos. En ellos se mantuvo la costumbre 

de designar a los alcaldes y regidores indígenas según las antiguas formas, o se nominaron 

un alcalde, un síndico procurador, algunos regidores y hasta alcaldes cobradores (Diez 

Hurtado, 1998: 124 y ss). 

En Ayacucho no solo ocurrió tal desplazamiento, sino que los cabildos, en la segunda 

mitad del siglo XVIII, asumieron la representación de la población indígena para demandar 

a aquellos curacas que intentaban presionar sobre la economía comunal, acceder a las 

tierras de comunes o insistir en el cumplimiento de tareas que el Estado había 

encomendado a otros, como el cobro de tributos. Por ejemplo, en 1763 el cabildo de 

Julcamarca demandó al curaca Bartolomé Jorge por invadir las tierras del común, tal como 

se señaló anteriormente.120 De igual forma, en 1803 en Hualla, el cabildo –con el respaldo 

de algunos funcionarios coloniales– cuestionó las labores de recaudación de los tributos del 

curaca 
                                                 
120 BN, Colección Manuscritos, C. 2299, 1763. 



136 
 

[…] Fernando Arcoccaulla, [quien] no sabe cómo vengarse el que se lo quitase el 
cargo de recaudador, porque le descubrimos la ocultación que hacía de trescientos y 
tantos pesos cada año a Su Majestad en tributos a los infelices indios de este 
pueblo, les debe de su trabajo personal de muchos años porque nos hacía trabajar en 
las cementeras […] del obraje y en la acequia y lomas de Paccha, con el pretexto de 
tributos […]121 

Tras recusar a su jefe étnico, los alcaldes del Cabildo de Hualla y sus anexos de 

Tiquigua, Cayara e Ichaccaya en Cangallo Lucas Yausi y Melchor Allcca y los regidores 

Esteban Ucharima, Juan Inca y Esteban Tuero respaldaron la labor del recaudador de 

tributos, el español José Manuel Fernández Pizarro quien, según los aludidos tenía “[…] un 

buen manejo y arreglada costumbre con que a más de no perjudicarnos en cosa alguna, 

antes bien nos sirve de mucha utilidad y amparo en que se nos ofrece, facilitándonos y 

ayudándonos con suavidad y prudencia [en] el entero de los reales ramos de tributos y 

mitas”.122 

En tal circunstancia, el Estado colonial optó con institucionalizar el cabildo de 

indígenas para ciertas funciones, como el cobro de los tributos, a través de un superior 

decreto del 18 de mayo de 1809, firmado por el virrey Abascal. 

Como bien sugiere Mauro Vega, la institucionalización del cabildo reorganizó las 

instituciones sociales, la memoria y la identidad del grupo de indígenas que reclamaba el 

cumplimiento de compromisos recíprocos y equilibrados entre el grupo y el Estado y al 

interior del colectivo (1997: 39-40). Dicha institucionalización se mantuvo en los años 

posteriores a la independencia, cuando el cabildo se transformó en municipio reconocidos 

por el Estado y sus autoridades asumieron las funciones de representación de los 

campesinos en los juicios, llegando a interactuar con funcionarios (como gobernadores y 

jueces) nombrados por el Estado republicano, tal como ocurrió con los pobladores de 

                                                 
121 AGN, Derecho indígena, Leg. 29, Cdno. 583, 1803. 
122 AGN, Derecho indígena, Leg. 29, Cdno. 583, año 1803. 



137 
 

Pomabamba. Es que, en la práctica, los municipios campesinos terminaron asumiendo la 

representación de los comunes y comprometiéndose en la defensa de los recursos. 

No obstante, la existencia de colectivos que demandaban la propiedad de los ayllus no 

significa la inexistencia de ayllus al interior de ellos, como connotación de parentesco o 

forma de agrupación social, organizados de acuerdo a una estructura jerárquica y simbólica 

(Ossio, 1981: 194).123 Por ejemplo, en la demanda de los campesinos de Quinua por las 

tierras de Cceccra, aparece el siguiente ayllu o red parental territorialmente localizada: 

Norverta Gutiérrez (viuda), Isidora Gutiérrez (viuda), Clara Orellana (esposa de Asencio 

Velarde), los hermanos Andrés y Juan Gutiérrez (casados con Rosa Contreras y Francisca 

Alvitez respectivamente), Mariano Orellano (casado con Venancia Palomino), las 

hermanas Asencia y María Orellano, Isabel Orellano (viuda), Marcela Orellano (esposa de 

Tomás Palomino), Simona Orellano (sierva en el Monasterio de Santa Clara de Ayacucho), 

Bartolomé Orellano (esposo de Jacinta Velarde), Manuela Palma (viuda), Mariano Palma, 

Dominga Jerí (esposa de Prudencio Carbajal), Francisco Jerí (esposo de Juana N.) y José 

Gutiérrez (esposo de Petrona Mallqui), “todos de una misma familia”, quienes 

[…] como dueños absolutos con posesión anticuada de ciento veinte años, hemos 
poseído un pedacillo de tierras con el nombre de Ccecra, los descendientes de don 
Francisco Rodas nuestro abuelo ya finado, quien por vernos de numerosa familia 
compró para que todos reunidos nos mantuviéramos en unión con los frutos de 
aquel predio, con que todos y todos estábamos en pacífica posesión sin 
contradicción alguna por ser una familia miserable y cada uno de nosotros llenos de 
hijos sin otro asilo que aquel pedacito de tierras; pero lo que sucede es que intenta 
despojarnos violentamente el presbítero cura rector de la bendita Magdalena don 
Ignacio Jerí, quien sin tener derecho ni instrumento que convenzan se propone a 
molestarnos constándole ser una familia pobre, sugerido de nuestro enemigo 
gratuito José Orellano: este individuo, sin tener parentesco con nosotros, lo alienta a 
dicho señor cura con el objeto de ser partícipe en algún pedacillo de tierra […] 124 

                                                 
123 Según Juan Ossio, dichas agrupaciones sociales pueden ser halladas en las comunidades ayacuchanas 
contemporáneas de Huancasancos, San Miguel de Manchiri, Choque Huarcaya y Sarhua. 
124ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 19, Causas Civiles, Leg. 19, Cdno. 359, FF. 35r-35v. 



138 
 

En este caso, ayllu se refiere al grupo de parientes que se organizaba en torno al 

usufructo de tierras comunales y proindivisas. No obstante, en el contexto del proceso 

judicial, la mención de ayllu pretende otorgarle funcionalidad a la demanda, puesto que 

busca asegurar la continuidad en la posesión de la tierra entre una generación y otra. 

En suma, las poblaciones campesinas de la región de Ayacucho estaban organizadas en 

el siglo xix en pueblos, comunidades y ayllus. Poseían sus tierras de repartimiento, cuya 

producción servía para el pago del tributo, y a la par usufructuaban tierras de composición 

(transformadas en propiedad privada de los indígenas por la corona española) y tierras de 

realengo. Igualmente, tenían su propia estructura de poder proveniente de los cabildos de 

indígena de la época colonial. 

Puesto que usufructuaban las tierras de realengo, que la vez eran deseadas por 

pobladores criollos y mestizos interesados en disfrutar de los bienes o de la renta de la 

tierra, en el siglo xix iniciaron litigios en contra de estos últimos para confirmar legalmente 

dicho usufructo. Para ello, movilizaron a sus autoridades, nominaron a sus apoderados y 

personeros y hasta enunciaron un discurso que empataba con los enunciados y simbolismo 

provenientes del Estado republicano. El siguiente capítulo pretende estudiar dichos 

conflictos que se desenvolvieron en las instancias jurisdiccionales del Estado. 

 



Capítulo VI 

HACIENDAS VERSUS COMUNES 

 

 

No debe extrañarse en esta inculta nación la solicitud a que 
aspira su ambición, cuando diariamente se experimentan 
promociones de artículos infundados a fin de abrogarse 
[los indios] cuantas tierras ven, pues tienen para ello ojos 
de Argos, solapando su gran codicia con la hipócrita 
subordinación al soberano al ser tributarios de la misma 
cuota de seis pesos que pagan anuales, queriendo hacerse 
acreedores y beneméritos a la contemplación de los señores 
jueces. 

ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas 
Civiles, 1840, F. 18r. 

El siglo XIX es el siglo de los juicios por las posesiones rurales en Ayacucho. Una 

estadística elaborada por Jaime Urrutia a partir de los expedientes de la Prefectura, del 

Juzgado de Primera Instancia y de la Corte Superior de Justicia que hemos revisado para la 

presente investigación, muestra que en los primeros 75 años de vida republicana se 

produjeron en la región 135 procesos judiciales que involucraron a las comunidades 

campesinas. Los casos están relacionados con varios motivos y varios individuos: 

conflictos entre comunidades por tierras y linderos, conflictos entre comunidades y 

haciendas, disputas entre comunidades y curas, conflictos entre comunidades y 

particulares, abusos de autoridades, oposición a tributos, mita, diezmos, abigeato, etc.  

Clasificados por décadas, los juicios y disputas se incrementaron entre 1836 y 1855, 

para luego disminuir y nuevamente aumentar entre 1886 y 1895 (cf. Tabla 7). Sin 

embargo, en este último decenio los levantamientos campesinos fueron los conflictos más 



140 
 

predominantes. El citado Urrutia considera que entre 1824 y 1854 prevalecieron las 

demandas contra la tributación y las haciendas; luego, entre 1855 y 1879 imperaron los 

conflictos intercomunales por pastos y finalmente, entre 1880 y 1900 las disputas fueron en 

torno al respaldo o rechazo a ciertos caudillos nacionales (2014: 212). 

Con respecto a los juicios entre hacendados y campesinos, refiere el autor que estos 

aumentaron entre 1846 y 1855. Precisamente, en una coyuntura de crecimiento 

demográfico, de comercialización de trigo y aguardiente, de articulación de la economía 

regional al mercado a través de la exportación de ganado y lana y de aparición de 

gamonales, las comunidades resistieron una mayor presión de los hacendados sobre los 

recursos que disponían. “Pero, luego de 1855, esta presión aparentemente disminuye y, 

más bien, son las propias haciendas las que enfrentan el inicio de un largo siglo de 

parcelación y litigios entre ellas” (Urrutia, 2014: 214). 

Un factor que debe ser tomado en cuenta para explicar el incremento de la curva de 

disputas judiciales por tierras y recursos es el de la legislación agraria liberal implementada 

por los primeros gobiernos republicanos. Según algunos autores, esta legislación inició la 

expansión de las haciendas en desmedro de las tierras comunales (Favre, 1986: 16; Urrutia, 

2014: 214). Sin embargo, dichas normas no deben ser vistas como la causa inmediata de la 

expansión de la propiedad privada, sino como parte del marco jurídico con el que los 

campesinos demandaban al hacendado e iniciaban el proceso judicial, o como la base legal 

con la que reclamaron su “derecho a una estancia” (Jacobsen, 2013: 210). 

En el presente capítulo estudiaremos, a partir de las disputas judiciales entre 

campesinos y hacendados, la agencia campesina en torno a la tierra y al acceso del Estado 



141 
 

y las estrategias que diseñaron y aplicaron para conseguir justicia. Pero, antes refirámonos 

brevemente a la legislación agraria liberal. 

Tabla 7. Juicios que involucran a las comunidades de la región de Ayacucho 

Motivos 
1825-

1835 

1836-

1845 

1846-

1855 

1856-

1865 

1866-

1875 

1876-

1885 

1885-

1895 

1896-

1900 

Intercomunales por tierras -- -- 3 1 4 1 3 4 

Por abuso de autoridades nacionales 4 6 3 1 1 1 4 4 

Por oposición a tributos, mita, 

diezmos 
3 3 2 -- -- -- 5 1 

Motines y levantamientos 1 1 3 -- -- 1 9 2 

Comunidades versus haciendas 2 7 9 5 5 1 6 3 

Comunidades versus curas -- 2 -- -- -- -- 3 1 

Comunidades versus particulares 4 3 4 2 -- -- 1 3 

Por abigeato 1 -- -- -- -- -- -- -- 

Intercomunales por abigeato -- 1 -- -- -- -- 1 -- 

Total 15 23 24 9 10 4 32 18 

Fuente: Urrutia (2014: 215). 

1. LOS EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA LIBERAL 

Al iniciarse la era republicana, los primeros gobiernos emitieron sendas disposiciones 

fiscales y agrarias de corte liberal. En efecto, en 1821 San Martín dispuso que a los 

indígenas se les llamase peruanos y eliminó de forma definitiva el tributo indígena, 

inspirado por la idea de crear un nuevo orden basado en el principio universal de la 

igualdad antes que en la propiedad de la tierra. Sin embargo, el libertador no completó un 

programa de reforma agraria liberal que se estaba llevando a cabo en Europa para liquidar 

el orden feudal, los privilegios de la tierra y las obligaciones serviles; es decir, “no intentó 

deshacer la finca señorial, abolir las obligaciones serviles sin indemnizar a los hacendados, 



142 
 

ni dividir las tierras sobre las que los inquilinos y trabajadores tenían derechos de usufructo 

y que seguían siendo letra muerta” (Jacobsen, 1997: 128).  

Tres años después, Bolívar emitió leyes agrarias liberales que perseguían la 

desamortización de las tierras de comunidades y corporaciones cuando la guerra contra los 

españoles todavía no había llegado a su fin. El 8 de abril de 1824 decretó la venta de las 

tierras del Estado a un tercio menos que su valor real y que los indígenas fueran 

considerados como propietarios de las tierras que usufructuaban. Asimismo, dispuso la 

distribución de las tierras comunales (del antiguo cabildo indígena) entre los campesinos 

que no tenían parcelas y la venta de las tierras comunales excedentes bajo las mismas 

condiciones que las tierras del Estado. Igualmente, ordenó que en cada provincia se 

nombrase comisionados para distribuir las tierras con exactitud, imparcialidad y justicia. 

Posteriormente, el 4 de julio de 1825 el libertador determinó el límite de las tierras 

comunales que debían ser distribuidas entre los indios sin tierras y dispuso que los caciques 

accediesen a más campos que los comuneros. A la vez, ordenó que las tierras poseídas por 

caciques de sangre descendientes de la nobleza indígena fueran reconocidas legalmente y 

prohibió que los campesinos que eran dueños de sus tierras por el anterior decreto de abril 

de 1824 vendiesen dichas posesiones antes de 1850 (Favre, 1986: 11-13; Jacobsen, 2013: 

207).125 

Con estos mandatos Bolívar pretendió crear un grupo de propietarios indígenas y 

mestizos que transformase la simple agricultura para la autosuficiencia en una intensiva 

producción agropecuaria para el mercado, además de conseguir algo de dinero para la 

                                                 
125 Además, Bolívar dispuso la desamortización de las propiedades (rurales y urbanas) de los conventos que 
tuviesen menos de seis religiosos. En Ayacucho fueron privatizados los bienes de los conventos supresos de 
La Merced, Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Agustín, Buena Muerte, San Francisco de Paula y 
San Juan de Dios (González Carré, Gutiérrez & Urrutia, 1995: 90). 



143 
 

guerra contra los españoles. Pero, las disposiciones del libertador originaron una tremenda 

paradoja al excluir a mestizos e indígenas de la preferencia, al poner límites a la 

enajenación de la propiedad comunal y al reconocer la propiedad de los descendientes de 

nobleza indígena cuando al mismo tiempo eliminaba el cacicazgo. Señala Nils Jacobsen 

que con estas medidas Bolívar se alejó del liberalismo y resucitó la política agraria de los 

borbones, que consistió en distribuir cantidades limitadas de tierras comunales, pero 

reafirmando las jerarquías sociales y con un estricto control que impedía la libre 

enajenación de las posesiones rurales (2013: 206-207). 

Años después, cuando la guerra contra los españoles ya había culminado, el gobierno 

de José de La Mar dictó otra ley agraria el 28 de marzo de 1828, que dispuso la conversión 

de mestizos e indígenas en propietarios de las posesiones que ocupaban luego de 

periódicas redistribuciones de tierras. Pero, esta ley introdujo la prohibición de la 

enajenación, a menos que los nuevos propietarios supiesen leer y escribir: 

Artículo 1°. La nación reconoce a los llamados indios y mestizos por dueños con 
pleno dominio de las tierras que actualmente ocupan por repartos o sin 
contradicción. No son comprendidos en esta declaración de propiedad los que 
ocupan terrenos por razón de oficio. 

2°. A los indígenas y mestizos que en la actualidad están sin ellas, se les asignarán 
las suertes correspondientes según resulte de la estadística que formen las Juntas 
Departamentales en sus respectivos territorios. 

3°. Las tierras cuya propiedad se declara por el artículo primero, podrán enajenarse 
libremente con tal que sus dueños sepan leer y escribir. 

4°. Verificada la asignación que se indica en el artículo segundo, se destinará una 
parte de los que resulten sobrantes para fondos de instrucción primaria en los 
mismos pueblos.126 

                                                 
126 El Peruano, Lima, 31 de marzo de 1828. Jacobsen apunta que la diferencia crucial entre esta ley y las 
disposiciones de Bolívar radicaba en la influencia que ahora los visitadores o cualquier otra autoridad 
provincial tenían para su implementación, puesto que el otorgamiento de tierras prescindía de cualquier 
registro o avalúo previos (Jacobsen, 1991: 67-68). 



