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Índice 
Introducción          1                               
Capítulo 1: Campaña antijaponesa 
1.1 Antecedentes         8 
1.2. Atentado a la colectividad japonesa: Mayo 1940    15 
1.3 Acciones de la Legación japonesa en el Perú     19 
1.4 Argumentación y acciones tomadas por el Gobierno peruano   33 
Capítulo 2: Medidas antijaponesas en el Perú 
2.1 Influencia de Estados Unidos       40 
2.2 Posición y argumentación japonesa      55 
2.3 Aplicación de medidas antijaponesas en el Perú    58 
Capítulo 3: Persecución a la colectividad japonesa 
3.1 Reclamos de los peruano-japoneses      72 
3.2 Solicitudes de los nipo-peruanos      80 
3.3 Congelamiento de cuentas bancarias      93 
Capítulo 4: La expulsión de japoneses en el Perú 
4.1 La expulsión de japoneses de las haciendas del Perú    101 
4.2 Expulsión de Manuel Enrique Ikari      111 
4.3 Expulsión de Nikumatsu Okada       113 
Conclusiones          116   
Bibliografía          120 
Anexo           123 
  
 
1 
 
Introducción 
 
La primera oleada de inmigrantes japoneses arribó al puerto del Callao el 3 de abril de 
1899, para laborar principalmente en las haciendas costeras ante la carencia de mano de 
obra barata. Sin embargo, por el incumplimiento de los contratos y la explotación de la 
que fueron víctimas, algunos lograron huir a las zonas urbanas para emplearse en otras 
actividades o abrir pequeños negocios que les permitió subsistir y progresar en el 
transcurso de los años. Las posteriores oleadas de japoneses a lo largo de las primeras 
décadas del siglo XX, llegaron con el propósito de emplearse en las haciendas y sobre 
todo gracias al “llamado” de parientes afianzados económicamente.  
En el Perú, debido a los prejuicios raciales, no se valoró la inmigración asiática, dado que 
desde un primer momento los japoneses fueron vistos despectivamente, asumiendo que 
se les hizo un favor al acogerlos en el país, ante los intentos fallidos de atraer la 
inmigración europea, que no estaba dispuesta a recibir los míseros pagos de los 
hacendados peruanos. En ese sentido, en la sociedad peruana se promovió una antipatía 
hacia los asiáticos, especialmente, hacia los japoneses, quienes se mostraron distantes 
como colectividad organizada y cerrada a la interacción con los nacionales.  
En la década de 1930, se dio inicio por parte del Gobierno peruano a la ejecución de 
medidas antijaponesas, con el fin de limitar su emigración, especialmente, por la cuestión 
racial y el recelo que empezaban a resurgir en algunos sectores de la población, 
generando animadversión el progreso de la colectividad japonesa dedicada básicamente 
a la pequeña actividad comercial; argumentándose, sin mayor fundamento, que se 
desplazaba al elemento nacional. En realidad, la perseverancia y la prosperidad de los 
asiáticos generaron un inmediato rechazo y desconfianza en la sociedad, a diferencia de 
la consideración que existió hacia los europeos.     
2 
 
La historiografía respecto a la persecución a la colectividad japonesa en el Perú,  que 
empezó en diciembre de 1941, destaca principalmente las medidas antijaponesas que se 
adoptaron en el Perú. Según Mary Fukumoto, se dispuso la inmovilidad de sus capitales, 
la clausura de sus diarios y colegios, se confiscó un número considerable de propiedades 
japonesas y, hasta febrero de 1945, fueron deportados un promedio de 1,582 personas a 
los campos de concentración en los Estados Unidos1. La intransigencia y el abuso 
cometido contra una colectividad, distante de los intereses expansionistas del Imperio 
japonés, se produjo mediante detenciones realizadas a espaldas de las normas legales 
peruanas, dado que ninguno de los arrestados fue acusado o escuchado, ni le fueron 
ofrecidas las garantías del caso2. Alejandro Sakuda señala que la elaboración de las 
denominadas “listas negras” de los supuestos enemigos peligrosos se realizaron sin 
verificar antecedentes o actividades realmente delictivas de los japoneses, prevaleciendo 
en considerable medida la irracionalidad, el prejuicio, el odio y otros factores subjetivos 
que alimentaron el sentimiento antijaponés3. Guillermo Thorndike4, a través de la historia 
de Kishiro Hayashi nos da una visión crítica de lo que vivieron los japoneses y peruanos 
de ascendencia nipona en aquella época influenciada por la aviesa intencionalidad interna 
y la presión internacional de los Estados Unidos. De acuerdo a Clinton Gardiner5 no hay 
otro país en América Latina como el Perú que hubiera actuado tan despiadadamente 
contra los nipo-peruanos mediante una abierta violencia, amparada en una prensa escrita 
                                                 
1Cf. FUKUMOTO, Mary. Hacia un nuevo sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú. Historia, Cultura e 
Identidad. Lima: Asociación Peruano Japonesa del Perú (APJP), Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), 1997, pp. 247- 249. 
2Cf. MORIMOTO, Amelia. Los japoneses y sus descendientes en el Perú. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú, 1999, p. 110.  
3Cf. SAKUDA, Alejandro. El futuro era el Perú: Cien años o más de inmigración japonesa. Lima: Edición 
Esicos, 1999, p. 262.   
4Ver. THORNDIKE, Guillermo. Los Imperios del Sol. Una Historia de los japoneses en el Perú. Visión del 
Perú Siglo XX. Lima: BRASA, 1996  
5GARDINER, Clinton Harvey. The Japanese and Peru 1873- 1973. Albuquerque: University of New 
Mexico. Press, 1975. Ver. GARDINER, Clinton Harvey. Pawns in a triangle of hate. The Peruvian Japanese 
and the United States. United States of America: University of Washington Press, 1981. 
 
3 
 
que avivó el sentimiento antijaponés y que se mantuvo así a lo largo de la Segunda 
Guerra Mundial. 
La presente investigación, dividida en cuatro capítulos, ha priorizado una evaluación 
crítica de las fuentes oficiales del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú, institución del Estado responsable en atender las solicitudes y los reclamos 
realizados a través de la Embajada de España en el Perú, encargada entonces de 
proteger los intereses de los súbditos japoneses en el país. La gestión del usual trámite 
burocrático que realizó la Cancillería del Perú con otras instituciones como el Ministerio de 
Gobierno y Policía, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Gobierno, la 
Prefectura de Lima, la Embajada de los Estados Unidos, etc., ha sido fundamental para 
realizar el seguimiento de las demandas de los miembros de la colectividad nipona. 
Asimismo, la documentación de la Legación del Japón nos permitió conocer los intereses 
reales del Imperio japonés en el Perú y en América Latina, en contraste con los 
requerimientos de la Embajada de los Estados Unidos en el contexto de la supremacía 
bélica.        
En el primer capítulo, abordamos la campaña antijaponesa que se inició principalmente en 
la década de 1930. El Gobierno peruano, a través del Decreto Supremo del 26 de junio de 
1936, restringió el ingreso de japoneses para evitar el desplazamiento de los nacionales 
en el ejercicio del pequeño comercio y de determinadas actividades manuales. Por otro 
lado, se les  acusó de espías que obedecían órdenes del Gobierno japonés, para una 
probable invasión al país, dada la coyuntura expansionista y protectora que asumió el 
Japón en el Asia. Los saqueos del 13 de mayo de 1940 fueron consecuencia de la 
apócrifa propaganda del peligro que representaba la presencia de japoneses en el Perú, 
suscitando que algunos sectores de la población atenten contra la colectividad japonesa, 
ante la indiferencia de las autoridades del orden público que aparentemente cumplían con 
su labor en aquel fatídico día. El Comunicado de la Dirección de Gobierno se publicó 
4 
 
tardíamente en el diario “El Comercio”, en la edición del 13 de mayo, desmintiéndose los 
rumores de la existencia de armas en la colectividad japonesa con el fin de colaborar con 
el Imperio japonés en la invasión del territorio peruano. El Comunicado de la Legación del 
Japón manifestó que era errónea la información del funcionamiento de organizaciones 
militares japonesas con fines expansionistas. En tal sentido, requirió al Gobierno peruano 
detener la información propagada sobre una supuesta intención de atentar contra la 
soberanía del Perú. Asimismo, se hizo hincapié que el propósito del Japón era fomentar 
las relaciones comerciales para el bienestar de ambas naciones, mostrando su plena 
disposición en colaborar recíprocamente con el Perú. El ministro japonés Masamoto 
Kitada solicitó al Gobierno peruano una indemnización para quienes resultaron víctimas 
de los desmanes y los saqueos perpetrados. La Legación japonesa insistió 
permanentemente en el cumplimiento del pago de la reparación comprometida, logrando 
con denodados esfuerzos un adelanto de cien mil soles. 
En el segundo capítulo señalaremos las medidas antijaponesas de hostigamiento que se 
ejecutaron en el Perú. En este sentido, destacaremos las siguientes medidas: el 
congelamiento de las cuentas bancarias, la expulsión de japoneses a los campos de 
concentración de Nuevo México, California y Texas; la clausura de las escuelas 
japonesas, la supresión de los permisos para el ingreso de los emigrantes nipones, la 
cancelación de las cartas de naturalización para quienes se dedicaban a actividades 
subversivas o de propaganda de sistemas contrarios a la democracia, etc. El ministro 
plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, informó que la prensa japonesa 
criticó la perspicaz influencia de los Estados Unidos en América Latina, para la ejecución 
de medidas xenófobas que perjudicaron a la colectividad nipona y al Gobierno Imperial en 
el comercio y el suministro de materias primas. El encargado de negocios del Japón, 
Masaki Yodo-kawa solicitó en nombre de su Gobierno la suspensión de las medidas 
antijaponesas en perjuicio de los intereses japoneses en el Perú, requerimiento que no 
5 
 
fue atendido por el Gobierno peruano por su evidente antipatía hacia los japoneses 
residentes en el país. 
En el tercer capítulo denominado “La persecución a la colectividad japonesa”, hemos 
estudiado los diferentes reclamos y solicitudes presentados por los japoneses, quienes 
demandaron un trato justo en sus sustentados pedidos, ante el hostigamiento y el abuso 
que padecieron, por parte de algunas autoridades peruanas. En este aspecto, 
destacamos algunos casos referenciales: los súbditos japoneses Kahoru Eguma y 
Akiyoshi Nakamura, fueron notificados verbalmente por la Comisaría de Miraflores, a fin 
de que procedan a desocupar los inmuebles que tenían arrendados, porque se 
encontraban ubicados cerca de un establecimiento policial; Ricardo Kanashiro Uyema 
reclamó la devolución de su libreta de conscripción militar N° 376653-A, de clase de 1941, 
que le fue arrebatada y retenida el 1 de marzo de 1944, al momento de embarcarse en el 
Callao con destino al campo de concentración en el “Alien Detention Station” en Kenedy, 
Texas; el comerciante Seizo Miyaji, fue notificado en la ciudad de La Oroya, lugar de su 
residencia legal y de sus negocios, para que señalara como lugar de residencia Lima. El 
prefecto del departamento de Junín, Carlos E. Siles, justificó la medida de separarlo de 
esa localidad porque era un individuo de “mal carácter” y de “vida bohemia” que daba mal 
ejemplo a la comunidad; el súbdito japonés Shiguetora Tanabe, fue detenido para 
“salvaguardar la seguridad del país”, evitando darse mayor información para no 
entorpecer la investigación; el agricultor Hideo Ueda fue acusado y detenido por las 
autoridades locales, sin una sustentable investigación, por el asesinato de Filomeno 
Paucar, ocurrido el 30 de setiembre de 1945 en el pueblo de Pilcomayo, región de 
Huancayo. 
El embajador de España en el Perú, Pablo de Churruca y Dotres, cumplió una destacada 
labor como protector de los intereses japoneses en el Perú a partir del 17 de febrero de 
1942. La gestión de intermediario que realizó ante las autoridades peruanas, le permitió 
6 
 
involucrarse directamente con los afectados, asumiendo un compromiso humanitario por 
los atropellos cometidos contra prósperos japoneses, quienes lograron adaptarse al Perú, 
y, en base a esfuerzo y sacrificio, progresaron laboralmente en forma dependiente o 
independiente. 
En el último capítulo examinaremos la expulsión de japoneses de las haciendas, con la 
finalidad de desligarlos de su centro laboral, y obligarlos a emigrar a la Capital para un 
mejor control de sus actividades, dado que eran considerados una amenaza para la 
nación. En efecto, agentes de la Brigada Internacional de la Jefatura General de 
Investigaciones se encargaron de hacer llegar las respectivas notificaciones para que se 
presentaran ante las autoridades de Lima para recibir las órdenes de la salida del país. El 
embajador de España Pablo de Churruca, sugirió prestar urgente atención a la angustiosa 
situación de los yanaconas japoneses, a quienes bajo el pretexto de la promulgación de la 
Ley N° 9592, se les despidió de las haciendas donde laboraban, dejándolos desprovistos 
de recursos para atender sus esenciales necesidades. Asimismo, presentamos los casos 
de Manuel Enrique Ykari y de Nikumatsu Okada quienes fueron expulsados del país 
porque su presencia significó un peligro para la seguridad del Estados peruano.  
Finalmente hacemos extensivo nuestro agradecimiento a las siguientes personas: el 
ministro en el Servicio Diplomático, Iván Pinto Román, facilitó la consulta de los 
documentos del Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú; la historiadora Giannina Miranda Wilson colaboró con las correcciones ortográficas 
y a través de importantes sugerencias; el historiador Joan Manuel Morales Cama hizo 
interesantes apreciaciones y observaciones para una mejor comprensión de las ideas 
expuestas en la introducción y las conclusiones; el R.P. Jeffrey Klaiber Lockwood orientó 
pacientemente la investigación desde un principio y aportó sugerentes ideas con el fin de 
no descuidar el hilo conductor de la tesis; la doctora Liliana Regalado Cossio contribuyó a 
través de comentarios constructivos en la elaboración del plan de tesis; la doctora 
7 
 
Margarita Suárez Espinosa recomendó centrarse en el tema propuesto en la 
investigación; el doctor Antonio Zapata Velasco aconsejó desarrollar ciertos aspectos 
históricos que se suscitaron en el marco de la coyuntura del estudio propuesto. Los 
investigadores citados contribuyeron valiosamente con el propósito final de esta tesis, que 
tiene como objetivo esclarecer este episodio de persecución contra la colectividad 
japonesa, situación que la historiografía peruana no ha tratado a fondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
Capítulo I: Campaña Antijaponesa 
 
1.1 Antecedentes  
Según Alejandro Sakuda en los inicios de la década de 1930 arribaron los japoneses al 
Perú gracias al sistema de “llamado”6, en especial de sus familiares. El lugar de 
concentración preferencial fue la ciudad de Lima en donde se abrieron los más variados 
establecimientos comerciales, llegando aproximadamente a 1,461 entre bodegas, 
cafeterías, peluquerías, restaurantes, bazares, verdulerías, carbonerías, sastrerías, 
hojalaterías, etc. De esta situación se era consciente, dado que la concentración de 
negocios en la Capital preocupó a la propia comunidad nipona, ante la posibilidad de que 
surja un nacionalismo exacerbado que trajera consecuencias lamentables, más aún 
cuando cierta prensa no cesaba en su campaña antijaponesa.      
La caída de Leguía y la violencia generada por la revolución de Sánchez Cerro ocasionó 
actos vandálicos como saqueos e incendios a casas de simpatizantes leguiístas, incluidos 
algunos negocios comerciales pertenecientes a japoneses, considerados blancos seguros 
dada la campaña antinipona existente7. Sakuda advierte la exageración de la concepción 
de los comerciantes nacionales respecto a que los japoneses estaban copando todos los 
negocios limeños; esta situación exacerbó la aviesa intencionalidad de quienes persistían 
en la campaña antijaponesa. Por consiguiente, el objetivo fue menoscabar el avance 
                                                 
6El Reglamento de Inmigración expedido el 15 de mayo de 1937, en el capítulo VII del artículo 37 estableció: 
“Gozarán de preferencia para el ingreso los hijos, padres y hermanos de inmigrantes ya radicados en el Perú, 
llamados por éstos, siempre que su unidad migratoria quepa dentro de la cuota respectiva (dieciséis mil por 
cada nacionalidad), y que acredite, quien los llama, que posee los medios necesarios para sostenerlos, o que 
los nuevos inmigrantes los tengan por sí mismos”.  
7Cf. SAKUDA, Alejandro. El futuro era el Perú: Cien años o más de inmigración japonesa. Lima: Edición 
Esicos, 1999, p. 202.Ver Mary Fukumoto Hacia un nuevo sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú. “El 
rumor de que los japoneses se arman se esparció rápidamente en la ciudad provocando especulaciones y fue el 
detonador de la veintena de saqueos a los negocios de los japoneses”. Ante estos primeros saqueos de 1930 la 
Sociedad Central Japonesa propuso limitar la apertura de nuevos establecimientos comerciales; y restringir la 
llegada de nuevos migrantes en coordinación con el gobierno japonés. pp. 232, 233.  
9 
 
progresivo de la colectividad japonesa, por la única causa de una aversión que empezaba 
a resurgir contra los japoneses.  
De acuerdo a Morimoto, después del derrocamiento del gestor de la inmigración 
japonesa, Augusto B. Leguía, se promulgaron decretos que buscaron detener esa 
inmigración. El 15 de setiembre de 1930 se emitió un decreto por el que se suspendía la 
inmigración y el 10 de octubre del mismo año otro decreto por el que se exigía el pago de 
una cuota de dos mil soles para el ingreso y residencia en territorio peruano; además de 
la exigencia de un contrato de trabajo legalizado y el apoyo de un familiar residente que 
debió proveer sustento al inmigrante a su arribo al país8.          
Durante el gobierno de Luis Sánchez Cerro, el 8 de abril de 1932, fue promulgada la Ley 
N° 7505 que determinó que todas las empresas estén obligadas a tener como mínimo el 
ochenta por ciento de personal peruano. A excepción de algunos casos de comerciantes 
japoneses exitosos en Lima, la mayoría de los negocios de los japoneses en esos años 
eran numerosos, de pequeña escala y con mano de obra familiar; en aquel momento el 
decreto citado los afectaba directamente9. Según Mary Fukumoto, dicha Ley 
afortunadamente no se puso en práctica.  
En el gobierno de Óscar R. Benavides (1933-1939) se promulgaron normas 
especialmente antijaponesas. Amelia Morimoto hace hincapié sobre la promulgación del 
Decreto-Ley del 10 de mayo de 1934, por el que se determinaron cuotas para limitar la 
importación de textiles japoneses por presión de la Sociedad Nacional de Industrias.   
Alejandro Sakuda denota que el gobierno de Benavides denunció el 15 de octubre de 
1934, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito con el Japón, 
argumentando que dicho país había establecido una red de espionaje, y que existían 
misteriosas organizaciones de japoneses, así como movilizaciones secretas, entre otras 
                                                 
8Cf. MORIMOTO, Amelia.  Los japoneses y sus descendientes en el Perú. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú, 1999, p. 98. 
9Ibídem. 
10 
 
denuncias infundadas10. Asimismo, debido al incremento en la apertura de negocios por 
los japoneses, se promulgó el Decreto Supremo del 26 de junio de 1936 que limitó el 
ingreso de japoneses y de las actividades que realizaban en el país, con el fin de proteger 
a los peruanos en el ejercicio del pequeño comercio y de determinadas actividades 
manuales11. Según esa disposición no podía haber más de 16,000 japoneses en todo el 
país. La misma norma restringió el traspaso de los negocios de los inmigrantes a otros 
extranjeros, salvo que esos establecimientos se encontraran dentro del porcentaje del 
veinte por ciento permitido. Además, se prohibió la inmigración en grupos raciales, 
especificándose que los extranjeros que hubieran salido del país no podrían retornar si 
estuviera cubierta la cuota determinada de extranjeros. El creciente número de 
inscripciones judiciales para el reconocimiento de los hijos de los japoneses con la 
finalidad de traspasar sus negocios a sus vástagos, suscitó que el  20 de abril de 1937 se 
promulgase la Ley N° 8526 que suspendió la inscripción de los hijos de extranjeros 
nacidos antes del 26 de junio de 1936.  
El canciller Alberto Ulloa Sotomayor, promotor de las leyes antijaponesas, justificó la 
necesidad de la promulgación de las normas porque fueron dadas para la defensa política 
y social del Perú, y sobre todo para detener la inmigración y las actividades comerciales 
de los japoneses. Estas normas tuvieron los efectos esperados para satisfacción de Ulloa 
Sotomayor debido a una disminución de la inmigración japonesa que registró en el 
periodo 1933-1939, un ingreso de 2,953 y una salida de 5,610 japoneses notoriamente 
mayor. Alberto Ulloa reconoció que la preocupación por la infiltración social de los 
                                                 
10SAKUDA, Alejandro Ob. cit., p. 210. 
11MORIMOTO, Amelia. Ob. cit., p. 99. Indica la autora que esa disposición provocó la protesta de la 
representación diplomática japonesa ante las autoridades peruanas, que consideró el decreto como acto 
enemistoso y lesivo a los intereses de la colonia nipona en el Perú. Véase Mary Fukumoto Hacia un nuevo 
sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú. “Por este decreto se puso en vigencia la Ley que determinaba 
que el ochenta por ciento de trabajadores incluyendo yanaconas en cualquier empresa y establecimiento 
comercial e industrial, debían ser peruanos”. p. 239.  
11 
 
japoneses, que iban produciendo el desplazamiento de los pequeños comerciantes, 
artesanos y obreros peruanos, había perdido el primer lugar de importancia12. 
Fukumoto y Morimoto destacan que para hacer frente a la campaña antijaponesa la 
Sociedad Central Japonesa creó en 1937 la Asociación Cultural Peruano-Japonesa para 
fomentar las buenas relaciones entre el Perú y el Japón. Participaron en este acto 
personalidades como el ministro de Educación, José de la Riva Agüero; el embajador 
peruano en Tokio, Manuel Elías Bonnemaison; Aurelio Miró Quesada; Félix Vargas Prada, 
entre otros. La Asociación no logró el impacto esperado por el rumor del que hacía noticia 
Ulloa Sotomayor, de la posibilidad de una invasión al Perú por parte del Japón. 
Según Morimoto, para los políticos y la mayoría de intelectuales, en particular desde la 
década de 1930, el tema de la inmigración japonesa no pasó desapercibido. Por lo tanto, 
los escritos y otros documentos de la época, cargados de expresiones racistas y 
xenófobas, son fuentes confiables en tanto revelan el pensamiento político del momento y 
los temores ante una posible invasión japonesa que se fue acrecentando en Lima por la 
propaganda difundida desde los Estados Unidos. En ese sentido, el malestar contra los 
súbditos japoneses se sustentó por la penetración militar del Japón en el continente 
asiático, realidad que era asociada a los inmigrantes japoneses y sus descendientes, 
presentados como supuestos agentes de un plan político, militar y económico 
gubernamental. 
Mary Fukumoto señala como antecedente, que los escritos sobre la infiltración japonesa 
se iniciaron desde 1934 en el diario “La Prensa” con su propulsor Guillermo Salinas 
Cossío. Mary Fukumoto y Amelia Morimoto coinciden en que el citado periódico cumplió 
su rol de desprestigio a la colectividad japonesa, que se aprecia en la publicación del 2 de 
setiembre de 1937 a través de una crítica agresiva hacia la competencia que generó el 
espacio comercial que fueron ganando los japoneses en la economía nacional, 
                                                 
12SAKUDA, Alejandro Ob. cit., p. 214. 
12 
 
desplazando artesanos, braceros, industriales y comerciantes en su propio país. Por otra 
parte, las agrupaciones políticas como la Unión Revolucionaria y el Partido Aprista, 
arremetieron desde una posición negativa y mordaz contra los japoneses. 
El diario “The Japan Times”, órgano de la Cancillería japonesa, consignó las siguientes 
declaraciones, formuladas por el ex cónsul general del Japón en Lima, Nobuo Fujimura, 
durante su arribo a Yokohama por la culminación de sus funciones: “Debido a que los 
inmigrantes japoneses han conquistado la reputación de ser buenos estudiantes y rudos 
trabajadores que aman la corrección y el orden son altamente elogiados. 
Desgraciadamente éstos elogios han provocado las envidias de muchos peruanos, 
creándose un sentimiento antijaponés”13. 
El ministro de Gobierno y Policía, G. Garrido Lecca, sugirió a lo solicitado por el gobierno 
de los Estados Unidos, como tema de posible inclusión en el Programa de la Conferencia 
Interamericana sobre Coordinación de medidas Policiales y Judiciales, lo siguiente: “Lo 
que sí ha constituido un verdadero peligro para el país, y todavía lo sigue siendo, es la 
penetración económica japonesa. Hay actualmente en el Perú alrededor de 30,000 
individuos de esa nacionalidad, concentrados en su mayor parte en Lima y en los valles 
de la Costa”14. 
El Ministerio de Gobierno y Policía y la Cancillería peruana expresaron la necesidad de 
una estrecha colaboración en referencia a las actividades de la denominada “Quinta 
columna”, que en los países hispanoamericanos adoptaron, por razones tácticas, la 
modalidad de la simple propaganda, que aparentemente inofensiva estuvo en realidad 
destinada a difundir una ideología política y social de amedrentamiento e inutilidad de 
hacer frente al poderío bélico de las naciones totalitarias. Según la Cancillería, la 
                                                 
13Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/24.  Legación del Perú en el Japón, 1939.   
14Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 159. 
Ministerio de Gobierno y Policía, 1940.   
13 
 
comprobación de la existencia de la “Quinta columna”, quedó confirmada en su 
organización militar, al ser ocupados algunos países de Europa; y, de los vehementes 
indicios de su activa acción subrepticia, en los actos de sabotaje perpetrados en algunas 
fábricas de armamentos de los Estados Unidos. El ministro de Gobierno y Policía, G. 
Garrido Lecca, recomendó impedir toda difusión de noticias alarmantes que repercutan 
desfavorablemente en la mentalidad popular. Asimismo, dispuso la restricción de la 
propaganda totalitaria que se hacía principalmente a través de las emisoras Radio 
Internacional y Radio Miraflores; y, por último el control de la introducción de libros y de 
medios de propaganda que llegaba al país a bordo de naves japonesas15.          
El ministro plenipotenciario del Perú en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, informó a 
través del Oficio N°5-18-A/35 del 20 de abril de 1941, sobre la página N°15 del “Resumen 
Estadístico del Imperio de Japón” correspondiente al año de 1940, el cual reconoció 
oficialmente que en el Perú residían 21,503 de sus nacionales, de los cuales 13,251 eran 
hombres y 8,242 mujeres. Es de destacar que las cifras oficiales proporcionadas por el 
Japón consideraron como japoneses a todos los hijos de sus emigrantes nacidos en el 
Perú sin excepción. Sin embargo, el Ministerio de Negocios Extranjeros y la Legación 
nipona en Lima, sostuvieron contrariamente que el número de japoneses era mucho 
menor para  evitar restricciones a la inmigración japonesa. Según el Censo Nacional del 9 
de junio de 1940 se registró un total de 17,598 japoneses distribuidos de la siguiente 
forma: Ancash, 207; Apurímac, 1; Arequipa, 53; Ayacucho, 15; Cajamarca, 16; Callao, 
1,996; Cusco, 19; Huancavelica, 5; Huánuco, 25; Ica, 240; Junín, 509; La Libertad, 441; 
Lambayeque, 181; Lima, 13,557; Loreto, 35; Madre de Dios, 37; Moquegua, 2; Piura, 231; 
Puno, 12; San Martín, 7, y Tacna, 9. Del total de japoneses censados se registraron 
                                                 
15Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 321.  
Ministerio de Gobierno y Policía, 1940. 
14 
 
11,745 hombres y 5,853 mujeres. La población clasificada en económicamente activa 
alcanzó un total de 11,607 de los cuales 10,472 eran hombres y 1,135 mujeres.     
A pesar de las contrariedades suscitadas con los saqueos de mayo de 1940 y la 
condescendencia con las políticas sugeridas por el Gobierno estadounidense, que 
marcaron un negativo referente en las relaciones diplomáticas con el Japón, el 
diplomático Ricardo Rivera  Schreiber logró apaciguar en cierta medida los reclamos del 
Gobierno japonés, lo cual no afectó su respaldo al Perú durante el proceso de litigio 
limítrofe con el Ecuador, cuyas gestiones alentadoras ante la Cancillería japonesa se 
reflejaron en las publicaciones en defensa del derecho del Perú. En ese sentido, Rivera 
aseveró que en caso de una guerra con el Ecuador: “Es indudable la valiosa importancia 
que tendrá para nosotros la ayuda amistosa del Japón con el suministro de armas y 
municiones. Así se me ha manifestado por funcionarios autorizados. Por esta razón he 
tenido en todo momento, especial interés de preparar en tal sentido la buena voluntad del 
Gobierno japonés”16.   
El ministro Ricardo Rivera Schreiber consideró desde una posición negativa para los 
intereses económicos del país la estancia de los inmigrantes japoneses en el Perú. Según 
su parecer, las grandes empresas e instituciones americanas e inglesas, y de otras 
nacionalidades dejaban al Perú, al menos, el beneficio de emplear gran número de 
obreros o servidores peruanos. Sin embargo, calificó a los japoneses de “succionadores 
de la economía peruana” por no dejar nada ni invertir en el país. En ese sentido, avaló la 
denominación de “Gansters del comercio mediante la emigración”. Agregó que el 
elemento japonés despojó al pueblo y la clase media de gran parte del pequeño comercio 
y de trabajos manuales. Manifestó, además, su disconformidad y recelo de que los 
inmigrantes nipones se dedicasen en progresión ascendente de prosperidad, al gran 
                                                 
16Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/47.  Legación del Perú en el Japón, 1941.   
15 
 
comercio y la gran industria agrícola algodonera, base angular de la economía nacional. 
Rivera hizo hincapié que estuvo perfectamente demostrado que los japoneses, sin 
excepción alguna, cualquiera que fuera su ocupación, actividad, negocio o industria, 
remitieron sus utilidades integras al Japón, haciendo uso de la liberalidad de las leyes 
económicas y de la libertad de cambio que el Perú mantuvo invariablemente. Señaló que 
el inmigrante consumió lo más insignificante para su vida, aprovisionándose de recursos 
en el entorno de su colonia organizada, apartada sin asimilarse al país, contratando 
usualmente los servicios de empleados y obreros en el entorno de su propia gente. Rivera 
concluyó con una ácida crítica que reveló su animadversión hacia la colectividad japonesa 
en la siguiente cita: “Es perfectamente conocido por nuestro actual y patriótico gobierno, 
el cual de manera sagaz viene dedicando sus esfuerzos a corregir los agudos y recientes 
daños producidos en nuestro medio por la enormemente lesiva inmigración nipona”17.         
 
