PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES La ilusión del (des)orden: arreglos políticos en la región de Alto Huallaga durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000) Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Ciencia Política y Gobierno presentado por: Segovia Marín, Andrea Fernanda Asesora: Alayza Mujica, Maria Rosa Lima, 2022 Informe de Similitud Yo, María Rosa Alayza Mujica, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora de la tesis titulada/trabajo de investigación titulado “La ilusión del (des)orden: arreglos políticos en la región de Alto Huallaga durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000)”, de la autora Andrea Fernanda Segovia Marín dejo constancia de lo siguiente: - El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 14%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el 11/04/2023 - He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional, y no se advierte indicios de plagio. - Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas. Lugar y fecha: Lima 11 de abril 2023 Apellidos y nombres de la asesora: Alayza Mujica María Rosa DNI: 07814726 Firma ORCID: 0000-0002-6721-931X Dedicatoria A mi papá, que me regaló su pasión. Su vida y profesión policial inspiraron mi interés por el conflicto armado y las economías ilícitas. A mi mamá, que me regala su amor y su cuidado. Ella me recuerda a diario que mi meta más importante es mi bienestar. A mis maestras y maestros, que acompañaron, guiaron y contribuyeron con sus comentarios a esta tesis. De manera especial a mi asesora, Rosa. A mis amigas y a mis amigos, que durante todo este proceso celebraron conmigo, me alentaron y, cuando fue necesario, también me acogieron. A todas las investigadoras e investigadores que antes de mí documentaron y buscaron entender los procesos dentro del conflicto armado interno. Sin su labor esta investigación no habría sido posible. Y a todos los seres que siempre me cuidan y me guían. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Resumen ¿Son los conflictos armados internos situaciones de completo desorden? Esta tesis propone el uso de la teoría de arreglos políticos (Khan 2010) para explicar cómo durante los procesos de guerra civil se crean y mantienen instituciones que otorgan características de orden a las sociedades en conflicto durante determinados periodos de tiempo. Usando una metodología cualitativa de revisión documental del acervo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se investiga el caso del Alto Huallaga para demostrar el proceso de creación y transformación institucional durante las guerras civiles. En el Alto Huallaga se conformaron dos arreglos políticos durante los periodos de 1980-1989 y 1989-2000. El primer arreglo político fue dominado por Sendero Luminoso, quien desde los comités populares reguló el mercado de la coca proveyendo mínimos viables económicos y políticos a campesinos y narcotraficantes. Su capacidad para garantizar estos resultados fue debilitada por la crisis del precio de la coca y la nueva estrategia de contrainsurgencia del estado peruano. Así, se configuró un segundo arreglo político donde el ejército y las firmas de narcotraficantes, desde su colusión, fueron coalición gobernante, permitieron el libre ejercicio de la economía de la coca y organizaron a la población de manera poco intrusiva. A partir del análisis de ambos sistemas, se identifican las siguientes particularidades de los arreglos políticos que surgen en escenarios de guerra civil: (i) suceden en un contexto dinámico; (ii) incorporan la violencia; (iii) el cambio es impulsado por estrategias en línea con las expectativas sociales; (iv) la permanencia depende de la capacidad de adaptación de los actores a choques externos. La tesis avanza la agenda de investigación del estudio del conflicto armado interno peruano a nivel micro (Soifer 2017) y complementa la propuesta inicial del marco analítico de arreglos políticos planteando nuevos contexto en los que puede ser aplicado. Palabras clave: arreglos políticos, conflicto armado interno, guerra civil, instituciones, economía ilícita Abstract Are internal armed conflicts situations of complete disorder? This thesis proposes the use of political settlement theory (Khan 2010) to explain how during civil war processes institutions that grant characteristics of order to societies in conflict during certain periods of time are created and maintained. Using a qualitative methodology of documentary review of the archive of the Truth and Reconciliation Commission, the case of Alto Huallaga is investigated to demonstrate the process of institutional creation and transformation during civil wars. In the Upper Huallaga valley, two political settlements were formed during the periods 1980-1989 and 1989-2000. The first political settlement was dominated by Sendero Luminoso, who from the ‘comités populares’ regulated the coca market by providing minimum economic and political viability to peasants and drug traffickers. Its ability to guarantee these results was weakened by the coca price crisis and the Peruvian state’s new counterinsurgency strategy. Thus, a second political settlement appeared where the army and the drug trafficking ‘firmas’, through their collusion, were the governing coalition, allowed the free exercise of the coca economy and organized the population in a little intrusive way. Based on the analysis of both systems, the following particularities of the political settlements that emerge in civil war scenarios are identified: (i) they take place in a dynamic context; (ii) they incorporate violence; (iii) change is driven by strategies in line with social expectations; (iv) permanence depends on the actors’ capacity to adapt to external shocks. The thesis advances the research agenda of the study of the Peruvian internal armed conflict at the micro level (Soifer 2017) and complements the initial proposal of the political settlement analytical framework by posing new contexts in which it can be applied. Key words: political settlements, internal armed conflict, civil war, institutions, illicit economy Tabla de contenido Introducción ..................................................................................................................... 1 1. Revisión de literatura ............................................................................................. 5 1.1. Cambio y creación institucional en contextos de conflicto armado ........................ 5 1.2. La creación y transformación institucional en el conflicto armado interno peruano ......................................................................................................................... 11 1.3. El Valle del Alto Huallaga en el conflicto armado interno ..................................... 14 1.3.1. Tres versiones sobre el orden y la construcción institucional durante el conflicto armado en el Alto Huallaga ........................................................................................... 17 2. Marco teórico ....................................................................................................... 21 2.1. Arreglos políticos.................................................................................................. 21 2.1.1. El análisis institucional y los aportes de la teoría de arreglos políticos ................ 21 2.1.2. La teoría de arreglos políticos: el análisis institucional elaborado en dos niveles ........................................................................................................................... 24 2.2. Procesos de construcción institucional en contextos de conflicto armado ........... 27 2.2.1. Adecuar la teoría de arreglos políticos a nuevas preguntas y nuevos contextos ....................................................................................................................... 30 2.3. Síntesis ................................................................................................................ 34 3. Metodología ......................................................................................................... 35 3.1. Diseño de investigación ....................................................................................... 35 3.2. Selección del caso y ámbito de estudio ............................................................... 35 3.2.1. Selección territorial ............................................................................................... 36 3.2.2. Selección temporal............................................................................................... 38 3.3. Pregunta de investigación .................................................................................... 38 3.4. Técnicas de recopilación y análisis de la información .......................................... 39 Capítulo I: Los antecedentes institucionales políticos y económicos del valle del Alto Huallaga ........................................................................................................................ 44 1. Los ciclos económicos en el Alto Huallaga y su influencia en la historia política e institucional .................................................................................................................... 45 1.1. El Proyecto de Colonización Planificada en el Alto Huallaga ............................... 47 1.1.1. El fracaso del Proyecto de colonización planificada............................................. 50 2. La llegada de la coca al valle del Alto Huallaga y su auge ................................... 53 2.1. El Valle del Alto Huallaga como un foco del narcotráfico: Las relaciones entre narcotraficantes y civiles................................................................................................ 56 2.1.1. Campanilla bajo el control de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano” ... 60 2.1.2. Tocache bajo el control de Edwin Castillo, alias “Vampiro” .................................. 62 2.2. La respuesta del Estado peruano: superposición de legalidades, desorden y vacío institucional .................................................................................................................... 65 3. Las organizaciones sociales del Valle del Alto Huallaga ...................................... 71 Capítulo II: Los arreglos políticos en la región del Alto Huallaga durante el conflicto armado interno .............................................................................................................. 74 1. Primer arreglo político (1980-1989) ...................................................................... 77 1.1. La incursión de Sendero Luminoso en el valle y la estrategia que permitió su “anclaje” ......................................................................................................................... 78 1.1.1. Los ‘grupos de avanzada’ .................................................................................... 80 1.1.2. Primeras acciones armadas de Sendero Luminoso ............................................. 81 1.1.2.1. El asesinato de los líderes locales ................................................................. 82 1.2. La estructura institucional de Sendero Luminoso en la región ............................. 86 1.3. El surgimiento de los ‘centros abiertos de la droga’ y los primeros acuerdos entre Sendero Luminoso y las firmas de narcotraficantes ...................................................... 89 1.4. Sendero Luminoso y las firmas de narcotraficantes: ¿alianza o sujeción? .......... 93 1.5. Cambios en la distribución del poder: zona de emergencia bajo el control del general Carbajal ............................................................................................................ 95 1.5.1. Una doble estrategia ............................................................................................ 96 1.6. La política contrainsurgente de Alan García y el valle bajo control policial .......... 99 1.7. La presencia del MRTA en el norte del valle y la victoria de Sendero Luminoso ..................................................................................................................... 102 1.8. El Alto Huallaga como una ‘zona liberada’ de Sendero Luminoso ..................... 107 1.8.1. La incursión de Sendero Luminoso a los centros urbanos de la droga .............. 107 1.8.1.1. La incursión clandestina a Paraíso .............................................................. 108 1.8.1.2. La incursión concertada en Tocache ........................................................... 109 1.8.1.3. La incursión concertada en Uchiza .............................................................. 111 1.9. La ampliación de la organización de los comités populares .............................. 112 1.10. Intentos de disputa al control de Sendero Luminoso ......................................... 116 1.11. Conclusiones ..................................................................................................... 118 2. Segundo arreglo político (1989-2000) ................................................................ 120 2.1. La crisis del precio de la cocaína y el decaimiento del narcotráfico ................... 122 2.1.1. El retiro de los traficantes colombianos .............................................................. 122 2.1.2. El herbicida aéreo ‘Spike’ ................................................................................... 127 2.1.3. Dispersión del hongo ‘Fusarium oxysporum’ ..................................................... 129 2.1.4. Interdicción aérea............................................................................................... 131 2.1.5. Consecuencias de la crisis del precio de la cocaína para Sendero Luminoso ... 133 2.1.5.1. El acuerdo de ‘Bombonaje’: un control más estricto sobre el mercado de la droga 137 2.2. El retorno militar al valle ..................................................................................... 139 2.2.1. La estrategia Arciniega ...................................................................................... 139 2.2.1.1. El final de la gestión de Arciniegas y el futuro de la estrategia contrainsurgente .......................................................................................................... 144 2.3. La nueva estrategia contrainsurgente ................................................................ 147 2.3.1. La creación del Frente Huallaga y la expansión de las actividades militares ..... 147 2.3.2. La creación de comités de autodefensa y el incremento de la colaboración civil con el ejército peruano ....................................................................................................... 149 2.3.3. La ley de arrepentimiento ................................................................................... 153 2.3.4. La captura de Abimael Guzmán y sus consecuencias en el poder organizacional de Sendero Luminoso ...................................................................................................... 154 2.4. Las Fuerzas Armadas a cargo de la lucha contra las drogas ............................ 157 2.4.1. La colusión sistemática entre las agencias del Estado peruano y el narcotráfico .................................................................................................................. 159 2.4.1.1. Campanilla: colusión, cooperación y el tráfico abierto de drogas................. 163 2.4.1.2. Juanjuí: ¿un pacto con el ejército o la policía?............................................. 167 2.4.1.3. Tocache: caso “Cienfuegos” y la participación de Sendero Luminoso en el nuevo arreglo ............................................................................................................... 167 2.4.1.4. Uchiza: tráfico abierto de drogas y el arbitraje de los efectivos del ejército peruano 169 2.5. Conclusiones ..................................................................................................... 171 Capítulo III: Discusión .................................................................................................. 173 1. Características de la política en contextos de conflicto armado interno ............. 173 2. Determinantes del cambio institucional en contextos de conflicto armado interno.......................................................................................................................... 179 2.1. Sostenibilidad de los arreglos políticos en el Alto Huallaga durante el conflicto armado interno ............................................................................................................ 180 2.2. Compatibilidad de los arreglos políticos en el Alto Huallaga, 1980-2000 ........... 186 2.3. Sucesos coyunturales y el cambio institucional: ¿qué factores determinan la permanencia de un arreglo político en un contexto de conflicto armado interno? ....... 192 3. Arreglos políticos en otros escenarios del conflicto armado interno................... 196 4. Liderazgos autónomos y sus efectos en la sostenibilidad de los arreglos políticos ....................................................................................................................... 201 Conclusiones ............................................................................................................... 204 Bibliografía ................................................................................................................... 208 Anexos......................................................................................................................... 225 Índice de tablas Tabla 1. Unidades territoriales en el Valle del Alto Huallaga ..................................... 38 Tabla 2. Capítulos consultados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ............................................................................................................... 40 Tabla 3. Consultorías sobre Alto Huallaga ................................................................. 42 Tabla 4. Entrevistas a profundidad sobre Alto Huallaga ............................................ 43 Tabla 5. Crecimiento demográfico en el Alto Huallaga, 1940 – 1981 (habitantes) .... 49 Tabla 6. Calidad del suelo en el Alto Huallaga (porcentajes) ..................................... 50 Tabla 7. Firmas de narcotraficantes en el Alto Huallaga ........................................... 59 Tabla 8. Cronología de la violencia en la cuenca del Huallaga, 1983 – 1984 ............ 82 Tabla 9. Número de muertos y desaparecidos reportados a la CVR en las provincias de Leoncio Prado y Tocache por año de ocurrencia de los hechos, 1980 – 2000 ........ 82 Tabla 10. Zonas controladas por el MRTA y zonas de influencia en el Frente Nororiental, 1987 – 1990 ............................................................................................. 102 Tabla 11. Delegados del PCP-SL en los comités populares y funciones desde 1987............................................................................................................................. 112 Tabla 12. Extensión de cultivos de hoja de coca en Perú y Colombia, 1987 – 2000 (en hectáreas) .................................................................................................................... 125 Tabla 13. Hectáreas de coca en distintos valles, 1992 – 1994 .................................. 129 Tabla 14. Precios de coca y pasta básica de cocaína (PBC lavada) en Perú, 1990 – 1996............................................................................................................................. 130 Tabla 15. Número de avionetas interceptadas y derribadas por el IPA, 1991 – 2001............................................................................................................................. 133 Tabla 16. Incidentes subversivos en los departamentos del valle del Huallaga, 1985 – 1996............................................................................................................................. 135 Tabla 17. Destrucción de laboratorios de cocaína en Perú, 1985 – 1996 .................. 157 Tabla 18. Pistas clandestinas cercanas a Bases Contrasubversivas del Huallaga ... 160 Tabla 19. Procesos contra militares por TID en el Alto Huallaga, 1992 – 1995 ......... 162 Tabla 20. Sostenibilidad de los arreglos políticos en el Alto Huallaga, 1980 – 2000............................................................................................................................. 184 Tabla 21. Componentes del poder retenido en actores poderosos del Alto Huallaga, 1980 – 2000 ................................................................................................................. 191 Tabla 22. Eventos coyunturales que realinearon la distribución del poder, 1980 – 2000............................................................................................................................. 193 Índice de figuras Figura 1. Número de conflictos armados por tipo, 1946 – 2008 .................................... 6 Figura 2. Cómo las instituciones formales explican el cambio institucional desde el NIE ................................................................................................................................ 23 Figura 3. El efecto dual de las instituciones sobre el crecimiento y la distribución de beneficios ...................................................................................................................... 24 Figura 4. Sistema de arreglo político........................................................................... 26 Figura 5. Ubicación del Valle del Alto Huallaga en Perú ............................................. 37 Figura 6. La intervención de Sendero Luminoso en la cadena de producción de la coca ............................................................................................................................... 92 Figura 7. Zonas ocupadas por Sendero Luminoso y el MRTA en San Martín, 1987 – 1990............................................................................................................................. 105 Figura 8. Reglas de Sendero Luminoso .................................................................... 114 Figura 9. Hectáreas de hoja de coca en Perú y Colombia, 1991 – 2000 .................. 126 Figura 10. Retroalimentación entre resultados económicos y estabilidad política en el arreglo político ............................................................................................................. 182 Figura 11. Distribución de las facciones según su poder retenido en países en vías de desarrollo ..................................................................................................................... 187 Figura 12. Distribución de las facciones según su poder retenido en el primer arreglo político ......................................................................................................................... 188 Figura 13. Distribución de las facciones según su poder retenido en el segundo arreglo político ......................................................................................................................... 190 1 Introducción “Conflict-affected countries are sites of intense institutional change, rather than areas of destruction and anarchy that ‘breed terror’.” (Justino 2013, p.9). Durante los años 1980 y 2000 el Perú vivió el conflicto armado interno de mayor duración, extensión geográfica y costo humano de su historia republicana (CVR 2003, p.53). En él, el escenario de violencia del Alto Huallaga se caracterizó no solo por su letalidad, sino también por presentar una dinámica excepcionalmente compleja debido a la convergencia de múltiples actores políticos armados. La presencia de los grupos subversivos Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), las fuerzas contrasubversivas del Estado, las firmas de narcotraficantes peruanas y colombianas, y los equipos de interdicción sometieron a la región a un alto nivel de violencia, superado únicamente por aquel presenciado en los departamentos de Ayacucho, cuna y epicentro del conflicto, de Junín y Pasco (CVR 2003, p.19). Ante los múltiples eventos de violencia y la diversidad de actores que la ejercieron, el imaginario social peruano ha percibido a la región como un territorio libre de reglas, completamente desordenado y violento (Kernaghan 2009; Sotelo 2003; Van Dun 2009). Esta narrativa, que se arraiga al territorio de manera “atemporal e inevitable” (Kernaghan 2009, p.93) fue reforzada por las representaciones en medios de comunicación escritos y visuales durante este periodo y en el posterior al conflicto, en las cuales se enfatizaron las amenazas a la seguridad del narcotráfico y la violencia insurgente (Mazeres 2020). En consecuencia, los eventos violentos son dados por sentado y asumidos como parte de la naturaleza del territorio. Esta comprensión casi ‘mitológica’ de los conflictos armados como cajas negras de desorden no es exclusiva al conflicto armado peruano, sino que también predominó por mucho tiempo en la literatura de política pública internacional (policy literature). Sin embargo, ante la necesidad de conocer y atender las necesidades reales de los civiles dentro de los contextos de violencia intraestatal surgió el estudio de las guerras civiles con un enfoque de nivel micro. A partir de ello, se inauguró un programa de investigación 2 interesado por estudiar la construcción de instituciones en los conflictos armados, sobre todo, por parte de actores como organizaciones insurgentes, organizaciones criminales y civiles. Dentro del estudio del conflicto armado interno peruano en la región del Alto Huallaga se ha intuido la existencia de instituciones. Ello se ha visto representado en la interpretación de los sucesos de violencia desde el fenómeno del “narcoterrorismo”, la cual identifica algunas características de orden en la región, ya que propone la existencia de una alianza entre el grupo Sendero Luminoso y los líderes narcotraficantes bajo el objetivo común de debilitar al estado peruano (Tarazona-Sevillano 1990). Dentro de este acuerdo, Sendero estableció un sistema de normas de conducta, recolección de impuestos, protección y regulación del mercado; y, por su parte los narcotraficantes protegían sus infraestructuras de las fuerzas del orden y tenían una mano de obra disciplinada y de mayor productividad. En contraparte, una segunda versión enfatizó que el periodo de conflicto contempló la interacción entre una red compleja de actores, y no una simple alianza entre terroristas y narcotraficantes enfrentados al estado peruano. Si bien, desde esta comprensión se han llevado a cabo investigaciones que incorporan la complejidad del conflicto y sus actores, éstas se han centrado en análisis sobre las estrategias militares del estado peruano y la influencia de la lucha antidrogas en ellas. En definitiva, hasta el momento no se ha concretado una investigación que analice los procesos de creación y cambio institucional dentro del conflicto armado en la región. Ante ello, la presente tesis busca responder a la siguiente pregunta: ¿qué arreglos políticos otorgaron características de orden a la región del valle del Alto Huallaga durante el periodo de 1980 a 2000? De esta manera, la investigación implementa un marco analítico de arreglos políticos (Khan 1995, 2010, 2017), el cual permite analizar la creación y sostenibilidad de las instituciones y cómo estas se interrelacionan con la distribución del poder en las sociedades. En esa línea se argumenta que, a pesar de que los conflictos armados internos experimentan altos niveles de violencia desde distintos actores que buscan imponer su soberanía, ello no significa que se cree una situación de completo desorden. Por el contrario, en determinados momentos, los actores involucrados en el proceso del conflicto armado conforman arreglos políticos. Es decir, 3 encuentran equilibrios de poder y conforman instituciones funcionales para garantizar niveles mínimos de estabilidad económica y política. Estas instituciones distribuyen sus beneficios en línea con el poder retenido de cada actor. En el caso de la región del Alto Huallaga durante el periodo del conflicto armado interno surgieron dos arreglos políticos. En estos arreglos, el mercado de la coca fue el principal elemento que configuró las expectativas de viabilidad política y económica de los actores de la sociedad. Asimismo, esta economía influyó en la distribución del poder de los actores poderosos de la región y, a partir de ello, en su capacidad para crear y transformar instituciones. La investigación presenta valiosos aportes de carácter empírico y académico, con aportes a la literatura peruana sobre el conflicto armado interno y a la literatura teórica sobre arreglos políticos. Desde una perspectiva académica, la tesis contribuye a avanzar la literatura que estudia el conflicto armado interno en el Perú. Al enmarcarse en el naciente cuerpo de investigación de los análisis a nivel ‘micro’ sobre las dinámicas sociales y políticas del conflicto, el presente trabajo supera el enfoque centrado en el estudio de la violencia y sus determinantes que ha dominado la investigación sobre el conflicto armado interno peruano. Además, la presente tesis aporta significativamente a la construcción de la teoría de los arreglos políticos. En primera instancia, identifica las particularidades que el contexto de conflicto otorga a estos arreglos. Segundo, señala los factores que, dentro de un panorama de conflicto, determinan el cambio o la permanencia institucional. En tercer lugar, profundiza respecto al factor de la ‘temporalidad’, aún en proceso de teorización, dentro de los acuerdos y señala cómo los acuerdos precedentes modifican las expectativas sobre los subsiguientes. En última instancia, al apostar por una descentralización de los casos en que se emplea la teoría de arreglos políticos, trasladándola al conflicto armado, la investigación también pone en evidencia la aplicabilidad de este marco analítico al análisis de economías ilícitas extractivas. Por otro lado, desde una visión empírica, la tesis presenta dos aportes. El primero es que, como lo indica Justino (2013) el análisis de las instituciones concretadas en el proceso de conflicto permite entender mejor los escenarios institucionales que se generan en tiempos de posconflicto. En el caso de la región del Alto Huallaga, actores como las firmas de narcotraficantes peruanas y las remanentes de Sendero Luminoso 4 pueden comprenderse desde este análisis. El segundo aporte empírico se sostiene en la versatilidad de aplicaciones que la investigación le atribuye al marco analítico de arreglos políticos. Así, la investigación demuestra cómo habilita el uso de esta teoría para el análisis de otros contextos, como es el caso de las economías extractivas ilegales. El estudio de sus recursos de poder y las instituciones que los actores poderosos, principalmente los criminales, aplican dentro de sus propios arreglos será determinante para replantear las políticas públicas y las estrategias en materia de seguridad a nivel nacional. El texto se organiza de la siguiente manera. Esta introducción abarca la revisión de literatura, el marco teórico y el diseño de esta investigación. El primer capítulo presenta los antecedentes sociales, económicos, políticos e institucionales de la región y cómo se vieron determinados por la economía del valle y sus ciclos. Un segundo capítulo ordena y analiza dos periodos donde pueden observarse arreglos políticos y realineamientos importantes del poder en la región. El tercer capítulo plantea una discusión sobre tres puntos: primero, la manera en que se experimenta la política en los contextos de conflicto armado y bajo qué dinámicas se concretan instituciones en ellos; segundo, los factores que determinan el cambio institucional en contextos de conflicto; tercero, se evalúa cómo varían los arreglos políticos que pueden observarse en distintos escenarios del conflicto; y cuarto, se analiza la necesidad de autonomía de los actores respecto a sus organizaciones para ejercer liderazgos contextualizados. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. 5 1. Revisión de literatura 1.1. Cambio y creación institucional en contextos de conflicto armado Los conflictos armados son estudiados académicamente bajo la categoría de ‘guerra civil’, la cual engloba a aquellos combates armados que se desarrollan dentro de los límites de una entidad soberana reconocida entre partes sujetas a una autoridad común al comienzo de las hostilidades1 (Kalyvas 2006). Durante las últimas décadas, estos conflictos han recibido una amplia atención académica por su proliferación y crudeza desde la Segunda Guerra Mundial: hasta el año 2003, 140 de ellos ocurrieron a nivel mundial, dejando aproximadamente 20 millones de víctimas mortales y 67 millones de desplazados (Doyle & Sambanis 2003). Si bien, durante los últimos veinte años su incidencia a nivel internacional ha disminuido (Figura 1), el legado de su violencia persiste en muchos de estos países, deteriorando las condiciones de vida locales por generaciones y frenando los procesos de construcción de democracia a nivel global (Harbom & Wallensteen 2009). Todo esto hace que estos fenómenos permanezcan como una materia de urgente investigación. 1 El concepto de ‘guerra civil’ ha sido ampliamente disputado (Kalyvas 2003, Sambanis 2004). Esto se debe a que, conceptualmente, puede traslaparse con otras categorías de conflicto armados como ‘revolución’, ‘violencia política’, ‘conflicto étnico’ y ‘terrorismo’; además, el calificar un conflicto como ‘guerra civil’ tiene consecuencias políticas, en lo práctico, otorga cierto grado de legitimidad a la facción que se enfrenta al Estado (Kalyvas & Kenny 2010). Por el lado de los estudios estadísticos de las guerras civiles, también existen múltiples definiciones operacionales, lo cual complicó la discusión y construcción entre los hallazgos respecto a la predicción y duración de estos conflictos (Sambanis 2004). De acuerdo con Kalyvas & Kenny (2010), a pesar de sus diferencias, las definiciones de ‘guerra civil’ deben coincidir en los siguientes elementos: el objetivo de las partes involucradas es el poder, las entidades participantes están organizadas, alcanzan sus objetivos mediante la violencia, y al menos una der las partes es un gobierno; la literatura consultada en esta investigación considera estos puntos. 6 Figura 1. Número de conflictos armados por tipo, 1946 – 2008 Fuente: Harbom & Wallensteen (2009, p. 579). Los primeros aportes al estudio de las guerras civiles corresponden a una literatura de casos de estudio, la cual se desarrolló desde mediados de la década de 19602. Si bien, estos casos presentaron un gran aporte de descripciones ricas en detalle respecto al inicio y los fenómenos que suceden durante una guerra civil, su capacidad de teorización fue limitada por sesgos relacionados a lo rudimentario de su metodología3. Por otra parte, durante las décadas de 1990 y 2000 se volvió mucho más prolífico el estudio de las guerras civiles como fenómeno, y no solo como caso. Así, surgió un segundo grupo de proyectos de investigación que buscaban identificar los determinantes de las guerras civiles – entre otras variables como su inicio, duración y terminación – a grandes rasgos a través de análisis cuantitativos transnacionales, es decir, considerando múltiples casos (N-grande) e impulsando la teorización. 2 Ver Wickham-Crowley (1992); Skocpol (1979); Scott (1976); Eckenstein (1965); Brass (1997); Cramer (2006); Lubkemann (2008); Nordstrom (1997). 3 Muchas de sus conclusiones se indujeron a partir de casos únicos; se estudiaron principalmente aquellos eventos que resultaban más controversiales, ya que mucha de la información era recabada a partir de trabajo periodístico e histórico; además, por la riqueza en detalles que estas investigaciones presentaban, reunían narraciones complejas y contradictorias entre sí, las cuales no fueron matizadas de forma científica (Kalyvas & Kenny 2010). 7 Estas investigaciones surgieron del controversial debate de ‘codicia versus agravio’ (greed versus grievance en inglés), el cual contrapuso la narrativa de que las guerras civiles resultan de la motivación de los individuos que se perciben agravados, asumida anteriormente desde la ciencia política (Collier & Hoeffler 2000, 2004). En respuesta, se propusieron explicaciones alternativas como la depredación de recursos (Collier & Hoeffler 2001), la pobreza relativa y la débil capacidad de los estados (Fearon & Laitin 2004); de ellas derivaron gran parte de las discusiones4. Por ello, se asoció a esta literatura con las investigaciones en política pública internacional (policy literature), donde las guerras civiles eran identificadas como un síntoma de ‘colapso estatal’ (Milliken 2003; Zartman 1995) o de un ‘estado fallido’ (Ghani & Lockhart 2008; Rotberg 2003, 2004). Dicho de otro modo, se asumía la presencia de guerras civiles como un indicador de desorden político y colapso de la gobernanza del Estado (Justino 2013). En consecuencia, dos rasgos importantes de estos estudios cuantitativos – y de las intervenciones políticas que derivaron de ellos – fueron el asumir a los estados como actores unitarios, además de un énfasis respecto a la seguridad y capacidad para mantener el imperio de la ley, proveer servicios y bienes públicos (Justino 2013). Así, esta corriente de investigaciones sufre de dos debilidades principales. La primera es su debilidad metodológica ya que, si bien permitieron identificar patrones importantes en las guerras civiles, muchas de las variables explicativas eran endógenas y no podían concluirse como causas5 (Hoeffler 2012). La segunda fue su debilidad práctica, pues un enfoque de gran escala otorgó poca atención a la vida cotidiana en los contextos de violencia intraestatal y limitó las políticas para atender las necesidades reales de los civiles más allá de sus urgencias humanitarias (Justino 2013). Frente a estas debilidades surgió un nuevo programa de investigación orientado al análisis de las micro-dinámicas o micro-procesos de las guerras civiles6 (Kalyvas 4 Ver Blattman & Miguel (2009) para una revisión de literatura sobre las correlaciones halladas dentro de este programa de investigación cuantitativo y su robustez. 5 Junto con ello, otras limitaciones fueron que los hallazgos son sensibles al procedimiento de codificación; existe amplia distancia entre los conceptos y sus variables proxy; y que no quedan claros los procesos dentro del conflicto en los que se expresan de manera empírica estas correlaciones (Kalyvas 2007). 6 Metodológicamente, el programa de investigación de los micro-procesos de las guerras civiles se caracteriza por un estudio que toma como unidad las dinámicas dentro de los conflictos, aplicando el rigor 8 2007). En él, el estudio fundacional de Kalyvas (2006) reconoce el componente territorial de estas guerras y su relación con la disputa por el poder. En estos conflictos la soberanía del Estado es fragmentada y existen zonas bajo control estatal, bajo control insurgente, y también zonas donde ambos se disputan el control de la población civil. Ante ello, se opta por un enfoque subnacional, más cercano a las visiones del Estado dentro de la ciencia política contemporánea, la cual reconoce la existencia de ‘zonas marrones’ donde el Estado no es capaz de aplicar el imperio de la ley (O’Donnell 1993) y de ’retadores del Estado’ que limitan la aplicación de sus decisiones en el territorio y lo desplazan territorialmente (Eaton 2012). En un contexto de soberanía fragmentada regionalmente, el apoyo civil se vuelve esencial para el objetivo de los actores armados involucrados de obtener el control exclusivo de un territorio. Si bien, el control militar es suficiente para garantizar la colaboración en un primer momento, el control permanente depende de la aplicación de otros mecanismos7 (Kalyvas 2006). De esta manera, los actores armados no solo obtienen la colaboración civil desde la fuerza, sino que también ejercen la coerción estableciendo instituciones para gobernar a las poblaciones locales8 (Arjona 2014a). Desde ellas aplican la violencia de manera creíble y estratégica y, con ello, transforman las normas y estructuras sociales, políticas y económicas preexistentes (Arjona 2014b). Estas instituciones creadas por actores armados se han documentado alrededor del mundo. En África, los régulos, jefes tradicionales de Mozambique (régulos) proveían de alimentos a la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO) y acataban sus normas de comportamiento (Young 1997; Weinstein 2007); más allá, el Frente Popular de Liberación Eritrea no solo estableció instituciones para proveer seguridad y cobrar científico social para la recolección sistemática de datos a nivel subnacional (Kalyvas 2007). Las investigaciones que propone desagregan los actores, tiempo y espacio para capturar procesos causales en niveles de análisis detallados (Haer et al. 2019). 7 Los mecanismos identificados por Kalyvas son: la protección frente al actor rival; monopolizar la información de manera que el unirse a la facción sea un curso de acción natural; dar credibilidad a las sanciones impuestas a corto plazo y generar expectativas de beneficios tras ganar la guerra; proveer beneficios y bienes públicos; el monitorear el comportamiento; y dar reputación de lealtad a la facción que tiene la zona (2006, p.124). 8 Estas instituciones de gobierno de las poblaciones locales otorgan beneficios a los actores armados que las establecen, entre ellos están el monitoreo cercano de los civiles, acceso a las redes políticas, la normalización del reclutamiento, el acceso a recursos materiales, acceso a información, y la implementación de su ideología y reformas (Arjona, Kasfir & Mampilly 2015; Arjona 2014a; Kalyvas 2006; Mampilly 2011). 9 impuestos, sino que también implementó una reforma agraria y brindó servicios públicos como atención médica, educación, un sistema de resolución de disputas (Pool 2001; Connell 2001). En América Latina, las guerrillas cubanas crearon consejos administrativos para proveer salud pública, legislaron y cobraron impuestos (Guevara et al. 1985); en Colombia, se han descrito las dinámicas de creación de normas, regulación de actividades económicas e influencia sobre los gobiernos locales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Arjona 2008; Ortiz 2002; Pécaut 2000); de manera similar, en Perú, Sendero Luminoso reguló la seguridad, justicia e incluso las vidas privadas de las comunidades que controlaba (Manrique 1998; Gavilán 2012), profundizamos en ello más adelante. En Asia, los Tigres de Liberación del Eelam Tamil proveyeron sistemas de educación y salud, elaboraron un código y sistema de justicia, una fuerza policial y un sistema bancario (Mampilly 2011; Stokke 2006); los talibanes en Afganistán también son reconocidos por su complejo sistema de justicia con cortes móviles9 (Sinno 2008). Es notable que las instituciones creadas por organizaciones insurgentes10 han recibido mayor atención académica, e incluso se ha desarrollado un sólido programa de investigación de gobernanza rebelde (rebel governance). No obstante, la evidencia empírica demuestra que el cambio institucional no solo es liderado por las organizaciones insurgentes. Dentro de las dinámicas del conflicto, los civiles también cuentan con agencia y muchas veces se oponen y enfrentan a los grupos armados; en ese proceso también son responsables de la creación y transformación de las instituciones (Arjona 2010). En el caso de Colombia, por ejemplo, existen más de cien municipios que se autodenominaron “zonas de paz”, aplicando estrategias como: el reforzamiento de los arreglos institucionales de sus comunidades; el establecimiento reglas de comunidad que 9 Otros casos que pueden revisarse de la creación de instituciones por parte de grupos insurgentes para ordenar a poblaciones civiles son los siguientes, ordenados por región. África: Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (Johnson 1998), Frente de Liberación popular de Tigray (Young 1997), Ejército de Resistencia Nacional de Uganda, Gobierno del Reino Rwenzururu (Kasfir 2005; Weinstein 2007); Asia: Rebeldes Maoístas de Nepal (Kattel 2003), resistencia Mujahideen ante la ocupación Soviética de Afganistán (Sinno 2008; Rubin 2002); América Latina: guerrillas en Cuba, Nicaragua y Venezuela (Wickham-Crowley 1987, 1992, 2015); Europa: Ejército Popular de Liberación Nacional Griego (Kalyvas 2006). 10 En el caso de organizaciones insurgentes con estrategias de guerra de guerrillas, la creación de estas insituciones políticas es parte de su estrategia en el conflicto (Cabral 1970; Galula 1974; Guevara 1997; Mao 1978; Trinquier 2006; Thompson 1989, 1983). 10 regulaban comportamientos considerados amorales, como el consumo de alcohol y drogas; la concertación de acciones para la protección de los civiles y la negociación de normas de conducta para los insurgentes (Hancock 2007; Kaplan 2017; Masullo 2017). De igual manera, en los conflictos en Filipinas, Afganistán, Pakistán y Siria también se observaron experiencias de autonomía civil para dialogar con los grupos armados la reducción de acciones violentas (Kaplan 2017). En una línea similar, dentro de los conflictos armados internos también observa la creación de milicias, “grupos armados, organizados e irregulares conformados por la población civil que ejercen funciones de seguridad y gobernanza dentro de un Estado, y tienen como principal objetivo el control de la población, especialmente la instauración de un gobierno local en determinado territorio” (Jones 2012, p.4). Estas agrupaciones presentes en los casos de Perú, Guatemala, Colombia, Filipinas, China, Afganistán, entre otros (Jones 2012), han cumplido, principalmente, funciones de seguridad y protección del territorio trabajando de manera cercana con las fuerzas militares y policiales del Estado. Por ejemplo, en Perú el gobierno de Fujimori garantizó la legalidad de estas instituciones – denominadas rondas campesinas – y su capacidad para portar armas (Starn 1996); esta estrategia conjunta permitió la derrota militar de Sendero Luminoso (Theidon 2006). Ello no solo creó nuevas reglas, en tanto estas colaboraciones establecían una supervisión y regulación de su comportamiento por parte del Estado (Fumerton & Remijnse 2004), sino que también, a través de ello, estas agrupaciones de defensa civil crearon instituciones que administraban justicia y resolvían conflictos a nivel local y, además, crearon estructuras intercomunales que fortalecieron el tejido social en sus regiones de acción (Fumerton 2018). Más allá, las interacciones entre las agrupaciones insurgentes y otros actores armados no-estatales, como agrupaciones criminales, también tendrán influencia en la creación y transformación de las instituciones en el conflicto. Idler & Forest (2015) describen cómo en la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Venezuela, diferentes actores violentos no estatales crean arreglos institucionales, o pactos de no-interferencia, que les permiten colaborar para garantizar bienes públicos a los civiles en el territorio. Así, por ejemplo, en 2011, el ELN y las FARC colaboraron en los municipios de Santa Cruz, Samaniego, Cumbitara, Las Llanadas, y Los Andes para combatir a las fuerzas 11 armadas; esto significó que ambos controlaban los medios de la violencia y establecían normas como un único actor. De igual manera, en el estado de Apure, las FARC, las Autodefensas Nueva Generación, la pandilla de los Rastrojos se dividen distintos trabajos dentro de cadena de producción de la coca, y operan en territorios segmentados donde cada uno ejerce control económico, social y/o político. Otros casos de cooperación entre grupos insurgentes y criminales se observan en Tanzania, donde los rebeldes del M23 generaron acuerdos para comerciar minerales ilícitos con otros grupos en Grandes Lagos, mientras los combatía en otras regiones; en Libia, donde las milicias crean relaciones estables para participar del mercado de tráfico humano; en el Triángulo de Oro, donde los grupos rebeldes crearon arreglos estables alrededor del tráfico de opio; y en Afganistán, Irak, Lévano, Somalia y Sudán (Idler 2020; Williams 2009). 1.2. La creación y transformación institucional en el conflicto armado interno peruano A nivel doméstico, durante el periodo de 1980 a 2000, Perú experimentó un conflicto armado interno que enfrentó al Estado peruano con las agrupaciones insurgentes Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Este tuvo una amplia extensión geográfica que abarcó principalmente las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, Cusco, Lima, San Martín, Ucayali y Loreto. Además, cobró un alto costo de vidas humanas, con un total de 69,280 casos de asesinatos y desapariciones calculados, donde las proporciones de responsabilidad son de 46% provocados por Sendero Luminoso, 30% por agentes del Estado peruano y 24% por otros agentes como el MRTA, rondas campesinas, comités de autodefensa, grupos paramilitares y no identificados (CVR 2003, p.13). Aunque en este conflicto no se ha estudiado como tal la construcción y transformación institucional, distintas fuentes dan cuenta de algunas instituciones que surgieron como parte de la estrategia de las organizaciones insurgentes involucradas, y también como respuesta de los civiles junto con el Estado peruano. En primera instancia, Sendero Luminoso, desde un proyecto de cinco fases que consideraba la eliminación del “Viejo Poder” para la creación de un “Nuevo Estado” (Tarazona-Sevillano 1990; CVR 2003; Degregori 2014), estableció sus propias instituciones, teniendo una presencia más sólida en aquellas regiones donde no se implementó la reforma agraria del gobierno de 12 Fernando Belaunde (1963-1968) y donde los partidos políticos no tuvieron una presencia significativa (Wickham-Crowley 2015). Este proyecto consideró la creación de una estructura compleja de instituciones, organizado de la siguiente manera: tres fuerzas en las bases de apoyo, Fuerza Principal, Fuerza Local y Fuerza de Base; comités populares con tres responsables, el Secretario General, Secretario de Seguridad, Secretario de Producción, Secretario de Asuntos Comunales y Secretario de Organización; los organismos generados por el partido, a cargo del Secretario de Organización, que incluían los movimientos de Campesinos Pobres, Juvenil, Femenino y de Niños Pioneros (Del Pino 1999). Los Comités Populares estaban conformados por la ‘masa’ de campesinos, y tenían responsabilidades como la producción de alimentos para los combatientes; los militantes (Del Pino1999, p.23). Además, estaban sometidos a una serie de reglas que regulaban la vida y prohibían prácticas como el adulterio, el alcoholismo, el abigeato y la colaboración con las fuerzas del orden (Rodríguez 2018). Esta legalidad era administrada a través de sanciones que iban desde las amonestaciones, castigos como cortes de cabello, y el juicio popular, desde donde se administraban castigos físicos o ejecuciones (CVR 2003, p.61). No obstante, estas instituciones también regulaban la conducta de los militantes, sobre todo en los primeros años (CVR 2003, p.28). Por ejemplo, en la comunidad de Huambalpa, se identificó que un mando local ejercía ejecuciones arbitrarias, abusaba de su poder para tomar bienes de los comuneros y violentaba sexualmente a las mujeres, esto fue comunicado a los mandos y se le castigó con la ejecución (Morote 2002 en CVR 2003). No obstante, la construcción de estas ‘bases de apoyo’ en el mediano plazo reveló su carácter forzado (Degregori 2014, p.22). Tras ‘batir el campo’ y eliminar a las anteriores autoridades, Sendero encontró a un “campesinado relativamente dispuesto a aceptarlo como un nuevo patrón, que por lo demás aparecía más poderoso que los viejos poderes locales o patrón estatal”, sin embargo, fue cuando comenzó a instaura el “Nuevo Poder” que surgieron las contradicciones de su proyecto (2011, p.208-209). De acuerdo con la CVR, fueron cuatro los puntos de quiebre que provocaron el rechazo de Sendero por parte de la población y habilitaron la posibilidad de establecer la colaboración con la Policía y el Ejército peruanos: la ruptura con la economía familiar, las contradicciones 13 entre la ideología y la práctica, la muerte como un factor en la vida cotidiana, y las disputas al interior del partido (2003, p.64); a ellos, Degregori (2014) adiciona la seguridad de la población. El nuevo orden senderista afectó la organización de la producción, en parte por las excesivas restricciones al intercambio comercial y a la movilidad en la zona impusieron un régimen de autoconsumo (2003, p.65); sumado a ello, cuando se hacía la siembra comunal, los campesinos notaban que lo producido en comunidad finalmente era apropiado por el partido (Coronel 1996). Además, la conducción de los Comités Populares por los jóvenes de la localidad permitió que se infiltren las revanchas personales en la aplicación de las nuevas leyes, dejando de lado lo propuesto ideológicamente (CVR 2003). Más allá, la población aceptaba los abusivos castigos impuestos que, en cierta forma, eran “continuidad de la vieja sociedad andina señorial” (Degregori 2014, p.189), sin embargo, rechazaba el asesinato que la ideología partidaria imponía. También, es importante notar que las disputas locales precedentes a la presencia de Sendero que reprodujeron dentro del Partido, creando escisiones. Finalmente, la ideología maoísta del Partido proponía el retroceso frente al avance del enemigo, lo cual sucedió al ingresar las fuerzas armadas a Ayacucho. Ello creó la percepción de incapacidad de garantizar la seguridad, lo que llevó a los campesinos a percibir al Ejército como al actor más fuerte (Degregori 2014, p.219). Así, es posible identificar que la agrupación insurgente no fue el único actor no estatal que participó de la creación y transformación de instituciones durante el conflicto armado interno peruano. El rechazo al orden impuesto por Sendero Luminoso, la intención de demostrar públicamente su desafiliación de los insurgentes (Schubiger 2021), el impulso y, en algunos casos, la coacción por el Ejército del Perú11, favoreció la creación de rondas campesinas (CVR 2003, p.289). Estas organizaciones transformaron y crearon nuevas instituciones a través de la organización, coordinación y regulación del comportamiento de sus comunidades (Fumerton 2018). Por una parte, establecieron y gestionaron los mecanismos de reinserción a la comunidad de los ‘arrepentidos’, desertores de las filas de Sendero Luminoso. Estos eran azotados públicamente como sanción (Theidon 2006), e insertados en el sistema comunal de faenas, además de 11 Ver el caso de Cangari Viru-Viru en Starn (1996). 14 incorporados a los patrullajes y operaciones militares de las rondas. Adicional a este rol, los comités también contribuyeron a eliminar la violencia intercomunal a través de las estructuras de patrullaje intercomunal como la Defensa Civil Antisubversiva (DECAS), instaurada inicialmente en el VRAEM y cuya estructura se expandió a lo largo de toda la sierra ayacuchana. Estas fueron redes amplias que interconectaron a las milicias, siendo un sistema de autogobierno implementado sin influencia del Estado y que contaba con la participación obligatoria de los miembros de las comunidades. Este trabajo colaborativo tuvo efectos de reconstrucción de las relaciones entre comunidades anteriormente enfrentadas. También, es importante identificar que los comités de defensa civil tuvieron un rol político, impulsando exigencias de sus comunidades, y su propio funcionamiento, al Estado peruano, entre ellas: el derecho a defenderse frente a los ataques insurgentes; el derecho a portar armas de fuego, otorgadas por el presidente García en 1989, pero finalmente reconocido por Alberto Fujimori en 1991, junto con el reconocimiento legal de su institución; el pago de indemnizaciones por lesiones y muertes en el conflicto, reconocido en 1998; además de otros reclamos para garantizar la salud y seguridad de sus comunidades (Fumerton 2018, p.77; Starn 1996, p.255). De esta manera, las rondas también transformaron la relación de sus comunidades con el Estado, ya que esta estrategia colaborativa y la sujeción de su funcionamiento al ordenamiento jurídico nacional crearon nuevas y más estrictas regulaciones a su funcionamiento (Fumerton 2018, p.80; García-Godos 2006). 