144 
 

Como hemos mencionado anteriormente, las leyes agrarias liberales de 1824, 1825 y 

1828 sirvieron como base legal para que los campesinos reclamasen la posesión de las 

tierras, incluso muchos años después de que fuesen dictadas, tal como veremos luego. Pero 

antes de ingresar al terreno del derecho, examinemos algunos de los litigios que 

enfrentaron a hacendados y campesinos por la posesión de las tierras. 

2. CONFLICTOS JUDICIALES POR LA POSESIÓN DE LA TIERRA 

Para la presente sección, hemos seleccionado seis casos que pleitos judiciales en los que 

participaron hacendados y campesinos. Por supuesto que los pleitos analizados no nos 

ayudan a plantear generalizaciones sobre el conflicto relacionado con la estructura rural de 

la región, pero sí nos brindan referencias sobre el accionar campesino en el terreno judicial 

y en relación a la posesión de los predios rurales. 

Los casos que veremos a continuación han sido seleccionados en relación al grado de 

participación campesina; es decir, en ellos notamos la intervención directa del colectivo en 

el proceso, o indirecta a través de abogados, apoderados o representantes. Otro criterio al 

que se ha recurrido es el de la dimensión temporal: los seis pleitos duran más de dos años, 

tiempo más que suficiente para que los campesinos desarrollen una rica agencia al 

demandar, contestar, refutar y apelar y un valioso discurso en torno a la tierra que exigen y 

al proceso en el que intervienen. Finalmente, un tercer criterio ha sido el de la localización 

geográfica: cada caso representa a una provincia e involucra a población de las alturas 

(Culluchaca en Huanta, Quinua en Huamanga, Chaviña en Parinacochas y Poma en 

Lucanas) y a población del valle (Paccha en Tambo y Pomabamba en Cangallo).  

No hemos incorporado un juicio representativo de Andahuaylas porque simplemente 

no hemos hallado entre las fuentes un caso relacionado con una posesión o una hacienda. 



145 
 

De seguro que estallaron disputas entre hacendados y campesinos en el valle del Chumbao 

y zonas adyacentes, donde se encontraban importantes haciendas de caña como vimos 

anteriormente; no obstante, dichas disputas deben haber sido resueltas en los márgenes de 

la justicia del Estado. 

Cabe finalmente precisar que la organización de los casos con fines de exposición 

responde a una ponderación cronológica. 

a) Chavina 

Dionisio y José Barrasa, identificados como vecinos del pueblo de Chaviña, en la doctrina 

de Para-Pauza (provincia de Parinacochas), se presentaron en 1840 ante el juez de primera 

instancia de Lucanas y Parinacochas Corpus Quirós y junto con su agente de pleitos José 

María Salazar pidieron que los campesinos de la comunidad de Chaviña desocupen las 

tierras de Erguaca, Jalapampa y Huachuapampa, cuya posesión les había sido restituida y 

“que no se entrometan en nuestras propiedades por haberse fenecido el bien a nuestro 

favor”.127 Dos años después, Vicente Zapata y su esposa Catalina Barrasa exigieron al 

mismo magistrado la realización del deslinde de las tierras que habían sido reclamadas por 

sus parientes; para ello nombraron como su perito a Felipe Oré. Los campesinos de 

Chaviña, enterados de ambos pedidos, aceptaron el deslinde y nombraron como perito a 

Leandro Córdova. El día acordado, se fijó el límite desde el punto de Huachuapampa hasta 

el sitio de Sara Huayrachina: 

[…] de donde baja por Pampa Rumi de Morillo; de allí va al pie de Sara 
Huayrachina; de allí a las abras de Huantahuir, de donde por la cabecera de la 
chacra de Espinoza sigue bajando por el lindero de Pacpani al río; de allí río arriba 
sube hasta la cultada de Huachhuapampa; se advierte que del morillo sigue el 
camino real de Chaviña y Coracora y de alí ya va al pie de dicha Sara Huayrachina. 

                                                 
127 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas Civiles, 1840, F. 42r. 



146 
 

Con lo que se condujo esta diligencia de deslinde de cola la cabecera de la hacienda 
Erguaca hasta el punto de Sara Huayrachina, pedido por parte del apoderado de 
Vicente Zapata.128 

Culminado el peritaje, los campesinos se opusieron a la fijación de límites y a través de 

su apoderado exigieron que los quejosos mostrasen los instrumentos que probaban su 

posesión. Para Vicente Zapata, la estrategia de los campesinos era un “miserable efugio 

que produce la sinrazón y trampa” y le exigió a sus cuñados “que dentro de 24 horas 

presenten […] los originales que solicitó el representante de la comunidad de Chaviña 

[…]” 129 

Trasladado este pedido a los Barrasa, estos demoraron en exhibir los documentos 

probatorios porque habían sido traspapelados por su abogado Juan Manuel Mayorga. Tras 

verificar la autenticidad de estos instrumentos, el juez dispuso que el apoderado de la 

comunidad Idelfonso Encalada comparezca al juzgado y pidió al subprefecto de 

Parinacochas que haga desalojara los campesinos de Erguaca, Jalapampa y 

Huachuapampa. Encalada acudió al tribunal; aclaró que “no es apoderado de la comunidad 

y nunca [se] ha presentado él solo a favor del pueblo, sino [de] toda la comunidad” y 

finalmente dijo que esta era poseedora de la Erguaca, Jalapampa y Huachuapampa por ser 

“tierras del Estado”.130 

La demanda de los Barraza, la delimitación territorial y el lanzamiento de los presuntos 

invasores eran el corolario de un largo proceso judicial que empezó 39 años atrás y transitó 

con facilidad de la colonia a la república. En efecto, en 1801 los campesinos de la 

comunidad del pueblo de Chaviña, encabezados por su alcalde ordinario Simón Huamaní, 

                                                 
128 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas Civiles, 1840, F. 45r. 
129 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas Civiles, 1840, F. 48r. 
130 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas Civiles, 1840, F. 53r. 



147 
 

demandaron a los hermanos Esteban, Juan, Calixto, Carlos y Catalina Barrasa por usurpar 

sus tierras de Eguaca, Jalapampa y Huachuapampa. El primero de los demandados contestó 

la pretensión y precisó que las citadas tierras eran realengas y habían sido heredadas por él 

y sus hermanos de sus ascendientes. Arguyó que el verdadero motivo por el que los 

campesinos reclamaban esos predios que no les pertenecían era el querer arrendarlos a 

Pablo Miranda. 

Para probar sus argumentos, los Barrasa exhibieron un corpus documental que contenía 

una escritura de compra-venta de las referidas tierras y los testamentos de sus ascendientes. 

Dichos instrumentos fueron cuestionados por los indígenas porque no habían sido 

registrados en papel sellado o porque contenían una caligrafía algo anacrónica para la 

época.131 Para los Barrasa, estas eran mínimas objeciones nada comparables con el intento 

de los comuneros de sustraer algunas fojas del expediente. 

Durante la etapa del juicio oral apareció el testigo Manuel Cruces, indígena del pueblo 

de Chaviña, quien refirió que las tierras de Erguaca habían sido posesionadas por el 

licenciado Andrés Rivera y conferidas a Ambrosio Barrasa hacia 1740. Este, tras legalizar 

su dominio útil ante el corregidor de Lucanas Miguel de Villavicencio, las legó a su hijo 

Joaquín Barrasa, el padre de los hermanos Esteban, Juan, Calixto, Carlos y Catalina, quien 

por su cuenta expandió la finca incorporando a su dominio los predios de Jalapampa y 

Huachuapampa y mandó legitimar su posesión ante el corregidor Antonio de Escudero. 

Esta versión fue desmentida por Manuel Cuadros Ventura Bautista, alcalde ordinario 

de Chaviña, quien afirmó que los predios en disputa eran retazos que pertenecían a las 

tierras de repartimiento de los indígenas que habían sido conferidos a Ambrosio Barraza a 

                                                 
131 Son precisamente estos instrumentos los que se extraviaran en 1840, cuando prosiguió el juicio. 



148 
 

cambio de un censo reservativo. “Lo cierto del caso es que nuestros antepasados [les 

dieron] un pedazo de tierras a sus padres para que sembrasen y estos se fueron apropiando 

de distintos pedazos [para] con el tiempo ponerles el nombre de realengos”.132 

Los Barrasa retrucaron, alegando nuevamente ser posesionarios de las tierras en disputa 

y denunciaron cierta invasión de parte de los indígenas armados con palos y lanzas. 

Arguyeron que satisfacer su pretensión simulando que aquellas eran tierras de 

repartimiento. “Pero, estamos satisfechos; no tendrán apoyo sus intentos por intervenir la 

notoria y bien acreditada integridad en la distribución de la justicia, con arreglo a los 

documentos que manifestamos a U con la solemnidad del derecho”, sentenciaban los 

quejosos.133 

b) Tambo 

En 1840, el contribuyente Manuel Quispe y su apoderado Andrés Avelino Cueto se 

presentaron ante el juez de letras del pueblo de Tambo para presentar una demanda por 

usurpación contra Calixto Palomino, a quien acusaron de intentar legalizar ante las 

autoridades de Tambo y San Miguel su irregular posesión de las tierras de Colcapampa que 

eran de la comunidad de Paccha. Según los quejosos, una de las mujeres de la comunidad, 

Paula María, quiso evitar el despojo, siendo amenazada por Palomino. Luego, este cumplió 

su promesa “de incendiarnos la casa […] ya quemándonos la casa y apenas escapamos con 

la familia y se quemó toda la pobreza y dos tanques de maíz almidón y morocho y ahora 

nos está amenazando para incendiarnos […]” advertían los demandantes.134 

                                                 
132 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas Civiles, 1840, F. 27r. 
133 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 18, Causas Civiles, 1840, F. 34v. 
134 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 17, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 1r. 



149 
 

La demanda fue admitida por el juez de paz suplente de Tambo Camilo Cuba y 

tramitada ante el juzgado de primera instancia de Huanta, Huamanga y Cangallo. Su titular 

dispuso que el magistrado Cuba acudiese al pago de Paccha a fin de escuchar a los testigos. 

Al llegar al lugar, el juez de Tambo se encontró con una “multitud de indígenas que se 

sumaron voluntariamente dando sus razones que los ocurrentes eran verdaderos 

dueños”.135 Los testigos ratificaron la versión del incendio probablemente provocado por 

Palomino en la víspera de la navidad de 1839. A continuación, el magistrado recogió la 

versión de los ancianos de la comunidad, quienes coincidieron en señalar “que las tierras 

nunca por nunca han sido haciendas” y que fueron cedidas por el cacique Francisco Auqui 

Inga como tierras eriazas a los bisabuelos, quienes “[las] poseyeron los años que vivieron y 

dejaron a nuestros abuelos y estos a nosotros que somos un número crecido que servimos a 

ambas majestades: al rey de cielos y tierras y a la república peruana”.136 

Después de recoger el testimonio de los campesinos de mayor edad, el magistrado hizo 

comparecer a Calixto Palomino. El demandado acudió al juzgado con testigos y papeles y 

ante el juez titular José Gregorio Pacheco dijo que eran el dueño de Colcapampa porque 

dichas tierras habían sido vendidas a un ascendiente suyo, Pablo Gutiérrez, por Alejandro 

Trujillano mediante escritura celebrada ante el corregidor Pedro García de la Riestra. 

Los campesinos refutaron esta versión, señalando que el Estado les había conferido la 

posesión de Colcapampa “para ayuda de nuestras pensiones contribucionales” y por 

mandato de la ley agraria del 28 de marzo de 1828 los había convertido en propietarios.137 

Agregaron que por esta norma “todos los indígenas están amparados en las tierras que 

                                                 
135 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 17, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 2r. 
136 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 17, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 7r. 
137 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 17, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 21r. 



150 
 

poseen y declarados propietarios de ellas, o consiguiente son dueños legítimos cada uno de 

ellos de las posesiones que ocupan, para cuyo comprobante tienen desde sus bisabuelos 

una porción de recibos de haber pagado mitas desde el año de mil setecientos diez y seis 

hasta ochocientos treinta y nueve […]” 138 

Luego de escuchar a demandantes e imputado, el juez de paz de Tambo emitió 

sentencia, otorgando la posesión de los terrenos a los comuneros de Paccha. El magistrado 

basó su decisión en las boletas de pago que los campesinos exhibieron en el proceso. 

Entonces, Palomino apeló ante el juzgado de primera instancia y el magistrado le dio la 

razón: resolvió conferirle el dominio de los predios de Colcapampa mediante acto público 

de posesión. No sabemos si en el ánimo de la autoridad judicial primó la razón y la justicia 

o algún tipo de relación amical existente con el agraciado. 

c) Pomabamba 

En 1845 los campesinos Tomás León, Santiago León, Pedro León, Celedonio León, Martín 

León, Antonio Hogese e Idelfonso Jacha del pueblo de Pomabamba, “del ayllo arriba 

Cañari”, representados por su alcalde Pedro Cuya entablaron demanda contra sus pares de 

Urihuana, Huallchancca y Tucsín por la posesión de los maizales y pastos de Belencucho 

que estaban siendo usufructuados por los hermanos Juan y Patricio Tenorio, habitantes de 

Huallchancca, ante el juez de paz de Cangallo Pedro José Gutiérrez. 

Admitida la demanda e iniciado el proceso, se pasó a la etapa conciliatoria, en la que 

ambas partes acordaron practicar un deslinde y vista de ojos en el lugar materia de litigio, 

con la intervención de peritos de parte. Para ello, los litigantes nominaron a sus respectivos 

técnicos, compilaron los instrumentos necesarios para probar sus argumentos y convocaron 
                                                 
138 ARAy, Juzgado de Primera Instancia, Leg. 17, Causas Civiles, Cdno. 362, 1840, F. 34r. 



151 
 

a aquellos informantes (en su mayoría ancianos) que proporcionarían los testimonios 

adecuados para fijar los linderos y solucionar lo más pronto posible la disputa. 

El día del deslinde, los peritos nominados por ambas partes iniciaron su labor. En 

efecto, José Santiago Carrasco, agrimensor nominado por la comunidad de Pomabamba y 

el teniente coronel José María Alvarado, perito colocado por el lado de Huallchancca, 

examinaron la documentación y pasaron a delinear “una lonja de tierra llamada Rurunya, la 

misma que cae al recinto de Llaccmacha Urcco […] tomando la dirección de Lama 

Ccollpa, a dar a una acequia que pasa a Huallchancca, cuyo parecer fue firmado por el juez 

que firma abajo, pero impuestos los indígenas de Pomabamba no aceptaron, asegurando 

que no está favorable a ellos”.139 Al contrario, los campesinos de Huallchancca aceptaron 

la delimitación propuesta por los peritos, “deseando la armonía para cortar todo litigio y 

hallarse expeditos al goce de sus terrenos”.140 Puesto que la contraparte asumió una 

posición de intransigencia que invalidó el deslinde y anuló todo intento de conciliación, 

señalaron con ira que la testarudez era condicionada por la ambición de los hermanos 

Tomás y Santiago León, de Antonio Hogese e Idelfonso Jacha, quienes manipulaban al 

común y al alcalde Pedro Cuya. Interrogado por el juez, este último negó tamaña acusación 

y dijo que había solicitado el deslinde para “precaverse de otros enredos que en adelante lo 

seguiría acaso”. Sin embargo, al mismo tiempo reveló no ser el alcalde legítimo de 

Pomabamba y que aceptó presentar la demanda al ser persuadido por uno de los hermanos 

León: 

En seguida, se le preguntó si toda la comunidad litigaba sobre las tierras con los 
Tenorio dueños de la hacienda de Huallchancca y también con los otros 

                                                 
139 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
4r. 
140 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
4r. 



152 
 

propietarios de Urihuana y Tucsín, dijo que solamente los indios Leones, en 
compañía de Idelfonso Jacha, con el pretexto de la comunidad metían pleito a todos 
los interesados que están inmediatos a las tierras que dichos indígenas retienen i 
que la comunidad en nada se mezclaba por convenir así i que solo los indicados 
Leones y Jacha eran los que se introducían por el resorte de derramas que recogían 
de sus camaradas y que lo expuesto era la pura verdad.141 

La versión de Pedro Cuya fue ratificada por el alcalde de Pomabamba Marcos 

Ledesma, quien añadió que había aceptado ser suplantado en el cargo tras haber sido 

convencido por los hermanos León, quienes “con el pretexto de la comunidad trabajan para 

sí propios”.142 Dos testigos más ratificaron que el juicio había sido promovido por los 

hermanos León y que la comunidad no tenía nada que ver en este asunto. El testigo 

Eusebio Mitma incluso fue más enfático al declarar: 

Respondió que él en conciencia sabía que la comunidad no era participante en este 
asunto y que solo los Leones y otros camaradas trataban de fomentar este pleito por 
sus comodidades particulares y porque estaban mal aconsejados por sus amigos y 
demás protectores por cuyo motivo no quisieron aceptar las ventajas que el juez les 
proporcionaba a fin de cortar el preito entre los hacendados inmediatos i que solo 
los cabecillas trataban de hacer aparecer alcaldes supuestos por solo llevarse a 
debido efecto sus miras particulares i que esto era lo único que sabía con lo que se 
concluyó este acto.143 

Sin embargo, un grupo de campesinos de Pomabamba, encabezados por sus “indígenas 

mayores” desmintió a los testigos y arguyo que habían rechazado la decisión de los peritos 

porque en el momento del deslinde se aparecieron como 500 o 600 campesinos de Pampa 

Cangallo o morochucos, manipulados por alguien, “con el objeto de aterrarnos con 

desproporción y perturbar innegablemente el juicio, como que así ha sucedido”.144 

                                                 
141 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
6v. 
142 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
6v. 
143 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
7r. 
144 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
9r. 