1.2 Atentado a la colectividad japonesa- mayo 1940 
Guillermo Thorndike señala que la turba no parecía interesarse en los grandes 
establecimientos japoneses del centro de Lima, sino en los pequeños negocios como las 
fondas de barrio, las chinganitas y las encomenderías atiborradas de sebo, velas, charqui, 
granos, harina, aceite y galletas18. Las acciones vandálicas se justificaron por los rumores 
infundados que decían que los japoneses habían formado un ejército clandestino en el 
Perú para adueñarse del gobierno y ajusticiar a toda la clase dirigente. Asimismo, se 
extendió el temor de una invasión militar del Japón y que sus submarinos disponían de 
una base en Chimbote. Estas amenazas incentivaron la agresión y la restricción del 
ingreso de emigrantes japoneses al país. 
                                                 
17Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/55.  Legación del Perú en el Japón, 1941.    
18THORNDIKE, Guillermo. Los Imperios del Sol. Una Historia de los japoneses en el Perú. Visión del Perú 
Siglo XX. Lima: BRASA, 1996, p. 66.  
16 
 
Thorndike destaca la crueldad del 13 de mayo porque no solamente se atentó contra las 
propiedades de los japoneses, sino también contra la vida de muchos de ellos. La 
indiferencia de las autoridades oficiales hacia la colectividad nipona se evidencia en la cita 
siguiente: “Los japoneses muertos no habían muerto oficialmente. Nadie contó sus 
cuerpos, nunca fueron enterrados, se hablaba de catorce, incluidos dos muertos en el 
Callao. Pasaban de cien los japoneses heridos, tampoco los contaron, oficialmente nunca 
existieron”19. Se ha podido constatar en los periódicos: “El Comercio” y “La Prensa”, que 
los japoneses afectados fueron invisibles, describiéndose ligeramente lo que aconteció el 
fatídico día, con policías y bomberos que aparentemente cumplían a cabalidad su labor, 
curiosamente en la lista de heridos en los hospitales figuró una relación de nacionales. El 
diario “La Prensa” mencionó la existencia de sólo un japonés llamado Yusi Osiro, quien 
había recibido una herida de bala y que fue trasladado al hospital “Dos de Mayo”. Esta 
situación puede hacer creer que el saqueo se dio solamente entre peruanos, cuando en 
realidad existió un atentado contra los japoneses, quienes no fueron tomados en cuenta 
acorde a la prioridad correspondiente, a pesar de haber sido los afectados directos en los 
desmanes de los saqueos.  
En la edición de la tarde se publicó en el diario “El Comercio” el lunes 13 de mayo de 
1940 un Comunicado Oficial de la Dirección de Gobierno, desmintiendo los rumores sobre 
determinadas actividades de la colonia japonesa relativas a la existencia de armas y a la 
organización de agrupaciones contrarias a la soberanía peruana, amenazas que incitaron 
los saqueos. Cabe preguntarse por qué la aclaración de los falsos rumores se publicó 
tardíamente y no antes para prevenir el desborde popular. El Comunicado de la Dirección 
de Gobierno manifestó lo siguiente: 
La Dirección de Gobierno hace saber que son absolutamente falsos y tendenciosos los 
rumores malévolos propalados por elementos contrarios al orden, pues, no existe, ni ha 
                                                 
19 Ídem, p. 67. 
17 
 
existido actividad alguna de la Colonia Japonesa contraria a nuestra soberanía; siendo 
pues, completamente calumnioso todo lo que se ha inventado al respecto. 
Carecen de objeto las manifestaciones callejeras que no sólo desdicen de nuestra 
proverbial cultura, sino que constituyen un atentado contra la tranquilidad pública que el 
gobierno no puede tolerar, por lo que invoca a la ciudadanía para que no se deje 
engañar con esta campaña inescrupulosa, y previene que las autoridades se verán 
precisadas a tomar enérgicas medidas para reprimir los desmanes y garantizar la 
propiedad20.     
La historiografía “nikei” expresa su evidente desazón ante la desidia de las autoridades 
peruanas; y en especial del Gobierno de Manuel Prado Ugarteche por permitirse la 
consumación de la violencia perpetrada contra los japoneses, dejándose de lado la 
protección a la colectividad japonesa, que estuvo distante de todos aquellos argumentos 
de agresión creados con el fin de exacerbar el odio hacia ella y que negativamente se 
propagó en la sociedad peruana. 
Mary Fukumoto incide en la confabulación de una prensa que avivó el sentimiento 
antijaponés. En el editorial de “La Tribuna”, periódico del partido aprista, el 3 de mayo de 
1940 se publicó que los japoneses estuvieron organizando un grupo de espionaje y 
sabotaje peligroso para el Perú. También por esos días se repartieron volantes 
difamatorios en Lima, donde se decía que los japoneses estaban almacenando armas en 
la costa y preparando la llegada de buques del Japón para ocupar Chimbote21. Fukumoto 
señala que en el momento del saqueo y durante la Segunda Guerra Mundial el presidente 
Manuel Prado Ugarteche, representante de la  oligarquía financiera, demostró su poca 
simpatía por los japoneses22. 
Según Chikako Yamawaki, los grandes disturbios de mayo de 1940 en Lima y el Callao 
contra los inmigrantes japoneses, y las diversas medidas adoptadas por el gobierno 
                                                 
20 Diario “El Comercio”, Edición de la Tarde, 13 mayo 1940. 
21 FUKUMOTO, Mary. Ob. cit., p. 243.  
22 Ídem, p. 247.  
18 
 
peruano durante la Segunda Guerra Mundial, trajeron como consecuencia que los 
inmigrantes japoneses fueran ubicados socialmente en un lugar distinto al de los 
inmigrantes chinos23. China fue considerada un país aliado del Perú y durante los 
saqueos pusieron en sus encomenderías y pulperías banderas de su país y las del Perú 
izadas a fin de proteger sus establecimientos comerciales. Yamawaki considera un 
aproximado de 620 víctimas a consecuencia de los disturbios, de los cuales 54 familias 
(316 personas) tuvieron que regresar al Japón luego de haber perdido todos sus bienes. 
La percepción de Morimoto y Sakuda referente a la causa que originó el pillaje del 13 de 
mayo de 1940, se sustentó en el rumor de que los japoneses deseaban apoderarse del 
país y que en sus hogares, establecimientos comerciales y en las diversas zonas de 
concentración de inmigrantes nipones se escondían armamentos. La difusión de este 
rumor impactó en la opinión pública culminando con los saqueos de los negocios 
comerciales y los domicilios de los inmigrantes en Lima. Particularmente, Sakuda 
menciona entre otros rumores la preocupación del desempleo en el Perú que se originó 
por la presencia de japoneses, además de incitar la creencia de que los inmigrantes 
japoneses estaban organizados militarmente. Alejandro Sakuda señala que la policía se 
mostró indolente al momento del saqueo, sólo al día siguiente el presidente Manuel Prado 
Ugarteche dispuso la intervención de efectivos del ejército a fin de dar tranquilidad a la 
población. El director del diario “Perú Jiho”, J. Toguchi, publicó una nota en el diario “La 
Prensa” bajo el título de “El sentir de la colonia japonesa”. Toguchi desmintió 
públicamente las calumniosas versiones propaladas contra la colectividad japonesa. 
Aclaró que los japoneses no tuvieron ninguna intención bélica con el Perú, siendo más 
                                                 
23 YAMAWAKI, Chikako. Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú. Lima: IEP, JCAS, 
2002, p. 122.  
19 
 
bien su deseo permanecer en el país contribuyendo con su trabajo y esfuerzo a la 
prosperidad de la nación peruana24. 
  
1.3 Acciones de la Legación japonesa en el Perú 
A consecuencia de los desmanes ocurridos el 13 de mayo de 1940, la Legación Japonesa 
en el Perú, expresó públicamente su contrariedad por los falsos rumores e invocó a los 
ciudadanos peruanos a no aceptar los argumentos infundados que sólo contribuían a 
mellar la imagen de los japoneses y sus descendientes en el Perú. En el diario “La 
Prensa” se publicó el Comunicado de la Legación del Japón: 
1. Que es absolutamente inexacto, como consta a las autoridades peruanas, que 
funcionen organizaciones militares japonesas de ninguna especie. 
2. Que es también inexacto que la Colonia japonesa haya importado o adquirido armas 
de guerra, que ningún súbdito japonés tiene en el Perú. 
3. Finalmente, que es asimismo falso que la inmigración japonesa crezca cada día, 
agudizando el problema de la desocupación. A parte de que miles de peruanos trabajan 
en los establecimientos japoneses, la cantidad de inmigrantes, según las cifras oficiales 
de cuya autenticidad no cabe duda, demuestra que, lejos de aumentar, el número de 
japoneses en el Perú se reduce; así, en el año 1938, ingresaron, incluyendo a los 
japoneses que regresaron al país sólo 239, y lo dejaron 603; en el año 1939, ingresaron 
igualmente 239 y salieron 631, y en el presente año, en los cuatro meses transcurridos, 
han ingresado 85 y han salido 212, lo que equivale a decir que en dos años cuatro 
meses el número de japoneses que ha ingresado a la República llega a 563 y el de los 
que han salido a 1,446, o sea que la colonia japonesa se ha reducido en 883 de sus 
miembros en ese periodo25.  
                                                 
24 SAKUDA, Alejandro Ob. cit., p. 241. 
25Diario “La Prensa”, Edición de la Mañana, 14 mayo 1940, p. 5. 
20 
 
La inmediata reacción oficial de la Legación del Japón fue el envío de un memorándum el 
13 de mayo de 1940 a través de su encargado de negocios, Hitoshi Satoh, dirigido al 
ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, en la que se solicitó providenciar lo 
necesario para que las autoridades correspondientes puedan dar la protección necesaria 
a los súbditos japoneses, porque innumerables casas de comercio, peluquerías y 
cafetines de Lima y Chimbote fueron objeto de saqueos, apedreamiento y destrucción, 
resultando algunas personas heridas, como consecuencia aparentemente de las 
publicaciones perniciosas aparecidas en algunos periódicos y de volantes denigrantes de 
cuyo origen se ignora26.  
Los sucesos acontecidos contra la colectividad japonesa en Lima, suscitó que el 
encargado de negocios de la Legación del Perú en el Japón, Carlos Porras, fuera citado 
urgentemente el 15 de mayo de 1940 por el ministro de Negocios Extranjeros, Hachiro 
Arita, quien manifestó que la Legación japonesa en el Perú tenía instrucciones de formular 
una protesta formal ante el Gobierno peruano; asimismo, solicitó protección para las 
propiedades y súbditos japoneses. El diplomático Carlos Porras lamentó sobre lo ocurrido 
en Lima e informó que las autoridades peruanas ya habían tomado todas las medidas 
necesarias para resguardar el orden y proteger tanto las vidas como las propiedades de 
los súbditos japoneses27. Por otro lado, Carlos Porras informó que el diario japonés 
“Kokumin” insinuó que lo sucedido en Lima, fue provocado por una propaganda “yankee”, 
que perseguía una política antijaponesa en el mundo.  
El diario japonés “Nichi- Nichi” del 23 de mayo de 1940 advirtió de un movimiento anti-
japonés dirigido por una fuerza política bien organizada denominado el “Partido del Apra”, 
                                                 
26Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: 6- 18. 
Legación del Japón en el Perú, 1940. 
27Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/14.  Legación del Perú en el Japón, 1940.  
21 
 
que se hizo presente con una propaganda pública reclamando que el Perú era de los 
peruanos, estrategia política para conquistar el alma del pueblo peruano.            
El Gobierno del Japón a través de la nota número 27 del 28 de Mayo de 1940, presentó 
su protesta verbal al gobierno peruano por lo acontecido en los saqueos del mes de mayo 
y las secuelas de pérdidas económicas que trajo consigo para la colectividad japonesa. 
Era de esperarse la reacción del Gobierno japonés, en la que manifestó su preocupación 
de que los pillajes fueran dirigidos únicamente contra los japoneses residentes y se 
produjeran en la capital del Perú, donde la vigilancia debió estar más cercana al control de 
las autoridades policiales, a la vez de que se solicitó el cumplimiento de todo el rigor de la 
Ley para los ejecutores de vil procedimiento. El ministro plenipotenciario Masamoto Kitada 
denotó que antes de que ocurrieran los desmanes, algunos periódicos o revistas en Lima 
publicaron constantemente artículos ofensivos e incitantes contra la colonia japonesa, 
razón por la cual, solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, 
considere alguna medida para reprimir la continuidad de esa campaña periodística. Por 
otro lado, se informó que los desmanes no fueron dominados hasta la noche del 14 de 
mayo y que, debido a estas circunstancias, los establecimientos comerciales, colegios y 
casas particulares de los japoneses fueron expuestos a las amenazas, atropellos y 
desmanes del desborde popular. En el reclamo presentado al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el ministro japonés Masamoto Kitada destacó lo siguiente: 
A. El gobierno del Japón ruega al gobierno de vuestra Excelencia que se sirva tomar en 
consideración lo acontecido para que tales casos no se repitan en el futuro y quede 
garantizada la vida y la propiedad de los residentes japoneses, de acuerdo con las 
disposiciones de la Constitución Política del Perú. 
22 
 
B. En cuanto a los perjuicios y daños sufridos durante estos sucesos, el Gobierno del 
Perú se servirá disponer se verifique una detallada investigación y se indemnice 
completa y suficientemente a quienes han resultado víctimas de los desmanes28. 
El ministro plenipotenciario Masamoto Kitada en la nota número 30 del 20 de junio de 
1940 hizo de conocimiento al canciller Alfredo Solf y Muro, que cerca de 600 casas de 
súbditos japoneses fueron atacadas y saqueadas, perdiendo muchos de ellos la fuente de 
su manutención, es decir, sus pequeños negocios. La mayoría de los afectados buscó 
refugio en casas de amistades y en el colegio japonés de Jesús María, cuyo número 
ascendió a 386 personas. Destacó que los damnificados no disponían de los medios 
económicos suficientes para el alquiler correspondiente de casas o negocios y por 
consiguiente estaban expuestos a perder los locales que ocupaban sus negocios y las 
licencias municipales para ejercerlos. Debido a la urgente necesidad de aliviar en algo a la 
gente afectada, la Legación japonesa propuso la posibilidad que el gobierno peruano, 
pague el alquiler a los propietarios de las casas, habitaciones y tiendas ocupadas por los 
japoneses, a cuenta del pago que abonaría a los damnificados. Finalmente, contempló la 
factibilidad de un adelanto a cuenta de las indemnizaciones que se pagarían cuando 
culmine su informe la Comisión encargada por el Supremo gobierno de valorar las 
pérdidas de los súbditos japoneses. Las sugerentes medidas fueron desestimadas por el 
Gobierno peruano que no estuvo en condiciones de aceptarlas y comprometerse en casos 
de acciones judiciales que siguieron su debido trámite.      
El ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, percibió como 
repercusión por los sucesos de mayo de 1940 una evidente hostilidad en el ambiente 
general y un marcado resentimiento en los círculos oficiales. Según opinión de algunos 
japoneses que regresaron del Perú, “la envidia de los peruanos por la prosperidad y el 
                                                 
28Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 27. 
Legación del Japón en el Perú, 1940. 
 
23 
 
espíritu de empresa de los japoneses, aparte de motivos políticos”29 determinaron los 
ataques a los establecimientos nipones en Lima. Asimismo, la prensa japonesa destacó 
que en el Perú había más de 23,000 japoneses, siendo trascendente el desarrollo de la 
colonia. Rivera Schreiber, dio a conocer que por estrategia el Gobierno nipón sugirió a los 
diarios la conveniencia de no ahondar en los comentarios críticos de las editoriales, y 
eludir la prolongada campaña contra el Perú a fin de evitar el enojo de la opinión pública. 
En efecto, el interés primordial fue mantener sin el menor resquebrajamiento la 
emigración japonesa al país30.        
La Legación del Japón remitió un memorándum el 11 de julio de 1940 a la Cancillería 
peruana informando que se dispuso todas las medidas posibles para socorrer a las 
víctimas de los sucesos del mes de mayo, distribuyendo entre los afectados: los fondos 
recolectados por sus compatriotas, proporcionando alojamiento, alimentación y facilitando 
la repatriación de 216 damnificados. La Legación sometió a consideración del Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú algunas excepciones a los dispositivos legales: autorizar la 
expedición por el Consulado del Japón de una constancia de su condición de refugiado, 
permitirse el trabajo en las casas de comercio y fábricas de las personas que les 
amparan. Asimismo, declarar que no recibiendo sueldo por sus servicios en 
compensación del auxilio que reciben, no deben considerarse como empleados u 
operarios del negocio en que provisionalmente sirven, ni deben figurar en las planillas 
correspondientes. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú lamentó no poder 
atender las sugerencias contempladas, porque contrariaban las cuestiones expresamente 
previstas en la legislación peruana, que prohibía la prestación de servicios gratuitos y 
                                                 
29Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/46.  Legación del Perú en el Japón, 1940.  
30Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/45.  Legación del Perú en el Japón, 1940. 
24 
 
determinaba la proporción que necesariamente debía existir entre los trabajadores 
nacionales y extranjeros, así como en las respectivas remuneraciones31.   
La presión del Gobierno japonés se concentró en abogar por la pronta indemnización de 
los damnificados de los saqueos; sin embargo, su mayor interés fue lograr una alianza 
estratégica con el Perú, con la finalidad que le facilitara los recursos necesarios para su 
afán expansionista en el Asia. En una reunión organizada por la Sociedad Nipono-
peruana32, el 16 de julio de 1940, el oficial del Ejército Japonés, Tojiro Mutoi, del Ministerio 
de Guerra, manifestó lo siguiente: “La amistad entre el Japón y el Perú debe mantenerse 
a pesar de las actividades de los Estados Unidos. El Perú debe rechazar la influencia 
estadounidense contra el Japón y para demostrar su sinceridad deben continuar 
admitiendo a los japoneses”33. Según el ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo 
Rivera Schreiber, el mensaje enviado por el Japón sugirió claramente eliminar la 
injerencia estadounidense para favorecer la penetración japonesa en el Perú. La 
percepción de Rivera Schreiber sobre las consecuencias del saqueo a los súbditos 
japoneses se expresó en la siguiente cita: “Inequívocadamente se ha tratado de hacerme 
sentir aquí un marcado resentimiento y vedada hostilidad hacia el Perú. Pero, al mismo 
tiempo, aparece ya el propósito de continuar, con la infatigable constancia de este 
Gobierno, presionando oficialmente para reanudar el envío de emigrantes y mantener las 
situaciones alcanzadas en nuestro país”34.            
En la nota N° 35 del 22 de julio de 1940 el ministro Masamoto Kitada solicitó el auxilio 
pecuniario inmediato para las personas más necesitadas en un cálculo de entre 500,000 a 
                                                 
31Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum 
N° 6- 18/22. Japón, 1940.   
32La Sociedad Nipono-peruana fue establecida en el Japón en 1939 y organizada por el Ministerio de 
Negocios Extranjeros del Japón. Según, el ministro plenipotenciario en el Japón Ricardo Rivera Schreiber, la 
Sociedad asesoró al gobierno japonés en la política y en la acción que se desarrollaba en el Perú.  
33Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/18.  Legación del Perú en el Japón, 1940. 
34Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/21.  Legación del Perú en el Japón, 1940. 
25 
 
800,000 soles. Se propuso hacer efectivo el pago propuesto a través de las siguientes 
medidas: 
I. Por intermedio del Gobierno del Perú, el Banco Agrícola podría entregar a crédito 
algodón en rama para exportación al Japón por un valor más o menos de 800,000 
soles, por el plazo de seis meses y renovables, con la inteligencia de que la obligación 
estará garantizada por el Ministro del Japón, previa autorización del Gobierno del 
Japón, satisfaciendo el pago de dicha suma cuando sea efectuado el pago de la 
indemnización. 
II. En caso de que haya dificultad en la sugerencia (I), el Gobierno del Perú podría 
autorizar al Banco de Reserva para descontar pagarés hasta la suma de 800,000 soles, 
del Ministro del Japón, que estaría garantizada por la indemnización que está en 
estudio y valorización35. 
La Cancillería peruana en respuesta a la nota N°35 manifestó que las disposiciones 
legales vigentes que reglamentan las operaciones de los créditos de los Bancos Agrícola 
y de Reserva del Perú, no permitían la concesión de créditos a los gobiernos extranjeros 
ni a sus representantes36. Por tal motivo, se lamentó no estar en aptitud legal de 
considerar la solicitud correspondiente, en beneficio de los súbditos japoneses 
reclamantes, cuyos respectivos expedientes se encontraban en tramitación. 
El diario japonés “Asahi” publicó el 13 de agosto de 1940 el arribo en el vapor “Heiyo 
Maru” de doscientos cuarenta súbditos japoneses procedentes del Perú, como 
consecuencia de los asaltos del mes de mayo en Lima. Difundió las declaraciones de uno 
de los afectados, el señor Kishimoto, director de la firma de algodón de Huaral y de Letts 
& Cia, quien relató lo siguiente: “Comenzó al mediodía del 13 de mayo, la policía estaba 
presente, pero hizo como si nada viera. Después del ataque a mi casa los asaltantes 
                                                 
35Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: 6- 18. Japón,  
1940. 
36Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum 
N° 6- 18/29. Japón, 1940.    
26 
 
dijeron: ya no hay nada más para llevarse, vámonos”. Finalmente, Kishimoto, manifestó: 
“La gente peruana ya está tranquila, hay que tener en cuenta que los peruanos sólo 
tienen un carácter fuerte por un momento, pero que en seguida se ponen como si nada y 
se olvidan. Así es que yo, una vez más regresaré al Perú y lucharé de nuevo”37.  
El periódico de Tokio “Nichi-Nichi” el 03 de noviembre de 1940 entrevistó al ex ministro 
plenipotenciario del Japón en el Perú, Masamoto Kitada, quien expresó que los ataques a 
los japoneses de mayo de 1940, fue preparado por elementos políticos radicalistas, los 
cuales agitaron a las clases proletarias. Agregó que el ataque fue de carácter pasajero, 
habiendo retornado la normalidad y el comercio japonés a sus usuales negocios38.       
La Legación del Japón envió el 4 de diciembre de 1940 un memorándum al Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el que dio a conocer que no disponía de más fondos para 
socorrer a las víctimas, amparándose en el supuesto de tratarse de una situación 
transitoria, no susceptible de prolongarse por más tiempo. Y en vista de la demora del 
cumplimiento de la indemnización, la situación de los damnificados se fue agravando día 
a día por el retraso a la solución del problema. La Legación del Japón propuso la 
adopción de dos medidas: la indicación de una suma de dinero adecuada que 
periódicamente y mientras la reparación no sea abonada, contribuya con el sostenimiento 
de los afectados de los asaltos. Y la fijación de un breve plazo para efectuar la 
compensación adecuada. 
El encargado de negocios del Japón, señor M.Yodo-Kawa, remitió al Ministro de 
Relaciones Exteriores un memorándum reiterativo el 18 de enero de 1941, recomendando 
lo siguiente: 
                                                 
37Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/59.  Legación del Perú en el Japón, 1940.  
38Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/75.  Legación del Perú en el Japón, 1940. 
27 
 
A.- La atención, siquiera parcial, de los reclamos, a fin de aminorar la desesperada 
situación de las víctimas; 
B.- La entrega con este propósito de una cantidad de producto, que el Gobierno del 
Perú puede adquirir dentro de los que permanecen sin exportación, y que pueda ser 
colocado en los mercados japoneses; 
C.- Podría ser ésta de la de diez mil pacas de algodón, cuyo valor puede calcularse, 
más o menos, en tres millones de soles de oro, en las cotizaciones actuales; 
D.- Siendo evidentemente mayor el importe aproximadamente calculado de los 
reclamos, quedaría la liquidación final por hacerse, cuando la Comisión de Investigación 
de Indemnizaciones dé por terminado su trabajo39. 
La Legación del Japón informó que no recibió ninguna respuesta de parte del Gobierno 
peruano, respecto a los memorándums de fechas 4 de diciembre de 1940 y 18 de enero 
de 1941, en los que se sugirió ideas concretas a fin de conseguir la pronta liquidación de 
esta cuestión. El diplomático M.Yodo-Kawa, insistió al canciller Alfredo Solf y Muro una 
contestación sobre las propuestas formuladas en los mencionados memorándums, a fin 
de poder informar a su Gobierno40.            
El ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, fue citado el 29 de 
enero de 1941 por el ministro de Negocios Extranjeros, Yosuke Matsuoka, para tratar el 
asunto sobre la demora del pago de las indemnizaciones a los perjudicados en los 
ataques de mayo en Lima. El Canciller japonés delegó al director del departamento de 
América, Terasaki, exponer los reclamos de su Gobierno, dado que él tuvo que asistir a 
una reunión inaplazable en el gabinete. El Director del Departamento de América 
cuestionó el por qué de la existencia en el Perú de tan terrible enemistad y animadversión 
al elemento japonés, que nada grave había hecho. A su vez criticó enérgicamente la 
                                                 
39Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: 6-18. Legación 
del Japón en el Perú, 1941.    
40Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 10 
Legación del Japón en el Perú, 1941.    
  
28 
 
publicación continua de pasquines injuriosos y en especial del diario “La Tribuna” por su 
tenaz y virulenta campaña destinada a exaltar los ánimos contra el Japón y los japoneses, 
preocupación que fundamentó por el temor de que se repitiesen los ataques a la 
colectividad japonesa. El ministro Ricardo Rivera expresó su desacuerdo por el fácil 
prejuzgamiento y que la razón de la resistencia del Perú, legítima y perfectamente 
justificada por el aumento de la inmigración japonesa, fue presentada oficialmente al  
Gobierno del Japón, en la que se advirtió de los peligros laborales que existían por el 
número de los inmigrantes japoneses frente a la resistencia de las clases trabajadoras. 
Asimismo, hizo hincapié que aunque la resistencia a una mayor inmigración formó parte 
de un movimiento nacionalista, éste fue ajeno a la enemistad a los japoneses. Agregó que 
en los incidentes del 13 de mayo de 1940 no participaron elementos representativos de la 
opinión mayoritaria del país, y que el Gobierno del Perú condenó unánimemente lo 
acontecido. Puntualizó que el Perú siempre ha demostrado su consentimiento y 
condescendencia al permitir a la colonia japonesa el libre ejercicio de actividades que 
otros países le tenían limitadas como: educación, prensa, formación de sociedades, etc. 
Por su parte, Terasaki, indicó que el Gobierno japonés atribuía la “mayor gravedad y 
seriedad” a la situación incómoda que se suscitó con la demora para atender el pago de 
las indemnizaciones prometidas a las víctimas de los asaltos y robos de mayo pasado. En 
ese sentido, dio a conocer que los afectados se encontraban desesperados por la difícil 
situación y la precaria condición que padecían en Lima. De igual forma, solicitó consultar 
urgentemente el tiempo que tomaría a la Comisión Ad-Hoc41 completar sus labores y la 
fecha aproximada en que el Gobierno peruano pagaría las indemnizaciones. El 
diplomático Rivera Schreiber manifestó que ningún gobierno podía asumir la 
                                                 
41La Comisión Ad-Hoc fue establecida a través de Resolución Suprema el 21 de mayo de 1940, con el fin de 
valorizar los daños de las víctimas de los ataques del 13 de mayo de 1940. El Director del Departamento de 
América, Terasaki, informó el 30 de enero de 1941 que la Comisión por el momento había estudiado 40 casos 
de los tres mil que sumaban  las  reclamaciones y que habiéndose solicitado apurar sus labores, prometió 
ocuparse de revisar 60 casos mensualmente.       
29 
 
responsabilidad de tales pagos, sin que se haya realizado un detenido estudio y 
evaluación de los perjuicios, sujeto a estrictos procedimientos legales que demandaban 
necesariamente tiempo. Dejó constancia que no consideraba las palabras del Gobierno 
japonés como reclamación diplomática, porque el Perú ha respetado la doctrina 
internacional al no violarse algún principio de derecho público, comprometiéndose 
oficialmente a pagar la indemnización correspondiente. El ministro Rivera Schreiber, 
expresó su protesta formal por las hirientes y lesivas publicaciones contra el Perú en el 
diario oficial “Japan Times and Advertiser”, por el motivo de la dilación en el pago de las 
indemnizaciones. El director del departamento de América, Terasaki, respondió 
sagazmente que el contenido de los diarios no representaba la palabra oficial del 
Gobierno japonés y que deploraba lo ocurrido, pero que al mismo tiempo no se podía 
ocultar la gravedad que rodeaba el asunto42.  
El ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, evidenció su antipatía 
e indiferencia hacia la colectividad japonesa al considerar que  la campaña periodística 
contra los japoneses en el Perú no caldeó el ambiente hasta el extremo de esperarse una 
explosión. Asimismo, expresó su desacuerdo con el Gobierno japonés por estimar de 
crítica y penosa la situación de los damnificados por los sucesos de mayo; al denotar las 
acusaciones y los reclamos de los damnificados de exagerada. Por otro lado, señaló que 
uno de los fundamentos de la incorporación del Japón a las potencias del Eje, consistió en 
la conquista y la división de Sudamérica con Alemania e Italia. En ese sentido, el 
diplomático Ricardo Rivera Schreiber advirtió que la ambición del Japón no tuvo límites, 
respaldándose en la emigración, el espionaje, la creación de intereses, la acción de sus 
colonias organizadas en determinados países, la presión y la reclamación continua. 
Según su apreciación, Japón se consideró el pueblo divino, destinado a la conquista del 
                                                 
42Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/5.  Legación del Perú en el Japón, 1941.  
30 
 
mundo, sin dejar de copiar cuanto le es útil de los países de ultramar, como por ejemplo la 
invocación de sus minorías nacionales. De acuerdo a lo percibido por algunos 
diplomáticos japoneses, Rivera Schreiber, advirtió acerca de la facilidad con que se 
conquistaría el Perú, tomándose en cuenta su debilidad militar. Manifestó el interés 
general de los miembros del Gobierno por conocer detalles sobre los recursos y las 
riquezas del Perú, con el afán de constituir agencias y oficinas, explotar minerales, 
adquirir tierras, enviar misiones comerciales y  expertos técnicos. Particularmente, informó 
lo siguiente: “El Perú, no cabe duda, tiene un peligroso problema con la infiltración del 
Japón, y la ambición expansionista del Japón es vinculada y coordinada con la de 
Alemania”43. En ese sentido, recomendó que el Gobierno peruano se ampare en el poder 
bélico de los Estados Unidos, con el fin de neutralizar y desbaratar los posibles desmanes 
y los propósitos de conquista y expansión de las potencias totalitarias.  
El 16 de febrero de 1941 el ministro Ricardo Rivera Schreiber fue citado por el ministro de 
Negocios Extranjeros, Yosuke Matsuoka, con el propósito de expresar su preocupación 
sobre la creciente gravedad que asumía la cuestión de los damnificados, y a manera de 
intimidación agregó que temía un escandaloso debate parlamentario con toda su 
trascendencia y efectos en la opinión pública del Japón. El diplomático Rivera Schreiber 
expresó que no existía animadversión contra el Japón y que un debate inamistoso en el 
parlamento podría crearlo, provocando una justificada reacción ante la improcedencia y el 
carácter inusitado de ataques al Perú que no descansaban en una razón efectiva. Según 
Rivera, la amenaza del debate parlamentario entrañaba una maniobra de la Cancillería 
japonesa destinada a presionar al Gobierno peruano. En consecuencia, desestimó el 
                                                 
43Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/6.  Legación del Perú en el Japón, 1941. 
31 
 
debate parlamentario por la trascendencia inconveniente y que por estrategia política 
evitaría el Gobierno japonés44. 
El encargado de negocios del Japón, M.Yodo-Kawa, animado en colaborar para el 
aceleramiento de los trabajos de la Comisión de Investigación, y a fin de evitar posibles 
discrepancias acerca de las estimaciones de daños y perjuicios, propuso al canciller 
Alfredo Solf y Muro, la conveniencia de que un miembro de la Legación japonesa sea 
admitido para participar en las sesiones de la Comisión, con el fin de aclarar los diversos 
asuntos en razón del idioma, inclusive cumplir la función de intérprete; y sobre todo 
garantizar las aprobaciones finales que dicte la Comisión45. 
En la nota verbal del 13 de mayo de 1941 el Gobierno del Japón propuso al Ministerio de  
Hacienda del Perú, la entrega de una suma determinada a la Legación del Japón, en vez 
de seguir los trabajos de la Comisión Valorizadora. Y para determinar la suma de 
transacción, los damnificados decidieron calcular únicamente los daños efectivos, no 
habiéndose considerado los perjuicios derivados como lucro cesante a que tenían 
derecho. La Legación del Japón a fin de dar mayores facilidades planteó la posibilidad de 
aceptar parte del pago en productos consumibles en el Japón, teniéndose en cuenta las 
conveniencias financieras del Perú. 
El ministro plenipotenciario del Japón en el Perú, Tatsuki Sakamoto, a través de la nota N° 
93 del 19 de agosto de 1941, expresó en nombre del Gobierno japonés la intención de 
resolver definitivamente la cuestión de las indemnizaciones por los sucesos de los días 13 
y 14 de mayo de 1940. Se propuso la cantidad de un millón cuatrocientos mil soles oro, 
(S/. 1.400,000.00) que entregaría el Gobierno peruano en la siguiente forma: 
 
                                                 
44Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/12.  Legación del Perú en el Japón, 1941. 
45Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 21.  
Legación del Japón en el Perú, 1941. 
32 
 
En efectivo   S/. 350,000.00 (S/. 100,000.00 ya entregados) 
En lanas       S/. 600,000.00 
En sal           S/. 250,000.00 
En azúcar    S/. 200,000.00  
Total:         S/.1.400,000.00 
El diplomático Tatsuki Sakamoto, consideró que la cantidad propuesta estuvo por debajo 
de los reales perjuicios sufridos en los 600 casos debidamente constatados, cuyo monto 
total ascendió a S/. 3.950,000.00, según las reclamaciones presentadas por los 
interesados; sin embargo, se decidió a aceptarla en aprecio a las buenas relaciones que 
siempre existieron entre el Perú y el Japón y en su deseo de remover cualquier obstáculo 
para la buena inteligencia de ambos pueblos. 
El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alfredo Solf y Muro, en atención a la nota 
N° 93, aceptó en nombre del Gobierno peruano la forma propuesta de pago que ascendió 
a un total de un millón cuatrocientos mil soles oro (S/. 1.400,000.00)46.   
La Legación del Japón envió a la Cancillería peruana el memorándum N° 103 el 9 de 
setiembre de 1941, a fin de prevenir cualquier prejuicio contra la colectividad japonesa, y 
de desvirtuar cualquier propaganda tendenciosa de la prensa local, referente a propósitos 
subversivos contra el Perú y sus instituciones. Se enfatizó que las autoridades japonesas 
y la colonia japonesa no abrigaron intereses inconvenientes y peligrosos para el país, y 
que no existía organización alguna que bajo cualquier pretexto pretenda socavar o atentar 
contra la tranquilidad del pueblo peruano y su soberanía. En ese sentido, se reiteró que 
los residentes japoneses siempre han desarrollado sus actividades dentro del marco de la 
Ley y de las disposiciones de orden público, ansiosos constantemente de corresponder a 
la hospitalidad de la nación peruana y de contribuir con sus esfuerzos al desarrollo de la 
prosperidad nacional. Por estrategia económica y por circunstancias bélicas, el Gobierno 
                                                 
46Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6- 
18/43. Japón, 1941.   
33 
 
japonés expresó que ha dado al Perú la prioridad de mantener la estabilidad en el 
suministro de fletes y en el intercambio comercial, conveniente para el normal 
desenvolvimiento de la vida económica. 
    
1.4 Argumentación y acciones tomadas por el Gobierno peruano 
En respuesta al memorándum del 13 de mayo de 1940 que envió el encargado de 
negocios, Hitoshi Satoh, solicitando la protección de las autoridades para los súbditos 
japoneses. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú remitió el memorándum N° 6-
18/10 el 14 de mayo de 1940 y manifestó que el Gobierno peruano deploró los 
acontecimientos suscitados, expresando a la Legación del Japón que se tomaron las 
medidas necesarias para impedir la repetición de aquellos hechos y se comprometió a 
prestar las más amplias garantías a la colonia japonesa. El deslinde de responsabilidad 
de los saqueos por la Cancillería peruana se centró en que el desborde popular se suscitó 
en una forma imprevista, de modo que no se pudo tomar a tiempo las medidas para 
impedirlo y que fue imposible contenerlo inmediatamente. Se reconoció sutilmente que 
algunos policías no habían podido contrarrestar el ímpetu popular. La argumentación 
expuesta fue que ese desorden se ocasionó por el ambiente desagradable del caso 
Furuya, quien habiéndose nacionalizado peruano apareció, no obstante, inscrito en el 
Consulado del Japón en Lima como japonés; en consecuencia, puso de manifiesto una 
situación irregular respecto a las leyes nacionales de las actividades de las instituciones y 
de la colonia japonesa. Asimismo, se agregó el malestar ocasionado por la casi 
monopolización que la colectividad japonesa logró en los negocios y trabajos pequeños 
en las ciudades y algunas áreas agrícolas, con lo que se desplazaba al elemento 
nacional. El Ministro Masamoto Kitada ante tal acusación, consideró que no era necesario 
34 
 
volver sobre este asunto, entendiendo que se trataba del punto de vista propio del 
Canciller Alfredo Solf y Muro con respecto a la campaña antijaponesa.   
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, puntualizó que el Gobierno ha 
continuado prestando a los japoneses las garantías personales, de la misma forma que lo 
hacía con los demás extranjeros y con sus propios nacionales, habiéndose tomado todas 
las providencias para que cesaran los desmanes y atropellos contra los japoneses. 
Asimismo, se aceptó en principio la indemnización de los daños efectivos, previa 
evaluación correspondiente47. En atención sobre las publicaciones que exaltaron el 
sentimiento antijaponés, se manifestó que el gobierno no disponía de los medios legales 
para impedir su circulación. El ministro Masamoto Kitada, reiteró en nombre de su 
Gobierno el deseo de que en el futuro puedan ser tomadas por el Gobierno del Perú 
adecuadas medidas que eviten publicaciones tendientes a perjudicar la tranquilidad de los 
japoneses residentes en el país.    
Para apaciguar los ánimos exaltados el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y 
Muro, envió a la Legación del Japón una copia de la Resolución Suprema expedida por el 
Ministerio de Gobierno y Policía, el 21 de mayo de 1940, nombrando una Comisión que 
presidió el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Fernando Wiese, para que se 
procediera a estudiar y valorizar los daños causados a las propiedades de los súbditos 
japoneses en las provincias de Lima y el Callao. La Comisión informó el 28 de agosto de 
1940, que el Consulado y la Legación japonesa indicaron sobre el retiro de las 
reclamaciones de varios súbditos japoneses por los siguientes motivos: los interesados 
quienes retornaron al Japón sin dejar apoderado, los hijos de padres japoneses nacidos 
en el Perú que obtuvieron su licencia de apertura de sus negocios, algunos que reabrieron 
sus establecimientos sin esperar la inspección ocular y, finalmente, los que fueron 
                                                 
47Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6- 
18/11. Japón, 1940. 
35 
 
obligados a retirar sus reclamos, debido a que en la Comisaría de la Victoria no quisieron 
dar el permiso de reapertura de sus negocios, antes de asegurarse de que los 
damnificados habían desistido de reclamar. En descargo de alguna responsabilidad, la 
Comisión no comprendió que los reclamantes dieran crédito al pedido de desistimiento 
por la policía, dado que como único ente oficial no expidió ninguna constancia sobre el 
particular48.    
El Canciller Alfredo Solf y Muro recomendó a la Comisión que estudie de preferencia los 
expedientes de los establecimientos comerciales, con el objeto de que pudiera 
completarse su habilitación y los propietarios estuvieran en aptitud de renovar sus 
actividades. 
El secretario general de Relaciones Exteriores, Hernán Bellido, informó que el Ministerio 
de Gobierno, a través de la Resolución Ministerial del 24 de julio de 1940, autorizó a las 
Prefecturas de Lima y el Callao para que, previa identificación y comprobación de los 
propietarios, se devuelvan a los súbditos japoneses los objetos recuperados por la Policía 
que les fueron sustraídos en los saqueos perpetrados el 13 de mayo, y se extendió las 
atribuciones de la Comisión para estudiar y valorizar los daños causados en las provincias 
de Chancay y Cañete49. 
La Dirección General de Gobierno comunicó a la Cancillería que conforme a la Resolución 
Ministerial del 24 de julio de 1940, se devolvieron a sus dueños los bienes recuperados  
con motivo de los saqueos de mayo de 1940, y que debido al tiempo transcurrido, se 
consideró inaceptable el indeterminado depósito de dichas especies no reclamadas, 
avalándose  inapropiadamente, que fue conveniente para los intereses fiscales proceder 
al remate de las especies no solicitadas. En ese sentido, la Resolución Ministerial del 15 
                                                 
48Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 225. 
Ministerio de Gobierno y Policía. 
49Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6- 
18/28. Japón, 1940.  
36 
 
de diciembre de 1943, aprobó la cuenta documentada, elevada por intermedio de la 
Prefectura de Lima, ejecutada por la Junta creada por Resolución Ministerial del 10 de 
agosto de 1943, encargada de llevar a cabo el remate de los bienes pertenecientes a 
súbditos japoneses, que fueron recuperadas por la policía como consecuencia de los 
sucesos del 13 de mayo de 1940, y que se encontraban depositados en la Alcaldía de la 
Intendencia de la Policía de Lima, el cual había arrojado la suma de nueve mil 
cuatrocientos dieciocho soles oro, setenta centavos (S/. 9,418.70), ingresada al Tesoro 
Público, por intermedio de la Contaduría General del Ramo, con cargo a la partida N° 150, 
del Pliego de Ingresos, “Cuenta Ingresos Diversos e Imprevistos”, conforme lo acreditó el 
recibo de Caja Fiscal N° 27343, del 10 de noviembre de 194350.  
El Ministerio de Gobierno y Policía informó que en la Comisión Ad- Hoc se presentaron 
601 reclamaciones de súbditos japoneses, en la siguiente forma: 575 de las provincias de 
Lima y el Callao, 6 de la provincia de Chancay y 20 de la provincia de Cañete. Se 
sustentó la demora en la resolución de los expedientes, porque debió de valerse de 
distintos medios para la comprobación de la exactitud de las sumas reclamadas, dado que 
en la mayoría de los casos habían desaparecido por completo los libros de contabilidad y 
toda la documentación propia de los establecimientos comerciales, habiendo tenido que 
recurrir, además de las inspecciones oculares, al estudio de los balances presentados a la 
Dirección de Contribuciones, a los expedientes municipales seguidos para obtener 
licencia de apertura de establecimientos, a las escrituras públicas de constitución de 
sociedades o compañías, a la declaración de fábricas y firmas mayoristas y aún a la 
declaración de testigos. La Comisión determinó después del estudio de 56 expedientes la 
suma total de S/. 183,958.11, reduciendo ampliamente la suma propuesta por los 
reclamantes que ascendió a S/. 441,958.88. Asimismo, observó en algunos casos la 
                                                 
50Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 238. 
Dirección General de Gobierno, 1943. 
37 
 
improcedencia del pedido, por no haberse comprobado en ninguna forma el reclamo 
formulado51.           
El Ministerio de Gobierno y Policía comunicó el 12 de diciembre de 1940 al Ministro de 
Relaciones Exteriores la detención de varios individuos comprometidos en la propaganda 
que estuvieron haciendo contra la colonia japonesa diversos pasquines y en especial el 
periódico clandestino “La Tribuna”, continuando activamente la labor de la Policía para 
impedir por todos los medios a su alcance la circulación de tales impresos52.         
El ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, con la finalidad de 
sosegar el malestar creado por el reclamo del Gobierno japonés acerca del pago de las 
indemnizaciones, solicitó entrevistarse el 9 de marzo de 1941 con el Canciller japonés, 
Yosuke Matsuoka, para comunicarle que el Gobierno peruano deseoso de demostrar una 
vez más al Gobierno Imperial, su amistosa consideración, había adoptado medidas para 
atender en lo posible a los damnificados. El canciller Matsuoka manifestó su 
agradecimiento en nombre del Gobierno Imperial, agregando que nunca había dudado de 
los amistosos sentimientos del Perú, declaró finalmente que el Gobierno japonés estaba 
dispuesto a atender cualquier solicitud del Gobierno del Perú. El diplomático Ricardo 
Rivera Schreiber, denotó el cambio positivo producido en la actitud de la Cancillería 
japonesa. Por otro lado, Rivera reveló que el incidente de los violentos saqueos del 13 de 
mayo de 1940, había resultado útil y provechoso, porque permitió fortalecer la posición 
peruana en cuanto a la restricción de la inmigración y a las libertades que gozaba la  
colectividad japonesa en el país, justificándose las medidas sagaces y patrióticas que el 
Perú decretó en defensa de los intereses nacionales53.  
                                                 
51 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 372. 
Ministerio de Gobierno y Policía, 1941. 
52Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 315. 
Ministerio de Gobierno y Policía, 1940.    
53Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/15.  Legación del Perú en el Japón, 1941. 
38 
 
Después de un año de insistencia para atender la compensación a las víctimas de los 
saqueos del 13 de mayo de 1940,  el ministro plenipotenciario, Tatsuki Sakamoto, se 
refirió en la nota N° 49 del 27 de mayo de 1941, al pago de la cantidad de cien mil soles 
que el Gobierno del Perú abonó como anticipo de indemnización, de acuerdo con el 
pedido de la Legación del Japón. 
El Congreso de la República Peruana emitió la Ley N° 9444 el 26 de noviembre de 1941, 
en la que autorizó al Poder Ejecutivo, abra un crédito extraordinario por la suma de un 
millón cuatrocientos veinticuatro mil quinientos seis soles de oro y ochenticinco centavos 
(S/. 1’424,506.85), para  que se atienda el pago de las indemnizaciones que 
corresponden a los súbditos japoneses y a los nacionales por los daños sufridos con 
motivo de los sucesos de mayo de 1940, en la proporción siguiente:  
A los japoneses   S/. 1’400,000.00 
A los nacionales  S/.      24,506.85 
Total                    S/. 1’424,506.85 
El encargado de negocios del Japón, Masaki Yodokawa, dejó constancia en la nota N° 5 
del 19 de enero de 1942, de que a pesar que el Gobierno peruano aceptó el arreglo para 
el pago de las indemnizaciones, con la Ley N° 9444 que fue promulgada en el diario oficial 
“El Peruano”, el 5 de diciembre de 1941, la Legación no recibió el importe de la 
transacción acordada, con excepción de los cien mil soles oro que el Gobierno del Perú 
pagó en el mes de febrero de 1941 por concepto de adelanto.  
El embajador del Japón en el Perú, Fumio Miura, aceptó a pesar del tiempo transcurrido 
en aras de fortalecer las relaciones amistosas existentes entre ambos países lo siguiente:  
Respecto al asunto sobre el pago de las indemnizaciones por los daños causados a los 
bienes pertenecientes a los japoneses por los sucesos del mes de mayo de 1940 de 
conformidad con las disposiciones legales expedidas por el gobierno del Perú, quedó 
ratificada la determinación del gobierno de Vuestra Excelencia de cumplir con dicho 
39 
 
pago en forma de cuotas anuales de S/. 200,000.00, con la disposición de incluirse en 
el Presupuesto anual la respectiva partida a partir del año fiscal de 196454.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 0- 
1A/132A.  Embajada del  Japón en el Perú, 1963.  
40 
 
Capítulo 2: Medidas antijaponesas en el Perú   
2.1 Influencia de Estados Unidos 
El Departamento de Estado del Gobierno estadounidense informó a la Cancillería peruana 
que un considerable número de extranjeros del Eje (alemanes, japoneses e italianos) 
denominados “indeseables” estuvieron obteniendo especialmente de los funcionarios 
consulares ad-honorem en el Lejano Oriente y en Europa, visas para dirigirse a diversas 
Repúblicas Americanas. Con la finalidad de evitar la indeseable inmigración, el Gobierno 
de los Estados Unidos propuso al Gobierno peruano considerar las siguientes medidas: 
(a) Prohibir a los funcionarios consulares, que no sean de nacionalidad peruana, la 
concesión de visas y 
(b) impartir instrucciones a los funcionarios consulares de nacionalidad peruana, para 
que, uniéndose a sus colegas de carrera de otras Repúblicas Americanas en el Lejano 
Oriente y en Europa, adopten un sistema informal de cooperación, mediante el cual, el 
rechazo de una visa por el Cónsul de un país, sea notificada a los Cónsules de carrera 
de las otras Repúblicas Americanas del mismo lugar. A este respecto, la información 
relacionada con las razones para el rechazo podrían también ser comunicadas 
recíprocamente cuando fueran esenciales para la seguridad del Hemisferio55.     
De acuerdo con el espíritu y los fines de protección de la soberanía de los Estados 
Americanos, adoptada en la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores en la 
Habana en julio de 1940, y en particular con la resolución N°2 titulada: “Normas 
concernientes a las funciones diplomáticas y consulares”, el Gobierno de los Estados 
Unidos solicitó establecer un intercambio de informes entre las Naciones Americanas 
concernientes a los casos en que un funcionario diplomático o consular de un país no-
americano sea considerado persona no grata por cualquiera de las Repúblicas 
                                                 
55 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum 
N° 144. Legaciones Extranjeras: 6-Y, 1940.    
 
41 
 
Americanas. La política del Departamento de Estado fue no aceptar a un funcionario 
diplomático de un Gobierno no-americano que haya sido considerado persona no grata 
por cualquier otra República Americana. El Gobierno estadounidense requirió al Gobierno 
peruano su participación en un intercambio mutuo de informaciones y su aquiescencia 
para la aprobación de dicho procedimiento56. 
El embajador de los Estados Unidos en el Perú, R. Henry Norweb, a través de la nota N° 
369 del 31 de julio de 1941, felicitó la decisión del Gobierno del Perú de prohibir la 
distribución de propaganda a favor de los países beligerantes, apreciando una vez más la 
cooperación peruana en el esfuerzo interamericano para salvaguardar la paz y la tradición 
democrática en América.     
El ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, dio a conocer que el 
diario oficial “Japan Times and Advertiser” en su edición del 8 de abril de 1941, manifestó 
que uno de los serios problemas de América Latina con el Japón consistió en que más de 
doscientos mil japoneses residentes han sido sometidos con frecuencia a inusitados 
grados de opresión como consecuencia de la campaña panamericana de los Estados 
Unidos, la cual se intensificó para desalojar la influencia de las potencias del Eje en tierras 
americanas.  
La Legación del Perú en el Japón, informó que los diarios de Tokio denotaron acerca de 
las medidas dictadas contra el Japón por el Gobierno de Brasil, tales como: la clausura de 
firmas comerciales japonesas, un sistema de permisos para las exportaciones, la 
supresión de visas a extranjeros para el ingreso al territorio brasilero, la prohibición de la 
publicación de todo periódico en lengua extranjera, el cierre de las escuelas japonesas y 
la prohibición de salir al exterior al país de origen de sus padres de toda persona menor 
de 18 años de edad. El Gobierno japonés se sorprendió de lo inexplicable de la posición 
                                                 
56Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum. 
Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú, 1941.   
42 
 
del Brasil, de aparente tendencia neutral, por su directa provocación al Japón. Según las 
publicaciones niponas: “En esta forma se ataca, casi exclusivamente, a los intereses del 
Japón. Y es perfectamente claro que esta conducta del Brasil ha sido inspirada por los 
Estados Unidos de América”57. 
La excepción de un firme distanciamiento de la política panamericana de los Estados 
Unidos, fue el país de Argentina, con muestras de evidente simpatía al Gobierno japonés, 
a través de la elevación a la categoría de Embajada a la Legación de la República de 
Argentina en el Japón, y la inmediata presentación de las cartas credenciales del 
embajador Rodolfo Moreno. El ministro plenipotenciario Ricardo Rivera Schreiber, informó 
que esta deferencia de la Argentina fue elogiada y felicitada por el Gobierno del Japón, 
considerándolo como el primer país de América Latina por su adelanto y su importancia 
económica, política y militar. En consecuencia, se elogió la procedencia del cambio de 
Embajadas como “efecto natural de la relación entre el rol predominante del Japón en el 
mundo con el más importante país de América Latina”58.        
El diario oficial “Japan Times” publicó el 21 de mayo de 1941 un texto que insinuó el 
sometimiento del Perú a los Estados Unidos, por el envío de una Misión Naval 
Norteamericana al Perú y la designación del Capitán William Quigley para dirigir la Marina 
peruana. El ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, solicitó al 
editor del “Japan Times” la correspondiente rectificación por las expresiones propaladas 
destinadas a sugerir implicaciones políticas sin fundamento alguno. Rivera, justificó los 
servicios de la Misión Naval de los Estados Unidos por ser una práctica establecida hacía 
                                                 
57Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/18.  Legación del Perú en el Japón, 1941.   
58Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/24.  Legación del Perú en el Japón, 1941.   
43 
 
algunos años en el Perú, así como en otras Repúblicas Latinoamericanas, pero que tales 
servicios se limitan a la enseñanza y el consejo técnico59.  
La Legación del Perú en el Japón informó acerca de las publicaciones aparecidas en la 
prensa de Tokio sobre la actitud de Panamá, contra la inmigración y la hostilización a los 
residentes  japoneses, quienes fueron obligados a cerrar sus negocios, se les negó la 
nacionalización de sus hijos, y a los nacionalizados les cancelaron tal condición. 
Contrariamente, los chinos recibieron un trato más condescendiente. El Gobierno japonés 
debido a las medidas antijaponesas dispuestas recomendó la partida de todos sus 
súbditos nipones de Panamá60.   
El embajador del Perú en Washington, Manuel de Freyre Santander, informó en el oficio 
N° 5-3-Y/1 del 3 de enero de 1941 que el nuevo Gobierno mexicano del general Ávila 
Camacho orientó su política de cooperación efectiva para la defensa continental, y 
anunció que anularía unas concesiones petroleras otorgadas a capitalistas japoneses, 
como un acto de solidaridad continental. El periódico “The Japan Times and Advertiser” 
publicó el 18 de julio de 1941 la medida dictada por el Gobierno de México acerca del 
embargo de más de 20 importantes productos de exportación que afectó particularmente 
a los comerciantes japoneses. El Gobierno japonés decidió detener por lo pronto la 
exportación de los tejidos de hilo y telas, productos demandados por México, esperando 
que los Estados Unidos pudiera suministrar esos dos importantes productos. El ministro 
plenipotenciario en México, Yoshiaki Miura, lamentó la actitud del país azteca, porque no 
hubo otro país en el mundo al cual se le comprara el mayor volumen de productos61.  El 
mismo diario informó el 9 de agosto de 1941 que México se convirtió en un títere del 
                                                 
59Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/44.  Legación del Perú en el Japón, 1941. 
60 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 5- 
18-A/46.  Legación del Perú en el Japón, 1941. 
61Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/74. Legación del Perú en el Japón, 1941. 
44 
 
Gobierno estadounidense y que las relaciones diplomáticas llegaron a su fin. Por otro 
lado, la prensa mexicana incitó el sentimiento antijaponés, que se difundió particularmente 
en los círculos políticos y diplomáticos con mayor intensidad que en los Estados Unidos. 
Asimismo, el petróleo y otros recursos mexicanos fueron monopolizados a favor de los 
Estados Unidos, garantizado por la firma de un tratado militar y económico. En 
consecuencia, las exportaciones para el Japón quedaron totalmente suspendidas y por 
ende,  firmas como Mitsui, Mitsubishi cerraron sus oficinas en el país azteca.    
El ministro Ricardo Rivera a través del oficio N° 5-18-A/105 del 14 de octubre de 1941 
informó sobre el retorno al Japón de Sobei Hara, miembro de la Cámara de 
Representantes de la Dieta japonesa, quien en junio de 1941 partió formando parte de un 
grupo de parlamentarios en viaje de “observación” a las Repúblicas Sudamericanas. 
Según las declaraciones del parlamentario Hara en el diario oficial “Japan Advertiser” dijo 
que Colombia, Perú, Chile y otros países de la América del Sur estaban totalmente 
“americanizados”, sin libertad de moverse independientemente. Agregó que era muy 
dudoso que los países de Sudamérica mantengan su neutralidad si los Estados Unidos 
entran a la guerra. La actitud sumisa de América Latina se caracterizó por atender las 
sugerencias dictadas por el Gobierno estadounidense como fue la prohibición de la 
exportación e importación de productos y materiales estratégicos para las potencias del 
Eje, especialmente contra el Japón. Sin embargo, por la conveniencia estadounidense 
prevaleció: el compromiso de los acuerdos emanados de las conferencias panamericanas 
de Cancilleres,  las negociaciones sobre empréstitos, la provisión de armamentos, etc.62  
El consejero de la embajada del Perú en Washington, Juan Ignacio Elguera, remitió los 
comentarios de la prensa de los Estados Unidos referente a los acontecimientos militares 
en la frontera peruano-ecuatoriana. Según su percepción en lo concerniente al Perú, el 
                                                 
62Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/106.  Legación del Perú en el Japón, 1941.    
45 
 
lector estadounidense pudo percibir la seriedad y la parquedad de las exposiciones 
peruanas. Sin embargo, en el Ecuador las fantásticas aseveraciones de haber tropas 
japonesas en las filas peruanas, hizo más daño que bien a su causa. El agente oficial 
enviado por el periódico “New York Times”, Benjamín Welles,  manifestó que fue inexacta 
la información y que por error se confundió peruanos con japoneses. Asimismo, encontró 
en la tergiversada comunicación de los diarios de Quito y Guayaquil la razón poderosa 
que enardeció el sentimiento popular con un aumento de un casi ochenta por ciento en la 
venta de los periódicos. En el caso del Perú se pudo haber tomado la campaña desusada 
y vergonzosa hecha por el Ecuador en su prensa contra el Perú, para probar la 
provocación ecuatoriana, y desenmascarar a ese país en su política de escándalo para 
provocar la intervención de otros países. No obstante, lo que siempre se difundió fue 
reiterar la nacionalidad peruana de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas. El 
diplomático Elguera desde una perspectiva pacifista sugirió una propaganda de tono 
mesurado, dejando de lado el defecto del apasionamiento; es decir, una ligera mención a 
los abusos ecuatorianos serviría a su propósito. Sugirió que a pesar de las infames 
versiones recogidas por la prensa y la radio ecuatoriana, se debió contrarrestar su efecto 
evitando responder airadamente, siendo la principal arma para destruir la propaganda 
quiteña63.    
El Gobierno de los Estados Unidos instó sagazmente a las Repúblicas Americanas a 
unirse en la defensa del Hemisferio Occidental. En ese sentido, se hizo referencia a la 
Décima Quinta Resolución adoptada por las Repúblicas Americanas en la Reunión 
Consultiva que tuvo lugar en la Habana en julio de 1940, que acordó lo siguiente: 
“Cualquier intento de parte de un estado no-Americano contra la integridad o inviolabilidad 
del territorio, la soberanía o la independencia política de un estado americano será 
                                                 
63Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 3-
X//3.  Embajada del Perú en los Estados Unidos, 1941.     
46 
 
considerado como un acto de agresión contra los Estados que han firmado esta 
declaración”64. 
El embajador de los Estados Unidos en el Perú, R. Henry Norweb, informó a la Cancillería 
peruana que el Congreso estadounidense el 8 de diciembre de 1941, declaró el estado de 
guerra al Gobierno Imperial del Japón. Asimismo, solicitó al Gobierno del Perú a prestar 
su cooperación en el envío de información acerca de individuos cuyas actividades 
pudieran ser hostiles a la defensa del Hemisferio. Por otro lado, requirió designar por 
intermedio del Ministerio de Gobierno personal especializado para que se les confíe la 
vigilancia de las actividades japonesas, a fin de trabajar estrechamente en cualquier forma 
que sea necesaria para la defensa conjunta65. En respuesta condescendiente, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a través de la nota N° 6-3/255 del 11 de 
diciembre de 1941, respaldó la iniciativa estadounidense, comprometiéndose a facilitar la 
información requerida y comunicó que la propuesta fue transmitida al Ministerio de 
Gobierno para los fines consiguientes.         
Alejandro Sakuda señala que el concepto de defensa continental dominó la Conferencia 
de Río de Janeiro de enero de 1942, donde se expresó la solidaridad ideológica y política 
de la mayor parte de las naciones americanas con los países aliados. La citada 
Conferencia creó también el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política, 
compuesto por representantes de siete países: Argentina, Brasil, Chile, México, Estados 
Unidos, Uruguay y Venezuela66.  
El embajador R. Henry Norweb envió la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos 
respecto al intercambio del personal diplomático, consular y otros ciudadanos de los 
países con los que el Perú rompió relaciones diplomáticas. En efecto, ofreció asumir los 
                                                 
64Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum. Embajada de 
los Estados Unidos en el Perú, 1941.  
65Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 561.  
Embajada de los Estados Unidos en el Perú, 1941.    
66 SAKUDA, Alejandro Ob. cit., p. 265. 
47 
 
gastos de transporte de los nacionales del Eje y cubrir el costo de su permanencia en su 
territorio hasta el momento en que se disponga la repatriación67. El Gobierno del Perú 
aceptó y agradeció la colaboración del Gobierno estadounidense, facilitando la partida de 
los ciudadanos del Eje con fines de canje. La Embajada de los Estados Unidos comunicó 
a través de la nota N° 716 del 18 de marzo de 1942 que su Gobierno no entregará en 
Lisboa a ningún funcionario de las potencias del Eje procedente del Perú, hasta no tener 
la seguridad de que se haya permitido la salida de los funcionarios peruanos acreditados 
en esos países. 
El embajador R. Henry Norweb remitió en la nota N° 738 del 27 de marzo de 1942 una 
copia del memorándum de la Embajada de España encargada de velar por los intereses 
de los japoneses y la réplica del Gobierno estadunidense en relación al intercambio de 
personal oficial y no oficial. En el memorándum N° 93 el Gobierno japonés expresó su 
punto de vista a la propuesta del Gobierno estadounidense de establecer un acuerdo para 
el intercambio de japoneses y americanos. Los términos fueron los siguientes: 
1.- El Gobierno japonés está dispuesto a cooperar con las autoridades tailandesas y 
francesas en facilitar el transporte a los Estados Unidos como parte del intercambio de 
representantes oficiales americanos con sus dependientes. 
2.- Con respecto a la repatriación de personal no oficial propuso como prioridad a 
representantes de la prensa, y asintió que los americanos que se encuentran en Hong 
Kong sean incluidos en el intercambio. 
3.-  Aceptó la sugerencia del Gobierno de los Estados Unidos respecto a que el 
Gobierno portugués sea el garante de la ejecución del intercambio en la colonia 
portuguesa de Lorenzo Marques en el África Oriental. 
4.-  Propuso que se permita que cada japonés adulto llevé 1000 yenes para cubrir sus 
necesidades en la embarcación hasta el lugar del intercambio.           
                                                 
67Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 716.  
Embajada de los Estados Unidos en el Perú, 1942.     
48 
 
El Departamento de Estado estadounidense en respuesta al memorándum N° 93 
manifestó lo siguiente: 
1.- Destacó la disposición del Gobierno japonés en cooperar con las autoridades 
tailandesas y francesas para facilitar y asegurar la partida de americanos a los Estados 
Unidos. Y de acuerdo a la aprobación para el intercambio de personal no-oficial instó a 
que se facilite la repatriación de americanos. 
2.- El Gobierno de los Estados Unidos no desea indicar algún grado de prioridad para 
los individuos no-oficiales en la repatriación. Sin embargo, considera que se permita la 
salida de aquellos cuya presencia es repudiable para las autoridades japonesas. 
Asimismo, sugirió la partida de niños, mujeres, religiosos, y en general personas que se 
encuentren en Tailandia, Indochina, Hong Kong y de otros lugares bajo control japonés. 
3.- En una comunicación aparte se comprometió enviar a la Embajada de España 
encargada de proteger los intereses japoneses, la aceptación de la propuesta del 
Gobierno japonés referente al monto de dinero sugerido. 
4.- El Gobierno de los Estados Unidos informó que a través de los canales suizos se 
coordinara las comodidades previstas para el primer intercambio de los japoneses que 
se encuentren en el Hemisferio Occidental. En reciprocidad se comprometió al Gobierno 
japonés a que las comodidades proporcionadas para la repatriación de los americanos 
sean las adecuadas.      
 El embajador R. Henry Norweb manifestó la prioridad de su Gobierno para la repatriación 
de los peruanos en el Japón. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
expresó que sólo se encontraban funcionarios diplomáticos y consulares peruanos para el 
canje propuesto68. La Cancillería del Perú remitió la lista siguiente: 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, doctor Ricardo Rivera Schreiber y 
señora Teresa Kroll de Rivera; 
                                                 
68Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6- 
3/113. Estados Unidos, 1942.    
49 
 
Primer Secretario de la Legación, señor César Gianella y señora Bertha Aubry de 
Gianella; 
Cónsul en Kobe, señor José J. Salas; 
Cónsul en Yokohama, señor Alfredo Lértora; y 
Cónsul en Hong Kong, señor Alberto Pérez Sáez69.  
El Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió, debido al reducido número de funcionarios 
peruanos de solo 7 personas, que el Gobierno de los Estados Unidos, ofreciera 
facilidades para que los diplomáticos fuesen repatriados en el primer viaje de canje de 
Lorenzo Marques a Nueva York. En respuesta a lo solicitado, el encargado de negocios 
Jefferson Patterson informó que el Departamento de Estado comunicó por intermedio de 
la Legación Americana en Berna que las personas mencionadas, serían acomodadas en 
el primer viaje del buque de canje.  
El primer secretario Jefferson Patterson comunicó a la Cancillería peruana la 
conveniencia de la partida de nacionales de los países del Eje (alemanes, japoneses e 
italianos), para que se mantengan detenidos y en custodia del Gobierno estadounidense, 
para la negociación de la terminación de su repatriación. Se recomendó incluir en la 
primera embarcación a los agentes oficiales y a los nacionales del Eje considerados 
“peligrosos”. Asimismo, por la falta de espacio no se dio prioridad a mujeres y niños. En 
ese sentido, la Embajada de los Estados Unidos manifestó su complacencia de que el 
arribo del navío al puerto del Callao no presentara objeción por parte de las autoridades 
peruanas, comprometiéndose a cooperar facilitando buques para la salida de los 
nacionales del Eje70. 
El embajador R. Henry Norweb agradeció al canciller Alfredo Solf y Muro por la 
cooperación eficaz prestada por las autoridades peruanas encargadas de la partida del 
                                                 
69Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6- 
3/139. Estados Unidos, 1942.  
70Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Carta. 
Legaciones Extranjeras: 6-Y, 1942.     
50 
 
Callao de la  embarcación “Etolin” el 5 de abril de 1942 y del buque “Acadia” el 14 de abril 
de 1942. Particularmente, se extendió la gratitud a los funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en especial a los miembros de la Sección de Protocolo, al 
Ministerio de Gobierno y a las Prefecturas de Lima y del Callao71. 
El encargado de negocios Jefferson Patterson comunicó a través de la nota N° 844 del 29 
de mayo de 1942 la imposibilidad del Departamento de Estado de facilitar barcos de 
evacuación excepcionales para ser utilizados por nacionales del Eje residentes en el 
Perú. Además se informó que después de la salida del buque “Shawnee” el 15 de junio de 
1942, el transporte comercial sería la única posibilidad para el envío de nacionales del Eje 
para su eventual repatriación. Se reiteró que el espacio disponible en el “Shawnee” fuera 
utilizado en primera instancia para la evacuación de individuos considerados “peligrosos e 
indeseables”.             
El Decreto Supremo del 26 de junio de 1942 consideró necesario hacer efectiva la 
asistencia a los Estados Americanos, que fueran objeto de agresión por parte de los 
países del Eje, dictando medidas que impidan perjuicio a sus marinas de guerra. En tal 
sentido, se prohibió la emisión de noticias sobre movimientos de barcos de guerra, 
mercantes y aviones, por medio de la prensa, estaciones de radio o de cualquier otra vía. 
Los Ministerios de Gobierno, de Marina y Aviación fueron los encargados de dictaminar 
las medidas necesarias para su cumplimiento72.  
En el diario “El Comercio” el 29 de enero de 1942 se publicó el mensaje dirigido por el 
presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, al presidente Manuel Prado 
Ugarteche, con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas del Perú con los 
                                                 
71Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 775.  
Embajada de los Estados Unidos en el Perú, 1942.     
72Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 372. 
Ministerio de Gobierno y Policía, 1943.  
51 
 
países del Eje, lo cual evidencia el respaldo del Gobierno peruano que fue acogido con 
plena complacencia por el Presidente estadounidense en los términos siguientes:  
El Embajador de Vuestra Excelencia en Washington me ha informado oficialmente que 
Vuestro Gobierno ha cortado sus relaciones con Alemania, Japón e Italia. Es para mí y 
para el pueblo de los Estados Unidos, motivo de la mayor satisfacción saber que el 
Gobierno y el pueblo del Perú han reafirmado por este acto, en forma inequívoca y 
práctica, su posición en la lucha contra las fuerzas que tratan de llevar a cabo un 
programa largamente planeado de conquista del mundo. Tengo el agrado de expresar a 
Vuestra Excelencia en esta oportunidad mi profundo aprecio por la destacada 
participación que Vuestra Excelencia y Vuestro Gobierno han tenido en el desarrollo y 
fortalecimiento del concepto de solidaridad americana práctica y efectiva, la que ha 
encontrado su más alta expresión en los acuerdos de la Conferencia de Río de Janeiro. 
Me es igualmente grato reiterar a Vuestra Excelencia mi firme confianza en que 
nuestros dos Gobiernos, especialmente durante este período de emergencia, 
continuarán cooperando conjuntamente, en todas las formas posibles, en las medidas 
encaminadas a robustecer la defensa económica y política de las Américas73.      
El canciller Alfredo Solf y Muro dio instrucciones al embajador Manuel de Freyre 
Santander para que entregara al Secretario de Estado Cordel Hull una copia de los 
párrafos relativos a cuestiones americanas, del mensaje del presidente Manuel Prado 
Ugarteche, el 28 de julio ante el Congreso Nacional, con ocasión de la instalación de la 
Legislatura de 1942. El Gobierno peruano expresó su solidaridad y su incondicional apoyo 
al Gobierno estadounidense en la siguiente cita:  
Habiendo el Gobierno del Perú determinado en forma pública su posición ante el 
conflicto mundial, manifestando expresamente su adhesión, sin reservas, a la política 
de solidaridad efectiva y de cooperación decidida en los esfuerzos comunes para la 
defensa Continental y en cumplimiento de los compromisos internacionales de Lima, 
                                                 
73Diario “El Comercio”, Edición de la Mañana, 29 de enero 1942, p. 3. 
 
52 
 
Panamá y la Habana, la actitud de nuestra Delegación fue de apoyo firme y amplio a los 
Estados Unidos. La Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de las Repúblicas Americanas celebrada en Río de Janeiro recomendó, por 
unanimidad, el 24 de enero de 1942, la ruptura de relaciones diplomáticas con los 
países del Eje. El Perú fue el primero que dio cumplimiento al acuerdo, notificando ese 
mismo día a los Ministros de Alemania e Italia y al Encargado de Negocios del Japón en 
Lima, que el Gobierno peruano ponía término a las relaciones diplomáticas y consulares 
con sus respectivos gobiernos, de conformidad con dicho acuerdo. Simultáneamente se 
impartieron instrucciones a los representantes diplomáticos del Perú en esos tres 
países para que hicieran idéntica notificación, y por intermedio de la Cancillería, se 
canceló el exequátur a sus Cónsules74.        
La posición del Perú fue firme en expresar su solidaridad interamericana ya comprometida 
con antelación a través de la Décima Quinta Resolución adoptada por las Repúblicas 
Americanas en la Reunión Consultiva que tuvo lugar en la Habana en julio de 1940, 
titulada: “Ayuda Reciproca y Cooperación para la Defensa de las Naciones de América”. 
La Junta Interamericana de Defensa, en su Decimoctava Sesión Plenaria, el 6 de octubre 
de 1942, aprobó la Resolución IX sobre Protección contra el Sabotaje y resolvió: 
Recomendar a las Repúblicas Americanas que colaboren en forma íntima, la una con la 
otra, con el propósito de adoptar las medidas contra el sabotaje que brinden mayor 
seguridad a la defensa común del Hemisferio Occidental, y que traten de ponerlas en 
efecto por medio de acuerdos bilaterales y multilaterales, intercambio de personal 
técnico e intercambio de información técnica respecto a la ejecución de dichas medidas, 
y realizando encuestas apropiadas con el fin de determinar cuáles son las zonas 
fundamentales o críticas de defensa en el perímetro de toda instalación vital o grupo de 
instalaciones, que fuere necesario o conveniente proteger75.      
                                                 
74Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 3-
Y/45.  Embajada del Perú en los Estados Unidos, 1942.    
75Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 2-0-
Y/20. Ministerio de Gobierno y Policía, 1942.  
53 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, recomendó tomar en 
consideración al Ministerio de Gobierno y Policía la nota N° 1160, del 11 de enero de 
1943, mediante la cual el Embajador de los Estados Unidos, en prevención contra actos 
de sabotaje, ofreció proporcionar técnicos entrenados en los métodos de protección de las 
fábricas y otras instalaciones vitales para la producción, manufactura y transporte de 
materiales estratégicos para utilidad y apoyo del esfuerzo bélico de las Naciones Unidas. 
El propósito del Gobierno estadounidense fue asegurarse el suministro de materias 
primas (petróleo, minerales, algodón, etc.) indispensables para el conflicto bélico, lo que 
suscitó una convenida cooperación con el fin de evitar el sabotaje que afectaba 
directamente su abastecimiento. 
La Cancillería informó al Ministerio de Gobierno y Policía para los fines a que hubiere 
lugar, acerca de la nota confidencial N° 1122 por medio de la cual la Embajada de los 
Estados Unidos de acuerdo a la solicitud y la aprobación del Ministerio de Gobierno, 
facilitó un avión que debía llegar a Lima procedente de Talara, con el fin de evacuar 
algunos nacionales japoneses. En respuesta se hizo hincapié de la inexistencia de algún 
inconveniente de parte del gobierno peruano para el vuelo en mención.   
La colaboración y el apoyo incondicional del Gobierno peruano a la causa de la defensa 
del Hemisferio Occidental, en especial, al Gobierno estadounidense, se manifestó en la 
comunicación del Embajador de los Estados Unidos el 26 de mayo de 1944, apreciando la 
valiosa y eficiente participación del Perú con relación a la evacuación de nacionales del 
Eje en Bolivia, felicitando la cooperación eficiente y sincera prestada por las autoridades 
peruanas. 
El presidente Franklin D. Roosevelt durante la entrega de las cartas credenciales del 
embajador Pedro Beltrán el 12 de julio de 1944, le comunicó la intención de deportar 
después de la guerra, por lo menos a todos los japoneses que no se hubieran 
naturalizado como ciudadanos estadounidenses antes de la contienda; y que el Brasil, 
54 
 
según entendía, pensaba hacer lo mismo. En ese sentido, propuso al Perú estudiar si le 
convendría seguir la misma política; en cuyo caso se ofreció a ayudar en todo lo que fuera 
posible. La Cancillería manifestó su plena conformidad con la propuesta del Gobierno 
estadounidense y comunicó “que el Gobierno peruano está dispuesto, igualmente, a hacer 
salir del Perú a los japoneses que se encuentran radicados en su territorio”76. Asimismo, 
se instruyó al embajador Beltrán para que exprese su agradecimiento en nombre del Perú 
por la ayuda que se comprometió otorgar en el momento indicado. 
El jefe de la misión diplomática peruana, Pedro Beltrán, manifestó su preocupación por la 
posibilidad de las reclamaciones de post-guerra por parte de los nacionales del Eje contra 
el Estado peruano, por las medidas de carácter económico (liquidación y traspaso de 
negocios a personas naturales o jurídicas de nacionalidad peruana), así como también 
por las de orden personal que les privó de la libertad, en muchos casos después de un 
allanamiento domiciliario no siempre autorizado por el juez, y que les obligó a salir del 
país en calidad de prisioneros y con destinos a campos de concentración ubicados en 
tierra extranjera. El Gobierno peruano en su defensa argumentó que implantó medidas 
por razones de seguridad nacional y en vista de la emergencia derivada de la guerra. Sin 
embargo, se reconoció “que no aparece del todo indiscutible la compatibilidad entre 
aquellas disposiciones y las garantías nacionales, sociales e individuales que precisa la 
Constitución, situación ésta que puede dar margen a la formulación de aquellos reclamos 
ya sea ante el Poder Judicial o, eventualmente, ante el Poder Ejecutivo en forma de 
reclamaciones diplomáticas”77. En ese sentido, se propuso buscar una solución efectiva y 
al mismo tiempo radical para que las demandas de los nacionales del Eje, fueran 
atendidas por el propio Gobierno del reclamante obligado por un convenio con fuerza de 
                                                 
76 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
3-Y/51.  Embajada del Perú en los Estados Unidos, 1944.    
77 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
3-Y/56.  Embajada del Perú en los Estados Unidos, 1945.   
55 
 
Ley internacional, y de esa forma eludir toda responsabilidad por los excesos cometidos 
durante el periodo de la guerra. 
El embajador de los Estados Unidos, William Douglas Pawley, a través de la nota N ° 39 
del 17 de agosto de 1945 comunicó al ministro de Relaciones Exteriores Javier Correa 
Elías que recibió instrucciones del Gobierno estadounidense para expresar su profunda 
gratitud y reconocimiento por la sincera cooperación del Gobierno peruano durante la 
guerra que acabó de finalizar. El ministro Javier Correa apreció los conceptos expresados 
en la citada nota y manifestó que el Perú seguirá prestando su colaboración a las 
Naciones Unidas en la labor de la reconstrucción económica y de organización de la paz 
en el mundo.      
  
2.2 Posición y Argumentación japonesa 
El 31 de mayo de 1941 el ministro Rivera Schreiber fue invitado por la Sociedad Nipono-
peruana para celebrar su cuarta asamblea general. El presidente de la Sociedad, Barón 
Okura, en su discurso acusó a los Estados Unidos de instigador de las reacciones 
populares y de las medidas oficiales producidas en perjuicio del Japón. Asimismo, sugirió 
impulsar las corrientes niponas: migratoria y comercial. Finalmente, responsabilizó al Perú 
de aceptar otros emigrantes, distintos a los japoneses. Ante las declaraciones expuestas, 
Rivera advirtió sobre la peligrosa idiosincrasia japonesa que se atribuía con derechos 
privilegiados, anteriores y superiores, sobre los países de su interés78. 
El Gobierno japonés como réplica a la actitud asumida por los Estados Unidos expidió las 
siguientes medidas: suspendió las transacciones bancarias, detuvo el intercambio 
comercial con ese país, decretó el embargo de los fondos de los nacionales americanos e 
ingleses, que en la práctica comprendió a todos los extranjeros sin distinción de los 
                                                 
78Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/34.  Legación del Perú en el Japón, 1941. 
56 
 
miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Tokio. En ese sentido, el Ministerio de 
Relaciones del Perú, aprobó el procedimiento adoptado por el ministro Rivera Schreiber, 
respecto a la protesta ante la Cancillería japonesa, por sentirse afectado por las 
disposiciones adoptadas79.        
El Gobierno japonés consciente de la situación internacional y sobre todo de la 
importancia de los países de América Latina para el suministro de materias primas, 
decidió fundar la “Asociación Central de la América Latina”, el 13 de junio de 1941, con el 
fin de enfrentarse a la política protectora y comprometedora que seguía el Gobierno 
estadounidense. El ministro Rivera Schreiber denotó que el propósito del Japón de 
estrechar los lazos de amistad con los países de los Estados Americanos era un disfraz 
para ocultar sus propios intereses y conveniencias.  
El encargado de negocios del Japón, Masaki Yodo-kawa solicitó como era de esperarse la 
continuidad de las excelentes relaciones existentes entre ambos países y en nombre de 
su gobierno exhortó que cesen las medidas en perjuicio de los intereses japoneses en el 
Perú. En efecto, hizo hincapié que en los largos años de coexistencia nunca se concibió 
por ningún súbdito japonés la menor idea de apartarse de la senda de la honorabilidad, el 
trabajo y la gratitud hacia el país que lo acogió. Asimismo, dio a conocer que numerosos 
niños, en su mayoría ciudadanos peruanos, estuvieron vinculados mental y materialmente 
al Perú no solo por haber nacido en territorio peruano, sino porque sus progenitores ya se 
habían adaptado a los usos y costumbres de su segunda patria. Este hecho obligó a los 
súbditos japoneses residentes a procurar vincularse y crear relaciones en todo orden con 
los ciudadanos peruanos. Por lo expuesto, el diplomático Masaki Yodo-kawa destacó lo 
siguiente: “Tales razones sociológicas, políticas y económicas explican por qué el Japón, 
en todo momento ha estado al lado del Perú a través de sus largas relaciones, así en sus 
                                                 
79Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/21.  Japón, 1941.  
57 
 
crisis con motivo de sus cuestiones internacionales, no vaciló en repetidas ocasiones 
proporcionarle elementos que necesitaba, demostración que fue acompañada por la 
fervorosa simpatía que goza el Perú en el Gobierno y el pueblo japonés”80. Según el 
parecer del Gobierno Imperial del Japón, el proceso de las relaciones existentes con el 
Perú no tuvo ninguna vinculación con el conflicto nipo-americano. Aseveró que el pueblo 
japonés como se declaró en repetidas ocasiones, únicamente buscó sus medios para 
subsistir y deseó su prosperidad paralelamente con las demás nacionalidades asiáticas. 
Sagazmente con el fin de evitar algún cuestionamiento acerca de su autoproclamación de 
guardián de los intereses asiáticos, argumentó que la similitud fisiológica, la sociología de 
los pueblos orientales y la identidad de sus intereses requirieron que el país mejor 
desarrollado como el Japón asumiera un rol directriz en su vecindad tal como aconteció 
en otros continentes. Masaki Yodo-kawa, puntualizó que la relación de su país con los 
pueblos del Continente Americano, no abrigó ninguna ambición, y priorizó mantener las 
cordiales relaciones diplomáticas y esforzarse en todo momento para continuar el 
intercambio comercial con aquellas naciones.             
El diplomático Masaki Yodo-kawa, remitió de acuerdo a las instrucciones de su gobierno, 
el mensaje del ministro de Negocios Extranjeros del Japón, Shigenori Togo, en relación 
con la guerra que se suscitó entre el Japón y los Estados Unidos. Shigenori Togo 
manifestó lo siguiente: 
Habiendo llegado a mi conocimiento informaciones de que se están propalando por los 
órganos de propaganda de países enemigos aseveraciones de que el Japón abriga 
intenciones peligrosas para el Continente Sudamericano, creo necesario desvirtuar de 
la manera más categórica tales aseveraciones, por carecer ellos absolutamente de 
verdad. El único y verdadero propósito que persigue el Imperio del Japón al declarar la 
guerra a los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, consiste en asegurarse su 
                                                 
80Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 140. 
Legación del Japón en el Perú, 1941.   
58 
 
propia existencia y el bienestar de su pueblo, mediante la destrucción de influencias de 
esos países que a través de largo tiempo han venido perturbando la paz y amenazando 
la estabilidad de Asia Oriental.   
Por parte del Gobierno Imperial del Japón, me es grato reafirmar a Vuestra Excelencia 
que la política seguida invariablemente por mi Gobierno para mantener las cordiales 
relaciones con el Perú y para intensificarlas aún más, no será afectada en lo mínimo por 
esta guerra81. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través del memorándum N° 6-18/60 del 31 de 
diciembre de 1941 manifestó al Gobierno japonés su voluntad de cumplir con los deberes 
que le impone su fraternal relación con los Estados Americanos, y aquellos que puedan 
derivarse de los Pactos Internacionales de cooperación, y que para su común defensa 
suscribieron la totalidad de las Repúblicas del Continente82. El Gobierno peruano, leal a 
su compromiso con América Latina, y en expresión de su solidaridad con los Estados 
Unidos decidió romper las relaciones diplomáticas y consulares que mantenía con el 
Imperio del Japón el 24 de enero de 1942. 
En el diario “El Comercio” el 31 de enero de 1942 se publicó una escueta declaración del 
canciller nipón Shigenori Togo: “Manifestó que el Gobierno japonés se abstendría de 
declarar la guerra a los países sudamericanos que lo habían hecho con el Imperio, por 
razones de carácter político”83.  
 
2.3 Aplicación de medidas antijaponesas en el Perú 
El hostigamiento a la colectividad japonesa se manifestó a través de normas 
antijaponesas emitidas por el Estado peruano, con el propósito de menoscabar la 
                                                 
81Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 143. 
Legación del Japón en el Perú, 1941.  
82 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: 6-18.  Japón, 
1941.    
83Diario “El Comercio”, Edición de la Tarde, 31 de enero 1942, p. 3.  
59 
 
estabilidad económica alcanzada por prósperos japoneses, que según la percepción de 
las autoridades del orden público representaban un peligro para la seguridad de la nación.    
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, comunicó a la Legación del 
Japón que con la promulgación del Decreto Supremo del 18 de mayo de 1940, se 
suspendió la inmigración al Perú. Asimismo, se negó el retorno de japoneses que llevaron 
consigo la reglamentaria “Ficha de Reingreso”. Por consiguiente, la Legación del Perú en 
el Japón recibió instrucciones, a fin de que los representantes consulares acreditados en 
el Japón, se abstengan de visar pasaportes a los súbditos japoneses, hasta nuevo 
aviso84.   
El diario japonés “Hoshi” del 22 de mayo de 1940 reveló los motivos que determinaron la 
prohibición de la emigración japonesa al Perú: la prioridad fue calmar el ambiente anti-
japonés existente, y cumplir con la promesa que se le hizo al Senado. El encargado de 
negocios Hitoshi Satoh, visitó el 21 de mayo de 1940 al vice-ministro de Relaciones 
Exteriores, Hernán C. Bellido, y entregó la siguiente protesta verbal: “Que en esta ocasión 
el Gobierno japonés no comprende la medida que se ha adoptado y que, de cualquier 
manera, pensamos que tal actitud no es correcta porque daña la amistad entre ambos 
países”85.  
El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hernán C. Bellido, informó a 
la Dirección General de Gobierno, acerca del Decreto Supremo expedido el 12 de junio de 
1940, que ordenó se inscriban en los registros de extranjería todos los extranjeros 
admitidos a residencia permanente mayores de diez y menores de dieciocho años, 
debiendo pagar cada extranjero el impuesto de extranjería establecido en el artículo 5 de 
la Ley de Extranjería N°7744 del 24 de abril de 1933.  
                                                 
84Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum 
N° 6- 18/26. Japón, 1940.     
85Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/19.  Legación del Perú en el Japón, 1940.  
60 
 
El Ministerio de Gobierno y Policía enfatizó que la Resolución Suprema del 28 de junio de 
1940, dispuso que las Municipalidades de la República, suspendieran la concesión de 
licencias para la apertura de establecimientos comerciales e industriales, en el ejercicio de 
oficios populares en los que estuvieran directa o indirectamente interesados los 
extranjeros. La Cancillería peruana en atención a lo solicitado por la Legación China en el 
Perú sugirió lo siguiente: “que convendría encontrar una fórmula que satisficiera al 
representante diplomático de la China, y que consistiera, por ejemplo, en otorgar licencias 
de apertura para la duración de la guerra o por un plazo relativamente corto; al cabo de 
cuyo tiempo el negocio debería traspasarse a ciudadanos peruanos”86. La sugerencia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores se cristalizó a través de la Resolución Suprema del 16 
de noviembre de 1942, que derogó las Resoluciones Supremas de 28 de junio de 1940 y 
del 5 de febrero de 1941, modificatoria de la anterior, correspondientes a la suspensión de 
las licencias comerciales.  
La Resolución Suprema N°180 del 4 de marzo de 1941 decretó que el inmigrante 
presente un certificado de depósito bancario de la suma de dos mil soles oro, a la orden 
del Ministerio de Relaciones del Perú. Se consideró la suma estipulada para cubrir el valor 
del pasaje de regreso del inmigrante en prevención que, después de transcurridos dos 
años de su ingreso al Perú, no tuviera los recursos económicos suficientes para la 
adquisición de su boleto de retorno. En efecto, se determinó devolver este depósito antes 
del vencimiento de los dos años si el inmigrante abandonaba el país. Estuvieron también 
obligados al depósito los inmigrantes que presentaron contrato de trabajo debidamente 
autenticado y visado por la Dirección de Trabajo del Ministerio respectivo, así como los 
profesionales y técnicos.     
                                                 
86Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum 
N° A/ 14, 1942.     
61 
 
La Legación del Perú en el Japón en el Oficio N° 5-18-A/43 del 22 de mayo de 1941 
comunicó sobre el arribo de un promedio de 200 hijos de japoneses como consecuencia 
de la limitación de la educación japonesa en el Perú, cuya reducción del número de 
escuelas japonesas fue de 38 a 26 y cerca de 30 profesores japoneses se vieron 
perjudicados, ocasionando el retorno a su país a bordo del vapor “Heiyo Maru”. 
El periódico de Tokio “Asahi Shinbun” informó que el Gobierno del Perú expidió un 
Decreto el 18 de junio de 1941, en el cual se prohibió la exportación de productos 
necesarios para las industrias de guerra, tales como: minerales de tungsteno, magnesio, 
aluminio, amoniaco, plomo, hierro y nutrientes, etc. Asimismo, se suprimió la exportación 
de máquinas y herramientas de maquinarias, debiendo en todo caso obtenerse el permiso 
del Ministerio de Finanzas para su embarque87. El citado diario  dio a conocer el Decreto 
del 14 de setiembre de 1941 que vedó la exportación de productos útiles para la guerra a 
todo país que no sea americano o sudamericano.    
El diario de Tokio “Nichi- Nichi” publicó un extracto del Decreto del 23 de julio de 1941, 
expedido por el Gobierno peruano, en el que se dispuso que por necesidades de defensa 
nacional, quedó prohibido para los extranjeros y nacionalizados la adquisición por compra 
o concesión de terrenos adyacentes a las estaciones militares, cuarteles del ejército, 
arsenales y muelles de la Marina o de cualquier otro lugar ocupado por las fuerzas 
militares de la nación88. El citado periódico comunicó el 10 de setiembre de 1941 que el 
Gobierno del Perú mediante Decreto canceló todos los permisos para la entrada de los 
emigrantes japoneses; en consecuencia, quedó sin efecto el ingreso de nipones al país. 
El ministro plenipotenciario en el Japón, Ricardo Rivera Schreiber, destacó en el oficio N° 
5-18/96 del 18 de setiembre de 1941, acerca de los esfuerzos denodados del Japón a fin 
                                                 
87Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-A/60.  Legación del Perú en el Japón, 1941. 
88Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 5- 
18-Y/77.  Legación del Perú en el Japón, 1940. 
62 
 
de mantener su intercambio comercial con los países sudamericanos, especialmente con 
el Perú. Para el Japón fue vital la industria de tejidos de algodón por la importancia en la 
balanza de sus problemas obreros y la adquisición de divisas extranjeras. Desde el inició 
de la guerra, el campo comercial para el algodón manufacturado japonés fue 
restringiéndose gradualmente, particularmente, por la clausura de los mercados 
demandantes. El Gobierno japonés se encontraba en la urgente necesidad de 
abastecerse de algodón, para reemplazar las grandes cantidades que importaba de los 
Estados Unidos, India y Egipto cuyas fuentes estuvieron cerradas. Ante esta situación se 
vio en la necesidad de buscar el algodón peruano para abastecer la demanda de su 
industria y sus exportaciones. De esta manera el Perú se favoreció y de importador de 
tejidos de algodón con un balance desfavorable, pasó en el año de 1940 a la condición de 
exportador de esta materia prima con un saldo favorable. La importación japonesa de 
algodón peruano en kilogramos representó para los años 1938/1939 la cantidad de 
7,355.4 y para 1939/1940 alcanzó un promedio de 64,962.6. Sin embargo, las limitaciones 
impuestas y las perspectivas de mayores obstáculos anticiparon en aquel momento una 
incertidumbre para el abastecimiento nipón. 
El director del departamento consular de la Cancillería, Palmiro Macchiavello, manifestó al 
Prefecto del Departamento de Lima, Carlos Zapata Alayza, acerca de las Resoluciones 
Supremas Nos. 141 y 142 del 24 de enero de 1942, cancelatorias del exequátur expedido 
a Carl Dedering, cónsul de Alemania en esta Capital; a Masaki Yodokawa y Yasutaro 
Hanami, cónsul y vicecónsul del Japón en Lima. Y en virtud de dichas disposiciones se 
solicitó la clausura de los establecimientos consulares de Alemania y el Japón, por 
haberse revocado la autorización concedida a sus encargados para ejercer jurisdicción. El 
63 
 