1.3. El Valle del Alto Huallaga en el conflicto armado interno La documentación de estas instituciones conformadas en el conflicto da cuenta de lo sucedido en regiones de la Sierra Central, no obstante, la región del Valle del Alto Huallaga ha sido estudiada en menor medida. Por una parte, la Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoce la creación de estructuras institucionales robustas y duraderas por parte del PCP-Sendero Luminoso en la región, al punto de identificarla como determinante para comprender el fenómeno de la violencia durante el conflicto, ya que fue uno de los pocos lugares donde la organización logró establecer un aparato administrativo de carácter totalitario por un periodo prolongado de aproximadamente 15 quince años (2003, p.744). Así, el Informe Final identifica que el Sendero Luminoso logró el dominio en diversas áreas que consideró como “zonas liberadas”12, o “bolsones”13 en el hablar popular. En ellos estableció una estructura de mando compuesta por: Comités Populares, organizados de dos o cuatro para conformar un Batallón; por encima del Batallón estaba el Bolsón, que reunía entre nueve a doce Comités; reuniendo a todos los bolsones estaba el Comité Regional del partido (CVR 2003, p.304). Desde esta estructura organizaron el territorio estableciendo instituciones que regularon la vida económica, política y social de los campesinos cocaleros. Entre estas podemos nombrar un catálogo de leyes sociales, el nombramiento de delegados representantes del Partido, la administración de las tierras, la vigilancia y seguridad, el cobro de impuestos, la regulación de la compra y venta de pasta básica de cocaína (PBC), entre otras más (CVR, 2003). No obstante, al momento, solo la investigación de Jeremy Weinstein (2007) ha concretado un análisis a profundidad de las estructuras institucionales instauradas por Sendero Luminoso en la región. De esta manera, el autor identifica que Sendero Luminoso en el Alto Huallaga se caracterizó por crear una estructura de gobernanza que benefició a los campesinos cocaleros, atendiendo a sus intereses económicos, pero que, sin embargo, centralizó el poder y no les permitió expresar sus preferencias y, con ello, moldear el comportamiento de la agrupación. El Comité Regional del Huallaga asignó a los campesinos un solo propósito en línea con sus intereses: la producción de coca. Para maximizar el cultivo, y las rentas provenientes de él, adquirió el control del mercado, y desde su jerarquía militar instauró reglas como el impuesto a su venta de coca, un impuesto aéreo a los narcotraficantes, y la supervisión de las transacciones. Este monopolio sobre el mercado de la coca benefició a los civiles en tanto generaban rentas, tenían compradores garantizados, y recibían protección del abuso económico de los 12 Aquí, y en adelante, el uso del término “zona liberada” toma la acepción que le otorga el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: "Cuando el PCP-SL tomaba el control en una comunidad ésta era declarada Zona Liberada, en la cual, […] las autoridades tradicionales eran reemplazadas por autoridades que el Partido nombraba” (2003, p.47). No debe confundirse este término con el concepto de “zona liberada” acuñado por Matías Dewey para describir “espacios sociales en los que las autoridades políticas y estatales comercian la suspensión de la aplicación de la ley a cambio de recursos materiales o inmateriales” (2018, p.102). 13 Entre los más relevantes en el Huallaga, la Comisión identifica al Bolsón Cuchara y el Bolsón Primavera; sin embargo, testimonios identifican la conformación de otros más como el Bolsón Pucayacu, Bolsón Magdalena, Bolsón La Morada, y Bolsón Huamuco (CVR 2003, p.304, p.749). 16 narcotraficantes colombianos y los ataques del Ejército. Sin embargo, en tanto el interés cocalero estaba en la producción de un cultivo ilegal estaban sometidos al grupo insurgente, lo que hizo que este acuerdo sea sensible a alternativas de poder en la región, como luego lo fue el Estado peruano. De manera más general, la región del Alto Huallaga ha sido estudiada, principalmente, desde los procesos de índole de seguridad, como el narcotráfico y la violencia política que experimentó; sin embargo, la producción académica sobre la región sigue siendo escasa. La mayor parte de investigaciones aborda el fenómeno del narcotráfico, o los efectos de este en las estrategias implementadas por los actores involucrados en el conflicto armado interno. Por ejemplo, Morales (1989) elabora el proceso histórico del surgimiento de la coca y, posteriormente, de la industria de la cocaína en el VAH. De igual manera, Paredes & Manrique (2018, 2021), analizan cómo las ideas desarrollistas y las políticas de colonización del espacio tropical contribuyeron a la deforestación masiva y la creación de un enclave de campesinos empobrecidos en la región, lo cual motivó la dependencia a la producción ilegal de coca. Por su parte, Rumrrill (1993), presenta el desarrollo histórico de la cocaína y, a través de él, evalúa la relevancia de este mercado para la estrategia del PCP-SL en la región. En una relación inversa, Kernaghan (2009) concreta un estudio etnográfico que analiza cómo, tras el declive del auge de la coca, los legados de la violencia política y criminal experimentadas aun moldean las percepciones del tiempo y legalidad de los campesinos cocaleros. Así también Van Dun (2009) estudia cómo las narrativas locales sobre el conflicto, las respuestas civiles a la violencia y las brechas entre el proceso de posconflicto local y el nacional, influencian el permanente dominio de la economía local por parte del narcotráfico. Más allá, las investigaciones de Dreyfus (1999), Hendrix (1993), y Felbab-Brown (2010) elaboran un análisis de la estrategia militar implementada por el Estado peruano en la región, priorizando una crítica a las intervenciones que alienaron al campesino cocalero y otorgaron mayor control a Sendero Luminoso. Finalmente, importantes primeros análisis, entrevistas y crónicas sobre lo sucedido en la región durante el periodo del conflicto fueron recopiladas desde el periodismo. En estas producciones encontramos la labor de Felipe Paucar (2006) y Raúl González (1987, 1990). 17 1.3.1. Tres versiones sobre el orden y la construcción institucional durante el conflicto armado en el Alto Huallaga Respecto a la construcción de instituciones y la percepción de características de orden en la región durante el periodo del conflicto pueden identificarse tres versiones que predominan. La primera, surge desde el imaginario social. De acuerdo con Kernaghan (2009), durante los años en que el auge de la coca coincidió con la guerra insurgente y contrainsurgente era común oír a los ciudadanos del Alto Huallaga referirse a la región como una “tierra de nadie”. Para el autor, sin embargo, no es acertado señalar que en la región existe una condición de retiro o disolución de la ley, y sería mejor describirla como un lugar y tiempo donde distintas expresiones de soberanía se encuentran y superponen, es decir, donde dos o más grupos aspiran a imponer su propia legalidad. Además, Kernaghan resalta el carácter ubicuo y atemporal de la expresión: atemporal porque los sucesos de violencia suceden tan seguido que ya no son percibidos como eventos específicos, y ubicuo porque ello se asocia al territorio, convirtiéndose en un constructo histórico natural de él. Este análisis se encuentra en línea con la percepción de Mazeres del Alto Huallaga como un territorio periférico y que expresa “[F]racturas en el terreno de las subjetividades políticas. Lo que presupone la existencia de marcos interpretativos apriorísticos, en permanente tensión semántica entre la historia social local y las representaciones que sobre aquella proyecta el relato oficial nacional” (2020, p.18). Más a fondo, Kernaghan también analiza lo que esta expresión significa para la comprensión de Sendero Luminoso como actor: si en una “tierra de nadie” se enfrentan dos legalidades, entonces Sendero no será representado como violencia criminal, sino como un régimen legal en competencia con el régimen de reglas que el Estado intenta aplicar en el territorio (2009, p.95). En definitiva – en tanto tenía poder de decisión respecto a quién habitaba qué tierras, qué conductas le eran permitidas y cómo debía conducirse el comercio – el PCP-SL generaba sus propias formas de legalidad. En ese sentido, un análisis de la región durante el periodo del conflicto que la describa como desprovista de legalidad, sea del tipo que sea, estará oscureciendo el análisis de las instituciones que verdaderamente existieron y los procesos institucionales que tomaron parte. 18 Una segunda concepción del orden en la región durante el periodo del conflicto es sugerida por Tarazona-Sevillano (1990). La autora identifica que, durante este periodo, Sendero Luminoso estableció un acuerdo de beneficio mutuo con lo que denomina el “sindicato de la cocaína”, una figura ficticia que agrupa tanto a los campesinos cocaleros como los líderes narcotraficantes; de esta manera, se dio inicio al fenómeno del narcoterrorismo. Desde su análisis, este acuerdo es posible gracias a que los actores compartían objetivos comunes que amenazan la democracia peruana y los intereses de Estados Unidos en la región: la desestabilización del gobierno, la disciplina entre cultivadores y poner fin a las intervenciones de las fuerzas del orden. Por una parte, los cocaleros aceptaron el orden impuesto por Sendero, principalmente, desde su interés económico. A cambio de su sujeción a las instituciones de regulación de su mercado, recibieron protección frente a las fuerzas del orden y al estricto régimen de producción y los limitados precios de los narcotraficantes colombianos que amenazaba su seguridad física y económica. Por otro lado, el acuerdo con los narcotraficantes ofrecía los siguientes beneficios: garantizaba un comportamiento disciplinado por parte de los agricultores cocaleros, quienes producto del auge de la coca incurrían en conductas caóticas que limitaban su producción; protección frente a las interferencias policiales y militares; y la promesa de desestabilizar al gobierno peruano. Aparentemente, en esta colaboración, Sendero se benefició mucho más. Su presencia en el VAH le permitió un amplio reclutamiento, junto con el acceso a los beneficios económicos del cultivo de la coca. Además, desde esta colaboración desarmaron a la policía y autoridades locales, desarrollaron fuerzas paramilitares con tecnología provista por el narcotráfico. La propuesta de la existencia de una alianza narcoterrorista ha sido duramente cuestionada. Por una parte, Dreyfus (1999) la denomina una “tesis conspirativa” y pone en duda que uno de los objetivos de la colaboración entre Sendero Luminoso y los narcotraficantes sea el afectar los intereses americanos en la región andina. Más allá, propone que la tesis se elaboró apelando al interés norteamericano y con el objetivo de atraer más apoyo económico de Estados Unidos para enfrentar ambas amenazas a la seguridad, ello, basado en que Gabriela Tarazona-Sevillano, la principal exponente de esta tesis, trabajó anteriormente como fiscal en el sistema judicial peruano (1990, p.5). 19 Adicionalmente, señala que, si bien podría identificarse como un interés común de ambos actores el impedir el control de la región por el Estado peruano, no es correcto que los traficantes tuvieran interés en cambiar el régimen político y económico, ya que su interés principal era el proteger y expandir su negocio ilícito, ubicado dentro de la economía tradicional. Otra falla que Dreyfus (1999) identifica en la interpretación de la naturaleza de la interacción entre Sendero y los narcotraficantes fue la asimetría en los beneficios obtenidos por el PCP-SL. A diferencia del acuerdo de mutuo beneficio que Tarazona- Sevillano describe, las firmas narcotraficantes tenían un carácter molecular, por lo que no podían considerarse un “sindicato de la cocaína” ni representar una coalición que enfrentara o negociara con Sendero en condiciones de igualdad. Por el contrario, el autor identifica que sería más adecuado describir la interacción como una extorsión por parte de Sendero Luminoso, ya que los narcotraficantes solo aceptaron la protección de los insurgentes bajo la amenaza del exterminio de los miembros de sus organizaciones. Además, “debido a la “tasa de aeropuerto revolucionaria” y a los precios más altos que debían pagar por la materia prima (coca) los traficantes perdieron dinero” (1990, p.24). Ante ello, una tercera concepción respecto a las características de orden en la región del VAH durante el periodo del conflicto armado pone énfasis en la existencia de una red compleja de interacciones entre los diversos actores involucrados. Pablo Dreyfus señala que los patrones de interacción del conflicto son mucho más complejos que una simple alianza entre terroristas y narcotraficantes enfrentados al Estado peruano (1990). Así, el PCP-SL efectivamente llevó a cabo acciones violentas con el propósito de fomentar el miedo en la población civil que fueron financiadas con dinero obtenido de la economía ilícita del narcotráfico – el cual obtuvieron desde su interacción con estos actores – pero que, finalmente, fueron parte de su estrategia insurgente (1990, p.24). En una línea similar, el Informe Final de la CVR elabora una crítica directa al término de “narcoterrismo”, ya que “fusiona discursivamente a dos grupos o actores de diferente naturaleza simplemente por el hecho de operar fuera de la legalidad del Estado peruano” (2003, p.305). Esto no significa negar los vínculos que Sendero mantuvo con el mercado de la cocaína, pero sí el reconocer que múltiples instituciones del Estado peruano (policía, ejército, fuerza aérea) también los tuvieron, a pesar de que solo Sendero logró regularlo. 20 En definitiva, tanto la percepción a nivel social del VAH como “tierra de nadie”, como un análisis de las instituciones creadas en el conflicto desde el término bidimensional de “narcoterrorismo” oscurecen nuestra comprensión de la naturaleza real de estas instituciones y el poder que las subyace. Esto no solo tiene implicancias analíticas y académicas, sino que, de manera práctica, también difumina las responsabilidades de aquellos actores que no son incluidos en el análisis, como el Estado peruano (CVR 2003, p. 306). La presente revisión de literatura presentó la relevancia de un análisis de los conflictos armados a nivel local que permita, desde la comprensión del cambio institucional que se genera, identificar las necesidades reales sociales, políticas y de seguridad de los civiles, tanto durante como después del periodo de violencia. En conexión con lo anterior, un análisis institucional del Alto Huallaga durante el conflicto que reunió dos procesos de índole seguritaria – la violencia política y el narcotráfico – será un importante aporte para identificar dinámicas y eventos específicos de violencia y las instituciones que de ellos resultan; y, en consecuencia, vaciar a la región del marco interpretativo de violencia ubicua y atemporal que se le asigna hasta la actualidad (Mazeres 2020; Kernaghan 2009). 21 2. Marco teórico Para aterrizar analíticamente la evidencia empírica sobre la construcción de instituciones durante el conflicto armado interno en la región del Alto Huallaga se hará uso de un marco teórico de arreglos políticos (political settlements). Este marco nos permite describir los procesos de cambio institucional y el desempeño de las instituciones. La teoría de arreglos políticos surge con la intención de examinar a profundidad los desafíos institucionales de gobernanza para lograr el desarrollo económico en países en vías de desarrollo. Por ello, también ha sido implementada en casos de construcción del Estado y de paz. En esa línea, el marco teórico de la presente investigación se estructura de la siguiente manera. Primero, presentamos la teoría de arreglos políticos y sus aportes respecto al análisis institucional propuesto inicialmente por el neo institucionalismo. En segundo lugar, profundizamos en las dinámicas de construcción y transformación institucional dentro de los conflictos armados y cómo adaptar la teoría de arreglos políticos para responder preguntas considerando la particularidad de estos contextos. 2.1. Arreglos políticos La teoría de arreglos políticos fue propuesta por Mushtaq Khan (2010) como un aporte al análisis institucional. Este marco analítico construye sobre los argumentos del nuevo institucionalismo económico (NIE) y busca dar respuesta a la interrogante de por qué instituciones similares tienen desempeños disímiles en distintos países (Khan 1995). En esa línea, su objetivo analítico es el de identificar qué factores determinan la funcionalidad o disfuncionalidad de las instituciones, para ello proporciona las herramientas descriptivas que también permiten identificar las características de orden – y, en su más alto nivel, la existencia de un orden social – dentro de las sociedades a través del tiempo. 2.1.1. El análisis institucional y los aportes de la teoría de arreglos políticos La corriente del neo institucionalismo, desarrollada principalmente en base a los trabajos de Douglass North (1981, 1990, 1995), concretó importantes contribuciones para 22 el análisis de las instituciones. En primer lugar, propuso una definición exacta de qué son las instituciones, las cuales son descritas como “las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” y que “por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano sea político, social o económico” al establecer los costos de transacción de decidir por cursos de acción específicos (North 1990, p.13). En contraste con la economía neoclásica, el neo institucionalismo señaló la importancia de los costos de transacción, postulando que el desempeño de las economías de mercado (o de la acción social en general) es influenciado por el diseño particular de instituciones que reducen costos de transacción específicos con el objetivo de alcanzar objetivos sociales particulares. Por consiguiente, si determinada institución es disfuncional, o no se cumple como debería, será porque su diseño no logra reducir los costos de transacción para facilitar determinada acción social. Desde la teoría neoinstitucionalista, se esperaba que un desempeño negativo sea motivación suficiente para iniciar el cambio institucional, el cual se dará a través de un proceso político14. De esta manera, la eficiencia de las instituciones económicas dependería, en última instancia del diseño de las instituciones políticas: si los costos de transacción políticos15 son muy altos, será más costoso organizar cambios beneficiosos en las instituciones económicas (Figura 2) North (1990). 14 Esto, en tanto son las instituciones políticas, o las instituciones formales de más “alto nivel”, las responsables de definir las ‘reglas para cambiar las reglas’. 15 Según Khan (2010) los costos de transacción políticos refieren al costo de negociar las compensaciones, pueden incluir: el costo de crear coaliciones, el costo de negociar compensaciones apropiadas y aplicar los acuerdos. Estos costos dependerán del diseño de las instituciones políticas. 23 Figura 2. Cómo las instituciones formales explican el cambio institucional desde el NIE Fuente: Elaboración propia en base a Khan (2010). Sin embargo, como identifica acertadamente Khan (2010), una explicación del cambio institucional sostenida solo en el rol de las instituciones formales es insuficiente. Este análisis solo lleva a un segundo nivel, el nivel de las instituciones políticas formales, la pregunta de por qué las mismas instituciones tienen desempeños disímiles en distintos contextos, y aún asume que las instituciones son determinadas exclusivamente por su diseño. Una segunda explicación ofrecida por el NIE fue el rol de las instituciones informales. Según North (1990, 1995), la suscripción de los individuos a sistemas de valor informales que respaldan el respeto a las instituciones formales disminuirá los costos de aplicar dichas instituciones formales, haciéndolas más eficientes. No obstante, solo la presencia de instituciones informales no será explicativa, ya que suelen ser endógenas y dependientes de la capacidad de aplicación de las instituciones formales. Por ello, las instituciones formales con un bajo desempeño suelen de desarrollar instituciones informales que se adaptan a ellas, lo que no siempre promueve una mejora en sus resultados. Ante las limitaciones de ambas explicaciones, Khan (2010) ensaya una tercera respuesta basada en el concepto del ‘poder’. Más allá de una explicación basada en los valores y la cultura, es preciso notar que existen cambios institucionales asociados a 24 cambios dramáticos en la coyuntura. Históricamente, es posible identificar realineamientos políticos que transforman el balance de poder dentro de las sociedades y permiten que nuevas instituciones puedan crearse y aplicarse. La teoría de arreglos políticos ofrece las herramientas para la descripción y el análisis de estos procesos. 2.1.2. La teoría de arreglos políticos: el análisis institucional elaborado en dos niveles Las instituciones tienen un carácter dual compuesto por: su capacidad de reducir determinados costos de transacción y las implicancias que tiene en la distribución de los beneficios del curso de acción que promueve (Figura 3). En ambas, el poder es un factor de influencia importante, a tal punto, que las instituciones y la distribución del poder en la sociedad crean un sistema interdependiente. Mushtaq Khan nombra a este sistema “arreglo político”, y lo define de manera más precisa como: “la combinación interdependiente entre una estructura de poder y las instituciones a nivel social que es mutuamente ‘compatible’ y también ‘sostenible’ en términos de viabilidad económica y política” (Khan 2010, p. 20). A continuación, desagrego el funcionamiento de un arreglo político desde los elementos que lo componen. Figura 3. El efecto dual de las instituciones sobre el crecimiento y la distribución de beneficios Fuente: Elaboración propia en base a Khan (2010). 25 Primero, el poder será un elemento determinante del desempeño institucional, en tanto otorga a los diferentes grupos de la sociedad la capacidad de disputar, obstruir u oponerse a aquellas instituciones que no los benefician. Para Khan, el poder puede comprenderse en múltiples dimensiones agrupadas en el concepto de ‘poder retenido’ (holding power). El poder retenido refiere a la capacidad de una organización de resistir en conflictos reales o potenciales (violentos o no) contra otras organizaciones de la sociedad o contra el Estado. La habilidad de mantener el poder dependerá de distintas características de una organización, entre ellas se encuentran su capacidad económica, su capacidad para infligir costos a su competencia, y su capacidad de movilizar ideologías o símbolos de legitimidad, entre otras. Es preciso señalar que, en estos casos de competencia el poder que se evidencia es relativo al poder de los competidores, por eso la teoría de arreglos políticos evalúa la distribución del poder en la sociedad y no el poder absoluto de las organizaciones. Segundo, el poder interactúa con las instituciones de la sociedad en sus dos dimensiones: si determinada institución no reparte los beneficios o rentas de manera compatible con la distribución del poder entre los grupos de la sociedad, se incrementa la probabilidad de que los grupos poderosos no beneficiados se opongan a esta e incrementen el costo de su aplicación, lo que afectará su efectividad. Esta relación es simbiótica: las instituciones afectan la distribución del poder generando rentas que pueden alterar el poder de retención de los grupos beneficiados, y también la distribución de este poder en la sociedad otorga a los grupos la capacidad de lograr distribuciones que benefician sus intereses. De esta manera, las instituciones y el poder se relacionan de manera interdependiente, hasta que una combinación compatible emerge (Figura 4). No obstante, debe resaltarse que, en esta interacción, la distribución social del poder es un factor exógeno para las instituciones, por lo que existe mayor capacidad en el poder de retención para influenciar en las instituciones, del poder que tiene una institución individual para cambiar la distribución del poder en la sociedad. 26 Figura 4. Sistema de arreglo político Fuente: Elaboración propia en base a Khan (2010). En tercer lugar, para ser considerado un arreglo político, el sistema interdependiente entre las instituciones y el poder no debe ser solo ‘compatible’, sino también ‘sostenible’ en términos de viabilidad económica y política. La viabilidad requiere de mínimos de desempeño económico y político, sin embargo, estos mínimos varían a través de las sociedades en función a las expectativas de los grupos poderosos en ellas. En principio, la viabilidad económica refiere a un desempeño económico lo suficientemente formidable para evitar una crisis, crear un contexto donde las actividades económicas sigan reproduciéndose y, en un escenario óptimo, se promueva el crecimiento económico. Por otro lado, la viabilidad política indica que la disconformidad, violencia o, incluso, conflicto, no ha alcanzado tales niveles en los que los arreglos centrales empiecen a desmoronarse. El que se logre o supere estos mínimos de viabilidad definirá la robustez del arreglo político. Por consiguiente, las instituciones que operan dentro del arreglo deben presentar algunas características de orden. La interdependencia y viabilidad generan un contexto con características reproducibles en el tiempo, otorgando regularidad a los efectos institucionales. En su más alto nivel, un arreglo político describe un ‘orden social’, es decir que, describe cómo la sociedad resuelve el problema de la violencia y alcanza un mínimo nivel de estabilidad política y desempeño económico. No obstante, es preciso notar que este orden óptimo no será posible en muchos de los países y contextos que enfrentan condiciones de violencia. De acuerdo con Khan (2010), en estos contextos, el objetivo 27 será desarrollar el arreglo político hacia un orden social, para lo cual se necesitan instituciones formales e informales. De lograr que la interacción de estas instituciones cree beneficios en línea con el poder relativo en la sociedad se podrá culminar el conflicto. En síntesis, el análisis institucional desde el marco teórico de los arreglos políticos debe llevarse a cabo en dos niveles. Un primer nivel, identifica la presencia de un arreglo político y observa su evolución a través del tiempo. Como mencionamos, un arreglo político cumple con los criterios de ser un sistema de interdependencia donde las instituciones existentes son compatibles con la distribución del poder en la sociedad, por lo cual son capaces de permanecer en determinado periodo de tiempo proveyendo una viabilidad económica y política mínima para los actores involucrados. Un segundo nivel de análisis se enfoca en cómo la distribución del poder está inserta en el arreglo político, y las implicancias que el poder de retención tiene para comprender la aplicación y el desempeño de las instituciones. Por último, como evidencian los primeros postulados del análisis institucional elaborado desde el neo institucionalismo, las instituciones también pueden ver afectada su aplicación por su diseño o sus propias capacidades internas. Sin embargo, ello no disminuye el potencial explicativo del poder respecto a la aplicación y desempeño de las instituciones, ya que su aplicación finalmente depende de la resistencia o apoyo que experimentan desde la sociedad. 2.2. Procesos de construcción institucional en contextos de conflicto armado Los estudios clásicos en ciencia política y sociología identificaron el potencial de creación y transformación institucional de las guerras. Charles Tilly, siendo el más relevante ejemplo, construye sobre el concepto de estado de Max Weber, según el cual el estado es una comunidad humana que reclama exitosamente para sí el monopolio de legítimo de la violencia en determinado territorio. En esta línea, Tilly (1975, 1978, 1990) propone que la creación de los estados europeos se sostuvo en la dinámica de competencia bélica, en la cual las partes intentaban monopolizar los medios de violencia, extraer recursos y promover la acumulación de capital. Estas eran actividades para las cuales necesitaban crear un sistema sostenible de extracción de recursos que debía otorgar a los civiles cierta seguridad institucional para involucrarse en actividades económicas, dando inicio al Estado y sus instituciones. 28 En línea con estos precedentes, estudios contemporáneos como los de Arjona (2010, 2014, 2016) y Kalyvas (2006) identifican que el cambio institucional es también un proceso endógeno a las guerras civiles o conflictos armados intraestatales. Estas guerras internas tienen una dinámica asimétrica (Kalyvas & Balcells 2010), por lo que los actores armados se enfrentan al estado desde las periferias o las zonas rurales del territorio, desde allí toman control sobre bolsones de territorio. De esta manera, la soberanía del Estado se ve fragmentada, en tanto existen zonas bajo control insurgente, zonas bajo control estatal y zonas disputadas. Los actores armados, tanto los estatales como los no- estales, tienen el objetivo de obtener el control exclusivo de un territorio y la colaboración de los civiles en él. Para ello, la violencia y el control militar serán factores determinantes. La coerción, y el interés civil por maximizar su supervivencia en respuesta, favorecen la colaboración y disminuyen la deserción, en tanto, cualquier oponente es identificado y neutralizado. Sin embargo, esto será solo en un primer momento, ya que el control permanente dependerá de la aplicación de otros mecanismos que generen lealtad, los cuales requieren el uso estratégico de la violencia (Kalyvas 2006). Más a profundidad, Arjona (2016) identifica que, en el caso de los grupos insurgentes, estos procuran controlar el territorio como una estrategia para presionar al estado e incrementar su propio poder. Además, como segundo objetivo, buscan maximizar los beneficios de ese control – estos pueden ser obtener recursos materiales, reclutar miembros, expandir sus redes, entre otros – lo que incrementa su capacidad organizacional. De esta manera, los grupos insurgentes tendrán mayor interés por crear cierto orden. En línea con lo propuesto por Kalyvas (2006), Arjona (2016) señala que el orden, o las características de él que pueden alcanzarse en contextos de conflicto, serán una herramienta para controlar el territorio, pues el control se vuelve poco factible sin reglas claras que regulen el comportamiento de los civiles y los insurgentes. No obstante, las interacciones entre las organizaciones insurgentes y los civiles no siempre son de colaboración. Arjona (2017) ordena las relaciones entre ambos actores bajo las categorías de “cooperación” a través de la obediencia directa a una regla, el apoyo espontáneo sin una orden explícita, o la participación como recluta de la organización; “no cooperación” desde la desobediencia de una regla, la resistencia oponiéndose o atacando al grupo, o la deserción y el apoyo al grupo enemigo; por último, 29 los civiles también pueden abandonar el territorio. En esta línea, Gáfaro, Ibañez & Justino (2014) notan que también es posible para los civiles el valerse de sus instituciones para oponerse y resistir a estos grupos armados. Por una parte, como sucedió en el caso de Colombia. También los estados suelen movilizar redes clientelares, aliados locales u organizaciones de militares retirados para crear milicias o fuerzas de defensa civil, un proceso que también involucra la creación de nuevas instituciones o reglas formales e informales (Wood 2008). De esta manera, las instituciones que surgen dentro de estos conflictos no necesariamente son únicamente determinadas por el ‘contrato social’ entre civiles e insurgentes que describe Arjona (2014). Además de la colaboración de los civiles con el estado para maximizar su supervivencia desde la resistencia al grupo insurgente, dentro de los conflictos armados internos surgen relaciones complejas entre los actores violentos no estatales y el estado, de manera que también aportan características de orden y son una forma de creación y transformación de las instituciones. Staniland (2012) denomina “órdenes políticos en tiempos de guerra” (wartime political orders) a las relaciones políticas que estos actores mantienen durante el conflicto, y señala que pueden clasificarse en tres grandes categorías. La primera es la de “cooperación activa”, donde el estado y los insurgentes cooperan respecto a un objetivo común como aprovechar los beneficios de una economía ilícita o destruir un enemigo común. La segunda categoría es la de “cooperación pasiva”, la cual describe la situación en la cual el estado y los insurgentes mantienen acuerdos tácitos que generan arreglos implícitos para el manejo de la violencia. En tercer lugar, la relación puede ser de “no cooperación”, creando un contexto donde no existen normas respecto a los niveles de violencia ni una división aceptada sobre la soberanía de los territorios, esta dinámica es particular de los primeros días del conflicto, ya que no existen aún oportunidades de crear arreglos o tratos. Así, está claro que el papel que juegan los actores armados no-estatales y las instituciones del Estado involucradas no siempre es de contendores por el monopolio de la violencia, sino que también otro tipo de interacciones, incluyendo las de colaboración, son posibles. Finalmente, aunque la naturaleza de la relación que existe entre las economías ilegales y las guerras civiles aún se encuentra en debate (Durán-Martínez & Soifer 2021), 30 es reconocido que también los grupos o actores criminales tendrán influencia en la creación y transformación de las instituciones dentro de los conflictos armados cuando se ven involucrados en uno. Por un lado, los actores criminales pueden tener un interés por controlar territorio y a su población por su infraestructura y por la oportunidad de gestionar las ganancias de la población que los habita. En estas situaciones, es probable que extiendan sus repertorios más allá de las tácticas de coerción y creen instituciones que benefician y ponen límites tanto a sus miembros como a la población civil (Zahar 2001), además de concretar alianzas con otros actores extra-legales y legales (Beckert & Dewey 2017). Así, al igual que otros actores económicos presentes en el conflicto, los grupos criminales pueden ser intermediarios en acuerdos y alianzas que dan forma a los objetivos políticos de los actores políticos enfrentados, siendo capaces incluso de afectar la distribución de la autoridad y el control entre ellos (Staniland 2012). En definitiva, los procesos de conflicto armado o guerra civil proponen la creación de nuevas instituciones, o la transformación de las instituciones precedentes, por parte de los actores involucrados. En este contexto, será importante aplicar el análisis institucional a estas nuevas estructuras. Para concretar este objetivo, la teoría de arreglos políticos resulta de gran utilidad, en tanto provee las herramientas para estudiar a profundidad el desempeño institucional y su relación con el poder a través del tiempo. Sin embargo, es preciso considerar que esta teoría se origina con el objetivo de optimizar procesos de construcción y reforma institucional. Es por ello, que el siguiente apartado profundiza en las consideraciones que deben tenerse al momento de adaptar un marco analítico de arreglos políticos al estudio de las instituciones en contextos de conflictos armados intraestatales. 2.2.1. Adecuar la teoría de arreglos políticos a nuevas preguntas y nuevos contextos La motivación detrás de la construcción del marco analítico de arreglos políticos fue el hallar respuesta a dos interrogantes que conforman el “dilema de la transferibilidad” de instituciones en los estudios para el desarrollo (Meehan 2018). Primero, por qué las políticas e instituciones que eran eficientes en determinados contextos tenían resultados poco eficientes en otros; y segundo, por qué distintas políticas resolvían problemas similares en contextos disímiles (Khan 2017). En ese sentido, su objetivo inicial fue el de 31 ser una herramienta analítica que permita superar los supuestos de que “construir instituciones más efectivas” será la clave para fortalecer a los estados y garantizar su desarrollo económico para así optimizar los procesos de construcción o de reforma institucional en países en vías de desarrollo (Meehan 2018, p.24). Esta finalidad le ha permitido adaptarse a distintos contextos y ser implementado para estudiar variados temas alrededor del desarrollo, entre los que se encuentran: el desarrollo económico, la política industrial, la construcción del Estado y el desempeño institucional (Meehan 2018). En base a ellos, un limitado número de agencias para el desarrollo16, estatales e internacionales, elaboraron un amplio cuerpo de literatura sobre arreglos políticos con la intención de optimizar sus intervenciones para poner fin a conflictos armados y retomar la construcción del Estado (state-building) (Barakat & Waldman 2017). Si bien, este marco ha sido gran utilidad para informar las intervenciones de paz, también ha demostrado que la teoría de arreglos políticos presenta algunas limitaciones al momento de ser apropiado para el análisis de contextos de conflicto armado. A continuación, abordo tres elementos que precisan una discusión más profunda cuando se aplican al análisis de las instituciones en conflictos armados intraestatales. En primer lugar, es preciso reconsiderar la función del conflicto y superar un análisis reduccionista de la violencia. De acuerdo con el marco inicialmente propuesto por Khan (2010), el conflicto será un resultado de la percepción de los grupos de la sociedad que perciben que la distribución de los beneficios ha cambiado y que no es reflejada por las instituciones existentes. De esta manera, el conflicto será el único mecanismo que demuestre y establezca el poder de retención de estos actores o agrupaciones. Sin embargo, cuando se analizan los arreglos políticos en países involucrados en un conflicto interno, es preciso considerar que la distribución del poder en la sociedad está continuamente cambiando, por lo que será complicado tener expectativas estables sobre el poder de cada actor; ello establece dos premisas. La primera, es que la descripción de los arreglos en estos contextos debe darse de manera dinámica, pero que también permita identificar los puntos de discontinuidad y de cambio en el arreglo que pueden redirigir o detener su evolución. La segunda implicancia será 16 Gran parte de la investigación sobre arreglos políticos surgió del Departamento para el Desarrollo Internacional del Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido, o de instituciones públicamente financiadas por él (Barakat & Waldman 2017, p.641). 32 que el arreglo político no siempre significará el fin de la violencia en la sociedad. Khan (2018) presenta el ejemplo de Afganistán, donde identifica una distribución estable del poder entre el gobierno y las organizaciones rebeldes, a pesar de la violencia permanente. Sin embargo, también reconoce que la violencia inherente hace a estos arreglos más vulnerables al cambio repentino de la distribución de poder, creando momentos donde incluso mayores niveles de violencia son esperables. De esta manera, la violencia que se experimenta en un arreglo político, o alrededor de él, no siempre será la misma. Para Cheng, Goodhand y Meehan (2018), es posible clasificar la violencia de los arreglos bajo tres categorías. La primera es la violencia competitiva, la cual es identificada desde la primera teorización de los arreglos políticos. Esta es desplegada entre los grupos u organizaciones poderosas de la sociedad con el fin de disputar o defender la distribución del poder actual. Suele implementarse en los países de frágil capacidad o afectados por un conflicto, donde los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos son débiles. La segunda es la violencia inherente al funcionamiento del arreglo político. Esto quiere decir que parte de los beneficios que distribuye el arreglo también puede ser la asignación del derecho al uso de la violencia: sobre quiénes puede aplicarse, bajo qué motivos y cuál es el nivel de impunidad. La tercera es la violencia permisiva, la cual resulta del poder relativo disminuido del estado, por lo cual decide permitir que los actores más poderosos ejerzan ciertos tipos de violencia en determinados lugares con el fin de limitar el uso de sus recursos coercitivos. De acuerdo con los autores, estos tres tipos de violencia no son excluyentes, sino que suelen estar entrelazados y mutan a través del tiempo. Un tercer elemento que debe considerarse al adaptar la teoría de arreglos políticos a contextos de conflicto armado es que este marco, y la mayor parte de sus aplicaciones, se caracterizaron por un “nacionalismo metodológico” (Meehan 2018). Ello quiere decir que desde la formulación inicial de este marco analítico se analizaron a los grupos poderosos que negociaban a nivel nacional y dentro de un territorio estatal definido (Goodhand & Meehan 2018). Este enfoque estado-céntrico resulta problemático en los casos de conflicto intraestatal ya que, como revisamos en el apartado anterior, la violencia en las guerras civiles tiene una dinámica subnacional y de soberanía estatal fragmentada (Kalyvas 2006). Limitar el análisis de los arreglos políticos a nivel nacional no solo 33 oscurece las dinámicas de poder y construcción institucional a nivel de regiones, sino que también obvia la influencia que pueden tener actores más allá de las fronteras de determinado país. Así, un análisis institucional en contextos de conflicto, especialmente en aquellos conflictos que ocurren en los márgenes físicos del Estado, debe tomar en consideración los intereses y estrategias de actores internacionales y externos capaces de movilizar poder y violencia en el territorio (Goodhand & Meehan 2018). 34 2.3. Síntesis Aplicar la teoría de arreglos políticos a un proceso de conflicto armado trae múltiples beneficios. Como se planteó, los conflictos armados intraestatales, conocidos académicamente como guerras civiles, se sostienen en una dinámica de lucha por el control territorial de parte de las agrupaciones involucradas. Este control solo puede concretarse a través de alcanzar la colaboración civil, para lo cual se crean estrategias que requieren la instauración de instituciones. Sin embargo, estas instituciones deben alcanzar un mínimo de funcionalidad y estabilidad política y económica para mantener la participación de los civiles. En ese sentido, el marco analítico de los arreglos políticos permite un estudio de los distintos actores en determinada sociedad e inspecciona su poder de retención para crear instituciones y determinar la distribución de los beneficios que resultan de ellas. Además, el marco contempla la dinámica de transformación de estas mismas, a través de los cambios en la distribución relacional del poder de estos actores. De esta manera, la teoría de arreglos políticos nos permite realizar un análisis, a través de un largo periodo de tiempo, de la interrelación entre el poder de los actores y las instituciones resultantes, permitiendo conocer cómo estas dinámicas crean momentos de estabilidad y también procesos de desorden y altos grados de violencia dentro del conflicto. En conclusión, una comprensión profunda de la creación y el cambio institucional en el proceso de conflicto armado experimentado en el Alto Huallaga solo puede ser alcanzada desde un estudio que comprenda a los múltiples actores involucrados y su poder de retención para crear y modificar las instituciones existentes de acuerdo con sus intereses. 35 3. Metodología 3.1. Diseño de investigación La presente investigación se propone conocer más sobre de qué manera se da el proceso de construcción y transformación institucional en contextos de conflicto armado. Para ello plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué arreglos políticos otorgaron características de orden a la región del valle del Alto Huallaga durante el periodo de 1980 a 2000? Como abordamos en la revisión, el tema de nuestro estudio es parte de una discusión reciente, donde intervienen fenómenos que aún se encuentran en la construcción de sus propios conceptos y marcos teóricos. Por ello, se ha optado por una estrategia de investigación de estudio de caso. Esta estrategia consiste en la investigación empírica de un caso, o un número reducido de ellos, con el fin de explorar sus configuraciones y dilucidar características de un conjunto mayor de casos similares a él (Ragin 2000, 2007). El tipo de estudio es descriptivo, es decir que, realiza una descripción sistemática de las características del fenómeno estudiado para identificar los elementos esenciales de su naturaleza (Montoya 2015; Sabino 1978). En tanto se llevará a cabo una descripción rica en detalles de las variables (Lafuente y Marín, 2008) se opta por una metodología cualitativa donde la técnica de recolección de información implementada es la revisión documental de fuentes primarias y secundarias. 3.2. Selección del caso y ámbito de estudio El estudio de caso que se propone fue seleccionado de manera intencionada por ser un ‘caso extremo’ (Gerring 2008). Esto quiere decir que el caso de la región del Alto Huallaga durante el periodo del conflicto armado cumple ser un caso de guerra civil donde la soberanía del Estado se encuentra fragmentada frente a la disputa de actores armados no estatales que generan instituciones como estrategia de control. No obstante, algunas de sus variables de interés se encuentran exacerbadas. Primero, el caso del VAH cuenta con la presencia de dos actores armados no- estatales distintos, por lo que permite estudiar la construcción de instituciones a partir de la interacción de un actor insurgente y uno criminal, además de las complejas 36 interacciones de estos con las instituciones del Estado peruano. Segundo, porque en la experiencia del conflicto armado interno peruano el caso del Alto Huallaga es relevante por ser uno de los pocos lugares del país donde el PCP-SL consiguió dominar un territorio amplio y por un tiempo relativamente largo, entre diez y quince años” (CVR 2003, p.769). 3.2.1. Selección territorial La investigación contempla el espacio territorial del Valle del Alto Huallaga. Ante ello, es preciso señalar que la denominación de esta región es controversial por haberse construido de diferentes maneras a lo largo de los años (Mazeres 2020). El presente estudio comprende al Alto Huallaga como compuesto por los territorios desde la provincia de Leoncio Prado, en Tingo María, Huánuco, hasta la de Mariscal Cáceres, Campanilla, San Martín (Figura 5). Esta composición coincide con la temporalidad seleccionada para nuestro análisis, 1980-2000, ya que fue institucionalizada durante la década de 1970 durante los proyectos de colonización dirigida de la selva. 37 Figura 5. Ubicación del Valle del Alto Huallaga en Perú Fuente: Paredes y Manrique, 2021. Dibujado por Kelly Gómez, en referencia a Aramburú, ‘La economía parcelaria’ y data geográfica peruana (http://geoservidorperu.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx). De esta manera, nuestro estudio abarca tres provincias: Mariscal Cáceres, Tocache, y Leoncio Prado. Cada una cuenta con 5, 5, y 6 distritos y 238, 206, y 216 centros poblados, respectivamente (Tabla 1). Las fuentes consideradas en la investigación ofrecen evidencia sobre instituciones con capacidad de organización hasta el nivel de centro poblado, generalmente aquellos con la clasificación de caseríos. http://geoservidorperu.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx) 38 Tabla 1. Unidades territoriales en el Valle del Alto Huallaga Valle del Alto Huallaga Departamentos Provincias Distritos Centros poblados San Martín Mariscal Cáceres 5 238 Tocache 5 206 Huánuco Leoncio Prado 6 216 Fuente: Elaboración propia. En base a INEI 1993. 3.2.2. Selección temporal La investigación considera el periodo temporal de los años 1980 a 2000. Se toma como año inicial 1980 por ser cuando se documentan las primeras acciones públicas del PCP-Sendero Luminoso en la región del Alto Huallaga, con su incursión a la localidad de Aucayacu (Kernaghan 2003). Además, es en el año 1980 cuando se reconoce el inicio oficial del conflicto armado en todo el país, con la acción simbólica de la quema de las ánforas electorales en el distrito de Chuschi también por parte de Sendero Luminoso (CVR 2003, p. 343). Se toma 2000 como año final del periodo seleccionado ya que para la fecha se observa un decrecimiento en la acción armada, poder e influencia del grupo insurgente PCP-SL, el cual declaró la lucha armada al Estado. Durante este año se registraron solo 92 acciones subversivas violentas, todas con escasa trascendencia en los medios de comunicación, denotando un descenso en la violencia (CVR 2003). Consecuencia de ello, durante el año 2000 se levantó también el estado de emergencia en varias zonas de la región y se retiraron algunas bases contrasubversivas. En tanto el fin del conflicto armado interno peruano no concretó ningún acuerdo de paz adoptar el declive en la violencia será un indicador adecuado para identificar el fin de la guerra civil (Huang 2016; Idler 2019). 3.3. Pregunta de investigación La presente tesis busca conocer más sobre el proceso de construcción y transformación institucional durante procesos de conflicto armado intraestatal. Para ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué arreglos políticos otorgaron características de orden a la región del valle del Alto Huallaga durante el periodo de 1980 39 a 2000? Junto a ello se proponen la siguiente sub-pregunta que profundiza el análisis: ¿De qué manera la distribución del poder en la sociedad habilitó la construcción de instituciones en la región del Alto Huallaga durante el periodo de 1980 a 2000? 3.4. Técnicas de recopilación y análisis de la información Tomando en consideración que se propone un estudio de tipo descriptivo de corte cualitativo, la presente investigación considera como herramienta para el recojo de información la revisión documental de fuentes primarias y secundarias. El proceso de recojo de información se llevó a cabo en cuatro etapas: (i) etapa exploratoria; (ii) consulta de archivo; (iii) consulta de testimonios; (iv) triangulación con fuentes y archivos secundarios. La primera etapa de recojo de la información consistió en la lectura exploratoria del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por considerarse el documento más completo de reconstrucción del conflicto armado interno peruano. En esta consulta, se priorizó la revisión de los capítulos listados a continuación en la Tabla 2. 40 Tabla 2. Capítulos consultados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Tomo Capítulo Título TOMO IV Capítulo 1: La violencia en las regiones 1.4. La región Nororiental TOMO V Capítulo 2: Historias representativas de la violencia 2.9. El PCP-SL durante el auge de la droga en Alto Huallaga 2.12. La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga TOMO VII Capítulo 2: Casos investigados por la CVR 2.33. Los asesinatos durante el ataque al puerto policial de Uchiza (1989) 2.64. Las ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga (1989-1994) Fuente: Elaboración propia. En base a CVR (2003). La consulta exploratoria a este documento es de gran aporte para nuestro estudio ya que la Comisión tuvo dentro de su mandato no solo el objetivo de “contribuir al esclarecimiento […] de los crímenes y violaciones de los derechos humanos”, sino también de “analizar las condiciones políticas, sociales y culturales […] [que] contribuyeron a la trágica situación de violencia” (PCM 2001). De esta manera, los capítulos listados no tienen un enfoque exclusivo en la victimización, sino que también consideran el fenómeno del apogeo del narcotráfico como un factor relevante para comprender la violencia y las estrategias de los grupos insurgentes y las agencias del Estado. No obstante, el alcance de comprensión de la creación y transformación institucional en el conflicto que este documento puede otorgarnos es limitado, ya que no constituye un análisis institucional. La segunda etapa y tercera etapa de la recolección de la información consistieron en la consulta de los documentos que constituyen el acervo del Informe Final de la CVR, los cuales son almacenados en el Centro de Información (CDI) para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Este archivo contiene los 41 documentos que informan la redacción del Informe Final, entre ellos: documentos de borrador de determinados capítulos, entrevistas a profundidad, testimonios, planes de trabajo, fotografías, videos, recortes periodísticos, entre otros. Estos documentos resultan una fuente especialmente rica para el estudio de la región del Alto Huallaga ya que, a diferencia de las otras regiones informadas en mayor parte por los comisionados, el VAH tuvo contó con la labor de externos expertos en temas de narcotráfico, por considerarse una particularidad muy relevante para los eventos a tratar. En la segunda etapa de recolección se consultaron los documentos de borrador de determinados capítulos del Informe Final y las consultorías disponibles (Tabla 3). Además, estos documentos contienen entrevistas a profundidad y versiones ampliadas de ciertos testimonios (Tabla 4), los cuales también fueron consultados durante esta etapa. La tercera etapa de recolección de la información considera la consulta a los testimonios de violaciones a los derechos humanos reportados a la CVR correspondientes a los departamentos de San Martín y Huánuco. Si bien, estos relatos contienen un énfasis en los eventos de victimización y el sufrimiento experimentado, cada documento es clasificado desde el grado de información que brinda sobre el contexto en el que se desarrollan los hechos, entre otras categorías, lo que nos permite seleccionar aquellos que pueden informar nuestro estudio de la región. 42 Tabla 3. Consultorías sobre Alto Huallaga Título Autor(a) Fecha Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción CVR Jaime Urrutia 28/08/03 22/05/03 “La violencia política, el narcotráfico y sus secuelas entre la población urbana-rural e indígena (Cashibo-Cacataibo y Shipibo-Conibo) de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo en el departamento de Ucayali” Luis Calderón Mirna Gómez Manuel Cuentas Víctor Paredes Elisabeth Acha 18/07/03 10/04/03 El comportamiento de Sendero Luminoso durante al auge de la droga en el Alto Huallaga Richard Kernaghan 10/04/03 Corrupción, Tráfico Ilícito De Drogas (TID) y Fuerzas del Orden en el Alto Huallaga, 1980-2000 Mónica Vecco 10/04/03 Narcotráfico Ricardo Soberón Garrido 20/02/03 La Violencia Política y el Narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo CVR 28/08/03 La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga CVR Elisabeth Acha 28/08/03 18/07/03 19/06/03 12/06/03 Resumen Operación Aries CVR Tulio Mora Fernando Bazán 06/06/03 20/05/03 La estrategia contrasubversiva del EP y la Operación Aries en el Alto Huallaga 29/04/03 Masacre perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas contra los poblados ubicados a la margen izquierda del río Huallaga, departamento de Huánuco: “Operativo Aries” Elizabeth Acha El “Operativo Aries” Fernando Bazán 17/07/03 18/06/03 El PCP-SL en el campo durante el auge de la droga en el Alto Huallaga CVR 28/08/03 El comportamiento de Sendero Luminoso frente al auge de la droga en el Alto Huallaga Elizabeth Acha 18/07/03 08/05/03 Sendero Luminoso y el boom de la coca Tulio Mora 06/04/03 Fuente: Elaboración propia 43 Tabla 4. Entrevistas a profundidad sobre Alto Huallaga Testigo o número Documento Temas Lugar Cayo, exmando senderista entre 1987 y 1989 CVR Cómo llegó Sendero Luminoso a los centros poblados de Alto Huallaga. Reunión del pueblo en el colegio y reclutamiento justificado en la explotación. Alto Huallaga Evorcio Ascencio Fernández, ex senderista CVR Relaciones entre Sendero Luminoso y MRTA. Nuevo Progreso, San Martín Gilberto Vidal Gabancho CVR Toma del puesto policial de Uchiza e incendio a la Municipalidad. Número de hombres bajo el mando de las firmas de narcotráfico (300-400). Uchiza, San Martín Artemio Miranda Dávila, ex alcalde de Paraíso CVR Primeras familias en sembrar coca, boom de la coca y entrada de la subversión. Éxodo de Paraíso. Nuevo Progreso, San Martín José Aguirre Noblezas, presidente de Comité de Productores de Coca CVR Boom de la coca, relación con arrancadores de CORAH. Los campesinos permitían que se arranquen los cultivos de forma pasiva, esto cambió con la llegada de Sendero. Aucayacu, Distrito José Crespo y Castillo Caserío 7 de Octubre, entrevista realizada por Luis Calderón para la CVR, el 7 de mayo del 2002 CVR Convocatoria a una reunión del Partido y balacera del Ejército Alto Huallaga Orlando Castillo, Gobernador de Uchiza a la CVR CVR Sobre el spike en Uchiza y la erradicación de la coca. Uchiza, San Martín Fuente: Elaboración propia. La cuarta etapa propuesta comprende la consulta a fuentes secundarias y fuentes de archivo adicionales para completar la información ya recabada. Aquí se llevó a cabo una revisión bibliográfica de literatura especializada que, a través del análisis de otros procesos, también contribuyó a la reconstrucción de la historia de la región durante el periodo estudiado. Por otro lado, entre las fuentes de archivo adicionales consultadas se encuentran: el archivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); el archivo de actas y documentos de los comités del PCP-SL en la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE); y el folio N.º 1659 de la sentencia final condenatoria del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera alias “Vaticano”. 