153 
 

Asimismo, el grupo de quejosos insistió en la demanda inicial y volvió a enumerar las 

supuestas tropelías que los comuneros de Huallchancca cometían en contra de ellos: 

Pero los poseedores de Hualchanga, que son los Tenorio, se han introducido en 
estos terrenos sobrepasando los límites divisorios y a espaldas de este atentado 
infieren a los habitantes de Pomabamba indecibles males, agravios y perjuicios, 
tomándoles su ganado de toda clase bajo de pretexto de que se interesan en 
pertenencias suyas, siendo así que los vecinos de Pomabamba no hacen más que 
usar del pastoraje entre los límites territoriales del pueblo a que pertenecen i que 
con menor justicia sufren tan continuas y repetidas molestias figurando que 
sobrepasan estos límites y se internan en los territorios de los Tenorio para hacer 
del fundido derecho de retener i disponer de los ganados que se encuentran en esos 
sitios comunes al pueblo de Pomabamba.145 

Finalmente, acusaron al magistrado Gutiérrez de haber amenazado y ultrajado a los 

alcaldes Pedro Cuya y Marco Ledesma en el momento del interrogatorio por tener algún 

tipo de interés en la causa: 

Los colitigantes de Hualchanga se componen entre todos del número de catorce a 
quince individuos, pero el señor juez de paz (según la voz común) con título de 
coronel alarmó para la turbulencia la masa de los morochucos, como si nosotros 
hubiésemos solicitado la pelea. Ya habíamos estado instruidos desde antes de que 
los de Hualchanga, apoyados del influjo del juez, estaban escudados con la fuerza 
de morochucos para quitarnos nuestros terrenos y hacerse [dueños] absolutos de 
nuestras propiedades […] Por último, no obstante las medidas nacionales en las que 
habíamos serenado nuestro ánimo de contentarnos desde el camino del Inga, que va 
penetrando quebradas abajo a dar a las mismas casas de Ambrosia Tenorio, 
precedido el deslinde de las alturas de Rapitaccocha, Soccovilca y demás linderos 
parciales, el juez de paz varió de parecer al siguiente día, procurando adjudicar las 
mejores tierras casi por mitad a los Tenorios, cuyas medidas extraordinarias 
formadas por la fuerza no habíamos adoptado, no obstante las miras de nuestro 
perito que trató allanar de modos posibles las controversias que se presentaron […] 
146  

Los quejosos solicitaron el “reconocimiento de los linderos, teniendo a la vista los 

instrumentos públicos que hagan a su favor y a mayor abundamiento hagan comparecer de 

igual modo a los ancianos imparciales quienes puedan intervenir al conocimiento de los 

                                                 
145 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, 
FF. 21r-21v. 
146 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
13r. 



154 
 

linderos divisorios”.147 Sin embargo, al momento del deslinde, los demandantes no 

aceptaron la solución del Juez de Paz de Cangallo Pedro José Gutiérrez, “asegurando no 

estar favorable a ellos tanto por la posesión que antes habían tenido desde la quebrada de 

Belencucho, como que así sonaba la diligencia que habían practicado en aquella 

temporada, cuanto porque ellos en tal caso ya estaban reducidos en una parte pequeña en 

perjuicio de sus alimentos naturales y provisionales”.148 

Los demandados, campesinos de Huallchancca, respondieron repitiendo que unos 

cuantos individuos de Pomabamba (los hermanos León, Antonio Hogese, Idelfonso Jacha, 

el supuesto alcalde Pedro Cuya) habían iniciado el pleito en contra de los hermanos 

Tenorio, legítimos poseedores de la hacienda Hualchanga.149 Fue el juez de paz del distrito 

de Cangallo, Pedro José Gutiérrez, quien tuvo que replicar las acusaciones de parcialidad 

lanzadas por los demandantes. El magistrado cuestionó la autoridad y función de 

representación que ejercían los alcaldes de Pomabamba y en vez de refutar las 

imputaciones de sus contrincantes, reforzó sus preferencias al precisar que “lo único que 

hay de verdad es que los Tenorios, dueños de las tierras de Huallchancca, se opusieron 

justamente al deslinde que se iba practicando porque se apersonaron con documentos 

auténticos”.150 

Esta apreciación habría suscitado en cualquier litigante una feroz acusación de 

preferencia en contra del magistrado para lograr su inhibición del proceso. Pero, el agente 

                                                 
147 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, año 
1845, F. 3v. 
148 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, año 
1845, F. 4r. 
149 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, año 
1845, F. 4r. 
150 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
15r. 



155 
 

de pleitos de Pomabamba José Santiago Carrasco actuó de distinta forma. En vez de 

presentar un recurso de inhibición, inició una larga exposición sobre la antigüedad y 

legitimidad de la comunidad de Pomabamba, para intentar probar que era la posesionara de 

las tierras de Belencucho y pedir nuevamente el deslinde, amparando su pedido en la ley 

agraria del 28 de marzo de 1828: 

A este objeto son dictadas las leyes que previenen el apeo i deslinde, ya sea […] 
fundos rústicos de pertenencia particular, ya sea de un pueblo antiguo con 
poseedores de fundo particular, ya sea de pueblo a pueblo en razón de territorios o 
de actos meramente jurisdiccionales. Al pueblo por quien hablo le compete 
precisamente esta acción contra las instancias particulares limítrofes con los 
terrenos de demarcación, al pueblo i a la comunidad de él.151 

El juez de primera instancia del juzgado de Huanta, Huamanga y Cangallo admitió el 

pedido del abogado de Pomabamba y dispuso que el nuevo juez de paz de Cangallo, 

Andrés Calderón, realizara el acto de deslinde. Este se realizó en febrero de 1846 y sirvió 

para comprobar que las tierras reclamadas como posesión comunal en verdad eran 

usufructuadas por varias familias que pertenecían a un colectivo por un criterio residencial: 

[…] yo el juez he dispuesto que los peritos Idelfonso Jacha y Tomás Jauna [de 
Huallchancca] se constituyan conmigo en los sitios conocidos por ellos con el 
nombre de Rayniyocc. En cuya consecuencia, los peritos Jacha y Jauna, 
acompañados de Galindo y Alegría [peritos de Pomabamba] han marchado hacia el 
oeste o quebrada de abajo por el río grande hasta la estancia de Pedro Inojosa, cuyo 
sembrío es de seis collos. Luego, sigue hacia el este la chacra de Juan Tenorio, 
dividida de la de Inostroza por un árbol grande que se llama Chachas. La capacidad 
de esta chacra es de dos collos. Después sigue hacia el oeste la chacra de Melchor 
Cuenca, dividida por una tapia y un mugrón o terreno erial. La capacidad de esta 
chacra es de dos collos de sembradura. Item, sigue otra chacra del mismo Melchor 
Cuenca hacia el oriente: la capacidad de ella es de otros dos collos de sembradura. 
Más siguien hacia el este otras chacras de Manuela de Castro, viuda de Isidro 
Inostroza, dividida hacia el oriente por el cerco de piedras de Joaquín Berrocal, 
dividida por el este por el camino que de Pomabamba entra a casa de Juan Tenorio 
[…] dividida por el sudeste con las chacras de Pedro Inostroza, Juan Tenorio y 
Melchor Cuenca; la capacidad de las chacras ocupadas por la viuda es de ocho a 
doce collos de sembradura. De aquí sigue al este la estancia de Patricia Tenorio, 

                                                 
151 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
21v. 



156 
 

viuda de Andrés Inostroza, dividida hacia el oriente por la estancia de Camilo 
Inostroza […] la capacidad de estas chacras es de cinco a seis collos de sembradura. 
Por último, sigue hacia el oriente la estancia de Camilo Inostroza, dividida en parte 
por el camino, en parte por el cerco de piedras y en parte por el arroyo o acequia 
que sale del manantial de Ccochapampa a las casas de Camilo Inostroza y Juan 
Tenorio; la capacidad de estas chacras es de cinco collos de sembradura.152 

La extensa cita ofrece una descripción casi detallada de las tierras de Belencucho, que 

eran de origen realengo por eso estaban siendo disputadas en fecha tan tardía como 

mediados del siglo XIX. En dichas tierras hallamos un mosaico de chacras y acciones que 

habían sido incorporadas a la posesión comunal. 

d) Culluchaca y Orccohuasi 

En junio de 1849, Mariano Palomino y Francisco Aguilar presentaron una demanda ante el 

juez de paz territorial de Huanta Tomás Vega, contra Mariano Apanccoray y los hermanos 

Mariano y Santos Huachaca a quienes acusaron de usurpar los terrenos de la puna de 

Orccohuasi que según los reclamantes eran de su posesión. Los demandantes exigieron 

además la fijación de los límites. Según los quejosos, los imputados habían solicitado la 

legalización de su irregular posesión “respaldándose a las revoluciones pasadas, sin más 

derecho que rebeldes, gozando de los favorcillos de aquel tiempo hasta el presente”.153 

Palomino y Aguilar aludían a la sublevación de los campesinos de la puna de Huanta en 

1827 y a la formación del “gobierno de Uchuraccay” liderado por Antonio Huachaca, el 

principal dirigente de la sublevación, que se dedicó a reunir el diezmo y a ejercer funciones 

relacionadas con la administración de justicia, la movilización de fuerza laboral, la 

reparación de caminos y puentes, la regulación del orden público y el reclutamiento de 

                                                 
152 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
52r. 
153 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, F. 44v. 



157 
 

hombres para los ejércitos de Orbegoso o de la Confederación Perú-Boliviana (Méndez, 

2005a). 

Frustrado el deslinde por la inasistencia de los demandados, Aguilar y Palomino 

insistieron en su pedido, precisando que los Huachaca se habían introducido en propiedad 

privada con el irreal argumento que Orccohuasi era tierra de mita y no tierra compuesta. El 

juez entonces decidió trasladarse a las punas de Huanta y entrevistar a las personas de 

mayor edad. En el pueblo de Iquicha reunió a José Guillén, José Rimache, Mariano 

Cahuana y José y Buenaventura Lizana, quienes aseguraban tener entre 70 y 100 años de 

edad. Todos ellos al unísono le dijeron que: 

[…] primitivamente poseyeron [las tierras] los Aguilares, pero desde el tiempo de 
las revoluciones, prevalidos de unas autoridades que ya no tienen voces como 
explicar se han apoderado intereses ajenos [los Huachaca], titulándolos patriotas 
por haber prestado sus servicios en alguna manera a la nación, quitando vidas si se 
oponían a esta revolución y que son tierras mitayas. Y por el recelo de que les corra 
detrimento en sus vidas, han guardado silencio hasta el tiempo pacífico como el 
presente, con la confianza de que según sus papeles poderosos, la sentencia 
declarada por el señor Juez Subdelegado doctor don Bernardino Esteban de 
Cevallos […] habían de ser restituidos.154 

La versión de los ancianos daba cuenta de una anterior sentencia, pronunciada todavía 

en las últimas décadas de época colonial por el Juez Subdelegado del partido de Huanta. 

En efecto, a través de esta sentencia el mestizo Blas Aguilar había sido favorecido con la 

posesión de las tierras realengas de Culluchaca y Orccohuasi. Y Francisco Aguilar decía 

ser hijo de dicho agraciado. 

Sucede que en abril de 1807, el mestizo Blas Aguilar presentó un recurso contra 

Lorenzo Guerrero, vecino de Huamanga, por el despojo de las tierras de Culluchaca y 

                                                 
154 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, F. 44v. 



158 
 

Orccoguasi que estaban ubicadas en las alturas de Huanta.155 Aguilar señaló que el 

imputado le había dicho a la viuda de su hermano Francisco que él además “era dueño del 

sitio de Uchuraccay y Rodeopampa […] previniéndole a dicha viuda que después de esta 

Octava de Corpus volvería a dichas punas a despojarnos violentamente sin que fuéramos 

oídos, por duelo y derecho vencidos”.156 Aunque el subdelegado de Huanta dio la razón al 

quejoso, el conflicto continuó en los siguientes meses porque se yuxtapuso con otro pleito 

que los indígenas desde años atrás sostenían con Francisco Aguilar, padre del demandante. 

Aquel otro pleito había empezado en 1625, cuando los curacas Juan Mayor y Juan 

Sulca Guachos vendieron al indígena sora Juan Guamán dos topos en Culluchaca, que 

formaban parte de las tierras del común de indígenas “desde el tiempo del ynga Guayna 

Cápac” y habían sido compuestas por el visitador Gabriel Solano de Figueroa.157 Luego, en 

1671, dichos topos fueron vendidos por Guamán al platero español Juan García Sotelo, 

ascendiente de Francisco y Blas Aguilar. 

Para frenar los constantes reclamos de los indígenas del ayllu Cocha de Huanta, García 

Sotelo obtuvo el reconocimiento oficial de su posesión en varias oportunidades: en 1674 

por el compositor de tierras Antonio de Oré y por el corregidor de Huanta Joseph Carrillo; 

luego, en 1688, por el corregidor Juan Luis de Riva Vera Cervantes; y en 1690 por el 

virrey Melchor Portocarrero Laso de la Vega. Posteriormente, en 1734 los familiares de su 

nuera Ana Lezana obtuvieron amparo del corregidor Domingo de Echaveguren para 

posesionar las tierras de Culluchaca, Llicapara y Guamancca “que están en la puna junto al 

paraje que llaman de Uchuraccay”, que además eran tierras de diezmo y se hallaban por 

                                                 
155 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, F. 43r. 
156 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, F. 44v. 
157 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, F. 15r. 



159 
 

debajo de los límites de las posesiones de los indígenas, según testimonio del diezmero de 

Huanta Esteban Manuel de Oré.158 

Cuando Blas Aguilar se disponía a ocupar de forma definitiva Culluchaca y Orccoguasi 

en 1807, los indígenas sostuvieron que dichas tierras eran de repartimiento y habían sido 

usurpadas por Lorenzo Guerrero como si se tratase de su propiedad privada.159 Luego, en 

1814, agregaron que las tierras de Llicapara eran tierras destinadas al pago de trabajadores 

para la mita de Huancavelica: 

Félix Aguilar, alcalde ordinario de naturales del pueblo de Ccano, en voz y nombre 
del común de mi cargo ante U como más haya lugar en derecho, digo que Francisco 
Aguilar, de casta español, pretende despojarnos de las tierras nombradas de 
Llicapata sobre que se ha seguido autos y están presentados recibos de los curacas 
antiguos, que entre yndios son equivalentes a títulos y respecto a que la nueva 
Constitución nacional previene que a los de nuestra naturaleza se les den tierras a 
proporción quando estas no las hubiésemos poseído de tiempo inmemorial, se nos 
debía adjudicar y devolverse al citado Aguilar lo que costaron en composición con 
el juez revisitador según lo prevenido por Real Cédula de su magestad. 
Últimamente yo solicité que este negocio se condujese en juicio conciliatorio, 
poniéndose dos hombres buenos, uno por cada parte, conforme lo prevenido en la 
misma Constitución mediante lo qual, a U pido se sirva proveer y determinar como 
en el cuerpo de este escrito se contiene que repito por conclusión, que así procede 
en justicia, costas, etc. Félix Aguilar.160 

La cita denota la concepción dieciochesca de propiedad que había calado entre los 

pobladores de la puna de Huanta, mezclada con los principios liberales de ciudadanía y 

eliminación del tributo indígena que la Constitución de 1812 había consagrado. Ambas 

disposiciones –la primera absolutista, la otra liberal– fueron conocidas por habitantes de 

lugares distantes y aparentemente aislados, como Culluchaca, Ccano o Uchuraccay, ya que 

llegaron en el equipaje de comerciantes y arrieros que intercambiaban bienes agrícolas, 

tejidos y manufacturas con coca. Además, fueron muy bien utilizadas por los indígenas y 

                                                 
158 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, F. 20v. 
159 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, F. 47r. 
160 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expedientes civiles de Huanta, 1849, FF. 61r-61v. 



160 
 

sus autoridades para sostener pleitos en defensa de sus tierras de reducción, de comunidad, 

de parcialidad o de ayllu. Podemos sostener que se trataba de una estrategia bien 

desplegada por el protector de naturales o las autoridades indígenas para torcer la decisión 

del subdelegado de Huanta a su favor. Sin embargo, se trata de acciones más complejas, 

que condensan retóricas de acercamiento al Estado –colonial en este entonces–  y una 

memoria sobre los orígenes, como veremos luego. Por ahora, cabe recordar que para 

Cecilia Méndez dichos enunciados fueron la base de una ideología promonárquica que sin 

ningún tipo de rubor asociaba el liberalismo con la imagen del rey como garante de la 

estabilidad y que movilizó a estos pobladores a levantarse en armas contra la joven 

República en 1827 y a apoyar en el siguiente decenio a caudillos liberales como Orbegoso 

y Santa Cruz (2005a: 100). 