Prefecto de Lima impartió las órdenes pertinentes, habiendo dispuesto, el retiro del 
escudo y la bandera que ostentaron las residencias diplomáticas89.       
El embajador de España, Pablo de Churruca, solicitó al director de Protocolo, Gonzalo N. 
de Arámburu, evaluara la posibilidad de reapertura de la Escuela Japonesa de Lima, que 
fue clausurada por la policía el 24 de febrero de 1942. Según los datos adjuntos el 
número de alumnos que asistían a la escuela era de 1,250 y el ochenta por ciento de las 
clases se dictaban en español. Dada la proximidad del inicio del año escolar, la 
colectividad japonesa deseaba conocer la resolución que el Gobierno peruano adoptó 
sobre este asunto, sin resultados positivos. 
El vice-ministro de Relaciones Exteriores, Javier Correa Elías, en respuesta a la 
conveniencia que la Inspección Provincial de Enseñanza ocupase y utilizase el local y el 
mobiliario perteneciente a la Escuela Japonesa de Trujillo, informó al embajador de 
España Pablo de Churruca que se había instruido oportunamente a las autoridades 
competentes para que, previa la formación de los inventarios y demás requisitos del caso, 
tomen posesión del local en referencia90.        
La Ley N° 9810 promulgada el 22 de marzo de 1943 estableció que el Gobierno 
cancelaría las cartas de naturalización que se hayan otorgado a los súbditos de Alemania, 
Italia y Japón, que se dediquen a actividades subversivas o de propaganda de sistemas 
contrarios a la democracia. El Ministerio de Gobierno y Policía se encargó de remitir al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para la evaluación de los expedientes la nómina de 
los extranjeros nacionalizados, originarios de los países mencionados y que tuvieran 
antecedentes de propagandistas o de participantes en actos subversivos de tendencias 
                                                 
89Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 21.  
Prefecturas de la República, 1942.  
90Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6-
13/51.  España, 1943.   
64 
 
nazi-fascistas91. En atención a la denuncia formulada por el Ministerio de Gobierno y 
Policía, la Cancillería inició los trámites respectivos a fin de, sin mayor justificación, 
proceder a la cancelación de las naturalizaciones otorgadas a los japoneses R. Morimoto, 
N. Aray y T. Taniguchi. El Ministerio de Gobierno y Policía indicó que el Ministerio de 
Hacienda no pudo ejecutar las restricciones establecidas por las Leyes Nos. 958692 y 
959293 y disposiciones complementarias a R. Morimoto y N. Aray, por tratarse de súbditos 
japoneses nacionalizados peruanos, y por tal motivo, no estuvieron comprendidos en los 
indicados preceptos legales, que se refirieron sólo a los súbditos del Eje, lo que suscitó a 
que las indicadas personas celebren importantes transacciones en algodón con la 
“Comodity Credit Corporation”, violando el Convenio de compra de algodón y 
entendimiento entre los Gobiernos del Perú y de los Estados Unidos. En similar situación 
se encontró el súbdito japonés nacionalizado peruano T. Taniguchi. El Ministerio de 
Gobierno y Policía determinó que los citados japoneses se dedicaron a la propaganda de 
sistemas contrarios a la democracia. En realidad, no se presentó evidencia que justifique 
el proceder de su accionar ante la falta de un sustentable argumento que demuestre su 
aseveración. En consecuencia, se solicitó a la Cancillería la aplicación de las 
disposiciones en la Ley N° 9810, para que se proceda a la cancelación de las cartas de 
naturalización de R. Morimoto, N. Aray y T. Taniguchi.  
El Ministerio de Relaciones Exteriores el 25 de mayo de 1944 amparándose en el artículo 
                                                 
91Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 333.  
Ministerio de Gobierno y Policía, 1943. 
92La Ley N° 9586 del 10 de abril de 1942 prohibió toda operación comercial, financiera y de cualquier otra 
naturaleza con los Estados miembros del pacto tripartito y con las personas, autoridades y entidades 
representativas de los territorios ocupados por dichos Estados.  
93La Ley N° 9592 del 26 de junio de 1942 declaró rescindidos los contratos de locación de fundos rústicos y 
obligatorio el traspaso de los negocios y propiedades de los nacionales de los países miembros del pacto 
tripartito.  
65 
 
34 de la ley N° 995294, puso en conocimiento de los afectados que, por denuncia del 
Ministerio de Gobierno y de acuerdo con la Ley N° 9810, se inició el procedimiento 
respectivo para la cancelación de sus naturalizaciones95.  
El director general de Gobierno, Mario Alzamora Valdez, a solicitud de la Cancillería 
remitió el 19 de noviembre de 1945, el informe N°1175, realizado por el Oficial Primero C. 
Marín del Águila, concerniente a Tadao Taniguchi, dueño del bazar en la calle Judíos N° 
230, domiciliado en el Jirón Huallaga N° 462. No obstante que se nacionalizó peruano en 
1928, desempeñó los siguientes cargos en la colonia japonesa: en el año 1936 fue Vice-
Presidente de la Sociedad Central Japonesa, criticado por su intervención en el secuestro 
del japonés Julio Furuya, quien trató de burlar a las leyes y a las autoridades peruanas, 
dejando en claro su poco afecto al Perú, cuya nacionalidad adquirió por conveniencia y no 
por convicción. En el año 1942, se le nombró Director de la Asociación Japonesa de 
Comercio e Industrias; además fue miembro de la Asociación Cultural Peruano-Japonesa. 
Asimismo, se tuvo conocimiento que había desempeñado el cargo de Jefe de la Sección 
de Educación Física de la Sociedad Central Japonesa, y que había sido condecorado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, por su contribución excepcional a la 
expansión japonesa a ultramar, con motivo de la celebración del aniversario japonés en el 
año 1940. Se infiere entre las diversas labores que realizó Taniguchi en la colonia 
japonesa, una evidente inquietud, dándose a entender que al obtener la nacionalidad 
peruana, se debió de eximir en lo posible de participar directamente dentro de su 
colectividad, que fue percibida negativamente por los cargos que ostentó, y más aún 
                                                 
94La Ley N° 9952 del 24 de marzo de 1944 estableció las normas que se observaron para la nacionalización o 
liquidación definitiva de los bienes que por ser de propiedad de súbditos del Eje estuvieron sujetos a las 
restricciones establecidas por las Leyes N° 9586, 9592 y 9912. Según el artículo 34 de la Ley N° 9952: “En 
todos los casos en que las leyes autoricen medidas o procedimientos especiales contra las personas naturales y 
jurídicas comprendidas en la Ley 9586 la notificación que deba hacerse a dichas personas o a sus apoderados 
se entenderá cumplida mediante la publicación de avisos conforme a lo establecido en el artículo 13, sin 
perjuicio de la citación al Agente Fiscal”.  
95 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 436.  
Ministerio de Gobierno y Policía, 1944. 
 
66 
 
porque se interpretó su presencia de peligrosa, al ser considerado un fiel servidor de los 
intereses del Gobierno japonés.                    
El Ministerio de Gobierno y Policía manifestó su intención de cooperar con los Estados 
Unidos, respecto al transporte a ese país de las esposas e hijos de ciudadanos japoneses 
desde el Perú para ser internados en los campos de concentración mientras esperaban su 
canje, para lo cual se reservó espacio en los vapores de la Línea Chilena96. 
El informe del Inspector General de Investigaciones y Asesor Técnico del Ramo de 
Policía, Carlos Ramírez Núñez, abordó sobre las dos medidas dispuestas: preventivas y 
represivas que se ejecutaron en relación a las actividades de los ciudadanos del Eje, 
desde el año 1940. La primera medida preventiva que se adoptó fue la creación, el 10 de 
abril de 1940, de la Brigada de Asuntos Internacionales con el objeto de contar con un 
organismo especializado que se encargó de realizar prolijas investigaciones para apreciar 
y seguir de cerca las actividades subversivas a que se habían dedicado ciertos 
ciudadanos del Eje. Carlos Ramírez, Asesor Técnico de la Delegación del Perú en la 
Conferencia Inter-Americana sobre Coordinación de Medidas Policiales y Judiciales, 
celebrada en la ciudad de Buenos Aires del 27 de mayo al 9 de junio de 1942, presentó 
un proyecto de Convención sobre “Unión Inter-Americana de Policía”, con el fin de 
prevenir y reprimir las diferentes modalidades de delito internacional que se centrarían 
bajo el amparo del Servicio de Inteligencia Internacional. Las medidas represivas 
ejecutadas fueron la captura de agentes propagandistas y ciudadanos del Eje proclives de 
realizar actos de agresión, y que según informe previo de la Policía actuaban en el país.  
Según los datos estadísticos proporcionados por la Brigada de Asuntos Internacionales, el 
número de ciudadanos del Eje que fueron expulsados del Perú a los Estados Unidos, con 
una tendencia mayor de japoneses, fue el siguiente: 
                                                 
96Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 385.  
Ministerio de Gobierno y Policía, 1943.  
67 
 
Fecha Transporte Alemanes Japoneses Italianos 
4 abril 1942 “Etolin” 110 tripulantes 141 11 
4 abril 1942 “Etolin”   63 residentes   -  - 
14 abril 1942 “Acadia” 216 residentes   47 28 
15 junio 1942 “Shawnee”   43 residentes 163   4 
 
16 diciembre 
1942 
Por avión     5 residentes   15  - 
10 enero 1943 Por Talara     5 residentes 169     - 
24 febrero 1943 “Frederich 
Johson” 
  26 residentes 119  - 
Total  468 654 43 
         
De acuerdo a la investigación del Asesor Técnico del Ramo de Policía finalizada el 20 de 
setiembre de 1943, los elementos del Eje sometidos a vigilancia fueron 10 alemanes y 15 
japoneses. La Brigada de Asuntos Internacionales tuvo sindicados para ser expulsados 
del país a 30 alemanes y 130 japoneses. Entre otras medidas de carácter represivo que 
se tomaron contra los ciudadanos del Eje destacaron:  
1.- Contra el abuso de nacionalidad, que impidió en las oficinas policiales la tramitación de 
certificados de “Buena Conducta”, para iniciar el expediente de nacionalización, a fin de 
evitar la adquisición de la doble nacionalidad, que fue una de las tácticas empleadas por 
la “Quinta Columna” para introducir sus agentes en América.  
2.- El control del tránsito dentro del territorio nacional obligó a todos los ciudadanos del 
Eje obtener un “Salvo Conducto” de las autoridades policiales para circular dentro del 
territorio nacional, impidiéndoseles la entrada a lugares estratégicos como Talara, Región 
Amazónica, etc. Asimismo, se les retiraron los brevetes, prohibiéndoles manejar toda 
68 
 
clase de vehículos. La prohibición al tránsito por las fronteras del Perú, estuvo controlado 
por medio de los Comisariatos de Investigaciones de Frontera. 
3.- En la prevención contra el sabotaje se expulsó a los técnicos, que profesaron la 
ideología totalitaria, atribuyendo de peligrosa su permanencia en las industrias, fábricas, 
etc. Además se adoptó diversas medidas, con el objeto de prevenir aquella forma de 
delito internacional en carreteras, terminales, muelles, etc. 
4.- Las medidas adoptadas por la policía:  
Clausura de clubs, instituciones deportivas y seudo-culturales. 
Clausura de hoteles regentados por japoneses. 
Retiro de licencias a los establecimientos de ciudadanos del Eje que funcionaban 
después de las 12 de la noche. 
Prohibición de tramitación de licencias para armas de fuego. 
Incautación de planos, fotografías y películas tomadas por ciudadanos del Eje. 
Se obliga a determinados ciudadanos del Eje a comparecer periódicamente a las 
oficinas policiales. 
Retiro de algunos teléfonos a los más sospechosos, prohibiendo también la remisión de 
cables en clave. 
Se censuró la correspondencia internacional sospechosa97. 
Según Morimoto entre 1942 y 1945 desde Latinoamérica fueron deportados alrededor de 
tres mil japoneses, alemanes e italianos hacia los Estados Unidos. Del total casi dos mil 
trescientos eran japoneses y más del ochenta por ciento procedía del Perú, entre ellos no 
sólo ciudadanos japoneses sino también ciudadanos peruanos de ascendencia nipona98. 
Los japoneses deportados de 13 países latinoamericanos sumaron 2,118. El Perú lideró la 
lista con el mayor número de deportados llegando aproximadamente a 1,771 nipo- 
peruanos. 
                                                 
97Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 432.  
Ministerio de Gobierno y Policía, 1943 
98MORIMOTO, Amelia. Ob. cit., p. 108. 
69 
 
El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Correa, reiteró la 
aquiescencia del Gobierno peruano en atender los requerimientos de repatriación del 
Departamento de Estado de Washington que se expresó en la siguiente cita: “Mi gobierno 
está dispuesto como ya lo ha hecho en otras ocasiones, a facilitar el traslado de 
nacionales alemanes y japoneses residentes en el Perú a los Estados Unidos como 
medida de seguridad para contrarrestar las actividades desarrolladas por dichos 
nacionales en perjuicio de la defensa continental”99.  
El diplomático Javier Correa solicitó la permanencia en territorio estadounidense hasta el 
término de la guerra de aquellos nacionales que estuviesen casados con mujeres 
peruanas y que hayan adoptado la nacionalidad peruana en forma legal. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a través de la nota N° 6-3/36 del 1 de marzo de 1944, remitió los 
nombres de solamente nacionales alemanes que reunieron las condiciones requeridas 
para no ser incluidos en la relación de los que pudieron ser materia de un canje eventual.  
La relación incluyó a los siguientes alemanes: Hans Andress, Fritz Bauer, Arthur Vetter, 
Karl Weiss, Joseph Zettel, Friedrich Hutmacher, Fernando Harten. En ese sentido, se 
sugirió lo siguiente: “la relación que antecede no excluye la posibilidad de que algunos 
otros alemanes actualmente en Estados Unidos o que vayan a ser trasladados a ese país, 
expresen su deseo de no ser enviados a Alemania, debiendo en tal caso permanecer en 
la Unión hasta el término de la guerra”100. A pesar de que la nota N° 6-3/36 hizo mención 
a los nacionales japoneses, fue evidente la indiferencia del Gobierno del Perú que evitó 
manifestarse sobre el reingreso de algunos de ellos a territorio nacional. El encargado de 
negocios, Jefferson Patterson, agradeció la buena voluntad del Gobierno peruano en 
facilitar la repatriación de nacionales japoneses y alemanes, en beneficio de la causa de 
                                                 
99Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6-
3/35. Estados Unidos, 1944.  
100Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6-
3/36. Estados Unidos, 1944.   
70 
 
la defensa continental. En respuesta y con referencia especialmente a nacionales de 
origen alemán, Jefferson Patterson comunicó estar autorizado por su gobierno para 
declarar que no procede el traslado de los nacionales alemanes mientras perdure el 
estado de guerra. Asimismo, se comprometió en transmitir, para que se adoptaran las 
medidas apropiadas, con respecto a la lista de aquellas personas que, según el deseo del 
Gobierno peruano, debieran permanecer en los Estados Unidos hasta el fin del conflicto 
bélico. 
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, informó al embajador de 
España, Pablo de Churruca, que por Resolución Suprema del 12 de julio de 1944, y de 
conformidad con el artículo primero del Decreto Supremo del 16 de setiembre de 1942, 
expedido por el Ministerio de Hacienda, se declaró el derecho preferencial del Estado, 
para adquirir por el precio de tasación el local de la extinguida Escuela Japonesa de Lima, 
con el fin de destinarla al Instituto Pedagógico Nacional de Varones; así como también se 
dispuso el uso del mobiliario y útiles escolares utilizables101.            
El Gobierno peruano consideró importante enfocar el problema de los residentes 
japoneses en el Perú desde un punto de vista especial, estimando no solo el aspecto de 
la seguridad nacional y continental, sino también el económico y social. Y, por razones de 
educación, de formación espiritual y de tendencia política, afirmó que la residencia 
permanente de japoneses en el continente americano era un peligro que implicaba una 
constante vigilancia. En ese sentido, desde una posición que denotó claramente la 
antipatía hacia la colectividad japonesa, estimó “solicitar la cooperación del Gobierno de 
los Estados Unidos para repatriar al Japón a los actuales residentes japoneses en la 
                                                 
101Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6-
13/36. España, 1944.    
71 
 
República, que, por su crecido número, no pueden ser trasladados a su país de origen 
contando únicamente con los elementos de que dispone el Perú”102.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                 
102Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum 
N° 6-3/175. Estados Unidos, 1945.   
 
72 
 
Capítulo 3: Persecución a la colectividad japonesa 
3.1 Reclamos de los peruano-japoneses 
Durante el Gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se materializó la persecución a la 
colectividad japonesa, mediante normas que permitieron la expropiación de los bienes de 
los japoneses. Los reclamos y las solicitudes fueron presentados por los japoneses al 
embajador de España en el Perú, Pablo de Churruca y Dotres, cuya gestión nos ha 
permitido conocer la magnitud del hostigamiento que padecieron los desafortunados nipo-
peruanos y la indiferencia de las instituciones del Gobierno para atender sus demandas.       
El ministro plenipotenciario del Japón en el Perú, Tatsuki Sakamoto, informó que los 
súbditos japoneses Kahoru Eguma, propietario de una peluquería en la calle Lima N° 302, 
Miraflores, y Akiyoshi Nakamura, propietario de una vidriería en la calle Lima N° 322, del 
mismo Balneario, se acercaron a la Legación, para comunicar que fueron notificados 
verbalmente por la Comisaría de Miraflores, a fin de que procedan a desocupar los 
inmuebles que tenían arrendados, alegando encontrarse ubicados en zona próxima a la 
indicada Comisaría. Ante esta situación, Sakamoto manifestó que, en su concepto, no era 
de aplicación el Decreto Supremo del 22 de julio de 1941, expedido por el Ministerio de 
Guerra, que se refería, claramente, en su artículo 1, a cuarteles, aeródromos y 
establecimientos militares, cuyas funciones en orden a la defensa nacional eran 
manifiestas; no aconteciendo lo mismo con una simple Comisaría de distrito, que aunque 
era establecimiento policial, no revestía la trascendencia de los establecimientos 
enumerados en el artículo citado. En caso contrario, recomendó una justa indemnización 
a los dos arrendatarios, previa tasación del capital invertido en traspaso y mejoras del 
inmueble103. Habiéndose presentado reclamaciones similares, el Ministerio de Gobierno y 
Policía, en coordinación con el Ministerio de Guerra, dispusieron “que las notificaciones 
                                                 
103Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 90. 
Legación del Japón en el Perú, 1941.  
73 
 
realizadas hasta el 8 de setiembre de 1941, queden en suspenso, hasta que el estudio 
que se realiza sobre el particular, esté terminado”104. 
 El embajador de España Pablo de Churruca y Dotres, puso en conocimiento del canciller 
Alfredo Solf y Muro que, a partir del 17 de febrero de 1942, de acuerdo a las instrucciones 
de su Gobierno, se hizo cargo de la protección de los intereses japoneses en el Perú, 
como consecuencia de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el Gobierno 
peruano y el Gobierno japonés105. En ese aspecto, el Embajador de España en el Perú, se 
desempeñó como intermediario de los reclamos y solicitudes de la colectividad japonesa. 
El embajador Pablo de Churruca, solicitó a la Cancillería peruana que se realicen las 
investigaciones pertinentes al efecto de haberse comprobado la noticia aparecida en la 
prensa, respecto al cadáver del japonés Sukichi Honda, encontrado en un costal, quien 
residía en la Hacienda “Araguay”, jurisdicción de Barranca, Provincia de Chancay, 
Departamento de Lima. El incidente aludido apareció en la página 14 del periódico “El 
Comercio” correspondiente al 25 de febrero de 1942. El Teniente Coronel 1er. Jefe de la 
1ra. Comandancia, A. Ismodes R., informó que no se pudo descubrir a los presuntos 
culpables, no obstante el esfuerzo desplegado, aseguró que el personal del puesto de 
Barranca prosiguió con las investigaciones necesarias a fin de esclarecer el homicidio 
perpetrado el 12 de febrero de 1942106.             
El Embajador de España en cumplimiento de las instrucciones de su Gobierno presentó al 
canciller Alfredo Solf y Muro una protesta formal y enérgica a nombre del Gobierno de 
Tokio por la expulsión de los súbditos japoneses que salieron del país el 15 de junio de 
1942, en oposición con los deseos del Gobierno japonés, en su interés en que 
                                                 
104Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 42.  
Ministerio de Gobierno y Policía, 1941. 
105 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 13. 
Embajada de España en el Perú, 1942. 
106 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 15. 
Dirección General de la Guardia Civil y Policía, 1942. 
74 
 
abandonaran territorio peruano únicamente aquellas personas que estaban incluidas en la 
lista oficial, por encontrarse pendiente de negociación con los Estados Unidos su canje 
con ciudadanos estadounidenses. El ministro de Gobierno y Policía, Guillermo Garrido 
Lecca, manifestó que el Gobierno acordó la repatriación de dichos súbditos, que salieron 
en el último vapor, por haberse comprobado por las autoridades de la policía que tenían 
actividades que los hacían indeseables107.  
El embajador Pablo de Churruca, hizo de conocimiento en la nota N° 70 del 20 de junio de 
1942 que el Ministerio de Gobierno estuvo retirando los permisos necesarios para ejercer 
la profesión a un grupo de súbditos japoneses conductores de automóviles públicos. El 
Ministerio de Gobierno y Policía informó a la Embajada de España, que la medida de 
retirar los brevetes a los conductores nacionales de los países del Eje, fue dada en un 
principio con carácter general y con el objeto de impedir que pudieran utilizar sus carros 
en posibles actividades de la “Quinta columna” o para cometer actos de sabotaje. 
Posteriormente se moderó la medida, limitándola a aquellos súbditos del Eje que tuvieron 
registrados malos antecedentes o actividades sospechosas108.  
El embajador de España, Pablo de Churruca, informó a través de un memorándum del 7 
de setiembre de 1942, acerca de la detención en la Prefectura de Lima, de alrededor de 
treinta súbditos japoneses, quienes quedaron completamente incomunicados. Entre los 
detenidos se encontraron el señor Yaichi Murata, su esposa y su hermano Takeo Murata, 
de profesión sastre, cuyos establecimientos se ubicaron en la calle Hoyos y Santa Rosa 
de las Monjas en Lima. El motivo de las detenciones fue la presunción de que el sastre 
Murata estuvo confeccionando unos vestidos de tela kaki de un diseño que tenía el 
aspecto de un uniforme militar. Según el Embajador de España los trajes que el sastre 
                                                 
107Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 
174. Ministerio de Gobierno y Policía, 1942.  
108 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 
103. Ministerio de Gobierno y Policía, 1942.  
 
75 
 
había confeccionado eran copia, tomada de las revistas japonesas, de un modelo muy 
usado en el Japón, cuyo gobierno recomendó a todos los japoneses que lo usen, por ser 
económicos y muy adecuados para el trabajo, conocido con el nombre de “Kokuminfuku” 
que significa “Vestido del pueblo nacional”. Posteriormente, se comunicó a la Embajada 
de España que fueron puestos en libertad varios de los detenidos, quedando únicamente 
en la Prefectura ocho japoneses. Entre ellos figuraron los señores: Murata, Seno, 
Nakashima y otros, los cuales estuvieron rigurosamente incomunicados. El Ministerio de 
Gobierno y Policía, en atención al memorándum de la Embajada de España sobre la 
detención de alrededor de treinta súbditos japoneses del 31 de agosto de 1942, remitió 
una copia del informe N° 670 que emitió la Brigada Internacional del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia de la Dirección General de Gobierno. El informe señaló que la 
detención del número aludido no fue exacta, dado que solo fueron detenidos trece 
japoneses, de los cuales cuatro fueron puestos en libertad y nueve continuaron en 
investigación detenidos en la Comisaria del Sexto. Se confirmó que los japoneses 
estuvieron incomunicados porque así lo requirió la investigación que se practicaba. Esta 
incomunicación fue levantada tan pronto prestaron su declaración. De los nueve 
japoneses detenidos cinco lo estuvieron por la confección de los uniformes llamados 
“Kokuminfuku”, y cuatro por ser los propietarios de los uniformes mandados a 
confeccionar. El único corte de casimir incautado por la Policía fue uno de color kaki 
verde, encontrado en la sastrería “Yaichi Murata” y que fue dejado por Masao Yoda, para 
que se le confeccionase un uniforme, lo que no llegó a efectuarse por la intervención de la 
Policía109.      
El encargado de la protección de los intereses japoneses en el Perú, Pablo de Churruca, 
presentó una nueva protesta del Gobierno Imperial contra el trato impuesto a los súbditos 
                                                 
109 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 
176.  Ministerio de Gobierno y Policía, 1942. 
76 
 
japoneses, por la grave responsabilidad en que incurrió el Gobierno peruano, debido a las 
medidas adoptadas injustamente y equivalentes a una verdadera confiscación. El 
Gobierno del Japón indicó los siguientes actos que motivaron su enérgica protesta: 
1.- Expulsión de algunos japoneses del Perú el día 5 de diciembre de 1942. 
2.- Evacuación forzosa a principios de diciembre de 1942 de japoneses casados 
residentes en la Oroya. 
3.- Prohibición a los comerciantes japoneses de Lima y suburbios de hacer compras de 
artículos que se hayan a la venta, ordenándoles el cierre de sus tiendas. 
4.- Los propietarios japoneses de empresas comerciales, industriales y agrícolas fueron 
obligados a vender sus empresas y a transferir sus bienes110.     
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, en respuesta al reclamo 
presentado, manifestó que las medidas de seguridad ejecutadas por las autoridades 
políticas de la República, se hallaron respaldadas por disposiciones legales vigentes y por 
acuerdos internacionales celebrados entre todos los países de América, para resguardar 
el orden público en cada uno de ellos y para colaborar de la manera más adecuada en la 
defensa del Continente. En consecuencia, el Gobierno peruano declinó la protesta que se 
transmitió por encargo del Gobierno Imperial del Japón.  El Embajador de España informó 
que el Gobierno del Japón no aceptó el argumento expuesto porque estimó que los 
japoneses residentes en el Perú, a los que se les privó el trabajo legítimo, no fueron 
motivo de peligro alguno para el orden público, y rechazó las medidas tomadas contra 
ellos que contrastan con las de otros países hispanoamericanos. El canciller Alfredo Solf y 
Muro, manifestó que el Gobierno peruano consideró inaceptable que los Gobiernos con 
los cuáles no mantiene relaciones diplomáticas por haberlas roto expresamente en 
cumplimiento de primordiales deberes inspirados en la solidaridad americana, presenten 
protestas y pretendan mantener por intermedio de la potencia protectora de sus intereses, 
                                                 
110Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 4. 
Embajada de España en el Perú, 1943.   
77 
 
comunicaciones permanentes ajenas por completo a la modalidad que caracterizó en el 
Derecho Internacional dicha protección. Dado que el Gobierno del Japón ha insistido en 
hacer transmitir al Gobierno del Perú comunicaciones hasta cierto punto de carácter 
político, “esta Cancillería no podrá dar respuesta en lo sucesivo a las comunicaciones que 
reciba del Embajador de España, transmitiendo encargos o protestas de los Gobiernos del 
Eje, lo cual en manera alguna significará que mi Gobierno desconoce la personería que 
legítimamente corresponde a Vuestra Excelencia, en los asuntos que se refieran a la 
protección de los intereses privados de los súbditos de esos países residentes en el 
Perú”111.  
El embajador de España, Pablo de Churruca, recibió instrucciones de su Gobierno para 
dar a conocer el texto de un telegrama que el Gobierno Imperial del Japón envió al 
Gobierno de los Estados Unidos en los términos siguientes:  
El Gobierno de los Estados Unidos sin conocimiento ni consentimiento del Gobierno 
Imperial, ha trasladado a los Estados Unidos y mantiene allí detenidos a los japoneses 
expulsados por el Gobierno del Perú. El Gobierno Imperial pregunta al Gobierno 
americano con qué derecho y sobre qué fundamento se basa dicha medida. El 
Gobierno Imperial considera inicua la actuación del Gobierno americano y formula 
contra ella su más enérgica protesta, haciendo constar que de continuar el Gobierno 
americano en tal actitud, trasladando a su país y deteniendo allí a los japoneses 
expulsados, el Gobierno Imperial advierte al de los Estados Unidos que está dispuesto 
a tomar adecuadas contra-medidas112.         
El Ministerio de Relaciones Exteriores envió a la Dirección General de Gobierno la 
solicitud del ciudadano peruano Ricardo Kanashiro Uyema de 24 años de edad, 
presentada en la Embajada del Perú en los Estados Unidos, mediante la cual reclamó la 
                                                 
111 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/18. España, 1943. 
112Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 21. 
Embajada de España en el Perú, 1943.   
78 
 
devolución de su libreta de conscripción militar N° 376653-A, de clase de 1941 que le fue 
arrebatada y retenida el 1 de marzo de 1944, al momento de embarcarse en el Callao con 
destino al campo de concentración en el “Alien Detention Station” en Kenedy, Texas113. 
En respuesta, la Dirección General de Gobierno remitió a través del oficio N° 80 del 20 de 
julio de 1944, el informe N° 1216 del Sub-Inspector Jefe de la Brigada Internacional, E. 
Arangüena, quien indicó que Ricardo Kanashiro Uyema, en ningún momento entregó a la 
Brigada, su libreta militar, ni tampoco se le arrebató dicho documento en el momento de 
su expulsión a los Estados Unidos. Kanashiro en su defensa redactó una carta al Primer 
Secretario de la Embajada del Perú en Washington, Ademar Montagne, manteniendo su 
posición de que fue desposeído de su libreta militar, a la vez insistió que por intermedio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Gobierno y Policía se le envíe 
el duplicado de su documento, que con anticipación gestionó la tramitación de su libreta 
militar en prevención a tal eventualidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 
el informe N° 860 del 24 de agosto de 1945, desmintió la posibilidad del arrebato de la 
libreta militar, lo que confirmó el propio interesado posteriormente, al aseverar que realizó 
todos los trámites para obtener un duplicado. Sin embargo, la Jefatura Territorial al revisar 
sus archivos descubrió que la libreta militar original no fue recabada, habiendo por tanto, 
Ricardo Kanashiro Uyema, incurrido en omisión al canje y en falta a la verdad. En ese 
sentido, el empeño puesto en adquirir la libreta militar, requisito indispensable para 
obtener la libreta electoral y realizar todos los actos inherentes al ejercicio de los derechos 
civiles, hicieron presumir que el interesado deseaba radicar nuevamente, al término de la 
guerra, en el Perú. El informe de la Cancillería fue la mayor prueba de la indiferencia 
hacia los japoneses, argumentando sin mayor fundamento que la detención de Kanashiro 
“no se dictó únicamente por su nacionalidad japonesa sino por constituir su presencia en 
                                                 
113Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 2-0-
A/50.  Dirección General de Gobierno, 1944.  
79 
 
el Perú un peligro para la defensa hemisférica y las Naciones Unidas, en respaldo de las 
disposiciones acordadas en la Conferencia de Cancilleres de Río de Janeiro de 1942 y de 
las posteriores recomendaciones del Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa 
Política del Continente sobre actividades anti-americanas”114. En consecuencia, por los 
antecedentes descritos el Ministerio de Relaciones Exteriores no accedió a lo solicitado 
por Ricardo Kanashiro Uyema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
114Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Informe N° 
860, 1945. 
80 
 
3.2 Solicitudes de los nipo-peruanos 
La Legación del Japón manifestó su preocupación porque los súbditos japoneses 
residentes en Pacasmayo, Puerto Chicama y Salaverry del departamento de La Libertad 
fueron notificados por las autoridades locales para que, en el plazo perentorio de 48 
horas, desocupen dichos lugares, disposición que debió afectar a un promedio de 100 
personas radicadas desde hace mucho tiempo y con numerosos hijos de nacionalidad 
peruana. La mayoría de ellos estuvo laboralmente dedicados a pequeños negocios: 
peluquerías, restaurantes, salones de billar, etc. Los perjudicados expresaron su 
disconformidad y alarma por las medidas que afectaron principalmente sus negocios, y en 
consecuencia exponiéndolos juntos con sus familiares a la mayor miseria. En ese sentido, 
la representación diplomática del Japón requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, contemple con la debida urgencia la situación de los afectados, de acuerdo con las 
autoridades correspondientes115. La Dirección General de Gobierno informó que se 
impartió órdenes a la Prefectura de la Libertad para que no se obligue a abandonar el 
lugar de su domicilio a los súbditos japoneses residentes en los puertos de Salaverry y 
Pacasmayo o en cualquier otro lugar de dicho departamento. Sin embargo, solo se aprobó 
la medida de hacer abandonar la localidad en los que se refería al puerto Chicama, a fin 
de evitar posibles actos de sabotaje de parte de los indicados súbditos116. 
El embajador de España Pablo de Churruca solicitó información al director de Protocolo 
Gonzalo N. de Arámburu, respecto a la situación de los siguientes japoneses detenidos e 
internados en el Cuartel de la Guardia Chalaca, la Perla, cerca de cincuenta días: 
1.- Sr. Kenji Amemiya. Representante de la N.Y.K. Line 
2.- Sr. Shigeru Oka. Representante de Asano Bussan 
                                                 
115Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Memorándum 
N° 144. Legación del Japón en el Perú, 1941.   
116Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 46.  
Dirección General de Gobierno, 1942.  
81 
 
3.- Sr. Shoichi Tanaka. Representante de Iwai Shoji 
4.- Sr. Takashi Funatsu. Empleado de Okura & Co. 
5.- Sr. Shinzo Kurimoto. Comerciante en Lima 
6.- Sr. Masaru Odahara. Representante de Sanko Shoji 
7.- Sr. Yoshio Nakashima. 
8.- Sr. Sakata. Comerciante en el Callao. 
Asimismo, los recluidos japoneses manifestaron ignorar el motivo de su detención, 
asegurando que sus actividades comerciales no excedieron los límites de la legalidad. 
Consideraron que su situación era injusta y angustiosa por desconocer las causas o 
razones de su internamiento. Habiendo recibido la notificación de abandonar el territorio 
peruano, solicitaron se les conceda libertad provisional, a fin de poder realizar el arreglo 
de sus asuntos personales y equipajes, que quedaron en estado de abandono al 
efectuarse la detención en forma repentina y sin ningún plazo o aviso previo117. 
El embajador Pablo de Churruca requirió al canciller Alfredo Solf y Muro se examine la 
situación de tres padres franciscanos, canadienses de nacimiento, pero nacionalizados 
japoneses, dedicados a labor de catequesis católica entre la colonia japonesa del Perú. 
“Estos sacerdotes, según me manifiesta el Reverendo Padre Vicario del Convento de 
Padres Descalzos de Lima, están vigilados por la policía, así como su residencia en la 
que se prohíbe la entrada de los católicos japoneses que acudían a su capilla, situada en 
la calle de Arenales”118. 
El Embajador de España hizo hincapié que recibió órdenes de su Gobierno para que 
gestionara con la anuencia de la Cancillería la repatriación del doctor Gocho Sakaki, con 
cinco familiares, del señor Ryunosuke Ichino con su esposa y dos hijas, y el señor Rikuhei 
                                                 
117Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 47. 
Embajada de España en el Perú, 1942.  
118Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 18. 
Embajada de España en el Perú, 1942.   
82 
 
Kakimoto con su esposa e hija. Asimismo, pidió que se le comuniqué de la resolución 
definitiva para que dichos señores y sus familias puedan embarcarse con certeza en la 
organización del próximo viaje de repatriación119.  
El protector de los intereses japoneses, Pablo de Churruca, sometió a consideración del 
canciller Alfredo Solf y Muro, la posibilidad de que el señor Seizo Miyaji continúe en su 
antigua residencia. El interesado de nacionalidad japonesa con carnet de extranjería N° 
42932, de 49 años de edad y con domicilio en la ciudad de Lima, calle Billinghurst – Hotel 
Hayama, fue notificado por las autoridades de la ciudad de la Oroya, lugar de su 
residencia legal y de sus negocios, para que indique como lugar de residencia Lima. 
Seizo Miyaji en su defensa informó que hace 33 años llegó al Perú, y se estableció en la 
Oroya donde contrajo matrimonio con la dama peruana, doña María Zárate Cervantes y 
de cuyo enlace tuvieron tres hijos peruanos. Asimismo, comunicó ser propietario del 
restaurante “Oriental” en la ciudad de la Oroya y que sus negocios estaban al interior del 
departamento de Junín, con un capital de S/. 40,000, que naturalmente necesitaba de su 
presencia en dicho lugar. Por lo antecedido, Miyaji no encontró motivo por la medida de 
su traslado a Lima, en ese sentido, solicitó una indemnización por las pérdidas 
ocasionadas120. El prefecto del departamento de Junín, Carlos E. Siles, a través del oficio 
N° 74 del 18 de mayo de 1942, justificó la medida adoptada al informar que el japonés 
Seiko Miyaji era un individuo de muy mal carácter y que continuamente fomentaba en su 
establecimiento de la Oroya escandalosas borracheras, lo que motivó que fuera 
repudiado, aun por sus mismos connacionales; además, en el hotel que regentaba se 
informó que se practicaba el juego de azar, acto prohibido por las disposiciones emitidas; 
asimismo, hizo gala de su influencia ante la policía, que a través de pródigas atenciones 
                                                 
119 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 42. 
Embajada de España en el Perú, 1942.   
120Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 35. 
Embajada de España en el Perú, 1942.    
83 
 
pretendió mantener su respaldo. Por las razones expuestas, el Prefecto del Departamento 
de Junín decidió separarlo de la localidad, y castigarlo inflexiblemente por mantenerse 
fuera de la ley.   
El embajador Pablo de Churruca, solicitó la libertad del súbdito japonés Sato Gakuji, 
propietario de una peluquería en la urbanización de Jesús María, quien fue conducido el 
18 de junio de 1942 por un Agente Investigador de la Prefectura de Lima, a la Brigada de 
Asuntos Internacionales y recluido en condición de incomunicado en la Comisaría del 
Cuartel el Sexto. La razón expuesta de su detención fue que no se embarcó el 15 de junio 
en el “Shawnee”. Según, el señor Sato, se acercó el 14 de junio a la Brigada para 
cerciorarse si su nombre figuraba en la lista y comprobando que no estaba en la relación 
se trasladó a su domicilio. El ministro de Gobierno y Policía, G. Garrido Lecca, contradijo 
la versión de Gakuji e informó que fue oportunamente notificado para que abandonara el 
país el 14 de junio, por ser denominado “indeseable”, no obstante haber figurado su 
nombre en lista que permaneció varios días en exhibición en la puerta de la Brigada 
Internacional, no se presentó el día que debía embarcarse, permaneciendo oculto hasta 
que fue detenido. Y en ese sentido, en razón de sus antecedentes se estimó que no era 
posible ponerlo en libertad porque sería peligroso para el orden público, por lo que se 
sugirió la continuidad de su detención hasta que se procediera a su deportación121.  
El Encargado de la Representación de los intereses japoneses en el Perú, Pablo de 
Churruca, solicitó se examine lo acontecido en el establecimiento de Lechería que 
conduce el señor Takichi Shimabukuro, situado en la calle Milagro N° 351 de la capital, 
violentada por tres investigadores de la policía, quienes realizaron un registro de la casa 
en forma minuciosa, sustrayendo la suma de 4,800 soles, una radio marca Phillips; 
además, arrestaron al señor Shimabukuro y al empleado Matayoshi. Los agentes 
                                                 
121 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 
204.  Ministerio de Gobierno y Policía, 1942. 
84 
 
volvieron a las cinco de la tarde y detuvieron a los repartidores de leche: Seitoku 
Shimabukuro y Kosho Shimabukuro. Retornaron en la noche y se apropiaron de los 
camiones del reparto de leche. El señor Takichi Shimabukuro y sus empleados estuvieron 
detenidos e incomunicados en la Prefectura de Lima. Asimismo, se evitó dar razón de la 
detención, del registro de la casa, la confiscación de las cosas y del dinero sustraído. El 
señor Shimabukuro, como lo acreditó el dueño del establo de leche con quien trabajaba 
desde hace dos años, solo se dedicó a su labor y no dio motivo para que sufra tal 
desgracia. Se solicitó en la Prefectura que se devuelva un camión para la manutención de 
los hijos del dueño del negocio de leche, pero se negó el pedido. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores comunicó que la detención de los súbditos japoneses Takichi 
Shimabukuro, Koshio Shimabukuro, Seitoku Shimabukuro y Eijen Matayoshi fue motivada 
por actividades subversivas constatadas por la policía, se denunció que los mencionados 
japoneses se dedicaban a recibir noticias del Japón mediante el aparato receptor de radio, 
las que copiaban en papeles y distribuían en las camionetas al servicio de la lechería, lo 
cual implicó actividades peligrosas para la seguridad nacional. Por otro lado, según el 
comprobante otorgado por el propio Shimabukuro, y que obraba en poder de las 
autoridades, se incautó la suma de 3,050 soles y no de 4,800 soles; además, se admitió la 
confiscación de las camionetas, la radio y otros artículos que fueron puestos a disposición 
de la Superintendencia de Economía, como organismo legalmente competente para 
resolver sobre el particular122.         
El embajador de España, Pablo de Churruca, comunicó acerca de la clausura de 
veintiocho hoteles administrados por súbditos del Japón, efectuada el 7 de diciembre de 
1942. Ante el desconocimiento de los motivos que hayan servido de justificación a la 
referida medida que afectó a los propietarios de dichos establecimientos, solicitó se 
                                                 
122Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/130. España, 1942.     
85 
 
examine la posibilidad de autorizar la reapertura de dichos locales. La Dirección General 
de la Guardia Civil y Policía informó que la clausura de los hoteles japoneses de Lima y el 
Callao se había hecho inaplazable por haberse constatado que en dichos locales se 
infringieron constantemente los reglamentos de la Policía en vigencia123.   
La Embajada de España en Lima informó a través de un memorándum que el 6 de enero 
de 1943, en el local donde se hallaba instalada la Legación de Alemania bajo su 
protección, fue detenido el encargado de la vigilancia Yozu Ishile sin razón alguna. Ese 
mismo día se detuvieron a cincuenta súbditos japoneses, ignorándose la razón de la 
medida. Asimismo, un investigador de la Brigada de Asuntos Internacionales visitó a 
japoneses en Chimbote y les invitó a visitar su casa en la calle de gremios, para 
intimidarlos y obligarlos a entregar más de cincuenta soles, con la amenaza de detenerlos 
si le divulgaban. Por otro lado, tres japoneses, mientras esperaban la hora de atención en 
la Embajada, fueron interceptados en los alrededores por dos investigadores que se 
identificaron con sus placas, y los intimidaron acusándoles de estar tomando planos de la 
Costa limeña. Los japoneses atemorizados no pudieron explicarse claramente y según 
referencia de ellos, los investigadores ofrecieron dejarles en libertad con la condición de 
que abonen quinientos soles por persona. Los japoneses retornaron a Lima para buscar el 
dinero entre sus amistades, consiguiendo reunir cien soles que fue entregado por cada 
uno de los afectados. 
Según el Embajador de España, por informes recibidos el 8 de enero de 1943, fueron 
expulsados del Perú un grupo de japoneses, ciento noventa de ellos residentes en Lima, y 
otros se incorporaron en la expedición conducida en camiones a su paso por las 
localidades de Huacho, Trujillo y Chiclayo, desconociéndose su destino. A fin de que la 
                                                 
123 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 
315. Dirección General de Gobierno, 1943. 
 
86 
 
información fuese basada en referencias auténticas, se solicitó a la Cancillería le 
proporcione los datos necesarios. 
La esposa del súbdito japonés Senzo Kishimoto manifestó que su cónyuge salió de Lima 
en la última expedición de japoneses expulsados y al llegar a Talara fue puesto en libertad 
y retornó a Lima. Sin embargo, el sábado 30 de enero de 1943 fue nuevamente detenido 
y recluido en el cuartel del sexto. El Embajador de España solicitó interceder ante las 
autoridades gubernativas para permitir el internamiento en un Hospital al japonés 
Kishimoto; en consideración, de su resquebrajada salud a consecuencia de su grave 
enfermedad de estómago e hígado. El secretario general, Javier Correa, en respuesta a la 
consulta que realizó a las autoridades políticas, informó que “el japonés Senzo Kishimoto 
fue detenido a su regreso de Talara, pero por requerirlo el estado de su salud, fue 
trasladado al Hospital 2 de Mayo, de donde salió en libertad por orden superior el 26 
febrero de 1943”124. 
El Embajador de España comunicó en la nota N° 34 del 11 de marzo de 1943 que los 
súbditos japoneses y alemanes expulsados del Perú que se encontraron en los campos 
de concentración de los Estados Unidos, requirieron que sus familiares les enviaran ropas 
para abrigarse. Después de consultarse el caso con la Embajada de España en 
Washington, se indicó que las autoridades americanas no tuvieron ningún inconveniente 
para el envío de  prendas de vestir; sin embargo, al momento de la entrega en el correo 
de los paquetes correspondientes, se manifestó a los interesados que era necesario 
obtener previamente un permiso del Ministerio de Hacienda. Debido a la demanda de 
personas que tuvieron preparadas las encomiendas para sus familiares en los Estados 
Unidos, y de muy difícil la obtención en cada caso de una autorización especial, se solicitó 
evaluar una solución práctica para evitar las complicaciones burocráticas.  
                                                 
124Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6-
13/45. España, 1943. 
87 
 
El Embajador de España indicó en la nota del 8 de abril de 1943 que la colectividad 
japonesa en Huacho, provincia de Chancay, poseía una escuela destinada a la educación 
de sus hijos, que fue cerrada por efecto de circunstancias ajenas a su voluntad. Los 
japoneses residentes pidieron se gestione la posibilidad de ocupar dichos locales, 
utilizándolos como alojamiento, para aliviar la difícil situación económica en que se 
encontraban. Si bien las disposiciones legales no permitieron que varios súbditos 
japoneses se establecieran bajo una misma vivienda, se consideró necesario tramitar una 
autorización especial para que proceda la propuesta realizada. El secretario general del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Correa y Elías, manifestó que por orden 
superior de la Dirección General de Gobierno no fue posible acceder a tal petición. 
El 30 de abril de 1943 fue detenido en su casa el súbdito japonés Shiguetora Tanabe, por 
dos agentes de investigación y dos oficiales del ejército. El interesado pidió que el 
Embajador de España averigüe la causa de su detención y consultó la posibilidad que se 
le facilite un intérprete cuando se le someta a las interrogaciones. El secretario general, 
Javier Correa y Elías, comunicó que Shiguetora Tanabe se encontraba detenido por 
motivos de suma gravedad que afectó la seguridad del país, por lo que las autoridades 
competentes estimaron improcedente la intervención de un intérprete mientras no se haya 
terminado la correspondiente investigación125.  
El súbdito japonés Ushi Tome se presentó a la Embajada de España para solicitar se 
continúen las averiguaciones por la policía peruana sobre la muerte de su hermano 
Kokichi Tome, asesinado por unos desconocidos en la Hacienda Casica, valle de Lurín, el 
25 de abril de 1942. El canciller Alfredo Solf y Muro informó que las autoridades policiales 
proseguían en su labor investigadora dado que no localizaron todavía al autor o autores 
del homicidio perpetrado en agravio del súbdito japonés Kokichi Tome, resultando 
                                                 
125Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/48. España, 1943.  
88 
 
infundadas las sospechas recaídas en Félix Ramos Chumpitaz, Máximo Rodríguez 
Mendoza, Faustino Chumpitaz Melásquez y Francisco Ramos Chumpitaz126.                                               
El embajador de España Pablo de Churruca en representación de los familiares de los 
súbditos japoneses que salieron del puerto del Callao en la embarcación “Frederick C. 
Johnson” el 24 de febrero de 1943, solicitó a la Cancillería peruana noticias de los mismos 
y del lugar donde se encontraban, ya que desde su partida no se tuvo información acerca 
de sus parientes. A solicitud de la Cancillería, el embajador R. Henry Norweb, a través de 
la nota N° 1361 del 28 de junio de 1943, informó que los repatriados del Perú arribaron a 
los Estados Unidos el 14 de junio de 1943, y la dirección fue la siguiente: Care of Alien 
Detention Station, Sharp Park, San Francisco, California.   
El embajador de los Estados Unidos R. Henry Norweb manifestó que el Gobierno japonés 
solicitó específicamente que en el próximo intercambio fuesen repatriados Jorge 
Tamashiro, Madagi Yamamoto y Shoshin Seo, así como cinco miembros de la familia de 
Seo. El Gobierno estadounidense expresó su acuerdo en la inclusión de los nacionales 
japoneses en el grupo que se canjearía, siempre que el Gobierno peruano anuncié su 
aprobación. El Departamento de Estado de Washington requirió los informes referentes a 
la ubicación de los tres japoneses mencionados, así como los nombres y edades de todos 
los miembros de sus familias. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer al 
Embajador de los Estados Unidos, que el Gobierno del Perú no tenía ningún 
inconveniente en que fuesen repatriados los japoneses indicados. Con respecto a la 
dirección de los tres japoneses citados, el Cuerpo de Investigaciones informó que Jorge 
Tamashiro estuvo inubicable, por lo que las investigaciones se intensificaron para dar con 
su paradero. Madagi Yamamoto se encontró domiciliado en el Jirón Cusco N° 51 y 
laborando en la Casa de Perfumes Araki. Finalmente, Shoshin Seo u Ota Shushin no 
                                                 
126 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (M) 
6-13/60. España, 1943. 
89 
 
figuraron en los archivos de la Brigada de Asuntos Internacionales y fue incierto su 
destino127. 
El embajador de España Pablo de Churruca comunicó que varios súbditos japoneses 
manifestaron que habiendo perdido sus carnets de identidad, acudieron al Departamento 
de Extranjería, donde se les exigió el pago de S/. 200.00 para la expedición de un 
duplicado, cantidad, que no pudieron abonar por encontrarse sin recursos económicos. 
Asimismo, el Embajador de España solicitó examinar y dar solución a la situación legal de 
los siguientes casos:  
1.- Jonatsu Agarijo tenía el carnet N° 19257, manifestó estar al corriente del pago del 
impuesto y el carnet le fue robado conjuntamente con otras prendas, de lo que dio parte 
a la Primera Comandancia de la Guardia Civil de Lima, teniendo comprobante de ello. 
2.- Seisaku Asato tenía el carnet N° 19997, hizo las mismas manifestaciones, habiendo 
dado parte de su pérdida al Puesto Central de la Guardia Civil de la Victoria. 
3.- Kitaro Abe tenía el carnet N° 8779 el cual dijo haberlo perdido hace dos años, no 
estando al corriente del pago desde entonces por encontrarse viajando por distintos 
lugares de la Sierra y haber regresado recientemente a Lima, enfermo y sin recursos128.    
El secretario general Javier Correa comunicó que por Decreto Supremo del 20 de agosto 
de 1943, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se redujo a treinta soles el 
importe que debieron abonar los extranjeros para obtener un duplicado de su carnet de 
extranjería, en caso de pérdida o de extravío debidamente comprobado.       
El consejero de la embajada de los Estados Unidos, Jefferson Patterson, después de la 
indagación respectiva, manifestó su respaldo al pedido de la Cruz Roja Japonesa en 
Ginebra, referente a la posibilidad de remitir al Perú 63,000 francos suizos para el socorro 
de tratamiento médico para los nacionales japoneses en el Perú. El secretario general de 
                                                 
127Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (B) 6-3/511 Estados 
Unidos, 1943. 
128Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 72. 
Embajada de España en el Perú, 1943.     
90 
 
la Cancillería, Javier Correa Elías, comunicó que no hubo ninguna objeción a la propuesta 
de remisión de fondos, siempre que los francos suizos fueran entregados por los 
japoneses al crédito del Gobierno peruano en Suiza. Patterson sugirió que el Estado 
peruano entregara a la Embajada de España en Lima, como representante de los 
intereses japoneses en el Perú, la cantidad correspondiente en moneda peruana para su 
distribución. Además, se recomendó arbitrariamente usar los francos en beneficio de 
diplomáticos y nacionales peruanos en territorio suizo y del Eje, siendo el monto y los 
propósitos, materia de un convenio entre los dos Gobiernos interesados. 
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, informó que los súbditos 
japoneses deportados a los Estados Unidos el 24 de febrero de 1943 a bordo del 
transporte de la Armada estadounidense “Frederick C. Johnson”, llegaron a su destino el 
14 de junio último, pudiendo dirigirse la correspondencia destinada a “Care of Alien 
Detention Station, Sharp Park, San Francisco California”129. 
El encargado de la protección de los intereses japoneses en el Perú, Pablo de Churruca, 
solicitó se les permitiera continuar en la administración de los negocios a los apoderados 
que fueron designados por los propietarios japoneses, antes de ausentarse del país, en 
tanto no se dispuso la expropiación de los mismos por peruanos de nacimiento. Fueron 
varios los apoderados de los comerciantes japoneses expulsados del país por orden de 
las autoridades nacionales, que denunciaron las dificultades para el desempeño de sus 
actividades, ya que el Consejo Provincial de Lima, no les reconoció su condición de 
representantes, fundándose en lo dispuesto en el Decreto del 15 de mayo de 1937, por el 
que no se permitió que un extranjero represente a otro por más de un año. Según el 
embajador Pablo de Churruca,  los comerciantes japoneses estimaron, por causa de 
fuerza mayor, nombrar apoderados, no por un año, sino por un plazo indefinido, mientras 
                                                 
129 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/61. España, 1943. 
 
91 
 
se prolongaba su obligada ausencia. Por otra parte, se prohibió traspasar sus 
establecimientos si no lo hicieron con anterioridad al 31 de mayo de 1943. En 
consecuencia, la situación de los apoderados se presentó precaria por la amenaza de la 
expropiación de los negocios. 
El canciller Alfredo Solf y Muro, a través de la nota N° 6-13/78 del 13 de setiembre de 
1943, comunicó que la Dirección General de Hacienda indicó que, en cuanto lo solicitara 
un agente autorizado de la Embajada de España en el Perú, se procedería al despacho y 
entrega del equipaje del súbdito japonés Ichiroku Yatomi, fallecido durante el viaje entre el 
Callao y los Ángeles. 
El embajador de los Estados Unidos en el Perú, John Campbell White, informó al ministro 
de Relaciones Exteriores, Manuel C. Gallagher, y notificó a la Embajada de España 
encargada de velar por los intereses japoneses, acerca de la defunción de 4 nacionales 
japoneses quienes fueron trasladados para su internamiento en los campos de 
concentración de los Estados Unidos.  
 
Nombre Fecha de muerte Lugar de muerte 
Isamu Watanabe 11 julio, 1944 Alien Internment Camp, Crystal City, Texas 
Eiichi Suzuki 22 agosto, 1944 Brooks General Hospital, Fort Sam 
Houston, San Antonio, Texas 
Haku Hasegawa 13 setiembre, 1944 Alien Internment Camp, Crystal City, Texas 
Hikoichi Hara 27 octubre, 1944 Alien Internment Camp, Santa Fe, New 
Mexico130 
 
                                                 
130Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 532. Embajada de 
los Estados Unidos en el Perú, 1945.  
92 
 
El embajador John Campbell White, de acuerdo con las instrucciones de su Gobierno, 
informó al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Embajada de España en Washington, 
referente a la defunción de Seiichi Kudo en el Campo de Internamiento de Crystal City, 
Texas, y del fallecimiento de Shosuke Eto en el Campo de Internamiento de Santa Fe, 
Nueva México.  
El encargado de negocios, Edward G. Trueblood, informó sobre los decesos de Yasataro 
Okamura, el 22 de agosto de 1943 y de Kakichi Takahashi, el 23 de agosto de 1945 en el 
Campo de Internamiento de Santa Fe, Nueva México.  
La Embajada de los Estados Unidos transmitió el pedido de retorno del residente de 
Okinawa, Kiyoko Shiroma, quien alegó tener la nacionalidad peruana. Asimismo, el 
Gobierno estadounidense tuvo conocimiento por parte del canciller Javier Correa Elías 
que el Gobierno peruano anheló enviar de regreso al Japón a toda la colonia residente en 
el Perú131. Fue evidente la animadversión hacia la colectividad japonesa por los 
equivocados prejuicios internos que impidió al Gobierno ver con agrado la presencia de 
los japoneses en el país. 
La Legación de Suecia comunicó el 8 de mayo de 1945 que a solicitud del Gobierno 
japonés, aceptó hacerse cargo de la protección de los intereses del Japón en el Perú. 
Para el fin que se juzgue conveniente, se envió la traducción de una carta escrita por 
algunos súbditos de la región de Huancayo, en la cual, se informó que el agricultor Hideo 
Ueda fue acusado y detenido por las autoridades locales, sin fundamento, por el 
asesinato de Filomeno Paucar, ocurrido el 30 de setiembre de 1945 en el pueblo de 
Pilcomayo, región de Huancayo. En una carta firmada por: Rinsaku Takeda, Torao 
Okugawa, Kuichi Uchiyama, Tsuguichi Araki, Kiuma Shiraishi, Ryota Hojo, Hitoshi 
Kashihara, Yoshio Yamashita, Yasuji Murakami, Yoshitaro Yamaguchi, Masaharu 
                                                 
131Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 152. Embajada de 
los Estados Unidos en el Perú, 1945. 
93 
 
Maeshiki, Shimaukon Ono, Hachiro Aritomi, Shuchi Hiyajo, Nakayama, Tomoo 
Hamamura, Eisuke Furuya, Jitsuo Hirano, Fujio, Toshio Yoshiyama, Tatsutaro Maeshiki, 
Nobuo Taniguchi, Shinki Iseki, Isamu Miki, Kiyoto Nakamura, Tatsusuke Hirakawa, Yuma 
Shiga y Shibuya se pronunciaron en defensa de Ueda y expresaron su malestar porque la 
Inspección de Investigaciones de Huancayo no realizó una labor minuciosa y a 
conciencia, considerando a Hideo Ueda como autor del crimen en forma definitiva y 
categórica, como se desprendió de las informaciones que sobre el particular aparecieron 
con grandes titulares en el diario “La Voz de Huancayo” en las ediciones de los días 6 y 7 
de octubre de 1945, llamando la atención del público por un lado, y por otro, infundiendo 
el temor y la intranquilidad en muchos hogares de los súbditos japoneses. Asimismo, otro 
hecho que perjudicó el esclarecimiento del caso, fue el comportamiento de ciertos 
individuos del Pueblo de Pilcomayo que con cautela divulgaron entre sus moradores 
hechos falsos en torno a la conducta de Ueda en su vida cotidiana. Las maquinaciones de 
aquellos individuos suscitó el efecto deseado, porque el Teniente Gobernador del lugar 
dio una orden verbal, sin exponer los motivos, para que en el término de 48 horas, 
saliesen del pueblo las dos familias japonesas que aún quedaban. En ese sentido, 
solicitaron una nueva investigación sobre el citado hecho y si fuera posible la designación 
de un abogado defensor para el señor Ueda.  
        