44 Capítulo I: Los antecedentes institucionales políticos y económicos del valle del Alto Huallaga Comprender las dinámicas de construcción y transformación institucional en la región del Alto Huallaga durante el periodo del conflicto armado involucra repasar los antecedentes institucionales económicos y políticos de la región, los cuales que crearon el contexto para la incursión y “anclaje” del grupo insurgente Sendero Luminoso. Con este objetivo, el presente capítulo se estructura en tres secciones. La primera, da cuenta de los ciclos económicos experimentados en la región desde su integración a la economía capitalista y las consecuencias que tuvieron en conformar las relaciones entre el Estado peruano y la sociedad civil. Entre estos ciclos, el de mayor ruptura fue aquel que contempló la transformación de las estrategias productivas y la conformación de las condiciones para el ciclo económico del auge de la coca en la región a partir del fracaso del Proyecto de Colonización Tingo María-Tocache-Campanilla. El segundo apartado profundiza en este nuevo ciclo económico. Dentro de él se abordan las relaciones conformadas entre los agricultores y las firmas de narcotraficantes y las instituciones resultantes. Además, se reseñará la estrategia de seguridad que el Estado tuvo en la zona a manera de respuesta, analizando cómo esta dinámica de superposición de legalidades entre las firmas y el Estado, y el desorden que producen, crean un vacío institucional propicio para el proyecto totalizador de Sendero en la zona. Finalmente, un tercer apartado evalúa cómo se configuraron las organizaciones sociales durante este periodo y su estado hacia la década de 1980, cuando se evidencia la incursión Sendero Luminoso en la región. 45 1. Los ciclos económicos en el Alto Huallaga y su influencia en la historia política e institucional Como identifican Maskrey, Rojas & Pinedo “el tiempo histórico transcurre por cauces básicamente urbanos” (1991, p.19). Ello implica que la “urbanización”, que sucede con el surgimiento de las primeras ciudades en la región, es el suceso que pone en marcha los procesos sociales, políticos y económicos que trazan su historia. En ese sentido, delinear el contexto que favoreció el anclaje del grupo insurgente Sendero Luminoso en 1980 inicia con un repaso de los distintos ciclos económicos que han configurado a la región como urbana. A pesar de su condición urbana, la principal actividad económica de la región del Valle del Alto Huallaga es la agricultura, le siguen la extracción forestal, la pesca y, en menor escala, la minería (CVR 2003, p.309). Así, al igual que en muchas otras regiones de la Amazonía, la historia económica regional, principalmente la del departamento de San Martín, ha sido definida por ciclos de extracción de cultivos de algún recurso natural codiciado a nivel nacional o internacional, comúnmente denominados ‘boom’, por su aparición repentina y breve duración (Espinosa 1995, p.63). Entonces, la urbanización de la región, y con ella su historia institucional política y económica, se ha desarrollado a partir de estos ciclos económicos que propiciaron la comunicación externa con los mercados extra-regionales (en la costa y sierra del Perú) e internacionales. No obstante, ello también significó que estos ciclos económicos se lleven a cabo en función de las necesidades externas, por lo que no concretaron una explotación racional de los recursos ni el desarrollo de las fuerzas productivas locales (Maskrey, Rojas & Pinedo 1991), haciendo a los campesinos dependientes de actores externos que garantizaran estos periodos de bienestar económico. En este contexto, desde 1970 con el ciclo económico caracterizado por el auge del arroz y el maíz amarillo duro y la construcción de la Carretera Marginal en la selva de San Martín, se produjo una gran transformación de la estrategia productiva de la región. Como veremos a continuación, a diferencia de los ciclos económicos precedentes, como la exportación de sombreros y caucho – los cuales fueron determinados por el mercado – el cultivo de arroz y maíz fueron consecuencia de la política de colonización de la 46 Amazonía del Estado peruano. Ello tuvo importantes implicancias para las relaciones Estado-sociedad y la construcción institucional en la región. 47 1.1. El Proyecto de Colonización Planificada en el Alto Huallaga Durante la presidencia de Fernando Belaunde Terry (1963-1968) el Estado peruano – asumiendo los postulados “desarrollistas” de la Alianza para el Progreso17 y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)18 – puso en marcha el Proyecto de Colonización Tingo María-Tocache-Campanilla. En sus orígenes, este proyecto planteó como metas la reubicación de 4,680 familias en la región y el uso de 130,000 hectáreas para fines agropecuarios (Bedoya 1981). Para ello, se propusieron dos principales medidas. La primera fue una política de “viabilidad colonizadora” para avanzar la construcción de la red vial del país, de manera que los colonos asentados estuvieran conectados con los centros urbanos del Ande. Junto con ello, se propuso un marco normativo de exoneraciones tributarias que promovía la migración a esta región (Morel 2014). En esta línea, en 1964 se inició la construcción de la Carretera Marginal, la cual conectó a las ciudades de Aucayacu, Tingo María y Tocache. Fue esta conexión entre Tingo María en Huánuco, y Tocache en San Martín, la cual concretó al Alto Huallaga como una unidad económica y espacial (Mazeres 2020, p.19). A la par de la construcción de esta gran infraestructura vial, también en 1964, Belaunde anunció exoneraciones tributarias en un 64% del territorio nacional donde habitaban menos del 10% de la población nacional de entonces19 (Morel 2014). Así, las vías recientemente construidas junto con los programas de colonización planificada del valle tuvieron dos importantes efectos que determinarían el futuro de la región. El primero de ellos fue la expansión de la frontera demográfica a partir de la llegada masiva de migrantes; el segundo, consecuencia directa del primero, fue la expansión de la frontera agrícola. Durante los primeros seis años del Proyecto, 4,227 familias fueron beneficiadas con un título de propiedad o se asentaron en alrededor de las 130,000 hectáreas consideradas, potencialmente, como de uso agrícola en Alto Huallaga (Aramburú 1982). 17 La Alianza por el Progreso, impulsada por el presidente norteamericano John F. Kennedy, promovió la integración y el desarrollo económico en América Latina entre los sectores que eran potenciales “caldos de cultivo” para los movimientos insurreccionales de izquierda, que aparecieron en varios países durante el periodo propuesto, tratando de emular a la revolución cubana (Morel 2014). 18 Entre 1966 y 1973 el BID invirtió alrededo de 41 millones de dólares en este proyecto de desarrollo estatal (Aramburú & Bedoya 1986). 19 Estos territorios no fueron exclusivamente amazónicos, sin embargo, sí abarcaron, en su mayoría, a la Amazonía (Morel 2014). 48 Sin embargo, incluso antes del inicio oficial de los programas, en 1962, más de 600 familias llegaron a la región al conocer sobre la concesión de tierras. Esto fue señal de un proceso espontáneo de migración20, el cual ocasionó que la población asentada fuese muy superior a las metas oficiales de colonización. En suma, durante el periodo de 1961 a 1972, la población del Alto Huallaga se duplicó, y entre el periodo de 1972 a 1981, caracterizado por el auge de la coca, se triplicó (Tabla 5) (Díaz Ísmodes 1992; Paredes & Manrique 2021). 20 De acuerdo con Díaz Ísmodes (1992), el valle del Alto Huallaga ha sido poblado desde la década de 1940 de manera masiva por migrantes, en su mayoría, espontáneos. De esta manera, se observa el siguiente crecimiento poblacional: durante el periodo de 1940 a 1961, la población se incrementó en un 5.6%; en el periodo de 1961 a 1972, identificado con la construcción de la Carretera Marginal y los programas de colonización planificada, la población creció en un 6.2%; finalmente, durante el periodo de 1972 a 1981, identificado con el auge de la coca, como se verá a continuación, la población se incrementó en un 4.2%. 49 Tabla 5. Crecimiento demográfico en el Alto Huallaga, 1940 – 1981 (habitantes) Provincia 1940 1961 1972 1980 Leoncio Prado (Huánuco) 2,619 24,475 55,632 81,241 Mariscal Cáceres (San Martín) 8,882 20,712 36,605 54,231 Total 11,501 45,188 92,237 135,472 Fuente: Paredes & Manrique (2021). La incursión de los nuevos colonos al valle del Alto Huallaga fue un factor crucial para la expansión de la frontera agrícola (Aramburú & Bedoya 1986, p.135). El uso de la tierra se incrementó en gran manera en pocos años. Hacia 1961, el uso de la tierra en el valle abarcaba 2,185 hectáreas, para 1972 la extensión del uso de la tierra se incrementó a 9,923 hectáreas, y para 1984, 50,485 hectáreas eran utilizadas (Aramburú & Tavera 1993). No obstante, tal como identifican Paredes & Manrique (2021), el proyecto de colonización del valle se basó y fue legitimado por documentos de evaluación que sobreestimaron la fertilidad del suelo. El documento “Evaluación e integración del potencial económico y social de la zona Tingo María–Tocache, Huallaga Central” de la oficina del Servicio Cooperativo Interamericano de Fomento (SCIF) indicaba que alrededor del 84% del suelo del valle podía implementarse para fines agrícolas y de ganadería. Sin embargo, estudios posteriores, llevados a cabo entre 1964 y 1970, y en 1972, revelaron que las áreas aptas eran mucho más reducidas y que no podía determinarse la sostenibilidad del suelo para fines agrícolas (Tabla 6) (Paredes & Manrique 2021). El problema de la productividad de los suelos se agravó a partir del bajo rendimiento que tuvieron los cultivos de arroz y maíz, recomendados por los programas de colonización21. A pesar de estas condiciones, las migraciones no se detuvieron. 21 El arroz y el maíz fueron los principales cultivos privilegiados por las empresas estatales orientas al mercado nacional Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) y Empresa de Comercialización de Arroz (ECASA) (Maskrey, Rojas y Pinedo, 1991). Hacia 1972, estos cultivos fueron los principales productos que calificaban a préstamos agrícolas (Aramburú 1982; Meza et al. 2016). De esta manera, en el periodo de 1970 a 1986 crecieron de 6% a 33% (arroz) y de 8% a 36% (maíz) (Maskrey, Rojas y Pinedo, 1991). 50 Tabla 6. Calidad del suelo en el Alto Huallaga (porcentajes) Uso potencial 1962 1964-70 1972 Apto para la agricultura 57.11 35.4 27.41 Apto para la agricultura (adecuación limitada 11.43 15.65 19.04 Apto para la cría de ganado 21.46 37.82 26.66 Apto para la cría intensiva de ganado - - 5.14 Sin valor agrícola 10.00 10.99 21.75 Total 100 100 100 Fuente: Paredes & Manrique (2021) De esta manera, el proyecto de colonización planificada del valle tuvo un impacto directo en la ampliación de la frontera demográfica, creando a una población predominante migrante. Sin embargo, las altas expectativas respecto a la productividad de la tierra asignada y al potencial de desarrollo económico que motivó a estos colonos a reasentarse en el valle no se concretaron. A pesar de estas condiciones el flujo migratorio no se detuvo, y los programas de colonización tampoco, aunque sí enfrentaron algunos cambios. Tras asumir la presidencia Juan Velasco Alvarado, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA) profundizó el impulso estatal a los programas de colonización en el marco de su proyecto de Reforma Agraria. Entre algunas otras modificaciones, este gobierno reorientó el proyecto de lo netamente agrícola a un enfoque agropecuario (Bedoya 1981). Sin embargo, para introducir la ganadería a gran escala fue necesaria la deforestación de grandes áreas con el uso de excavadoras, las cuales tuvieron un efecto de destrucción del equilibrio ecológico (Bedoya 1981) sobre el que profundizamos a continuación. 1.1.1. El fracaso del Proyecto de colonización planificada El proyecto de colonización planificada del valle del Alto Huallaga tuvo distintos efectos que difícilmente pudieron ser previstos al momento de su emprendimiento (Eguren 2006) y que, finalmente, determinaron su fracaso. Uno de los más relevantes para la presente investigación, y al cual se aboca esta sección, fue la configuración del contexto para un ciclo económico determinado por el auge de la coca, el cual en interacción con las dinámicas del mercado internacional de la cocaína configuró al valle como un centro del narcotráfico. 51 Tal como se mencionó, el proyecto de colonización tenía altas expectativas respecto a la productividad de la tierra que se asignó, sin embargo, la experiencia de los colonos probó que este suelo tenía un limitado potencial para la producción agrícola. Al buscar dar respuesta a las condiciones desfavorables del contexto, el origen de los migrantes jugó un rol importante. Durante el periodo de 1973 a 1981 la proporción de campesinos provenientes de la sierra se había incrementado en el valle, conformando el 70% de los colonos no nativos asentados en 1981 (Aramburú 1989, p. 241). Gracias a ello, el grueso de los nuevos pobladores del valle se caracterizó por practicar un tipo de agricultura, anteriormente practicada en el Ande, denominada de “rozo y quema”. Esta técnica consistió en cortar y quemar la vegetación luego de haber cultivado la tierra por un ciclo corto, hasta que su rendimiento decreciera. Una vez que la tierra agotaba su potencial productivo, el agricultor migraba en busca de otra parcela donde reiniciaba este proceso. La estrategia no solo desfavorecía la producción agroindustrial y el modelo de producción cooperativista considerados en los programas22, los cuales requerían un asentamiento fijo (Aramburú & Bedoya 1986), sino que también tuvo drásticas implicancias en la deforestación y degradación del suelo de la Selva Alta (Paredes & Manrique 2021). La evaluación de las consecuencias ecológicas que tuvieron las cooperativas del Alto Huallaga elaborada por Eduardo Bedoya (1981), identifica que la vegetación selvática es un circuito cerrado de elementos nutritivos que cumplen un efecto amortiguador frente a los efectos nocivos del clima tropical y que un rozo indiscriminado del bosque expone a la superficie del suelo a estos. De esta manera, “con el desmonte total [refiere a la técnica de rozo y quema] desaparece la capa fértil del suelo, o queda notablemente reducida o se convierte en tierra absolutamente estéril” (Meggers 1976 en Bedoya 1981). Definitivamente, los impactos de esta práctica se vieron agravados por la distribución de tierras ejecutada por el Estado. En el caso del Ande, la agricultura de rozo y quema se practicaba a menor escala, en parcelas de entre 0.5 y 1.5 hectáreas (Paredes & Manrique 2021), sin embargo, en la Selva Alta la baja productividad del suelo forzaba 22 El modelo de parcelas familiares agrícolas, mixtas y algunas cooperativas agrícolas consideradas en el programa inicial fueron reemplazadas por un modelo de Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) administradas por el Estado (Aramburú 1989; Castro 2000; Maskrey, Rojas & Pinedo 1991). 52 a los campesinos a quemar parcelas de un mínimo 10 hectáreas cada vez que se movilizaban23. A estos efectos sobre la productividad del suelo, se sumaron a las consecuencias del modelo de promoción de la ganadería en la región, promovido por la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. La preparación de los territorios para la actividad agropecuaria involucró el desbosque de aproximadamente una hectárea de tierra por cabeza de ganado con tractores oruga, lo cual tuvo efectos respecto a la destrucción del equilibrio ecológico (Bedoya 1981). Resulta difícil calcular de manera exacta la deforestación en el Alto Huallaga durante este período, sin embargo, algunas aproximaciones indican que hacia 1975 se deforestaban 150,000 hectáreas por año (Malleux 1975), y que entre 1962 y 1972, la agricultura en tierras deforestadas en el Alto Huallaga aumentó del 42% al 76% (Aramburú & Tavera 1993). En conclusión, los incrementos en la erosión y acidificación del suelo en el valle, provocados por la agricultura de rozo y el desbosque mecanizado, limitaron la posibilidad de desarrollar las dos principales actividades promovidas por los programas de colonización: el cultivo de arroz y maíz, y la crianza de ganado. Sin embargo, los cultivos de coca resultaban aptos para estas tierras despejadas, en tanto no requerían de la cobertura forestal (Paredes & Manrique 2021). De esta manera, las políticas de colonización generaron efectos socio-ecológicos que hicieron del cultivo de coca una alternativa ideal para los colonos empobrecidos en la región. La siguiente sección explora cómo estos efectos interactuaron con la demanda internacional de cocaína, particularmente de los Estados Unidos, configurando un nuevo ciclo económico caracterizado por el auge de los cultivos de coca. A partir de ello, se analizará cómo los actores que surgen en este contexto, y las respuestas que provocan en el Estado peruano, configuran el contexto institucional que encontrará el grupo insurgente Sendero Luminoso en el momento de su incursión al valle del Alto Huallaga. 23 El programa de colonizaciones consideró tres tipos de parcelas familiares para el establecimiento de los colonos: parcelas agrícolas de 10 hectáreas, parcelas mixtas de 15 hectáreas y parcelas ganaderas de 50 hectáreas; siendo 10 hectáreas el mínimo de tierra asignado (Aramburú 1989). 53 2. La llegada de la coca al valle del Alto Huallaga y su auge La coca fue un recurso presente en el valle del Alto Huallaga desde décadas atrás, sin embargo, su auge en la región inicia en la década de 1970, como consecuencia de las fallidas políticas de colonización del valle y las dinámicas propias de la creciente demanda del mercado internacional de la cocaína durante ese periodo. Desde la década de 1940, familias de emigrantes japoneses, pioneras en procesar la pasta básica de cocaína de forma legal, se asentaron en la ceja de selva del distrito de Chinchao y en el valle de Pampayacu (CVR 2003, p.312). La droga que estas familias procesaban en base a la coca era trasladada a Lima, y luego a Japón, donde era utilizada con fines farmacológicos. Sin embargo, la ausencia de controles por parte del gobierno permitió que estas familias japonesas asentadas en estos distritos, y los obreros que empleaban, migraran a la zona de Tingo María durante la década de 1950, donde comenzaron a procesar pasta de cocaína de manera ilegal. Así, en la selva de Huánuco, el cultivo de coca aumentó de forma progresiva desde el año 1945, mientras que, como vimos en el apartado anterior, en San Martín se incrementó desde la década de 1960, finalmente, su producción en Ucayali aumentó en la década de 1970 (CVR 2003). Se calcula que el incremento de estos cultivos en el valle fue de 600 hectáreas en 1950, hasta 100,000 hectáreas calculadas para 1995, año en que se identifica el punto más álgido del cultivo (2003, p. 312). De acuerdo con Manrique (2016), la configuración de la región como un foco del narcotráfico se debió a la interrelación de seis factores. Tres de ellos provienen de los efectos de las políticas de colonización planificada del valle, estos son: el fracaso del proyecto desarrollista, la disminución significativa de la presencia del Estado y sus incentivos para el desarrollo agropecuario, y la imposibilidad de los agricultores para mantenerse a través de alternativas de cultivo legales debido a su poca rentabilidad por la incompatibilidad con la capacidad productiva del suelo del valle. Junto a ello, también fueron factores de influencia para el auge de la coca: el conocimiento previo sobre el cultivo de hoja de coca y el procesamiento de la cocaína por parte de los actores involucrados, la presencia de colombianos en el Alto Huallaga y el crecimiento de la demanda internacional por el clorhidrato de cocaína (Manrique 2016). Como señala la sección anterior, el grueso de los colonos que llegaron al Alto Huallaga 54 en durante el periodo de los programas de colonización planificada provenían de zonas altoandinas. En ellas, el cultivo de coca practicaba como parte del consumo tradicional, lo que ocasionó que estos nuevos habitantes del valle tuvieran conocimientos previos sobre su cultivo y cosecha (Gonzales 1992). Además, existía un conocimiento sobre el eslabón del procesamiento químico, dentro de la cadena de producción de la cocaína. De acuerdo con Gootenberg (2010) este conocimiento provino de la experiencia de químicos y trabajadores de la industria de la cocaína legal, que mencionamos existió hasta la década de 1950, principalmente en el departamento de Huánuco. La incursión de los colombianos en el tráfico ilícito de cocaína en el Alto Huallaga también fue un elemento facilitador del auge. Manrique (2016) señala que durante las décadas de 1980 y 1990 los carteles colombianos dominaron el comercio internacional de la cocaína, encargándose tanto de su producción como de su distribución, así, tenían mayor ventaja y experiencia que los demás países de la región andina que también participaban del narcotráfico, como Perú y Bolivia, pero ejerciendo actividades de menor rango como el cultivo de hoja de coca y el procesamiento de la pasta básica y pasta lavada. Su experiencia previa, junto con preexistencia de sus redes ilícitas hicieron que, una vez asentados en el valle24, facilitaran el transporte de la coca y la cocaína hacia el más grande y rentable mercado, Estados Unidos (Gootenberg 2008). Finalmente, el factor habilitador del auge o ‘boom’ de la cocaína, y con ello, del cultivo de hoja de coca, fue el incremento en su demanda a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos. Entre las décadas de 1970 y 1980, el consumo de cocaína aumentó notoriamente en los Estados Unidos, de manera que, a inicios de 1980, alrededor de 22 millones de ciudadanos americanos admitían haber consumido esta droga (DEA s/f en Manrique 2016). Este consumo masivo se tradujo en una alta valoración del producto en el mercado, durante 1980 el valor de la coca fue de entre 200 y 450 dólares en Estado Unidos (ONDCP 2001, p.17). Estos factores explican la configuración del valle del Alto Huallaga como un foco del narcotráfico durante el largo periodo de finales de la década de 1970 hasta los inicios de la década de 1990 (Manrique 2018). La siguiente sección estudia qué actores que protagonizaron este auge durante la 24 Es posibile identificar la presencia de los traficantes colombianos desde los años 1974 o 1975 en el caserío de Anda, en Huánuco, y en los pueblos del norte de Tingo María (CVR 2003, p.746; Vargas 2015). 55 década de 1970, los recursos de poder que les permitieron influenciar o ser influenciados por este mercado y las instituciones que se configuraron, o no, a partir de él. 56 2.1. El Valle del Alto Huallaga como un foco del narcotráfico: Las relaciones entre narcotraficantes y civiles El inicio del apogeo o ‘boom’ de la droga en el Alto Huallaga puede rastrearse hacia los años 1974 o 1975, en los pueblos al norte de Tingo María y con el caserío de Anda como centro inicial (CVR 2003, p.746). El auge de este negocio ilícito inició con la llegada de los cárteles de Colombia y México durante esta década. Estos, posteriormente, expandieron sus actividades hacia el norte, llegando a San Martín (Vargas 2015). La cercanía de la región del Alto Huallaga a la frontera colombiana favoreció que el área dedicada al cultivo de coca, que inicialmente era más abundante en el departamento de Cusco25, en 1982 se concentrara principalmente en Huánuco y San Martín, donde ocupó el 36% y 45% de las áreas de cultivo, respectivamente (CVR 2003, p.313). De acuerdo con los testimonios recogidos por el Informe Final, es posible decir que la “memoria colectiva” recuerda que primero llegaron los traficantes colombianos a la zona, y se internaron de manera clandestina en el monte, sin acercarse al pueblo (2003, p.286). Así, los primeros focos de la droga fueron lugares relativamente discretos, ya que la droga se elaboraba en el monte e, incluso luego de ser procesada no circulaba de modo abierto en los pueblos y en los caseríos. En estas épocas el auge del narcotráfico era visible, principalmente, por los hábitos de consumo de la población local, quienes habían comenzado a adquirir artículos de lujo, entre ellos: carros, motocicletas, ropa lujosa, joyas, relojes, entre otros (CVR 2003, p.746). De allí, poco a poco fueron apareciendo en los pueblos, hasta que, previo pago a las autoridades locales de turno, pudieron andar abiertamente por las calles de Tocache con grupos de hombres armados, identificados como sus sicarios (CVR 2003). Para los testimoniantes, esta visibilidad señala el inicio del apogeo, “casi de la noche a la mañana” (testimonio de Alcides en CVR 2003). Más adelante, el incremento en la demanda y, en consecuencia, en el cultivo de la coca en el Valle aumentó la migración hacia la zona y favoreció la aparición de las primeras ‘firmas’ de narcotraficantes de origen local (CVR 2003). De acuerdo con Vecco, 25 De acuerdo con el Informe Final de la CVR (2003), los cultivos de coca en el departamento de Cusco ocupaban el 54% del área de cultivo, mientras que en Huánuco ocupaban un 24% y en San Martín un 1%. 57 las firmas eran “sociedades de tres narcotraficantes con capacidad económica suficiente para colocar una carga de PBC (500 a 1000 kilos) por vuelo” (2003, p.21). Además, se conoce que estas organizaciones “se distribuyeron entre sí el control de la región, sometiendo bajo su jurisdicción unidades que comprendían poblados de acopio y aldeas de producción” (CVR 2003, p.384). Su distribución territorial se dio desde un ‘pacto de caballeros’, es decir, desde el compromiso de cada ‘patrón’ para respetar el operar dentro de su área correspondiente y pagar el costo de operaciones establecido por los jefes traficantes colombianos. En esta línea, no debe confundirse al modelo peruano de “firmas” de narcotraficantes con las organizaciones de tráfico de drogas en Colombia, tales como el cartel de Medellín o Cali. Contrario a estas masivas coaliciones criminales, las firmas de narcotraficantes fueron relativamente débiles en términos de su organización interna, su poder paramilitar, y su capacidad para formar coaliciones y establecer acuerdos con organizaciones rivales (Dreyfus 1998, p.15). En cuanto a su organización, las firmas en Perú estaban integradas y subordinadas al proceso de producción de cocaína implementado por las organizaciones colombianas. En esta cadena de producción, las firmas asumían el rol de transformar las hojas de coca en pasta de coca y gestionar su transporte a Colombia26; una vez allí la pasta de coca se transforma en base de cocaína y luego en clorhidrato de cocaína, el producto final. Las firmas tenían un poder paramilitar débil: si bien, eran lo suficientemente fuertes para extorsionar a los campesinos, obtener precios bajos por la coca y brutalizarlos cuando no respetaran sus contratos, no tenían capacidades suficientes para enfrentarse por sí mismas a la policía o el ejército27. Finalmente, las firmas también tuvieron una débil capacidad de coordinación interna que, de acuerdo con Dreyfus (1995), pudo surgir desde diferentes variables. Entre ellas se encuentran: la multiplicidad de grupos y la ausencia de un núcleo fuerte, o un solo grupo, que coordinara las acciones de todos ellos; y la posibilidad de que los carteles colombianos hayan aplicado una política de ‘divide y 26 Como veremos en el capítulo siguiente, tras el desmantelamiento del cartel de Cali iniciado en 1995, los traficantes peruanos comenzaron a adquirir las capacidades para producir y vender su propia, aunque limitada, cocaína a los carteles mexicanos con destino a Estados Unidos (Dreyfus 1998), 27 En el siguiente capítulo también se profundizará respecto a cómo esta debilidad paramilitar favoreció la subordinación de las firmas respecto a Sendero Luminoso, que fue capaz de ofrecerles protección respecto a las fuerzas policiales. 58 vencerás’, dado que las firmas dependían de la experiencia técnica y protección de los jefes colombianos. La cantidad de firmas de narcotraficantes presentes en Alto Huallaga era abundante. Por ejemplo, solo para la localidad de Uchiza se observó la presencia de 41 firmas de narcotraficantes (Vecco 2003). De esta manera, Dreyfus (1995) identifica que fueron 8 las firmas más reconocidas por su magnitud y poder relativo, las cuales tuvieron el control de aproximadamente 100 subgrupos. Los 8 líderes de firma más notorios fueron: Reynaldo Reynoso, alias “El Padrino”; Edwin Castillo, alias “Vampiro”; Guillermo Cárdenas alias “Mosca Loca” y su hijo “Mosquito Loco”; Elías Chávez, alias “Lan Chile”; “Machi”; el colombiano Waldo Vargas; los hermanos Cachique Rivera; y los hermanos López Paredes, alias “Los Norteños. Sería ambicioso intentar listar todas las firmas que se dividieron el control del valle previo a 1980, sin embargo, la siguiente tabla recoge un listado de aquellas que pudieron identificarse, la zona de control que asumieron, y la cantidad de miembros. 59 Tabla 7. Firmas de narcotraficantes en el Alto Huallaga Provincia Distrito Caserío Patrón Cantidad de miembros Tocache Tocache - Vampiro 300-400 hombres - Aníbal - - Shushupe - - Aureo - - Gato Gerber - Uchiza - Catalino Escalante - - Tío Carachupa - - Lencho - - Valeza - - Sardino - Mariscal Cáceres Campanilla Campanilla Vaticano 300-400 hombres - - - - - - - - - Marañón Cholón Paraíso Braulio Tafur - - Antonio “Tío” Ríos - - Marcelo Ramírez "Machi" - Fuente: Elaboración propia en base a Kernaghan (2003) y Soberón (2003). Estos líderes narcotraficantes de mediano y alto rango, cada uno en el área de su control, fueron responsables de regular la producción y distribución del recurso económico más importante de la zona, la coca, y de generar oportunidades económicas a partir de ella. No obstante, la naturaleza verbal de sus compromisos contribuyó a su incumplimiento y, consecuentemente, al enfrentamiento entre firmas locales (CVR 2003, p.384). Estas confrontaciones incluyeron asaltos y asesinatos entre quienes compraban la droga, y pagos fraudulentos y explotación para los cultivadores de la hoja, aquellos que no aceptaban estos abusos muchas veces eran asesinados por los sicarios de estas firmas. Como lo describe el Informe Final, esta época de rivalidad entre firmas fue similar 60 a un “pandillaje” e involucró “encuentros repentinos que casi siempre terminaban a balazos”, creando un estado general de violencia (2003, p.745). Por otro lado, la relación de la población con los traficantes locales varió de localidad en localidad. A continuación, abordamos dos casos representativos que permiten observar cómo a nivel local los arreglos políticos entre los líderes de las firmas narcotraficantes y la población civil variaban en su naturaleza. 2.1.1. Campanilla bajo el control de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano” El narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido bajo el alias de “Vaticano”28 controló territorio en Campanilla; sin embargo, de las cuatro firmas existentes en el distrito, la suya era la más conocida y respetada (Vecco 2003). Incluso hasta la actualidad, es percibido como un líder bondadoso que sirvió a la población. De esta manera lo recuerdan los exagricultores cocaleros de la localidad, según los testimonios recogidos por Hernán Manrique en un trabajo de campo realizado en la zona de Mariscal Cáceres durante el año 2016. Una característica muy recordada de Vaticano fue su generosidad, un exagricultor cocalero anónimo de Campanilla, actual productor de cacao, lo presenta como “una bella persona que apoyó cantidad a los agricultores más que todo, a los agricultores, a los pueblos, a personas que necesitan”, así, relata que los ciudadanos de Campanilla que pasaban necesidades económicas por sus condiciones de vida o de salud, acudían a su casa para pedirle dinero y que Vaticano les otorgaba la cantidad requerida (anónimo 1 en Manrique 2016, p.104). Por otra parte, el testimonio de otro exagricultor cocalero anónimo reconoce que Vaticano no solo tuvo una excelente relación con el pueblo y cumplió un papel de ayuda humanitaria, sino que también tuvo un rol importante para gestionar la delincuencia común en el pueblo, sobre ello menciona: “[…] él sí era enemigo del delincuente, o sea, enemigo del delincuente común, así no, no, él no. Era un tipo bien drástico con ellos. Drástico era con la delincuencia.” (Manrique 2016, p.105). 28 El alias de “Vaticano” es el más reconocido, sin embargo, su ficha criminal documenta que fue conocido por catorce alias distintos: Vaticano, Sadam, Gerónimo, Al Capone, Loco Limonier, Patrón, Irak, Doctor, Loco, Garrincha, Coca Loca, Topacio, Jerusalén y Lobo (Coya 2013, p.16). 61 La seguridad no fue el único bien público provisto por Vaticano, ya que también fue reconocido por desempeñar otras labores desatendidas por el Estado peruano, como la provisión de justicia. Así, Vaticano asumía la responsabilidad sobre la resolución de conflictos y “cada vez que ocurría un abuso con la población civil [y la policía], él actuaba como una especie de mediador” (Coya 2013, p.59). De igual manera, proveyó importantes obras de infraestructura pública en favor de la comunidad de Campanilla. Entre ellas se encuentran la construcción de la Plaza de Armas de Campanilla, un colegio secundario, una posta médica, y un campo deportivo; además de la reparación de un puente, y la instalación de los primeros postes de luz eléctrica y una antena (2013, p.60). Como describe a Coya (2013) Erlita Izquierdo Fasabi, quien vivió en Campanilla durante cincuenta y cuatro años, la construcción de esta infraestructura se dio en una época donde ”[…] no había luz acá; no había plaza, no había calles. Eran montes” (p.59), por lo que se le atribuye a Chávez Peñaherrera el progreso del pueblo. De igual manera, Winston Barrera, mototaxista de Campanilla, señala que “[g]racias a él [Vaticano] se logró el engrandecimiento y el auge de Campanilla” (Coya 2013, p.73). Como se puede ver, el agradecimiento del pueblo le garantizó a Vaticano su completa simpatía y colaboración. De esta manera, un militar que operó en Mariscal Cáceres recuerda: “[c]ada vez que intentábamos hacer un operativo en la zona controlada por Vaticano, encontrábamos una fuerte resistencia de la población” (p.59). Por otra parte, en la zona sur del valle del Alto Huallaga, desde el caserío de Anda, hasta el de Ramal de Aspuzana, también se documentó la presencia de firmas del narcotráfico con un liderazgo pacífico. En estas zonas, los primeros años del auge del narcotráfico no se ejercieron con altos niveles de violencia en tanto estuvo bajo la dirección de “colonos ‘oreros’ y plataneros que gracias al auge de la coca lograban convertirse en empresarios importantes en calidad de ‘encargados’ o proveedores para los carteles colombianos” (CVR 2003, p.284). Estos narcotraficantes también son recordados con cariño y se señala que se portaban como ‘caballeros’. Así, estos empresarios ilícitos negociaban de manera discreta, evitaban aparecer armados en público y no ejercían formas de maltrato hacia la población. No obstante, ello no significa que se tenga certeza de que estos líderes narcotraficantes del sur del valle también hayan 62 ejercido liderazgos personalistas que reemplazaron al Estado en la provisión de determinados servicios, como sí lo hizo Demetrio Chávez Peñaherrera. 2.1.2. Tocache bajo el control de Edwin Castillo, alias “Vampiro” Un caso muy distinto ocurrió en la provincia de Tocache, donde el traficante Edwin Castillo, conocido bajo el alias de “Vampiro” o “El Vampiro”, era reconocido por haber hecho un uso extremo de la violencia en contra de la población. De acuerdo con el testimonio de Alcides, un joven traquetero29, recogido por la CVR, Vampiro era reconocido por ser un “tocachino neto” y el primer peruano en Tocache en armar su propio grupo de narcotraficante (2003, p.286). Su rol de pionero, entonces, lo obligó a “declarar la guerra” a los traficantes colombianos en la zona, lo que configuró su extendido uso de la violencia y su fama de “sanguinario”. Por ejemplo, Alcides da cuenta de un incidente de violencia que experimentó al encontrarse en el mismo lugar que Vampiro, el burdel “Las Brisas”. Alcides cuenta que Vampiro andaba en el bar con una metralleta colgada en el cuello, ignoraba la presencia de otros hombres y buscaba a las mujeres más atractivas para él y los miembros de su organización que le acompañaban. Sin embargo, de un momento a otro, Vampiro “agarró una silla así y la destrozó en la cabeza de la chica” y, además de ello, siguió golpeándola una vez que estuvo en el suelo (2003, p.286). El testimonio de Alcides también da cuenta respecto al poder de decisión que tenía Vampiro a nivel del pueblo, por ejemplo, menciona que, a su voluntad, el traficante gritaba “¡se me cierra el bar!” y todos los allí presentes debían salir para ceder el uso de las instalaciones a Vampiro y su organización. Un segundo incidente, expandido de manera oral entre Uchiza y Tocache, sobre la violenta autoridad de Vampiro fue la historia del asesinato de un periodista local cuando Escalante tenía aun solo veinte años (Gonzáles 1992, p.126). Vampiro asesinó al periodista a golpes en la Plaza de Armas de Tocache y no permitió que su cuerpo sea levantado luego de que la víctima publicara una historia donde se refería a él como un narcotraficante (Rowe 2008). Además, era reconocido por aterrorizar a sus oponentes 29 Un ‘traquetero’ es un acopiador de hojas de coca y de pasta básica, puede calificarse como un rango medio dentro de la cadena del negocio de la coca (Coya 2013, p.27). 63 colombianos en Tocache cortando sus cabezas y echando los cuerpos al río Huallaga (González 1992). Al igual que las historias locales, el testimonio de Alcides permite reconocer que, durante este periodo, la ciudad de Tocache se caracterizaba por una violencia extrema y arbitraria, que incluso se había normalizado. Alcides describe como en esa época no sentía miedo, “al contrario me divertía mirando la violencia”, menciona (CVR 2003, p.286). En el caso del ataque de Vampiro a la mujer en el burdel “Las Brisas”, el testimoniante aseguró que nadie reaccionó a este ataque y estuvieron “mudos todos” para evitar meterse en problemas. Al parecer, esta naturaleza de una convivencia violenta, donde los traficantes tenían el completo control del pueblo desde sus decisiones arbitrarias justificado en su capacidad de infringir daño fue común en la parte norte del Huallaga (CVR 2003). Además de Vampiro, Catalino Escalante en Uchiza, “Cristal” y “Champa” en Aucayacu, también fueron reconocidos por su violencia. De acuerdo con el Informe Final, en estas zonas era común ver a los patrones de las firmas recorrer las zonas urbanas y rurales con “pequeños ejércitos de sicarios” que les servían tanto como cuerpo seguridad, como de herramienta de poder y control (2003, p.284). De esta manera, puede inferirse que los halagos que se otorgan al liderazgo personalista de Vaticano en Campanilla contrastan con las opiniones sobre los traficantes que pueden recogerse en la mayor parte del valle. Múltiples fuentes señalan que los traficantes, especialmente los colombianos, coaccionaban y estafaban a los campesinos para obtener a coca a precios bajos (Dreyfus 1998, CVR 2003, Kernaghan 2009). El testimonio que Moisés Adriano Raymundo, exagricultor cocalero y actual miembro de la Cooperativa Agroindustrial de Tocache, brinda a Manrique (2016) resume de manera acertada estas dinámicas: “Nos han tenido como sus peones gratis, porque mira, ¿cómo era la estrategia de los narcos? Había campañas de coca, pum, lo subían hasta 50 dólares la arroba y cuando ya todo el mundo miraba, levantaba la vista, recién, voy a volver a cultivar a coca. Cultivabas, para la segunda ibas a cosechar, pum, le bajaban a 20 dólares. O sea, ese era un manejo de los narcos para que ellos hagan dinero, fregándole al agricultor, le levantaban esta campaña al precio y luego el agricultor invertía, hacía todo para producir 40 arrobas por hectárea y resulta que decían hay peligro, que el gobierno nos está espiando, bajó a 20 dólares” 64 (Moisés Adriano Raymundo, ex cocalero y actual miembro de la Cooperativa Agroindustrial de Tocache; Tocache). Más adelante, a partir de la incursión de Sendero Luminoso al valle, el control de estos precios junto con otras prácticas de injusticia alrededor del mercado de la droga, como la alteración de las balanzas, serán una motivación de los agricultores cocaleros para apoyar el control del grupo insurgente sobre esta economía. Sobre ello ahonda el siguiente capítulo. 65 2.2. La respuesta del Estado peruano: superposición de legalidades, desorden y vacío institucional Ante la relevancia del narcotráfico como actividad económica y la presencia de las firmas de narcotraficantes en el Valle, la presión internacional por parte de los Estados Unidos motivó al gobierno militar de Morales Bermúdez (1975-1980) a promulgar en marzo de 1978 el Decreto Ley N.º 22095, también conocido como la “Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas”. A través de este decreto, el Estado peruano emprendió una lucha frontal contra la coca y la cocaína, impuso penas para el delito de narcotráfico, creó un sistema para la reducción de estos cultivos, y aplicó las estrategias de la erradicación forzosa y la interdicción de derivados. Junto con ello, la ley consideró la creación de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), la cual estaría encargada de la comercialización legal de este recurso. Así, todos los cultivos que no fueran registrados por ENACO fueron considerados como cultivos ilícitos. Junto este marco legal, el Estado también creó la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), un aparato policial especializado para llevar a cabo las erradicaciones; un ente a cargo del Control y Reducción del cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH); y una Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD), a cargo del resguardo de los bienes incautados; y un Comité Multisectorial de Control de Drogas (COMUCOD) (CVR 2003, p.740). En respuesta a estas medidas los agricultores cocaleros de la región se organizaron en el “Comité Regional de Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos”, creado en 1979. A través de este comité convocaron a una huelga en Tingo María que movilizó a 8,000 productores de coca provenientes de Huánuco, San Martín y Loreto (CVR 2003). Si bien, esta huelga fue efectiva para generar una negociación entre los dirigentes cocaleros y los ministros de Agricultura y Defensa (CVR 2003, p.316), los compromisos alcanzados fueron desconocidos posteriormente por el Estado (Paucar 2006). A finales del año 1979 también, se llevó a cabo el primer gran operativo de erradicación de cocales y destrucción de secadoras de coca, denominado “Operativo 66 Verde Mar I”30. Esta operación fue ejecutada por 1,000 policías apoyados por militares basados en Tingo María (Neild 2005). Sin embargo, no cumplió con los objetivos de erradicación planteados, ya que se erradicaron solo 60 de las aproximadas 12,000 hectáreas de coca en el Alto Huallaga (Van Dun 2009). A pesar de ello, su impacto más relevante fue el deterioro de las relaciones entre el Estado peruano (representado en el valle por sus agencias y fuerzas del orden) y la sociedad civil. Destacó el ataque a los campesinos a través de la confiscación de tierras y las detenciones arbitrarias, entre otros excesos y violaciones a los derechos fundamentales por parte de los “Sinchis”, el batallón contrainsurgente de la Guardia Civil (CVR 2003, p.313). En 1981 se llevó a cabo el Operativo Verde Mar II, en el cual los abusos se hicieron mayores y se llegó a detener a cientos de agricultores acusados por narcotráfico, además, a los cocaleros que tenían grandes extensiones de tierra se les exigió erradicar sus cocales y plantar otros cultivos como una señal de arrepentimiento (CVR 2003). En este año también se hizo efectiva la prohibición de compra de coca por la ENACO, establecida por el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) mediante el Decreto Ley N.º 22927, promulgado el 4 de marzo de 1980. Ante ello, la situación de inseguridad económica de los campesinos cocaleros se agravó, y en 1982 alrededor de 10,000 agricultores cocaleros de Chinchao, Monzón, Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad, se movilizaron hacia Tingo María para llevar a cabo huelga indefinida que exigía la reanudación del comercio legal a través de ENACO (Paucar 2006, p.55). La huelga tuvo una duración de solo once días, tras los cuales el gobierno derogó los artículos que prohibían la compra legal. No obstante, esta prohibición no tuvo los efectos deseados, ya que durante los siguientes dos años la coca siguió circulando hacia el mercado ilícito a precios bajos, lo cual contribuyó a la producción de cocaína y demás derivados en el contexto del ‘boom’ de la coca (Paucar 2006). Más allá de la presencia coercitiva que el Estado peruano intentaba imponer el en Alto Huallaga, también es posible notar que su presencia administrativa era débil en la 30 Los operativos Verde Mar I y Verde Mar II, visto a continuación, no fueron los primeros operativos de erradicación de cocales aplicados por el Estado peruano. Anteriormente, en 1976, ya se había llevado a cabo el Operativo Cerrojo. No obstante, Verde Mar I y Verde Mar II en 1979 y 1981, respectivamente, son los más reconocidos por su magnitud y porque en ellos se denunciaron mayores excesos (CVR 2003, p.313). 67 región. Como lo señala el Informe Final de la CVR, “a inicios de la década de 1980, la debilidad del Estado se reflejaba, entre otras variables, por la casi nula presencia del Ministerio Público y el Poder Judicial” (2003, p.317), ya que “la instancia más cercana del poder judicial estaba a varias docenas de kilómetros en Tingo María” (p.280). Así, vemos que la relación entre las instituciones estatales y los ciudadanos era deficiente. Junto con ello, se ha documentado ampliamente la desafección ciudadana hacia las fuerzas policiales31 que estaban presentes en la zona anterior a la entrada de Sendero Luminoso, las cuales eran reconocidas por haber sido corrompidas por el apogeo del narcotráfico (2003, p.279). De esta manera, durante los primeros años del apogeo de la coca, los campesinos productores estuvieron expuestos a las presiones, asaltos y coimas exigidas por parte de los agentes policiales. La CVR da cuenta de los casos de agricultores del valle que señalaron los abusos “generalizado[s] y sistemático[s]” de los miembros de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), quienes ingresaban de improviso a sus chacras para exigir cupos, amenazándolos con ser detenidos, en caso no colaboraran (2003, p.279). Otras veces, cuando no tenían dinero para las coimas exigidas, los policías incautaban sus bienes, o violaban a sus mujeres y mataban a sus animales como forma de represalia. Los agentes del orden solían justificar estos abusos bajo la consigna que su cargo les confería, ya que confiscaban los bienes de los agricultores bajo la presunción de los artículos de valor solo podían ser financiados con dinero proveniente del narcotráfico. En ese sentido, las detenciones fueron tergiversadas y dejaron de cumplir un objetivo de seguridad, tornándose en un pretexto para “sacar plata” o exigir pagos por parte de aquellos detenidos arbitrariamente. A este punto, se volvió evidente que los detenidos eran liberados luego de grandes pagos; además, los testimonios señalan que, si los agraviados por estas detenciones arbitrarias no tenían dinero suficiente para 31 En línea con la comprensión propuesta en el Informe Final de la CVR, se toma a las fuerzas policiales como un término amplio que abarca una compleja estructura con divisiones internas que conforma a la institución policial. Esta estructura ha experimentado distintas reorganizaciones de sus unidades a lo largo del periodo estudiado. Por lo pronto, en el periodo que antecede a la incursión de Sendero Luminoso en el valle del Alto Huallaga puede identificarse que estuvieron presentes las siguientes instituciones policiales. En el sur del valle, desde Tulumayo hasta La Morada, se ubicaron la Policía de Investigaciones Peruana (PIP), la Guardia Civil, los Sinchis y la UMOPAR. Por otra parte, la Guardia Republicana tuvo una mayor intervención en los territorios de la provincia de Tocache, entre Nuevo Progreso y Pólvora (CVR 2003, p.279). 68 financiar su libertad, también podían intercambiar bienes preciados, como las llaves de sus autos (2003, p. 280). Más allá, esta tergiversación de la legalidad del Estado peruano también afectó a las instituciones de provisión de justicia. Así, la lejanía de las instancias del Poder Judicial alimentaba la narrativa de que era más beneficioso “resolver” estas detenciones a través del pago de la extorsión, antes de que se abriera un expediente para los campesinos afectados o que el proceso aumentara de instancia puesto que “cuanto más se acercara a Huánuco o a Lima el costo de ser liberado se multiplicaba por las manos que reclamaran su parte” (2003, p.280). Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, las dinámicas de corrupción, a pesar de ser sistemáticas y generalizadas, no lograron conformarse como instituciones informales en el valle durante este periodo. Esto se debió a que los miembros de las fuerzas policiales no fueron “simplemente corruptos”, sino que también se tornaban demasiado exigentes y no solían respetar los tratos o “arreglos” que generaban con la población (CVR 2003, p. 280). De esta manera, las críticas alzadas por los testimoniantes basaban su “hastío” y “repugnancia” en la deslealtad y la poca confianza que se tenía en la policía como institución (tanto formal, como informal), incluso más que en su labor de erradicación de la coca. En los siguientes años, una vez iniciada la participación de estos agentes en la lucha contrainsurgente, esta imprevisibilidad se hace más notoria. Por ejemplo, casos en la zona de Aucayacu señalaron que era peligroso colaborar con las fuerzas policiales informando sobre elementos insurgentes, ya que no garantizaban la seguridad mínima para los colaboradores, e incluso, vendían sus nombres a los senderistas (p.280). La venta de información respecto a aquellos que sindicaron a elementos senderistas en el Alto Huallaga se volvió una práctica de “rutina”: se ofrecía a los senderistas el nombre de su informante para presionarlos a pagar un monto, cuantificado en varios miles de dólares, a la policía para su liberación (CVR 2003, p.280). Tras salir libres, los elementos insurgentes cobraban venganza con sus delatores. Ellos pueden conocerse mejor a través de la historia de un hombre mayor apodado “Veloz”, recogida por la CVR en Nuevo Progreso, Paraíso. Veloz vivía en Puerto Megote y un día se dirigía a Paraíso para cosechar plátano. En Nuevo Progreso ve a un grupo de guerrilleros, por lo que recurre a un capitán de la policía a denunciarlos. Los oficiales intervinieron a los 69 acusados, los investigaron y confirmaron que eran guerrilleros. No obstante, una vez en el calabozo, el capitán solicitó dinero a uno de los guerrilleros a cambio de la identidad del informante, tras ello “a los dos días un tal Bigotes, un tal Pucallpa, después no sé quién más, vienen, lo intervienen al pata y lo matan a hachazos al señor. Lo han cortado su cabeza, lo han decapitado al hombre delante de su señora, sus hijos y lo han dejado así” (2003, p.281). Como exploraremos a mayor profundidad en el siguiente capítulo, la imprevisibilidad de ambas legalidades que se superponían (las de las firmas de narcotraficantes y las del Estado peruano) y la incapacidad de ambas para lograr resultados políticos y económicos que permitan condiciones básicas de bienestar para los civiles en el valle del Huallaga durante el periodo antecedente a la incursión de Sendero Luminoso establecieron un contexto de vacío institucional. Por una parte, las firmas de narcotraficantes contaban con liderazgos personalistas, a cargo de sus patrones. En la mayor parte de los casos, estos líderes de firma tenían comportamientos arbitrarios justificados en su capacidad de hacer el uso de la violencia por medio de armas de alto calibre y de grupos de sicarios que empleaban. Por la otra parte, las agencias del Estado presentes en la región durante el periodo anterior al conflicto, expresadas principalmente en las fuerzas policiales, se involucraron en dinámicas de corrupción que debilitaron la legalidad del Estado peruano creando un vacío que Richard Kernaghan describe como “estructural y no absoluto porque el Estado no estaba ausente y nunca dejó de tener una presencia a nivel del Huallaga” (2003, p.37). Sin embargo, al implementar dinámicas de corrupción que escaparon a la racionalidad legal del Estado peruano, las fuerzas policiales tampoco construyeron previsibilidad, ni lograron conformarse en instituciones informales, mucho menos lograron beneficios para la vida política o económica en el valle. En tanto la corrupción de estos policías creaba acuerdos que muchas veces eran desconocidos, tampoco existía confianza en su palabra como una institución funcional por fuera de la legalidad del Estado peruano. En definitiva, el escenario anterior a la incursión de Sendero Luminoso en el valle del Alto Huallaga se caracterizó por la ausencia de instituciones que garantizaran estándares mínimos de estabilidad económica y política. Mientras que la imprevisibilidad de los líderes narcotraficantes ponía a su disposición la estabilidad de los precios para el 70 comercio de la coca, las agencias del orden del Estado tampoco eran capaces de generar un contexto de seguridad y justicia. 71 3. Las organizaciones sociales del Valle del Alto Huallaga Los procesos de urbanización y conexión con los mercados capitalistas también tuvieron el efecto de generar nuevos actores sociales y políticos que tuvieron peso propio en las relaciones con el mercado y el Estado peruano. Principalmente, las crisis surgidas en el contexto de los ciclos económicos anteriormente revisados favorecieron la creación de organizaciones que tenían como fin responder a la coyuntura y evitar el deterioro de las condiciones de vida de los agricultores. Así, las primeras organizaciones campesinas en la región fueron las de algodoneros y tabacaleros, creadas en la década de 1960 a partir de las crisis de los ciclos del café, algodón y tabaco, a inicios de la década de los sesenta (Espinosa 1995). En el departamento de San Martín, la primera organización fue la Asociación de Tabacaleros, creada en 1962. A través de ella los productores de tabaco de los diferentes pueblos sanmartinenses se juntaron para demandar mejores precios y que se ponga fin al monopolio estatal sobre el comercio de este producto a través del Estanco del Tabaco. En el caso de los cultivos de coca, el cultivo en auge durante el periodo de incursión de Sendero Luminoso al valle, las movilizaciones no esperaron a la crisis del ciclo económico, sino que surgieron ante los intentos del Estado por prohibir su reproducción. En Huánuco, tras la promulgación del Decreto Supremo Nº254, que delimitaba las zonas autorizadas para la producción de coca a algunos distritos de los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, La Libertad y San Martín, se constituyó en 1964 el “Comité de Productores de Coca de Tingo María” (CVR 2003, p.315). Inicialmente, presidido por José Rubiños, el Comité desarrolló campañas de reclamos al presidente Belaunde. No obstante, su liderazgo tuvo fin en 1968 cuando su avión cayó de retorno a Tingo María. Una década más tarde, en 1978, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ante la presión internacional por frenar el cultivo de coca, promulgó el Decreto Ley Nº22095, mediante el cual quedó “establecida una especie de guerra anunciada contra los cocaleros considerados ilegales, es decir, para el 98% de los cultivadores de las zonas cocaleras” en Huánuco, San Martín y Ucayali (CVR 2003, p.15). Frente a ello, surgió el “Comité Regional de Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos”. Este Comité fue presidido por el Ingeniero Tito Jaime Fernández, e incorporó dirigentes como Francisco Wong, Víctor Piñan, Guillermo 72 Gonzales, Luis Pratto, y Guillermo Quispe. Todos ellos desarrollaron paros y huelgas, entre 1979 y 1982. Por otra parte, a partir de la implantación de la agricultura comercial bajo control del Estado, en el marco del proyecto de colonización de la selva, también surgieron niveles de organización gremial para los productores. Durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el Estado, a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) promovió la creación de organizaciones campesinas. En este contexto, en San Martín se crearon las Ligas y Asociaciones Agrarias o Asociaciones de Productores (Espinosa 1995). Así también, en 1974, se creó la Federación Agraria “Selva Maestra” (FASMA), la cual reunió a las distintas bases de las organizaciones campesinas en San Martín. Hacia la década de 1980 el rol social se la FASMA se incrementa, en el marco de la crisis del ciclo económico del maíz y del arroz (Espinosa 1995). De esta manera, la FASMA canalizó el conflicto entre los campesinos y el Estado peruano en su rol de comprador de arroz y maíz a través de la Empresa Comercializadora de Arroz (ECASA) y la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI). Sin embargo, a pesar de su importante liderazgo organizativo, la FASMA no concretó la propuesta de una alternativa de desarrollo, sino que se limitó a su rol reivindicativo por mejores precios y créditos (Espinosa 1995, p.66). En la década de 1970 también aparecieron los “Frentes de Defensa” distritales y provinciales en el departamento de San Martín. Estos Frentes agruparon a las organizaciones locales, provinciales, y a otros sectores no organizados de la población en torno a intereses comunes, generalmente en temas agrícolas o de servicios básicos brindados por el Estado. De esta manera, su rol también fue reivindicativo frente al gobierno central. Más adelante, en 1987 se creó el Frente de Defensa Departamental (FEDIP-SAM), el cual articuló los intereses de los Frentes de toda la región de San Martín. No obstante, este esfuerzo organizativo se vio frustrado, principalmente, tras la incursión del MRTA en la región, ya que muchos de los Frentes de Defensa fueron desactivados o infiltrados por insurgentes; otros fueron sindicados por las fuerzas del orden como ‘fachadas legales’ del MRTA (Espinosa 1995, p.68) Como hemos revisado, los distintos ciclos económicos y sus crisis, plantearon necesidades específicas dentro del Alto Huallaga que impulsaron una “fuerte tradición 73 organizativa” (Espinosa 1995, p.65). No obstante, ello no significó que estas organizaciones fueran lo suficientemente fuertes para resistir la incursión de los grupos alzados en armas al Valle. Por el contrario, los movimientos populares aún se encontraban gestándose hacia 1980, y la presencia de Sendero Luminoso, primero, y luego también el MRTA, ocasionaron su desarticulación y repliegue temporal. El primer arreglo político descrito en el siguiente capítulo profundiza en cómo la eliminación de estos liderazgos locales, la cual contribuyó a truncar el desarrollo de estas organizaciones sociales, fue parte de la estrategia de incursión de la organización Sendero Luminoso en la región (CVR 2003, p.339). 