Finalmente, el 17 de junio de 1814 el juez visitador José Jorge de Aguilar y Vílchez 

despojó a los indígenas de las tierras de Culluchaca y Orccoguasi y se las entregó a Blas 

Aguilar. No obstante, el acto no fue nada grato, puesto que los indígenas se negaron a 

participar del ritual posesionario y sus descendientes alargaron el juicio hasta mediados del 

siglo XIX, en un claro intento de conseguir el beneficio de la justicia republicana. 

e) Quinua 

En1850 el síndico procurador Matías Jurado, en representación de los campesinos del 

común de Quinua, denunció a Isabel Aedo por usurpar las tierras de Ahuaccollay, que el 

común había entregado a sus ascendientes como censo enfitéutico, y por la deuda de censo 

de 30 años. Interpuesta la pretensión, Aedo nombró como su agente de pleitos a su 

hermano Ambrosio de Rivero, quien retrucó inmediatamente la demanda, cuestionando al 

procurador y a sus sucesores José Leyva y Carlos Pérez; por ello, el agente de pleitos 



161 
 

Cipriano de Valdivia intervino como representante del común de indios y llegó a 

formalizar la demanda en los siguientes términos, dando inicio al proceso judicial: 

Señor Juez de Primera Instancia […] U en justicia y ella mediante se ha de servir 
fallar declarando que las tierras de Ahuaccollay pertenecen en dominio i propiedad 
a mis partes, las que doña Isabel Aedo debe dejarlas libres i desembargadas a favor 
de mis comitentes, satisfaciéndoles además la cantidad de novecientos pesos 
adeudados por razón del canon que ha dejado de pagar, por ser conforme a las leyes 
i al mérito que arrojan los autos […] La comunidad de Quinua, no pudiendo por 
más tiempo sufrir la usurpación de su propiedad para recobrarla igualmente que sus 
productos ascendientes a novecientos pesos, interpuso la respectivamente demanda 
contra la testamentaria del usurpador don Pedro Coronado. Instruida de ella su 
albacea, doña Isabel Aedo, urdió después de la derrota en varios artículos 
impertinentes, que causaron no pocos gastos y perjuicios a dicha comunidad las 
especies de haber a que estas tierras [han] sido compradas a censo reservativo por 
los ascendientes de derecho su instituyente i que el canon está exactamente pagado. 
Ha debido por consiguiente la señora Aedo probar la existencia del censo 
reservativo i la satisfacción exacta de sus réditos. Los medios ordinarios naturales e 
indispensables […] de que debió la señora Aedo valerse para la justificación de sus 
peregrinas excepciones debieron ser la escritura pública que acredite la imposición 
del censo reservativo i los recibos que evidencien el pago del adeudo por los 
devengados. Mas nada de esto se ha presentado por parte de la señora Aedo i a falta 
absoluta de este género de pruebas esenciales, se ha limitado a la única que estaba a 
su alcance, procesando por todos los medios que comúnmente adopta el litigante 
perdido i con ella es como se ha arrojado a presentarse ante los tribunales sin temor 
a su justicia i sin respeto a la opinión i sin miramiento a la severidad de las leyes.161 

La demandada intentaba demostrar que no era una arrendataria, sino que sus ancestros 

habían adquirido la hacienda y cancelado el adeudo como censo reservativo. Para 

argumentar su pretensión, exhibió el testamento con el que su finado esposo Pedro Castro 

y Coronado le legada la propiedad. Al contrario, para el apoderado dicho instrumento 

ratificaba la posesión campesina de las tierras y la condición de arrendatarios con la cual 

Coronado y su esposa usufructuaron el predio. 

Iniciado el juicio, el abogado Rivero presentó algunos testigos, quienes dijeron que 

Pedro Castro y Coronado fue dueño de Ahuaccollay, pero sin contar con la documentación 

sustentadora, pues esta había sido destruida por los campesinos de las alturas de Huanta 
                                                 
161 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1850, FF. 48r-49r. 



162 
 

que se levantaron en armas en 1827. El apoderado de los campesinos desbarató esta 

versión precisando que los rebeldes jamás pasaron por Quinua y que si esto hubiese 

ocurrido “es sobremanera inverosímil que unos idiotas hubiesen cargado con los papeles, 

que siempre han sido el objeto de su desprecio”. Finalizó su participación acusando a los 

testigos de haber sido instruidos por la demandada porque “repiten ni más ni menos las 

mismas palabras absurdas de su producente i son ecos unos de otros”.162 

En su alegato, el abogado de Aedo ratificó la propiedad de su patrocinada y llamó la 

atención sobre la participación del sobrino de Pedro Castro y Coronado, Francisco 

Coronado, en el proceso de legación de las tierras de Ahuaccollay. “Pedro Castro y 

Coronado, esposo finado de mi hermana [Aedo] en uso de sus derechos y bien cierto de lo 

que le competía respecto de la hacienda Ahuaccollay, dejó este su legado al prestado don 

Francisco Coronado”, dijo el letrado.163 

Luego de escuchar a ambas partes en la audiencia, el juez de primera instancia de las 

provincias de Huanta, Huamanga y Cangallo emitió su sentencia. Dispuso que Aedo 

restituya las tierras de Ahuaccollay a la comunidad y cancele el canon conductivo de 

dichas tierras “a razón de 30 pesos anuales por los diez años confinados y los demás que 

no se acrediten legalmente satisfechos, previa liquidación por peritos contendores que 

nombrarán las partes y con vista de los recibos anteriores, emitirán su opinión sobre ser o 

no abonables las cantidades contenidas en los recibos”.164 Para sostener legalmente su 

decisión, el magistrado optó por un criterio ecléctico y combinó perspicazmente las 

antiguas leyes coloniales de Indias –que amparaban a los indígenas en la posesión de las 

                                                 
162 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1850, FF. 50v-51r. 
163 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1850, FF. 58r-58v. 
164 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1850, F. 62v. 



163 
 

tierras de repartimiento con fines principalmente fiscales– con la legislación agraria liberal 

de 1828 para sostener que las comunidades no eran propietarias, sino posesionarias de 

tierras: 

Tercero, que la constitución de censo reservativo requiere propiedad y pleno 
dominio del que lo constituye y las comunidades de los pueblos, ni por las Leyes de 
Indias, ni por las ordenanzas del Perú, han tenido esa propiedad y pleno dominio en 
las tierras de la naturaleza de Ahuaccollay, resultando inoficiosas y negatorias las 
pruebas producidas por la demanda, por recibos que no han tenido ni han podido 
tener existencia […] ante la Ley patria de veintisiete de marzo de mil ochocientos 
veintiocho, que declara propiedad de indios y mestizos de las tierras que entonces 
alegaban por repartos o sin contradicciones, exceptúa de este derecho a los que 
ocupaban tierras por razones de oficio. Cuarto, que por lo expuesto, siendo las 
comunidades meras usufructuarias de las tierras que ocupaban, no han podido 
transferir más que esta regalía precaria a don Pedro Castro Coronado o sus 
ascendientes. Quinto, que el canon conducticio de las tierras disputadas tampoco ha 
debido estar sujeto a las alteraciones de los censos, sino que ha debido pagarse tal 
cual se pagaba al principio en razón del convenio originario. Sexto, que la 
condonación por diez años del pago de contribuciones a los indígenas del pueblo de 
Quinua no exonera a los pensionistas a favor de dichos indígenas del cumplimiento 
de sus obligaciones, como ha pretendido la demandada, confesando no haberse 
pagado las pensiones de Ahuaccollay por los expresados diez años.165 

A partir de la legislación republicana vigente y citando las leyes coloniales del siglo 

XVI, el juez interpretó que los campesinos de Quinua eran los posesionarios de 

Ahuaccollay porque usufructuaban dichas tierras. Al crear un censo enfitéutico en 

provecho de los enfiteutas Pedro Castro y Coronado e Isabel Aedo, los campesinos no 

habían arrendado la tierra, según la exégesis del magistrado, sino instituido una regalía que 

fue mal ejercida por los enfiteutas. 

En verdad, las tierras que estaban en litigio eran tierras realengas ubicadas en los 

linderos territoriales de la comunidad de Quinua, pero que habían sido usufructuadas por 

los campesinos y posteriormente arrendadas a particulares. Con dichos arriendos, el 

Cabildo de Quinua pagaba las contribuciones, exoneraba a sus habitantes de la mita minera 

                                                 
165 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1850, FF. 61v-62r. 



164 
 

de Huancavelica y cubría sus gastos ordinarios. Con su decisión, el juez transformó el 

estatus de dichas tierras: las convirtió en posesión comunal, pensando tal vez en el pago de 

la contribución indígena. Sin embargo, en la realidad, dichas tierras no eran usufructuadas 

de forma colectiva y mancomunada, sino habían sido parceladas y posesionadas de manera 

individual y familiar. 

En efecto, Isabel Aedo no era la única posesionaria de las tierras en disputa; estas eran 

también usufructuadas por varias familias del común de Quinua ya que constituían una 

suerte de acciones con ocupantes o accionarios que tenían derecho a usufructo (Diez 

Hurtado, 1998: 72). Sobre ello hablaremos más adelante; por ahora continuemos con la 

descripción del proceso judicial. La sentencia del magistrado provocó una firme respuesta 

de parte del abogado de Aedo Tomás García, quien la cuestionó de principio a fin. En su 

apelación, el letrado señaló que la resolución reconocía que los comuneros eran los 

posesionarios de la Ahuaccollay, pero de forma contradictoria reconocía también el 

dominio directo de los campesinos sobre dicho predio. Además, para el abogado no existía 

enfiteusis alguna, porque los campesinos “vendieron estas tierras a censo reservativo”, tal 

como figura en el testamento de Pedro Castro y Coronado. Por lo tanto, este y su esposa 

Isabel Aedo eran los legítimos propietarios del predio: 

La pura verdad es que Ahuaccollay pertenece a Quinua en razón de sus censos, 
pero el dominio y propiedad pertenecía a don Pedro Castro y Coronado [y] su 
sobrino. De ahí, no hay para que devanarse los sesos. Esta verdad la confirman los 
mismos individuos de la comunidad litigante […] aclarando que Ahuaccollay está 
en el mismo nivel con las otras tierras Huacaurara y Sayhuapata, que están 
acensuadas a favor del pueblo.166 

El abogado también entraba en contrariedad, al reconocer el arrendamiento del predio a 

favor de su patrocinada y a la vez señalar que había sido vendido por los campesinos de 

                                                 
166 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1850, F. 143r. 



165 
 

Quinua. Su apelación ocasionó la respuesta del abogado de los campesinos, Manuel 

Gálvez, quien dijo que los campesinos, como posesionarios de Ahuaccollay, habían 

instituido un arriendo y no un censo; de esta forma cuestionaba también una parte de la 

sentencia del juez. El letrado agrego que se podía aplicar el principio de usucapión o 

prescripción positiva para conferir la propiedad del predio a los campesinos, pues estos lo 

habían posesionado por cientos de años y que tal derecho no prescribía según la 

normatividad vigente: 

Esta credencial o buena fe jamás pudo alegar don Pedro Castro y Coronado, menos 
las personas que con la herencia de este han recogido sin sentimientos, puesto que 
aquel, después de haber ingresado en las tierras de la disputa en calidad de 
arrendatario, concibió quedarse en ellas a la espaciosidad de habérselas dado en 
censo reservativo y para cohonestar la falta de escritura del caso, parodió la 
relacionada información que en la época que se instituyó podía haber alcanzado 
miles de estas informaciones.167 

La recusación del abogado de los campesinos ocasionó una contienda prolongada y una 

competencia de instrumentos históricos en la Corte Superior de Justicia. En efecto, las 

partes en litigio se preocuparon de exhibir numerosos documentos para probar que eran 

propietarios, posesionarios, arrendatarios o simples enfiteutas de Ahuaccollay. Entonces, el 

tribunal con sede en la ciudad de Ayacucho cotejó los instrumentos que la parte de Aedo 

exhibió en el proceso y dispuso que las tierras pasasen a posesión de Francisco Coronado, 

como verdadero beneficiario del testamento de su finado tío Pedro Castro y Coronado. A 

continuación, el citado Coronado depositó el dominio de Ahuaccollay en manos de su tía 

Isabel Aedo, con la condición que pagase los censos gravados y las demás deudas 

adicionales. 

                                                 
167 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 17, Causas Civiles, 1850, F. 158v. El censo reservativo alude a la 
pensión anual que el enfiteuta debe pagar al propietario del bien inmueble por la cesión del dominio útil a su 
favor. Se trata de una forma de arrendamiento. 



166 
 

El apodero de los campesinos, Marcos Carrera, alegó la existencia de vicios en el 

proceso y logró la nulidad de lo actuado. El caso retornó al juzgado de primera instancia de 

Huanta, Huamanga y Cangallo, donde el juicio se prolongó nuevamente. El apoderado de 

la comunidad de Quinua, Manuel Gálvez sostuvo lo siguiente: 

Francisco Coronado, que se dice ser legatario de don Pedro Castro Coronado, nunca 
ha sido poseedor de la finca, ni tampoco la albacea ni heredera doña Isabel Aedo ha 
entregado el legado al legatario, sin duda porque el legante carecía de facultad de 
disponer de una propiedad que no tenía y de un censo supositicio […] por 
consiguiente este legatario no está en la posesión y en el aprovechamiento de los 
frutos y no tiene más derecho que el nombre, porque la finca es conocida de la 
propiedad de la comunidad de Quinua y la posesión precaria de esta finca la ejercita 
la albacea y heredera de don Pedro Castro y Coronado, del mismo modo que este la 
recibió de don Diego Castro, su padre.168 

Después de otra contienda prolongada, el juez de primera instancia emitió sentencia 

favorable a la parte de los campesinos, reconociendo un censo reservativo a favor de la 

comunidad. Asimismo, dispuso que Aedo devolviese la posesión del predio y cancelase el 

censo adeudado. 

La hacendada nuevamente no estuvo de acuerdo con esta sentencia y recusó al 

magistrado. Entonces, el apoderado de los campesinos, Bartolomé Galván, amenazó con 

presentar una nueva demanda si el tribunal superior aceptada la recusación y prolongaba 

innecesariamente el proceso. Este finalmente se resolvió años después, cuando este letrado 

y el hijo de Isabel Aedo, Ambrosio Aedo, decidieron conciliar. El 7 de agosto de 1862 

ambas partes acordaron: 

[…] que continuase poseyendo la parte demandada los fundos litigados de 
Ahuaccollay con solo la condición de saldar los censos devengados, liquidándose la 
deuda con el último recibo. Que por lo que hace a los otros terrenos de Antayccacca 

                                                 
168 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 28, Causas Civiles, 1858, FF. 4v-5r. 



167 
 

y Usvicancha, se siga el juicio hasta orillarse de un modo legal, conciliándose tan 
solamente con respecto a Ahuaccollay como se lleva dicho.169  

No obstante, la hacendada desconoció esta última parte del trato y se negó a cancelar la 

deuda, tomando en cuenta que desde 1859 tenía otro juicio con el Municipio de Quinua por 

los censos adeudados de la hacienda Ahuaccollay. 

Efectivamente, a inicios del referido año el Municipio de Quinua reclamó a Aedo el 

pago del censo reservativo para la refacción del local municipal; ella respondió señalando 

que los censos fueron cancelados en su totalidad en 1850, es decir, cuando empezó el 

conflicto con los campesinos. El síndico municipal informó que Aedo no había pagado 

entre 12 y 14 años de censo, pretextando el pleito judicial anterior. El funcionario también 

cuestionó la designación del agente de pleitos Marcos Carrera como apoderado de los 

campesinos, pues no contaba con la venia de los pobladores del distrito. 

En una reunión de cabildo público, algunos campesinos afirmaron que nunca habían 

tomado los servicios de Carrera y que los integrantes del ayllu de Lurinsayocc habían 

“tomado el nombre del pueblo, por cuyo motivo los del ayllo de Anansayocc sufren aún el 

perjuicio de que doña Isabel Aedo patrona de dicha hacienda ha respondido de [no] pagar 

los censos pertenecientes al dicho ayllo Anansayocc y piden que la Municipalidad reclame 

en el día todo lo adeudado”.170 Sin embargo, dicha reunión fue cuestionada por el abogado 

Galván, quien arguyó que al ser convocada por el gobernador Martín Velarde, que es hijo 

del alcalde Vicente Velarde y arrendatario de la hacienda Ahuaccollay, carece de 

imparcialidad. Agregó además que el Municipio no tiene la facultad de cobrar arbitrios en 

tierras que pertenecen al común. Por su lado, el abogado de Isabel Aedo, Ambrosio de 

                                                 
169 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 34, Causas Civiles, 1862, F. 21r. 
170 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 28, Causas Civiles, 1858, F. 38v. 



168 
 

Rivero, avaló el cabildo y dijo que el abogado de sus contrincantes era movido por el pleito 

que su patrocinado sostiene con la familia Layme por la parcela de Uviscancha. 