3.3 Congelamiento de cuentas bancarias 
El embajador de los Estados Unidos, R. Henry Norweb, remitió a través de la nota N° 562 
del 9 de diciembre de 1941 una relación de medidas que afectó las actividades 
económicas japonesas en su país: 
1.- Todas las licencias comerciales y las transacciones financieras realizadas en 
beneficio del Japón o por sus nacionales fueron revocadas. El efecto de la medida fue 
detener las finanzas, los negocios y el comercio en el que estuvieran involucrados 
94 
 
directamente los japoneses. Se les prohibió el retiro de las cuentas y depósitos de los 
bancos, asimismo, las remesas de dinero quedaron congeladas. 
2.- Las licencias de exportación de las mercancías destinadas al Japón y sus 
posesiones fueron canceladas.          
El Gobierno estadounidense justificó las medidas económicas antijaponesas porque 
fueron adoptadas en conformidad con las declaraciones de defensa solidaria inter-
americana y en respeto al compromiso internacional que se acordó en la Segunda 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, en la 
Habana en 1940. En ese sentido, comprometió el apoyo peruano en la siguiente cita: “Es 
de presumir que el Gobierno peruano estará dispuesto a adoptar de inmediato, las 
medidas financieras y económicas necesarias para reprimir las actividades económicas 
japonesas en el Hemisferio Occidental”132. El embajador R. Henry Norweb destacó que el 
Gobierno peruano acogió ciertas medidas económicas de similar naturaleza. 
En la nota N° 580 del 19 de diciembre de 1941 que remitió el embajador R. Henry Norweb 
se reiteró las siguientes medidas antijaponesas: una paralización inmediata a todas las 
transacciones comerciales, industriales y financieras en las que el Japón o cualquier 
nacional del mismo tuviera algún interés, quedando esto sujeto al otorgamiento por el 
Gobierno estadounidense de licencias. Desde entonces los nacionales del Japón que no 
fueron tomados bajo custodia en el territorio continental de los Estados Unidos debieron 
obtener de las cuentas bancarias o por concepto de salarios el mínimo necesario para 
gastos de sostenimiento. 
El Gobierno del Japón expresó su preocupación por las medidas económicas adoptadas 
por el Perú a través del Decreto del 8 de diciembre de 1941 que inmovilizó los fondos 
bancarios de entidades sociales e industriales japonesas y que prohibió la actividad 
comercial de productos de origen japonés. El encargado de negocios Masaki Yodokawa, 
                                                 
132Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 562. Embajada de 
los Estados Unidos en el Perú, 1941. 
95 
 
estimó como ejemplo el movimiento comercial del año 1941, siendo favorable la balanza 
comercial para el Perú, que según las estadísticas el Japón compró al Perú más de 70 
millones de soles oro, en algodón, productos minerales, lanas, cueros, etc. Y las 
importaciones peruanas representaron unos 10 millones de soles oro. El Gobierno 
japonés, debido a la coyuntura bélica en la que estuvo inmersa, manifestó su intención de 
continuar adquiriendo materias primas. El diplomático Masaki Yodokawa, advirtió que las 
restricciones del intercambio comercial fueron una amenaza para la quiebra de las 
industrias japonesas, ocasionando la miseria de un buen número de familias 
dependientes entre nacionales y especialmente japonesas133. 
El embajador de España Pablo de Churruca, informó acerca de la clausura de la escuela 
japonesa “Jesús María” por carecer de fondos para sostenerla debido al exiguo número 
de alumnos, cuyas aportaciones fueron insuficientes para el sostenimiento de los gastos 
que implicaron los sueldos de los profesores. En ese sentido, procedió a notificar por carta 
notarial a los docentes y empleados la finalización de sus servicios, asegurándoles el 
pago de sus indemnizaciones, de conformidad con las leyes sociales y de trabajo del país. 
Los fondos que dispuso la escuela alcanzó la cantidad de S/. 6.770.00 quedando 
pendiente la suma de S/. 6.134.05. Con el fin de cumplir el compromiso de pagos 
acordados propuso se conceda la autorización de disponer de la sección de ahorros del 
Banco de Crédito del Perú donde la Sociedad Japonesa tuvo congelada la suma de S/. 
20.000.00134. En respuesta a lo propuesto, el canciller Alfredo Solf y Muro expresó que la 
Superintendencia de Economía otorgó la autorización debida para que pueda retirarse la 
cantidad indicada de la sección de ahorros del Banco de Crédito del Perú. 
                                                 
133Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 140. 
Legación del Japón en el Perú, 1941.   
134Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 140. 
Embajada de España en el Perú, 1942. 
96 
 
El embajador de España, Pablo de Churruca, comunicó que se estuvo procediendo de 
acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, a preparar el viaje de las esposas e 
hijos de los japoneses que fueron expulsados del Perú. Entre los arreglos realizados 
sobre el particular, figuró la autorización del Gobierno estadounidense para que las 
familias japonesas dispusieran de cierta cantidad de dinero para su viaje. Sin embargo, 
para ello fue preciso que obtuvieran de los bancos peruanos, cheques de bancos de los 
Estados Unidos. Los interesados que acudieron a los bancos para obtener dichos 
documentos de cambio, encontraron dificultades para realizar su propósito, exigiéndoles 
una autorización de la Superintendencia de Economía. El secretario general del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Javier Correa y Elías, manifestó que la Superintendencia de 
Bancos impartió oportunamente al Banco Central de Reserva las instrucciones 
correspondientes a fin de que las familias japonesas pudieran llevar consigo la suma de 
dinero necesaria para el viaje135.       
El Embajador de los Estados Unidos hizo hincapié a las recomendaciones adoptadas en 
la Conferencia Interamericana sobre Control de Métodos de Economía y Finanzas, 
celebrada en Washington entre el 30 de junio y el 10 de julio de 1942, en la cual se 
requirió que todos los fondos de las naciones “agresoras” fuesen bloqueados conforme a 
la Resolución N° I, mientras que la Resolución N° VI especificó que el bloqueo efectivo 
debió consignarse a todos los haberes, inclusive dinero en efectivo. En referencia a los 
términos de la Resolución N° I estipuló que los fondos de las potencias del Eje en las 
Repúblicas Americanas, se dispongan para proveer los gastos de provisión de los 
ciudadanos del Eje y, sobre la base de una efectiva reciprocidad, se dispuso la entrega de 
                                                 
135Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (M) 
6-13/59. España, 1943. 
97 
 
los fondos bloqueados a los Gobiernos representantes de las respectivas Repúblicas 
Americanas para los gastos de manutención136. 
El embajador Pablo de Churruca, solicitó se gestione ante la Superintendencia de 
Economía, la autorización a los yanaconas japoneses de la entrega de una suma mensual 
del fondo de la Caja de Depósitos y Consignaciones con motivo de la valorización de sus 
cultivos y capitales propios, al verificarse la rescisión de los contratos, para atender su 
particular sostenimiento y el de su familia. El caso propuesto estuvo previsto en el artículo 
10 del Decreto Supremo del 26 de junio de 1942, reglamentario de la Ley N° 9592, que 
estableció, que respecto del dinero consignado se observe lo prescrito en la Ley N° 9536, 
la que en la parte final del artículo 4 estableció lo siguiente: “el pago de gastos personales 
y familiares de sustento”137. El canciller Alfredo Solf y Muro manifestó que la 
Superintendencia de Economía dispuso que se dieran asignaciones provisionales de 
sustento personal y familiar a los yanaconas de preferencia de las peticiones presentadas 
y en general, a todos aquellos que la formularon y que tuvieran expedito su derecho a 
gozar de dichas asignaciones. Por otro lado, señaló que la liquidación de sus 
participaciones y haberes definitivos, dependió de la liquidación de las cosechas de 
algodón procedente de los fundos donde trabajaron los yanaconas, cuya venta estuvo en 
curso y de lo que el Gobierno resuelva sobre el destino final de esos fondos. 
El embajador de España, Pablo de Churruca, a solicitud del Gobierno japonés, planteó en 
reiteradas comunicaciones que se gestionara el permiso para disponer de noventa mil 
soles de los fondos congelados del Banco Yokohama Shokin depositados en los Bancos 
de Crédito y Popular del Perú, a fin de utilizarlos en socorro a los indigentes durante un 
periodo de seis meses a razón de quince mil soles por mes. El ministro de Relaciones 
                                                 
136Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 1197. Embajada de 
los Estados Unidos en el Perú, 1943. 
137Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 82. 
Embajada de España en el Perú, 1943.  
98 
 
Exteriores, Alfredo Solf y Muro, informó que de acuerdo con lo sugerido por la 
Superintendencia de Bancos y lo resuelto por el Consejo de la Superintendencia de 
Economía, el Gobierno peruano “no puede disponer de los fondos pertenecientes al 
Yokohama Shokin Bank, que es persona jurídica de derecho privado”138. La 
Superintendencia de Bancos manifestó que debido al bloqueo fue imposible exigir una 
orden directa del Yokohama Shokin Bank, para que los fondos en referencia fuesen 
aplicados a la finalidad perseguida. Asimismo, “sugirió que ante la imposibilidad de 
obtener directamente la orden de la persona jurídica dueña de dichos fondos, podría 
utilizarse las gestiones de la Embajada de España para que, por su intermedio, el 
Gobierno japonés obtuviera la orden del Yokohama Shokin Bank y la transmitiera por los 
mismos canales hasta el Gobierno peruano. De esta forma se evitaba la responsabilidad 
de posteriores reclamaciones que pudiera hacer valer el depositante de los fondos”139. 
El embajador de España, Pablo de Churruca, informó que varios súbditos japoneses 
habían conseguido que la Superintendencia de Economía, les asignara una pensión de 
S/. 500.00 mensuales para atender su sostenimiento y el de su familia, en cumplimiento 
de una Resolución que al efecto se expidió. Al presentarse ante la Superintendencia con 
el fin de gestionar el pago de las mensualidades de enero y febrero ya vencidas, se les 
manifestó que dicho pago no se encontraba expedito. Realizadas las gestiones oportunas 
ante ese organismo se comunicó que los fondos pertenecientes a los súbditos japoneses 
habían sido ya entregados en fideicomiso a la Caja de Depósitos y Consignaciones, en 
cumplimiento de la Ley N° 9912140 y que se remitió una relación de las personas a las 
cuales se les había concedido asignaciones para alimentos, con la indicación del monto 
                                                 
138Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/38. España, 1944.  
139Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/53. España, 1944.   
140La Ley N° 9912 promulgada el 21 de enero de 1944 dispuso que el dinero y valores de los súbditos del Eje, 
que se hallan sujetos a las restricciones establecidas por las Leyes 9586 y 9592 y por los Decretos Supremos 
del 8 de diciembre de 1941 y 10 de abril de 1942, se entregarán a la Caja de Depósitos y Consignaciones en 
fideicomiso.  
99 
 
de las respectivas pensiones, a fin de que el Ministerio de Hacienda expidiera una 
Resolución Suprema que autorizara a la Caja para que, con cargo a los fondos que 
recibió en fideicomiso, atendiera el servicio de las referidas pensiones. Ante la urgencia 
para la realización del pago de las pensiones, el Embajador de España, solicitó se estudie 
la manera de encontrar una fórmula provisional para que se efectuasen los pagos, 
mientras se esperaba la emisión de la Resolución Suprema sobre este asunto. El canciller 
Alfredo Solf y Muro manifestó que la Superintendencia de Economía comunicó que los 
tropiezos para el abono de pensiones quedaron salvados mediante la oportuna 
comunicación que se envió al Ministerio de Hacienda para que ordene a la referida Caja 
de Depósitos y Consignaciones (Oficina Matriz), el abono correspondiente141. 
El embajador de los Estados Unidos, John Campbell White, propuso la remisión de fondos 
de territorio enemigo y viceversa, por intermedio de la Cruz Roja Internacional de Ginebra. 
En respuesta el Gobierno peruano manifestó estar de acuerdo con la modificación 
propuesta de la Resolución N°1 del Acta Final de la Conferencia Interamericana sobre 
Sistemas de Control Económico y Financiero de 1942, por el cual, se permitió a la Cruz 
Roja remitir sumas de dinero de territorio enemigo a los civiles internados y a prisioneros 
de guerra internados en las diversas naciones de este Continente142.             
El embajador John Campbell White advirtió sobre un aspecto del fondo de control que no 
ha aparecido de urgencia por parte de las potencias neutrales que han tomado a su cargo 
la representación y la protección de los intereses de las naciones del Eje, como fue el 
caso del Perú. Según información de la Embajada estadounidense, nacionales del Eje 
habían estado depositando fondos a cargo de la Legación española protectora de los 
países del Eje, con el fin de que cuando fueran deportados o repatriados su dinero fuese 
                                                 
141Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/14. España, 1944.    
142Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 6- 
3/231. Estados Unidos, 1944.     
100 
 
entregado a su llegada a Europa. En ese sentido, se instó controlar o evitar cualquier 
transacción de esa naturaleza143. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
                                                 
143Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 275. Embajada de 
los Estados Unidos en el Perú, 1944. 
101 
 
Capítulo 4: La expulsión de japoneses en el Perú 
4.1 La expulsión de japoneses de las Haciendas del Perú  
Según Harvey Gardiner, para el Perú los japoneses fueron social y económicamente- no 
militarmente- “peligrosos”. Por otro lado, hizo hincapié que la mayoría de los japoneses 
expulsados decidieron mantener la nacionalidad nipona, que se derivó por un fuerte 
sentimiento de superioridad y por la certeza que el Japón los pudiera defender 
diplomáticamente. En tal sentido, los grupos de deportados evidenciaron su rechazo en 
aceptar e identificarse con el país que los acogió, situación que justificó el odio de los 
peruanos. Asimismo, el presidente Manuel Prado Ugarteche estimó la posibilidad de 
librarse de los japoneses permanentemente, abrazando la idea de su continua 
deportación y expulsión; y buscó por conveniente en el internamiento en los Estados 
Unidos la seguridad de que los japoneses nunca retornarían al país144.  
La argumentación del Ministerio de Gobierno y Policía con respecto de la salida de los 
súbditos japoneses de las diversas haciendas del departamento de Ancash fue 
necesariamente decretado para impedir cualquier dificultad con las obras de defensa 
continental que se llevaban a cabo en los puertos de esa circunscripción, así como la 
consumación de actos de sabotaje contra las propias haciendas, que en su mayoría 
fueron de propiedad o estuvieron administradas por firmas inglesas o americanas. Sin 
embargo, después de producida la salida de los japoneses se permitió a muchos el 
regreso con el objeto de liquidar sus cosechas y arreglar la situación de sus familias, 
dándoles facilidades dentro de lo posible145. 
El embajador de España, Pablo de Churruca, solicitó que el señor Jyoho Kawakubo, 
Administrador de la Hacienda Palpa, del valle de Huaral, cuya esposa estaba esperando 
                                                 
144Cf. GARDINER, Clinton Harvey. Pawns in a triangle of hate. The Peruvian Japanese and the United 
States. United States of America: University of Washington Press, 1981, pp. 43, 53.  
145Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 
103.  Ministerio de Gobierno y Policía, 1942.  
102 
 
un hijo en cualquier momento, fuese autorizado a permanecer en el país el tiempo 
necesario para reponerse. Como antecedente se sustentó que Kawakubo residió en el 
país desde hace catorce años y sus tres hijos nacieron en el Perú. El director de Protocolo 
Gonzalo N. de Arámburu, en atención a lo requerido, manifestó que considerando que 
Jyoho Kawakubo deseó salir del país por su propia voluntad, y en vista que su esposa 
esperaba un hijo, no encontró inconveniente alguno para que el señor Kawakubo 
permaneciese en el país146.      
El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Dirección General de Gobierno, se 
investigue e informe sobre la nota N° 73 que envió el embajador de España Pablo de 
Churruca, concerniente a la notificación de desalojo de los súbditos japoneses: Seichi 
Ikeda, Cinkichi Ono, Koichi Kasato, Kenemachi Sakamoto, Uwate Suuji, Watanabe Kinzo, 
Muto Testumaru, Suzuki Saburo, Komori Kahichi, Fukuda Kiyoto, Hashizume Teijiro, 
Sawao Isaemon, Suguimoto Nobuichi, Akagui Iwajiro, Tsukimoto, Kishihara, Yoshida 
Kennosuke, Tanji Toyohichi;  todos residentes de la Hacienda San Jacinto, provincia de 
Santa, del departamento de Ancash, trabajadores por más de 20 años y el más antiguo de 
33 años de servicio. El 9 de junio de 1942, agentes investigadores notificaron a los 
japoneses Yoshida Kennosuke, comerciante, Tanji Toyohichi, mecánico, y Kishihara, 
carpintero para que se presentaran el 10 de junio ante las autoridades de Lima para 
recibir órdenes de salida del país. Al comparecer ante la Brigada Internacional de la 
Jefatura General de Investigaciones de la Capital, se les informó que debían de 
abandonar sus residencias; extrañamente no fueron notificados para que salieran del 
país, ni tampoco figuraban en la lista de expulsados. Los demás japoneses recibieron el 
17 de junio el salvoconducto para abandonar sus residencias por orden superior. Los 
japoneses citados se casaron con peruanas y tuvieron numerosos hijos, quienes se 
                                                 
146Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 6-13/43. España, 
1942.  
103 
 
quedaron abandonados en la hacienda. Los trabajadores de San Jacinto fueron obligados 
a dejar sus casas para trasladarse a Lima donde padecieron de una angustiosa situación 
económica por la dificultad de encontrar empleo. Las medidas dispuestas buscaron 
desligar a los japoneses de su centro laboral, y obligarlos a emigrar a la Capital para un 
mejor control de sus actividades, dado que eran considerados un peligro para la nación. 
La administración de la hacienda no protestó por la arbitrariedad cometida, por el 
contrario, ofreció camiones para el transporte y cincuenta soles por cada persona pobre 
para el gasto de viaje, solamente siete japoneses recibieron los 50 soles de la Hacienda 
San Jacinto. Por otro lado, se manifestó que la misma orden de abandono de sus 
residencias recibieron los japoneses de las localidades de Chimbote, Casma, Moro, 
Jimbe, Nepeña y Santa147. El canciller Alfredo Solf y Muro a través de la nota N° 6-13/111 
del 2 de octubre de 1942 manifestó que la expulsión de los súbditos japoneses de 
diversas haciendas del departamento de Ancash, se debió a indispensables medidas de 
precaución, que hubieron de tomarse por determinadas razones relativas a la seguridad 
pública de esa región. Sin embargo, informó que muchos de los japoneses expulsados 
recibieron autorización, posteriormente, para regresar a las haciendas con el objeto de 
liquidar sus cosechas y arreglar la situación de sus familias, dándoseles facilidades en la 
medida de lo posible.   
La Cancillería peruana solicitó a la Dirección General de Gobierno se le informe respecto 
a la nota N°75 que envió el Embajador de España, mediante la cual requirió se examine el 
caso del súbdito japonés Kawamura Seisaku, domiciliado en la Hacienda Vinzo, del valle 
de Chimbote, quien fue notificado por un agente investigador de Lima, el día 8 de junio de 
1942, para que se presente con su equipaje en Lima en espera de su pronta expulsión. 
Creyendo que no se encontraba en la lista de expulsados al confundir su nombre con el 
                                                 
147Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 2-0-
A-Y/137. Dirección General de Gobierno, 1942.  
104 
 
de Takanamura Sakuichi, no se embarcó el día 15 de junio. Ante la certeza de una 
inesperada suerte, el 18 de junio fue a solicitar un salvoconducto para regresar a su 
domicilio a fin de arreglar sus negocios y tranquilizar a su familia. Sin embargo, al 
presentarse ante la Brigada Internacional de la Jefatura General de Investigaciones de 
Lima, fue detenido y encarcelado. En su defensa, se expuso que el señor Kawamura, por 
error involuntario no cumplió la orden de salir del país, estuvo preso sin poder ser 
atendido por sus connacionales, por su calidad de incomunicado, y por temor a verse 
involucrados. Finalmente, el embajador Pablo de Churruca agradeció prestar la atención 
al asunto y comunicar la resolución que se estime oportuna148. El ministro de Relaciones 
Exteriores, Alfredo Solf y Muro, a través de la nota N° 6-13/112, comunicó que la 
detención del japonés Kawamura Seisaku, obedeció al hecho de haber sido 
oportunamente notificado por las autoridades, y sobre todo debido a sus malos 
antecedentes. Por lo expuesto, se decidió que abandone el país en el vapor “Shawnee” 
que zarpó del puerto del Callao el 15 de junio de 1942. Sin embargo, sólo se presentó en 
Lima el 18 de junio, alegando pretextos fútiles y burlando así la orden para su salida del 
territorio nacional. En ese sentido, se determinó su expulsión en la próxima embarcación. 
Según el informe recibido de la Embajada de España en Lima, el 18 de junio de 1942, el 
Subprefecto accidental de la provincia de Casma, señor Diógenes López, notificó a once 
yanaconas japoneses de la Hacienda San Rafael, propiedad del señor Manuel Mujica, la 
obligación de abandonar sus casas en el plazo de doce horas, debiendo presentarse en 
Lima sin permitirles llevarse cosa alguna. Los once yanaconas notificados salieron para 
Casma, tal como se encontraron vestidos y, no habiendo camiones para conducirlos a 
Lima, fueron obligados a dirigirse a la localidad de Pampas, situada en la provincia de 
Huaraz, lugar de clima muy frío y pobre, donde permanecieron un mes, teniendo que 
                                                 
148Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 2-0-
A-Y/136. Dirección General de Gobierno, 1942.  
105 
 
alimentarse de acuerdo a sus posibilidades. Debido a las gestiones del abogado Percy 
Mac Lean, pudieron regresar a la Hacienda San Rafael el 28 de julio de 1942, 
encontrándose con que habían desaparecido de sus casas, todos sus objetos de uso 
doméstico, animales, instrumentos de labranza; así como las cosechas que tenían 
pendientes, se habían perdido por falta de cuidados. Finalmente, los yanaconas, en vista 
de que nada conservaron de su arrendamiento, volvieron a Pampas donde encontrándose 
sin recursos económicos, gestionaron su traslado a Lima en busca de socorro.  El 
canciller Alfredo Solf y Muro, con el fin de eludir alguna responsabilidad, comunicó que no 
fue verídico que dichas personas hayan perdido sus bienes, dado que se facilitaron los 
permisos para que retornasen con el fin de obtener sus liquidaciones, como lo pudieron 
atestiguar los súbditos japoneses que aún permanecieron en San Rafael. Asimismo, se 
reconoció una estricta vigilancia que evitó alguna muestra de hostilidad por parte de las 
autoridades. En consecuencia, la Prefectura informó que los japoneses expulsados 
establecieron voluntariamente su residencia en Huaraz y otras ciudades del departamento 
de Ancash sin que se les haya obligado, en ningún momento, a dirigirse a la localidad de 
Pampas. Y se les concedió los permisos necesarios para visitar libremente a sus 
familiares que quedaron por algún motivo justificado en San Rafael149. 
El embajador Pablo de Churruca, a través de la nota N° 85 del 20 de julio de 1942, 
aconsejó prestar la urgente atención a la angustiosa situación de muchos súbditos 
japoneses, a quienes con el pretexto de la promulgación de la Ley N° 9592150, se les 
expulsó de las haciendas donde trabajaban, dejándolos desprovistos de recursos para 
atender sus más imperiosas necesidades. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad 
                                                 
149Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota  N° (D) 
6-13/120. España, 1942. 
150 La Ley N° 9592 del 26 de junio de 1942, en su artículo 1 declaró rescindidos los contratos de locación de 
fundos rústicos y obligatorio el traspaso de los negocios y propiedades de los nacionales de los países 
miembros del pacto tripartito.  
 
106 
 
inaplazable de proporcionar alimentos y albergue a los japoneses privados de sus medios 
de vida. Según el Embajador de España, los japoneses no desplazaron a los obreros 
peruanos de la agricultura, quedando varias haciendas carentes de mano de obra y con 
una probable repercusión en la agravación de la crisis económica. Por otro lado, el 
artículo 1 de la Ley N° 9592 se refirió únicamente a los arrendatarios o propietarios; no 
obstante, la mayoría de los contratos que los súbditos japoneses suscribieron, fueron de 
los llamados “yanacones”. Dadas las especialísimas modalidades que ofreció el contrato, 
de antiquísima tradición peruana, no debió ser considerado como un contrato de arriendo, 
sino como una forma de contrato de sociedad para la explotación de la tierra, ya que el 
propietario facilitó las simientes y abonos y obligó al “yanacón” a cederle el sobrante de la 
cosecha a precios más bajos que los existentes en el mercado. 
En referencia a la nota N° 94 del 13 de agosto de 1942, el embajador Pablo de Churruca 
informó acerca de las reclamaciones presentadas por súbditos japoneses afectados por 
las disposiciones sobre arrendamientos agrícolas dictadas por el Gobierno del Perú. Las 
denuncias de yanaconas japoneses que recibieron la notificación de abandonar sus 
tierras fueron los siguientes: 
1.- El súbdito japonés Shobo Tomehama, arrendatario de la Hacienda Ibi en el distrito 
de Sayán, Huacho, de una extensión de tierras de 25 fanegadas cultivadas de algodón, 
tiene firmado el contrato por 8 años faltándole 3 años para concluir. El dueño le ha 
notificado verbalmente que en cumplimiento de la Ley  N° 9592 tendrá que entregar las 
tierras y abandonar el lugar.  
2.- Yanaconas japoneses de la Hacienda “Gallinazo” del valle de Carabayllo, provincia 
de Lima, que son en total 50 yanaconas han sido objetos de numerosos abusos de 
parte del dueño, además han sido notificados para que no sigan laborando, habiendo 
introducido en esas tierras peones para comenzar a destruir las raíces. Los referidos 
yanaconas han presentado una solicitud a la Superintendencia de Economía 
107 
 
denunciando los abusos cometidos por el dueño, a la vez que solicitaron el 
nombramiento de tasadores. 
3.- Yanaconas de la Hacienda Tambi Inga del valle de Carabayllo en la provincia de 
Lima, que son en total 11 yanaconas notificados por el dueño de la hacienda, en el 
sentido de que no sigan sembrando algodón, papas y plátanos. Todavía no han recibido 
la notificación de la Superintendencia de Economía con el nombramiento de peritos 
tasadores. 
4.- El súbdito japonés Buta Higa yanacón de la Hacienda Villa del valle de Lurín, tiene 
arrendado una extensión de tierra de 2 fanegadas y una cuartilla, con cultivos de 
algodón, chala y plátanos. El arrendatario el día 8 de julio sin previo plazo alguno le 
ordenó que entregara esas tierras de inmediato y saliera del lugar. Asimismo, le impidió 
vender mil plantas de plátano, 1 y media fanegada de algodón sin cosechar y 3 
cuartillas de chala. El contrato que tenía firmado se cumplió el año pasado y siguió 
trabajando con la promesa del dueño de renovarle en el mes de noviembre de 1941 que 
no se concretó. Estas tierras se encuentran fuera de los mil metros de distancia con la 
base aérea militar151.  
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, en contestación a las notas 
números 85 y 94 del 20 de julio y 13 de agosto de 1942, informó que las autoridades 
procedieron en todo momento con arreglo a las prescripciones legales que señaló el 
proceso a seguir en los traspasos obligatorios, cuyos casos motivaron la intervención del 
Embajador de España. En efecto, los intereses de las personas afectadas fueron 
debidamente cautelados, tanto en el amparo de las denuncias, como en los peritajes y las 
consignaciones efectuadas. El canciller Alfredo Solf y Muro hizo referencia sin mayor 
consideración acerca de la pérdida de la fuente laboral de los japoneses; en ese sentido, 
manifestó lo siguiente: “mi Despacho invita a Vuestra Excelencia a radicar el origen de la 
situación en factores ajenos a la voluntad del Gobierno peruano, siendo preciso también 
                                                 
151Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 94. 
Embajada de España en el Perú, 1942.  
108 
 
tomar en consideración las razones de interés nacional, de protección y de solidaridad 
continental, que justifican la aplicación de medidas tendientes a garantizar naturalmente 
con el mayor respeto por los derechos comprometidos, la seguridad política y económica 
del país”152.  
La Embajada de España en Lima envió al Ministerio de Relaciones Exteriores la nota N° 
86 del 23 de julio de 1942 en la que adjuntó las listas de japoneses que se hallaron en 
situación precaria. Los grupos estuvieron formados por: 
1.- Japoneses yanaconas expulsados de las Haciendas Tambo Real y Vinzos, de la 
provincia de Santa, departamento de Ancash. (25 familias con un total de 111 
personas). 
2.- Agricultores y obreros expulsados de la Hacienda San Jacinto, provincia de Santa. 
(24 familias). 
3.- Tres familias expulsadas de la Hacienda Moro y Jinbe, también de la provincia de 
Santa. 
4.- Comerciantes, empleados y obreros expulsados del puerto de Chimbote. (33 familias 
con un total de 138 personas). 
5.- Treinta conductores de automóviles a los que se les ha retirado el correspondiente 
brevete o no se les permite ejercer su profesión. 
6.- Numerosas familias que han sido amenazadas por los dueños con el inmediato 
despido, de las haciendas en que trabajan.  
La Embajada de España, en la nota N° 95 del 13 de agosto de 1942, adjuntó una relación 
de localidades peruanas de residencia de los súbditos japoneses, a fin de asistir en forma 
eficaz al socorro de los indigentes. La relación de los lugares donde residieron los 
japoneses fue la siguiente:  
En el Norte: Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Supe, Barranca, Huacho, Huaral. 
                                                 
152Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/132. España, 1942. 
109 
 
En el Sur: San Vicente, Cañete, Mala, Chincha, Pisco, Ica, Arequipa. 
En el Centro: Oroya, Huancayo, Jauja, Tarma. 
En la provincia de Lima, en los valles del alrededor existía facilidad de locomoción; no 
obstante, era dificultoso el traslado porque las autoridades prohibieron salir de los valles 
de Lima a los japoneses. Los valles fueron: Bocanegra, Carabayllo, Zárate, Zavala, Lurín, 
Villa.                                                                                                            
En referencia a la situación precaria en que se encontraban muchos súbditos japoneses, 
dada su condición de indigentes, el Ministerio de Gobierno y Policía manifestó que 
estudiaba con el mayor interés la forma de establecer un auxilio para dichas personas, y 
aseguró la emisión de una resolución sobre este asunto.    
El embajador de España, Pablo de Churruca, comunicó que el 28 de noviembre de 1942, 
el Prefecto del Departamento de Junín exigió a todos los japoneses residentes en la 
Oroya para que abandonaran la localidad en un plazo de cinco días. La disposición afectó 
a veintisiete establecimientos comerciales radicados en dicha localidad y definitivamente a 
los propietarios que les fue imposible liquidar sus negocios en tan corto plazo; en efecto, 
se solicitó una prórroga de quince días. El canciller Alfredo Solf y Muro en la nota N° 6-
13/131 del 19 de diciembre de 1942, informó que las autoridades competentes dictaron 
órdenes para que se ampliara en quince días más el plazo de cinco días que se señaló a 
los japoneses residentes en la Oroya para abandonar esa localidad. 
El encargado de la representación de los intereses japoneses en el Perú, Pablo de 
Churruca, solicitó se examine la situación del señor Tomiji Koizumi, quien trabajó en la 
Hacienda Casa Grande en Trujillo, y fue detenido en dicha capital y trasladado a la 
comisaría del cuartel 6 en Lima, en vía de precaución. Según parece fue víctima de falsas 
acusaciones de parte de su compatriota el señor Matsukara, quien había cumplido la pena 
de veinticinco años de prisión por delito de homicidio y que empezó a tomar venganza 
contra sus compatriotas, especialmente del señor Koizumi, a quien calumnió después de 
110 
 
amenazarlo pidiéndole dinero. El Director General de Gobierno, César Cárdenas García, 
informó al secretario general de Relaciones Exteriores, Javier Correa, a través del oficio 
N° 428 del 5 de abril de 1943, que el súbdito japonés, Tomiji Koizumi, fue puesto en 
libertad con fecha  3 de marzo pasado. 
El embajador de España, Pablo de Churruca, informó en la nota N° 8 del 19 de enero de 
1943, el reclamo de un grupo de japoneses arrendatarios del fundo “La Casica y Anexos” 
de don Lizardo Alzamora Silva. Según su apreciación, la ejecución de las leyes dictadas 
por el Gobierno peruano produjo que personas sensibles hicieran aún más rígidos los 
preceptos legales. Los yanaconas del citado fundo: Yoei Arakaki, Suko Kohama, Ushi 
Tome, Eizen Uyehara, Yokuro Nagamine, Julio Nagamine, Kichiji Oshiro, Shintaro 
Tamashiro y Rioan Higa dieron a conocer el plan insólito y premeditado del hacendado 
Alzamora, quien sagazmente les comunicó en un primer momento que trabajasen 
tranquilos porque al arrendar pequeños lotes de tierras, no les perjudicaba la Ley N° 9592 
que dispuso la rescisión de los contratos de arrendamientos de tierras. Asimismo, exigió 
el adelanto por algunos años de arrendamiento y obligó, previa limpieza de las acequias, 
que sembraran, como en ningún otro año las tierras para obtener una mejor producción, 
debido a la escasez de artículos de primera necesidad. Los yanaconas denunciaron el 
engaño y estafa de Lizardo Alzamora, quien esperó el cumplimiento de sus exigencias, 
para la emisión de la notificación del 10 de diciembre de 1942 y consecuente confiscación 
de las tierras de los subarrendatarios, confabulada con una incomprensible tasación 
antojadiza de nueve terrenos cubiertos en su totalidad con plantas de plátanos que 
alcanzaron más de S/. 150.000, y que solo se haya dado un valor de S/. 33.968.50, 
cuando solamente uno de los yanaconas invirtió cerca de S/. 100.000.00 (cien mil soles 
oro). 
Los súbditos japoneses Urakichi Konno, Jinnosuke Nakagawa, Seiroku Komori y Kamara 
Nakasone, quienes se encontraron detenidos en la sexta comisaría, se dirigieron al 
111 
 