74 Capítulo II: Los arreglos políticos en la región del Alto Huallaga durante el conflicto armado interno El presente capítulo abordará la historiografía de las instituciones en la región del Valle del Alto Huallaga durante el periodo del conflicto armado interno32. Para ello se ha dividido la sección en dos partes, las cuales hacen referencia a los arreglos políticos que puede identificarse surgieron en la región. Sobre ello, es importante notar que no solo se describirán los momentos de estabilidad, sino también el proceso de decaimiento, conflicto y transformación de los arreglos. En cada uno de los apartados se presentan los hechos históricos que dan cuenta de la configuración de estos arreglos y, además, se profundiza en las instituciones resultantes y su funcionamiento. El primer apartado describe el arreglo concretado durante el periodo de 1980 a 1989. El arreglo se configura con las primeras incursiones de Sendero Luminoso en la región, las cuales se caracterizaron por el amedrentamiento y asesinato de liderazgos de la sociedad civil para instaurar nuevas autoridades locales a través de la estructura de los Comités Populares. De esta manera, la organización estableció nuevas normas que regularon la vida social, política y económica de los campesinos de las localidades con presencia senderista. La regulación de la vida social y política se sostuvo en el anclaje que tuvo Sendero como regulador del mercado de la coca. Su capacidad para proteger a los agricultores de las intervenciones del CORAH y UMOPAR y para someter a las firmas de narcotraficantes, garantizando transacciones más justas para los cocaleros le permitió tener control sobre estos otros dos aspectos. Este arreglo experimentó un importante realineamiento de poder durante el año 1984 cuando la declaración del estado de emergencia en la región introdujo al comando político-militar como un nuevo actor en la zona. El liderazgo del general del Ejército, Julio Carbajal, determinó una estrategia que limitó la acción de los equipos de erradicación de los cultivos de coca y protegió a los campesinos cocaleros frente a su acción. De esta manera, se priorizó la lucha contrainsurgente y, como resultado, se obtuvo la 32 Se precisa que elaborar una cronología exacta sobre estos eventos es complicado, dado que muchas de las fuentes recogen testimonios orales que enfatizan en las dinámicas de violencia y no en eventos discretos y específicos. No obstante, este capítulo logra presentar, a grandes rasgos, las complejas dinámicas de interacción entre los actores involucrados en el conflicto, y los resultados institucionales de estas. 75 colaboración de los civiles con las agencias del Estado. Esta alianza permitió al Ejército llevar a cabo acciones militares que exiliaron a Sendero Luminoso del valle. No obstante, esta libertad para el mercado de la coca permitió un fortalecimiento de las estructuras y funcionamiento de las firmas de narcotraficantes, junto con el surgimiento del control del MRTA en la zona norte de Tocache. Además, el control de la zona por parte del ejército peruano fue revertido en 1985 tras el cambio de la jefatura político-militar. Así, este cambio en la distribución del poder no configura un cambio en el arreglo político. Por el contrario, durante los años de 1985 a 1987 valle se consolida como una ‘zona liberada’ bajo el control de Sendero Luminoso. En este periodo, el gobierno de Alan García comprendió la insurgencia de Sendero Luminoso como un problema originado en el desarrollo socioeconómico de la región, por lo que priorizó programas de asistencia social y desarrollo económico, frente a la represión de la organización. Así, se levantó el estado de emergencia en el valle y se redujo la presencia militar, mientras que se priorizó la interdicción de la hoja de coca y sus derivados. Ante la desaparición del ejército, Sendero Luminoso volvió a adquirir el poder que le confería la protección de los campesinos frente a las agencias CORAH y UMOPAR y las firmas de narcotraficantes. Junto a ello, su control se concreta tras la victoria sobre el MRTA por el control de la ciudad de Tocache, importante centro de la droga, en 1987. Un segundo arreglo político se observa en el periodo de 1989 a 2000, cuando, luego del ataque a la comisaría de Uchiza por parte de Sendero Luminoso y el control de este centro de la droga, el Estado instaura nuevamente el estado de emergencia la región y asume el liderazgo de este el general brigadier del ejército Alberto Arciniega Huby. Arciniega aplicó una estrategia que daba prioridad a lograr la colaboración de los civiles ofreciéndoles dos opciones: la destrucción de sus localidades si apoyaban a Sendero, o la protección frente a la agrupación insurgente si apoyaban al estado peruano representado por los militares en la zona. Sumado a ello, factores como la erradicación de cultivos con la fumigación aérea de ‘Spike’, la caída internacional de los precios de la coca, la descriminalización de los agricultores cocaleros, la captura de Abimael Guzmán y la promulgación de la “ley de arrepentimiento”, convergieron para debilitar el rol de Sendero Luminoso como un actor capaz de garantizar resultados económicos positivos para la población civil. De esta manera, el ejército resurge como el actor más poderoso 76 capaz de garantizar la seguridad de los cocaleros frente a los ataques de Sendero Luminoso, y también frente a la inseguridad económica del mercado de la coca, haciéndolos parte de programas de sustitución de cultivos y desarrollo rural. Así, se observa también un fortalecimiento de las organizaciones locales y las rondas campesinas. Estos cambios radicales en la distribución del poder configuraron el contexto para la inserción del comando político-militar establecido por Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992. El nuevo arreglo político establecido involucró un fuerte control de parte de las fuerzas del ejército y la marina, que en constante contacto con el mercado ilícito de la coca generaron dinámicas de corrupción sistémica que involucraron a todos los actores presentes en la zona: traficantes, civiles, remanentes insurgentes y militares. 77 1. Primer arreglo político (1980-1989) Durante el periodo de 1974 a 1984, la organización insurgente Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) incursionó en la región del valle del Alto Huallaga, comenzando a demostrar públicamente su actividad en 1980. El objetivo central de su presencia en el valle fue instaurar el “nuevo estado”, para lo cual iniciaron la constitución de comités populares. Con este fin, su estrategia de incursión consistió en aprovechar, desde el proselitismo, la situación de vulnerabilidad de los campesinos cocaleros frente a los dos actores que desde una superposición desordenada de sus legalidades debilitaban su seguridad y generaban imprevisibilidad respecto a la vida económica y política en la región: las firmas de narcotraficantes y las agencias de seguridad del estado peruano. En línea con ello, buscaron desaparecer cualquier representación del estado peruano, lo cual no solo implicó el ataque a sus agencias de orden, sino también sus representantes políticos, especialmente autoridades ediles. Esto tuvo importantes implicancias en el debilitamiento de las organizaciones sociales, ya que muchos de estos representantes también eran dirigentes de las organizaciones para la defensa del cultivo de hoja de coca. Así, se terminó de configurar un vacío institucional que fue propicio para la instauración de sus propias autoridades. Los Comités Populares, entonces, permitieron a la agrupación insurgente establecer normas propias para la regulación de la vida social, política y económica en estas localidades. En paralelo a este avance de Sendero Luminoso en el campo del valle, la región también presenció la aparición de los primeros centros abiertos de la droga controlados, principalmente, por los patrones de las firmas narcotraficantes. Sin embargo, las incursiones de Sendero Luminoso en estos centros significaron también el sometimiento de estas firmas ante la amenaza militar del grupo insurgente. Ello creó una relación de extorsión que permitió a Sendero controlar y regular el mercado de la coca con reglas que otorgaban suficientes beneficios y resultados económicos positivos a los actores involucrados como para mantener su posición de control. 78 1.1. La incursión de Sendero Luminoso en el valle y la estrategia que permitió su “anclaje” Existen discrepancias respecto al año exacto en el que Sendero Luminoso incursiona en la región del Alto Huallaga. Por una parte, las versiones de Raúl González (1987), José Gonzáles (1989, 1992) y Felipe Páucar (2006) señalan que Sendero inicia su presencia armada en el valle entre los años 1980 y 1981. Por el contrario, las versiones de Pablo Dreyfus (1999), Vanda Felbab-Brown (2007), Bruce Kay (1999) y Cynthia McClintock (1988) sostienen que las primeras incursiones armadas de la organización se dieron entre 1983 y 1984. Como señala Manrique (2016), es innegable que la violencia senderista en el valle aumentó, haciéndose más visible, durante los años de 1983 a 1984, sin embargo, existen pruebas que demuestran que su presencia les antecede. La consultoría realizada por Richard Kernaghan (2003) para la elaboración del Informe Final de la CVR, indica que es posible identificar la presencia sediciosa de la agrupación insurgente en el VAH desde 197633. En este año se documenta que iniciaron la captación de maestros, líderes magisteriales, y estudiantes de secundaria o universitarios (Kernaghan 2003). Ello pudo observarse en las instituciones colegio Gómez Arias Dávila y el Instituto Nacional Agropecuario N.º 57 de Tingo María; el colegio Leoncio Prado y la Universidad Hermilio Valdizán en Huánuco; y el colegio Inca Wiracocha en Aucayacu. Sobre ello, el periodista Felipe Páucar describe que el colegio Gómez Arias Dávila, el más importante en Tingo María, fue utilizado como centro de adoctrinamiento, reglajes y planificación de acciones subversivas (2006, p.59). E, incluso, en una oportunidad se realizó una reunión proselitista que contó con la asistencia de los profesores y alumnos. Ello, a pesar de que el colegio se encontraba a solo 200 m. de una base policial antidrogas, y a 100 m. de la base de la PIP; lo cual pone en evidencia la capacidad el grupo para retar la autoridad de estas agencias del Estado peruano. En 1977, también se observan actividades proselitistas por parte de Sendero, en medio de la paralización del 19 de junio en la ciudad de Tingo María (CVR 2003; Páucar 2006). En este paro el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) tuvo una participación hegemónica, sin embargo, fue visible la infiltración de los 33 El periodista Felipe Páucar, quien también habitó la región durante este periodo, señala que la actividad sediciosa de Sendero Luminoso en el valle se habría iniciado en 1974, a través del proselitismo en los centros educativos (2006, p.59). 79 activistas senderistas. Entre los actos vandálicos presuntamente realizados por estos infiltrados se encontró el incendio a un vehículo de la Guardia Civil, lo cual causó la detención de varios docentes. De acuerdo con Páucar, a partir de estas primeras acciones organizativas, los cuadros senderistas se dirigieron al área rural para capitalizar el descontento de los cocaleros a través de su incursión a los pueblos (2006, p.60). La organización adquiere mayor visibilidad recién tres años después, con sus primeras apariciones en espacios públicos a partir del año 1980. Por ejemplo, en este año, Gonzáles (1992) señala el ingreso de Sendero a Aucayacu y Puerto Pizana, donde sus militantes se instalaron como productores de coca e iniciaron sus labores proselitistas dos años después. También en 1981 se hizo notoria la presencia de la agrupación durante la huelga de cocaleros, y en 1982 se identifica que se sumaron a la concentración de 10,000 campesinos cocaleros en la ciudad de Tingo María (CVR 2003, p.321). De esta manera, como lo propone la CVR, existen motivos para afirmar que su presencia y aceptación estuvieron directamente relacionadas con la violencia sistemática y la represión indiscriminada que experimentaron los agricultores cocaleros durante los operativos Verde Mar I y Verde Mar II en 1979 y 1980 respectivamente (2003). Múltiples testimonios coinciden en dos historias que respaldan esta afirmación. Los testimonios de los pobladores de Aucayacu, recogidos por Richard Kernaghan, señalan que, ante la represión, una comitiva de campesinos cocaleros34 viajaron a Ayacucho para solicitar la protección y el apoyo de la organización insurgente, tras lo cual regresaron a la localidad con un grupo de dirigentes de Sendero (2003, p.13). Tras ello, los senderistas iniciaron el trabajo político de su organización, apropiando la causa de la defensa de la coca e incorporándose de manera clandestina a organizaciones cocaleras, desde donde incentivaban que las manifestaciones y marchas recurrieran a medios violentos. Junto con ello, otro grupo de testimonios recogidos por Kernaghan, provenientes del norte de la localidad de Aucayacu, entre los caseríos de La Victoria y Siete de Octubre, que señalan que parte del ‘anclaje’ de Sendero Luminoso en el valle fue una respuesta a las dinámicas de extorsión establecidas por los policías de la zona. Un 34 Kernaghan también señala que existe otra versión, menos frecuente en sus entrevistas, que señala que fueron narcotraficantes, posiblemente colombianos, quienes viajaron para realizar este pedido de apoyo (2003, p.13). 80 ejemplo de ello fue el caso de una familia muy conocida en la zona que había experimentado maltratos por miembros de la PIP y de la Guardia Civil y, en consecuencia, por “pura cólera”, los cuatro hijos varones se unieron al ejército guerrillero en calidad de combatientes. Todo ello inició con el contacto de Leonidas, uno de los hermanos, que cuando fue estudiante de la universidad de Huamanga se incorporó a Sendero. Una vez puesto al tanto de los abusos que experimentó su familia, regresó a su chacra en el Huallaga para llevar la revolución a la región, acompañado por tres militantes más: Gabriel, Richard, alias “Manco”, y Artemio, quien luego fue conocido como el dirigente máximo del Comité Regional del Huallaga (2003, p.13). 1.1.1. Los ‘grupos de avanzada’ En 1982, Sendero Luminoso comenzó a visitar las comunidades a lo largo de la margen izquierda del Huallaga, desde Venenillo hasta la Morada y Huamuco a través de sus “grupos de avanzada” (Kernaghan 2003). El fin de estas incursiones fue el instaurar su control desde la imposición de sus propias autoridades, para ello, cada una de las incursiones siguió la dinámica descrita a continuación. Los cuadros senderistas llegaban a las localidades y reunían a los pobladores en asambleas donde los militantes pregonaban su política y presentaban las nuevas reglas que los civiles debían acatan para permanecer en el territorio. De acuerdo con el Informe Final, los representantes del PCP-SL ingresaban en las localidades vistiendo polos negros y pasamontañas, y portaban armas como escopetas, tramperos y revólveres (2003). Respaldados por el poder coercitivo militar que les conferían sus armas, los senderistas “predicaban la necesidad de emprender acciones armadas contra el Estado en defensa de los cultivos de coca, en vista de que las huelgas pacíficas […] no conducían a nada” (2003, p.747), es decir, capitalizaban el descontento de los pobladores ante la amenaza de su principal recurso económico y medio de vida. Para estas primeras incursiones no se conoce con certitud el orden de ingreso – es decir, a qué sitios la organización entró primero – no obstante, Kernaghan identifica tres zonas desde las cuales Sendero comenzó a organizar el campo. Estas son: en la margen izquierda del Huallaga, el puerto de Venenillo y los caseríos de La Merced de Locro, Corvina, Los Cedros y aquellos otros que luego conformarían el “Bolsón Cuchara”; 81 también en esa margen, los caseríos de San José de Pucate, San Martín de Pucate y Primavera; una tercera zona, a la margen derecha, fue el norte de Pucayacu, cerca del caserío Consuelo (Kernaghan 2003). 1.1.2. Primeras acciones armadas de Sendero Luminoso En noviembre de 1983 se pudo observar por primera vez, de acuerdo con diversas fuentes informativas recogidas por la CVR, la primera acción armada por parte de Sendero Luminoso. Esta fue el atentado contra un candidato perteneciente al partido político Acción Popular, en la ciudad de Aucayacu. Este fue sucedido por un ataque al local del Proyecto Especial de Control y Erradicación del Cultivo de la Coca del Alto Huallaga (CORAH), en diciembre del mismo año. En febrero de 1984, Sendero Luminoso asesinó al presidente de la cooperativa Pucate, junto con otros 6 dirigentes y trabajadores, en el distrito de José Crespo y Castillo (CVR 2003, p.344). La siguiente tabla resume los eventos de violencia o acciones armadas que tuvieron lugar durante este periodo (Tabla 8). En línea con esta información, y con lo analizado por la CVR (2003) (Tabla 9) y Páucar (2006), es posible identificar que la violencia en la región se mantuvo en aumento a partir del año 1984. De acuerdo con el Informe Final, este incremento en los atentados senderistas provino del objetivo de “hacer desaparecer cualquier representación del Estado”, lo cual convirtió a alcaldes, prefectos, policías, dirigentes de partidos políticos y gremios, trabajadores de ENACO, de los proyectos para sustitución de cultivos y de los organismos de erradicación en los principales blancos de la organización insurgente. Como vemos en la siguiente sección, ello no solo consistió en la estrategia de limpiar a los poderes del “viejo estado” para implantar el “nuevo estado”, de acuerdo con lo que proponía su plan partidario en cinco fases. Adicionalmente, el amedrentamiento y la desaparición de las autoridades y liderazgos locales también tuvo el efecto de debilitar políticamente a las organizaciones de la sociedad civil que pudieran ser opciones de instituciones que garanticen el bienestar político y económico de los civiles en la región. 82 Tabla 8. Cronología de la violencia en la cuenca del Huallaga, 1983 – 1984 Fecha Evento de violencia 12-11-1983 Atentado a candidato de Acción Popular – Aucayacu 12-1983 Ataque a las instalaciones del CORAH – Tingo María 15-02-1984 Asesinato de dirigente de cooperativa Pucate en José Crespo y Castillo 17-04-1984 Asesinato de Tito Jaime Fernández alcalde de Tingo María 22-06-1984 Destrucción de local y vehículos de INIPA – Tulumayo 04-07-1984 Ataque a puestos de la Guardia Civil en Santa Lucía – Aucayacu, y Tocache 06-07-1984 Ataque al puesto de la Guardia Civil, municipio y Banco de la Nación - Aucayacu 10-07-1984 Ataque a puesto de Guardia Civil – Tingo María 05-08-1984 Asesinato de 3 pobladores en asentamiento humano de Aucayacu 05-08-1984 Asesinato de teniente gobernador de Venenillo – Aucayacu 20-09-1984 Asesinato de cuatro personas de La Morada – PCP-SL 17-11-1984 Asesinato por el PCP-SL de 19 trabajadores del CORAH Fuente: Elaboración propia en base a CVR (2003). Tabla 9. Número de muertos y desaparecidos reportados a la CVR en las provincias de Leoncio Prado y Tocache por año de ocurrencia de los hechos, 1980 – 2000 Provincia Total Año en el que ocurrieron los hechos 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 Leoncio Prado 1,420 1 3 4 9 53 84 66 84 84 114 118 173 197 112 98 65 46 50 23 22 14 Tocache 491 1 - 3 4 6 13 11 44 40 77 55 59 40 46 19 16 24 13 6 12 2 Fuente: Elaboración propia en base a CVR (2003). 1.1.2.1. El asesinato de los líderes locales Como parte de su estrategia de incursión en las localidades del valle del Alto Huallaga, Sendero Luminoso recurrió al amedrentamiento y el asesinato de los líderes locales. Un ejemplo de ello fue la estrategia para la toma de la ciudad de Aucayacu en 1984. Anteriormente se mencionó que el accionar de Sendero Luminoso en Aucayacu fue temprano, si bien Gonzáles (1992) señala que desde 1980 la organización guerrillera 83 inició acciones proselitistas en esta ciudad, el Informe Final documenta que varias versiones de pobladores aseguran que en 1978 llegaron pequeños grupos de senderistas y tuvieron pequeños contactos con docentes, agricultores y líderes locales (CVR 2003, p.357). En 1982, se reconoce el inicio de las acciones abiertas de Sendero en Aucayacu con su incursión en dos centros poblados. A ello se sumó un atentado no mortal contra el exalcalde Augusto Tovar Tovar a fines de 1982; y el incendio al aserradero del entonces alcalde, y también dirigente cocalero del Comité de Productores de Coca de la provincia de Leoncio Prado, Enrique Bruckman Falcón (CVR 2003; Kernaghan 2003). Otras acciones de amedrentamiento fueron: el intento de asesinato al gobernador de Aucayacu en la puerta de su casa; una carta firmada por el grupo de izquierda Pucallacta35, donde se exigía la renuncia de todas las autoridades municipales; y el ataque a un dirigente del partido Acción Popular, en 1983. De acuerdo con el análisis de Richard Kernaghan, estas acciones tenían como propósito principal obligar a las autoridades locales a abandonar sus puestos y, simultáneamente, ejercer una presión sobre el pueblo de Aucayacu desde el campo a su alrededor (2003, p.15). Así, estas sirvieron como precedente a los dos intentos de toma de la ciudad de Aucayacu, que tuvieron lugar el 31 de enero36 y el 4 de julio37 del año 1984, donde quedó demostrado el “apoyo creciente” a Sendero Luminoso y su “desarrollo organizativo” (CVR 2003). El 17 de abril del mismo año, entre la primera y segunda toma de Aucayacu, se produjo el asesinato del alcalde de la provincia de Leoncio Prado, Tito Jaime Fernández, quien también fue un reconocido dirigente cocalero y presidente del Comité de Productores de Coca de la provincia de Leoncio Prado38 desde 1978. Se barajan dos versiones distintas sobre este asesinato: por un lado, se alegaba que fue obra de un sicario del narcotráfico (CVR 2003 p.315). Una segunda versión, en la cual coinciden 35 La consultoría elaborada por Kernaghan indica que el testimonio de una ex autoridad municipal reconoció que la policía sindicaba a Pucallacta como una organización senderista (2003, p.15), 36 Este primer ataque se dio contra el Banco de la Nación y el puesto de la Guardia Civil de Aucayacu; el resultado fue la muerte de entre 6-7 policías (CVR 2003, p.357). 37 Este segundo ataque se dio contra el nuevo puesto de la Guardia Civil, esta vez ubicado en el mercado principal del pueblo, y tuvo como resultado la muerte de varios policías (CVR 2003, p.357). 38 Algunas otras asociaciones de Tito Jaime fueron: se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, fuer presidente del Rotary Club, y fue integrante de la Logia Masónica (CVR 2003, p.339). 84 algunos dirigentes cocaleros, afirmaba que Jaime mantuvo una suerte de “pacto secreto” con Sendero Luminoso a través del cual fungía como nexo con algunos narcotraficantes para el cobro de cupos, también se le acusó de entregar parte de los aportes de los cocaleros a la Asociación de Productores a los subversivos a partir de 1980. Víctor Piñan, alcalde de Pumahuasi y tesorero del Comité de cocaleros, confirmó esta versión y, posteriormente, también fue asesinado por dirigentes senderistas. Su asesinato, el 20 de setiembre de 1984, se debió a que se negó “a seguir entregando ‘aportes para la lucha armada’”, los cuales ya habían cesado con la muerte de Tito Jaime (CVR 2003, p.339). En línea con la evidencia presentada, es posible señalar que el asesinato de autoridades ediles – las cuales solían ser aquellos mismos ciudadanos que también ostentaron cargos importantes en el movimiento para la defensa del cultivo de hoja de coca – fue una herramienta importante para ‘preparar’ el terreno social anterior a la incursión de Sendero Luminoso a los pueblos y ciudades del valle. Eliminar a las figuras poderosas que fueron determinantes para el funcionamiento de las instituciones sociales, políticas y económicas a nivel local, permitía a Sendero Luminoso de asumir el control y construir sus propias instituciones sobre este vacío institucional. Ello puede evidenciarse, también, en el caso de la aniquilación de los dirigentes cocaleros. Tras el asesinato de Tito Jaime y Víctor Piñan, en 1987 fue asesinado, también por Sendero Luminoso, el dirigente Guillermo Gonzales Pajares. De acuerdo con el Informe Final, la frecuencia de estos atentados propició la huida de los demás dirigentes, truncando la defensa organizada de los cultivadores de coca (2003, p.315). El capítulo anterior discutió la situación de las organizaciones sociales en el valle anterior a la llegada de Sendero. Sobre ello se concluyó que, a pesar de la fuerte tradición organizativa que empezaba a gestarse, por su juventud, el movimiento social de defensa del cultivo de hoja de coca no había concretado la solidez suficiente para resistir a la pérdida de sus liderazgos. Ello significó que los agricultores cocaleros desorganizados, y la población civil en general, quedaran a merced de aquellos actores más poderosos que pudieran garantizar resultados económicos, principalmente, que preservaran su bienestar y les otorguen estabilidad. Todo ello, en un contexto donde los actores más poderosos, las firmas de narcotraficantes y las agencias del Estado, no concretaron instituciones que otorguen previsibilidad ni resultados económicos y políticos positivos. 85 Finalmente, es importante mencionar que los eventos de las tomas de Aucayacu y el asesinato de Tito Jaime, junto a los otros atentados descritos39, llevaron al Estado peruano a decretar el estado de emergencia en el departamento de Huánuco. Este fue levantado por un tiempo, solo para volver a ser instaurado tras el recrudecimiento de la violencia. Adicionalmente, durante el año de 1984, la provincia de Tocache también se vio asediada por los atentados subversivos y las acciones contrasubversivas, lo que motivó al gobierno de Fernando Belaúnde a ampliar el estado de emergencia al departamento de San Martín. 39 A ellos se suman la toma y destrucción de las cooperativas Arequipa, Piura y Aucayacu, entre febrero y abril de 1984, en el distrito José Crespo Castillo, y el asesinato a otros comunales y autoridades ediles (CVR 2003, p.323) 86 1.2. La estructura institucional de Sendero Luminoso en la región Como describió brevemente el apartado anterior, las incursiones de la agrupación insurgente Sendero Luminoso en las localidades del Alto Huallaga implicaron el establecimiento de un aparato administrativo de carácter totalitario, a través del cual la organización impuso su propia estructura de prohibiciones y regulaciones. Es necesario precisar que esta estructura no fue un resultado casual, sino de la autopercepción de la organización insurgente como un Estado, al cual llamaron “Nuevo Estado”. De acuerdo con la propuesta ideológica del líder máximo de la agrupación, Abimael Guzmán (1989), Sendero Luminoso era el Nuevo Estado en construcción de acuerdo con el “movimiento fluido de la guerra”, asentándose y retirándose de acuerdo con las condiciones que impusiera el contexto. Esta movilidad se alcanzaba a través de dos redes que estructuraban la organización: la red “territorial” y la red “móvil”. Primero, la red territorial correspondía al aparato administrativo, donde se encontraban los comités populares y las fuerzas de bases de aquellas zonas organizadas por la agrupación; desde esta red se brindaba apoyo y protección a las estructuras militares del Partido. Segundo, la red móvil era compuesta por las fuerzas locales y principales, ambas eran parte del Ejército Guerrillero Popular. Estas fuerzas no solo cumplían una función militar, sino que, desde su poder coercitivo, “se desempeñaba[n] como la última instancia de ley senderista para la resolución de problemas que ocurrían en los comités populares” (Kernaghan 2003). Tras las incursiones ‘de avanzada’ realizadas en 1982, entre los años 1983 y 1985 se observó una prolífica creación de autoridades propias por parte de Sendero Luminoso. Al culminar este periodo, podían observarse autoridades en los caseríos de la zona rural de Tulumayo hasta Yanajanca, no obstante, la situación de clandestinidad y visibilidad de estas autoridades fue variable. Por ejemplo, la presencia abierta de Sendero se concentraba en las comunidades de la zona derecha de la carretera marginal y en la margen izquierda del río Huallaga, es decir, en la zona del Bolsón Cuchara, frente a los pueblos de Aucayacu y Ramal de Aspuzana, y los sectores de La Morada y Huamuco. Sin embargo, también existían comités ‘cerrados’, los cuales se caracterizaban por ser más discretos, con estructuras secretas o semi-secretas (Kernaghan 2003). 87 El testimonio de ‘Willy’, un comerciante minorista y ex residente de Aucayacu, ilustra bien cómo funcionaron las diferencias de clandestinidad del comité popular de esta localidad. En la consultoría de Kernaghan (2003) Willy relata cómo presenció la primera incursión senderista en el caserío de San José de Pucate. En ese entonces, treinta senderistas encapuchados y armados entraron a la localidad y obligaron al pueblo a reunirse en el colegio para “explicar las razones de su visita y conversar de su política” (2003, p.26). En esta incursión, los senderistas izaron su bandera en el pueblo y amenazaron a los civiles para que la mantengan. Las dinámicas en el caserío cambiaron desde esta primera visita. El testimonio de Willy refleja cómo los combatientes siguieron ingresando al pueblo de manera esporádica para realizar asambleas donde impartir su política, pero también para gobernar ciertos asuntos de la comunidad e impartir justicia sobre ellos. El ejemplo más resaltante fue la respuesta del Partido al enterarse de que Willy había sido asaltado. Si bien Willy había decidido marcharse del caserío hacia Pucallpa, en busca de una zona más segura para vivir, una noche antes de su partida una columna de aproximadamente cien senderistas lo abordó en su casa para que comunique sus sospechas sobre quién lo asaltó, con el objetivo de encontrarlo e impartir justicia. Sobre el hecho, Willy relata la siguiente conversación: “Sí te han asaltado, nos han contado. Ahora, ¿tú a alguien conoces o sospechas? Eso es lo que queremos saber. A usted no le vamos a hacer nada. Acá lo que vamos a matar es al soplón, al violador, a asaltantes, al delincuente, al vago, al fumón. Esos sí los vamos a aniquilar. A esos los vamos a limpiar, todo ese tipo de gente. Vamos a seleccionar a la gente, eso es lo que buscamos … Díganos si conoces a alguien” (Willy en Kernaghan 2003, p.28). El contraste aparece luego de que Willy dejó el pueblo de San José para retornar en 1985. Tras su retorno, describió que la presencia de Sendero estaba renovada. Ahora el caserío contaba con un delegado del partido, a diferencia de la presencia anterior donde Sendero se limitaba a llegar para gestionar determinados asuntos de la comunidad, llamar a reunión y dar charlas. Así, “se había instalado una autoridad propia, un ‘comité popular’ incipiente, que gobernaba los asuntos de la comunidad” (2003, p.29). En línea con lo narrado por Willy, un comité abierto de Sendero Luminoso durante este 88 periodo40, era “fuerte e intrusivo” al ordenar los asuntos de la vida cotidiana en comunidad. Su función era “organizar al pueblo” para aplicar las instrucciones de la guerrilla y repartir tanto las enseñanzas, como las tareas políticas del Partido. Además, el comité tenía control sobre el manejo de los recursos de la comunidad, por ejemplo, si una persona nueva buscaba terreno en el caserío debía entrevistarse primero con el delegado, y solo era acogido si era conocido o remendado de alguien dentro del caserío. Junto con ello, el partido también tenía el control sobre las tierras de cultivo y su trabajo. Se organizaba a la comunidad en “faenas comunales: [que contemplaban] labores de cultivo, siembra, fumigación y cosecha en las ‘chacras del pueblo’” (2003, p.30). La producción de estas tierras de cultivo constituía una de las principales fuentes de financiamiento del partido, ya que todos los campesinos, con la excepción de aquellos más pobres41, estaban sujetos al pago de un impuesto por cada cosecha al comité. Este monto variaba según la cantidad o el volumen de la producción, dependiendo del porcentaje requerido, el cual se determinaba en asamblea. En el caso del caserío de Aucayacu, relatado por Willy, el impuesto era del 20 al 25% de la producción. Sin embargo, es importante precisar que este primer involucramiento en la economía de la coca, y las acciones que vendrían después de él que profundizarían la regulación por parte de Sendero Luminoso, fueron el resultado de un rechazo a las decisiones del Comité Central del partido. Las instrucciones del Comité Central fueron claras al demandar del Comité Regional del Alto Huallaga que se incentivara a los campesinos a abandonar la economía de la coca (DIRCOTE 1984). Sin embargo, los senderistas en el valle ignoraron estas indicaciones ya que “en la práctica, defender al campesinado significaba proteger a los cocaleros tanto de los militares […] como de los traficantes” (Weinstein 2007, p.124). 40 Más adelante, en 1987, Sendero Luminoso complejiza la estructura interna de estos comités, creando más delegados o representantes y asumiendo más responsabilidades en el gobierno de los asuntos de la comunidad y también de los procesos de la cadena de valor de la coca. Ver la sección 1.9. “La ampliación de la organización de los comités populares”. 41 Solo los agricultores cocaleros que producían más de cincuenta arrobas de hoja de coca estaban sujetos a este impuesto (Kernaghan 2003, p.30). 89 1.3. El surgimiento de los ‘centros abiertos de la droga’ y los primeros acuerdos entre Sendero Luminoso y las firmas de narcotraficantes En paralelo al avance de Sendero Luminoso en el campo del Alto Huallaga, la región también presenciaba la aparición de los primeros centros abiertos de la droga. De acuerdo con Kernaghan (2003), los “centros abiertos de la droga”, refieren a los pueblos en la etapa de apogeo de la coca, cuando se comercializaba la pasta básica de cocaína (PBC) y los insumos libremente en las calles42. Como se vio en el capítulo anterior, la droga se elaboraba en el monte y tras ser procesada no circulaba abiertamente en los pueblos, por lo que el apogeo que se vivió a mitad de la década de 1970 en los caseríos de Anda y Pueblo Nuevo fue principalmente clandestino. Durante los años de 1980 a 1982, Ramal de Aspuzana surgió como un mercado importante de la droga, “casi en paralelo al surgimiento del poblado de Paraíso y a los pueblos más grandes de Uchiza y Tocache” también como centros abiertos de la droga (Kernaghan 2003, p.14). Junto con ellos también surgieron Puerto Pizana y Sion. El movimiento más relevante, referente al mercado de la droga, sin embargo, se encontraba en el sector Magdalena, al otro lado del río, donde se encontraban los aeropuertos clandestinos desde los cuales se transportaba la droga. Fue a partir de esta dinámica de transporte clandestino, y durante esta misma época, que surgieron las primeras relaciones y los primeros acuerdos importantes entre senderistas y líderes de las firmas del narcotráfico para el resguardo de la salida de vuelos con droga (CVR 2003, p.283). Además, en los caseríos de la zona rural desde Tulumayo hasta Yanajanca, donde durante el periodo de 1983 a 1985 Sendero instaló sus comités populares, se observó un control por su parte de los cultivos de la hoja de coca y la regulación de la compra/venta de PBC. Como analiza Kernaghan (2003), la relación que Sendero Luminoso entabló con los líderes de las firmas de narcotraficantes fue mucho más profunda que cualquiera que estos líderes hayan entablado con otros actores armados en la región, sean estos las fuerzas policiales, el ejército peruano o la fuerza aérea. Además, a lo largo de todo el 42 El grado de clandestinidad del que gozaba el negocio de la droga dependía del accionar de la policía, se ejercía el narcotráfico de manera abierta se debía a la ausencia de represión policial, ya sea por la falta de una delegación de la policía o por su decisión de no actuar gracias a que recibían sobornos o se encontraban bajo amenaza de violencia en su contra. De esta manera, un pueblo podía oscilar muchas veces entre el estado de centro ‘abierto’ o ‘cerrado’ de la droga (Kernaghan 2003). 90 valle, y las localidades en él que estuvieron bajo control senderista, existió una intervención se Sendero Luminoso en diversos eslabones de la cadena de mercado de la pasta básica de cocaína (PBC) (Figura 6). El testimonio de Willy da cuenta de la apertura del comercio de la droga y de su venta pública a lo largo de toda la margen izquierda del río Huallaga durante este periodo. Sin embargo, también señala que, a pesar de que la venta era visible, no era libre, en tanto estaba sometida al control del Partido. Solo se permitía la compra en los sitios designados por el Partido y bajo la vigilancia de uno de sus militantes. Además, solo se podía ingresar a comprar en esta zona bajo ‘recomendación’ o el contacto con alguien de la zona que pudiera involucrar a un miembro del Partido que los autorice. Una vez autorizados para comprar, los acopiadores debían seguir las reglas establecidas por Sendero (Kernaghan 2003, p.31). En la zona de Aucayacu, se explica la intervención de Sendero Luminoso en las transacciones por los abusos y estafas a los campesinos cocaleros que cometían los traqueteros. Las estafas solían darse al momento de medir los kilogramos de PBC con balanzas adulteradas, incrementando los descuentos aplicados por la presencia de agua o impurezas en la pasta43. Ante ello, Sendero Luminoso institucionalizó el mecanismo de la ‘balanza legal’ como una solución a estos abusos. Esta consistía en la instalación de una balanza para el pesaje de la droga bajo la supervisión del Comité Popular de cada comunidad, por su uso, se cobraba a los traqueteros 1 USD por cada kilogramo pesado. Así, en cada Comité, el delegado convocaba en Asamblea a un encargado de vigilar la balanza y, con ello, la probidad de las transacciones. Desde esta regulación Sendero no solo participaba en el orden económico estas comunidades y obtenía el beneficio de un impuesto, sino que también tenía la oportunidad de administrar su propia justicia. Kernaghan señala que esta institución funcionó mucho antes de 1985 en puntos estratégicos, ubicados aproximadamente a un kilómetro de los puertos principales de la margen izquierda del río del Huallaga. Gracias a ello, las balanzas eran puntos de acceso 43 Según Kernaghan, estas adulteraciones en el pesaje y valorización de la hoja de coca eran esperables, en tanto el margen de ganancia de los acopiadores dependía de las ventajas que obtuvieran del precio, a costa de las ganancias de los agricultores cocaleros. Además, los traqueteros, quienes provenían de un “ambiente más pillo que prevalecía en los pueblos grandes” se enorgullecían de sacar ventaja de la “gente de la chacra (2003, p.31). 91 fácil para los traqueteros, quienes cruzaban el rio en botes pequeños de Aucayacu o Ramal de Aspuzana. Se tiene certeza de que existían balanzas en Cerro Alegre, en San Martín de Pucate, en San José de Pucate, y en los puertos de Moena y Muyuna. Esto quiere decir que la institución predominó en poblados de pequeña magnitud. Sobre ello, Kernaghan reconoce que, parte de las razones por las que no se estableció esta institución en pueblos grandes o centros urbanos, fue que el dinamismo y la población de la zona hacía difícil vigilar cada transacción (2003). De esta manera, durante este periodo Sendero Luminoso logró intervenir, en menor o mayor medida, en los siguientes eslabones de la cadena de producción de PBC en el Alto Huallaga: cultivo y elaboración; acopio; y distribución (Figura 6). Primero, Sendero Luminoso tuvo control sobre el proceso de cultivo y elaboración de la pasta básica en tanto controló las tierras destinadas al cultivo de hoja de coca. Como puso en evidencia el testimonio de Willy, hacia la primera mitad de la década de 1980 los comités populares instaurados, bajo la amenaza del uso de la violencia, tomaban decisiones respecto a quiénes podían habitar y trabajar las tierras del campo, las cuales fueron apropiadas y ahora pertenecían al Partido. Quienes trabajaban estas tierras estaban sujetos a las reglas y actividades impuestas por Sendero. De esta manera, eran obligados a participar en faenas comunales obligatorias para el cultivo de las “chacras del Pueblo”. Además, estaban sujetos al pago de un impuesto sobre la cosecha de la hoja de coca y la elaboración de la PBC, lo cual constituía un ingreso importante del Comité. En cuanto al acopio de la droga, el segundo momento del proceso de elaboración de la coca, el control territorial que establecía sobre el campo le permitía imponer sus condiciones a quienes entraran a su territorio para participar de la compra de la droga, es decir los traqueteros. De esta manera, como ya revisamos, la institución de la ‘balanza legal’ que un mecanismo que le permitió a Sendero fungir como garante y gestor de estas transacciones. Desde este control del proceso de acopio también pudo ejercer la función de impartir justicia, imponiendo su legalidad y aplicando castigos como consecuencia de su infracción. En el tercer eslabón de la cadena de producción de la coca, correspondiente a su transporte y distribución, Sendero intervino prestando el servicio de protección y vigilancia de las pistas clandestinas de aterrizaje ubicadas en la zona rural desde las cuales las 92 Cultivo y elaboración Acopio Distribución Control territorial de la zona desde el cual establece quién está autorizado para ser acopiador o traquetero (comprar droga). Control sobre el proceso de compra a través de la 'balanza legal' que racionalizaba la compra/venta, garantizaba la honradez del intercambio y colocaba al Partido como garante de todas las transacciones. Control de la tenencia de la tierra en los Comités Populares y decisión respecto a quién tenía permitido vivir en el campo y trabajar la tierra. Cultivo de las "chacras del Pueblo" en faenas comunales obligatorias y cobro de impuestos sobre la cosecha de coca y la elaboración de la PBC. firmas embarcaban sus cargamentos de PBC a Colombia. De acuerdo con Kernaghan, en territorios como los caseríos de Sucre Alto, Pavayacu, Magdalena y la Morada, donde la presencia de Sendero era abierta y fuerte, las firmas de narcotraficantes no podían enviar cargamentos sin recibir la autorización del Partido y pagar un monto de impuesto establecido. El cobro se calculaba conforme al tamaño de la carga y podía llegar hasta los $15,000. Una parte del dinero se destinaba al mantenimiento de la pista, pero el grueso se ‘centralizaba’ hacia arriba, por la cadena de mando senderista. Este impuesto por vuelo se hará más frecuente e institucionalizado en el futuro, con la incursión de Sendero a los centros urbanos como Paraíso, Tocache y Uchiza a partir de 198644. Figura 6. La intervención de Sendero Luminoso en la cadena de producción de la coca Fuente: Elaboración propia en base a Kernaghan (2003). 44 Por ejemplo, en los centros urbanos de Tocache y Uchiza se observó la incorporación de las bandas de sicarios de estas firmas a las rondas senderistas de vigilancia del pueblo. Ver la sección 3 “Tercer arreglo político (1985-1987)”. Otorgó vigilancia sobre las pistas clandestinas de aterrizaje en la zona rural. Controló el envío de cargamentos otorgando autorización para ellos y recolectado 'cupos' por cada vuelo. 93 1.4. Sendero Luminoso y las firmas de narcotraficantes: ¿alianza o sujeción? En definitiva, fueron los procesos de acopio y distribución los cuales involucraron mayor interacción entre los cuadros senderistas, los intermediarios del narcotráfico (traqueteros) y los mismos narcotraficantes. ¿Cómo se logró este trabajo conjunto? Y, ¿cuál fue la naturaleza de su interacción? Existen versiones que califican a estas interacciones como una alianza ‘narcoterrorista’, por ejemplo, Tarazona-Sevillano (1998) señala que esta colaboración no solo benefició a la organización insurgente al otorgarle el control sobre un mercado que generaba los recursos económicos necesarios para financiar sus comités y los siguientes grados de su estructura institucional, sino que también logró beneficiar a las firmas de narcotraficantes de manera inmediata por dos motivos. Primero, porque una producción disciplinada de la hoja de coca por parte de los agricultores del valle. El auge de la coca y la renovada bonanza económica había generado en la región un estilo de vida hedonista caracterizado por el consumo de alcohol, drogas y desorden; sin embargo, la retórica moralista y el estricto código de disciplina impuesto por Sendero permitía incrementar la producción de coca desde una ética laboral más rigurosa (1998, p.118). Segundo, porque les ofrecía protección frente a las intervenciones policiales y militares que buscaban frenar las dinámicas de este mercado, principalmente en el transporte de la PBC desde los aeropuertos clandestinos por lo cual recibían un pago (1998, p.119). No obstante, la evidencia presentada por Kernaghan (2003) señala que el vínculo entre los senderistas y las firmas de narcotraficantes fue uno de sometimiento. Desde estas primeras incursiones, se intentó obligar a las pequeñas firmas o empresas del narcotráfico a sujetarse al Partido, entregar sus armas o incorporarse a su estructura militar. En los casos de Aucayacu y Pizana, Sendero incluso prohibió a las firmas tener grandes bandas de sicarios (Kernaghan 2003), bajo la amenaza de ejercer contra ellos su poder paramilitar, el cual era mayor que el ostentado por estas firmas. Como describe Pablo Dreyfus: “Los traficantes aceptaron la protección de Sendero Luminoso porque no tenían otra alternativa. Los insurgentes entraron al valle y virtualmente liquidaron a los grupos de sicarios al servicio de las “firmas” (1999, p.23). Además, los beneficios identificados por Tarazona-Sevillano (1998) no fueron tan contundentes como lo presenta la autora. Por ejemplo, bajo la regulación del mercado de 94 la coca por parte de Sendero, los narcotraficantes eran obligados a pagar precios más altos por las hojas de coca que adquirían de los campesinos. Si bien, la presencia de Sendero permitió que las firmas operaran sin la interferencia de la policía, también es cierto que la “tasa de aeropuerto revolucionaria” junto con el incremento del precio de la hoja de coca, les causaron pérdidas económicas que, en contraparte, enriquecían a los senderistas (Dreyfus 1998, p.23). De esta manera, Dreyfus (1999) acierta en señalar que no debe confundirse esta interacción con una alianza que otorga beneficios simétricos a ambas partes. Por el contrario, medido en términos de los miembros y el poder de fuego de cada agrupación, las firmas de narcotraficantes se encontraban en una situación de asimetría que era superada de forma masiva por los senderistas. Desde esta desigualdad en su poder relativo, resulta más acertado calificar estas dinámicas institucionales conjuntas como el resultado de una relación de extorsión de Sendero hacia las firmas presentes en las localidades de controlaron políticamente, y económicamente también, en línea con lo analizado. 95 1.5. Cambios en la distribución del poder: zona de emergencia bajo el control del general Carbajal Desde el año de 1984, las acciones armadas se Sendero Luminoso en el valle, incluyendo el asesinato sistemático a líderes y autoridades locales, fueron en aumento. Tras dos cruentos ataques a los puestos de la Guardia Civil en Aucayacu en enero y julio de 1984, la situación de violencia fue innegable45. En respuesta, en julio de este mismo año, el gobierno central instauró un estado de emergencia en la región (Gonzales 1992). Fue nombrado comandante político-militar de la zona el general Julio Carbajal, quien tuvo bajo su mando a 2,000 miembros del ejército y la marina del Perú (Felbab-Brown, 2007). El general Carbajal se caracterizó por no considerar que el narcotráfico fuera un problema real en el valle, al contrario de la insurgencia. Incluso, expresó que el mercado de la coca era beneficioso para la economía peruana, ya que proveía a miles de campesinos con una fuente de ingreso y generaba el ingreso de monedas extranjeras (dólar americano) al Perú (Felbab-Brown, 2007). De esta manera, la cocaína era solo un problema de ‘gringos’ y debía ser gestionado por el gobierno de los Estados Unidos (Montalbano 1985). Más allá, consideraba que involucrar a las fuerzas armadas, más específicamente, al comando político-militar en las tareas de interdicción y erradicación de la coca podía ser problemático. Hacia 1984, se estimaba que los acopiadores o traqueteros también pagaban cupos a miembros de las fuerzas del orden a cambio de protección, como lo hacían con Sendero Luminoso. En ese contexto, resultaba peligroso exponer a oficiales cuyo sueldo era drásticamente menor a la tarifa proporcionada por facilitar el despegue de un avión46. A ello se sumaba el contexto de recortes en el presupuesto militar – y, con ello, en los salarios – experimentado a partir de la crisis 45 El primer ataque de Sendero Luminoso sucedió el 31 de enero de 1984 y fue dirigido contra el Banco de la Nación y el primero puesto de la Guardia Civil que se instaló en Aucayacu. El Banco de la Nación sufrió daños en su infraestructura, y la Guardia Civil perdió siete miembros de su delegación. El segundo ataque sobrevino el 4 de julio y fue mucho más cruento. Los insurgentes de Sendero Luminoso asesinaron rápidamente a los policías en el puesto. Sin embargo, a la violencia del ataque se sumó que horas después del ataque llegó una unidad de la UMOPAR y tomó represalias con los civiles que se encontraban en la calle (Kernaghan 2003, p. 46). 46 De acuerdo con Gonzales (1994), el salario anual de un general en 1984 era de $3400, incluyendo beneficios como un auto y un conductor, y el salario de un teniente coronel era de $3000. Por otro lado, el pago por facilitar el despegue de un avión desde una pista clandestina era de aproximadamente $15,000, lo que equivalía al salario de cinco años de un teniente coronel. Incluso cuando los altos mandos debían repartir este monton entre los otros mandos que también fueron cómplices en este proceso, la ganancia seguía siendo drásticamente superior que el salario ofrecido por el Ejército. 96 económica de 1980, lo cual de por sí incrementó la corrupción entre las fuerzas militares (Gonzales 1994). Fueron ambas percepciones, la estimación del mercado de la coca como positivo para la economía local, y la precaución para involucrar a sus oficiales en la lucha contra el narcotráfico, que delinearon su estrategia militar en el valle, sobre ello profundizamos a continuación. 1.5.1. Una doble estrategia Al poco tiempo de su presencia en el valle, Carbajal notó que la población ofrecía su completa colaboración a Sendero Luminoso, sobre todo en cuanto al movimiento de sus tropas y la ubicación de sus bases (Dreyfus 1998, p.21). Junto con ello, identificó la relevancia de la economía de la coca para el bienestar y la seguridad económica de los campesinos en el valle, lo cual fortaleció su percepción de que frenar las erradicaciones de este cultivo sería crucial para obtener el apoyo de la población y afirmar la presencia del Estado. De esta manera, el General Carbajal implementó una estrategia contrainsurgente en dos frentes (Dreyfus 1998). El primero de ellos fue político, y consistió en paralizar los operativos contra-narcóticos llevados a cabo por los equipos CORAH y UMOPAR y negarse a proveerlos con inteligencia respecto a la ubicación de las tierras de cultivo de coca o los laboratorios de maceración. Más allá, ambos equipos fueron restringidos en su movilización, y se le prohibió el ingreso al valle durante cinco meses, entre agosto de 1984 y enero de 1985. Además, el comando político-militar les negó la protección a los equipos del CORAH, lo que resultó en su completa aniquilación por parte de los senderistas y los narcotraficantes. En junio de 1985, por ejemplo, los militares no acudieron a apoyar a los equipos de erradicación mientras que los cocaleros los atacaban en medio de una paralización, a pesar de las solicitudes por parte de agentes de la policía peruana (Felbab-Brown 2007, p.207). Posteriormente, cuando los equipos fueron autorizados nuevamente para operar en el valle, solo se les permitió llevar a cabo sus actividades en zonas donde Sendero Luminoso no se encontraba presente, o se encontraba debilitado. Estos esfuerzos tuvieron como consecuencia que los equipos de erradicación no lograran extirpar una sola hectárea de cocal durante el año de 1985, sin embargo, sí se dio la destrucción de 44 laboratorios de coca y se continuó con las 97 interdicciones (Felbab-Brown 2007). A pesar de ello, las medidas tuvieron un efecto positivo para lograr la colaboración de los civiles en el valle. Además de aplicar esta estrategia que limitó a los equipos de interdicción y erradicación de la coca, el general Carbajal se aseguró de que esta actitud fuese comunicada a la población. Por ejemplo, Felbab-Brown documenta que, en el distrito de Monzón, Carbajal reunión a los campesinos para garantizarles que podrían continuar con sus actividades económicas regulares. Así, en los seis meses de su gestión, Carbajal logró el apoyo y colaboración de los agricultores del valle, e incluso, de los narcotraficantes (Felbab-Brown 2007; Head y Rosenau 1990). Ambos proveyeron al General y a los miembros del comando político-militar con la inteligencia que le permitió desplegar sus fuerzas a lo largo de las rutas de escape que Sendero Luminoso identificó en la zona (Andean Report 1987). A partir de esta información, las Fuerzas Armadas tuvieron resultados positivos en su estrategia militar, y al término del periodo de seis meses lograron la expulsión de Sendero Luminoso del valle (Dreyfus 1999; Felbab-Brown 2007; Rowe 2008) y recluirse en zonas alejadas de Huánuco (CVR 2003). Desde mediados de 1984, el ejército estableció bases permanentes en Aucayacu y Tingo María, lo cual, en conjunto con la estrategia de protección a la economía local, disuadió a Sendero Luminoso de volver a incursionar militarmente en la zona urbana de Aucayacu por varios años, aunque no limitó por completo su presencia cerrada a partir de un Comité Popular Paralelo que operó y dominó el pueblo desde 1986. Su presencia en las zonas rurales del valle no fue afectada con igual magnitud, como lo señalan las entrevistas recogidas por Kernaghan (2003) en las zonas rurales de Aucayacu y Ramal de Aspuzana. De todos modos, la estrategia del general Carbajal y sus resultados son percibidas como una victoria militar, en tanto Aucayacu fue “el área de mayor actividad senderista en el Alto Huallaga hasta pasa la mitad de la década de los ochenta y, de alguna manera, su retaguardia para toda la región” (Kernaghan 2003, p.48). Finalmente, a pesar de lograr la retirada de la presencia militar en el valle por parte de Sendero Luminoso, la estrategia aplicada por la gestión del general Carbajal una consecuencia adicional en la distribución del poder y los actores que intervinieron en el arreglo político de la región. Esta fue que, durante este corto periodo, se dio un 98 incremento del tráfico de drogas en la región, y los traficantes tuvieron la oportunidad de fortalecer las estructuras de su negocio (Andean Report 1985; Dreyfus 1999). 