Al respecto, hay que señalar que la hacienda de Ahuaccollay comprendía también un 

par de parcelas llamadas Uviscancha y Antayccacca, ubicadas en los límites del predio. En 

1856, en medio de la continuación del proceso judicial anterior, el apoderado de los 

campesinos del común del pueblo de Quinua Cipriano de Valdivia interpuso otra demanda 

contra Isabel Aedo por usurpar las referidas parcelas. El abogado de la demandada 

respondió arguyendo que la pretensión no había sido interpuesta por la comunidad de 

Quinua, sino por un indígena llamado Lorenzo Ayme y que los terrenos mencionados no 

formaban parte de las posesiones del común de Quinua, sino de una loma llamada también 

Antayccacca que era propiedad particular de Aedo. El abogado de los campesinos afirmó 

que Uviscancha y Antayccacca constituyen un “recinto muy pequeño que ocupa la casucha 

de un indio de la comunidad”, confirmando la existencia de esta “acción” y usufructo 

individual en propiedad reclamada como comunal.171 Más adelante agregó que hace dos 

siglos Pedro Yucratinco y su mujer Catalina Sisa vendieron a Agustín Vilca los terrenos de 

Uviscancha y la loma de Sayhuapata, ambas separadas de Antayccacca por una quebrada, 

y que dichos predios fueron posteriormente transferidos a Francisco Quispe y a Feliciana 

Candana, siendo esta última la madre Benancio Ayme, padre de María, Francisca y José 

Ayme, quienes reclaman la posesión de los predios antedichos.172  

El juez confirmó la presencia de estas “acciones” de los Aymes en la propiedad 

comunal, al comprobar que Uviscancha y Antayccacca pertenecían a las tierras litigadas 

                                                 
171 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 24, Causas Civiles, 1856, F. 10r. 
172 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 24, Causas Civiles, 1856, F. 37v. 



169 
 

por los campesinos e Isabel Aedo y que ambos predios estaban siendo posesionados por 

María Layme, integrante del común de Quinua. 

f) Poma 

En 1866, los campesinos de la comunidad de Poma, en Lucanas, presentaron una demanda 

contra el gobernador Luis Gamboa ante el juez de primera instancia de Lucanas y 

Parinacochas, acusándolo de usurpar las tierras de Chacchuapata. En su pretensión, los 

demandantes indicaron que el referido predio estaba en su posesión “en perjuicio de todos 

nosotros, quitándonos nuestras chacras, echaderos con más de tres leguas y en contrario, 

quiere que [no] comamos los frutos de nuestra plaza y quiere que los ganados nuestros 

comiesen pagados [y] lleguen a un echadero que llama hacienda, que está construyendo a 

puerta y bala y no solo eso certifican los hechos de este buen hombre; no pudiera caber 

pliegos de papel y con decir esto hemos dicho bastante”.173 

El demandado, junto con su apoderado José Castillo, respondió señalando que los 

indígenas alegaban despojo de unos terrenos que nunca habían poseído, ya que formaban 

parte de la finca Huayobamba, “que desde tiempo inmemorial fue poseída por diferentes 

dueños bajo el título oneroso de arrendamiento por la nación, reconociendo un gravamen 

de 8 pesos anuales de censo y por nuevo título de compra-venta recayó en poder de mi 

parte, cuyos instrumentos justifican a su vez, lo que constituye motivo de ignorancia en 

que se hallan sumidos aquellos semibárbaros (no se quiere decir) de Poma”.174 

En la siguiente etapa del juicio, los comuneros presentaron algunos testigos que 

afirmaron que la comunidad de Poma había siempre posesionado las tierras en disputa. En 

                                                 
173 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 43, Causas Civiles, 1866, FF. 1v-2r. 
174 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 43, Causas Civiles, 1866, F. 8r. 



170 
 

este punto, apareció un vecino del pueblo de Puquio llamado Juan Sauca y dijo que su tío 

Mariano Irazábal había sido el propietario de la hacienda Huayobamba. Luego de su 

muerte, las mencionadas tierras entraron primero en posesión de Felipe Gamboa y luego, 

bajo dominio de Luis Gamboa a cambio de unos censos que nunca se llegaron a pagar. El 

citado testigo agregó que Gamboa se apoderó de los instrumentos del predio y con engaños 

le ofreció la compra del inmueble a cambio de una irrisoria cantidad de dinero. Una vez 

que entro en posesión, “me dio una mata de frutas, ni menos un pedazo de tierra y por este 

motivo pienso devolver los 40 pesos a fin de que no me hable la comunidad”.175 Los demás 

testigos insistieron en afirmar que las tierras de Chacchuapata no eran realengas, sino 

formaban parte de la posesión de la comunidad. 

Después de escuchar los alegatos del abogado de Gamboa y del apoderado de la 

comunidad Francisco Quintana, el juez Gervasio Arbulú sentenció a favor del demandado 

y dijo que el caso no constituía despojo alguno, ya que la comunidad no había podido 

probar que los terrenos eran suyos. Además, Luis Gamboa poseía los títulos de compra-

venta. El magistrado no sólo le dio la razón al gobernador, sino que transformo dichas 

tierras realengas que anteriormente fueron usufructuadas por varios campesinos en 

propiedad privada de una sola persona. 

Los casos referidos en las líneas anteriores grafican el conflicto entre hacendados y 

campesinos en torno al usufructo de tierras que son de origen realengo que, al no tener 

propietarios precisos, son ambicionadas por criollos, mestizos y campesinos. 

Aparentemente, la excepción es el juicio de los campesinos de Cangallo; en este proceso 

los que figuradamente se enfrentan son pobladores de comunidades. Sin embargo, los que 

ambicionan los terrenos de Belencucho son gamonales como los hermanos León o los 
                                                 
175 ARAy, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Leg. 43, Causas Civiles, 1866, F. 11v. 



171 
 

hermanos Tenorio y detrás de ellos se hallan los alcaldes, regidores y campesinos de la 

comunidad y ayllu de Pomabamba. Por lo tanto, en este caso también el conflicto involucra 

a los pobladores campesinos. 

Puesto que las tierras en litigio son tierras realengas, la norma que se invoca en el 

desarrollo de las contiendas es, principalmente, la ley agraria de 1828, porque afirmó los 

derechos a las tierras de comunidad y además, reforzó el título de los campesinos a 

aquellas tierras que ocupaban y usufructuaban de manera precaria, aunque estuviesen 

dentro de los límites de la propiedad comunal (Jacobsen 1991: 68). 

Asimismo, los seis casos reseñados comparten aspectos comunes. En ellos la 

comunidad, conformadas por los ayllus como vimos antes, es la que reclama la posesión de 

la tierra y participa del pleito judicial. Para ello, despliega a alcaldes y regidores hacia las 

instancias judiciales, o nomina a personeros y apoderados. Muchos de estos últimos son 

agentes de pleitos especializados en casos que comprometen a las poblaciones campesinas. 

Contratar a abogados suponía un nivel de organización campesina, puesto que había que  

decidir, seleccionar y costear los servicios del agente de pleitos para presentar la demanda 

y seguir en el proceso. 

Para participar en el proceso y contratar al letrado, los campesinos primero tuvieron 

que decidir al interior de la comunidad, puesto que existían puntos de vista divergentes, 

que empujaban hacia la toma de otras decisiones. Ello ocurrió precisamente en la 

comunidad de Pomabamba, donde los campesinos Tomás y Santiago León, Antonio 

Hogese, Idelfonso Jacha y Pedro Cuya aparecen con los más interesados en el juicio y en la 

tierra, en contraposición con los alcaldes Marcos Ledesma y Eusebio Mitma, quienes 

cuestionaban la actuación de aquellos. Este último incluso llegó a decir que “él en su 



172 
 

conciencia sabía que la comunidad era partícipe en este asunto y que sólo los Leones y 

otros camaradas trataban de fomentar este pleito por sus comodidades particulares y […] 

los cabecillas trataban de hacer aparecer alcaldes supuestos por solo llevarse a debido 

efecto sus miras particulares”.176 Para continuar el proceso, estos campesinos tuvieron que 

contrarrestar las fuerzas centrífugas que minaban la cohesión grupal para lograr el 

equilibrio y llegar al consenso legítimo. 

Igualmente, en cada proceso judicial los campesinos solicitaban la realización del acto 

de vista de ojos o deslinde territorial, que era un peritaje que la autoridad judicial realizaba 

en el mismo terreno en disputa, con la participación de peritos nominados por demandantes 

y demandados, a fin de fijar los límites o determinar con el testimonio de testigos quién era 

el verdadero posesionario de dichas tierras. Cuando el deslinde contravenía a sus intereses, 

los campesinos abjuraban de él pero, en la mayoría de casos, los aceptaron, puesto que 

significaba un reconocimiento de un espacio  geográfico ejecutado desde la forma 

discursiva del Estado a partir de ciertos hitos. Además, el deslinde funcionaba como 

elemento articulador de imágenes y sentimientos grupales, cuya mayor expresión era el 

territorio. A partir del deslinde, los campesinos comenzaron a presentar y representar un 

territorio, llegando incluso a afirmar sentimientos de pertenencia a un colectivo, cuya 

función era garantizar el acceso al recurso tierra (Vega, 1997: 47). 

En suma, los campesinos comprometidos en procesos judiciales tuvieron que actuar 

colectivamente para lograr la posesión de sus tierras. Dicha actuación consistió en resolver 

las contradicciones y discrepancias internas, a fin de lograr el equilibrio y la cohesión. Una 

vez conseguida la cohesión, tomaron la decisión de enfrentar, de forma colectiva, la 

                                                 
176 ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huamanga, Expediente 15, Paquete 1, 1845, F. 
52r. 



173 
 

presión externa en las instancias judiciales del Estado, cumpliendo con los respectivos 

actos procesales y acatando, discutiendo y refutando en términos legales las decisiones 

judiciales. De este modo, el proceso de asociación devino en un proceso de 

comunalización; es decir, la formación de un grupo de campesinos como respuesta a 

causas o exigencias internas, como a condiciones externas que demuestras que el grupo 

forma parte de una sociedad mayor (Diez, 1999: 266). Luego de retener (o perder) la 

posesión de la tierra, dicho grupo iniciará en el siglo XX otro proceso de reconocimiento 

oficial en las instancias del Estado, convirtiéndose legalmente en comunidad campesina. 

Mas, dicha historia queda reservada para otra investigación. 

3. EL ESTADO 

Existe una imagen sombría del Estado republicano, diseñada a partir del pensamiento 

político de Thomas Hobbes: la de una organización que no proviene de la suma de 

voluntades individuales ni puede regentar la cosa pública; organización que carece de la 

centralización política y depende de las potencias económicas extranjeras, sin clase 

dirigente alguna que se encargase de ella (Bonilla, 1974; Cotler, 1978). Es más, se sugiere 

que la forma política instalada en 1822 devino en una República a medias que recogió la 

tradicionalidad y el marco político colonial y las mezcló con las ideas y formas de la 

modernidad. En vez de reconocer a ciudadanos con derechos políticos, la República a 

medias instituyó una ciudadanía corporativa que reconocía los derechos e identidades de 

estamentos y comunidades. Es más, ni siquiera otorgó derechos a las poblaciones 

campesinas por ser ágrafas, configurando también una República sin ciudadanos 

(Demélas, 2003; Flores Galindo, 2005; Del Águila, 2013). 



174 
 

Sin embargo, dicha imagen queda desdibujada cuando la información empírica 

proveniente de la realidad pretérita decanta la figura de un Estado en construcción, con 

muchos problemas (causados por el difícil tránsito de la Colonia a la República), pero 

también con posibilidades. Ya Paul Gootenberg ha señalado que la figura de la 

dependencia económica previa a la era del guano no es más que un mito y que en la etapa 

temprano-republicana se formó una poderosa élite de comerciantes y manufactureros 

limeños y terratenientes norteños que, a través de gobiernos conservadores como el de 

Gamarra, impulsó una política nacionalista monopólica, proteccionista y contraria a la 

importación de bienes extranjeros (Gootenberg, 1997). Por su lado, Cecilia Méndez refiere 

que en el contexto de las guerras civiles el Estado se fue constituyendo como resultado del 

ejercicio del poder y con la activa participación de los campesinos, quienes asumieron 

funciones estatales e hicieron política al apoyar militar y logísticamente a los caudillos en 

pugna por el poder. (Méndez, 2005b; 2013). 

Considerando la compleja y hasta contradictoria situación de un Estado republicano en 

construcción, vale interrogarse por los otros signos que decantan precisamente dicha 

edificación estatal. Para ello, hay que abandonar momentáneamente las definiciones que 

correlacionan al Estado como un objeto tangible que monopoliza el uso de la violencia y 

domina, para recurrir a otro concepto que tome en cuenta al Estado como un objeto 

ilusorio, sin necesariamente postular la realidad del Estado. Como dice Philip Abrams, el 

Estado debe ser considerado como un proyecto ideológico: un “[…] intento de obtener 

apoyo o tolerancia para algo insoportable o intolerable presentándolo como algo distinto de 

lo que es, es decir, como algo legítimo y como dominación desinteresada” (2017: 47). En 

tal sentido, las instituciones estatales deben aparecer como agencias de control y de interés 

común desconectadas de los intereses de una clase social específica o de una estructura 



175 

particular. Al ocurrir ello, se legitima el poder real y el Estado deviene en un triunfo del 

ocultamiento. 

Para lograr legitimación en la sociedad; es decir, para obtener apoyo o tolerancia a lo 

indefendible, el Estado asume la forma de actividades e instituciones culturales que al 

relacionar rituales de mando con rutinas, vehicula a gobernantes con gobernados y los 

derechos de los primeros con los agravios de los segundos (propiedad y disciplina, 

respectivamente). “State […]: los Estados afirman: los esotéricos rituales de una corte de 

justicia, las fórmulas de aprobación de una ley del Parlamento por el rey, las visitas de 

inspectores de escuelas son otras tantas afirmaciones. Definen, con gran detalle, las formas 

e imágenes aceptables de la actividad social y de la identidad individual y colectiva; 

regulan, de manera que se puede describir empíricamente, buena parte de la vida social, 

incluso en el siglo XX. De este modo, el ‘Estado’ realmente nunca para de hablar” 

(Corrigan & Sayer, 2017: 112). 

Desde la perspectiva de Philip Corrigan y Derek Sayer, el Estado consiste en una 

regulación moral que sirve para unificar y borrar las diferencias existentes, para representar 

y totalizar a los seres humanos como integrantes de una comunidad nacional y para 

individualizar a las personas como ciudadanos, padres de familia, consumidores, 

propietarios o contribuyentes. Siguiendo a Émil Durkheim y Michel Foucault, ambos 

autores asienten que el Estado es, sobre todo, una forma para la disciplina moral de los 

ciudadanos (Corrigan & Sayer, 2017: 115). 

Con el fin de regular y disciplinar la sociedad, el Estado asume un marco discursivo 

que contiene un lenguaje articulado, signos, relaciones sociales concretas, rituales y hasta 

rutinas que buscan la normalización y organización de los individuos (Joseph & Nugent, 



176 
 

2002: 31-52). Dicho marco, que es transmitido a través de la educación, los medios de 

comunicación y las diversas formas de opresión estatal, debe ser interiorizado y 

reproducido por las personas subordinadas para que asuman como aceptable y natural la 

dominación estatal y se alineen al orden establecido (Nugent & Alonso, 2002: 176). No 

obstante, por un lado dicho marco discursivo no tiene un origen etéreo; al contrario, es 

elaborado a partir de las formas y tradiciones históricas no burguesas apropiadas por la 

burguesía con la intención de arrogarse y hablar en nombre de todos. Como bien dicen los 

citados Corrigan y Sayer al hablar sobre la formación cultural del Estado inglés en el siglo 

XVIII: “en Inglaterra, un Estado que se iba lenta e incompletamente racionalizando seguía y 

sigue siendo legítimo por formas de autoridad tradicionales en su origen: el poder del 

símbolo, del ritual, de la costumbre, de la rutina, de la manera como las cosas se han hecho 

siempre, registro en el cual lo extravagante y anacrónico de las formas es precisamente lo 

que las legitima, al protegerlas del examen racional” (2017: 143). 

Por otro lado, dicho marco discursivo, al ser socializado mediante la educación, los 

medios de comunicación y los rituales, se encontró necesariamente con las formas 

culturales, experiencias e intereses de los gobernados, puesto que ellos son agentes capaces 

de producir sentido y acción a partir de la apropiación del texto y sistema de significantes 

de los dominantes. En este punto, nos encontramos con varios enfoques metodológicos. 

Por un lado, la perspectiva de la economía moral, que da cuenta de un comportamiento 

cultural de los sectores populares para “torcer el brazo” de los dominantes y reimplantar en 

Inglaterra el paternalismo precapitalista (Thompson 1979: 108). Por otro lado, la noción de 

adaptación en resistencia, que alude a los ajustes que las poblaciones indígenas hacen ante 

las exigencias de los dominadores en tiempos de aparente paz; es decir, sin el estallido de 

rebeliones, considerando a aquellos como personas capaces de participar en política de 



177 
 

manera activa e innovadora, con acomodos parciales y contingentes que en un determinado 

momento se transformaron en abiertas rebeliones  (Stern, 1990: 33). Por otra parte, la 

perspectiva de la cultura política, con la que los subordinados reutilizan los derechos e 

instituciones de origen colonial en un contexto de poscolonialidad para asegurar la 

ciudadanía y construir una comunidad de ciudadanos en el corazón de la nación (Thurner, 

2006: 249). Finalmente, la idea del nacionalismo construido desde abajo y presentado 

como un resultado hegemónico, con el que los sectores subalternos cuestionan el discurso 

de los dominantes y aspiran a la ciudadanía y la igualdad social también dentro de los 

límites de la nación (Mallón, 2003: 85-86). 