99 1.6. La política contrainsurgente de Alan García y el valle bajo control policial Si bien, la estrategia aplicada por el comando político-militar en el Alto Huallaga durante 1984 logró la expulsión de las estructuras abiertas de Sendero Luminoso en las ciudades importantes del valle, estos resultados no se sostuvieron en el tiempo. Los resultados positivos que obtuvo el comando político-militar en el Alto Huallaga durante los últimos seis meses motivaron al recientemente elegido presidente, Alan García, a dar la orden a las Fuerzas Armadas de retirarse del valle y levantar el estado de emergencia en la región en diciembre de 1985. En líneas generales, García interpretó el problema de la insurgencia de Sendero Luminoso como un dilema de causas socioeconómicas, por lo que su estrategia disminuyó los esfuerzos militares y priorizó programas de desarrollo económico que comprendían también una estrategia de lucha contra las drogas (Head & Rosenau 1990). Junto a ello, se identifica que García coincidía con los Estados Unidos en que era necesario incrementar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y que, incluso, tenía el deseo de ser recordado como “el presidente peruano que logró eliminar el cultivo de coca” por este gobierno (Head y Rosenau 1990 en Manrique 2016). De esta manera, tras la salida de los militares del valle, estos fueron reemplazados por las fuerzas policiales, las cuales retomaron las actividades de erradicación e interdicción de la coca y asumieron también las tareas de contrainsurgencia. Esta decisión enfrentó una fuerte resistencia por parte de los civiles en el valle: los políticos locales negociaron con el gobierno la posibilidad de volver a instaurar el estado de emergencia, y la población elaboró y firmó peticiones para el retorno de los militares (Felbab-Brown 2007, p.208). Sin embargo, la decisión no se revirtió. Financiado por el gobierno de Estados Unidos, García llevó a cabo un agresivo programa de interdicciones denominado “Operación Cóndor” (Head & Rosenau 1990). En este marco la UMOPAR, esta vez con el apoyo de la DEA y de helicópteros americanos47, se enfocaron en la destrucción de laboratorios, de pistas clandestinas y el arresto de traficantes (Dreyfus 1999). Como consecuencia de este renovado frente antidrogas, en 1987 se erradicaron 355 hectáreas de coca, 5130 en 1998, y 1285 en 1989 (2007, p.208). 47 Como se verá más adelante, uno de los resultados de esta cooperación para la interdicción fue que en 1988 se inaugure en Uchiza la base antidrogas de Santa Lucía, la mayor de América. Esta base reunió alrededor de 25 agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), ocho helicópteros americanos y 450 militares peruanos (McClintock & Vallas 2005). 100 Este enfoque en la interdicción causó un declive de la producción y el transporte de los derivados cocaínicos y un exceso en la oferta de hoja de coca y de PBC, que sobrepasaba la demanda de los traficantes; en consecuencia, se observó una reducción de hasta la mitad del precio de estos productos en determinadas áreas (McClintock 1988, p.131). Las Operaciones Cóndor se mantuvieron a lo largo de los años 1985 a 1987, llegando a sumar siete.. De acuerdo con Prado Saldarriaga (2014) estas siete intervenciones alcanzaron el decomiso de 98 toneladas de pasta básica de cocaína y de 832 toneladas de hoja de coca; la destrucción de 690 pozas de maceración, 52 laboratorios, 295 instalaciones y 173 aeropuertos clandestinos en la zona. Estos números se vieron reflejados en las respuestas de los agricultores cocaleros, quienes cada vez se sentían más alienados de las agencias del Estado y vulnerados por la interferencia en su economía de subsistencia. Todo ello, a pesar de que estas nuevas iniciativas de erradicación habían abandonado el uso indiscriminado de la violencia hacia los agricultores, focalizando los esfuerzos en eslabones más fuertes y de mayor influencia en la cadena de producción, es decir, los mismos traficantes (Dreyfus 1999; Felbab- Brown 2007). En respuesta, los campesinos cocaleros dejaron de compartir información sobre Sendero con las agencias del orden peruanas. E, incluso, se observó el restablecimiento de la presencia de Sendero Luminoso en la región, asentándose primero en aquellas regiones que fueron más perjudicadas por la erradicación por parte del equipo de CORAH (Tarazona-Sevillano 1990). El poder de Sendero se acrecentaba de forma veloz, las fuerzas policiales se encontraban cada vez más superadas en número y en armamento por los insurgentes. Adicionalmente, se observa que, para esta época, entre 1986 y 1987, Sendero inicia su incursión en los centros urbanos de la droga, ciudades como Tocache y Uchiza. Ello favoreció la alianza entre los senderistas y los narcotraficantes, cuyos vínculos parecían incluso fortalecerse en respuesta a las interdicciones del Estado peruano: mientras más agresiva era la persecución por parte del gobierno central y la DEA, los narcotraficantes buscaban con más ímpetu la protección de Sendero, lo que solo hacía más cercana su cooperación (Felbab-Brown 2007, p.209). No obstante, a pesar de los altos números de pistas, pozas, laboratorios, e instalaciones intervenidas, y lo perjudicial que fueron las Operaciones Cóndor para toda 101 la cadena del narcotráfico (McClintock, 1988), no es posible decir que estas fueron efectivas para impedir la expansión del cultivo de coca. Por el contrario, los ataques consecutivos a la cadena de producción de la coca obligaron muchos agricultores a trasladar sus cultivos al norte de la región, ocupando el Huallaga Bajo y Central (CVR 2003). Así, las consecuencias no previstas de estos programas de erradicación fueron dos: primero, la alienación de los agricultores cocaleros y su desconfianza frente al Estado al ver que este permitiría el desarrollo de su economía de subsistencia; segundo, el repliegue de los traficantes hacia Sendero Luminoso y el fortalecimiento de sus colaboraciones. Como se mencionó, la nueva necesidad de los traficantes de contar con la protección de Sendero favoreció la incursión de la organización en los centros urbanos de la droga. Con ello, también se dio la extensión de sus actividades hacia el norte del valle. No obstante, como veremos a continuación, al alcanzar la zona norte de la provincia de Tocache se toparían con la presencia de un segundo actor insurgente: el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). 102 1.7. La presencia del MRTA en el norte del valle y la victoria de Sendero Luminoso Luego de 1985, cuando el gobierno de Alan García reanudó las operaciones antidrogas de manera agresiva, Sendero Luminoso identificó que los resultados alienantes y debilitantes para los agricultores y traficantes, respectivamente favorecían su reinserción en el valle. No obstante, la organización insurgente MRTA también observó esta oportunidad. El MRTA había iniciado sus operaciones en 1984, y en 1986 estableció un frente en la región nororiental de país, el cual comprendía, principalmente las zonas del norte y del centro del departamento de San Martín (Tabla 10) (CVR 2003). Su incursión en la región fue facilitada, principalmente, por sus vínculos con los gremios de productores del departamento y su participación en los Frentes de Defensa provinciales y regionales (Durand Guevara 2005 en Manrique 2016). Tabla 10. Zonas controladas por el MRTA y zonas de influencia en el Frente Nororiental, 1987 – 1990 Zonas del MRTA Área de influencia Alto Mayo (instaurado en 1990) Provincia de Moyobamba y Rioja Medio Mayo (instaurado en 1989) Riberas del río Mayo en la provincia de Lamas Bajo Huallaga (instaurado en 1990) Provincia de San Martín Huallaga Central (instaurado en 1990) Chazuta, Picota, Bellavista Valle del Sisa (instaurado en 1987) Provincia de El Dorado y provincia de Saposoa Yurimaguas (instaurado en 1990) Yurimaguas Caynarachi-Shanusi (instaurado en 1990) Pongo de Caynarachi Huayabamba (instaurado en 1988) Valle del Huayabamba Fuente: Elaboración propia en base a CVR (2003). Sobre todo, en la década de 1980, como consecuencia de la crisis económica y del fracaso del proyecto agropecuario de colonización, las huelgas se incrementaron en frecuencia y generaron una respuesta represiva, e incluso, letal del Estado (Durand Guevara 2005). Ante ello, se generó un sentimiento de desconfianza y resentimiento respecto al Estado, el cual fue capitalizado políticamente por el MRTA. De esta manera, 103 el MRTA había desarrollado un poder que, en gran parte, era político, y buscaba incrementar su capacidad para realizar acciones militares efectivas. Sin embargo, ello solo sería posible incrementando su capacidad económica de la misma forma en que venía haciendo Sendero Luminoso, a través de su explotación del mercado ilícito de la coca (Felbab-Brown 2007). Al inicio, su incursión en este mercado se basó en la protección de los agricultores cocaleros frente a las iniciativas de erradicación del gobierno peruano y los abusos que sucedían en el marco de ellas. No obstante, la organización percibió que eran los eslabones más altos en la cadena de producción aquellos que generaban mejores rentas, por lo que decidió también participar del procesamiento de derivados cocaínicos. Con un mayor poder económico, el MRTA pudo consolidar sus bases en el Huallaga Central y el Alto Mayo, sin embargo, aquella zona que permitía mayores rentas era el Alto Huallaga, la zona más importante para la producción de la cocaína (Felbab-Brown 2007). Sin embargo, el Alto Huallaga era un área bajo control de Sendero Luminoso, quien dominaba múltiples ciudades en la zona sur del valle hasta Tocache, mientras que el MRTA dominaba el área al norte de Tocache (Kay 1999). El intento del MRTA por tomar Tocache, y así introducirse en el Alto Huallaga, provocó el primer y más importante enfrentamiento entre ambas organizaciones. A mediados de marzo de 1987, luego de que una columna del ejército tupacamarista intentara tomar la ciudad de Tocache, se produjo el primer enfrentamiento armado entre el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Ante el atentado por parte de aproximadamente cien guerrilleros del MRTA, Sendero Luminoso en alianza con “Vampiro”48, el líder de una de las firmas más importantes de Tocache, llevaron a cabo una emboscada que tuvo como resultado la muerte de un aproximado de 40 a 60 miembros del MRTA (CVR 2003, p.330; Gonzales 1988). Tras ello, la columna de Sendero Luminoso persiguió a los cuadros del MRTA para culminar la aniquilación. En respuesta, la columna del MRTA se replegó a la 48 De acuerdo con Dreyfus (1999, p.22) los narcotraficantes apoyaron a Sendero Luminoso en el marco de su enfrentamiento con el MRTA por dos razones. La primera fue que el MRTA recibía apoyo del movimiento M-19 en Colombia, el cual estaba en un enfrentamiento constante con los traficantes colombianos, patrones de los líderes de firma peruanos. El segundo motivo fue el enfoque ‘moralizador’ del MRTA frente a la coca. El MRTA se negó a defender el cultivo de coca y, por el contrario, alentaba a los campesinos cocaleros a, progresivamente, adoptar el cultivo de productos alternativos legales. 104 zona entre Tarapoto y Moyobamba, desde donde retomó su entrenamiento guerrillero para llevar a cabo una ofensiva que les permita tomar el pueblo de San José de Sisa, en la provincia de El Dorado en San Martín, donde finalmente se asentó (2003, p.330). De acuerdo con el Informe Final de la CVR, desde este primer enfrentamiento en 1987, Sendero Luminoso y el MRTA estuvieron enfrentados de manera sostenida. El informe registra más choques entre ambas organizaciones: en el Valle del Ponaza, en 1991 y en el Valle de Huallabamba entre 1991 y 1993. No obstante, estas confrontaciones exceden al territorio del Alto Huallaga, y lo que logran es alcanzar una división pragmática de la cuenca del Huallaga quedando las cuencas cocaleras en el Alto Huallaga bajo el control senderista, mientras que el Huallaga Central y el Bajo Huallaga fue territorio del MRTA (Figura 7) (CVR 2003, p.359). En línea con ello, la expulsión del MRTA de la ciudad de Tocache por parte de Sendero Luminoso en 1987, y el repliegue de sus operaciones en el valle solo hasta la parte norte del departamento de San Martín (Dreyfus 1999, p.22), significó para Sendero una muestra de su control total del valle del Alto Huallaga hacia junio del mismo año (CVR 2003). 105 Figura 7. Zonas ocupadas por Sendero Luminoso y el MRTA en San Martín, 1987 – 1990 Fuente: Villarán (2012). 106 ¿Qué factores favorecieron el triunfo de Sendero Luminoso por sobre el MRTA? De acuerdo con Raúl Gonzales (1987; 1988), Sendero tuvo una estrategia mucho más efectiva que el MRTA, ya que fue capaz de concentrar el apoyo de los cocaleros convenciéndoles de que los emerretistas habían traicionado sus intereses al pactar los precios de la hoja de coca con los traficantes. Más allá de la colaboración civil, Sendero contaba, y también aparentaba, un entrenamiento y equipo militar superior al del ejército tupacamarista. Los miembros del MRTA, por el contrario, eran percibidos como “patos fuera del agua”, movilizándose por el valle con máscaras, uniformes y botas que los distinguían, pero que también demostraban ser inadecuadas para el contexto de un clima tropical y, además, los hacían rápidamente identificables por las fuerzas policiales (CVR 2003). Sin embargo, el principal factor que otorgó a Sendero superioridad respecto al MRTA fue la cercana relación que mantuvo con los jefes de las firmas de narcotraficantes (Gonzales 1988), lo cual también fue una clara señal del control absoluto que alcanzaron en el valle hacia el año 1987. 107 1.8. El Alto Huallaga como una ‘zona liberada’ de Sendero Luminoso Hacia junio de 1987 se hizo evidente que Sendero Luminoso había adquirido el completo control del valle (Kay 1999, p.103). La ausencia de la autoridad militar en la región permitió que durante este periodo la guerrilla senderista extendiera su control territorial, y al mismo tiempo, complejizara sus estructuras institucionales. Además, la agresiva estrategia de interdicción creó en los narcotraficantes una mayor necesidad de protección por parte de la organización senderista. A partir de ello, se profundizan los vínculos de sujeción de parte de los líderes narcotraficantes a los cuadros de Sendero Luminoso, lo que permite a la organización insurgente concretar su control también sobre la cadena de producción de la droga en su totalidad. De esta manera, durante el periodo de 1985 a 1987 se empieza a observar un arreglo político determinado, principalmente, por Sendero Luminoso, el cual a partir de su poder militar y de su legitimidad para proveer mínimos de seguridad, orden y estabilidad en el mercado de la coca, puede dirigir de manera casi unilateral la vida social y económica en el valle, obteniendo la mayor parte de los beneficios que resultan de estas instituciones. 1.8.1. La incursión de Sendero Luminoso a los centros urbanos de la droga Durante los años siguientes a la emboscada al MRTA en Tocache, la rivalidad de Sendero con los emerretistas se incrementó puesto que siguieron desafiando el control que este tenía sobre los distintos eslabones en la cadena de producción de la cocaína. El involucramiento al que aspiraba el MRTA, sin embargo, no significaba solo la intervención en los procesos de cultivo o transporte a través de la protección, sino que se pretendía alcanzar un completo control de la cadena de producción, lo cual le ganó la oposición por parte de los traficantes. No obstante, es relevante notar que, como se presentó en el primer arreglo político, Sendero Luminoso sí alcanzó el control total de los procesos de producción de la cocaína durante los años precedentes, involucrándose, reorganizando y regulando cada uno de ellos (Figura 6). En este periodo, su capacidad de reorganizar estas instituciones en línea con su beneficio permaneció, principalmente, por su apariencia de ser más cercanos a 108 los intereses de los agricultores cocaleros y de tener la capacidad para enfrentarse de manera más efectiva a los equipos de interdicción (Gonzales 1988, p.69). De esta forma, desde 1985, Sendero inició su desplazamiento hacia la zona norte del Valle, la cual era reconocida como la más importante para el mercado de la droga. Ello significó incursionar en los distritos de Paraíso, Uchiza y Tocache, que eran centros de la droga y, por lo tanto, concentraban a las más fuertes firmas de narcotraficantes. La incursión en estos centros urbanos y la colaboración con las firmas que se encontraban en ellos fue distinta a la que se observó en años pasados con empresas del narcotráfico más pequeñas. A continuación, se presentan los casos de Paraíso, Tocache y Uchiza para comprender cómo funcionaron las instituciones en casos donde Sendero Luminoso interactuaba con actores narcotraficantes más poderosos. Estos casos evidencian que la intervención de Sendero Luminoso en el mercado de la PBC permitió su participación en otros procesos regulatorios de la vida como la provisión de seguridad interna y externa, y el ejercicio de la justicia dentro de estas comunidades. En los centros urbanos, existieron momentos donde Sendero Luminoso reguló la seguridad y justicia en conjunto con las firmas de narcotraficantes y, finalmente, su capacidad militar le permitió someter a las firmas y tomar mayor iniciativa en la regulación de estas instituciones. Incluso, durante su presencia armada en estos centros urbanos arbitró disputas entre las propias firmas locales y entre las firmas colombianas y peruanas, además de prevenir el ingreso de organizaciones nuevas que no contaban con el consentimiento de las firmas ya instaladas para funcionar en la zona (Kernaghan 2003, p. 54). 1.8.1.1. La incursión clandestina a Paraíso El Informe Final de la CVR documenta que Sendero Luminoso ingresó a Paraíso, por primera vez, de manera clandestina (2003, p.284). Posterior a esa primera incursión, el 26 de agosto de 1986, llevaron a cabo una incursión armada y abierta, en la cual reunieron a la población del caserío y sectores aledaños en asamblea para ajusticiar a dos desconocidos que eran acusados de ladrones. Desde este evento su presencia abierta en la ciudad duraría hasta 1990. Paraíso era un enclave de narcotraficantes por ubicarse en una zona estratégica y alejada de las vías de acceso rápido del valle, pero con fuertes nexos a los mercados 109 y las firmas de Tocache y Uchiza. Además, su lejanía lo configuraba como una zona libre de las fuerzas policiales. Así, esta ciudad era un “eje de producción, comercialización y transporte para el narcotráfico” que abarcaba entre 18 y 20 caseríos, cada uno zonas de cultivo, y un total de ocho pistas de aterrizaje (CVR 2003, p.285). En la ciudad operaban múltiples organizaciones del narcotráfico, entre las cuales las más destacadas fueron las de Braulio Tafur, Antonio ‘Tío’ Ríos y Marcelo Ramírez, alias ‘Machi’. Desde el ingreso abierto de Sendero Luminoso se creó una dinámica de convivencia con las firmas locales, la CVR afirma que “sin excepción los jefes aceptaron las obligaciones que les imponían los senderistas” con el objetivo de “evitar problemas” (2003, p.285). Como relata un poblador de Paraíso en su testimonio, los narcotraficantes de Paraíso aceptaron la convivencia con los senderistas pues temían a su poder militar, al punto de sentirse en desventaja para negociar o imponer sus intereses en un acuerdo con ellos. Menciona: “Así ellos (los narcos) se sentían felices, más tranquilos y podían dormir tranquilamente, porque si no pues era un temor de que si venía el PCP-SL y no me ponía de acuerdo, me mataban, así era” (CVR 2003, p.285). Esta convivencia, por ejemplo, se expresaba en cómo los jóvenes de Paraíso podían ser miembros de la guerrilla y, a la vez, en sus tiempos libres trabajar para las organizaciones de los narcos de la ciudad, o incluso la firma de Catalino Escalante en Uchiza. El Informe Final señala que “estar con la revolución no impedía que uno en sus momentos libres hiciera pases de droga o proveyera seguridad a uno de los patrones” y que “existía una comunicación muy fluida entre ambas corrientes” (CVR 2003, p.285). Más allá, se identifica que Sendero Luminoso mantuvo su relación más importante con el líder narcotraficante ‘Machi’. Si bien los términos de esta relación no se conocieron, sí era claro que existía una convivencia que le permitía dedicarse a su negocio. Otra relación importante fue la establecido con ‘Tío Ríos’, quien incluso fue nombrado el primer delegado del partido en Paraíso, y tuvo la responsabilidad de recaudar dinero del narcotráfico. 1.8.1.2. La incursión concertada en Tocache De acuerdo con la información recogida por Kernaghan (2003), desde que Sendero incursionó en la ciudad de Paraíso, empezó a organizar las zonas de cultivo 110 alrededor de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza. Ello responde a su estrategia de tomar poco a poco al campo hasta poder tomar control también sobre las ciudades de la región. En 1985, un grupo de senderistas armados ingresó por la noche a Nuevo Progreso, distrito de Tocache, y reunió a la población en asamblea en la plaza de armas. Al ingresar, anunciaron que venían a ‘poner orden’ pues habían recibido muchas quejas de estafas a los agricultores por parte de traqueteros al momento de comprar las hojas de coca, y de pagos fiados por parte de las firmas que nunca fueron saldados. Así, dieron plazo de un día para que saldaran sus deudas bajo amenaza. Tras ello, se formó un comité popular dentro de Nuevo Progreso y, desde entonces, cualquiera que tuviera cobros pendientes podía denunciar al delegado del comité para que se aplique la justicia popular. Por el contrario, el ingreso a la ciudad de Tocache no fue intempestivo, sino sutil, de acuerdo con el análisis de la CVR, esto podría deberse a que se trató de un pueblo más grande, comunicado vialmente y con presencia del Estado. De esta manera, Sendero Luminoso incursionó en la ciudad gracias al contacto de un ex sicario de Machi que fue a Tocache a presentar a un emisario de Sendero frente a los narcotraficantes más importantes de la ciudad: Vampiro, Mashico, Aníbal, Shushupe, Aureo, y el Gato Gerber. El emisario anunció que Sendero incursionaría en el pueblo no para enfrentárseles, sino para ayudarlos a ordenar la ciudad, defendiéndola de la intervención policial y poniendo fin a la delincuencia común, que era un problema típico de las zonas urbanas. Ante el ofrecimiento los líderes de firma reaccionaron con agrado y les permitieron colocar entre tres a cuatro de sus cuadros en cada una de las firmas, acompañando y observando a los narcotraficantes. En este primer momento, los narcotraficantes concebían la dinámica como una donde los senderistas se incorporaban a sus organizaciones. Un año después, en 1986, Sendero organizó rondas de vigilancia compuestos por un grupo de diez a doce sicarios de las firmas, junto con uno o dos representantes del Partido. En la ciudad, estas rondas mixtas recibían las quejas sobre delitos y/o abusos, y administraban los castigos. En esta institución eran los sicarios de las firmas quienes portaban las armas, sin embargo, los senderistas dirigían y tomaban las decisiones. En 1987, ya se evidenciaba un control del pueblo por parte de Sendero Luminoso, y la concentración de cientos de combatientes. La estructura de organización, para este 111 periodo, consideraba delegados del Partido en cada manzana, y había organizado a los hombres en una nueva ronda, llamada “ronda de cuadra”, que ya excluía la participación de los sicarios de las firmas. Esta ronda operaba de noche, vigilando solo con bastones de madera, sin armas de fuego, un sector compuesto por tres manzanas. Cuando se identificaban situaciones que no podían resolver éstas eran reportadas al Club Obrero, donde los miembros armados de Sendero habían establecido el Comité de Justicia Popular (Revista Sí 1987 en Kernaghan 2003). 1.8.1.3. La incursión concertada en Uchiza En el caso del centro urbano de Uchiza, también se identifica un ingreso a partir de la negociación de una colaboración con los líderes narcotraficantes. Desde su ingreso a Paraíso en 1986, Sendero había controlado el campo alrededor de Uchiza y, sin embargo, no había logrado entrar al pueblo pues las firmas que ejercían el control eran grandes, bien armadas y ya mantenían conflictos entre ellas. De esta manera, fue solo a partir de uno de estos conflictos entre firmas que la organización insurgente tuvo la oportunidad de concretar su incursión. Cuando uno de estos líderes de firma, ‘Tío Carachupa’, se encontraba en una postura desaventajada frente a sus pares, solicitó la intervención del Partido como mediador. Así, una comitiva de Sendero llegó a Uchiza desde Aucayacu para presentarse con él, lo que inició una serie de negociaciones entre las demás firmas en el distrito, que concluyó en la firma del primer documento que establecía las condiciones para la participación del mercado de la droga. 112 1.9. La ampliación de la organización de los comités populares A mediados de 1987, Sendero amplió su organización de los comités populares en la margen izquierda del río Huallaga, es decir, en los comités comprendidos por los bolsones Primavera y Cuchara. Con ello, complejizó su organización interna, diversificó e incrementó las responsabilidades de los representantes del Partido. A diferencia de sus estructuras más primaras, bajo el cargo de un solo delegado, estos comités contaban con cinco representantes, de los cuales tres eran los principales; a estos se les denominaba: mando político, mando militar y mando logístico (Tabla 11). Tabla 11. Delegados del PCP-SL en los comités populares y funciones desde 1987 Cargo en el comité popular Funciones Mando político Coordinar las asambleas e impartir la enseñanza política del Partido. Enlace del pueblo con la guerrilla. Mando militar Garantizar la seguridad de la comunidad, organizar las milicias y seleccionar a los mejores combatientes para incorporarlos al Ejército Popular Guerrillero. Funciones policiales de detener infractores de la legalidad del Partido. Enlace del pueblo con la guerrilla. Mando logístico Administrar los fondos económicos “del pueblo” y suministrar medicinas y provisiones requeridas por el Partido. Enlace del pueblo con la guerrilla. Secretario Archivar documentos que registran los datos del Comité. Delegados Coordinación directa con la población para gestionar asuntos sociales. Fuente: Elaboración propia en base a Kernaghan (2003). Las funciones del mando político consistían en coordinar las asambleas e impartir, a través de la educación, la política del Partido. El mando militar, por su parte, brindaba seguridad a la comunidad por medio de la organización de las ‘fuerzas de base’ y selección de los mejores combatientes para incorporarlos a la fuerza local o principal; junto con ello, también cumplía funciones de vigilancia o policiales, deteniendo a quienes 113 transgredían la ley del Partido. El mando logístico cumplía las funciones de tesorero, administrando las propiedades, los fondos económicos que eran entregados al Partido, las provisiones y las medicinas. Como apoyo de estos tres mandos principales, existía un secretario, quien archivaba y resguardaba los papeles que registraban los datos del Comité. Bajo estos cargos se encontraban aquellos delegados que tenían coordinaciones directas con la población. De acuerdo con el testimonio de ‘Willy’ recopilado por Kernaghan (2003), “habían delegados de todo”, abordando temas relacionados a grupos específicos como las mujeres, los niños, los ancianos, y sectores del norte y del sur. Estos puestos no eran otorgados por elección popular, sino que eran “nombrados” por el Partido. Desde esta designación iniciaban sus responsabilidades a la organización, las cuales comprendían la rendición de cuentas a autoridades superiores y la implementación de sus directivas. Solo era posible rechazar una designación huyendo de la localidad y abandonando bienes personales como hogares, animales, cultivos y dinero. Kernaghan (2003) señala que, una vez se complejiza la estructura y las funciones dentro de los comités populares, es posible identificar en ellos un carácter estatal que se expresaba desde su capacidad para ejecutar las siguientes funciones: establecer reglas; llevar una contabilidad de sus miembros y propiedades; proveer y llevar a cabo una vigilancia; recaudar tributación; y administrar justicia legal. La formulación de reglas de conducta específicas para la vida social se llevó a cabo bajo una lista de “tres reglas cardinales” y “ocho advertencias” (Figura 8), las cuales se aplicaban a los militantes y civiles. Adicionalmente, se establecieron prohibiciones a la prostitución y a la homosexualidad (Gonzales 1994). Junto con ello, el Kernaghan también identifica que en los comités se instauraron prácticas de rutina como la titulación efectiva sobre la propiedad; formas obligadas de dirigir la palabra a las autoridades; las cartas de sujeción al Partido y un calendario cívico de fechas importantes para el Partido, como el día de la heroicidad o el inicio de la lucha armada (2003, p.41). Todo ello, sumado a las reglas que regularon la actividad económica de la coca. 114 Las "Tres Reglas Cardinales" Las "Ocho Advertencias" Figura 8. Reglas de Sendero Luminoso • Obedecer las órdenes • No tomar de las masas ni una sola aguja, ni una sola hebra de hilo • Entregar todas las cosas capturadas • Hablar con cortesía • Pagar un precio honesto por todo lo que se compra • Devolver todas las cosas solicitadas en préstamo • Indemnizar por cualquier objeto roto o destruído • No pegar ni injuriar a la gente • No expropiar los cultivos • No tomarse libertades con las mujeres • No maltratar a los prisioneros Fuente: Elaboración propia en base a Gonzalez,1989. Por otro lado, la contabilidad refiere a la capacidad del Partido para llevar cuenta de los datos del comité. Esta contabilidad la realizaba el mando político por medio de la escritura en un cuaderno donde registraba los datos de las personas, sus propiedades y pertenencias y las aportaciones que realizaban al partido. Adicionalmente, se llevaba la cuenta de las personas bajo el mando del partido a través de cartas de sujeción, las cuales eran firmadas por quienes integraban la organización y también por quienes vivían en las zonas bajo influencia de Sendero Luminoso. Respecto a la naturaleza vigilante del Partido, Kernaghan resalta que existieron mecanismos concretos como la organización de una red de informantes, y también la imposición de controles sobre el desplazamiento de las personas dentro de su red territorial. La red de espionaje de Sendero Luminoso fue compuesta por los Comités de Poder Popular Paralelo (CPP), también denominados “las Urbanas”, desde los cuales se ejercía la autoridad en zonas con presencia de las fuerzas del Estado peruano. Entre sus funciones de ordenamiento social se encontraban el cobro de impuestos a los cultivadores y comerciantes de coca, y la depuración selectiva de ‘malos elementos’, de acuerdo con su catálogo de normas sociales. La primera Urbana registrada fue la de 115 Aucayacu, creada en 1986 y eliminada finalmente en 1992. Tras la creación de la Urbana de Aucayacu, sucedieron la Urbana de Tocache, la cual permaneció hasta 1995, y la Urbana de Uchiza (Kernaghan 2003, p.19). Por otra parte, las “cabinas de peaje” de Sendero, las cuales consistían en cuerdas que cruzaban la carretera, podían encontrarse en cada pista del valle hacia finales del año 1988 (Gonzales 1994). Además, en los centros urbanos de la droga, que durante este periodo ya se encontraban bajo el control de Sendero Luminoso, la vigilancia era un poco más elaborada y contaba con puestos de control armados con metralletas. Desde ellos, se exigía a los foráneos mostrar documentos de identificación para ingresar y explicar los motivos de su visita, para entrar a la ciudad. A partir de ello se decidía si el visitante podía ingresar, el tiempo de su permanencia y si debía ser acompañado por un representante del partido. Conjuntamente, las formas de tributación identificadas son aportes de distintas fuentes que podían ser obligatorios o voluntarios. Dentro de los aportes voluntarios existieron las “colaboraciones”, a través de las cuales se medía la voluntad y sujeción al partido de los civiles. Sin embargo, también existían impuestos directos sobre la producción y transacciones – esto se identifica, principalmente, para la hoja coca y el clorhidrato de cocaína, aunque el testimonio del mando senderista Cayo (CVR s.f.) señala que también se regulaban productos como la fruta – dentro de los territorios controlados. Estos recursos económicos eran recolectados por los mandos locales, quienes rendían cuentas sobre ellos a la guerrilla. Por lo demás, la administración de justicia fue una función bastante relevante para la organización subversiva, la cual ejercía a través de la recepción de quejas y asignación de sanciones. Para ejercer su propia justicia, no solo asumía el rol de instancia mediadora para la resolución de conflictos, sino que también aplicaba su propio código de reglas, lo que habilitaba la posibilidad de la transgresión. La justicia era administrada a partir del proceso, relativamente sencillo, del ‘juicio popular’. El proceso de juicio popular consistía en un periodo de investigación de las acusaciones y en la convocatoria a una reunión pública donde se exponían las acusaciones y pruebas recopiladas, se emitía un veredicto y se ejecutaba la sentencia, que era letal. 116 1.10. Intentos de disputa al control de Sendero Luminoso A pesar de ser el año donde mayor despliegue de poder había realizado el grupo insurgente en el valle, durante 1987 también se presentaron distintas dinámicas que disputaron su dominio. El 15 de julio de 1987, el Estado peruano llevó a cabo el operativo Relámpago, realizado por las unidades especializadas de la policía peruana con el objetivo de recuperar el control sobre la ciudad de Tocache. Si bien, la incursión policial parecía ser esperada tanto por Sendero como por los líderes de las firmas narcotraficantes, quienes se retiraron antes del aterrizaje de los primeros efectivos paracaidistas, estos no pudieron salvaguardar el dominio que ejercían sobre la localidad. Desde el operativo, las unidades policiales se instalaron tanto en Tocache como en Nuevo Progreso, donde la presencia de Sendero tuvo que volver a la clandestinidad, ejerciendo su dominio desde un Comité Popular Paralelo. Fue también a mediados de 1987 en que se observó el primer conflicto y sublevación de un narcotraficante frente a Sendero Luminoso. Este fue el caso de Machi, importante jefe de firma en Paraíso, que incluso fue muy reconocido por su relación cercada con el Partido. Existen distintas versiones respecto a cuál fue la causa que motivó esta separación: una primera señala que Sendero asesinó a la hija o a toda la familia de Martín; una segunda afirma que asesinaron a once de sus trabajadores al confundirlos con ‘soplones’; una tercera señala que Sendero encontró que Machi había sido abusivo al secuestrar a un ganadero y el Partido se le enfrentó. Por otro lado, Manrique (2016) señala que la motivación de la sublevación de Machi fue un incremento en el precio de los cupos. Lo que sí queda claro, y tal vez, lo más resaltante de este conflicto fue que Machi recibió apoyo de la policía para enfrentarse a los senderistas. El narcotraficante se enfrentó al Partido tras reunir un “ejército” de cien hombres proporcionados por la policía y fue desde Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona que consideraba senderista, usando un uniforme de policía también. La mayor muestra de apoyo, sin embargo, fue cuando en noviembre de 1987 Sendero realizó una emboscada en la entrada de Paraíso que solo logró herirlo y lo mantuvo recluido en un fortín mientras duraba la balacera de aproximadamente 24 horas. Finalmente, Machi es rescatado por dos helicópteros de la policía nacional que lograron recogerlo de su lugar de refugio. 117 Manrique (2016) señala que luego de Machi, el segundo jefe de firma importante que se enfrentó militarmente a Sendero fue Catalino Escalante, alias “Vampiro”. A pesar de ello, Manrique identifica que estas sublevaciones fueron esporádicas y que, en general, su cercanía con el campesinado y a su capacidad organizativa y militar, aún le permitían a Sendero deshacerse de sus enemigos sin mayores complicaciones. Ejemplo de ello podrían ser acciones militares como primer el ataque al puesto policial de Uchiza en mayo de 1987 o la movilización a un paro armado en junio del mismo año, acciones que Kernaghan (2003) describe como representativas de la magnitud del control que la agrupación tuvo sobre el campo (2003). Incluso, poco tiempo después Sendero procedió con la destrucción de las pistas y puentes sobre los ríos Pendencia, Pacae y Angashyacu y la instalación de garitas de control a lo largo de la carretera Marginal. No obstante, no debe ignorarse que, finalmente, como lo señala la CVR “al final todas las firmas locales se resistieron al control senderista” y los rígidos controles al mercado (2003, p.387). Los motivos que configuran el contexto para la confrontación a Sendero por parte de las firmas se verán en el siguiente periodo. 118 1.11. Conclusiones La presente sección ha demostrado que en el periodo de 1980 a 1989, durante del proceso de conflicto armado interno, en el Alto Huallaga surgieron nuevas instituciones tanto políticas como económicas, las cuales respondieron a las expectativas de orden, justicia y seguridad tanto física como económica de la sociedad civil del valle. Ante un contexto donde los actores poderosos, las firmas de narcotraficantes y las fuerzas policiales, eran autoras de abusos y estafas, Sendero Luminoso incursionó y desplegó elementos de poder como la fuerza paramilitar y la capacidad de movilización política, los cuales hicieron de su dominio uno indisputable. Así, Sendero Luminoso estableció en la región la estructura institucional de los comités populares, desde los cuales aplicó reglas institucionales que regularon aspectos de la vida en comunidad como las normas sociales, la seguridad y la gestión de bienes. En tanto la vida de los campesinos estaba estrechamente vinculada con la economía de la coca, los militantes senderistas en el valle adoptaron autonomía de acción frente al Comité Central para involucrarse en esta economía y dar respuesta a las expectativas de los civiles de la región. Así, las regulaciones establecidas por los comités se sustentaron, principalmente, en el manejo económico de los procesos de cultivo y acopio dentro de este mercado ilegal. Adicionalmente, fuera de la dinámica del comité, Sendero Luminoso sujetó a las firmas de narcotraficantes desde su poder paramilitar, haciéndolas dependientes de su protección frente a las intervenciones policiales. A pesar de ello, las instituciones instauradas por Sendero Luminoso fueron viables por su capacidad de garantizar resultados económicos y políticos positivos respecto a las expectativas de la sociedad civil, tanto como por su distribución de los beneficios y réditos en línea con el poder de cada actor. Los comités garantizaron a los campesinos orden, seguridad y justicia en un contexto donde la estabilidad, la sensación de protección y los resultados políticos positivos estaban ausentes. También el control senderista sobre los distintos procesos en la cadena de producción de la droga garantizó beneficios mínimos a los actores involucrados en él. A cambio de un impuesto al partido por su participación en el mercado, los agricultores cocaleros recibieron la garantía de transacciones justas y protección frente a las erradicaciones, lo cual les garantizó un mejor acceso a los 119 beneficios económicos que trajo el apogeo de la coca. De manera similar, las firmas del narcotráfico pagaron un impuesto a su seguridad, para llevar a cabo su negocio sin intervención de las fuerzas policiales y una ética laboral que incrementó la productividad de los agricultores. De esta manera, es posible identificar que en el valle existía un arreglo político que era sostenible, compatible y que, sobre todo, beneficiaba principalmente a Sendero Luminoso como su actor dominante. No obstante, la distribución del poder dominada por Sendero Luminoso no permaneció estática durante la totalidad de este periodo de nueve años. La introducción de un nuevo actor poderoso al valle en 1984, el comando político- militar trajo consigo un realineamiento del poder en la sociedad. El cambio deliberado en la estrategia de intervención del general Carbajal para limitar las actividades de interdicción probó a los campesinos que en el ejército podían encontrar una protección más efectiva y cordial. Sin embargo, esta realineación en el poder no logró concretar instituciones pues su permanencia se vio afectada por el cambio en la política del gobierno de Alan García que optó por levantar el estado de emergencia y reanudar las erradicaciones. De manera adicional, tras volver a posicionarse como el actor dominante en el valle, Sendero Luminoso presenció algunas otras muestras de disputa a su dominio con el repliegue de la ciudad de Tocache y la sublevación del narcotraficante ‘Machi’. No obstante, estos fracasos tampoco concretaron un decaimiento de este arreglo político y la configuración de un nuevo arreglo hasta 1989, como se ve en la siguiente sección. En definitiva, tanto estos procesos de realineamiento del poder, como los observados en 1984 con la jefatura político-militar del general Carbajal, ponen en evidencia que un contexto de conflicto armado constituye un escenario de cambio constante, donde no siempre se concretan instituciones de manera ordenada. 120 2. Segundo arreglo político (1989-2000) Durante el periodo de 1989 a 1990, los factores de la persecución y el retiro del valle de los cárteles colombianos de Medellín y Cali, la difusión del hongo ‘Fusarium Oxysporum’, la interdicción aérea y la fumigación con el herbicida aéreo ‘Spike’ configuraron un contexto de crisis del precio de la droga que tuvo importantes efectos en el poder de retención de Sendero Luminoso. En primer lugar, generó una sensación de desprotección por parte de los campesinos cocaleros; segundo, afectó la economía de sus comités populares y, con ello, de sus redes logísticas; y, tercero, llevó a los militantes a imponer medidas más estrictas y abusivas que disminuyeron el valor de apoyar al Partido como garante de un mínimo de seguridad. De esta forma, contribuyó a realinear la distribución poder entre los actores de la sociedad del valle, creando la oportunidad de que otros actores se configuren como más poderosos. Paralelamente, a raíz del segundo atentado de Sendero Luminoso a la comisaría de Uchiza, el Estado peruano decretó, nuevamente, el estado de emergencia en la región en 1989. Con ello, instaló la sede de la jefatura del comando político-militar en el mismo pueblo y puso en el mando al brigadier general del Ejército peruano, Alberto Arciniega Huby. Fue él quien determinó que “no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado peruano continuaba reprimiendo a la población en general” (Kernaghan 2003, p.23). Por ello, a través de un liderazgo bastante personalista, aplicó una estrategia que daba prioridad a lograr la colaboración de los civiles en el valle con las agencias del Estado peruano y, principalmente, con los miembros de su comando. De esta manera, las Fuerzas Armadas resurgen como el actor más poderoso y con mayor capacidad para garantizar la protección y seguridad económica de los campesinos cocaleros, lo cual les garantizó la colaboración civil en materia de inteligencia. En línea con ello, en 1990, el inicio del primer gobierno de Alberto Fujimori trajo consigo un viraje y priorización de la estrategia contra la insurgencia. Ello contempló la consolidación de la presencia del ejército en el valle a través de la creación del Frente Huallaga. A partir de lo cual se incrementó la colocación de bases militares, se reanudaron los trabajos de inteligencia y se reestableció una comunicación fluida con la ciudad de Tingo María desde la reconstrucción de la Carretera Marginal. Junto con esta 121 nueva presencia la legalización de la figura de las rondas campesinas tuvo un importante efecto en empoderar y brindar las garantías legales a los civiles para ejercer su propia defensa frente a Sendero. Simultáneamente, la captura de Abimael Guzmán y la promulgación de la “ley de arrepentimiento”, también tuvieron efectos para debilitar la presencia de Sendero en el valle. En conjunto, la nueva estrategia de lucha contra la insurgencia y la crisis del valor de la coca disminuyeron de manera drástica el poder político y económico de la organización insurgente. Estos cambios en la distribución del poder garantizaron al ejército el apoyo y colaboración con inteligencia de la población civil, lo cual también significó la aparición de nuevas prácticas e instituciones como empadronamientos y participación en festividades cívicas. Ante un Sendero debilitado económica, política y militarmente, y desde la exposición que tuvo el ejército al mercado de la cocaína desde que se autorizó su participación en las actividades de interdicción del valle, generó dinámicas de corrupción sistémica. Esta corrupción concretó nuevas reglas institucionales y rutinas que involucraron y otorgaron predictibilidad respecto a todos los actores presentes en la zona: traficantes, civiles, remanentes insurgentes y militares. Así, surgió un segundo arreglo político que otorgó orden a la región. 122 2.1. La crisis del precio de la cocaína y el decaimiento del narcotráfico Desde 1989 se dio una fuerte crisis en el precio de la droga a causa de la convergencia de factores como la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali, y la interdicción aérea. Esta crisis causó una reducción drástica en el precio del kilogramo de base de coca: mientras que durante la década de 1980 su valor fluctuó entre 1,000 y 1,200 dólares americanos, desde 1989 su precio se redujo a más de la mitad, y siguió bajando hasta llegar a niveles en que ya no compensaba los precios de procesar la droga (Kernaghan 2003). Junto con ello, los factores de la difusión del hongo ‘Fusarium Oxysporum’ y la fumigación con el herbicida aéreo ‘Spike’ cocrearon una reducción en los cultivos de hoja de coca. El negativo desempeño del mercado de la coca ocasionó una ruptura en el vínculo entre la organización insurgente y los campesinos cocaleros, quienes buscaron tierras, cultivos y rutas alternativas, independizándose de la alternativa de Sendero poco a poco. Adicionalmente, la crisis de la coca erosionó el vínculo entre los subversivos y narcotraficantes, los cuales enfrentaron reglas cada vez más estrictas para la compra/venta, cuyo incumplimiento solía ser pagado con la muerte. A continuación, se presenta cada uno de estos factores, la medida de su impacto, y las consecuencias que tuvieron para debilitar el poder de retención de la agrupación insurgente Sendero Luminoso, la cual, como vimos en la primera sección, dominó del arreglo político de 1980 a 1989 y determinó las instituciones dentro de él. 2.1.1. El retiro de los traficantes colombianos Al culminar la década de 1980 e iniciar la década de 1990, el escenario de las drogas en Colombia atravesó transformaciones significativas que, en gran medida, disminuyeron la dependencia de los cárteles de Medellín y Cali respecto a la hoja de coca y PBC peruana (Vargas 1998; Rumrrill 1998). Como bien explica Obando (1995), durante la década de 1980, el mercado de la coca había desarrollado una “división internacional del trabajo”, donde Perú cumplía con las tareas de producir la hoja de coca y convertirla en pasta básica, mientras que los colombianos se encargaban de transformarla en cocaína y comercializarla en Estados Unidos y Europa Occidental (p.81). De esta manera, desde el año 1980, la oferta peruana de hoja de coca y de pasta básica de coca 123 dependía enteramente de las agrupaciones colombianas que enviaban sus aviones al valle (Rumrrill 1998). En tanto la parte más importante, y con mayores réditos, del negocio estaba en manos de las agrupaciones colombianas49, en el Perú no existieron narcotraficantes de alto nivel que asumieran las labores del tráfico internacional50, como sí lo hicieron los cárteles de Cali y Medellín. Por ello, la nueva independencia de estos cárteles respecto a la materia prima peruana y el paulatino retiro de los narcotraficantes colombianos del valle tuvieron un efecto devastador, y le costó a la región la pérdida de sus únicos compradores (Manrique 2016). Según relata Vargas (1998), a finales de la década de 1980, la oferta en el mercado de la cocaína de los Estados Unidos fue saturada, lo que llevó a un decaimiento de los precios. Ante ello, Europa apareció como un nuevo mercado que estimuló la oferta y permitió incrementar los precios, no obstante, para hacer frente a esta nueva demanda las agrupaciones colombianas debieron incrementar sus cultivos de coca en la propia Colombia. A ello se sumó la desestabilización experimentada por ambos cárteles, Medellín y Cali, tras la persecución iniciada en agosto de 1989 como resultado del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán51 cometido por narcotraficantes asociados con el cártel de Medellín (Semana 1994). La persecución policial y militar iniciada por el gobierno colombiano para capturar a los culpables exigió a las agrupaciones narcotraficantes de Medellín y Cali a incrementar la precaución en la ejecución de sus actividades ilícitas (Kernaghan 2003; Obando 1993). Como señala Rumrrill (1998), este suceso tuvo un impacto inmediato sobre el negocio de la coca en Perú. Por ejemplo, solo tres días después del asesinato, el 21 de agosto, en la ciudad de Aucayacu la anteriormente concurrida calle Ocoñita, donde se instalaban los vendedores de dólares, estaba desierta y además no se observó el tráfico 49 Según Rumrrill (1998), desde la década de 1970, cuando la actividad del narcotráfico creció exponencialmente, la totalidad de la producción de PBC del valle era trasladada por vía fluvial y terrestre a Colombia, principalmente a Leticia, por medio de transportistas y comerciantes de droga denominados ‘burros’. Entre los años de 1980 a 1982, muchos de estos ‘burros’ fueron apresados por la policía y delataron a los narcotraficantes colombianos, para evitar esta exposición y disminuir los costos de transporte, los cárteles de Cali y Medellín decidieron transportar la droga del valle por vía aérea. 50 Existieron líderes de firmas narcotraficantes de alto nivel en el Perú, tales como “Vaticano” o “Machi, sin embargo, estos solo se dedicaron a la venta de pasta básica de cocaína a nivel local, cuyo transporte quedaba en manos de los narcotraficantes colombianos (Manrique 2016). 51 La posible presidencia del candidato Luis Carlos Galán resultaba peligrosa para la agrupación de ‘Los Extraditables’, conformada en gran parte por miembros del cártel de Medellín y sus allegados, pues impulsó en su campaña la propuesta de extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos (Semana 1994). 124 de ningún vuelo desde el 20 de agosto (Vargas 1998, p.5). De esta manera, durante el mes del asesinato, ninguna avioneta colombiana aterrizó en el valle del Alto Huallaga (Rumrrill 1992). En consecuencia, los precios de la PBC disminuyeron de 2,000 dólares por kilogramo a solo 400, y hacia inicios del año 1990 se observó la venta de la droga por créditos o fiados por primera vez (Vargas 1998). Además, la reducción de más de la mitad de su valor hizo que ya no se compensaran los precios por procesar la droga (Kernaghan 2003). A partir de 1989, el valle presenció múltiples momentos de crisis alrededor de la salud del mercado de la coca, sin embargo, este primero acontecimiento aún no se vio reflejado en las extensiones de cultivo de hoja de coca en el Perú. La disminución de estos cultivos se dio de forma drástica recién desde 1995 (Tabla 12). Desde los inicios de la década de 1990, la persecución obligó al cártel de Medellín a luchar por su supervivencia hasta que, finalmente en 1993, el asesinato de su líder Pablo Escobar propició su desaparición. No obstante, ello no detuvo la persecución hacia los cárteles de la droga. Durante los años 1994 y 1995, el gobierno colombiano sometió a la justicia a la cúpula del Cartel de Cali (Vargas 1998), por lo que este junto con los nuevos grupos ligados al narcotráfico que surgieron durante este periodo, decidieron que sería más seguro y rentable cultivar y procesar esta materia prima en la misma Colombia, integrando verticalmente sus actividades (McClintock & Vallas 2005, p.220). 125 Tabla 12. Extensión de cultivos de hoja de coca en Perú y Colombia, 1987 – 2000 (en hectáreas) Año Perú Colombia 1987 109,145 24,540 1988 110,500 27,000 1989 120,400 42,400 1990 121,300 40,100 1991 120,800 37,500 1992 129,100 37,100 1993 108,800 39,700 1994 108,600 45,000 1995 115,300 51,000 1996 94,400 67,000 1997 68,800 79,000 1998 51,000 102,000 1999 38,700 160,000 2000 43,400 163,000 Fuente: Elaboración propia en base a Manrique (2017), Roncken (1999) y UNODC (2005) La nueva autosuficiencia de los cárteles colombianos incrementó los cultivos de hoja de coca en Colombia, mientras que, en contraste, disminuyó los cultivos peruanos de manera drástica a partir de 1995 (Figura 9) (McClintock & Vallas 2005). De esta manera, el Perú perdió importancia para el mercado colombiano, y quedó reducido a un suministro de PBC eventual, considerado como una reserva ante cualquier contingencia ocasionada por la “recomposición geopolítica de la economía de las drogas ilegales en el área andina" (Vargas 1998). Colombia disminuyó el rol del mercado de la coca peruano, mientras que factores como la interdicción aérea, la difusión del hongo ‘fusarium oxysporum’, y el uso de defoliantes, agilizaron su declive (Rumrrill 1998). 126 Colombia Perú 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Hectáreas de hoja de coca en Perú y Colombia, 1991-2000 Figura 9. Hectáreas de hoja de coca en Perú y Colombia, 1991 – 2000 Fuente: Manrique (2017) en base a Roncken (1999) y UNODC (2005) En respuesta, existieron iniciativas de las firmas nacionales por refinar su propia cocaína en territorio peruano, Fueron alrededor de 40 firmas, entre ellas, las lideradas por los hermanos López Paredes, Cachique Rivera y Demetrio Chávez Peñaherrera alias “Vaticano” (Obando 1995). La exportación directa de cocaína se realizó a través de una conexión con México de parte de los López Paredes y Brasil (Soberón 1998). A causa de estos impulsos, hacia 1994 alrededor del 10% de la pasta básica de cocaína que se produjo en Perú fue convertida en clorhidrato de cocaína (Obando 1995 en Manrique 2016). A estas iniciativas se sumaron los esfuerzos de otras firmas locales por reactivar el mercado local de la coca, lo cual permitió que su valor se recupere de manera lenta desde los inicios de la década de 1990, no obstante, la bonanza alcanzada en la década de 1980 no fue posible de recuperar. Más allá, tanto la reactivación de este mercado, como el intento de producción de cocaína a nivel local, se vieron limitados por el contexto especialmente hostil del valle durante este periodo. Por una parte, los propios cultivos de hoja de coca fueron afectados por la difusión del hongo ‘Fusarium Oxysporum’ – sobre la cual profundiza el subsiguiente apartado – y por otra, se incrementó la presencia del Estado peruano a través de su 127 ejército y Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO) de la policía. Como resultado de la acción de esta última, los López Paredes, Cachique Rivera y alias “Vaticano”, los cuatro que habían logrado producir cocaína localmente, fueron apresados a inicios de la década (Obando 1995). 2.1.2. El herbicida aéreo ‘Spike’ Durante el mes de marzo de 1989, se realizaron en el valle las pruebas del herbicida aéreo ‘Tebuthiuron’, conocido comúnmente como ‘Spike’. El anuncio del uso de este aerosol en el valle en el marco del acuerdo bilateral entre Perú y los Estados Unidos52 fue realizado por el Fiscal General de los Estados Unidos, el general Edwin Meese, en su visita oficial al Perú de abril de 1988. No obstante, tras hacerse pública la decisión, la empresa estadounidense productora del aerosol, “Elli Lilly and Company”, se negó a comercializarlo al gobierno de Estados Unidos para su uso en los programas de erradicación. Las dos razones que despertaron la precaución de los productores de Spike fueron: las posibles represalias de los narcotraficantes de la región y las fatales consecuencias ecológicas53 que la aplicación del herbicida tendría en regiones húmedas (Felbab-Brown 2007, p.210). Ante la negativa de la compañía y sus notificaciones de alerta, el gobierno peruano exigió detener la difuminación del herbicida hasta que se llevaran a cabo más pruebas que provean evidencia de su compatibilidad con la zona. No obstante, el gobierno norteamericano se mantuvo en su posición de “los experimentos llevados a cabo con el Spike demostraban que su utilización era segura y que no producían los efectos que el Gobierno peruano aducía” y la fumigación se llevó a cabo de todos modos (Obando 1993, p. 82; Felbab-Brown 2007). En consecuencia, se obtuvo una retroalimentación bastante negativa por parte de los agricultores cocaleros quienes interpretaron la defoliación como 52 El acuerdo estipulaba que, inicialmente, un promedio de 100 a 250 hectáreas de cultivos de hoja de coca serían roceados con Spike desde aviones (Obando 1993), 53 De acuerdo con McClintock (1988), el herbicida Spike era etiquetado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) como destinado al control de la vegetación en tierras no agrícolas, y como una sustancia que no debe aplicarse directanmente a fuentes de agua y humedales. Estas dos características eran incompatibles con la naturaleza del Alto Huallaga, el cual incluso había sido identificado por un informe ambiental financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un área que contiene varios bosques húmedos tropicales de hoja perenne. 128 una amenaza a su medio de vida y temían los efectos a largo plazo que este herbicida tendría respecto a sus cultivos, su salud y la ecología de la zona (Obando 1993). Desde el anuncio público del uso de herbicidas para la erradicación de los cocales, la agrupación insurgente Sendero Luminoso capitalizó el descontento de los agricultores cocaleros al percibir una amenaza a su seguridad y la de su medio de vida (Soberón 1992, p.568). Ante la insistencia del gobierno norteamericano por aplicar el defoliante, a pesar de conocer la fatalidad de sus consecuencias, los insurgentes señalaron que se trataba de un “ataque imperialista hacia la población” y que el objetivo era eliminar tanto a los cocales como a los cocaleros con el herbicida (Dreyfus 1999, p.23). Un ejemplo de ello son las siguientes declaraciones que pertenecen a una entrevista a Abimael Guzmán publicada en El Diario en julio de 1988: “Denunciamos también el plan del APRA en el Alto Huallaga que con el pretexto de combatir al narcotráfico permite el uso de los insecticidas mortíferos Spike que los propios monopolios yanquis dicen, son como pequeñas bombas atómicas” (El Diario 31 de julio de 1988 en Soberón 1992, p.568) Estos discursos calaron profundamente en los agricultores del valle, al punto de que distintas fuentes encuentran en ellos la motivación – o, al menos, uno de los factores que motivaron – el segundo ataque al puesto de la Guardia Civil en la ciudad de Uchiza el 27 de marzo de 1989 (CVR 2003; Felbab-Brown 2007; Soberón 1992). Por primera vez, el liderazgo de Sendero Luminoso no solo mereció la aprobación de los civiles, sino que incorporó su participación, junto con la de los narcotraficantes, para llevar a cabo acciones armadas (Felbab-Brown 2007, p.210). Como señala la autora, tras este evento la actividad de Sendero alcanzó su punto máximo y franjas enteras del campo quedaron bajo su control (Felbab-Brown 2007). De esta manera, es posible concluir que la fumigación aérea, como parte de la campaña antidrogas del gobierno peruano, fue contraproducente a sus esfuerzos contrainsurgentes. El uso del ‘Tebuthiuron’ alienó aún más a los campesinos cocaleros que vieron al Estado peruano y su alianza con los Estados Unidos como contrapuestos a su seguridad e intereses, y que encontraron en Sendero Luminoso, nuevamente, a un actor capaz de proteger al mercado de coca y 129 garantizar la seguridad necesaria para que este produzca resultados económicos positivos. 2.1.3. Dispersión del hongo ‘Fusarium oxysporum’ Por otra parte, uno de los factores de mayor impacto para la reducción del cultivo de hoja de coca en el valle del Alto Huallaga excedió a las estrategias o acciones intencionales de parte de las agencias del Estado peruano. Este fue la dispersión del hongo ‘Fusarium Oxysporum’ o ‘seca-seca’54, como se le conoció localmente. Este hongo apareció durante entre los años 1987 y 1989 (Clawson & Lee 1996, p.154), sin embargo, sus efectos se hicieron notorios desde 1991 (Dreyfus 1999, p.27). Su particularidad, fue su rápida propagación a través de esporas transmitidas por el suelo, las cuales suelen adaptarse a plantas en particular, por lo que el monocultivo crea las condiciones perfectas para su establecimiento (Clawson & Lee 1996). De esta manera, en el valle del Alto Huallaga surgieron dos genotipos de esta plaga que se volvieron específicos para los cultivos de coca55, los cuales fueron particularmente difíciles de erradicar y se confirmó su permanencia en la zona por años (1996, p.154). Tabla 13. Hectáreas de coca en distintos valles, 1992 – 1994 1992 1993 1994 Alto Huallaga 61,000 33,600 28,900 Huallaga Central 8,500 9,400 8,500 Bajo Huallaga 2,000 8,600 7,500 Aguaytía 16,600 17,800 21,400 Apurímac 12,800 14,300 17,000 Fuente: Roncken (1999) en Manrique (2016). 54 De acuerdo con Rojas (2005), los efectos del hongo sobre los cultivos de hoja de coca fueron secar el cultivo y no permitirle volver a crecer, de ahí proviene su apelativo común de ‘seca-seca’. 55 El alcalde de Uchiza, la zona más afectad por la expansión del hongo en el valle hacia 1991, manifestó que además de los cultivos de coca, cultivos legales también se habían visto plagados, aunque en menor medida. 130 Entre sus consecuencias se observó una disminución de 61,000 a 33,600 hectáreas de coca (Tabla 13), casi el 50% del área cultivada con hoja de coca entre los años 1992 y 1993 (Roncken 1999); entre los años 1991 y 1993, la reducción de las plantaciones de coca fue de al menos un 30% (McClintock & Vallas 2005, p.219). La reducción de esta materia prima también favoreció un incremento ligero en el valor de la coca y la PBC, su derivado (Tabla 14), sin embargo, como se revisó (2.1.1.) este decreció drásticamente en 1995 principalmente a partir de la autosuficiencia de los cárteles colombianos respecto al cultivo de hoja de coca. Tabla 14. Precios de coca y pasta básica de cocaína (PBC lavada) en Perú, 1990 – 1996 Coca ($/kg.) PBC ($/kg.) 1990 0.76 390 1991 1.50 615 1992 2.46 740 1995 enero-febrero 3.00 850 1995 julio 0.40 150 1996 junio 1.45-1.80 150-200 1996 setiembre 2.80-3.60 300 1996 octubre 3.60 300-500 Fuente: Roncken (1999) en base a Clawson & Lee (1996) y Soberón (1998) Ante la permanencia del hongo y los nocivos efectos en la salud de los cultivos se observó un efecto de traslado de las áreas de cultivo desde el Alto Huallaga hacia las regiones del Huallaga Central y el Bajo Huallaga (Tabla 13), del sur al norte, dirección con la cual también se dio la infestación (Dreyfus 1999, p.27). Además, se observó un efecto de migración de la población fuera del valle, los agricultores que abandonaron la zona partieron a regiones como Aguaytía o Apurímac para retomar el cultivo de coca, ambas regiones observaron un incremento en las hectáreas de coca cultivadas (Tabla 13). Más allá, de acuerdo con los testimonios recogidos por Manrique (2016) en San Martín, también hubo agricultores – principalmente aquellos que eran naturales de San 131 Martín – que dejaron de sembrar coca y optaron por cultivos legales para su propio consumo: “Los que no eran de acá regresaron a sus tierras dejando sus chacras algunos de ellos, porque la gente solo se dedicaba a cultivar coca porque eran netamente cocaleros. [Sin embargo,] las personas que eran de acá de San Martín pues se dedicaban a hacer sus chacras, a sembrar nuevamente su maíz, su plátano, su yuca nuevamente. Dejaron la coca.” (Edil Sandoval, 56 años, exagricultor cocalero y actual productor cacaotero de Pólvora en Manrique 2016, p.153). 2.1.4. Interdicción aérea Durante los primeros años de la década de 1990 el Estado peruano utilizó como estrategia antidrogas la interdicción y la interceptación de avionetas con carga de droga. Ya desde 1989, el Perú inició la interrupción de transporte aéreo de pasta básica, sin embargo, durante sus primeros años la iniciativa contó con múltiples interrupciones e inconsistencias (Roncken 1999). Tras el autogolpe de Alberto Fujimori en abril de 1992, se promulgó del Decreto Legislativo N.º 25426, el cual declaró en emergencia los aeropuertos en la selva alta y quince pistas de aterrizaje en la Amazonía. Como consecuencia, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) asumió el control de los aeropuertos de Iquitos, Tarapoto, Santa Lucía, Tingo María, Yurimaguas, San Ramón, Palmapampa, Pucallpa y Ayacucho. Con ello, se dio inicio de manera legal al Programa de Interrupción del Puente Aéreo (IPA). En este contexto, se dispuso la destrucción de las pistas de aterrizaje clandestinas, el empadronamiento de las empresas de aviación comercial y la creación de la VI Región Aérea Territorial con Sede en Santa Lucía, por parte de la FAP (Roncken 1999). Durante estos primeros años, la Fuerza Aérea contaba con solo un radar tridimensional, necesario para la detección e intercepción de los narcoaviones (Rumrrill 1998). En ese sentido, dependía en sobremanera de la inteligencia sobre el espacio aéreo andino que proveía los Estados Unidos. Por ello, en mayo de 1994 cuando las autoridades norteamericanas cortaron el suministro de inteligencia el programa en el Perú entró en crisis. Este cese se debió a dos preocupaciones de parte del gobierno norteamericano: primero que los 132 militares peruanos derriben y causen bajas a vuelos civiles, y segundo que el personal americano que proveía información sobre los vuelos podía ser enjuiciado y condenado (Roncken 1999). Una vez resuelta esta última a través del Acta a de Autorización de la Defensa, en 1995 se reanudó el intercambio de inteligencia. Desde este renovado intercambio, en 1995 estas operaciones se formalizaron con apoyo de la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos (CIA) y la DEA, y el programa fue renombrado como “Operation Air Bridge Denial” (Dreyfus 1999). Este programa consistió en la interceptación de aquellas avionetas que eran sospechosas de traficar drogas, y su destrucción en caso se negaran a ser intervenidas. Las interceptaciones estuvieron a cargo de la FAP, la cual utilizó aviones de vigilancia, también llamados aviones ‘espías’, modelo AWACS y P-3 con radares terrestres, que eran propiedad del Pentágono estadounidense. A pesar de que en sus primeros años el programa causó algunas bajas a civiles no relacionados con el tráfico de drogas56, hacia 1995 parecía tener efectos positivos para detener a la industria del narcotráfico en la región. Entre los años 1991 y 200157 se interceptaron alrededor de 76 avionetas que transportaban cargamentos de coca o PBC (McClintock & Vallas 2005), de ellas, se derribaron 15 (CIA 2008) (Tabla 15). Así, debido al nuevo riesgo del transporte aéreo de drogas, la cantidad de vuelos observada en el valle cayó drásticamente: mientras que en 1992 se realizaron 752 vuelos anuales, para 1996 solo se realizaron solo 96 (Farah 1998). Como resultado de la disminución del tránsito aéreo el costo de los vuelos del narcotráfico se incrementó. De acuerdo con Faiola (1997), el transporte aéreo de coca y sus derivados a través de la frontera nacional tenía un valor de alrededor de 30,000 dólares en 1994, sin embargo, para 1997 se incrementó a 180,000. 56 En el mes de julio de 1991 se derribó una aeronave civil, lo cual causó la muerte de 17 personas. De igual manera, en abril de 1992 el aterrizaje forzoso de un avión estadounidense C-130 Hércules en el marco del programa causó una muerte entre los miembros de la tripulación. En el primer caso no se frenó la implementación de la operación, mientras que en el segundo, se suspendió el suministro de inteligencia por los Estados Unidos durante lo que restaba del año (Soberón 1998). 57 El programa de IPA fue dado de baja en 2001, cuando un vuelo civil fue derribado ocasionando la muerte de dos ciudadanos estadounidenses (GAO 2005). 133 Tabla 15. Número de avionetas interceptadas y derribadas por el IPA, 1991 – 2001 Año Interceptaciones Derribos 1991 10 0 1992 7 0 1993 13 0 1994 4 0 1995 22 7 1996 7 1 1997 11 5 1998 0 0 1999 0 0 2000 2 1 2001 0 1 Fuente: Manrique (2016) en base a McClintock & Vallas (2005) y CIA (2008) Sin embargo, pese a las afirmaciones de los funcionarios del gobierno estadounidense respecto al programa de intercepción aérea, principalmente, basadas en las cifras presentadas anteriormente, existieron múltiples críticas a la causalidad que el programa tuvo respecto a estos datos. Como analiza de manera acertada Roncken (1999), existieron factores coyunturales y estratégicos que convergieron para debilitar el mercado de la coca en el valle. Entre ellos se encuentran los revisados anteriormente: las crisis y reestructuraciones de la cadena de producción de los cárteles colombianos, la diseminación del hongo Fusarium Oxysporum, y la fumigación con el herbicida aéreo Spike. 2.1.5. Consecuencias de la crisis del precio de la cocaína para Sendero Luminoso El daño que sufrieron los cultivos de hoja de coca junto con el desplome de los precios de la coca y el PBC tuvieron importantes implicancias para debilitar el poder de 134 retención de la agrupación insurgente Sendero Luminoso. Como presentó la primera sección, durante los primeros años del conflicto armado, Sendero estableció un control político que se sustentaba en su regulación económica del mercado de la coca la cual contemplaba el control del cultivo, acopio y distribución de la hoja de coca. Este control y los resultados positivos económicos que produjo a través de él le otorgó a la organización un poder de retención que no pudo ser equiparado en el valle, haciéndolo un actor que determinó el arreglo político que se conformó durante el periodo de 1980 a 1989. Manrique (2016) señala que fueron los traficantes locales quienes más sufrieron la caída de precios de la coca, sin embargo, estas condiciones también afectaron a Sendero Luminoso privándolo de los recursos que necesitaba para sobrevivir en el valle y restándole apoyo en la sociedad civil (Kay 1999). Si bien no es posible estimar de manera exacta el impacto cuantitativo que el declive de los precios de la coca tuvo sobre Sendero, solo la pérdida de tierras de cultivo y del tráfico aéreo con Colombia significó la pérdida de decenas de millones de dólares (1999, p.111). Esto afectó también la economía de sus comités populares, de los cuales dependían las redes logísticas que abastecían a sus estructuras partidarias y militares (Kernaghan 2003). Adicionalmente, la organización vio erosionada su capacidad para seguir brindando resultados económicos positivos a los cocaleros y narcotraficantes a partir del mercado de la coca. A partir de lo cual enfrentó las quejas de los campesinos cocaleros, quienes se vieron económicamente desprotegidos ante la improductividad de su medio de vida. Junto con ello, la aparición de nuevas rutas terrestres y fluviales ante el declive del puente aéreo con Colombia redujo la dependencia de los agricultores hacia el rol de Sendero como intermediario ante los traficantes. Y también, la dispersión de los cultivos de coca trajo nuevos retos a su control territorial, ya que los parceleros migraron a zonas como el Huallaga Central y el Bajo Mayo (Kay 1999, p.111). Estas regiones contaban con historias institucionales más fortalecidas, vínculos al sistema político nacional y bases económicas más diversas (De la Puente Mejía 1994), lo cual significó la presencia de actores que ofrecían alternativas de desarrollo económico y político más atractivas y seguras que las de Sendero. El conjunto de estos factores configuró una ruptura en la relación entre la organización subversiva y los agricultores cocaleros. De acuerdo con Kay (1999, p.112), ello tuvo una incidencia directa en el declive regional (en San Martín 135 y Huánuco) de los ataques armados y asesinatos perpetrados por los subversivos, el cual precedió al declive de la violencia sucedido a nivel nacional tras la captura del líder subversivo, Abimael Guzmán, en setiembre de 1992 (Tabla 16). Tabla 16. Incidentes subversivos en los departamentos del valle del Huallaga, 1985 – 1996 Fuente: Ministerio del Interior (1997) en Kay (1999) En respuesta a la crisis, Sendero tomó las siguientes medidas para hacer subsistir el valor de la droga: declaró precios mínimos de compra/venta y, en varias ocasiones, prohibió la venta y transporte de la droga por medio de paros armados58. A partir del paro armado organizado en 1989, Sendero Luminoso se volvió más estricto al imponer sus 58 Si bien anteriormente estas paralizaciones tuvieron como fin impedir el ingreso de las fuerzas del orden a la región, Kernaghan (2003) señala que este objetivo a esta altura de la lucha contrainsurgente ya no tenía sentido. Hacia 1989, Sendero no tenía la capacidad para frenar la movilización y el avance de las fuerzas del orden en el valle, sobre todo contando con que, tanto la policía como el ejército, contaban con helicópteros para movilizar a sus efectivos. El objetivo era forzar un alza en el precio de la PBC. 136 medidas sobre el mercado de la coca, y comenzó a matar traqueteros, principalmente, bajo la excusa de haber desacatado la orden de no comprar la droga. Sin embargo, el análisis de los testimonios recopilados por Kernaghan indica que, en la práctica y en un contexto de nuevas carencias económicas, los insurgentes se beneficiaban de la eliminación de los acopiadores, ya sea para robarles el dinero o droga que trasladaban (2003, p.22). Por ello, solían encontrar justificaciones para aniquilarlos, entre ellas: el tráfico con dólares falsificados, la adulteración de la droga, cualquier otro tipo de estafa, o por compartir información, es decir, ser ‘soplón’. De esta manera, las fuentes ligadas al narcotráfico que recoge el consultor identifican esa época como el inicio de los abusos de los mandos senderistas. El conjunto de estos abusos erosionó la reputación de Sendero Luminoso como una causa moralizadora y, a nivel social, se le empezó a percibir que el grupo se portaba igual o incluso peor que las autoridades que le precedieron (Kernaghan 2003). Por su parte, los narcotraficantes líderes de las firmas comenzaron a desarrollar malestar frente a los insurgentes frente a los excesos y la violencia injustificada dirigida hacia ellos y sus empleados, así poco a poco, comenzaron a percibir a Sendero Luminoso como su enemigo principal. Un elemento importante que contribuyó a esta molestia fue el control más estricto que adquirió la organización sobre el mercado de la coca a través del acuerdo de ‘Bombonaje’ y el acuerdo mucho más institucionalizado que le sucedió, los cuales fueron firmados a partir de la intimidación, e incluso aniquilación, de los líderes de firma. En consecuencia, aparecieron narcos que adquirieron una postura visible en contra de la organización insurgente, entre ellos estuvieron: Vaticano, Shuco Claudio, Champa y Cachique Rivera. Más adelante, otros se sumarían a la defensa contra Sendero (Kernaghan 2003). Tal como profundiza la siguiente sección, esta coyuntura sucede en paralelo con el retorno al valle del comando político-militar del Estado peruano, lo cual, otorgaría a las firmas un nuevo aliado inesperado. 137 2.1.5.1. El acuerdo de ‘Bombonaje’: un control más estricto sobre el mercado de la droga En el año 1988, en el contexto la incursión concertada a Uchiza donde el líder narcotraficante ‘Tío Carachupa’ procuró la intervención de una comitiva de Sendero Luminoso para resolver un conflicto entre firmas, se iniciaron las conversaciones de un primer pacto que estipulaba las condiciones que las firmas debían cumplir para seguir participado en el mercado de la coca (Kernaghan 2003). Este primer documento firmado estableció que el costo por operar en esta industria abarcaba el pago de una matrícula de 15,000 dólares59 cada seis meses y el pago de 3.00 dólares por cada kilogramo de PBC60 (Kernaghan 2003, p.21). Sin embargo, como indica el consultor Richard Kernaghan, no debe confundirse este primer convenio como una señal del desarrollo de esta economía, ya que “en sí, solo formó parte de un conjunto de condiciones que Sendero quiso impulsar para someter mejor a las firmas bajo su control (2003, p.21). Una muestra de ello es que, de acuerdo con la declaración policial de Demetrio Chávez Peñaherrera, “Vaticano”, a fines de diciembre de 1989 se convocó a una segunda reunión en el caserío de Pampayacu. En este caso, se pidió a los líderes de las firmas que se presenten de dos en dos y los líderes que no se presentaron a la reunión fueron aniquilados posteriormente. Entre los jefes asesinados “Vaticano” identifica a: Valeza, Lencho y Sardino. Además, otras fuentes orales recogidas por Kernaghan identificaron que fueron varios jefes de firma, solo en Uchiza, que Sendero asesinó durante esta época por incumplir las nuevas reglas. No obstante, un acuerdo de naturaleza más organizada, institucionalizada e integral se firmó el 9 de abril de 1990, al año siguiente (Sí 1994 en Kernaghan 2003). Este nuevo documento abarcó siete puntos: precio, peso, negociación directa, intermediarios, acuerdos y normas, delegaciones, y sanciones. Entre ellos, el cuarto punto correspondiente a los intermediarios fue resaltante pues legalizó a Sendero 59 De acuerdo con Obando (1993, p.85) el pago de esta matrícula se distribuyó de la siguiente manera: el 50% se asignaba al partido, 40% era designado para comprar equipos de comunicaciones, y el otro 10% era para la Delegación. 60 Estos datos fueron obtenidos por medio de la declaración policial de Demetrio Chávez Peñaherrera alias “Vaticano”, quien participó del convenio por seis meses en 1989. El narcotraficante declara que, de manera adicional a los pagos, también colaboró con medicinas, chompas, botas, y el uso de sus vechículos, sin embargo no proveyó a la organización con armas, explosivos o municiones (Kernaghan 2003, p.21). 138 Luminoso como controlador del mercado de la coca y único interlocutor frente a las firmas narcotraficantes. El papel de Sendero como intermediario oficial con las firmas se realizó a través de un sistema de delegaciones. Una delegación consistió en un grupo de miembros del partido que representaba a un grupo de agricultores cocaleros frente a los narcotraficantes (Obando 1993, p.85). Desde ese momento, si un jefe quería comprar hoja de coca debía registrarse en la delegación y se autorizaba su registro desde el pago de la matrícula descrita anteriormente. Finalmente, el documento también estableció reglas para el uso de los aeropuertos y fijó pautas para el tipo de cambio de dólar en Uchiza, Huánuco, San Martín y Ucayali. 139 2.2. El retorno militar al valle El 27 de marzo de 1989 el puesto policial de Uchiza, Base de la Dirección de Operativos Especiales (DOES)-6-Uchiza fue atacado por un grupo de aproximadamente 400 senderistas y reconocidos traficantes de la zona fuertemente armados. El puesto policial que estaba compuesto por 50 efectivos sufrió la muerte de 10 policías y otros 4 resultaron heridos (CVR 2003, p.220). La acción armada fue una muestra importante del control político y militar que Sendero Luminoso tenía sobre el valle durante este periodo, asimismo, demostró las contradicciones y deficiente comunicación entre las agencias del Estado: la policía nacional y el ejército. En este ataque Sendero no solo movilizó a los narcotraficantes de la zona para liberar a la ciudad de la presencia del ejército y tomar represalias por la anterior captura de nueve traficantes (CVR 2003, p. 321-322), sino que también contó con el apoyo abierto de la población civil61 (Gonzales 1994, p.131). Además, durante el atentado los efectivos policiales solicitaron el apoyo al personal policial y militar de la zona sin obtener respuesta, lo cual dejó en evidencia la descoordinación e incapacidad de articular una respuesta integrada por parte de las agencias del Estado. Ante la situación de completo descontrol de la región por parte del Estado y la fortalecida presencia de Sendero Luminoso, el gobierno de Alan García declaró el estado de emergencia para los departamentos de San Martín, Huánuco y Ucayali a inicios de 1989 (Dreyfus 1999, p.24). De esta manera, las fuerzas armadas se convirtieron en directores administrativos de la región, por encima de las autoridades civiles y las agencias policiales presentes. 2.2.1. La estrategia Arciniega Ante los eventos de violencia en la comisaría de Uchiza y la incapacidad de la policía para controlarlos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas creó la Subzona 61 De acuerdo con Gonzales (1994), tras el ataque múltiples habitantes de la zona aparecieron en la televisión y en entrevistas de prensa hablando abiertamente de su apoyo a los senderistas y sobre cómo los efectivos policiales merecían el ataque como castigo por el abuso que ejercían regularmente (p.131). Inlcuso, en una entrevista realizada en Uchiza unos días después del ataque, un local señaló que el ataque se dio porque los policías habían roto un trato con un grupo de traficantes locales: los policías recibían el pago de cupos por parte de los narcotraficantes a cambio de dejarlos operar, sin embargo les incautaron una mercancía y les exigieron más dinero; ante ello, buscaron a los senderistas para ejecutar el ataque en represalia, el apoyo civil lo obtuvieron porque los locales estabn cansados de los abusos policiales (p.142). 140 de Seguridad N.º 8 del Nororiente, dependiente de la V Región Militar de Iquitos (Vecco 2003, p.23). Asumió su jefatura el general del ejército Alberto Arciniega Huby. Desde su llegada a la región en abril de 1989, Arciniega dejó en claro que su gestión se enfocaría en el combate a las agrupaciones insurgentes presentes en el valle, y no en detener el tráfico de drogas. De manera similar al general Carbajal en 1984, Arciniega creía firmemente en que el apoyo de la población local era determinante para ganar la guerra contrainsurgente (Felbab-Brown 2007, p.213). Así lo demostró en su análisis del estado del valle al asumir su cargo: “Se tiene que tomar en cuenta que todo grupo que se levanta en armas lo que busca es ganarse el apoyo del pueblo, un pueblo que es monocultivador de coca y que es reprimido. ¿Cómo ganarlo? Sacándolo de la situación en que se encuentra, y tenemos que tener en cuenta que el productor de coca, el campesino cocalero, era acosado por la policía y por cuanta fuerza de orden existía, porque era considerado un delincuente. […] Lo que hacemos, entonces es modificar esta situación para evitar que el campesino cocalero – la base de la que se nutría Sendero para realizar sus actividades – sea hostigado. Si se logra que ellos, que son el pueblo, estén con nosotros, entonces la guerra se encuentra ganada.” (Arciniega 1990 en Gonzales 1990). Sin embargo, su apoyo a los civiles no fue completamente complaciente, como señala Dreyfus (1999, p.24), el general aplicó una estrategia de “garrote y zanahoria”. Ello fue visible desde su primer ingreso a Uchiza, cuando reunió a los habitantes en la plaza mayor y les ordenó que los colores y símbolos de Sendero Luminoso sean retirados inmediatamente. En respuesta, los pobladores le comunicaron que no podían quitarlos pues temían las represalias de los insurgentes, a lo cual Arciniega respondió con la siguiente amenaza: “Si los colores del Perú no ondean en tu plaza, yo soy el que te va a matar; no con cuchillo sino con helicópteros que van a destrozar todo el pueblo … Pero si levantas la bandera del Perú, puedes contar con mi protección y con mi apoyo.” (Arciniega 1989 en Gonzales 1994, p.132). Solo un día después de este primer contacto en Uchiza, Arciniega tuvo la oportunidad de demostrar su compromiso con los civiles cuando previno el restablecimiento del puesto policial en la ciudad, haciendo visible su oposición a las prácticas de supresión de los cultivos de coca y los abusos ejercidos por los efectivos 141 policiales. De acuerdo con lo relatado por Gonzales (1992), los policías llegaron a Uchiza y se presentaron ante Arciniega para pedirle ubicarse en la base militar, una casa grande que había sido donada al ejército ya que el anterior puesto policial se encontraba totalmente destruido después del ataque de marzo de 1989. El general, consciente de la desconfianza que causaría en la población la presencia policial, se negó. Durante esta conversación, cientos de habitantes de Uchiza se organizaron frente a la base militar para solicitar que los efectivos policiales se retiren. Tras conversar el pedido de los representantes de la ciudad, Arciniega respondió a la policía que podían quedarse, pero no en la base militar, sino que debían encontrar otro local. La policía volvió a Tingo María esa tarde. Posteriormente, el general también prohibió cualquier actividad de la policía nacional y el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH). Como analiza Kernaghan, “poner un alto a la interdicción policial y las labores de erradicación le disputaba a Sendero una de sus bases de legitimidad entre la población local” (2003, p.23). Si bien, Sendero Luminoso pudo garantizar la seguridad de los agricultores y traficantes, y con ello la salud del mercado de la coca, a partir de acciones armadas o asesinatos selectivos en contra de empleados del CORAH, efectivos policiales o agentes DEA, este daño solo podían concretarse si estos “salían al campo”. Por otro lado, el rol de jefe político-militar lo hizo mucho más eficiente para brindar esta protección, ya que con solo un decreto o su propia orden pudo detener la represión. Más allá, el apoyo a los agricultores cocaleros no se limitó a frenar a la erradicación de sus cocales (roce con defoliantes y erradicación manual) y los abusos que sufrían regularmente, sino que Arciniega también apostó por la promesa de grandes ayudas económicas para promoción de políticas de desarrollo alternativo. Nuevamente, durante el periodo anterior, Sendero se configuró como el actor más poderoso y capaz de configurar las instituciones políticas y económicas de la región por su habilidad para resguardar el cultivo, acopio y transporte de la hoja de coca y, a través de ello, garantizar resultados políticos y económicos mínimos que satisfacían las expectativas de los actores sociales (entre ellos los cocaleros). Gonzales (1992) menciona que, una vez que los productores se vieron obligados a elegir entre el apoyo a una organización al margen de la ley – la cual garantizaba resultados económicos positivos en una economía que los 142 exponía a la violencia y los mantenía al margen del Estado – o el apoyo a los militares, no lo pensaron dos veces antes de unirse a Arciniega. El siguiente testimonio de un agricultor de coca en Uchiza demuestra cómo los cocaleros evaluaban ambas opciones: "Nosotros realmente queremos salir de la producción de coca porque sabemos que es dañina y por todos los problemas que nos causa. Somos acosados y perseguidos porque cultivamos coca, y también somos víctimas de corrupción y abuso. Pero si no podemos contar con la ayuda de nuestro propio gobierno o de la ayuda exterior, entonces nuestro único recurso puede ser obtener el apoyo de Sendero.” (Anónimo 1990 en Gonzales 1992). De esta manera, el general fue ampliamente aplaudido por la población y recibió un grado de apoyo sin precedentes (Felbab-Brown 2007, p.13). Este apoyo no solo se visibilizó en su aceptación, sino también en la inteligencia que tanto los agricultores, como los miembros de las firmas narcotraficantes, le proveyeron para sus acciones militares (Kernaghan 2003, p.23). Gracias a la información e inteligencia provistas por los civiles, durante los siete meses de su gestión, el general Arciniega llevó a cabo 320 operaciones aeromóviles ofensivas de apoyo, tuvo 44 enfrentamientos con columnas de Sendero Luminoso, e infligió alrededor de 1,100 bajas en el ejército guerrillero (Gonzales 1990, 1992). En gran parte, la frecuencia y la magnitud de las operaciones que ejecutaron los hombres bajo su cargo también fueron razón de su apoyo (Gonzales 1992). Además, el ejército logró un par de importantes derrotas militares frente a Sendero Luminoso. Entre ellas el ataque al destacamento militar de Madre Mía el 27 de julio, cuando un mal cálculo en el plan de acción hizo que los senderistas ataquen a sus propios miembros en la oscuridad. Al menos cincuenta subversivos fallecieron, mientras que el ejército solo registró 7 bajas (Gonzales 1992, p.134). Sin embargo, a pesar de que evitar la represión a los civiles y agricultores fue parte de la política de Arciniega, los casos de “desapariciones” incrementaron durante su gestión en la región, ya que implementó una acción militar agresiva, que no contempló las posibles implicancias en los derechos humanos (Dreyfus 1998). Alrededor de cincuenta casos de “desaparecidos” fueron durante 1989 (Gonzales 1992, p.134). Más allá, a inicios de setiembre de 1989, efectivos policiales y agentes de la DEA en la base de Santa Lucía reportaron el hallazgo de veinte cuerpos flotando en el río Huallaga. 143 Posteriores informes afirmaron que las ejecuciones fueron cometidas por militares para obtener confesiones de presuntos guerrilleros e intimidar a sus seguidores potenciales en la población local. No obstante, los excesos de la acción militar no fueron suficientes para disminuir el apoyo local que Arciniega concretó. Un caso que lo ejemplifica fue el bombardeo por parte de helicópteros del ejército al distrito de La Morada, en Huánuco. El bombardeo fue ordenado a causa del apoyo continuo que tenían los habitantes del pueblo hacia Sendero Luminoso. El ataque se ejecutó con cohetes mientras los pobladores trabajaban cultivando en sus chacras de coca, por lo que no hubo víctimas ni heridos. Ante ello, los civiles del distrito no culparon a los autores del ataque, sino a los insurgentes por su deficiente protección y su debilidad militar frente al ejército (anónimo 1989 en Gonzales 1992, p.134). Entre otras formas de fortalecer el vínculo entre el ejército y la población civil, Bowen (2015) señala que Arciniega ordenó a los soldados bajo su cargo participar en obras de reparación de infraestructura pública, entre ellas pistas y puentes. Además, permitió el ingreso al valle a médicos de las fuerzas armadas para fortalecer este vínculo con el pueblo. Por otra parte, Arciniega también tuvo vínculos estrechos con las autoridades civiles del valle. Ejemplo de ello fue que, en vista de los escasos recursos que recibía por parte del Estado, acordó con el alcalde de Uchiza recibir parte de los ingresos que recibía su municipio de manera ilegal por autorizar vuelos de coca hacia Colombia; estos recursos fueron implementados en la alimentación de su tropa. En una línea similar, Arciniega también dependió de los aportes de alimento, transporte y gasolina que brindaba la población para sustentar sus acciones militares. En tanto la mayor parte de los recursos disponibles en el valle provenían del comercio de coca, quedó implícito que, de ciertas maneras, el general debió ignorar el tráfico que seguía vigente en la región (Gonzales 1992, p.135). Ello fue base para las sospechas respecto a la vigencia de un vínculo cómplice con los narcotraficantes del valle, presentadas en el mes de setiembre por Melvyn Levitsky, miembro de la Secretary for International Narcotics Matters del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El general negó las acusaciones, sin embargo, al no poder comprobarse la veracidad de la denuncia se inició una disputa entre Arciniega y sus detractores por medios de prensa 144 internacional (Massing 1989). No obstante, ello no fue motivo para erosionar el apoyo que logró en la población civil del valle. En definitiva, la estrategia en “dos frentes”, político y militar, ejecutada por el general Arciniega fue eficiente. Durante el periodo de siete meses en que asumió la jefatura de la región, Arciniega logró destruir el campamento de los senderistas y su base de comunicación, desplazándolos del valle (Kay 1999, p.105). Tras la ausencia de la agrupación insurgente, el general fungió como el árbitro que se ocupaba directamente de gestionar los conflictos que pudieran surgir entre cultivadores, traficantes y la policía en el valle (Gonzales 1992, p.34). Incluso, hacia el final de su gestión logró reunir a 30,000 campesinos en Uchiza para celebrar la fecha cívica del Día de las Fuerzas Armadas (Gonzales 1992, p.135). Sin embargo, estas victorias fueron temporales. En diciembre de 1989, el general Arciniega dejó su puesto como jefe político-militar del Alto Huallaga como parte de la dinámica de rotación que tenían los puestos de mando en el Ejército del Perú (Obando 1993). Al término de su gestión, las acusaciones de funcionarios del gobierno estadounidense, como Melvyn Levitsky, fueron formas de presión para su destitución, no obstante, las acusaciones fueron vehementemente negadas por Arciniega y nunca pudieron comprobarse, por lo que solo fue reasignado a la ciudad de Lima para ejercer un alto cargo en el Ministerio de Defensa (Dreyfus 1999, p.25; Massing 1990). 2.2.1.1. El final de la gestión de Arciniegas y el futuro de la estrategia contrainsurgente Los principales logros de la gestión del general Alberto Arciniega tuvieron una naturaleza temporal. Si bien, la intensidad de las acciones militares en contra de la subversión se mantuvo tras el retiro del general Arciniega, su política de cercanía a la sociedad civil, de protección ante la represión policial y de creación de oportunidades económicas en el desarrollo alternativo no encontraron continuidad en las jefaturas político-militares que le sucedieron, principalmente, por el carácter no institucionalizado de su estrategia. Como se vio, gran parte de la gestión de Arciniega se sostuvo en su enfoque personalista y carácter carismático. Sin embargo, las personalidades de sus 145 sucesores divergieron de ello, teniendo un enfoque más pasivo que creó distancia respecto a la población. Luego del retiro de Arciniega, el general del ejército Luis Chacón Tejada asumió la dirección político-militar del valle durante el periodo de cuatro meses. El general Chacón, marcó un contraste con el liderazgo activo e involucrado en los asuntos civiles de Arciniega, y asumió un rol mucho más pasivo en el intento de no ser vinculado con casos de corrupción. Sin embargo, en marzo de 1990 dos capitanes y dos tenientes bajo su mando fueron acusados por brindar protección a un avión mientras era cargado con PBC62. Chacón dio de baja a los cuatro oficiales y la medida fue percibida dentro de la institución como adecuada y un castigo ejemplar frente a la corrupción. No obstante, posteriormente el mismo general fue encontrado culpable de coludir con los narcotraficantes63. A pesar de que negó estos vínculos, su gestión tuvo un abrupto final cuando fue obligado a renunciar por el panel designado de militares que reunió la evidencia en su contra. Tras la renuncia de Chacón, el general del ejército Mario Britto Gamero asumió la jefatura político-militar de la región. El ejemplo de Chacón, y el conocimiento de los posibles problemas que podía encontrar con el narcotráfico, hicieron de este general un jefe cauteloso y lejano. Britto decidió permanecer en una base militar fuera del valle y no visitó la zona hasta meses después. Esta ausencia generó decepción entre los campesinos, quienes, a partir de la cercanía, la protección y las promesas de desarrollo que obtuvieron de Arciniega pensaban haber alcanzado el respaldo del gobierno y ya no percibían más ese apoyo64. De esta manera, las decisiones individuales de Chacón y Britto – también influenciadas por los rasgos de su personalidad y sus estilos de liderazgo 62 Los capitanes y tenientes fueron filmados desde un helicóptero de la DEA mientras bloqueaban un tramo de la carretera del Huallaga con dos camiones militares y protegían una operación de carga de un avión con costales de PBC (Gonzales 1992, p.132). 63 Un panel designado por militarés reunió evidencia que vinculaba al general Chacón con los narcotraficantes de la zona: se encontraron indicios de algunos incidentes donde efectivos del ejército protegían la carga de aviones con PBC y, además se encontró la presencia de laboratorios de pasta básica en las mismas inmediaciones de las bases militares bajo el mando de Chacón. 64 El testimonio de Justo Silva, agricultor cocalero, recogido por Gonzales (1992, p.136) en julio de 1990, en la ciudad de Uchiza, ilustra bien esta decepción: “Estamos muy decepcionados, porque creíamos que teníamos apoyo gubernamental y militar, pero ahora estamos pensando que solo Arciniega nos entendió y tuvo el coraje de vivir entre nosotros.”. 146 – socavaron el progreso logrado por el general Arciniega desde su ‘opción preferencial por los campesinos’. En esa línea, la presencia del ejército en el valle y la frecuencia de sus acciones militares se incrementó desde 1989. Sin embargo, las gestiones de Chacón y Britto se caracterizaron por la incapacidad del comando político-militar de presentarse como una opción capaz de garantizar resultados económicos positivos y que den paso al desarrollo además de un orden político que brinde seguridad y otorgue garantías frente a las represalias de los actores al margen de la ley. Ante esta ausencia, Sendero permaneció como una opción que, aunque no proveía alternativas de desarrollo, era capaz garantizar la seguridad de la economía de la coca y la protección frente a la violencia del Estado en su contra. Por ello, desde el fin de la gestión de Arciniega se observó un renovado control del valle por parte de los senderistas, aunque ya en un proceso de declive que se extendió hacia 1993 (Kay 1999, p.105). En definitiva, las sucesiones del cargo de jefe político- militar del valle evidenciaron la necesidad de una estrategia coherente y consistente por parte de la institución militar y no solo de los generales a cargo (Gonzales 1992, p.137). 147 2.3. La nueva estrategia contrainsurgente Si bien la ‘estrategia Arciniega’ no tuvo continuidad en las siguientes jefaturas político-militares, sí influenció un incremento en la militarización de la estrategia implementada por el gobierno peruano en el valle a partir de 1991 (Kay 1999, p.105). Las lecciones del ‘pensamiento Arciniega’ comenzaron a incidir en las esferas más altas del gobierno. Un primer indicio fue el rechazo de los gobiernos de Alan García y de Alberto Fujimori a la ayuda económica y material propuesta por los Estados Unidos a través de la Iniciativa Andina en abril y setiembre de 1990, respectivamente (McClintock & Vallas 2005, p.201). El gobierno de Bush proponía un paquete de ayuda militar de 35,9 millones de dólares, equipos, la restauración de aviones de ataque terrestre, botes de patrulla fluvial y el destacamento de aproximadamente 50 instructores de fuerzas especiales para adiestrar 5,500 efectivos del ejército (Brooke 1990). Sin embargo, ambos gobiernos rechazaron el apoyo por la naturaleza represiva del programa y el peligro de que, sin un programa de desarrollo alternativo, se incrementara la simpatía de los campesinos hacia Sendero Luminoso (Clayton 1999). El rechazo ante una lucha contrainsurgente paralela a una lucha antidrogas represiva no fue solo una posición de los altos mandatarios, sino que también los funcionarios peruanos referían a la experiencia de Arciniega en el Huallaga como la respuesta adecuada a la guerra civil (Andreas 1990, p.515). En esta línea, cuando en 1990 Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú, las medidas de contrainsurgencia se reforzaron, implementando nuevas estrategias enfocadas principalmente a acabar con la subversión (CVR 2003, p.391). En líneas generales, la prioridad del gobierno de Fujimori fue eliminar la insurgencia y no el tráfico de drogas (Thoumi 2003). Entre estas medidas se encuentran: la instalación del Frente Huallaga y la expansión de las actividades militares, la creación de comités de autodefensa civil, la creación de un aparato de inteligencia coherente, y las ‘operaciones de limpieza’. Sobre ellas y sus impactos en la distribución del poder en la región se profundiza a continuación. 2.3.1. La creación del Frente Huallaga y la expansión de las actividades militares Ante los eventos de violencia en la comisaría de Uchiza y la incapacidad de la policía para controlarlos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas creó la Subzona 148 de Seguridad N.º 8 del Nororiente, dependiente de la V Región Militar de Iquitos. Asumió su jefatura el general Arciniega, quien estableció la Compañía Especial de Comandos 115 en Uchiza. Adicionalmente, Arciniega creó seis batallones en Uchiza, Tocache, Nuevo Progreso, Tulumayo, Madre Mía y Palmas del Espino, y estableció bases más pequeñas en algunos centros poblados (Vecco 2003). De acuerdo con el Informe Final de la CVR, la creación de estos batallones y la posterior instalación de bases contrasubversivas en Uchiza, Palma del Espino, Tocache y Madre Mía tuvieron efectos en el avance de la subversión en la zona (2003, p.319). Adicionalmente, se reanudaron los trabajos de inteligencia y se mejoró la infraestructura de la carretera marginal, lo que permitió reestablecer una comunicación fluida con Tingo María por vía terrestres (Kernaghan 2003). A nivel nacional, en el primer semestre de 1990 se produjo un cambio importante en el despliegue contrainsurgente de las fuerzas armadas: la creación de los ‘frentes militares’. Estos frentes permitieron superar la división de las regiones militares en Zonas y Subzonas de seguridad65, las cuales agrupaban una gran cantidad de territorio en un intento de homogeneizarlo y dependían de un solo jefe militar de la Zona de seguridad. De esta manera, las fuerzas armadas ganaron la capacidad de tener un enfrentamiento “más fluido y ágil” al accionar subversivo, tomando en consideración la situación específica de un territorio más pequeño (Tapia 1997, p.58). Además, ahora los comandantes generales de los frentes dependían directamente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin la intermediación de los jefes de la región militar. Entre los frentes creados estuvo también el Frente Huallaga, el cual “consolidaría la presencia del Ejército” en la región (CVR 2003, p.319). Tras la creación del Frente Huallaga aparecieron nuevas bases contrasubversivas en la zona, entre ellas: Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana y Punta Arenas (CVR 2003, p.319). A partir de las nuevas bases instaladas se alcanzó un mayor control militar sobre estas regiones, lo cual permitió apartar cada vez más a los senderistas de la carretera marginal. A partir de ese momento, la presencia de Sendero Luminoso en los centros urbanos disminuyó, replegándose en mayor parte a las zonas rurales. Más allá de la 65 La división de las regiones militares en zonas de seguridad, que a su vez eran conformadas por subzonas y áreas de seguridad, fue aprobada en junio de 1980 como parte de las normas del Sistema de Defensa Nacional (Tapia 1997). 149 pérdida de control territorial, la presencia consolidada del ejército peruano en las ciudades y zonas urbanas del valle también significó para Sendero la pérdida de presencia en las zonas “donde más circulaba el dinero del narcotráfico” (Kernaghan 2003, p.24). A pesar de que Sendero Luminoso mantuvo su presencia en algunas ciudades del valle a través de comités de poder popular paralelo o ‘urbanas’, desde sus bases, el ejército ya iba desarticulando esta red de vigilancia. De esta manera privó a Sendero de su habilidad para operar en los centros urbanos y su capacidad de controlar las actividades de las firmas narcotraficantes. Por otro lado, los operativos militares atacaron sucesivamente su estructura rural de modo que, para fines de 1990, “Sendero ya no se encontraría en la misma capacidad de incursionar en las zonas urbanas, aunque el hostigamiento armado y presiones diversas sobre sus poblaciones continuarían” durante esta década (Kernaghan 2003, p.23). 2.3.2. La creación de comités de autodefensa y el incremento de la colaboración civil con el ejército peruano El viraje de la estrategia contrasubversiva del gobierno de Alberto Fujimori no solo significó un incremento en la presencia militar en el valle, sino que también apostó por un enfoque descentralizado y basado en la sociedad (Kay 1999, p.115). En ese contexto, un elemento determinante de esta nueva táctica fue la incorporación de las ‘rondas campesinas’ y ‘comités de autodefensa’ a la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico. En noviembre de 1991 se codificaron un conjunto de decretos que, aunque controversiales por sus posibles consecuencias contra los derechos humanos66, fueron finalmente implementados. Entre estas disposiciones se encontraba el decreto legislativo N.º741, el cual reconoció a los Comités de Autodefensa como organizaciones con el fin de llevar a cabo la “autodefensa de su comunidad, evitar la infiltración terrorista, defenderse de los ataques de éstas y apoyar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación”. Para ello, los comités debían ser acreditados por los correspondientes comandos militares de sus respectivas regiones, a los cuales también respondía su funcionamiento. 66 Las objeciones se dieron principalmente en el Congreso peruano dominado por la oposición (Kay 1999). 150 De esta manera, desde 1993, cuando las fuerzas armadas trasladaron su base de operaciones del Huallaga Central al valle del Alto Huallaga nuevamente67 68, la estrategia consistió principalmente en organizar, armar y coordinar las actividades de estos comités. En tanto en la región del Alto Huallaga, los comités de autodefensa debieron enfrentar a las guerrillas y sus vínculos con el narcotráfico, el ejército buscó coordinar las actividades de autodefensa con los campesinos cultivadores de coca y asegurar su participación. Estos agricultores cocaleros, al ya no ver en Sendero Luminoso un actor vital para garantizar la protección de sus intereses económicos y de su seguridad personal, optaron por cooperar con los comandantes militares regionales. Inclusive, la coerción que ejerció Sendero al ver las primeras muestras de deserción creó mucho más antagonismo (Felbab-Brown 2007, p.215). Así, en toda la región del Alto Huallaga se conformaron 175 comités de autodefensa, los cuales fueron incorporados a la Federación Agraria Sierra Maestra (FASMA) y al Frente de Defensa Contra la Erradicación de la Coca en el Alto Huallaga (FEDECAH) (Durand Ochoa 2014). De acuerdo con el testimonio de un ex miembro de un comité de autodefensa, recogido por Manrique (2016) en la ciudad de Uchiza, estos comités realizaron una labor paramilitar y de inteligencia que sirvió de apoyo a la acción de las fuerzas armadas para tomar control sobre la región: “Ellos sí participaron [los agricultores] en la derrota de Sendero, dando información al Ejército, a la policía y a los propios que somos Comités de Autodefensa nos comunicaban. Nos comunicaban cuando han visto por tal sitio y nosotros teníamos que tomar nuestras medidas y comunicarnos con el jefe. Son 29 comités que hubo, son más porque yo estaba… en los que yo patrullaba eran de 29 entre Cholón y Uchiza, pero después 67 Según Hidalgo (2004, p.157) en 1990, con el cambio de gobierno, el centro de los esfuerzos contrasubversivos se trasladaron de Tingo María a Tarapoto, ya que se priorizó la lucha contra el MRTA. Luego de ello la centralidad de estos esfuerzos volvió al valle del Alto Huallaga. 68 Las comunidades del Huallaga Central conformaron rondas campesinas de manera espóntanea desde 1986, cuando en Nueva Cajamarca los campesinos se organizaron para protegerse de la delincuencia (Espinosa 1995). Las bases organizativas tradicionalmente fuertes de la región propiciaron que entre los años 1991 y 1992 este tipo de organizaciones se extendieran con el objetivo de expulsar a los narcotraficantes y combatir la delincuencia menor, sin embargo, también adquirieron responsabilidades como organizar elecciones locales y defenderse frente a los avances guerrilleros. Por el contrario, en el Alto Huallaga, por la magnitud del control social de Sendero Luminoso, la autodefensa no surgió de manera autónoma, sino que se llevó a cabo por medio de comités de autodefensa creados a partir del impulso de las fuerzas armadas (Manrique 2016). 151 Aucayacu y Tocache han tenido Comités de Autodefensa, de ahí hasta Juanjuí” (Ciro Pardo, exagricultor y exmiembro de Comité de Autodefensa en Manrique 2016, p.144) Según el coronel del ejército peruano, Teodoro Hidalgo (2004), la intensificación de las acciones militares contra las agrupaciones insurgentes Sendero Luminoso y MRTA no habría tenido el mismo éxito de no ser por la colaboración permanente de los campesinos organizados. La estrecha cooperación y el ocasional enfrentamiento directo con los subversivos pareció tener efectos en modificar la percepción de la violencia por parte de los agricultores del valle, quienes empezaron a justificar las consecuencias respecto a los derechos humanos. Esta nueva racionalidad puede expresarse en tres testimonios recogidos en las ciudades de Uchiza, Alto Mal Abrigo y Paraíso, respectivamente: “El Estado pude haber en una intervención a esa dimensión de una violencia de Sendero Luminoso, MRTA y el narcotráfico tenía que cometer violencia para reprimir todo ello. Lógicamente puede haber excesos, pero no se puede cuestionar prácticamente esos excesos que fue necesario”. (Alfonso Aguirre, exagricultor cocalero en Manrique 2016, p.146). “I thank Fujimori because he liberated us from these murderers. Shining Path killed people. You have to understand that we had forced community work to get rid of the bodies of the victims. There were numerous deaths, and every day we encountered approximately six to ten bodies” [Agradezco a Fujimori porque nos liberó de estos asesinos. Sendero Luminoso mató gente. Tienes que entender que teníamos trabajo comunitario obligatorio para sacar los cuerpos de las víctimas. Hubo numerosas muertes, y todos los días encontramos aproximadamente entre seis y diez cuerpos]. (cocalero de Alto Mal Abrigo en Van Dun 2009, p.164). “They gave us the opportunity to live without fear and they made it possible to survive here. They were working with the population. They defended us and respected our rights…” [Ellos [los militares] nos dieron la oportunidad de vivir sin miedo e hicieron posible sobrevivir aquí. Estaban trabajando con la población. Nos defendieron y respetaron nuestros derechos…]. 152 (don Cuadrado Cruz en Van Dun 2009, p.164). Adicionalmente, estos comités también se enfrentaron al narcotráfico, sin embargo, su antagonismo con las firmas narcotraficantes fue mucho más ambiguo. Por una parte, esta confrontación fue menor, pues los comités veían desbordas sus capacidades. De acuerdo Espinosa (1995), la lucha contra las firmas narcotraficantes representó un riesgo para la seguridad física y para la estructura organizacional de los comités, ya que estas organizaciones contaban con grandes cantidades de dinero que les permitían portar armas más sofisticadas y, al mismo tiempo, corromper a las autoridades del comité. Por ello, y en vista de la magnitud de comparativa de las firmas, los miembros de los comités de autodefensa limitaron su acción a evitar que estos narcotraficantes cometan abusos, controlan la comercialización y evitan el consumo local de drogas a través de sanciones (Espinosa 1995, p.89). Por otro lado, las firmas narcotraficantes no fueron totalmente opuestas a estas organizaciones. Un ejemplo de ello es el caso de la provincia de Tocache, donde algunas firmas de narcotraficantes financiaron la creación de estos comités a modo de inversión en la creación de un aliado para enfrentar a Sendero Luminoso, quien aún mantenía control sobre el narcotráfico en la zona (Espinosa 1995, p.90). Además, algunas de las firmas narcotraficantes también contribuyeron con el ejército en materia de inteligencia. Entre estos grupos se encontraron las organizaciones lideradas por ‘Vaticano’ y ‘Lan Chile’ (Castillo 2001). También, en tanto los comités estaban incorporados a las organizaciones para la defensa del cultivo de coca FEDECAH y FASMA, recibían indirectamente ganancias del narcotráfico las cuales les garantizaron un equipamiento mínimo y redujeron su dependencia de los suministros de los militares, los cuales eran poco fiables (Felbab-Brown 2007, p.215). En definitiva, los comités de autodefensa tuvieron un rol importante para debilitar el poder retenido de Sendero Luminoso en el valle. A partir de esta medida Sendero no solo debió enfrentarse a los militares y sus renovados esfuerzos en la zona, sino que también mantuvo enfrentamientos directos con los propios campesinos. De esta manera sus recursos paramilitares se agotaron mucho más rápido y también se erosionó mucho más su ya debilitado vínculo con la población civil del valle. Junto con ello, la participación 153 de los civiles en la lucha contrainsurgente modificó sus expectativas respecto al uso de la violencia, haciéndolos más indulgentes a los excesos y afecciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas armadas. En esa línea, las nuevas victorias de los militares también ganaron más apoyo de la población, quienes los comenzaron a percibir como la facción más poderosa y con mayor capacidad de brindarles seguridad física y económica. Finalmente, a pesar de los logros alcanzados por los comités de autodefensa, la naturaleza de su creación por injerencia del ejército llevó a que estos sean desactivados una vez que lograban controlar la presencia de los insurgentes en sus localidades (Espinosa 1995). 2.3.3. La ley de arrepentimiento Otra medida que debilitó en gran medida el poder retenido de Sendero Luminoso, especialmente su poder organizacional, fue la promulgación del Decreto Ley N.