A partir de lo mencionado, en el presente capítulo se postula la idea que el Estado 

temprano-republicano construyó un marco discursivo sobre la propiedad de la tierra, 

relacionado con los principales enunciados del liberalismo decimonónico. Ante la ausencia 

de un aparato estatal que tuviera presencia en los pueblos del interior del país, dicho marco 

fue llevado a la práctica a través de las normas, procesos y rituales judiciales, que 

intentaron regular normalizar a las poblaciones campesinas y reprodujeron en la 

cotidianidad la forma cultural del Estado. En tal sentido, el punto de observación está 

puesto sobre los procesos judiciales relacionados con el acceso a la tierra, puesto que, 

como señalan Veena Das y Deborah Poole, la justicia es el efímero vínculo que ata a los 

campesinos con un Estado cuya promesa de justicia toma la forma de interminables 

procedimientos y papeleos, siempre inconclusos, los cuales circulan por diferentes 

instancias del sistema judicial. Agregan: “los aspectos pedagógicos del Estado se 

manifiestan, pues, no tanto en los libros de textos escolares, sino más bien en las prácticas 

por las cuales los sujetos aprenden el vacío entre membrecía y pertenencia” (2017: 194). 



178 

En el presente apartado estudiamos los procesos judiciales que hemos anteriormente 

reseñado a partir de este enfoque de marco discursivo del Estado. Considerados que los 

citados procesos contienen actos, rituales y discursos relacionados con la pretensión en 

disputa; es decir, con la posesión de la tierra. A través de dichos actos, rituales y discursos, 

el Estado, que era el encargado de administrar justicia, no sólo buscaba solucionar la 

controversia, sino incluso regular las respuestas de los litigantes (hacendados y 

campesinos). 

Previamente y de forma breve, debemos precisar la presencia de la administración 

estatal de justicia en la región de Ayacucho y reseñar las características de los 

procedimientos civiles del siglo XIX. 

Antes que la Corte Superior de Justicia empezara a regular y solucionar los casos 

civiles y penales en Ayacucho, existieron hasta cuatro Juzgados de Primera Instancia que 

ejercieron jurisdicción en las seis provincias de Ayacucho (siete luego de la creación de La 

Mar en 1861), más el vecino departamento de Huancavelica, dependiendo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho fue creada en 

1832, durante el mandato de Agustín Gamarra, aunque recién empezó a funcionar el 21 de 

marzo de 1844, con una sala con tres vocales (Pedro José Flores, Pedro José Montes y 

Gervasio Álvarez) y un fiscal (Pablo José Ruiz). El funcionamiento ininterrumpido de los 

juzgados y de la Corte, incluso durante los años de la guerra del Pacífico, facilitó el acceso 

de los campesinos al sistema de justicia regentado por el Estado. Ello también ocurrió 

porque el Estado dictó las primeras normas para el desarrollo de los procesos civiles, 

especialmente durante el período de la Confederación Perú-Boliviana y a mediados del 

siglo XIX. 



179 
 

Efectivamente, en 1836 Santa Cruz dispuso que la Confederación adoptase el Código 

Civil boliviano de 1830 –que fue una copia del Código napoleónico de 1804–  y el Código 

Procesal boliviano de 1833, un ordenamiento de 1.534 artículos muy anterior a la primera 

ley de enjuiciamiento civil de España (Basadre Ayulo, 1997: 224). Según Monroy, este 

último fue de excelente factura, pues estaba influenciado por tres fuentes distintas (el 

proceso romano, el proceso germánico y la práctica procesal colonial); así, admitía el 

ofrecimiento, actuación y valoración de las pruebas, la autoridad de la cosa juzgada, la 

existencia de una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso, además que 

obligaba a la severidad del proceso y al registro escrito (1996, I: 52). Ambos 

ordenamientos estuvieron vigentes hasta la caída de la Confederación; tras la derrota de 

Yungay se retornó a la legislación española vigente antes de 1836. 

Antes de culminar su mandato, Castilla promulgó el Código Civil y el Código de 

Enjuiciamiento Civil el 22 de noviembre de 1850. Sin embargo, estas dos normas fueron 

examinadas y reformadas por el Congreso. Culminada esta tarea, el Código Civil fue 

promulgado el 21 de diciembre de 1852 y rigió desde el 29 de julio de 1852 hasta 1936. La 

norma contenía tres libros: personas y derechos; cosas y modo de adquirirlas y 

obligaciones y contratos. En el libro segundo estableció que la propiedad o dominio era el 

derecho de goce y disfrute de las cosas. Admitió que los modos naturales de adquirir el 

dominio de las cosas eran la ocupación, la accesión, el hallazgo, la prescripción, la 

enajenación y la donación. Lamentablemente, dicho libro no reglamentó el derecho a las 

cosas de las personas jurídicas y hasta ignoró a las comunidades campesinas (Basadre 

Ayulo, 1997: 244-246). 

El Código de Enjuiciamiento Civil también fue reestructurado por el Congreso y 

promulgado en 1852. Tuvo 1.824 artículos que normaban las características y secuencia de 



180 
 

los actos del proceso civil. Dispuso que todo juicio empezara con la presentación de una 

demanda, que debía de ser escrita y elaborada por el agente de pleitos. Tras la presentación 

de la demanda, la parte demandada tenía la opción de de contestar también por escrito y 

con la asistencia de otro agente de pleitos. Luego se pasaba a los trámites de réplica y 

dúplica que estaban a cargo de ambos litigantes. A continuación, venía la audiencia en la 

que los abogados de ambas partes ofrecían los medios probatorios. El juez certificaba el 

vencimiento del término de prueba y los agentes de pleitos tramitaban los alegatos del bien 

probado. Concluida esta etapa, el magistrado debía pronunciar el auto correspondiente, 

declarando la causa expedita para la sentencia. La decisión podía ser cuestionada por una 

pluralidad de apelaciones promotoras de posteriores instancias, puesto que el Código 

instituyó el principio de la triple instancia proveniente del derecho histórico español 

(Basadre Ayulo, 1997: 263). 

Al participar de los procesos judiciales, los campesinos entonces se relacionaron con 

una forma discursiva del Estado. Para sacarle el máximo provecho a esta forma tuvieron 

que construir argumentos legales junto con sus agentes de pleitos. Pero, al mismo tiempo, 

tuvieron que elaborar argumentos históricos y culturales a fin de probar que las tierras en 

disputa eran suyas. Para ello acudieron a la memoria de los ancestros y de los orígenes de 

la comunidad. Sobre ello hablaremos en el siguiente capítulo. 

 

 



Capítulo VII 

BATALLAS POR LA MEMORIA 

 

 

La recuperación del pasado es indispensable; lo cual no 
significa que el pasado deba regir el presente, sino que, al 
contrario, este hará del pasado el uso que prefiera. 

Tzevetan Todorv: Los abusos de la memoria, p. 27 

1. UN POCO DE TEORÍA 

Por un lado, la memoria alude a la facultad psíquica de los individuos para recordar y 

olvidar el pasado. Por otro lado, se refiere a la forma cómo las personas reconstruyen la 

historia (Jelin, 2002: 17). Por lo tanto, puede aparecer como otra forma de conocimiento 

histórico que se caracteriza por presentar una continuidad entre el recuerdo del pasado y la 

conciencia del grupo que la mantiene, sin líneas de separación claramente trazadas y sólo 

con límites irregulares e inciertos.177  

Las personas recuerdan y reconstruyen el pasado, a partir de ciertos puntos de 

referencia que sirven para encontrar el recuerdo y transmitirlo a los demás. Maurice 

Halbwachs denomina a dichos puntos como marcos sociales de la memoria y agrega que 

pueden ser temporales y espaciales. Temporales porque están asociados con las fechas de 

nacimientos, defunciones, aniversarios, fiestas, etc. y espaciales porque dan cuenta de 

                                                 
177 En tal caso, la memoria adquiere una doble acepción: por un lado se refiere al recuerdo actualizado a 
partir de ciertas expectativas, intereses o influencia social, y por otro alude a las narrativas que los portadores 
de dichos recuerdos elaboran a partir de esos recuerdos, que son subjetivas y posibles de ser transmitidas a 
los demás mediante diversos mecanismos. Tal vez, las categorías que mejor definen ambas acepciones son 
“rememorar” y “conmemorar”, como sinónimos de “hacer memoria” y “trabajar con la memoria”, 
respectivamente.  



182 
 

lugares, construcciones y objetos donde se han depositado los recuerdos. De este modo, 

para el sociólogo francés los marcos sociales funcionan como hitos significativos para la 

configuración de una biografía congruente de las personas y grupos y la memoria 

individual deviene en una memoria colectiva que organiza las memorias sueltas y 

personales de los individuos (Halbwachs, 2002: 9-11). 

Siguiendo el positivismo de su maestro Émile Durkheim, el citado autor indica que la 

memoria colectiva puede convertirse en un orden moral que ayude a reconstruir la 

cohesión social extinta por el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. 

Elízabeth Jelín disiente de tal definición y simplemente considera a la memoria como 

recuerdos superpuestos y compartidos por individuos que dialogan entre sí, llevan códigos 

culturales y participan de relaciones de poder (2002: 22). 

Los marcos sociales de la memoria son también definidos por Pierre Nora como 

lugares de la memoria. Señala el citado autor francés que los lugares de la memoria son, 

sobre todo, restos como los archivos, las fiestas, los panteones, los monumentos y arcos del 

triunfo, que generan un rito de conmemoración. Luego, son las creaciones de personas 

interesadas en conmemorar, que no existen por sí mismas, sino son valoradas por las 

personas por poseer tres características: materialidad, simbolismo y funcionalidad. 

Finalmente, son los libros y acontecimientos “de origen y fractura” porque fijan, 

reorganizan o marcan los recuerdos (Nora, 2009: 32-38). 

Las memorias no solamente sirven para concebir y representar el pasado; valen 

también para construir identidades colectivas. Al respecto, Elizabeth Jelín sostiene que 

para fijar parámetros de identidad, el sujeto selecciona ciertas memorias cuyos contenidos 

resaltan rasgos de identificación grupal para con algunos y de diferenciación para con 



183 
 

otros. Una vez aceptada por la comunidad, dichas memorias se convierten en elementos 

que organizan y encuadran las demás memorias; de esta forma, memoria e identidad actúan 

recíprocamente, una a favor de otra y viceversa (Jelín, 2002: 7). Nelson Manrique y 

Guillermo Nugent, siguiendo las definiciones de comunidad imaginada de Benedict 

Anderson, proponen que la memoria es una manera de construir la pertenencia a una 

nación. Así, los sectores populares construyen memorias a través de la oralidad, el rito y la 

performance, que intentan ser incorporadas a la memoria colectiva que sostiene a la 

nación, o pretenden ser adecuadas a la escritura, porque a través de ella se desarrollan 

procesos de individuación y formación de una identidad que permite mayores posibilidades 

de ejercicio de la ciudadanía participativa (Manrique, 2003: 421-434; Nugent, 2003: 13-

30). 

En las siguientes páginas, se describe y analiza la forma cómo los campesinos de 

Ayacucho elaboraron y desplegaron memorias, que aluden a los orígenes históricos y hasta 

míticos de sus comunidades, para reclamar la posesión de la tierra y responder a la forma 

discursiva del Estado. Sin embargo, dicha elaboración no fue privativa de los campesinos; 

también fue realizada por otros actores sociales, como gamonales y arrieros, para dar 

cuenta de la singularidad de su región y cultura. 

2. BATALLAS POR LA MEMORIA 

Las estrategias campesinas de defensa de la tierra activaron un proceso en el que los 

recuerdos del pasado son organizados y colocados en una gran memoria emblemática. 

Dicha memoria es reforzada con diferentes documentos que, al ser extraídos del archivo 

comunal o de los archivos privados de los notarios de Ayacucho, Huanta o San Miguel y 

correlacionados entre sí, forman una narrativa que es integrada al expediente judicial y 



184 
 

constituye prueba histórica y aparentemente irrefutable para amparar la demanda o defensa 

de la posesión comunal. Ello ocurrió, por ejemplo, en el proceso judicial que los 

campesinos de San Pedro de Cachi iniciaron en 1843 para recuperar las tierras del común 

de indios. 

San Pedro de Cachi es un pueblo de campesinos ubicado en el extremo noroccidental 

de la provincia de Huamanga, por encima de los 3.000 metros de altitud. Fue reconocido 

como comunidad por el Estado peruano recién en 1965. Muchos años atrás, en 1849, sus 

pobladores sostuvieron un juicio con María Magdalena Ascarza y su hijo Pedro Añaños por 

la posesión de unas tierras realengas que eran usufructuadas por esta última, que se llamaban 

Cocharo. En la etapa procesual de la presentación y examen de pruebas, los demandantes 

exhibieron los títulos de la comunidad. Dichos papeles fueron cuestionados por Ascarza y 

Añaños; para estos demandados se trataban de copias simples que no probaban que el terreno 

en disputa fuese tierra de repartimiento; al contrario, revelaban “la usurpación en que se 

habían mantenido en posesión, que dan lugar a no ampararles”.178 

Tal como sucedió con otros procesos judiciales, el pleito entre los comuneros de Cachi, 

Ascarza y Añaños era el corolario de un largo litigio que había empezado años atrás, cuando 

el alcalde ordinario de San Pedro Pablo Llactahuamán, el regidor Gregorio Segura y los 

campesinos de Cachi demandaron a María Enciso por usurpación de las tierras de Misacocha. 

En la pretensión, los demandantes se presentaban como sucesores de los pobladores antiguos 

del pueblo de Cachi y afirmaron que sus antecesores:  

[…] compraron los terrenos de Misacocha, que dichos antecesores compraron en 
trescientos cincuenta pesos según consta de los papeles de venta, que dichos papeles 
mucho tiempo habían estado ocultos en poder del cacique Matías Pariona, que 
falleciendo ante el cura don Melchor Yance de la Torre, a pedimento de los indios, 

                                                 
178 Títulos de la comunidad de San Pedro de Cachi, Archivo Comunal, año 1849, F. 54r. 



185 
 

sacó dichos papeles de la casa del difunto Matías Pariona, que esos terrenos han sido 
poseídos y usurpados desde mucho tiempo por don Alejo Enciso y que hoy por su 
sobrina doña María Enciso, que don Marcelo Castro siendo revisitador del distrito de 
Santiago, habiendo ya fallecido don Alejo presbítero, hizo el deslinde a pedimento de 
los indios y sin tener a mano los instrumentos o papeles por hallarse estos ocultos en 
poder del curaca Pariona, que siempre los indígenas reclamaban por dicho terreno a 
don Alejo, quien pretextaba tener los papeles en Lima, que últimamente 
encontrándose estos papeles reclamó verbalmente el indígena Bruno Llactahuamán, 
mayor de este pueblo siendo alcalde de este tiempo, a don Domingo Vellido hijo de 
esta dicha señora doña María, que en fin piden ahora los exponentes se cumpla la ley 
relativa o mandar que los despojados sean restituidos inmediatamente a su posesión, 
condenando al despojador en costas, daños y perjuicios.179 

Según los quejosos, los documentos certificaban que el predio de Misacocha formaba 

parte de las tierras del repartimiento de San Pedro de Cachi. En algún momento posterior al 

juicio, dichos papeles fueron guardados por la comunidad e incorporados a su archivo. En el 

transcurso de la presente investigación, hemos logrado explorar el archivo de la comunidad y 

hemos encontrado estos documentos antiguos, que han sido compilados y encuadernados en 

un solo expediente. Provienen de los siglos XVI y XVII y consisten en una composición de 

tierras de 1594 realizada por Gabriel Solano de Figueroa, quien llegó a reconocer los mojones 

del ayllu Hanan Vilca del vecino pueblo de Colca; un mandato para la colocación de mojones 

del corregidor de Huanta Juan Soto; un pedido de los curacas de Colca de 1719 para que se 

autorice la venta de las tierras de Misacocha que colindaban con la propiedad de Juan Enciso; 

una autorización emitida por el corregidor de Ticllas para dicha venta; y un documento de 

enajenación del predio en beneficio de los indígenas de Colca.180 En el referido expediente 

aparecen también una demanda de 1721 del alcalde ordinario de Cachi contra un testaferro de 

Enciso; una contestación de la Audiencia de Lima con la que anulaban la venta de Misacocha 

                                                 
179 Títulos de la comunidad de San Pedro de Cachi, Archivo Comunal, año 1843, F. 38r. 
180 Títulos de la comunidad de San Pedro de Cachi, Archivo Comunal, 1843, FF. 1v-23v. 