º 25499 en mayo de 1992, también denominado ‘Ley de arrepentimiento’. Esta ley otorgó beneficios de amnistía, reducción de penas de prisión y la oportunidad de reintegración a la sociedad para los militantes insurgentes o civiles simpatizantes de estos grupos que capitularan. De acuerdo con Weinstein (2007), en tanto los precios y la seguridad de los productores de coca se habían reducido, esta ley de amnistía se presentaba como una oportunidad difícil de rechazar, principalmente para los civiles. El autor recoge el siguiente testimonio en la ciudad de Tingo María, el cual ejemplifica este proceso de decisión: “It was the ley de arrepentimiento that liberated civilians and members of Sendero Luminoso who wanted out. It was incredibly generous, enabling people to turn themselves in and turn in others in order to lessen their punishment. Outside of the police station, there would be lines of people waiting to turn themselves in.” [Fue la ley de arrepentimiento lo que liberó a los civiles y miembros de Sendero Luminoso que querían salirse. Fue increíblemente generoso, permitiendo que las personas se entregaran y entregaran a otros para disminuir su castigo. Fuera de la estación de policía, había filas de personas esperando para entregarse]. (Anónimo 2001 en Weinstein 2007, p.280). La medida tuvo un efecto de rápido impacto y gran magnitud desde su aplicación en la región. Solo entre el 27 de febrero y el 4 de abril de 1994, en el cuartel de Tingo María se presentaron alrededor de 2,000 arrepentidos (CVR 2003, p.392). De acuerdo 154 con el jefe de la policía contra el terrorismo en Tingo María, en total, hacia 1994 cuando se puso fin a la medida, más de 5,000 senderistas y colaboradores civiles de Sendero Luminoso entregaron a la policía del valle del Alto Huallaga, incluso, el entonces presidente Alberto Fujimori afirmaba que esta fue la región donde la medida tuvo mayor impacto. Dado que se calculan alrededor de 10,000 militantes senderistas y decenas de miles de simpatizantes a nivel nacional hacia 1990, la capitulación de 5,000 fue un golpe significativo (Weinstein 2007). En cuanto a los cuadros militares de Sendero, se sabe que entre enero de 1992 y octubre de 1993 disminuyeron de 1,050 a 360 (Sí 1994, p.74). En ese sentido, la ley de arrepentimiento enfrentó algunas limitaciones en sus efectos. Solo el 10% de los arrepentidos fueron militantes de Sendero Luminoso, mientras que el otro 90% correspondió a campesinos que habían sido forzados a colaborar con la agrupación (CVR 2003, p.363). Mucho menos se había logrado la deserción de mandos de la organización y de sus simpatizantes civiles en la margen izquierda del río Huallaga, donde el control social y militar de Sendero era mucho mayor, lo cual motivó posteriores operaciones de limpieza como la Operación Aries (CVR 2003, p.394). En línea con ello, Kernaghan (2006, p.110) describe que el mayor impacto de esta política tuvo lugar en las zonas urbanas del valle, ya que ahí el ejército enfocó su ofensiva, sin embargo, el control de las áreas rurales fue más complicado de alcanzar. 2.3.4. La captura de Abimael Guzmán y sus consecuencias en el poder organizacional de Sendero Luminoso La acción final para desestabilizar y debilitar el poder retenido de Sendero Luminoso fue la captura de su máximo líder, Abimael Guzmán Reynoso, a quien la organización también denominaba como ‘Presidente Gonzalo’. En 1990 la estrategia de contrainsurgencia del gobierno de Alberto Fujimori implementó la unificación de las seis agencias de inteligencia estatal69 bajo la coordinación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), lo cual favoreció la cooperación y coherencia interinstitucional. Adicionalmente, se dieron mayores asignaciones para la adquisición de equipos de vigilancia, salarios y capacitación de los efectivos, lo cual tuvo un efecto directo en las 69 Antes de 1990 existían seis agencias independientes de inteligencia estatal, una pertenenciente a cada rama de las fuerzas armadas y dos dirigidas por la policía nacional (Kay 1999, p.117). 155 operaciones de los Grupos Especiales de Inteligencia (GEIN) y la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE). Ambas instituciones lograron infiltrar Sendero Luminoso. El trabajo de inteligencia condujo al arresto de Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992, junto con otros dirigentes senderistas de alto rango. Tras su encarcelamiento, el 24 de noviembre del mismo año Guzmán fue presentado a la prensa internacional, desde ahí, llamó a sus militantes a proseguir con las acciones armadas y la estrategia de su ‘guerra revolucionaria’ (CVR 2003, p.109). No obstante, las acciones de Sendero comenzaron a perder efectividad ya que la desorientación ideológica que causó la captura del autor de su ortodoxia propició un incremento en la violencia indiscriminada y autoritarismo, generando la alienación de sus bases sociales. A pesar de estos esfuerzos, de manera privada y tan solo un mes después de su captura, el 20 de octubre, Guzmán solicitó al gobierno abrir las negociaciones de paz para poner fin a la guerra (CVR 2003, p.111). Esta decisión, hecha pública en octubre de 1993, tomó por sorpresa a las dirigencias partidarias y provocó una escisión irreconciliable en la organización. Sendero Luminoso quedó dividido en dos facciones, a las cuales los analistas denominaron ‘gonzalistas’ o ‘acuerdistas’ y ‘Sendero Rojo’ o ‘Proseguir’ (Kay 1999; Villegas 2011). Mientras que los gonzalistas siguieron la estrategia propuesta por Guzmán de concretar la reconciliación táctica con el Estado a fin de mantener con vida la organización hasta que esta se encuentre en condiciones de reanudar el conflicto (Toche 1996; Burt & López 1994; PCP 1993 en Kay 1999), Sendero Rojo, bajo el mando de óscar Ramírez Durand alias ‘Feliciano’, desacreditó las peticiones de Guzmán y decidió continuar con la lucha armada. Esta facción siguió funcionando, con una baja intensidad de acciones armadas, en el Alto Huallaga y en los valles de Apurímac, Ene y Tambo70 (DESCO 1998). De esta manera, los militantes de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga tuvieron objetivos inmediatos para su supervivencia como organización. Así, los senderistas en el valle aún mantuvieron su colaboración con las firmas narcotraficantes proveyendo protección a sus 70 Por otro lado, la facción de los acuerdistas tuvo presencias esporádicas en Lima y en regiones del sur peruano como Cusco y puno, donde implementan una estrategia de propaganda (Toche 1996; Burt & López 1994). Sus objetivos son a largo plazo, de acuerdo a lo propuesto por Guzmán, manteniendo el núcleo del partido hasta que se encuentren en condiciones de reanudar el conflicto. 156 actividades desde la fuerza paramilitar, aunque desde este momento estas alianzas fueron débiles y no se compararon a la sujeción sobre esta economía ilegal que mantuvieron durante el periodo de 1980 a 1989. En respuesta a la baja frecuencia de capitulación de mandos y simpatizantes senderistas en la margen izquierda del río Huallaga, y la decisión de mantenerse en armas aún tras la captura y rendición de Abimael Guzmán, la estrategia contrasubversiva del gobierno fujimorista llevó a cabo una serie de operaciones militares de ‘limpieza’ de estas zonas donde Sendero Luminoso aún tenía una fuerte presencia a partir del año 1992 (CVR 2003, p.412). A pesar de las frecuentes incursiones del ejército en la zona para disputar el control senderista y la difusión de volantes que incentivaban al arrepentimiento71, la organización permanecía fuerte y las victorias militares se limitaron a los caseríos ubicados a lo largo de la carretera Marginal72. Por ello, en 1994 el gobierno decidió llevar a cabo el denominado ‘Operativo Aries’. Esta operación a gran escala tenía el objetivo de terminar de manera definitiva con la presencia de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga. Para ello se enfocaron los operativos en las zonas de Bolsón Cuchara y Primavera, en el distrito de Leoncio Prado, donde la evaluación del gobierno identificaba que los desarticulados militantes de Sendero intentaban reagruparse tras la captura de Guzmán (CVR 2003, p.393). El operativo tuvo una duración de aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, aparecieron denuncias sobre abusos a la población civil de parte de las fuerzas armadas, las cuales fueron recogidas en su mayor parte por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Estas graves denuncias determinaron el final de la operación el 26 de mayo de 1994. Sin embargo, los esfuerzos por terminar de erradicar la presencia de Sendero Luminoso del valle permanecieron hacia 1995, cuando también se llevaron a cabo ‘operaciones complementarias’ para incrementar el control territorial militar. 71 De acuerdo con el Informe Final de la CVR, la difusión de volantes no tuvo el efecto esperado por tres motivos: existía una alta tasa de analfabetismo en la zona, que impidió la comprensión del mensaje impreso; Sendero Luminoso impedía la movilidad de los civiles bajo riesgo de muerte cuando surgían los avisos de arrepentimiento para que no puedan abandonar la zona; y, por las condiciones geográficas y climatológicas los volantes que eran arrojados desde helicópteros no llegaron a sus remitentes (CVR 2003, p.403). 72 Según los pobladores, a partir de las estrategias de limpieza, en 1993 el ejército tomó el control del caserío de Venenillo, en la provincia de Leoncio Prado. A partir de ello pudo establecer una base militar en la entrada del Bolsón Cuchara, desde la cual pudo controlar los caseríos a lo largo de la Carretera Marginal (CVR 2003, p.393). 157 2.4. Las Fuerzas Armadas a cargo de la lucha contra las drogas Si bien en abril de 1990 el gobierno de Alan García rechazó la propuesta de ayuda militar estadounidense en el marco de la Iniciativa Andina, la presidencia de Alberto Fujimori en julio del mismo año presentó una nueva oportunidad para la cooperación (McClintock & Vallas 2005, p.202). El diálogo entre ambos países se volvió más cordial, y la cooperación en materia de interdicción concretó la mayor destrucción de laboratorios de cocaína en 1990 (Tabla 17). No obstante, en una primera oportunidad, Fujimori también rechazó la propuesta de ayuda militar a cambio de un mayor involucramiento de las fuerzas armadas en la lucha antidrogas. Esta primera negativa mantuvo las razones esgrimidas durante el gobierno de García: el implementar una estrategia represiva de lucha contra las drogas tendría efectos alienantes del Estado en la población civil, sobre todo si esta no estaba acompañada de una política de apoyo al desarrollo alternativo. Tabla 17. Destrucción de laboratorios de cocaína en Perú, 1985 – 1996 Año Laboratorios destruidos 1985 19 1986 24 1987 75 1988 38 1989 151 1990 89 1991 88 1992 38 1993 21 1994 21 1995 14 1996 18 Fuente: McClintock & Vallas (2005) Sin embargo, el gobierno de Bush cedió respecto a las condiciones peruanas y se comprometió también a brindar mayor ayuda económica para financiar la sustitución de 158 cultivos (Palmer 1992). Este factor, junto con la presión estadounidense que condicionaba el apoyo financiero al Perú a la firma del acuerdo aceptando la ayuda militar73, logró que en mayo de 1991 se acepte la propuesta. De esta manera, el 6 de setiembre de 1991 fue aprobado el D.S. N.º 137-91-PCM el cual marcó el inicio de una serie de normativas que serían promulgadas para respaldar el nuevo rol que cumplirían las fuerzas armadas, una responsabilidad que anteriormente no estaba considerada por la Constitución74 (Vecco 2003). Durante este periodo se registraron importantes éxitos en la lucha antidrogas – especialmente en materia de reducción de los cultivos de hoja de coca y la intercepción de los aviones que la transporta – y un gradual reemplazo del Ejército a Sendero Luminoso como el actor más poderoso en la zona (Dreyfus 1999). No obstante, este realineamiento en la distribución del poder también tuvo implicancias en el grado de influencia que cada actor tuvo sobre el mercado de la coca. De esta manera, durante estos se descubrieron acuerdos75 entre las fuerzas militares y las firmas narcotraficantes (Starn et al. 1995; Menzel 1996; Rivera Paz 1994). Las relaciones más comunes que mantuvieron las fuerzas armadas y los narcotraficantes en el valle fueron las protección por parte del ejército, o la inacción para la continuación de las actividades ilícitas (Dreyfus 1999). No obstante, también existieron vínculos mucho más estrechos y de cooperación activa como sucedió en el caso de “Vaticano” cuyos sicarios a sueldo combatían la subversión junto al ejército peruano. A pesar de que la estrechez del vínculo varió en distintas localidades, es definitivo que a partir de esta colusión se crearon prácticas sistemáticas que no solo involucraron a quienes pactaban el acuerdo para el tráfico de drogas, sino que también crearon nuevas rutinas y formas de convivencia nivel social, político y económico en el valle. Estas nuevas instituciones estuvieron, en gran parte, determinadas por la convivencia entre los dos 73 Los funcionarios estadounidenses negaron este condicionamiento, sin embargo, las declaraciones del gobierno y los periodistas peruanos afirmaban lo contrario (McClintock 1998). 74 Entre las normas que sobrevinieron se encontraban el D.L. N.º 749, que sumó el objetivo de eliminar al narcotráfico a los objetivos del Comando Político Militar en zonas de emergencia, y el D.L. N.º 25626, que sometía a las entidades de lucha contra el narcotráfico y la subversión a las Directivas del Comando Operativo del Frente Interno (Vecco 2003, p.5). 75 En su mayor parte estos acuerdos fueron tácitos, sin embargo, operaciones de inteligencia como la Operación “Angel” ejecutada por , permitió tener documentos firmados que confirman la recepción de pagos a militares por permitir operaciones de tráfico de drogas (Vecco 2003). 159 nuevos actores poderosos en la región: el ejército del Perú y las firmas de narcotraficantes. 2.4.1. La colusión sistemática entre las agencias del Estado peruano y el narcotráfico De acuerdo con la consultora Mónica Vecco (2003), cuando se establecieron las primeras bases militares en el valle del Alto Huallaga, en 1987, se tuvo como criterio geográfico para su ubicación priorizar aquellas zonas con mayor intensidad y frecuencia de la acción subversiva. Como se repasó en anteriores secciones, las agrupaciones subversivas Sendero Luminoso y MRTA tuvieron entre sus objetivos el dominar los distintos eslabones de la cadena de producción de la coca, para lo cual buscaron controlar y mantener presencia en aquellos territorios de alta actividad del narcotráfico. De esta manera, la mayoría de las bases contrasubversivas en la zona coincidieron al encontrarse cerca de alguna de las 18 pistas de aterrizaje clandestinas existentes en el valle76 (Tabla 18). 76 Estas pistas de aterrizaje clandestinas prevalecieron hasta fines de 1992 e inicios de 1993, cuando comenzaron a ser dinamitadas como dispuso D.L. N.º25426 (promulgado el 10 de abril de 1992) el cual dio inicio formal al programa de Interrupción del Puente Aéreo (Roncken 1999). 160 Tabla 18. Pistas clandestinas cercanas a Bases Contrasubversivas del Huallaga Pistas clandestinas cercanas a Bases Contrasubversivas en Huallaga Pista clandestina Base Contrasubversiva Pista Convento BCS 30 Tarapoto Pista Saposoa BCS Saposoa Pista Sacanche BCS Bellavista Pista Barranca BCS Barranca Pista Santa Bárbara BCS Huicungo Pista Campanilla BCS Punta Arenas Pista Sión BCS Sión Pista Pólvora BCS Puerto Pizana Pista Tanata Pista Cañuto BCS Bambamarca Pista Uchiza BCS Uchiza Pista Progreso BCS Nuevo Progreso Pista Km. 19 BCS Aucayacu Pista Km. 18 Pista Cachicoto BCS Monzón Pista Tantamayo Pista Maravillas Pista Agua Blanca BCS 313 Tingo María Fuente: Elaboración propia en base a Vecco (2003). Con el transcurrir del tiempo, la cercanía de estas bases a las áreas de gran actividad del tráfico de droga creó el espacio perfecto para las interacciones de colusión entre los agentes estatales y las firmas narcotraficantes. De modo que relaciones de permisividad, protección y cooperación de parte del ejército a las firmas de narcotráfico se replicaron en muchas de estas bases contrasubversivas. Como lo denunció el coronel Gilmar Valdivieso Rejas, en el frente Huallaga existía un “sistema de corrupción muy fuerte” y era “raro que el oficial no terminara involucrado”, ya que incluso al relevarse las tarifas eran transmitidas a las nuevas autoridades (Vecco 2003, p.38). Incluso, se conocía que la rotación a las bases en el Alto Huallaga era muy codiciada77, al punto de que 77 Hubo bases contrasubversivas que se consideraban “todopoderosas” por su ubicación estratégica cerca de áreas de gran actividad de narcotráfico, entre ellas estaban Uchiza, Tocache, Juanjuí y Campanilla; estas fueron las bases más codiciadas por los efectivos militares (Vecco 2003, p.28) 161 algunos oficiales razonaban: “negociaba tanto por ciento de mis viáticos y tanto por ciento de mi sueldo, pero ponme en tal sitio” (Vecco 2003, p.39). En esa línea, las bases eran negociadas y los oficiales desde Lima llegaban con su propia gente de confianza al Huallaga. La colusión se tornó evidente en octubre de 1996, cuando el entonces embajador de Estados Unidos, Dennis Jett, dio cuenta de los procesos judiciales por tráfico ilícito de drogas contra 47 militares peruanos (Vecco 2003, p.6). No obstante, ya en abril de 1996, a través del D.L. N.º 824, el Congreso de la República dispuso el retiro de las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico, precisamente por la preocupación ante acusaciones de corrupción. A continuación, se presentan algunos de estos casos de colusión entre el ejército y los narcotraficantes por localidad, los cuales se identificaron a partir de los procesos contra militares por tráfico ilícito de drogas en el Alto Huallaga (Tabla 19). En cada uno de ellos se señalan las instituciones que surgieron en el contexto de este nuevo arreglo político. 162 Tabla 19. Procesos contra militares por TID en el Alto Huallaga, 1992 – 1995 Año Caso Razón 1992 Caso “Capulina” Delitos de desobediencia, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y contra el deber y dignidad de la función 1992 Caso “Ríos Araico” Presunto TID por jefe de CECE 115, personal de oficiales, personal auxiliar y civiles en Uchiza durante 1991 1992 Caso “Claudio” Presunta vinculación del personal militar de la BCS Punta Arenas en actividades de TID 1992 Caso “Campana” Responsable de la pérdida de documentos clasificados correspondientes a “Plan Campana” y su anexo de inteligencia y el informe N.º 016/91/22 1992 Caso Capitán “Paris” Presunto tráfico ilícito de drogas, denunciado el 13 de noviembre de 1992 (participación del jefe de la BCS “Leopardo” de Saposoa en operativo de la PNP/DEA Santa Lucía 1993 Caso “Madre Mía” Presunto TID, seguridad a vuelos de avionetas de narcotráfico en el kilómetro 19 de la carretera Marginal, por personal de la BC de “Madre Mía” del BCS N.º313 de Tingo María. 1993 Caso “Ninja” Delitos de tráfico de drogas y homicidio (asesinato de ocho narcotraficantes en Balsayacu, San Martín el 28 de octubre de 1992 para robarles 300 kilogramos de droga). 1993 Caso “Balsayacu” Presunto tráfico ilícito de drogas (se negoció la droga robada por la patrulla). 1993 Caso “Bueno” Presunto TID del jefe de la BCS N.º 30 de “Punta Arenas” 1993 Caso “el Sauce” Presunto tráfico de drogas del Jefe de la BCS del “Sauce” del Batallón Contrasubversivo N.º30 de Tarapoto. 1993 Caso “Saposoa” Presunto TID por personal militar y de la Policía Nacional Acciones de narcotráfico (protección a vuelos) detectado por operación de interdicción aérea de Tucanos de la FAP en horas nocturnas en el aeródromo de Saposoa. 1993 Caso “Cienfuegos” Presunto TID cometido por el personal militar de la BCS de Tocache, donde se liberó al narcoterrorista “Chatín” y al senderista Elder Soto Chávez, a cambio de 140,000 dólares. Además de la devolución de la droga incautada 1994 Caso “Vaticano” Procesados por presunta complicidad con el TID al permitir actividades del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera entre 1991 y 1994 1994 Caso “Pirucho” Acusados de la liberación del narcotraficante colombiano “Pirucho” en BCS de Aucayacu 1995 Caso “López Paredes” Presunto TID por permitir la actividad ilícita de la organización, mantener vínculos y dar protección a los miembros de la mafia Fuente: Elaboración propia en base a Vecco (2003) 163 2.4.1.1. Campanilla: colusión, cooperación y el tráfico abierto de drogas El 22 de noviembre 1991 se concretó la elaboración del informe confidencial N.º 016/91, donde el agente de inteligencia de la DINTE bajo el alias “Chanamé”, presentó cómo se organizaba el narcotráfico en las localidades de Picota, Sacanche, Bellavista, Campanilla y Juanjuí. En el informe se reconoció, por primera vez, la importancia de Campanilla como el epicentro del narcotráfico en los tres valles del río Huallaga, el cual se ejercía en colusión con el destacamento militar en la base contrasubversiva de Punta Arenas78 (Vecco 2003, p.29). “Chanamé” identificó que en Campanilla el 90% de la población se dedicaba al narcotráfico de forma abierta, sin sentirse amenaza por la presencia de las fuerzas del orden. De acuerdo con lo relatado en el informe esto sucedía “por existir al parecer un ‘arreglo’ con los narcotraficantes” (Chanamé en Vecco 2003, p.30). Así, algunas muestras de las dinámicas de convivencia alrededor de esta economía ilícita que el agente observó fue el libre desplazamiento de los narcotraficantes pertenecientes a las cuatro firmas, quienes no tenían recato y manejaban ostentosas camionetas escoltadas por sus sicarios. Por su parte, sus matones portaban armas como revólveres, pistolas y metralletas, incluso en presencia de los efectivos del Ejército. Junto con ello, en las calles era visible la presencia de jóvenes ‘traqueteros’, dedicados a transportar la droga, quienes esperaban los pagos sentados en las calles con sus mochilas sin ningún temor a ser intervenidos por las fuerzas del orden. El informe señala que en las calles era posible escuchar las comunicaciones radiales que coordinaban los aterrizajes de las avionetas cargadas con droga, e incluso, el agente “Chanamé” logró presenciar cómo para esta actividad se cerraba el acceso a las calles, permitiendo la entrada solo a los dueños de firma y sus sicarios. El agente de inteligencia reportó que para este aterrizaje se utilizó la carretera que Vaticano había adaptado y que el proceso solo duró entre 3 y 4 minutos. Además, señaló que el pago del cupo por este aterrizaje fue entregado al jefe de la Base Militar de Punta Arenas y consistió en 4,000 dólares; “Chanamé informó que al día se producían de 3 a 4 vuelos. 78 La relación de colusión fue verificada también a través del testimonio del teniente del ejército, Julio Cruz Albán, alias “Jimmy” (Vecco 2003). 164 Junto con lo relatado en este informe, en 1993, la deserción de catorce soldados de la Base Contrasubversiva Nº30 de Punta Arenas, también expuso las relaciones de colusión de, por lo menos, una decena de oficiales y el narcotráfico. De esta manera, era visible que la corrupción involucraba tanto a altos mandos como a gran parte de la tropa, quienes ya mantenían expectativas sobre este beneficio económico. La deserción de estos efectivos fue motivada, precisamente, por el incumplimiento de sus expectativas de pago a partir de las consecuencias económicas que tuvo la destrucción de la pista de Campanilla a fines del año 1992. Tras el cierre de la pista, las firmas abandonaron Campanilla. Cuando el destacamento dejó de recibir cupos por los aterrizajes, las tropas vieron mermadas su ración alimenticia y las ganancias económicas que hasta el momento recibían. Uno de los soldados desertores fue el teniente ‘Jimmy’, quien denunció la corrupción y describió el funcionamiento de la base alrededor de sus relaciones de colusión con las firmas del narcotráfico. La Base de Punta Arenas se conformaba por tres patrullas, de las cuales dos (con 46 hombres en total) operaban en la misma base, y la tercera patrulla (con 24 hombres) era la encargada de proveer de seguridad al pueblo y a las firmas narcotraficantes. Durante su estancia en la Base, ‘Jimmy’ indicó que su jefe de Unidad le ordenó no permitir ningún tipo de arreglo, ni la salida ni entrada de ningún tipo de aeronave desde la pista de Campanilla. Sin embargo, no fue tan estricto con los tránsitos a través del río. De esta manera, durante sus cuarenta días en la base, pudo observar diez pasajes por el río, los cuales dejaron un ingreso de aproximadamente 16,000 dólares. La distribución del dinero se dio de la siguiente manera: el jefe de la Base recibió el 40%; el teniente “Perseo” 25%; el suboficial “Omar” 15%; el suboficial “Miller” 10%; y el último 10 % fue destinado al pago de propinas entre la tropa. No obstante, ‘Jimmy’ también señaló que, de manera adicional al dinero que se obtenía por la protección a los narcotraficantes y sus actividades, las firmas también otorgaban a la base un aprovisionamiento de víveres frescos que bordeaba los 1,740 soles mensuales. Esto garantizó tres comidas diarias de buena calidad para los efectivos militares. Vecco (2003) señala que el aprovisionamiento de víveres y cupos a cambio del resguardo de los narcotraficantes fue una dinámica bastante común que se replicón en las bases de Saposoa, con el capitán ‘Zorro’; Bellavista, con el teniente ‘Lucho’, y en la 165 base de Barranca con el teniente ‘León’. De acuerdo con ‘Jimmy’, estos acuerdos sucedían con el pleno conocimiento del Puesto de Comando de la Unidad (Informe de Inspectoría N.º 37/DLP/K-1 en Vecco 2003). Entre las cuatro firmas principales de Campanilla, la más respetable y reconocida fue la de Demetrio Chávez Peñaherrera alias ‘Vaticano’. Vaticano se había iniciado como traquetero en Uchiza, sin embargo, en 1989, mientras visitaba a su familia en Campanilla, conoció a un capitán del ejército apodado ‘Chino’, quien le ofreció la oportunidad de construir una pista de aterrizaje. A cambio de 250,000 dólares ‘Chino’ puso a disposición de ’Vaticano’ la aplanadora perteneciente a la BCS Punta Arenas (Vecco 2003, p.42). ‘Vaticano’, quien acababa de huir de Uchiza tras negarse a pagar la matrícula y cupos que Sendero Luminoso impuso a las firmas en 1989, aceptó el trato y adaptó un tramo de la Carretera Marginal como su pista de aterrizaje (Castillo 2001, p.311). De esta manera, entre mayo de 1990 y setiembre de 1992, Vaticano’ logró sacar no menos de 280 vuelos con droga lo cual, estimó, fue el equivalente de aproximadamente 140 toneladas de coca trasteadas desde su pista en Campanilla hacia Colombia. Por cada vuelo que hacía uso de su pista, cobraba entre 10,000 y 15,000 dólares, de los cuales pagaba entre 3,000 y 5,000 en cupos al Ejército (Vecco 2003, p.44). Estos pagos extralegales sucedieron durante el comando de los generales Jaime Río Araico (1991) y Eduardo Bellido Mora (1992). No obstante, el vínculo no fue solo de colusión, sino que existió una estrecha cooperación entre el personal militar de la base contrasubversiva de Punta Arenas y la firma de ‘Limonier’, la cual parece haber sido recíproca. Sumado a los casos en que efectivos militares brindaron protección y seguridad a ‘Vaticano’ y su dominio sobre Campanilla, un informe de Inteligencia Naval emitido en 1994 documentó casos en que ‘Vaticano’ financió la alimentación del personal militar de Campanilla79 (Vecco 2003, p.51). Por otra, también se tienen pruebas de que el ejército peruano tenía conocimiento y alentaba que sicarios contratados por Peñaherrera llevaran a cabo operativos contra las organizaciones subversivas de Sendero Luminoso y el MRTA (Vecco 2003, p.51). 79 En la comunicación que recoge el informe de inteligencia naval ‘Vaticano’ explica los montos que debió pagar por la alimentación del personal militar en Campanilla durante diez días: el monto sumó 754 soles, con ello alimentó al teniente y subteniente, además de 20 militares de menor rango que brindaban seguridad a sus instalaciones. 166 En cambio, esta relación de cooperación y cordialidad que sucedió con los miembros del ejército, ‘Vaticano’ no pudo mantenerla con Sendero Luminoso. Como se mencionó, ‘Vaticano’ se rebeló ante las cada vez más estrictas reglas que Sendero impuso sobre el mercado de la coca y llegó a Campanilla luego de negarse a pagar cupos a la organización. De acuerdo con Vecco, Sendero Luminoso buscaba tomar Campanilla como parte de su estrategia de extender su dominio territorial hacia el norte de San Martín, pero también por el deseo de acabar con la organización de ‘Vaticano’, puesto que “la unión [con el ejército peruano] se [había] convertido en un símbolo hasta ahora invencible y peligroso para la hegemonía de Sendero Luminoso” (2003, p.51). En esa línea, el informe de inteligencia naval peruana emitido a fines del año 1994, reveló que entre los años 1990 y 1991 Sendero intentó entrar a Campanilla un total de cinco veces. No obstante, no pudo hacerlo por el vínculo de cooperación entre la firma y el ejército: ‘Vaticano’ había colocado a 50 soldados para la defensa de las entradas del pueblo, alrededor de 10 sicarios le brindaban seguridad. Incluso, ‘Vaticano’ contaba con el apoyo de la organización civil Frente de Defensa de los Intereses de Campanilla, la cual patrullaba las calles del pueblo para evitar la presencia de extraños. En pocas palabras, en el distrito de Campanilla fueron ‘Vaticano’ y el ejército peruano los actores más poderosos, quienes conservaban este poder desde una regulación del mercado de la coca que era eficiente y generaba resultados positivos económicos para la población. De ‘Vaticano’ se conoce, como se vio en la sección 2.1.1., que también generó bienes públicos comunes importantes para el distrito, entre ellos la construcción de infraestructura y la provisión de servicios básicos como salud y educación. Desde estos resultados positivos que provenían de la colusión entre estas firmas y el ejército se configuraron nuevas instituciones que dieron características de orden a la localidad a través de normas, rutinas y comprensiones comunes. Entre ellas encontramos una dinámica abierta para el ejercicio del tráfico de drogas, la provisión de víveres y otras formas de sustento a los destacamentos militares, y el patrullaje y la protección del pueblo frente a la presencia de extraños y la incursión de las organizaciones subversivas. 167 2.4.1.2. Juanjuí: ¿un pacto con el ejército o la policía? El caso de la Base Contrasubversiva de Juanjuí es ejemplo no solo de las interacciones entre el Ejército peruano y las firmas de narcotraficantes para la provisión de seguridad, sino también de las diferencias y el conflicto entre las agencias del Estado en la zona. Pese a ser una localidad importante por su ubicación estratégica, en 1991 la base contrasubversiva de Juanjuí fue desactivada a causa de las pugnas entre la policía y el ejército, luego de los evidentes intentos de usurpación de funciones por parte de la primera institución. Desde su llegada, los efectivos del ejército convencieron a las firmas narcotraficantes de la zona de que su apoyo y seguridad era más eficiente y de más garantía que el ofrecido por la policía, a la cual se le reconocía por realizar decomisos de droga, incautación de bienes y dinero, asesinatos y asaltos a narcotraficantes (Vecco 2003, p.32). Nuevamente, generar resultados económicos positivos alrededor de la economía de la coca, que satisfagan las expectativas de estabilidad y desarrollo económico de los campesinos y traficantes fue importante para configurarse como un actor poderoso y capaz de determinar los beneficios resultantes de las instituciones establecidas. En respuesta a esta modificación de las alianzas para el pago de cupos, un grupo de ‘malos elementos’ policiales, que se hicieron pasar por subversivos, emboscó a una patrulla del ejército en el sector Cangrejo. El enfrentamiento generó varios muertos, pérdida de armamento y de equipo militar. Si bien, los policías responsables trataron de confundir a la opinión pública difundiendo grabaciones donde presuntos miembros del MRTA se adjudicaban el asesinato, uno de los involucrados se arrepintió y confesó. Luego de ello, la policía nacional se replegó de Juanjuí por su responsabilidad sobre los hechos tanto como las denuncias por abusos cometidos contra la población (Vecco 2003). 2.4.1.3. Tocache: caso “Cienfuegos” y la participación de Sendero Luminoso en el nuevo arreglo Otro caso ilustrativo de los vínculos e interacciones de colusión entre el ejército peruano y las firmas narcotraficantes fue la liberación de ‘Chatín’, un mando logístico de 168 Sendero Luminoso también involucrado en el tráfico de drogas en la ciudad de Tocache80. En 1994, la denuncia del capitán de caballería Gilmar Valdivieso Rejas, alias ‘Cienfuegos’, frente a la subcomisión de Narcotráfico del Congreso Constituyente81, señaló a Miguel Najar Acosta, quien dirigió el Batallón Contrasubversivo N.º 26 de Tocache, por efectuar esta liberación a cambio del pago de 180,000 dólares y la entrega de un lote de armas senderistas, para presentarlas como recuperadas en combate. De acuerdo con el testimonio de Valdivieso, el mando ‘Chatín’ fue detenido el 5 de abril de 1993 en el paraje Chahuallacu, portando 200 kilogramos de droga. Fue trasladado a la Base de Bambamarca, en Tocache, donde el narcotraficante ‘Cero Cero’ acordó con Najar las condiciones de su liberación. Gilmar Valdivieso afirmó frente al grupo de trabajo del Congreso que el caso de ‘Chatín’ no fue el único, y que Miguel Najar trabajaba con las firmas de narcotraficantes por lo que liberó a varios de ellos. Ejemplo de ello es el caso del narcotraficante Elder Soto Chávez, alias ‘Wilson’, a quien Najar también liberó a cambio de 40,000 dólares (Castillo 2001, p.251). Adicionalmente, también destapó que los oficiales de las bases contrasubversivas de Sión, Pizana, Punta Arenas y Uchiza cobraban 20 dólares por cada kilogramo de PBC que era transportada por la carretera marginal o por el río Huallaga. También informó que cada avioneta que despegaba con droga desde Tocache pagaba un cupo de 10,000 dólares, cuyo 70% era apropiado por Najar (Castillo 2001, p.252). Finalmente, el caso de la liberación de ‘Chatín’ demuestra que los vínculos entre algunas firmas narcotraficantes y los senderistas aun seguían vigentes. Por ello, y a pesar de las victorias militares que obtuvo el ejército sobre Sendero Luminoso durante este periodo, es inevitable excluirlo del nuevo arreglo que se configuró. Si bien, Sendero ya no mantenía un rol dominante en el arreglo político y sus instituciones, sí seguía siendo parte de una convivencia alrededor de del mercado de la coca y sus dinámicas. Estas, en gran parte, ahora eran determinadas según los beneficios de los militares y los líderes de firmas más poderosos, ambos actores con mayor poder retenido. 80 ‘Chatín fue mando logístico de la T-4 de Sendero Luminoso, la cual comprendía todo el sector de Tocache (Vecco 2003, p.37). 81 Gilmar Valdivieso presentó esta denuncia a la inspectoría del frente Huallaga y la Oficina de Moralización del ejército primero (Castillo 2001, p.251-52). 169 2.4.1.4. Uchiza: tráfico abierto de drogas y el arbitraje de los efectivos del ejército peruano En Uchiza, el primer distrito donde la jefatura política-militar del general Arciniega logró la expulsión de la subversión y la restricción de las actividades policiales, el ejército peruano había consolidado un control total hacia 1992. Este control se había extendido al punto que, incluso, “arbitraba las actividades de narcotráfico y repartía los cupos”, tal como lo menciona el Informe de Inspectoría N.º 001/BCS 26, que se elevó al comandante general del frente Huallaga el 29 de enero de 1992. El informe, elaborado por el coronel Luis Aparicio Manrique, da cuenta de las dinámicas que se estructuraron alrededor del tráfico de drogas en la ciudad de Uchiza desde que el ejército asumió su control. De acuerdo con lo documentado, “todo el pueblo de Uchiza, incluyendo su alcalde Demetrio Díaz Guevara y el resto de sus autoridades, estaba comprometido con el narcotráfico” (Vecco 2003, p.26). Ello fue expuesto inicialmente cuando el gobernador Carlos Rodríguez Chumioque se presentó en el destacamento de Leoncio Prado para proponerle a Aparicio, entonces comandante del Batallón Contrasubversivo N.º 26, renovar el pacto con las firmas de narcotraficantes. Su pedido explícito fue: “Queremos seguir con el cobro de cupos por el uso de las pistas” (Vecco 2003, p.26). De manera similar, el alcalde Demetrio Díaz Guevara le reveló al coronel Aparicio cómo se organizaba la repartición de los cupos por cada avioneta con coca que despegaba de Uchiza. En esta distribución participaban el ejército, el gobernador, el alcalde y el Frente Cocalero, cada uno recibiendo 2,000 dólares. Más allá, de acuerdo con la interpretación de Mónica Vecco sobre el informe, aunque no se menciona de manera explícita a Sendero Luminoso, “es un hecho que también participaba del reparto” con una asignación de 3,500 dólares (2003, p.26). El pago de los cupos por despegue era recibido por el mayor Muñante Salazar, alias ‘Jack’, oficial logístico de la Compañía Especial de Comando N.º 115. El informe señala que, por ser el más antiguo ‘Jack’ “continuaba con estas actividades tal como se realizaban en 1991 y en años anteriores, según lo dispuesto por el comandante ‘Blanco’, Marco Zárate Rotta, antes de partir de Uchiza” (Vecco 2003, p.26). De esta forma, y junto con las interacciones del gobernador Carlos Rodríguez y el alcalde Demetrio Díaz 170 expuestas por el informe, queda claro que se habían concretado procesos y sistemas para transmitir estas reglas y rutinas a las siguientes jefaturas, manteniendo un funcionamiento claro alrededor de esta economía. Más a fondo, Aparicio Manrique decidió mostrarse interesado en seguir con la colusión por lo que conoció, a través del mayor ‘Jack’, que los 2,000 dólares que recibía el ejército por cada vuelo con coca que despegaba desde Uchiza eran repartido de la siguiente manera: 100 dólares para el oficial y 50 para los subalternos; lo restante era administrado por el jefe de base y generalmente se invertía en mejoras de las instalaciones. El beneficio de estos oficiales no solo provenía del cobro de cupos, sino que también las firmas “donaban” los víveres para la alimentación de la tropa. Estas donaciones fueron autorizadas por el propio general Jaime Ríos Araico82, jefe del comando político-militar del Huallaga en 1991 (Vecco 2003, p.27). En definitiva, el caso de Uchiza muestra que, en determinadas localidades, el ejército alcanzó un control más fuerte incluso que el de las firmas narcotraficantes, llegando a regular y distribuir los beneficios del narcotráfico en la zona. Desde este poder se establecieron nuevos acuerdos y rutinas, entre ellos: los montos fijos que se asignaban en la repartición de los cupos, los procesos claros para transmitir estas normas a las siguientes autoridades militares que se instalarían en la zona, y las rutinas y expectativas que se configuran al ser el tráfico de drogas una actividad que se realizaba de manera abierta y por todo el pueblo. 82 Marco Lander Moscol, segundo jefe de la Compañía Especial de Comandos 115 y responsable de administrar el rancho de la tropa declaró al informe que el general Ríos Araico autorizó el aceptar donaciones y, en octubre del mismo año, al enterarse que pronto sería removido dio una contraorden para suspender la recepción de estas donaciones (Vecco 2003, p.27). 171 2.5. Conclusiones El periodo entre los años 1989 a 2000 observó el decaimiento del anterior arreglo político y la configuración de un nuevo arreglo político con nuevos actores poderosos y nuevas instituciones. Este nuevo arreglo surgió de una reconfiguración del poder y las expectativas de la sociedad civil en el valle suscitado por la convergencia de factores coyunturales e intencionales que causaron una crisis en el precio de la coca y los cambios deliberados en las estrategias de contrainsurgencia del estado peruano. Aunque existió el programa de Interrupción del Puente Aéreo, una medida aplicada de manera intencionada por el estado peruano para golpear al mercado de la coca, el declive de sus precios constituyó una crisis originada, en gran parte, por factores coyunturales como el retiro de los cárteles colombianos de Medellín y Cali del valle y la difusión del hongo ‘fusarium oxysporum’. A partir de la drástica disminución del valor de este cultivo y sus derivados, Sendero Luminoso fue incapaz de seguir produciendo resultados económicos positivos a partir de esta economía, lo cual fue un duro golpe para su poder retenido y su legitimidad como actor gobernante del arreglo. Sin embargo, fue su respuesta a la crisis la cual contribuyó a erosionar aún más capacidad para organizar a la sociedad civil del valle, ya que aplicó medidas económicas estrictas para las firmas narcotraficantes y la coerción frente a la amenaza de deserción de los campesinos. Por otra parte, la aplicación deliberada de una nueva estrategia de contrainsurgencia (compuesta por un incremento en la presencia militar, la creación de comités de autodefensa, la ‘ley de arrepentimiento’, la captura a Abimael Guzmán y las operaciones de limpieza) también tuvo importantes efectos para disminuir el poder militar y organizacional de Sendero Luminoso y su potencial para garantizar mínimos viables económicos y políticos. No obstante, también hubo sucesos extrarregionales que superaron la acción deliberada de los actores en el valle e influenciaron la distribución del poder en la sociedad. Entre ellos estuvo el cambio de jefatura política-militar que puso fin a la aplicación de la estrategia del general Alberto Arciniega, la cual había logrado reemplazar a Sendero como autoridad para la resolución de conflictos en las ciudades más importantes del valle. También la autorización para la participación del ejército en las tareas concernientes a la lucha antidrogas, la cual otorgó al ejército el poder para 172 arbitrar la zona y desarrollar vínculos con el narcotráfico, fue una política influenciada por la negociación con los Estados Unidos. En conjunto, estos factores debilitaron la capacidad de Sendero Luminoso para garantizar resultados mínimos económicos y políticos, y habilitaron la aparición de nuevos actores poderosos. De esta manera surgió un nuevo arreglo político, el cual estuvo compuesto por el ejército peruano y las firmas narcotraficantes como coalición gobernante la cual organizó a la sociedad civil y los campesinos del valle. Esta coalición gobernante surgió de las relaciones de cooperación, colusión y permisividad entre el ejército y las firmas. Del mismo modo, a partir de ella se instauraron nuevas reglas institucionales y rutinas, entre ellas la apertura en el funcionamiento de este mercado, reglas respecto a la distribución de los cupos y procesos claros para la transmisión de estos conocimientos y normas a las siguientes jefaturas. En definitiva, Sendero Luminoso y sus remanentes no quedaron excluidos de este arreglo. Sin embargo, la disminución de su poder le determinó un rol con menor capacidad de decisión. En mayor parte, fue relegado a participar de la protección a las firmas para el tráfico aéreo de coca y solo ejerció control respecto a algunas localidades rurales del valle. Este nuevo arreglo respondió a las nuevas expectativas de los campesinos cocaleros, las cuales se habían transformado desde la posibilidad de resultados económicos orientados al desarrollo en vez de la supervivencia y desde su propia participación en la lucha contrainsurgente, la cual los hizo más indulgentes a algunos resultados contrarios a los derechos humanos. Las nuevas instituciones les permitían a los campesinos cultivar y vender la coca abiertamente, sin el riesgo de interdicción y la frecuente violencia que había empezado a ejercer Sendero desde la crisis del mercado de la coca; además, les habilitaban la participación en programas de desarrollo por su nuevo vínculo con el Estado. De igual manera, las instituciones instauradas fueron funcionales para los narcotraficantes y para el ejército por los réditos económicos que les garantizaban. De manera específica, los narcotraficantes, a cambio del pago de cupos y víveres, podían ejercer su economía ilícita libremente, esta vez sin la sujeción y violencia que anteriormente aplicó Sendero Luminoso. 173 Capítulo III: Discusión 1. Características de la política en contextos de conflicto armado interno La narración de los hechos desarrollados en la región del Alto Huallaga durante el periodo de 1980 a 2000 permite identificar que durante el proceso de conflicto armado interno surgieron arreglos políticos que sostuvieron instituciones y otorgaron cierto orden a la región a partir del poder de los actores. En base a ello, es posible afirmar que la política es un ejercicio que no solo precede y sucede a los conflictos armados, sino que esta también ocurre dentro de ellos, tiene efectos en la creación de instituciones, e incluso, en el desenlace del conflicto. No obstante, la creación y transformación de los arreglos políticos en un contexto de conflicto armado interno tiene particularidades no observables en los arreglos políticos que se configuran en sociedades más establecidas o en países desarrollados. Analizar cómo se crean arreglos políticos durante el proceso de un conflicto nos permite también identificar una nueva aplicación a la teoría de arreglos políticos. Por ello, en principio, es importante señalar que la aparición de un arreglo político no significa la terminación del conflicto, sino que estos arreglos, y la construcción institucional que sucede dentro de ellos, son inherentes a él. Contrario a lo que se podría inferir a partir de la amplia literatura gris que ha aplicado el concepto de arreglo político con el objetivo de determinar qué instituciones podrían ser efectivas en el marco de los procesos de construcción de paz y construcción del Estado que buscan concluir los conflictos, el caso del valle del Alto Huallaga durante el periodo de 1980-2000 demuestra que también se observan arreglos durante las guerras internas. La aparición de estos arreglos no revirtió la condición de conflicto armado. Por el contrario, el primer arreglo político identificado surgió con el inicio del conflicto armado en la región y se prolongó durante gran parte de él. El segundo arreglo político también surgió durante el proceso de conflicto armado y, aunque en 1993 el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, llamó a deponer las armas dando un fin oficial al conflicto, ello no revirtió el arreglo existente, el cual se prolongó. Sin embargo, sí tuvo importantes efectos para avanzar el proceso ya existente de erosión del poder de Sendero, modificando su posición como actor dominante del arreglo. Así también es posible afirmar 174 que el fin de un arreglo no significa el fin del conflicto armado, mientras que el fin oficial del conflicto no necesariamente concluirá arreglos políticos a nivel local. En todo caso, los arreglos políticos tuvieron efectos de disminuir la impredecibilidad e incertidumbre respecto a los otros actores dentro de un contexto de guerra civil, estableciendo instituciones o pautas claras de funcionamiento de la sociedad que fueron aplicadas por el tiempo que este sistema sobrevivió. Todo ello, demuestra que en medio de conflictos armados surgen características de orden, superando la comprensión ampliamente distribuida a nivel social que identifica a los conflictos intraestatales con situaciones de completo caos y desorden. Esta disminución de la incertidumbre, sin embargo, no elimina la dinámica de cambio constante que produce el conflicto, y que se expresa en los sucesos coyunturales regionales, nacionales o internacionales y que también tuvieron injerencia a nivel local. Por otra parte, es preciso aclarar que, si bien estas características de orden aparecieron dentro del conflicto desde la configuración de arreglos políticos, ello no significó un alto a la violencia. Khan (2017) reconoce que la ausencia de violencia no es necesaria para concretar un arreglo político, ya que lo único que se requiere es que este arreglo sea capaz de reproducirse en el tiempo. Mientras los niveles de violencia sean aceptados y “sostenibles en ese sistema”, esta puede incorporarse al arreglo político (2017, p.6). Sin embargo, los niveles de violencia aceptables varían de sociedad a sociedad, e incluso dentro de una misma sociedad a través del tiempo, como lo demuestra este caso. A pesar de ello, aquellos arreglos políticos con altos niveles de violencia serán más vulnerables a factores o eventos que puedan cambiar la distribución del poder repentinamente; durante estos procesos de cambio sus niveles de violencia serán incluso más altos. Los autores Cheng, Goodhand & Meehan (2018) precisan que la violencia experimentada dentro de los arreglos políticos puede ser de tres tipos: violencia competitiva, desplegada por los grupos poderosos para defender o disputar la distribución del poder; la violencia inherente al funcionamiento del arreglo político, cuya capacidad de aplicación es parte de los beneficios distribuidos dentro del arreglo; y la violencia permisiva, el ejercicio libre de la violencia de parte de determinados actores bajo el permiso del estado, que no puede o no quiere monopolizar el control sobre la violencia, 175 por lo que toma decisiones selectivas respecto a cómo y dónde asignar sus recursos coercitivos. En definitiva, los dos arreglos identificados no concretaron la eliminación de la violencia en la sociedad, sino que la incorporaron en sus diferentes formas. La violencia competitiva, por ejemplo, se expresó en las acciones armadas de Sendero Luminoso para eliminar cualquier presencia del estado y replegar a la organización subversiva MRTA, también en las acciones de contrainsurgencia del ejército peruano para tomar y retomar el control territorial en el valle y, en menor frecuencia, en las sublevaciones de algunas firmas narcotraficantes frente a Sendero y las disputas entre policías y militares por el cobro de cupos. En ambos casos, el ejercicio de esta violencia competitiva también fue un mecanismo para demostrar el poder que cada actor tenía respecto a los otros actores sociales de la región y su dominio sobre ella. En ambos arreglos también se observaron periodos donde la violencia competitiva se ejerció de manera permisiva. Estos fueron los casos de los comandos político-militares durante las gestiones de 1984 y 1989, cuando los generales Julio Carbajal y Alberto Arciniega paralizaron las acciones de erradicación y dejaron de proveer protección a los equipos de erradicación de cultivos, respectivamente, a fin de proteger este mercado y, preservar el medio de vida de los campesinos para ganar su apoyo. Más allá, esta violencia permisiva se tornó predominante durante el segundo arreglo político por un cambio general en la estrategia contrasubversiva a nivel nacional, la cual priorizó el poner fin a la insurgencia, restándole prioridad a la lucha antidrogas. Además, durante este periodo, los vínculos entre narcotraficantes y militares fueron determinantes para el arreglo. Mientras que el ejército desarrollaba acciones contrasubversivas en el valle, permitía y participaba del desarrollo de esta economía ilegal. Incluso, las firmas narcotraficantes llegaron a participar en la lucha contrasubversiva, prestando la fuerza paramilitar de sus bandas de sicarios. En tercer lugar, la violencia inherente fue determinante para el funcionamiento de ambos arreglos políticos. Durante el primer arreglo político la amenaza permanente de violencia fue necesaria para instaurar los comités populares y aplicar sus reglas institucionales. Adicionalmente, los acuerdos generados con los líderes de las firmas de narcotraficantes fueron concretados a partir de su sujeción. Aunque la violencia inherente 176 predominó en este primer arreglo, también existió en el segundo, aunque en menor medida. Las instituciones aplicadas desde los acuerdos entre militares y narcotraficantes se sostenían en una amenaza de violencia permanente, lo cual puede inferirse de la apariencia armada de traficantes y traqueteros en las localidades, aunque los incidentes violentos cotidianos son poco o nulamente reportados en los informes revisados. Por otra parte, en algunas localidades rurales Sendero aun mantenía control la amenaza de violencia continuaba siendo permanente para la aplicación de las reglas, e incluso, la coerción fue mucho mayor para evitar desertores. Finalmente, es importante notar que ambos arreglos políticos presentaron periodos de realineamientos en la distribución del poder que, por sí mismos, no lograron un cambio en el arreglo político existente. Entre ellos se encuentran las jefaturas político- militares de los generales Carbajal y Arciniega, las cuales aplicaron estrategias que generaron una realineación del poder a favor del ejército como actor dominante y que no permanecieron en el tiempo por ser retirados de sus cargos. Sumado a ello, a través de los años acontecieron distintos eventos que parecieron equilibrar la distribución del poder en la sociedad hacia actores que no eran dominantes en aquel momento. Entre ellos encontramos la sublevación del narcotraficante Machi, la cual fue esporádica y no significó un verdadero cambio en la distribución del poder, ya que Sendero siguió exhibiendo fortaleza. De igual manera, el anuncio de la experimentación con el herbicida aéreo 'Spike’ en el valle creó un amplio descontento en la población civil, con lo cual la alienó del estado peruano. Sin embargo, estos efectos no tuvieron un rol decisivo en la reconfiguración del arreglo, probablemente porque ocurrió en simultáneo con factores como la persecución de los cárteles colombianos de la droga y su retiro del valle y la estrategia de interdicción aérea, que influyeron en debilitar el poder de retención de Sendero. Estos sucesos surgieron de manera disruptiva, y aunque por sí mismos no tuvieron efectos para modificar el arreglo político, a sus actores dominantes y el funcionamiento de sus instituciones, sí contribuyeron a través del tiempo a erosionar el poder de retención del entonces actor dominante, Sendero Luminoso. Ello va en línea con la descripción de arreglos políticos en países en vías de desarrollo elaborada por Khan (2010). De acuerdo con el autor, en estos países, los arreglos políticos cuentan con la particularidad de que 177 la distribución del poder en la sociedad se encuentra en constante cambio. Ello se debe a que estas sociedades aún en desarrollo experimentan una constante movilización de sus actores sociales. En el caso de las sociedades con conflictos violentos a nivel interno, no solo la movilización social es constante, sino que las estrategias y respuestas de los actores poderosos deben acomodar respuestas rápidas que protejan sus dotaciones de poder o que puedan disputar las de otros actores en el momento adecuado. Por eso mismo, no es posible tener expectativas estables respecto al poder que desarrollará o perderá cada actor a lo largo del conflicto. Ante ello, Mushtaq Khan señala que es importante notar el cambio en las dinámicas, pudiendo encontrar en ellos aquellos que sí configuran puntos de discontinuidad en el arreglo y su transformación (2010, p.7). Los procesos de realineamiento del poder presentados no concretaron arreglos políticos, por lo que pusieron en evidencia que un contexto de conflicto armado se traduce en un escenario de cambio constante, donde no siempre se consolidan instituciones de forma ordenada y consecutiva, tal como podría esperarse de sociedades más establecidas. Es decir, no todo realineamiento del poder se mantendrá en el tiempo como se preveía inicialmente, sino que dependerá de las dinámicas subsiguientes que puedan garantizar la estabilidad de la nueva distribución del poder. En suma, los análisis de los arreglos políticos que surgieron en la región del valle del Alto Huallaga durante el periodo de 1980 a 2000 también nos permiten extraer algunos patrones que caracterizan a los arreglos político dentro de procesos de conflicto armado interno. En primera instancia, se concluye que los arreglos políticos son sistemas que pueden surgir en cualquier momento del desarrollo del conflicto, y no solo durante su terminación o para dar fin a éste. Comprobar esta premisa no solo resalta la utilidad del marco analítico de arreglos políticos para analizar procesos de conflicto armado. Por el contrario, también demuestra que dentro de ellos existen periodos donde la distribución del poder entre los actores permite que se concreten instituciones que ofrecen mínimos de funcionamiento político y económico, y cierto grado de estabilidad. De esta manera, se supera la comprensión de los conflictos armados como una caja negra de desorden y nos permite profundizar en sus dinámicas políticas. Una segunda característica de los arreglos políticos en contextos de conflicto armado interno es su convivencia con la violencia. El análisis realizado reconoce que la 178 aparición de un arreglo político no significa el cese de la violencia en las sociedades. Por el contrario, existen múltiples tipos de violencia que suceden dentro de un arreglo simultáneamente, aunque la magnitud en que se aplican violencias de uno u otro tipo pueden variar según el arreglo y a través del tiempo, dependiendo de cómo se desarrolle el conflicto. En tercera instancia, los arreglos políticos dentro de procesos de conflicto armado interno se caracterizan por una naturaleza dinámica, donde las distribuciones del poder en la sociedad están en constante cambio y, sin embargo, no siempre concretan una modificación del arreglo, ya que pueden ser rápidamente revertidas. 