186 
 

y un escrito del corregidor de Huanta con el que sugería que las tierras sean conferidas a los 

pobladores de San Pedro de Cachi.181 

Con estos documentos, los alcaldes, regidores y comuneros de Cachi intentaron probar en 

el siglo XIX que el común era poseedor de las tierras de Misacocha desde la época colonial y 

que desde entonces había enfrentado exitosamente la expansión de la propiedad privada de los 

Enciso, con el respaldo del Estado colonial. Con tal argumento histórico, en 1843 el 

apoderado Diego Morales pidió al juez de Primera Instancia de Huanta-Huamanga-Cangallo, 

“[…] hacer vista de ojos, deslinde y apeo de las referidas tierras, con citación de los 

colindantes, quienes comparecerán el día que U. se sirva señalar con sus respectivos títulos, 

proveyendo al mismo tiempo, si necesario fuere, se nombren peritos por los interesados, que 

conozcan los mojones y linderos, como es todo de justicia”.182 El magistrado accedió al 

pedido y programó el acto para el 2 de junio. Sin embargo, este fue saboteado por María 

Enciso, quien no sólo faltó al deslinde, sino consiguió anular todo lo actuado pretextando que 

hasta el momento se habían modificado “los límites de la posesión en que, por espacio de 

ochenta y nueve años, incluso el tiempo de mis mayores, he estado quieta y 

pacíficamente”.183 Morales reclamó otro deslinde que también fue frustrado por la súbita 

muerte de Enciso. El pleito terminó dos años después, cuando los apoderados de ambas partes 

optaron por conciliar y devolver al común de Cachi la posesión de las tierras de Misacocha.184 

De igual forma, en el juicio que en 1849 enfrentó a Mariano Palomino y Francisco 

Aguilar contra el común de campesinos de Culluchaca y que hemos reseñado en el capítulo 

anterior, ambos contrincantes recurrieron a la historia personal y construyeron una memoria 

                                                 
181 Títulos de la comunidad de San Pedro de Cachi, Archivo Comunal, 1843, FF. 24r-37v. 
182 Títulos de la comunidad de San Pedro de Cachi, Archivo Comunal, 1843, F. 45r. 
183 Títulos de la comunidad de San Pedro de Cachi, Archivo Comunal, 1843, F. 66r. 
184 Títulos de la comunidad de San Pedro de Cachi, Archivo Comunal, 5 de marzo de 1845, F. 10r. 



187 
 

para hacer valer, cada uno de ellos, sus derechos de posesión. Por un lado, Palomino y 

Aguilar nominaban a sus ascendientes y en especial al platero español Juan García Sotelo 

como los legítimos propietarios de los predios, exhibiendo escritos que databan de 1625, 

1674, 1688, 1690 y 1734 y que precisamente señalaban ello. Por otro lado, los campesinos de 

las alturas de Huanta mencionaban a sus caciques coloniales y hasta al inca Huayna Cápac 

como sus legítimos ascendientes. 

En efecto, según los instrumentos mostrados por ellos, los caciques Juan Mayor Guachos 

y Juan Sullca Guachos Cóndor vendieron el 7 de agosto de 1625 al indígena de Parinacochas 

Juan Guamán las tierras realengas de Culluchaca, Pucarayocc, Saygua y Mojón como 

“herederos de nuestros abuelos y antepasados, por necesidad que tenemos de plata para pagar 

los tributos y mitas de los ausentes […]” 185 Luego, el 19 de febrero de 1632 celebraron otra 

venta con María Yacchi: 

Digo don Juan Guachos y don Juan Sullca Guachos Cóndor, caciques y mandones de 
la parcialidad de Macachacra, que es mucha verdad que os vendo [sic] un hato de 
vacas y estancia nombrada Collosanca [Culluchaca], Llicapata, Ityapampa hasta 
Sonccoguillca Ccasa, hasta Lanayacullapampa, Ochoraccay [sic] a doña María 
Yacchi; para ello tengo títulos del señor don Gabriel Solano de Figueroa, visitador 
general, desde el tiempo del ynga Guayna Ccapacc fueron dadas y repartidas para tan 
solamente a nuestros antepasados, en la qual dicha posesión he estado en quieta y 
pacífica posesión sin contradicción de persona alguna, la qual que os vendemos para 
el entero de las tasas y tributos de los yndios ausentes y nuestros, siendo presente el 
dicho alcalde pueda interponer e interpongo en ella su autoridad y decreto judicial.186 

La construcción de los enunciados esgrimidos por los campesinos de las alturas de Huanta 

para obtener su pretensión y por Palomino y Aguilar para hacer valer sus supuestos derechos 

de posesión grafica las características simbólicas y funcionales de una memoria que subyace y 

a la vez estructura el proceso judicial. En efecto, ambas memorias sirven como argumento 

moral para la defensa de los terrenos en cuestión, pero también exaltan las distintas visiones 
                                                 
185ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expediente Civil de Huanta, 1849, sin foliación. 
186 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 36, Expediente Civil de Huanta, 1849, sin foliación. 



188 
 

culturales sobre la posesión de la tierra, en una etapa en la que las reformas borbónicas y las 

posteriores leyes liberales agrarias de Bolívar y La Mar introdujeron la noción de propiedad 

privada de la tierra. En este marco normativo y discursivo del Estado, los descendientes de 

Sotelo recalcaban la posesión individual y hereditable de unas tierras que en su origen fueron 

realengas y ahora pretendían transformarlas en propiedad privada. Por su lado, los campesinos 

valoraban la antigüedad y originalidad de sus títulos o de las versiones de sus testigos y 

enfatizaban el usufructo colectivo del predio. Además, con dichos enunciados, los campesinos 

formulaban una definición cultural y hasta étnica de la disputa, en contraposición a la 

intencionalidad estrictamente legal que Palomino y Aguilar conferían al proceso (La Serna, 

2013: 257). 

Sin embargo, ambos enunciados corresponden a dos memorias emblemáticas en 

contienda, que intentaban establecer conexión entre un litigio que se desarrollaba en tiempos 

republicanos y el recuerdo de un pasado mediato colonial. Una de ellas enlazaba 

adecuadamente el presente con el pasado, al establecer funcionalmente una línea de 

continuidad entre las adquisiciones de Sotelo (el propietario original de Culluchaca) y la 

posesión de Palomino y Aguilar. En cambio, el otro solo lograba tal conexión de forma 

simbólica, para probar que los campesinos eran los posesionarios colectivos por ser 

descendientes de caciques de la época colonial y hasta de un inca de los tiempos 

prehispánicos. Las tierras de Culluchaca y Orccohuasi que estaban en disputa eran realengas y 

desde mucho tiempo atrás eran posesionadas por los campesinos; por lo tanto, eran 

consideradas como posesión colectiva. Estos incluso habían parcelado el predio y entregado 

las parcelas a las familias comuneras para su usufructo. No contaban con documentos 

históricos para probar dicha posesión y en el transcurso del proceso judicial optaron por usar 

el testimonio oral de los octogenarios y nonagenarios de la comunidad para afirmar su 



189 
 

argumentación simbólica. En este caso, la memoria desplegada por los ancianos de la 

comunidad no solo era útil, sino también selectiva, puesto que en el proceso judicial estos 

recordaban y transmitían el recuerdo de aquello que los demás querían oír. 

La recurrencia a la memoria de los ancestros aparece con mayor nitidez en el largo 

proceso judicial que enfrentó a los campesinos del común del pueblo de Quinua con Isabel 

Aedo por las tierras de Ahuaccollay durante más de diez años y que hemos reseñado en el 

capítulo anterior. El voluminoso expediente judicial de este caso contiene numerosos 

instrumentos que datan de los siglos XVII y XVIII y sirven para que los contrincantes puedan 

moralmente argumentar sus derechos posesionarios. 

En octubre de 1850, cuando ya se había iniciado el proceso judicial, la demandada Isabel 

Aedo exigió que se mostrase “[…] el expediente organizado por los antiguos caciques don 

Melchor Guayllasco y don Pablo Guasaca ante el señor obispo igualmente que virrey don 

Diego Ladrón de Guevara, sobre las fincas acensuadas pertenecientes al pueblo de Quinua, 

que en tres cuadernos tiene en su poder Antonio Guasaca, natural de aquel pueblo, sin saberse 

el medio por donde los haya obtenido”.187 Dicho expediente, que aparece adosado a uno de 

los cuadernos del proceso judicial, contenía los instrumentos empleados por los campesinos 

de Quinua para sostener su pretensión y eran los siguientes, de acuerdo al orden en el que 

aparecen: un pedido de Juan Camacachin de 1618 para posesionar las tierras de Suso; una 

recusación presentada por Rodrigo Paucartanqui al corregidor de Huamanga, como esposo de 

Magdalena Choquetinto, la inicial posesionaria de las tierras de Suso; otro escrito de 

Camacachin insistiendo en su pedido; otra nueva recusación de Paucartanqui; documentos 

que registraban las declaraciones de los testigos presentados principalmente por este último; 

una demanda presentada en 1753 por los alcaldes y regidores de la doctrina de Quinua contra 
                                                 
187 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 15, Causas Civiles, 1850, F. 23r. 



190 
 

el curaca Pablo Guasaca; otro escrito mandado redactar por Melchor Sulca, alcalde ordinario 

de Quinua, con el que acusaba a Guasaca de haberse apropiado del dinero del censo de las 

tierras de la reducción; otro escrito del mismo alcalde, con el que buscaba probar la 

ilegitimidad del curacazgo del aludido Guasaca; un informe del protector de indios al 

respecto; el documento de descargo de las acusaciones mandado elaborar por el curaca, que 

adjuntaba los instrumentos sobre su condición legítima de indio noble; y un balance de gastos 

del dinero de mitas y tributos presentado por el curaca todavía en 1742.188 

Según la memoria de los campesinos, el usufructo colectivo de las tierras de Ahuaccollay 

se remontaba a 1618, cuando Juan Camacachin, “yndio del pueblo de Quinua de la 

encomienda de Pedro Diez de Rojas y residente en esta ciudad” de Huamanga, demandó la 

posesión de “un pedazo de tierra y chacra llamado Susso, distrito del dicho pueblo de Quinua 

[sic]” como hijo legítimo y heredero de Cristóbal Juan Camacachin, quien estuvo casado con 

Magdalena Choquetinta, la hija de Cristóbal Chuca, cacique del ayllu Lurinsayocc.189 

Camacachín argüía que su padre había obtenido la posesión de dicho predio luego de haber 

ganado un pleito con Alejo Vilcatoma. No obstante, Camacachin fue desmentido por el nuevo 

consorte de Choquetinta, Rodrigo Paucartanqui, quien afirmó que las tierras pertenecían a su 

esposa por haberlas heredado de su padre y ancestros y que el dicho Camacachin era 

descendiente de forasteros y yanaconas de hacienda. Para probar sus afirmaciones, 

Paucartanqui presentó el testimonio oral de ancianos que eran considerados como los 

principales del pueblo y conocían a ambas partes. Uno de ellos, Gerónimo Choque 

Auquicanchi, rememoró lo siguiente: 

[…] que las dichas tierras y chacra llamada Susso sobre que se litiga con el dicho 
Pedro Huamán Camacachi zapatero fueron y son de la dicha Magdalena Choquetinta, 

                                                 
188 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 15, Causas Civiles, 1850, FF. 1r-25r. 
189 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 15, Causas Civiles, 1850, F. 5r. 



191 
 

heredadas de su padre y abuelos desde el tiempo del ynga porque se las dio el mismo 
ynga por ser como era criado suyo y guardaba a los pájaros y otras aves que el dicho 
ynga Ataguallpa tenía para su recreación y por esta probanza se las mandó dar y se las 
dio [a] un casicho [sic], un cacique señor que el dicho ynga envió visitando esta tierra 
y por mandato del dicho ynga se les dio y adjudicó las dichas tierras de Suso y otras 
que tuvo a Halaca, abuelo de Magdalena Choquetinta, que al presente vive y heredó 
las dichas tierras de Suso. Y el dicho Halaca, que será gentil, se las dejó a su hijo 
Cristóbal Chuca padre de la dicha Magdalena y esto cosa de tiempo, porque como 
cacique principal se informó y está informado de todos los viejos antiguos que los 
saben y que después como hija legítima de Cristóbal Chuca las heredó el dicho su 
padre y esto responde. 190 

Esta versión oral fue confirmada por otro testigo, el encomendero Pedro Diez de Rojas, 

quien agregó que el primer marido de Choquetinta, Cristóbal Guaman Camacachin, viajó a 

Lima para defender las tierras de los intereses de Alonso Vilcatoma. Puesto que el juicio le 

fue favorable, obtuvo del corregidor las tierras de Suso y las traspasó a favor de su esposa. 

Otro testigo, el “principal” del ayllu Hanansayocc Domingo Cóndor Viñac, agregó que el 

padre de Cristóbal Guaman Camacachin, Pedro Guaman Camacachin,  

[…] fue natural del valle de Jauja y se vino a este dicho pueblo y se visitó en él y que 
don Cristóbal Guaman Guallpa, cacique principal, por orden del visitador le dio y 
repartió [las] tierras [de] Unacaguasi y Guascarpara [¿Guacaurara?] y otros pedazos de 
tierra, cuyo derecho le pertenece al dicho Pedro [Juan Camacachin] zapatero y no las 
de Susso que pide porque nunca fueron suyas ni de sus padres.191 

A continuación, la memoria de los campesinos alude a una impugnación realizada en 

1753 por los alcaldes y regidores del cabildo indígena de Quinua al cacique Pablo Guasaca, 

por haberse apropiado de 2.140 pesos de censo de las tierras de Guacaurara, Churucana y 

Ococonga (Ahuaccollay) que debieron ser destinados para el reemplazo de los mitayos de la 

mina de Huancavelica. Guasaca, además, era acusado por el protector de indios por ser 

“intruso a dicho curacazgo, de genio belicoso y poco leal en el cobro de tributos y censos” y 

de usurpar el cargo al haber sido nombrado como jefe étnico por el virrey Marqués de 

Villagarcía, en 1742, en reemplazo de su padre Francisco Guasaca, quien estaba impedido de 
                                                 
190ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 15, Causas Civiles, 1850, F. 12r 
191 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 15, Causas Civiles, 1850, F. 16r. 



192 
 

cobrar tributos por su avanzada edad.192 El citado protector exigió que sea reemplazado por 

“Idelfonso Guallasco, nieto legítimo de don Blas Guallasco, curaca que fue del mismo 

pueblo”.193 

La memoria de sucesión genealógica y curacal terminó señalando que el padre del 

controvertido curaca, Francisco Guasaca, consiguió el cargo de jefe nativo del ayllu 

Lurinsayocc mediante decreto del corregidor de Huanta Joseph de Mendieta en 1726, por 

estar casado con Rufina Guayllasco, quien a su vez fue primogénita de Blas Guayllasco, 

curaca principal del ayllu, y de Luisa Paucarpoma Luyro. 

Después de revisar estos testimonios, cabe formularse la siguiente pregunta: ¿qué tienen 

que ver las historias del marido de Magdalena Choquetinta y del cacique Guasaca con las 

tierras de Ahuaccollay? La respuesta es obvia: no existe ninguna relación entre las hazañas de 

estos nobles indígenas de la época colonial y el predio que era disputado por los campesinos 

de Quinua a mediados del siglo XIX, porque en la documentación con la que se construye la 

memoria se menciona la hacienda Suso. Entonces, ¿por qué Aedo exigió en el transcurso del 

proceso que los campesinos exhibiesen estos documentos? 

Aparentemente, la respuesta es simple: Aedo quería desbaratar la memoria de sus 

contrincantes. Sin embargo, existe una intencionalidad en los actos de los campesinos. Ellos 

consideraban que las tierras de Suso y Ahuaccollay formaban una misma propiedad 

proindivisa que simbólicamente se conectaba con aquellos caciques que eran considerados 

como los ancestros del pueblo. En efecto, en otro expediente utilizado por los campesinos de 

Quinua para pedir el reconocimiento de su comunidad campesina ante el Estado en 1939, se 

lee que los hermanos Cristóbal, Felipe, Pedro, Francisco y Alonso Suyro, herederos del 
                                                 
192 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 15, Causas Civiles, 1850, F. 5r. 
193 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 15, Causas Civiles, 1850, F 5r. 