179 2. Determinantes del cambio institucional en contextos de conflicto armado interno Además de evidenciar que los contextos de conflicto armado interno tienen una naturaleza dinámica que favorece el cambio, la aplicación de la teoría de arreglos políticos (Khan 2010) al caso del valle del Alto Huallaga también ofrece indicios respecto a cuáles son los factores que motivan el cambio institucional en contextos de conflicto. Esto se debe a que este marco analítico ofrece una explicación general del cambio y la transformación institucional, la cual está basada en el poder. De acuerdo con el concepto propuesto por Mushtaq Khan, los arreglos políticos son “an interdependent combination of a structure of power and institutions at the level of a society that is mutually ‘compatible’ and also ‘sustainable’ in terms of economic and political viability” [la combinación interdependiente entre una estructura de poder y las instituciones a nivel social que es mutuamente ‘compatible’ y también ‘sostenible’ en términos de viabilidad económica y política] (2010, p. 20). En ese sentido, los arreglos políticos deben cumplir con los criterios de ‘sostenibilidad’ y ‘compatibilidad’. Son sostenibles en tanto proveen resultados económicos y políticos mínimos para los actores involucrados. A su vez, son compatibles en tanto la distribución de los beneficios de su viabilidad económica y política son asignados en línea con las expectativas que los actores poderosos en la sociedad generan en base a la percepción de su propio poder. Por consiguiente, el cambio institucional se genera una vez que el arreglo es insostenible o incompatible. 180 2.1. Sostenibilidad de los arreglos políticos en el Alto Huallaga durante el conflicto armado interno Para evaluar la sostenibilidad de un arreglo es necesario identificar cuáles son los mínimos resultados económicos y políticos que conforman las expectativas de la sociedad y, por lo tanto, mantendrían unida su estructura institucional. Según Khan (2010), los niveles mínimos de viabilidad política y económica no están definidos en términos absolutos, sino que son endógenos a la sociedad. Un mínimo de viabilidad política, entonces, refiere nivel mínimo de estabilidad política, o el nivel máximo de conflicto, que una sociedad puede tolerar antes de que se desencadenen grandes movilizaciones políticas que establezcan un nuevo arreglo político más viable, o antes de que los niveles de violencia eliminen la predictibilidad de las instituciones y las destruyan. Por otro lado, la viabilidad económica refiere a una situación donde las actividades económicas son reproducibles. El nivel mínimo de desempeño que se busca en esta reproducción, sin embargo, variará entre sociedades dependiendo de las expectativas de los actores poderosos. Por ejemplo, en algunas sociedades un mínimo de viabilidad económica podría exigir una reproducción y crecimiento de la economía, mientras que otras sociedades pueden tolerar pobreza y ausencia de crecimiento sin colapsar. En definitiva, la viabilidad está determinada por las expectativas de los actores en cada sociedad, las cuales, a su vez, son determinadas por su historia política y económica. En el caso del Alto Huallaga, los antecedentes institucionales de naturaleza política y económica señalan que la región se encontraba en una situación general de desorden y vacío institucional al momento de las primeras incursiones de Sendero Luminoso. Sin embargo, para precisar las expectativas políticas y económicas de los campesinos del valle, es necesario observar qué sucesos configuraron este vacío. Como desarrolla el capítulo de antecedentes (capítulo I), la historia reciente de la región fue profundamente influenciada varios procesos de migración producidos desde 1940, los cuales se incrementaron a partir de los programas de colonización planificada y el ciclo económico del auge de la coca (p.48). Adicionalmente, en el valle predominó el tipo de unidad productiva de las pequeñas parcelas familiares (p.52). Estas condiciones limitaron las posibilidades de la sociedad civil del Alto Huallaga para construir una historia comunal. Por una parte, las constantes migraciones 181 previnieron las experiencias compartidas. Por otro lado, aunque las prioridades de los colonos eran principalmente económicas, el modelo de producción en parcelas desfavoreció la organización social en torno al desarrollo de estos cultivos. Por el contrario, las organizaciones surgieron con el fin de evitar el deterioro de las condiciones de vida de los agricultores en el marco del declive de los ciclos de auge de cierto cultivo o, en el caso de la coca, ante la imposición de restricciones por parte del estado. De esta manera, hacia 1980 una tradición organizativa aún se estaba gestando en el valle, por lo cual estas organizaciones sociales no pudieron resistir a la subversión. Los procesos migratorios, que conformaron gran parte de la población tuvieron motivaciones económicas que no fueron satisfechas ante los constantes abusos por parte de las agencias policiales y autoridades políticas que, por una parte, cobraban cupos a esta producción y por otra erradicaban sus cultivo. Además, si bien la organización política no aparecía como una prioridad de estos agricultores, sí eran necesarias instituciones que ordenaran y regularan con justicia los procesos en la cadena de producción de la coca. Ello, en tanto los actores reguladores de este mercado hacia la época, las firmas narcotraficantes, tampoco establecían reglas claras, tomaban decisiones arbitrarias a partir de su poder coercitivo y estafaban a los agricultores en las transacciones. En suma, la sociedad civil del valle tenía expectativas económicas de bonanza y de orden político que no fueron satisfechas. A partir del primer arreglo político identificado en la región, la organización subversiva Sendero Luminoso respondió a estas expectativas de mínimos económicos y políticos a través de la estructura institucional del comité popular. Como revisa el anterior capítulo (II), desde los comités populares Sendero Luminoso estableció reglas institucionales que regularon distintos aspectos de la vida de los campesinos del valle, proveyendo seguridad y vigilancia, administrando justicia y llevando cuenta de sus miembros y propiedades. En tanto gran parte de estos aspectos de la vida campesina que fueron regulados estuvieron vinculados al mercado de la coca, desde su estructura política Sendero también garantizó resultados económicos positivos dentro de este mercado. Así respondió a las expectativas de sostenibilidad económica del arreglo político de los miembros de la sociedad del valle. 182 Esta es una dinámica importante, que denota una variación respecto a cómo se propone la relación entre resultados económicos y estabilidad política en el modelo de arreglo político de Mushtaq Khan. En el caso de este primer arreglo político, es observable que los resultados económicos retroalimentaban a los resultados políticos, y viceversa (Figura 10). Concretamente, las reglas institucionales impuestas desde el comité permitieron a Sendero regular el mercado de la coca, desde lo cual garantizó resultados económicos positivos para todos los actores involucrados. Fueron estos resultados positivos los mismos que legitimaban su autoridad y la efectividad de sus instituciones. Figura 10. Retroalimentación entre resultados económicos y estabilidad política en el arreglo político Fuente: Elaboración propia. Por otra parte, el análisis de la sostenibilidad de los arreglos políticos en el valle del Alto Huallaga durante el periodo del conflicto armado interno también nos permite explorar cómo varían las expectativas de mínimos viables políticos y económicos entre un arreglo político y otro que le sucede. A través de este análisis podemos dar una primera respuesta a preguntas como ¿de qué manera el arreglo político precedente afecta al subsiguiente?, una pregunta que según Bebbington et al. (2020), aún permanece sin teorización dentro de la literatura de arreglos políticos83. 83 De acuerdo con los autores: “[L]os marcos no cuentan con una teoría clara de la relación entre el tiempo, el poder y la naturaleza de los acuerdos. Aunque los marcos de acuerdos políticos claramente implican el 183 Hacia la aparición de un segundo arreglo político en el valle es posible observar que las expectativas de mínimos viables políticos y económicos se habían transformado. En ello tuvieron incidencia tanto las estrategias aplicadas deliberadamente por los actores militares, como situaciones coyunturales. En cuanto a lo económico, tras la crisis de los precios de la droga, la economía de la coca no volvió a experimentar el auge que tuvo en el anterior arreglo y, con ello, las expectativas puestas sobre la bonanza económica obtenida desde el mercado de la coca se redujeron. Adicionalmente, las alternativas de desarrollo sostenible, promovidas por la gestión de Arciniega habilitaron nuevas opciones para obtener resultados económicos mínimos. Por su parte, las firmas narcotraficantes al ver disminuido el tráfico aéreo a Colombia diversificaron las rutas de tráfico por medios terrestres y fluviales, lo cual redujo su necesidad de protección a los vuelos con PBC, y con ello su dependencia de Sendero. De esta manera, aparecen expectativas de sostener las dinámicas de este mercado ilegal, esta vez de manera más independiente. Las expectativas respecto a la seguridad también experimentaron modificaciones hacia la aparición del segundo arreglo político. En respuesta a la crisis del mercado de la coca, Sendero Luminoso incrementó su uso de la violencia indiscriminada con el fin evitar la deserción y también para aplicar regulaciones más estrictas a las firmas narcotraficantes. Así, se incrementó la necesidad por resguardar la seguridad física. Adicionalmente, la participación de los agricultores cocaleros en los comités de autodefensa creados por las fuerzas armadas los expuso a enfrentamientos directos con los grupos subversivos, lo cual incrementó su indulgencia frente a las violaciones de derechos humanos que pudieran resultar de la lucha contrainsurgente del estado. La garantía de seguridad física y económica que traería la derrota de Sendero Luminoso ahora aparecía como más valiosa que las consecuencias a la seguridad que podría traer la violencia contrasubversiva. tiempo al hablar de diferentes acuerdos que se preceden o suceden entre sí, no dicen mucho acerca de cómo ocurre este movimiento y, lo que es más importante, sobre las maneras en que el tiempo «t» afecta al tiempo «t+1». No obstante, en la medida en que los agentes humanos aprenden, que los recuerdos afectan la acción, que los discursos formativos se enmarcan y luego continúan circulando y afectan la acción futura, y que las formas institucionales previas afectan el carácter y la aparición de instituciones posteriores, entonces estas preguntas referidas al tiempo resultan críticas (cf. Watts, 2004b; Hall, 2010; Mahoney & Thelen, 2010). Tales procesos de cambio en los acuerdos políticos exigen teorización y demostración empírica.” (Bebbington et al. 2020, p.35). 184 El segundo arreglo político respondió a esas nuevas expectativas de sostenibilidad económica y política – que aún eran moderadas respecto a los ideales de estado de derecho – de manera mínima pero sostenible. En el aspecto económico, los campesinos cocaleros tuvieron la oportunidad de ejercer libremente el cultivo y venta de la hoja de coca, incluso ante la presencia militar, lo cual garantizó la seguridad de su economía. Por su parte, los narcotraficantes también pudieron ejerciendo su economía, esta vez con la protección del ejército a cambio del pago de cupos, lo cual significó una reducción de su exposición a la violencia y la oportunidad de transacciones más equitativas, respecto a como sucedía bajo la sujeción de Sendero Luminoso. Tabla 20. Sostenibilidad de los arreglos políticos en el Alto Huallaga, 1980 – 2000 Periodo Resultados económicos Estabilidad política Primer arreglo político (1980-1989) Transacciones justas en el acopio de hoja de coca y PBC Protección del tráfico de PBC Comité popular Reglas sociales Regulación del cultivo y acopio de hoja de coca Regulación del acopio de hoja de coca y PBC Segundo arreglo político (1989-2000) Tráfico y cultivo abierto de coca Alternativas de desarrollo sostenible Alto a las erradicaciones de cultivo Control militar del valle Reglas claras respecto a la distribución de los réditos del mercado de la coca Comités de autodefensa y autoridades civiles propias Fuente: Elaboración propia. En cuanto a la seguridad, es posible afirmar que los incidentes violentos experimentados por los narcotraficantes y traqueteros se redujeron bajo el arbitraje de las fuerzas armadas. Sin embargo, en el caso de los campesinos sí existieron afecciones a la seguridad a partir de las víctimas de operativos militares de limpieza de las estructuras remanentes de Sendero Luminoso que no contaron con la inteligencia necesaria para focalizar la violencia. No obstante, como se mencionó, en este arreglo la permisividad de la violencia militar por parte de los campesinos se incrementó, ya que se 185 percibía que la eliminación de la organización subversiva la justificaba. Ello puede evidenciarse en el siguiente testimonio recogido por Manrique (2016) en la localidad de Nuevo Paraíso: “El Estado pude haber en una intervención a esa dimensión de una violencia de Sendero Luminoso, MRTA y el narcotráfico tenía que cometer violencia para reprimir todo ello. Lógicamente puede haber excesos, pero no se puede cuestionar prácticamente esos excesos que fue necesario” (Alfonso Aguirre, exagricultor cocalero en Manrique 2016, p.146). La modificación de las expectativas de los actores sociales hacia la configuración del segundo arreglo político pone en evidencia la capacidad de los seres humanos para aprender y recordar en el marco del proceso de elección racional. Además, el último ejemplo de la sostenibilidad de los resultados de seguridad que se plantean en el segundo acuerdo político también permite identificar una capacidad de adaptación de los seres humanos y sus expectativas para salvaguardar lo que ellos perciben como los componentes de su propia seguridad. Si bien la supervivencia es deseada, el bienestar para la vida también lo es. De esta manera no solo es importante mantener la vida, sino también las condiciones de esta, las cuales eran amenazadas por la acción crítica de Sendero Luminoso en el valle hacia este segundo periodo. 186 2.2. Compatibilidad de los arreglos políticos en el Alto Huallaga, 1980-2000 Por otro lado, la compatibilidad de un acuerdo debe analizarse teniendo en cuenta el ‘poder retenido’ de los actores involucrados. De acuerdo con Khan (2010), el poder retenido refiere a la capacidad de un actor de resistir en conflictos imponiendo costos sobre otros actores y absorbiendo los costos que le son impuestos. Este poder está compuesto por múltiples dimensiones de poder agrupadas, conforman en el concepto de ‘poder retenido’. De manera similar con los mínimos resultados económicos y políticos, el poder retenido también es endógeno y relativo a las valoraciones de cada sociedad. Así, si bien, el poder económico es un elemento altamente valorado en la mayor parte de las sociedades, ya sea porque permite financiar estrategias complejas, sostener conflictos más largos y adquirir armas de guerra más costosas, también existen capacidades no económicas que pueden ser componentes importantes del poder retenido de los actores. Por ejemplo, existen capacidades políticas como la habilidad de organizar políticamente, número de personas movilizadas, o la percepción de legitimidad; y también capacidades menos observables, como la determinación de un grupo o su estrategia de movilización. Todos estos factores que componen al poder retenido de los actores son difíciles de observar de forma absoluta, y es precisamente el conflicto el mecanismo mediante el cual se demuestra el poder retenido de los actores frente a otros. Ello quiere decir que este poder se construye en relación con el poder retenido de los otros actores sociales. Como se mencionó, el poder retenido es determinante para el cambio institucional. Si bien, un arreglo político que no logra resultados políticos o económicos mínimos colapsará, un arreglo que no reparte estos beneficios en línea con la distribución del poder en la sociedad también está destinado a ser modificado. Una precisión que realiza Khan (2010) para los casos de países en vías de desarrollo, y también resulta compatible con el caso de contextos de conflicto armado, es que los arreglos políticos suelen tener coaliciones dominantes que enfrentan el poder de otros actores de manera horizontal y vertical (Figura 11). Ubicados horizontalmente están aquellos actores, también poderosos, excluidos del funcionamiento del arreglo y que buscan enfrentar a la coalición dominante. Por otra parte, la orientación vertical señala la 187 existencia de facciones que están debajo de la coalición dominante que son organizadas por este, y cuya organización les otorga un mayor poder retenido. Figura 11. Distribución de las facciones según su poder retenido en países en vías de desarrollo Fuente: Elaboración propia en base a Khan (2010). Los arreglos políticos conformados en el Alto Huallaga durante el periodo de 1980 a 2000 permanecieron en el tiempo en la medida que distribuyeron los beneficios procedentes de sus instituciones de acuerdo con el poder de los actores sociales. En el primer arreglo político es evidente el rol de Sendero Luminoso como actor gobernante o dominante del arreglo (Figura 12). Durante este periodo, la agrupación subversiva contaba con el mayor poder retenido en el valle a partir de su control y organización de los civiles desde la estructura institucional del comité popular. Este control fue construido, inicialmente, desde su poder paramilitar, el cual le permitió incursionar de manera armada a las localidades del valle y exterminar a cualquier institución representativa del estado peruano, junto a otros liderazgos que pudieron tener la capacidad de organización y movilización política para impedir su ‘anclaje’. Adicionalmente, el poder de Sendero también sujetó verticalmente a las firmas de narcotraficantes, a las cuales sometió desde su poder paramilitar y obligó a disminuir el suyo propio, prohibiendo la contratación de sus ejércitos de sicarios, e incluso aniquilándolos. 188 Figura 12. Distribución de las facciones según su poder retenido en el primer arreglo político Fuente: Elaboración propia. Dentro del arreglo político, el rol de actor gobernante le permitió a Sendero Luminoso distribuir los beneficios de los resultados económicos positivos que generó desde su regulación de la economía de la coca. Esta distribución fue satisfactoria para las facciones de menor nivel, por lo que no fue disputada durante la mayor parte del periodo de duración del arreglo. Así, a cambio de la gestión de las tierras de cultivo de hoja de coca y el pago de un impuesto a la cosecha, Sendero garantizó a los agricultores cocaleros probidad y justicia en sus transacciones con los traqueteros. Por otra parte, garantizó protección para los vuelos con droga ejecutados por las firmas narcotraficantes, también a cambio del pago de cupos. Como actor dominante del arreglo, Sendero fue quien más se benefició económicamente de esta distribución. En el año 1984, el establecimiento del estado de emergencia en el valle introdujo una facción excluida que disputó el dominio de Sendero Luminoso sobre el arreglo político: el comando político-militar de las fuerzas armadas. Esta facción contó con tres elementos importantes que conformaron su poder retenido, estos fueron: el poder militar para enfrentarse en combate a Sendero Luminoso, el poder de decisión respecto a las actividades policiales y de interdicción en el valle y, adicionalmente, una estrategia de capitalizar el apoyo de la población para obtener inteligencia respecto a la organización subversiva. Haciendo uso de este poder las fuerzas armadas lograron el repliegue de Sendero Luminoso de las ciudades de Aucayacu y Tingo María, ganando control territorial 189 sobre importantes centros urbanos del valle. No obstante, la presencia militar en la región fue suspendida por parte de las políticas del gobierno. Los sucesos ocurridos entre 1989 y 1990 propiciaron cambios en el poder retenido de estos actores. En 1989 la crisis de los precios y cultivos de coca tuvieron un impacto directo en el poder retenido de Sendero Luminoso, quien vio el declive de su base social ante la incapacidad de seguir produciendo resultados económicos positivos a partir de este mercado. Junto con ello, la nueva política contrainsurgente del estado peruano también disminuyó su control territorial, su poder paramilitar y organizacional, y lo privó de su estrategia. Como consecuencia del debilitamiento del poder retenido anterior actor dominante surgió un nuevo arreglo político, donde la coalición gobernante estuvo compuesta por dos actores con poderes retenidos relativamente equitativos: el ejército peruano y las firmas de narcotraficantes. Ambos, a través de vínculos de cooperación, colusión y permisividad establecieron instituciones que regularon el mercado de la coca y distribuyeron sus beneficios (Figura 13). En tanto las fuerzas militares tenían el control territorial del valle, pudieron habilitar y proteger el ejercicio de los diferentes procesos de la cadena de producción de la coca de manera abierta en el valle. A cambio, recibieron beneficios económicos a través del pago de cupos y de víveres por parte de las firmas narcotraficantes. Ambos actores dominantes se beneficiaban de manera similar y, además, desde la permisividad garantizaban resultados económicos mínimos para los agricultores cocaleros que aún dependían de estos cultivos. 190 Figura 13. Distribución de las facciones según su poder retenido en el segundo arreglo político Fuente: Elaboración propia. Finalmente, los análisis sobre la sostenibilidad (Tabla 20) y la compatibilidad (Tabla 21) de los arreglos políticos que surgieron en el Alto Huallaga durante el periodo de 1980 a 2000 evidencian que, dentro de los procesos de conflicto armado interno, el cambio institucional forma parte de las estrategias de los actores que buscan, a través de la aplicación de sus instituciones, consolidar el control sobre los territorios disputados. En ese sentido, es visible que las diferentes estrategias implementadas por los actores poderosos en el valle tomaron en consideración la producción de resultados mínimos viables, principalmente de naturaleza económica, para la sociedad civil que buscaban organizar y controlar. A través de la disputa por la capacidad por proveer resultados mínimos viables, estas estrategias impactaron en el poder retenido otros actores poderosos contrapuestos a sus intereses. 191 Tabla 21. Componentes del poder retenido en actores poderosos del Alto Huallaga, 1980 – 2000 Periodo Actores poderosos Componentes del poder retenido Primer arreglo político (1980-1989) Sendero Luminoso Apoyo civil Estrategia Victorias militares Control territorial Regulación del mercado de la coca Percepción de legitimidad a través de resultados políticos y económicos positivos Poder paramilitar Ejército del Perú Poder militar Apoyo civil Estrategia Capacidad de detener erradicaciones de cultivos Firmas de narcotraficantes Poder paramilitar (sicarios contratados) Control sobre el tráfico internacional de PBC Segundo arreglo político (1989-2000) Sendero Luminoso Poder paramilitar Capacidad de brindar protección Ejército del Perú Apoyo civil Inteligencia provista por civiles Capacidad para detener erradicaciones Control territorial Poder militar Apoyo de firmas narcotraficantes Inteligencia provista por narcotraficantes Percepción de legitimidad a través de resultados económicos positivos Legitimidad por victoria sobre organizaciones insurgentes Firmas de narcotraficantes Poder paramilitar (sicarios contratados) Control sobre el tráfico internacional de PBC Acuerdos con oficiales militares Fuente: Elaboración propia. 192 2.3. Sucesos coyunturales y el cambio institucional: ¿qué factores determinan la permanencia de un arreglo político en un contexto de conflicto armado interno? Como señala la primera sección de este capítulo (1.), los arreglos políticos en contextos de conflicto armado se caracterizan por la dinámica de cambio constante a la que están sometidos. En ese sentido, las estrategias de los actores no serán los únicos determinantes del cambio institucional, sino que eventos coyunturales que escapan al poder de decisión de los actores en el territorio (Tabla 22) también tendrán impactos en los resultados del arreglo. 193 Tabla 22. Eventos coyunturales que realinearon la distribución del poder, 1980 – 2000 Arreglo político Nivel Evento Efectos en el poder retenido Primer arreglo político (1980 – 1989) Nacional Establecimiento del estado de emergencia en la región en 1984 Limitó el control territorial de Sendero Luminoso, permitió la organización de los campesinos y proveyó inteligencia militar Nacional Levantamiento del estado de emergencia en la región en 1985 y reanudación de las actividades de interdicción Alienó a los campesinos del Estado, otorgó mayor poder de movilización y organización a Sendero Luminoso, incrementó el tráfico de las firmas Nacional Establecimiento del estado de emergencia en la región en 1989 Logró la organización de los campesinos, limitó el control territorial de Sendero Luminoso Nacional Fin de la jefatura político- militar del general Alberto Arciniega en 1989 Eliminó la capacidad de organización de los campesinos de los militares, pérdida de capacidad para garantizar resultados económicos viables Local Difusión del hongo ‘Fusarium Oxysporum’ Limitó la capacidad de Sendero Luminoso de producir resultados económicos viables Segundo arreglo político (1989 – 2000) Internacional Persecución a los cárteles de Medellín y Cali Redujo las oportunidades de tráfico internacional de la coca y limitó la capacidad de Sendero Luminoso de producir resultados económicos viables Internacional Cárteles colombianos se inician en el cultivo de coca Redujo las oportunidades de tráfico internacional de la coca y limitó la capacidad de Sendero Luminoso de producir resultados económicos viables Internacional/Nacional Presiones del gobierno de Estados Unidos que llevaron a la autorización de la participación de las fuerzas armadas en la lucha antidrogas Permitió el acceso de los militares a los beneficios económicos del mercado de la coca y aumentó su poder a través de la colusión con el narcotráfico Fuente: Elaboración propia. 194 La Tabla 22 evidencia que el cambio institucional en el conflicto está guiado tanto por las estrategias aplicadas por los actores poderosos locales, tanto como por sucesos coyunturales involuntarios y decisiones de actores externos al territorio estudiado. Entonces, si el cambio no siempre está en el poder de decisión de los actores involucrados es preciso plantear la siguiente pregunta: ¿qué factores determinan la permanencia en el tiempo de un arreglo político en un contexto de conflicto armado interno? La respuesta parece bastante intuitiva, si los determinantes del cambio institucional no pueden ser anticipados, el factor que determinará la permanencia del arreglo político será la capacidad de los actores poderosos para responder y adaptarse a los 'choques externos’ o cambios no anticipados en la distribución del poder. Esta capacidad de adaptación, entonces, puede considerarse también como parte del poder de retención de los actores. La comparación de los casos peruano y colombiano que desarrolla el autor Jeremy Weinstein (2007) nos permite profundizar un poco más en esta hipótesis. Weinstein estudia, específicamente, los procesos de gobernanza de parte de organizaciones subversivas. Esto quiere decir que observa detenidamente el acuerdo espontáneo mediante el cual el grupo subversivo crea instituciones que gestionan su relación con los civiles, establecen normas, impuestos y procesos para la toma de decisión. Además, estudia la resiliencia de estos actores y sus instituciones ante cambios en sus recursos. Para el autor, los recursos organizacionales con los que ya cuenta el actor subversivo suelen determinar su respuesta ante las crisis. Así lo expresa para el caso de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, el cual, ante la caída de los precios de la coca, la aparición de la sustitución de cultivos como una alternativa real, y la amplia deserción de sus miembros reaccionó creando incentivos financieros para sus miembros y los civiles, además de intensificar su uso de la violencia. Estas estrategias tuvieron no concretaron resultados económicos positivos y atentaron contra la seguridad física de los civiles, por lo que tuvieron efectos de erosión en su base de apoyo (parte de su poder retenido) y modificó su posición dominante en el arreglo político. Por otra parte, las FARC en Colombia enfrentaron un cambio en sus recursos en tanto los civiles le demandaron su participación en la economía de la coca. Antes del 195 auge de la coca en Colombia, las FARC se caracterizaron por ser una organización de control estricto y profundo sentido ideológico desde el cual se rechazaba el comercio de drogas. No obstante, ante el boom de la coca, las expectativas de los civiles bajo su control fueron modificadas, y se vieron obligadas a aceptar los cultivos de coca ya que estos satisfacían las necesidades económicas básicas de sus bases de apoyo. Así, las FARC asumieron la vigilancia de esta economía buscando minimizar las consecuencias negativas del tráfico en su base política, a cambio de ella recibían el pago de un impuesto. Estos nuevos recursos le permitieron ampliar sus bases, invertir en armamentos y desarrollar una infraestructura económica estable. Esta breve comparación nos permite observar la importancia de la capacidad de adaptación de los actores y la necesidad de romper con sus estrategias anteriores para mantener su posición dentro de los arreglos políticos. Definitivamente esta no es una respuesta absoluta, y otros factores del poder de retención de los actores, más allá de las estrategias de reclutamiento propias de su estructura organizacional pueden evaluarse también. Sin embargo, es definitivo que la comparación de ambas experiencias plantea una nueva ruta de investigación en el estudio de los arreglos políticos y las dinámicas del conflicto. 196 3. Arreglos políticos en otros escenarios del conflicto armado interno Como se mencionó, la presente tesis aplica la teoría de arreglos políticos al caso del valle del Alto Huallaga durante el periodo del conflicto armado interno. No obstante, dentro de los escenarios de violencia, el Alto Huallaga se constituyó como un caso distinguido por no solo haber enfrentado el fenómeno de la insurgencia, sino también el fenómeno del narcotráfico durante un proceso de apogeo del cultivo de coca. Definitivamente este factor tuvo implicancias en el funcionamiento de los arreglos que surgieron, en las expectativas de mínimos políticos y económicos, y en los componentes del poder de retención de los actores, como se profundizó en la sección interior. Por ello, es preciso preguntarse lo siguiente: ¿cómo varían los resultados mínimos esperados de un arreglo político en otros escenarios de conflicto armado interno? Y, ¿qué recursos de poder retenido determinan estos arreglos políticos? Para brindar respuestas mínimas a estas preguntas, esta sección presenta cinco casos de respuestas ante la incursión de la organización insurgente Sendero Luminoso en la sierra central peruana analizados en los trabajos de Heilman (2010), La Serna (2012) y Del Pino (2008). El objetivo de esta comparación, que es exploratoria, no es encontrar determinantes de los factores que motivan el cambio institucional en escenarios del conflicto específicos. En cambio, esta comparación busca demostrar que el marco analítico de los arreglos políticos puede aplicarse a otros procesos de conflicto armado interno, y que en cada uno de ellos la historia política, social y económica de la sociedad será determinante para establecer las expectativas frente al arreglo político y sus actores poderosos. La autora Patricia Heilman (2010) compara el éxito de las incursiones de Sendero Luminoso a las comunidades de Carhuanca y Luricocha en Ayacucho. Por una parte, la autora describe que en Carhuanca, distrito de la provincia de Vilcashuamán, Sendero Luminoso movilizó ampliamente a la población, recibió el apoyo civil, y desde su comité popular concretó en un control total por el periodo de dos años. Esto quiere decir que, tras su incursión, Sendero transformó el arreglo político precedente, estableciendo sus propias instituciones y configurándose como un actor poderoso dominante de estas. Por otro lado, al incursionar en la comunidad de Luricocha, ubicada en la provincia de Huanta, la organización subversiva fue recibida por una amplia movilización de contrainsurgencia 197 por parte de las rondas campesinas. De esta manera, los campesinos de Luricocha expulsaron a Sendero, con lo que el cambio del arreglo político no sucedió. Al preguntarse por qué dos comunidades con similitudes económicas y sociales presentaron respuestas distintas ante la subversión, Heilman encuentra respuestas en la historia política de ambas sociedades. La comunidad de Luricocha experimentó una historia política de represión a las rebeliones locales ocurridas en la década de 1890, la cual creó desconfianza a cualquier expresión política de corte radical. Así la comunidad campesina permaneció desentendida de la vida política y rechazaban cualquier proyecto político de corte rebelde, mientras solo los hacendados se adherían a movimientos. En consecuencia, ante la entrada de Sendero esta comunidad reaccionó con rechazo, movilizando a las rondas campesinas para su expulsión. La experiencia de Carhuanca fue muy distinta. Dado que, en esta comunidad desde 1920 existió una amplia movilización de partidos políticos y movimientos que promovían reformas radicales (Movimiento Tawantinsuyo, APRA, Acción Popular), la presencia de Sendero Luminoso fue bienvenida. Un análisis superficial de la comparación de la autora permite identificar cómo las expectativas de los campesinos, tanto de Luricocha como de Carhuanca, respecto a los resultados políticos mínimos determinaron la posibilidad de surja un nuevo arreglo político donde predominaran las instituciones de Sendero Luminoso, como el actor más poderoso. Mientras que en la comunidad de Carhuanca la historia política de movilizaciones con línea rebelde configuraba una propuesta de reforma política radical como un resultado político positivo, en el caso de Luricocha este tipo de reformas había traído resultados políticos negativos de represión. De esta manera, el arreglo propuesto por Sendero no satisfacía las expectativas de viabilidad política de la comunidad. Un segundo contraste es presentado por Miguel La Serna (2012), quien estudia los casos de las comunidades Chuschi y Huaychao. La comunidad de Chuschi, en la provincia de Cangallo, fue la localidad escogida por Sendero Luminoso para dar inicio oficialmente a su insurgencia, con la quema de 11 ánforas electorales. La Serna identifica que en esta comunidad el apoyo a Sendero fue significativo, y se recibieron sus instituciones. Para el autor, la colaboración civil en Chuschi tuvo orígenes en una historia de incapacidad institucional y de relaciones de poder locales con más de una generación 198 de antigüedad. Por ejemplo, en Chuschi los sistemas de justicia locales habían fallado en dar solución a delitos menores y transgresiones sociales, por lo cual eran percibidos como ineficientes. Junto con ello, La Serna también identifica la existencia de un conflicto de larga data entre las comunidades de Chuschi y Quispillacta. Para los chuschinos, sus autoridades no ejercieron un liderazgo eficiente, ni supieron representar sus intereses, lo cual contribuyó a su decepción respecto a las instituciones locales. De esta manera, ante la percepción de los liderazgos locales como infectivos para ejercer la justicia y mantener el orden, la comunidad de Chuschi vio que sus expectativas de resultados políticos mínimos eran incumplidas. Por otra parte, el discurso de ‘justicia radical’ promulgado por Sendero Luminoso resultaba prometedor. De esta manera, un arreglo político dominado por Sendero Luminoso aparecía como sostenible, lo cual hico a los chuschinos receptivos a estas instituciones. Por el contrario, estas experiencias no se encuentran en la comunidad de Huaychao, donde las autoridades retenían cierto grado de legitimidad, a pesar de sus abusos, se habían experimentado pocas crisis de seguridad, y no se tenía experiencias de conflictos inter-comunales. En Huaychao Sendero fue resistido de manera violenta por las rondas campesinas. Los casos de las provincias de Huanta y La Mar, documentados por Ponciano del Pino (2008), presentan cómo el comité popular de Sendero Luminoso fue bien recibido en tanto satisfizo las expectativas de justicia local que estas comunidades vieron frustradas en su historia reciente. De acuerdo con Del Pino, en estas provincias el proceso de reforma agraria fue una amenaza al sistema de organización y resolución de conflictos tradicional. Durante la década de 1970 se incrementaron los conflictos, y esta vez tuvieron que ser resueltos en las instancias políticas y judiciales del estado, donde no encontraron respuesta. De esta manera, estas rencillas se polarizaron y prolongaron hasta la década de 1980. Así, el comité de Sendero Luminoso y la institución del juicio popular se tornaron en formas de hallar justicia para conflictos de antaño, no siempre bajo la acusación inicial, sino también a partir de acusaciones infundadas desde la cual se aplique el castigo esperado. Más allá, Del Pino también presenta cómo las rondas campesinas, además de ser una forma de sublevación ante la autoridad de Sendero Luminoso, también fueron un intento por “reinstitucionalizar la hegemonía comunal 199 perdida” y habilitar la resolución de conflictos que se perdieron en las transformaciones sociales de 1970 (2008, p.94). Las experiencias de las provincias de Huanta y La Mar son ejemplo de cómo un arreglo político dominado por la organización subversiva fue viable por su capacidad de brindar resultados políticos positivos respecto a expectativas políticas no resueltas en la historia reciente de estas sociedades. Para ambas comunidades estos resultados mínimos políticos esperados eran los medios para resolver conflictos locales. No obstante, cuando las instituciones para el ejercicio de justicia se tornaron insuficientes para estas comunidades, las rondas campesinas aparecieron. Las rondas no solo fueron organizaciones con poder militar que llevarían a cabo la sublevación frente al control armado de Sendero, sino que también se buscaron crear instituciones que favorezcan la resolución local de los conflictos y restituyan la dinámica comunal. Así, los resultados políticos mínimos esperados, establecidos de manera histórica, permanecieron como una expectativa para las rondas campesinas y las instituciones que instauraron. Las cinco experiencias de cambio institucional en el conflicto armado interno en la sierra central peruana presentadas resaltan la importancia de la historia política, social e institucional para configurar las expectativas de determinadas sociedades respecto a los resultados políticos o económicos esperados de un arreglo político y sus instituciones. En el caso de las comunidades en la sierra central, observamos que existe una larga historia de movilización, de organización política comunal y de tradiciones compartidas que planteó necesidades y, con ello, expectativas de resultados mínimos orientados al funcionamiento político de la comunidad, entre ellos la efectiva representación de los intereses y el ejercicio de la justicia. Las experiencias de estas comunidades no presentaban vacíos institucionales, sino instituciones poco efectivas. En ese sentido, podemos indicar que se tratan de terrenos institucionales ‘gruesos y frondosos’. Ello contrasta con lo analizado para los campesinos en el valle del Alto Huallaga, quienes contaban con una historia institucional incipiente. A partir de ello, podemos señalar que se trata de un terreno institucional ‘delgado y frágil’. Como elabora el anterior apartado, las expectativas de sostenibilidad de un arreglo político en el valle recaían, principalmente, en la producción de resultados económicos positivos. Si bien, las instituciones políticas eran necesarias para establecer regulaciones sobre estas 200 actividades, las motivaciones históricas de estos agricultores colonos eran principalmente económicas. Así, parte del poder retenido de Sendero Luminoso como el actor más poderoso de este primer arreglo político fue su capacidad para regular el mercado de la coca, de forma que otorgue ganancias que distribuyó entre agricultores y narcotraficantes, de acuerdo con sus expectativas y su propio beneficio. En definitiva, la comparación de ambas experiencias nos permite identificar que los arreglos políticos, y las instituciones que surgen en su marco, no se crean en ‘terrenos institucionales’ baldíos, sino que son influenciadas por la historia política, económica y, sobre todo, institucional de estas sociedades. 201 4. Liderazgos autónomos y sus efectos en la sostenibilidad de los arreglos políticos Lo revisado en los dos capítulos anteriores permite identificar que, en el valle del Alto Huallaga durante el periodo reciente que antecedió al conflicto armado interno y durante el periodo de conflicto, la creación de arreglos políticos que cumplieran con el criterio de sostenibilidad exigió que los actores apliquen liderazgos contextualizados. Esto quiere decir que, para aplicar instituciones efectivas dentro del acuerdo, estos actores debieron ‘leer’ y responder a las expectativas sobre mínimos viables políticos y económicos de la sociedad civil. La presente sección explora los liderazgos de algunas firmas narcotraficantes, los mandos de Sendero Luminoso y los jefes político-militares y cómo estos respondieron a estas expectativas. Además, se profundiza respecto a la flexibilidad institucional de sus organizaciones, y cómo dentro de ellas se configuraron liderazgos autónomos. En el caso de las firmas narcotraficantes, el capítulo de antecedentes (I) describió dos tipos de firmas narcotraficantes según la naturaleza de sus liderazgos. El primer tipo de firma, ejemplificada por el narcotraficante ‘Vampiro’, se caracterizó por el uso de la violencia indiscriminada y la estafa en la compra de coca. Esta dinámica fue la que predominó en gran parte del valle, y la cual alienó a los campesinos cocaleros de la organización por parte de los líderes de estas firmas. De esta manera, la impredecibilidad y la desconfianza previnieron a estas organizaciones de conformar instituciones efectivas, y se limitaron a aplicar sus decisiones arbitrarias desde la coerción. Un total contraste establece el caso del líder narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’. ‘Vaticano’ fue reconocido por ser un líder pacífico y por proveer a la población con bienes y servicios públicos. Desde un liderazgo personalista, brindó apoyo económico para los necesitados, limitó la delincuencia común en el pueblo, creó importantes obras de infraestructura y asumió la provisión de justicia, siendo la personalidad encargada de la resolución de conflictos. Así, logró establecer y aplicar algunas reglas institucionales y expectativas que dieron orden a la población de Campanilla. Aunque no se conoce un código de conducta específico, las expectativas sobre el comportamiento fueron establecidas y sancionadas por ‘Vaticano’. Desde estos resultados positivos tanto económicos, como de un orden político mínimo, estas 202 instituciones fueron respetadas, e incluso, logró el apoyo de la población, quienes participaban en su protección frente a los senderistas que buscaban disputar su control. Como demuestran los relatos desarrollados en los antecedentes de la región (capítulo I), las firmas de narcotraficantes fueron organizaciones con un alto nivel de flexibilidad. En tanto sus decisiones organizacionales dependían enteramente de las decisiones, muchas veces arbitrarias, de sus líderes, la autonomía para leer el contexto fue alta. El caso de ‘Vaticano’ pone en evidencia que dependió de los líderes de firma responder a las expectativas mínimas de orden y seguridad física y económica de la sociedad. El garantizar estos mínimos permitía establecer y conservar instituciones. El caso de Sendero Luminoso, sin embargo, presentaba una estructura organizacional mucho más robusta (anexo 1). Los militantes de Sendero Luminoso en el valle del Alto Huallaga conformaban el Comité Regional del Alto Huallaga, el cual respondía al Comité Central del Partido. De esta manera, cuando los miembros de la organización subversiva recibieron la instrucción de incursionar en el valle también recibieron la indicación de impulsar a los campesinos a abandonar la producción de coca. Sin embargo, desde las primeras acciones en la región, los senderistas pudieron percibir la importancia de este mercado para el modo de vida de los civiles. Ante ello, decidieron ignorar las indicaciones del Comité Central, e incorporaron la protección y regulación de este mercado como móvil de su presencia en la zona desde sus primeras acciones proselitistas. Este desacato de los mandatos del Comité Central, sin embargo, no significó una ruptura con la organización. El Comité Regional del Alto Huallaga participaba en las actividades y congresos coordinados a nivel nacional, y notificaba al Comité Central de sus acciones (Weinstein 2007, p.157). Para explicar esta dinámica, existen dos versiones sobre cómo se logró la autonomía de liderazgo en el valle. Una primera versión especula que la cúpula de la organización permitía esta desviación regional a cambio de un porcentaje de los recursos económicos obtenidos localmente a partir del mercado de la droga. Una segunda versión propone que las operaciones a nivel regional simplemente escapaban del control del Comité Central, y no se podían restringir estas dinámicas. En ambos casos, la resignación de parte de la cúpula senderista a las dinámicas de regulación del mercado de la coca que sucedieron regionalmente, denota que a pesar 203 de tratarse de una organización robusta, ésta no era inflexible, sino que tenía capacidad para adaptarse a las contingencias del conflicto. Esto, tal vez, sería el resultado de su estrategia de guerra de guerrillas, y de los múltiples congresos donde aún se discutía y anunciaban modificaciones y nuevos pasos en su estrategia a nivel nacional. Indiferentemente de la explicación, es definitivo que la adaptación de las estrategias de los senderistas a las expectativas del contexto fue lo que permitió crear instituciones que fueran sostenibles dentro del arreglo político y lo que le permitió organizar y sujetar a campesinos y narcotraficantes. Por último, los liderazgos de los jefes político-militares, Julio Carbajal y Alberto Arciniega, también les exigieron escapar a la rigidez institucional de su organización, el Ejército del Perú, para implementar estrategias locales que contribuyeran a la sostenibilidad y la efectividad de las instituciones que establecieron. El ejército, como organización, no contaba con estrategias finas para las regiones militares, zonas y subzonas de seguridad en específico, sino que éstas dependían de las orientaciones impuestas por los generales en la región. Como lo explican los relatos desarrollados en el segundo capítulo (secciones 1.5. y 2.2.1.), estos generales aplicaron una política permisiva con el cultivo de hoja de coca que les permitió ganar el apoyo de los campesinos y su sujeción a la organización por parte de los militares. Más allá, es posible identificar la importancia de estas estrategias deliberadas basadas en la autonomía a partir de las jefaturas político-militares que sucedieron a la gestión de Alberto Arciniega. La autonomía de acción permitió a los siguientes jefes, los generales Luis Chacón y Mario Britto, priorizar su reputación frente a los riesgos de ser vinculados con la corrupción. Así, decidieron obviar las expectativas de los campesinos y ejercer liderazgos pasivos y lejanos a la población. En definitiva, las experiencias de estos tres actores en el valle ilustran que la autonomía de los liderazgos, independientemente de la rigidez de sus instituciones, será determinante para adaptarse y responder a las expectativas de mínimos viables de la sociedad civil en la región. El aplicar estrategias que favorecían a esta sostenibilidad, permitió a los actores aplicar instituciones de manera efectiva y, con ello, ganar mayor control de la región, y avanzar su posición de poder en el contexto del conflicto. 204 Conclusiones El estudio del caso del Alto Huallaga durante el periodo de conflicto armado interno ha permitido comprobar, en diálogo con lo propuesto por las teorías de gobernanza rebelde y construcción institucional de las guerras civiles, que durante los procesos de conflicto armado surgen arreglos políticos los cuales, a través de instituciones, otorgan características de orden a las sociedades por determinados periodos de tiempo. De esta manera, la tesis se contrapone a la visión extendida socialmente de los conflictos armados internos como situaciones caracterizadas por la violencia y el desorden, donde no es posible identificar dinámicas políticas. Si bien, la construcción y transformación institucional es una discusión que se viene desarrollando dentro de la literatura académica sobre guerras civiles y, de manera más específica, dentro del programa de investigación de la gobernanza rebelde, este primer hallazgo plantea nuevas oportunidades de investigación respecto al estudio del conflicto armado interno en el Perú. Estos hallazgos contribuyen a avanzar la literatura académica que estudia el conflicto armado peruano, la cual históricamente ha mantenido un enfoque sesgado al estudio de la violencia, explicando sus determinantes de la violencia y describiendo sus eventos (Degregori 2014). En ese sentido, al desarrollar un estudio del cambio institucional a nivel local, la presente investigación se enmarca y contribuye al reciente programa de investigación que Soifer (2017) denomina como “new scholarship on Peru’s internal conflict” [el nuevo estudio del conflicto armado interno peruano], una serie de trabajos que observan el conflicto a nivel ‘micro’ e identifican dinámicas sociales y políticas que no eximen, pero sí superan, el simple ejercicio de la violencia. De manera empírica, y orientada de manera específica la región del Alto Huallaga, el análisis institucional del conflicto donde prima el régimen de la coca permite comprender la configuración de nuevos actores poderosos y las instituciones que implementan. Por ejemplo, la configuración de las firmas narcotraficantes peruanas como nuevos actores poderosos en la región y su capacidad para aplicar instituciones y organizar a los campesinos puede explicarse desde el elemento de poder que les otorga su historia común y desde el vacío institucional que dejó el retiro de las firmas colombianas del valle (van Dun 2009). De manera similar, este análisis también permite 205 comprender el actual rol de la agrupación Sendero Luminoso, la cual desde la erosión de su poder abandonó su papel de actor gobernante y se limita a brindar protección a las firmas, y al procesamiento y acopio de PBC (Briceño 2012). En segundo lugar, a nivel teórico, la tesis complementa la propuesta inicial del marco analítico de los arreglos políticos. El caso del cambio institucional en el Alto Huallaga sugiere que cuando estos arreglos se construyen en contextos de conflicto armado intraestatal enfrentan particularidades respecto a su permanencia y transformación. Así, si bien estos arreglos establecieron instituciones que otorgaron predictibilidad, éstas no neutralizaron un contexto de cambio dinámico que es propio del conflicto. Además, los arreglos no estuvieron exentos de violencia, sino que esta se ejercía en la medida que era sostenible para el sistema, e incluso, esta estuvo incorporada al funcionamiento de estructuras institucionales como los comités políticos. De este modo, la tesis identifica que un contexto de cambio dinámico y el uso de la violencia son dos factores que deben incorporarse al aplicar el marco teórico de los arreglos políticos al análisis de procesos de conflicto armado interno, contribuyendo así, al desarrollo de esta herramienta analítica. Más a profundidad, el análisis del decaimiento del primer arreglo político en el valle y la configuración del segundo confirman que, como plantea la teoría, son las pérdidas de sostenibilidad y/o compatibilidad en el arreglo las que determinan su final y transformación. No obstante, a partir del caso también queda claro que estas modificaciones en la sostenibilidad y la compatibilidad son motivadas por las estrategias deliberadas aplicadas por los actores que buscan incrementar su poder retenido y organizar a la sociedad civil, para así avanzar su posición relativa en el conflicto. Y que, además, la efectividad de estas estrategias depende de la capacidad de estos actores poderosos para ‘leer’ las expectativas de mínimos viables que la historia institucional ha configurado en la población. En ese sentido, la tesis avanza la exploración del factor del ‘tiempo’ en la teoría de arreglos políticos, el cual aún permanece sin teorización, e ilustra cómo los sucesos dentro de un arreglo político tendrán consecuencias para modificar las expectativas hacia la conformación del arreglo político subsiguiente. Por último, el contexto de cambio dinámico que distingue a un conflicto armado plantea que la aplicación de estrategias no sea suficiente para la permanencia de una 206 nueva distribución del poder en la sociedad y la concreción de un nuevo arreglo político, ya que eventos coyunturales a nivel local o choques externos a nivel nacional e internacional pueden afectar los elementos de poder de manera impredecible. En esa línea, la permanencia de los arreglos políticos también estará sujeta a la capacidad de adaptación y respuesta a choques externos de los actores, los cuales podrían fortalecer o erosionar el poder retenido alcanzado desde su estrategia. Al aplicar el marco de arreglos políticos al análisis de un proceso de conflicto armado, la presente investigación representa una iniciativa por descentralizar el uso de este marco analítico, el cual anteriormente se ha limitado a casos de reforma institucional y de construcción del estado en situaciones de posconflicto. Ello también plantea nuevas posibilidades y contextos donde esta teoría puede ser aplicada. Este estudio de caso, enmarcado en un conflicto armado, ha demostrado que un análisis institucional desde la perspectiva de los arreglos políticos es útil para comprender dinámicas de control territorial a partir de la aplicación de instituciones para la organización de determinadas facciones. Estos hallazgos abren las puertas para aplicar esta teoría al estudio de las economías ilegales extractivas, las cuales también tienen motivaciones de control territorial. De esta manera, se favorece el estudio de las dinámicas políticas de economías que han sido investigadas, predominantemente, desde su oposición a la legalidad. En el caso peruano, el ejercicio de economías ilícitas de carácter extractivo como el narcotráfico y la tala ilegal aún se encuentran vinculadas con las remanentes de Sendero Luminoso. Sin embargo, eventos como la masacre ocurrida en 2021 en Vizcatán del Ene (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM), la cual fue objeto de múltiples especulaciones e interpretaciones políticas en el contexto del proceso electoral, dejaron en evidencia el desconocimiento general respecto a estos nuevos actores poderosos, las instituciones que efectivamente aplican y los recursos de poder con los que cuentan. Así, al igual que el Alto Huallaga, el VRAEM ha demostrado ser una región donde los sucesos de violencia son percibidos como parte del constructo histórico natural del territorio. La ubicuidad y atemporalidad que se atribuye a la violencia en estas regiones las hace vulnerables a la aplicación de cualquier narrativa que las asocie con la violencia y el desorden, ignorando la complejidad de sus dinámicas reales y limitando la 207 formulación de políticas que respondan a sus verdaderas necesidades en cuanto a seguridad. En este contexto, la versatilidad del marco de arreglos políticos al ser aplicado a nuevos escenarios será determinante repensar las estrategias para la lucha contra las economías ilícitas y la criminalidad organizada en el país. 208 Bibliografía Aramburú, C. (1989). La economía parcelaria y el cultivo de la coca: El caso del Alto Huallaga. En: F. León, & R. Castro de la Mata (Eds.) Pasta básica de cocaína. Un estudio multidisciplinario (pp. 231-259). Cedro. Aramburú, C. (1982). Expansión de la frontera económica y demográfica en la selva alta peruana. En C.E. Aramburú, E. Bedoya & J. Recharte (Eds.) Colonización en la Amazonía (pp.1-39). Centro de Investigación y Promoción Amazónica. Aramburú, C., & Bedoya, E. (1986). Poblamiento y uso de los recursos en la Amazonía Alta: el caso del Alto Huallaga. En B.C. Mora, C.E. Aramburú (Eds.). Seminario Internacional sobre Desarrollo Comparativo. Desarrollo amazónico: una perspectiva latinoamericana (pp. 113-177). 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