193 
 

curaca Pedro Suyro, demandaron en 1595 la composición de las tierras de Suso ante el 

compositor Gabriel Solano de Figueroa y que luego Francisco Guasaca, “cacique y 

gobernador del pueblo del Quinual [sic] del ayllu Lusinaco [Lurinsayocc]”, pidió amparo y 

posesión de las tierras de Suso y Cceccra, que habían sido invadidas por Antonio y Francisco 

López Jerí en 1724. En el mismo expediente aparece un escrito presentado en 1725 por el 

cacique Sebastián Pablo Guasaca al virrey Marqués de Villagarcía en el que dice: 

[…] que a los indios de su comunidad se le repartieron desde el año de mil setecientos 
treinta y cinco las tierras y pastos y hatos nombrados Ñahuinpuquio, Mayguayuna, 
Pamparay, Yanacocha, Mojoncancha, Urgospampa [sic], Llanavilca, Putacca, chacras 
con sus hatos y mojones, y otras en Quecra y Suso y Toctocancha, hatos de vacas con 
sus pastos y mojones para cabras y ovejas […] que después por el año de setecientos 
treinta y seis [sic] se confirió y mandó por cesión el señor doctor don Andrés de 
Villela, juez privativo y visitador de las tierras de aquellas provincias, en cuya virtud 
han estado en goce y posesión repartiéndolas continuamente a los indios para que las 
siembren y se mantengan y puedan cumplir las obligaciones y servicios personales de 
puentes, chasquis y otras funciones, como también la paga de rentas y tributos, y 
aunque por el año pasado de setecientos veinte y quatro [sic] con el motivo de la 
nueva venta que se hizo en la provincia quiso perturbar Antonio y Francisco López 
Jerí, hijos de Juan López Jerí que antiguamente quiso introducirse y fue lanzado, 
tratando estos de apropiarse de las cuatro suertes de tierras nombradas Susso, 
Quecrapampa, Vacuy, Mayguayra y también Ñahuinpuquio y Managuaytuy, se 
presentó el cacique en nombre del común de este superior gobierno que debo a su 
favor la provisión de amparo, en cuya virtud las justicias le han mantenido repetidas 
veces en la titulación y amparo de posesión y goce de las referidas tierras, hatos y 
pastos, conforme a sus linderos y mojones […] 194 

En esta extensa cita, Guasaca es mencionado como el cacique descendiente de los 

primigenios jefes nativos del lugar: don Pedro Suyro y sus hijos, quienes según el recuerdo 

campesino lograron la posesión de la propiedad comunal. Aquel Pablo Guasaca y este 

Sebastián Pablo Guasaca son la misma persona: el curaca descendiente de Suyro que existió 

en tiempos del virrey José Antonio de Mendoza, Marqués de Villagarcía (1735-1745). La 

mención de este gobernante actúa como un punto de referencia para localizar o reencontrar 

el recuerdo en relación con la tradición. 

                                                 
194ADRAy, Huamanga 42, Lurinsayocc y Hanansayocc, F. 67v. El resaltado es mío. 



194 
 

De igual forma, la nominación de las tierras actúa como otro punto de referencia para 

estructurar la posesión comunal y relacionar un hito con otro.  El sitio de Urgospampa no 

viene a ser otro que Higospampa o Uviscancha; es decir, la loma que formaba parte de las 

tierras de Ahuaccollay y por la cual litigaronn Aedo y la familia Ayme, tal como vimos 

antes. Por todo ello, la propietaria de Ahuaccollay mostró interés en observar los 

instrumentos usados por los campesinos como medio de prueba en el proceso judicial. 

Asimismo, ambas memorias en contradicción contienen una contraparte de silencios. Tal 

como refiere Michel-Ralph Trouillot, la decisión de silenciar demuestra manejo de poder en la 

construcción de las narrativas del recuerdo para encubrir aquello que no se quiere recordar o 

genera molestia y rechazo (1995: 23). En este caso, lo que Aedo quiere silenciar es el motivo 

que provocó tan extenso juicio. Sucede que hacia 1776, el cura Diego Castro tomó posesión 

de los terrenos de Antayccacca, “para que en él estuvieran sus ganados y la comunidad 

convino en darle dicho terreno porque era su cura, con la única calidad de que estuvieran en él 

sus ganados […]”195 

La tierra fue reclamada luego por su hijo Pedro Castro Coronado, el esposo de Isabel 

Aedo. Él aprovechó la circunstancia y se introdujo en los terrenos de Ahuaccollay, 

convirtiendo a sus usufructuarios en yanaconas de su propiedad privada. El recuerdo de uno 

de los testigos, José Loayza, vecino de Quinua y mayor de 65 años, grafica la siguiente escena 

de apropiación de las tierras: “[…] obligado por los ofrecimientos de dicho Coronado, quien 

después de estar ya mal con su mujer la señora Aedo, se apoderó de la hacienda Ahuaccollay 

alegando que tenía derecho sobre ella”.196 Luego agregó:  

                                                 
195 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 24, Causas Civiles, 1856, F. 48r. 
196 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 24, Causas Civiles, 1856, F. 46r. 



195 
 

[…] ciertamente, don Pedro Castro Coronado se constituyó en la hacienda Uviscancha 
con objeto de tomar posesión de ella y hacer lanzar a los Aymes por el juez de paz por 
entonces don Aparicio Fernández; entonces los Aymes, cuando el señor Coronado 
quiso quemar la casa de estos, comenzaron a llorar diciendo que no podían salir del 
lugar donde habían nacido y ofrecieron más bien pagar los arrendamientos y 
convinieron a seis pesos anuales, los que estaban pagando.197 

En el transcurso del proceso, esta memoria logró congregar a los campesinos en torno a 

un básico problema: la defensa de la tierra. Asimismo, estableció relaciones de solidaridad 

entre usufructuarios de un predio en común; actuó como catalizador de las narrativas e 

intereses particulares y sirvió para construir la pertenencia a un colectivo. Fue, en palabras 

de Florencia Mallon (2003), parte de un resultado hegemónico que condensó conflictos y 

negociaciones diversas que cotidianamente estallan en los sectores populares y son 

arreglados por las jerarquías comunales. 

 

                                                 
197 ARAy, Corte Superior de Justicia, Leg. 24, Causas Civiles, 1856, F. 46r. 



A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

 

 

En las páginas precedentes se ha esbozado la experiencia histórica de la población 

campesina de Ayacucho, que en el siglo XIX respondió ante los gamonales y en el marco de 

una forma discursiva del Estado republicano de dos formas: mediante procesos de 

comunalización para participar en los pleitos judiciales por el acceso a la tierra y 

elaborando memorias que daban cuenta de los ancestros y sirvieron para argumentar los 

reclamos por la tierra. 

Todo ello sucedió en medio de una circunstancia muy particular. Al iniciarse la 

república, la región de Ayacucho experimentó un sostenido crecimiento poblacional. 

Además, se recuperó de la crisis agrícola ocasionada por la guerra de la independencia. La 

producción y comercio de ciertos bienes (como los textiles) constituyeron las actividades 

más lucrativas, fomentadas por las políticas proteccionistas de los primeros caudillos 

republicanos.  

Dicha dinámica varió a mediados del siglo XIX, cuando se consolidó la producción e 

intercambio de trigo y aguardiente y apareció un doble circuito de comercio de ganado 

entre Ayacucho y la costa central, beneficiado por los ingresos del guano. Esta 

transformación ocasionó la aparición del fenómeno del gamonalismo en la región. 



197 
 

En medio de esta coyuntura de crecimiento demográfico, transformación económica y 

aparición del gamonalismo y con el acicate adicional de una legislación agraria liberal 

dada por los primeros gobiernos republicanos, se reestructuraron las haciendas, estancias, 

fincas y hatos que estaban en poder de criollos, mestizos y hasta campesinos en valles, 

quebradas y punas, orientadas principalmente a la producción de gramíneas, aguardiente y 

a la reproducción de ganado. Dichas unidades empezaron a disputar las tierras realengas 

que también eran usufructuadas por los campesinos. 

Sin embargo, estos no conservaron una actitud pasiva. Movidos por el lenguaje 

articulado, los signos, las relaciones sociales concretas, los rituales y las rutinas instituidas 

por un Estado que buscaba la normalización y organización de los individuos y a partir de 

las comunidades existentes en pueblos y formadas sobre la base de los ayllus, acudieron al 

órgano jurisdiccional para participar en los juicios en contra de los supuestos usurpadores. 

Entonces, primero resolvieron sus contradicciones internas y encararon las fuerzas 

centrífugas que les dividían, a fin de lograr el equilibrio y la cohesión colectiva. Luego, 

tomaron la decisión de enfrentar la presión externa en el órgano jurisdiccional del Estado, 

con la plena disposición de cumplir las normas y rituales del proceso judicial. Para ello 

contrataron abogados o agentes de pleitos, o se hicieron representar por los alcaldes, 

regidores, síndicos o personeros de los municipios formados sobre la base de los antiguos 

cabildos de indios. Finalmente, reunieron diferentes documentos, como títulos de 

propiedad, instrumentos de composición de tierras y escritos de juicios anteriores, con la 

intención de probar y argumentar sus reclamos y en concordancia con las formas culturales 

que el Estado desarrollaba en la sociedad rural. Estos insumos en manos de los campesinos 

terminaron convertidos en un elemento simbólico importante que aludía a la constitución 

del grupo como unidad social y cultural. 



198 
 

La instancia judicial, al admitir las demandas de los campesinos o aceptar su 

participación en los procesos, amplió el sistema de comunicación y negociación entre 

campesinos y Estado. 

Con este corpus documental, los campesinos elaboraron una memoria emblemática que 

recreaba los orígenes coloniales de la posesión colectiva de la tierra, o conmemoraba a los 

ancestros prehispánicos y coloniales (incas y curacas) para trazar puentes entre el pasado y 

el presente, lograr la aceptación judicial y hasta la solidaridad al interior del grupo. En tal 

sentido, el pasado prehispánico actuaba como un accesorio simbólico que aludía un pasado 

remoto, pero no legitimaba ningún derecho de posesión. Ello solo ocurría con su conexión 

con el tiempo colonial, pues durante esta época se habían constituido las posesiones 

colectivas (tierras de reducción, de comunidad, de parcialidad) que aquellos reclamaban. 

Por lo tanto, al forjar narrativas de continuidad y discontinuidad, los campesinos 

defendieron la validez de los documentos coloniales, cuyos orígenes podían establecerse 

con precisión, para luego vincularlos simbólicamente con el remoto pasado prehispánico. 

Cabe anotar que en tiempos actuales muchas comunidades campesinas continúan 

elaborando manipulando simbólicamente el pasado prehispánico para justificar sus 

diferencias o sancionar sus conflictos. Es el caso de Chuschi y Quispillacta, dos 

comunidades que mantienen una relación conflictiva al menos desde tiempos coloniales y 

cuyos orígenes tienen que ver, según ellas, con los grupos contrarios de mitimaes que los 

incas establecieron en Huamanga en el siglo XV. Mientras que la primera se representa 

como descendiente de aimaras del altiplano, la otra aparece como heredera de los Canas 

del Cusco. 



199 
 

La decisión de los campesinos de lograr el equilibrio y la cohesión interna para acudir 

al órgano jurisdiccional del Estado y dialogar con la forma discursiva estatal puede ser 

considera, en el respectivo contexto, como una decisión republicana. Los campesinos 

terminan reproduciendo y conversando con el discurso republicano del Estado relacionado 

con la propiedad de las tierras y la administración de población indígena. En tal sentido, 

los antiguos indígenas de la época colonial devinieron en campesinos republicanos en el 

siglo XIX. 

Antes de finalizar, se debe precisar el corte temporal de la historia narrada en las 

páginas previas, limitado por la guerra de la independencia y la guerra del Pacífico. Se 

trata de una definición conceptual que delimita la participación política de los campesinos 

ayacuchanos en un tiempo caracterizado por la ausencia de rebeliones, levantamientos, 

motines y protestas. Dos son los hechos trascendentes que decantan el protagonismo 

campesino: la sublevación de los campesinos de la puna de Huanta en 1827 y la etapa final 

de la campaña de la Breña en 1883. Ambos no han sido tomados en cuenta para el presente 

análisis porque existe una bibliografía especializada que se ocupa de ellos. Sin embargo, 

entre ambos hitos, se desenvuelve un protagonismo campesino a través de los procesos 

judiciales, la defensa de la tierra y la elaboración de la memoria. Dicho protagonismo, 

espontáneo y silencioso, merece ser estudiado, ya que forma parte de las luchas y procesos 

históricos de los mismos campesinos en continua relación con el Estado, tal como 

mencionamos en la introducción del presente trabajo. 

Asimismo, dicho protagonismo campesino guarda correspondencia con otras acciones 

y disposiciones que también tendían a asegurar la vinculación entre Estado y campesino y 

que han sido analizadas tangencialmente o no han sido profundizadas en la presente tesis 



200 
 

porque escapan de los objetivos de la investigación. Dichas formas son la contribución 

indígena, el reclutamiento militar y las elecciones. 

Sobre la contribución indígena, cabe recordar que esta fue eliminada oficialmente en 

1854, aunque subsistió en los años posteriores en varias localidades. Hacia mediados del 

siglo XIX muchas comunidades de Ayacucho no pagaban la tasa impositiva, alegando que 

habían sido perjudicadas por la guerra de la independencia, o habían sido exoneradas por 

su contribución a la patria. A partir de tal constatación, cabe enunciar que no sólo con el 

pacto tributario los campesinos se relacionaban con el Estado republicano; también lo 

hicieron al solicitar la exoneración tributaria o al contradecir la exigencia fiscal, usando las 

mismas formas y el mismo lenguaje del Estado. 

Asimismo, a partir de las investigaciones de Cecilia Méndez (2013), se considera que 

el reclutamiento fue un espacio usado por los campesinos para demandar ciudadanía y 

negociar derechos y obligaciones con el Estado. Y con respecto a las elecciones, se insinúa 

que ellas fueron una forma de participación ciudadana de los campesinos, cuando las 

primeras Constituciones republicanas negaban la condición ciudadana a las poblaciones 

ágrafas. Sin embargo, todavía no se cuenta con la evidencia empírica que dé cuenta de la 

participación constante de los campesinos en los procesos electorales del siglo XIX, o de 

sus motivaciones políticas para acudir a ellos. 

  



201 
 

FUENTES DOCUMENTALES 

 

 

 

Archivo Regional de Ayacucho (ARAy): 

Sección Intendencia: 

 Causas Civiles (1785-1806) 

Sección Prefectura: 

 Oficios recibidos de las subprefecturas de Huamanga y Huanta (1864-1905). 

 Oficios recibidos de diferentes gobernaturas (1887-1954). 

 Oficios recibidos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (1861-1908). 

 Oficios recibidos de la Guardia Nacional (1875-1928). 

Sección Municipalidad: 

 Libro copiador de oficios remitidos a las diversas instituciones (1871-1886). 

 Libro copiador de decretos y resoluciones (1869-1900). 

 Libro de actas de sesiones (1857-1880). 

 Oficios recibidos de las áreas del Concejo Provincial (1833-1871). 

 Oficios recibidos de la Prefectura del cercado (1832-1869). 

 Oficios recibidos de la Subprefectura e Intendencia Policial (1827-1899). 

 Oficios recibidos del Concejo de Quinua (1863-1928). 

 Oficios recibidos de los Concejos de Pischa y Chiara (1863-1927). 

 Alcaldía: solicitudes recibidas (1827-1875). 

 Matrículas (1869-1907). 

Juzgado de Primera Instancia: 

 Causas Civiles (1825-1844). 

Corte Superior de Justicia de Ayacucho: 

 Causas Civiles (1845-1870). 

 Juzgados de Paz (1844-1873). 

 Diezmos (1844-1862). 

Sección Notarial: 

 Julián Caro (1837-1852). 



202 
 

 Jacinto Cenzano (1841-1847). 

 Narciso Arce (1878-1881). 

 José H. Mendoza (1848-1852). 

 Esteban Morales (1836-1842). 

 Mariano Ochoa (1869-1885). 

 Mariano Tueros (1839-1868). 

 Roca / De la Cruz / Olano (1867-1868). 

 Menacho / Aspur / Sotomayor (1866-1880). 

Archivo de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho (ADRAAy): 

Cangallo: 

 Tucsín. 

 Urihuana. 

Huamanga: 

 Anansayocc y Lurinsayocc. 

Huancasancos: 

 Lucanamarca. 

Huanta: 

 Aranhuay. 

 Carhuahurán. 

 Chachapata. 

 Huamanguilla. 

 Mayhuavilca. 

 Pampalca. 

 Pampa Coris. 

La Mar: 

 Anchihuay. 

 Anco y anexos. 

Lucanas: 

 Andamarca. 

 Asabamba. 

 Ccontocc. 

 Huallhua y anexos. 



203 
 

 Lucanas. 

 Mayobamba. 

 Ocaña. 

 Paras. 

 San Diego de Ishua. 

 Sancos. 

Parinacochas: 

 Huamanmarca. 

Vilcashuamán: 

 Pomacocha y anexos. 

Archivo de la Comunidad de San Pedro de Cachi: 

Apuntes contractuados de los títulos del pueblo. 

Archivo General de la Nación (AGN): 

Derecho indígena. 

Libros varios (H-4): 

 Contribuciones (1826-1851). 

Ministerio de Justicia (RJ): 

 Corte Superior de Justicia de Ayacucho y Huancavelica (1845-1859). 

 Corte Superior de Justicia de Ayacucho (1860-1880). 

 Prefectura de Ayacucho (1825-1880). 

Comunicaciones de las Prefecturas al Ministerio de Hacienda (OL): 

 Prefectura de Ayacucho (1836-1870). 

Biblioteca Nacional (BN): 

Colección manuscritos. 

Periódicos: 

 El Peruano (Lima, 1842-1867). 

 El Cadete en Jefe (Ayacucho, 1835). 

 El Nueve de Diciembre (Ayacucho, 1835). 

 El Victorioso (Ayacucho, 1835-1837). 

 Ayacucho Libre (Ayacucho, 1843). 

 El Restaurador de Ayacucho (Ayacucho, 1844-1845). 

 El Franco (Ayacucho, 1846-1848). 



204 
 

 La Alforja (Ayacucho, 1849-1852). 

 La Opinión en Triunfo (Ayacucho, 1854). 

 El Liberal (Ayacucho, 1856). 

 El Filántropo (Ayacucho, 1850). 

 La Estrella del Pueblo (Ayacucho, 1862). 

 

  



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