Embajador de España en el Perú para solicitar se averigüen las causas de su 
apresamiento, que manifestaron ignorar. Los citados japoneses fueron arrestados el 10 de 
marzo de 1943 en su domicilio de la Hacienda “Esquivel”, en el valle de Chancay, y 
trasladados posteriormente a Lima. El secretario general del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Javier Correa y Elías, comunicó que, según las autoridades competentes, 
fueron comprobadas sus actividades de sabotaje en contra del citado fundo153.   
                                    
4.2 Expulsión de Manuel Enrique Ykari 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú envió a la Dirección General de Gobierno 
para la evaluación correspondiente, dos solicitudes presentadas por don Manuel Enrique 
Ykari, quien manifestó ser peruano de nacimiento, para que se gestione su repatriación y 
la devolución de su documento de identidad que le fue arrebatado en el momento de su 
deportación a los Estados Unidos. Sobre el particular la Brigada de Asuntos 
Internacionales del Cuerpo de Investigación y Vigilancia informó lo siguiente: 
Don Manuel Enrique Ykari, de origen japonés, peruano de nacimiento con Libreta 
Electoral N° 590920 y Libreta Militar N° 88344, salió del país el 10 de enero de 1943, 
por Talara, en una nave de guerra de los Estados Unidos, expulsado por disposición de 
la superioridad. El señor Ykari tiene el antecedente de haber sido profesor de una 
Escuela Japonesa de la Hacienda Bocanegra, y como tal realizaba actividades 
contrarias a la seguridad del Estado peruano. De los documentos a que se hace 
referencia, solo dejó su Libreta Electoral que se remite adjunta154. 
La Dirección General de Gobierno comunicó que, efectivamente, don Manuel Enrique 
Ykari fue ciudadano peruano de nacimiento, por lo cual, sugirió a la Cancillería peruana 
resolver lo que juzgue conveniente respecto a la repatriación de Ykari.      
                                                 
153Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
6-13/63. España, 1943. 
154Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Oficio N° 
469. Dirección General de Gobierno, 1943.  
112 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú eludió responsabilidad al considerar que la 
repartición administrativa a la que correspondía resolver sobre la solicitud de repatriación 
del ciudadano peruano de origen japonés, Manuel Enrique Ikari, era competencia del 
Ministerio de Gobierno y Policía, por tratarse de un caso en que estaba amenazado el 
orden público y la seguridad del Estado. En consecuencia, estimó comunicar la 
resolución, que eventualmente recaiga sobre este asunto para transmitirla a la Embajada 
del Perú en los Estados Unidos155.  
El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Correa, remitió a la 
Dirección General de Gobierno, la reiterada solicitud de Manuel Enrique Ikari, quien se 
dirigió al Embajador del Perú en Washington, para pedirle transmitir a las autoridades 
competentes del Perú, se gestione la devolución de su libreta de conscripción militar, que 
corresponde al N° 88344-A, de la clase de 1953156. 
Manuel E. Ykari W., de 32 años, ciudadano peruano de nacimiento, con Libreta Electoral 
N° 590920, exresidente de la ciudad de Piura, y domiciliado en el internado “Alien 
Internment Camp of Crystal City, Texas, U.S.A.”, presentó su solicitud de repatriación al 
Perú el 5 de julio de 1946, haciendo un recuento de sus infructuosas gestiones, que le 
impidieron el retorno al país, el cual se identificó plenamente; infiriéndose que el informe 
de la Brigada de Asuntos Internacionales del Cuerpo de Investigación y Vigilancia no le 
favoreció en su petición. Ykari sustentó lo siguiente: 
Que después de ser extrañado del Perú en enero de 1943, me encuentro detenido e 
internado en este país, y durante este periodo he sido trasladado por varios campos 
para internados, llegando a éste después de dos meses en el U.S. Immigration and 
Naturalization Service de Terminal Island, San Pedro, California; que, con anterioridad 
he solicitado al Excelentísimo señor Embajador del Perú en Washington, D.C., habiendo 
                                                 
155 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
2-0-A/130. Dirección General de Gobierno, 1943.  
156 Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D) 
2-0-A/102. Dirección General de Gobierno, 1944. 
113 
 
recibido respuesta de haber transcrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 
que, a pesar del Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del 22 de abril de 
1946, las autoridades del U.S. Immigration  and Naturalization Service me ordenaron la 
Audiencia para la deportación, hecho contrario a los principios del Comunicado en 
referencia por cuanto entre los Gobiernos del Perú y este país tienen el convenio del 
caso; que, otros ciudadanos peruanos han sido repatriados al Perú como hay otros que 
obtuvieron las autorizaciones correspondientes del Honorable señor Cónsul del Perú en 
los Ángeles, California; que, el caso mío es idéntico a los demás repatriados, no 
entendiendo, el por qué de la Audiencia para la deportación, y así también no tener la 
misma gracia de los repatriados peruanos; y que, no obteniendo la correspondiente 
autorización de repatriación al Perú, como es debido en mi caso y en las circunstancias 
a que me refiero, solicito ante usted Honorable señor Cónsul del Perú con fundamento y 
absoluta necesidad mi repatriación al Perú de donde soy nativo157.   
           
4.3 Expulsión de Nikumatsu Okada 
En el informe titulado “Los japoneses en el Perú” redactado por el diplomático 
estadounidense John K. Emmerson, se destacó la prosperidad del súbdito japonés, 
Nikumatsu Okada, quien arribó al puerto del Callao con el primer grupo de inmigrantes el 
03 de abril de 1899. Debido a su propio esfuerzo y dedicación, surgió de la condición de 
simple trabajador a la de administrador de seis Haciendas: La Huaca, Caqui, Jesús del 
Valle, Miraflores, Jecuan y Laure, con una extensión de aproximadamente 2,750 
hectáreas. Asimismo, fue conocido como el rey del algodón japonés y se convirtió en el 
principal hombre de negocios en el valle de Chancay, con una fortuna de varios millones 
                                                 
157Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Solicitud de 
repatriación, 1946.   
114 
 
de soles. En consideración a su ascendente desempeño laboral fue condecorado por el 
emperador del Japón, Hirohito, en el año 1929158.      
El embajador de España, Pablo de Churruca, informó que recibió del señor Nikumatsu 
Okada, expulsado a los Estados Unidos por las autoridades peruanas, un poder a fin de 
habilitarlo para realizar las gestiones necesarias en salvaguardia de los intereses que dejó 
en el Perú. El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Correa, 
comunicó que el Consejo de la Superintendencia de Economía había tomado 
conocimiento del poder otorgado por don Nikumatsu Okada, en ese sentido, sugirió que 
para su ejercicio, dicho documento debió ser previamente legalizado e inscrito en el 
Registro de Mandatos159. El secretario general, Javier Correa, a través de la nota N° (D) 6-
13/6 del 20 de enero de 1944, envió debidamente legalizado el poder otorgado por el 
súbdito japonés Okada. El Embajador de España manifestó que el documento legalizado 
fue remitido al Registro de Mandatos y a la Superintendencia de Economía para 
completar el requisito legal de aceptación por medio de la Escritura Pública. Asimismo,  
informó que la Superintendencia de Economía lo reconoció como Representante del 
señor Okada y solicitó la legalización del poder por el Departamento de Estado, requisito 
que fue llenado debidamente y entregado a la Oficina de Registros Públicos y que no 
hubo respuesta del trámite debido a que su Director el doctor Espinoza dilató la 
tramitación del asunto. En efecto, el embajador Pablo de Churruca, expresó su 
preocupación por la dilación burocrática en la oficialización del poder otorgado, gestión 
que ha durado exactamente un año, y que en ese plazo de tiempo le fue imposible 
intervenir en la gestión de mandato que le fue confiada y, según informes que recibió, 
señaló que se habían tomado disposiciones y acuerdos sobre los bienes del señor Okada, 
                                                 
158Archivo Central Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° 85. Embajada de los 
Estados Unidos en el Perú, 1944.  
159Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (M) 
6-13/1. España, 1944.  
115 
 
que sabiendo oficialmente la existencia del Poder a su favor, hubiera sido más prudente 
aplazar, para evitar responsabilidades y daños en el patrimonio del señor Okada, que 
oportunamente se comprometió a defender. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
informó que la Junta de Vigilancia, después de estudiar la solicitud de la inscripción en el 
Registro de Mandatos del poder otorgado por don Nikumatsu Okada a favor del 
Embajador de España, consideró que, para toda actuación judicial y por consiguiente 
administrativa ante la Superintendencia de Economía, no fue menester la inscripción del 
poder en el Registro de Mandatos, conforme a ejecutoria de la Corte Suprema.  La Junta 
de Vigilancia agregó que la inscripción en el Registro de Mandatos “sólo podría servir de 
título para la contratación en la que no puede intervenir como sujeto de derecho privado la 
persona que ejerza la representación diplomática de una Nación, y resolvió declarar sin 
lugar la inscripción”160. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
160Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie Correspondencia: Nota N° (D)  
6-13/51. España, 1944.   
116 
 
Conclusiones 
Los saqueos suscitados contra la colectividad japonesa el 13 de mayo de 1940 fueron 
consecuencia de la animadversión gestada en algunos sectores de la sociedad peruana, 
coadyuvada por la aviesa intencionalidad del Gobierno, al que disgustó el progreso 
alcanzado por los japoneses. Según el parecer del Canciller Alfredo Solf y Muro, la 
presencia de los nipones en las diferentes actividades económicas, en parte, desplazaba 
al elemento nacional. El argumento expuesto por el ministro plenipotenciario Ricardo 
Rivera Schreiber, ante el Gobierno del Japón, se fundamentó en la creciente inmigración 
nipona, para justificar medidas intransigentes como patrióticas, decretadas en el Perú por 
la defensa de los intereses nacionales.  
En ese contexto, la persecución contra la colectividad japonesa se inició en diciembre de 
1941, durante el Gobierno de Manuel Prado Ugarteche, con la adopción de medidas 
antijaponesas que obedecieron a una política exterior de alineación con los Estados 
Unidos. La influencia estadounidense, a consecuencia del comienzo del conflicto bélico 
con el Japón en la Segunda Guerra Mundial, motivó que el Perú rompiera las relaciones 
diplomáticas y las consulares con el Japón el 24 de enero de 1942, y se allanara a las 
medidas dictadas por los Estados Unidos que con celeridad se cumplieron en el Perú, 
destacándose el congelamiento de las cuentas bancarias japonesas y la expulsión de 
peruano-japoneses a los campos de concentración de Nuevo México, California y Texas. 
En realidad, el propósito del Departamento de Estado de Washington fue asegurarse el 
libre tránsito al territorio peruano y el suministro de materias primas indispensables para la 
conflagración mundial en la que estuvo inmerso, lo que suscitó una interesada 
cooperación con el fin de evitar cualquier sabotaje en una de sus fuentes de 
abastecimiento. 
117 
 
El respaldo del Gobierno peruano a los Estados Unidos en la guerra con el Japón no hizo 
más que incrementar el rechazo antijaponés existente en algunos sectores de la 
población peruana y acrecentada por parte de las autoridades peruanas a través de la 
ejecución de medidas antijaponesas contra la colectividad japonesa. En este sentido, se 
materializó la persecución hacia los japoneses, mediante la clausura de negocios, la 
restricción en el otorgamiento de licencias comerciales, el retiro de brevetes de conducir, 
los despidos de centros laborales y las detenciones arbitrarias, etc. En consecuencia, se 
justificó la arbitrariedad bajo el pretexto de una amenaza a la paz y seguridad del país 
porque los japoneses eran considerados “indeseables y peligrosos” para las Naciones 
Unidas. 
El embajador de España en el Perú, Pablo de Churruca y Dotres, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas de su Gobierno, el 17 de febrero de 1942, se hizo cargo de la 
protección de los intereses japoneses en el Perú, como consecuencia de la ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre el Gobierno peruano y el Gobierno japonés. En ese aspecto, 
se desempeñó como intermediario de los reclamos y solicitudes de la colectividad 
japonesa. Es de destacar el compromiso que asumió el Embajador de España, en las 
gestiones que realizó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Gobierno y Policía y otras instituciones del Estado peruano en salvaguarda de los 
evidentes abusos contra los japoneses, quienes fueron despojados de sus bienes que con 
esfuerzo obtuvieron, dejándolos desprovistos de recursos para atender sus más 
imperiosas necesidades.  
La persecución se hizo notoria mediante leyes que tuvieron como propósito desestabilizar 
el bienestar y la prosperidad alcanzada por los japoneses. La expulsión de las haciendas 
donde laboraban usualmente como yanaconas, se concretó a través de la Ley N° 9592, 
que declaró rescindidos los contratos de locación de fundos rústicos y obligatorio el 
traspaso de los negocios y propiedades de los nacionales de los países miembros del 
118 
 
Pacto Tripartito. La Ley N° 9586 del 10 de abril de 1942 prohibió toda operación 
comercial, financiera y de cualquier otra naturaleza con los Estados miembros del Eje 
(Alemania, Italia y Japón) y con las personas, autoridades y entidades representativas de 
los territorios ocupados por dichos Estados. Por otro lado, la Ley N° 9810 promulgada el 
22 de marzo de 1943 dispuso que el Gobierno cancelaría las cartas de naturalización a 
quienes se dediquen a actividades instigadoras o de propaganda adversas a la 
democracia. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
desestimando razones justificables, procedió a cancelar las cartas de naturalización de 
prósperos japoneses como fueron los casos de R. Morimoto, N. Aray y T. Taniguchi.  
El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, en respuesta a los reclamos 
presentados, por el embajador de España, Pablo de Churruca, manifestó que las medidas 
de seguridad ejecutadas por las autoridades políticas de la República, estuvieron 
respaldadas por disposiciones legales vigentes y por acuerdos internacionales celebrados 
en la Décima Quinta Resolución adoptada por las Repúblicas Americanas en la Reunión 
Consultiva que tuvo lugar en La Habana en julio de 1940, titulada “Ayuda Reciproca y 
Cooperación para la Defensa de las Naciones de América”, en la Conferencia de 
Cancilleres de Río de Janeiro en enero de 1942 y en las posteriores recomendaciones del 
Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del Continente sobre 
actividades anti-americanas. Según el Gobierno peruano, su interés era prevenir actos 
que vulneren la tranquilidad y el orden público de la nación; además de colaborar de 
manera más activa en la defensa del Continente. 
El canciller Alfredo Solf y Muro se manifestó sin un mínimo de consideración acerca de la 
pérdida de la fuente laboral de los japoneses, y minimizó las penurias que tuvieron que 
padecer los afectados, ocasionadas, según su parecer, por factores ajenos a la voluntad 
del Gobierno peruano, proclamó en todo momento razones de interés nacional, de 
protección y de solidaridad continental, que justificaron la ejecución de medidas 
119 
 
tendientes a garantizar naturalmente con el mayor respeto por los derechos 
comprometidos, la seguridad política y económica del Perú. 
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Gobierno y Policía autorizó la 
transmisión de los mensajes del Emperador Showa Tenno (Hirohito) y del ministro de 
Relaciones Exteriores, Shigenori Togo, dirigido a los súbditos japoneses. El 14 de agosto 
de 1945 el Emperador del Japón comunicó a los Gobiernos de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, China y la Unión Soviética, que el Imperio japonés aceptaba las disposiciones de 
la declaración conjunta propuesta. Declaró que la guerra contra los Estados Unidos y 
Gran Bretaña fue resultado del sincero deseo de asegurar la preservación del Japón y la 
estabilidad del Asia Oriental, estando distante la intención de violar la soberanía de otras 
naciones o emprenderse en una expansión territorial. Hirohito, invocó a los súbditos 
japoneses abstenerse estrictamente de cualquier estallido emocional, que engendre 
innecesarias complicaciones de cualquier roce fraternal en el mundo. El 15 de agosto de 
1945, el ministro de Relaciones Exteriores, Shigenori Togo, expresó que el Gobierno y el 
pueblo del Japón decidieron hacer frente a la difícil situación de las secuelas de la guerra, 
manteniendo estrictamente el orgullo de la nación japonesa. 
Finalmente, la intención de estudiar este capítulo en la historia peruana acerca de la 
persecución a la colectividad japonesa, nos da una gran lección para que en el futuro no 
se cometan los mismos errores del pasado, porque un pueblo que conoce su historia tiene 
mayores posibilidades de equivocarse menos.   
   
 
 
 
 
 
120 
 
Bibliografía  
 
Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores 
Fuentes Primarias: Correspondencia 
Notas de la Legación de Japón en el Perú 1939-1942 
Notas y oficios de la Legación del Perú en el Japón 1939-1942 
Notas y oficios expedidas del Ministerio de Relaciones Exteriores 1939-1945 
Notas de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú 1941-1945 
Notas y oficios de la Embajada del Perú en los Estados Unidos 1940-1945  
Notas de la Embajada de España en el Perú 1942-1945 
Oficios del Ministerio de Gobierno y Policía 1940-1945 
Oficios de la Dirección General de Gobierno 1940-1945 
Oficios de la Prefectura de Lima 1940-1943 
Periódicos 
El Comercio: 1941-1945 
La Prensa: 1941-1945 
Censo: 1940 
Bibliografía secundaria 
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Morsom, 1972.     
- CARAVEDO MOLINARI, Baltazar. Burguesía e Industria en el Perú (1933-1945) Lima: 
IEP, 1976 
- FUKUMOTO, Mary. Hacia un nuevo sol. Japoneses y sus descendientes en el Perú. 
Historia, Cultura e Identidad. Lima: Asociación Peruano Japonesa del Perú (APJP), 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 1997. 
121 
 
- GARDINER, Clinton Harvey. The Japanese and Peru 1873-1973. Albuquerque: 
University of New Mexico. Press, 1975. 
- GARDINER, Clinton Harvey. Pawns in a triangle of hate. The Peruvian Japanese and the 
United States. United States of America: University of Washington Press, 1981. 
- HIGASHIDE, Seiichi. Adios to tears: the memoirs of a Japanese-Peruvian internee in U.S 
concentration camps. Seatle: University of Washington Press, 2000. 
 - ISHIYAMA C. Raúl, (ed).  Centenario de la inmigración japonesa al Perú (1899-1999). 
Lima: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 1999. 
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- MORIMOTO, Amelia. Los japoneses y sus descendientes en el Perú. Lima: Fondo 
Editorial del Congreso del Perú, 1999. 
-PORTOCARRERO, Gonzalo. Racismo y mestizaje y otros ensayos. Lima: Fondo 
Editorial del Congreso del Perú, 2007.  
- REGALADO DE HURTADO, Liliana. Clío y Mnemósine. Estudios sobre historia, 
memoria y pasado reciente. Lima: UNMS- PUCP, 2007.  
- ROSAS LAURO, Claudia (ed.) El odio y el perdón en el Perú. Siglos XVI al XXI. Lima: 
Fondo Editorial de la PUCP, 2009. 
- SAKUDA, Alejandro. El futuro era el Perú: cien años o más de inmigración japonesa. 
Lima: Esicos, 1999. 
- TAKAHASHI MARTÍNEZ, Yukyko. “Ciudadanos de origen japonés durante la Segunda 
Guerra Mundial: una revisión de los debates actuales” Kaikan. Lima, año XIII, pp. 24- 28   
- THORNDIKE, Guillermo. Los Imperios del Sol. Una Historia de los japoneses en el Perú. 
Visión del Perú Siglo XX. Lima: BRASA, 1996. 
122 
 
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Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 1999. 
- YAMAWAKI, Chikako. Estrategias de vida de los inmigrantes asiáticos en el Perú. Lima: 
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123 
 
Anexo 1 
 
Lista alfabética de japoneses que se embarcaron en el S.S “Acadia” 14 de abril, 1942 
 
1.- Adachi, Jukiti 25.- Nomura, Fumiko
2.- Adachi, Ree 26.- Nomura, Yoshihiko
3.- Akasaka, Seisaku 27.- Nonomiya, Motozo
4.- Amemiya, Kenzi 28.- Okiti, Tokimitu
5.- Amemiya, Sizuko 29.- Sakamoto, Kane (Esposa del Ministro) 
6.- Amemiya, Hiroko 30.- Sakamoto, Kane (Hermana de Kurimoto, Tsuyo)
7.- Amemiya, Takesi 31.- Sakata, Ignacia
8.- Hanami, Yasutaro 32.- Sakata, Yoshio
9.- Huse, Humiko 33.- Sakata, Manuela
10.- Huse, Kiyoo 34.- Sakata, Hitomi
11.- Huse, Kyoko 35.- Sakurai, Emiko
12.- Huse, Hazime 36.- Sakurai, Kiyoko
13.- Kaneko, Rinkai 37.- Sakurai, Sachiko
14.- Kawachi, Kazuo 38.- Sakurai, Susumu
15.- Kurimoto, Shinzo 39.- Sakurai, Yoshio
16.- Kurimoto, Tsuyo 40.- Tanaka, Katsuko
17.- Kurimoto, Luis 41.- Tanaka, Misako
18.- Maki, Kazukimi 42.- Tanaka, Satsuki
19.- Miyazawa, Bumpachi 43.- Tanaka, Shigetaro
20.- Miyazawa, Jiro 44.- Tanaka, Yoshikuni
21.- Miyazawa, Kinoe 45.- Utida, Atunari
22.- Miyazawa, Yukiko 46.- Yodokawa, Masaki
23.- Nomura, Atumi 
 
47.- Yonekura, Masanao
24.- Nomura, Eijiro  
Fuente: Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie 
Correspondencia: Nota N° 763.  Embajada de los Estados Unidos en el Perú, 1942.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124 
 
 
Anexo 2 
 
Relación de japoneses indeseables que deben ser expulsados el 16 de diciembre de 1942 
 
 
1.- Koyoji Nakashima 
 
2.- Naonobu Senoh 
 
3.- Ichiroku Yatomi 
 
4.- Kobi Gushiken 
 
5.- Sentoku Hamada 
 
6.- Yaichi Murata 
 
7.- Masao Yoda  
  
8.- Michimori Ikihara
 
9.- Tutomo Sone 
 
10.- Xuraji Oyama 
 
11.- Sueki Manrikiya 
 
12.- Mikio Muchisuki 
 
13.- Gakují Sato 
 
14.- Shozo Uosaki 
 
15.- Kitsugu Sato 
 
Fuente: Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie 
Correspondencia: 6-13/6.  España, 1943. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 
 
 
Anexo 3 
 
Lista de súbditos japoneses indeseables que deben ser embarcados por el puerto de 
Talara el 10 de enero de 1943 
 
1.- Abe Keijo 
 
22.- Hanawa Saburo 43.- Kajiya Jorge Tokio
2.- Adachi Yoshitaro
 
23.- Hara Hikichi 44.- Kanashiro Shinriu 
3.- Aita Kinzo  
 
24.- Harada Benroku 45.- Kanashiro Tsujin 
4.- Aketa Masaji 
 
25.- Haraguci Kunio 46.- Kaneko Kakuaki 
5.- Amano Masashije 
 
26.- Hasimoto Saichi 47.- Kaneko Kakumi 
6.- Aragaki Shibasuke 
 
27.- Hayashi Kiishiro 48.- Kato Magoichi Carlos
7.- Asato Seiko 
 
28.- Hayashida Toriki 49.- Katsuraguchi Tadaishi 
8.- Chiba Chushi 
 
29.- Higa Keiji 50.- Katsuta Tokushiro
9.- Chiba Jedeto 
 
30.- Higa Koni 51.- Kawakami Shihuero
10.- Chinen Kamechio 
 
31.- Higa Yengo 52.- Kawai Sogoro 
11.- Chinen Sentoku 
 
32.- Honda Katsui 53.- Kawano Sadakichi
12.- Daigo Matao 
 
33.- Horiba Katsutaro 54.- Kibune Toshichi 
13.- Endo Toshio 
 
34.- Igawa Masato 55.- Kihara Kizaku  
14.- Eto Shosuke 
 
35.- Ikari Waganabe 56.- Kikawa Jorge Katsuji 
15.- Fukunaga Segundo 
 
36.- Inouye Kuichi 57.- Kitashima Sadazo
16.- Fukunaga Masaichi 
 
37.- Ishii Yuzo 58.- Kiuma Hashiro 
17.- Ganico Yaju 
 
38.- Ichicawa Shinichi 59.- Kobashigawa Kamei
18.- Goro Nicolás Kenzo 
 
39.- Isono Tadayoshi 60.- Kobayashi Ryiohi 
19.- Goto Tokiyoshi 
 
40.- Isono Tamatsu 61.- Kohama Geneu  
20.- Goya Seiki 
 
41.- Izumi Toyoki 62.- Koide Juan Saburo
21.- Haibara Tadashi 42.- Kage Mantaro 63.- Koike Masaji 
126 
 
 
 
 
64.- Kudo Suketsune 
 
84.- Nakagawa Yoshio 102.- Okinaga Yoshio 
65.- Kunijiro José  85.- Nakahara Shinsho 103.- Okinaka  Ángel 
Nobuichi
66.- Kuroki Uichiro 
 
86.- Nakamatsu Yaku 104.- Osaki Motichi 
67.- La Rosa Luis (Matsuda) 
 
87.- Nakamine Sencho 105.- Oshiro Komato 
68.- Maeoka Sakutaro 
 
88.- Nakamoto Koka 106.- Oshita Saichi 
69.- Maoki Usaburo 
 
89.- Nakamura Akiyoshi 107.- Otake Baisuke 
70.- Manaji Zenkichi
 
90.- Nakamura Katsue 108.- Oyama Baisuke 
71.- Marumoto Masaji 
 
91.- Nakamura Nachiyoshi 109.- Oyama Fusakichi
72.- Matayoshi Eihan 
 
92.- Nakamura Yoshio 110.- Sakoda Eikichi 
73.- Matsubayashi Moriichi 93.- Nakano Kiichi 111.- Sasaki Sadakichi 
74.- Mikuni Kensaku 
 
94.- Nakao Iwaso 112.- Sasaki Tatsunaga
75.- Miyamoto Minoru 
 
95.- Nakasone Katsujiro 113.- Sato Denji 
76.- Miyamoto Satoru 
 
96.- Nasiro Shisho 114.- Sato Kinso 
77.- Miyata Toshimichi 97.- Nishinaga Miyoku 
Shiro
115.- Shikata Tokisuke
78.- Morishige Masaru 
Suyiro 
98.- Sinshino Yoshio 116.- Shima Miyotaro 
79.- Moritaka Suetaro 
 
99.- Nishitani Hideto 117.- Shimabukuro Koshio
80.- Murono Ginzo 
 
98.- Sinshino Yoshio 118.- Shimabukuro Seito 
81.- Muta Kanji 
 
99.- Nishitani Hideto 118.- Shimabukuro Seito 
82.- Muta Momgo 
 
100.- Ohashi Taro 119.- Shimabukuro Takichi
83.- Muta Yoshigisa 
 
101.- Ohashi Yashukijo 120.- Shimabukuro Kiuei
 
 
 
 
127 
 
 
121.- Shimura Tashio 
 
137.- Taniguchi Masakiyo 153.- Reinaldo Hisataro
122.- Shirado Seishu 
 
138.- Tshima Hisashi 154.- Ushida Tatuki 
123.- Sone Sadamaru 
 
139.- Toguchi Seiko 155.- Watanabe Rikie 
124.- Sageno Yashichi 
 
140.- Toguchi Seisetsu 156.- Yakabi Seishi 
125.- Suiko Shigematsu 141.- Tomikawa Seikichi 157.- Yamamoto Juan 
Kinsaki
126.- Sunao Itokasu
 
142.- Tomiyama Gihachi 158.- Yamaski Tadashi
127.- Takahashi Akira 
 
143.- Tomiyama Sobuku 159.- Yamasaki Yokishi
128.- Takahashi Kaneichi 
 
144.- Toriu Tsurukichi 160.- Yamashiro Kotoku
129.- Takahasi Sadao 
 
145.- Toyama Takeichi 161.- Yasumasa Kina  
130.- Takamura Manuel 
Kiichiro 
146.- Uchiyama Saichi 
Rafael
162.- Yata Francisco Kiichi
131.- .- Takamura Víctor 
Kiichiro  
147.- Uchiyama Asaichi 163.- Yoneyama Bunya
132.- Takema Shiro 
 
148.- Uchara Eizo 164.- Yoshida Ituji 
133.- Tanaka Carlos L. 
 
149.- Uehara Ryoshin 165.- Yoshida Kakuo  
134.- Tanaka Ranjiro  
 
150.- Uehara Sensuke   166.- Yoshimura Soichi
135.- Tanaka Shigeyuki 
 
151.- Uema Samatsu 167.- Carlos Taira  
136.- Tanakawa Torashiro 
 
152.- Uesato Shinko 168.- Hayashi Haruo 
Fuente: Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie 
Correspondencia: 6-13/6.  España, 1943. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128 
 
Anexo 4 
 
Relación de japoneses que fueron expulsados el 24 de febrero de 1943 
 
 
1.- Abe  Naoji 22.- Ikeda Kazaemon 41.- Maeda Gibun
2.- Agarie Seishin 
 
23.- Kato Chuhei 42.- Mishina Tasaku
3.- Akashi Tomichi 
 
24.- Inamina Seiho 43.- Masukawa Yoshizo
4.- Arashiro Seishun 
 
25.- Kanashiro Seisaburo 44.- Moriyama Kurata
5.- Akagui Tomichi 
 
26.- Kohatsu Nosho 45.- Miyagusuku Kamuchu
6.- Doita Hajime 
 
27.- Koti Hotoku 46.- Matsuhige Matsutaro
7.- Fujii Hisashi 
 
28.- Kishimoto Shinyi 47.- Muchizuki Masao
8.- Gonde Seitaro 
 
29.- Koyama Ryusai 48.- Matsukawa Kunijiro
9.- Fugimoto Ichisuke 
 
30.- Kikushima Saburo 49.- Matsushita Yasukichi
10.- Gibo Takeo 
 
31.- Kuroiwa Shigueiyuki 50.- Matsumoto Cunjiro
11.- Hori Heisuke 
 
32.- Kurotihi Mitsuichiro 51.- Nishihamayo Kame
12.- Hamaji Toshiro 
 
33.- Kanashiro Kiyomasa 52.- Nakaganeku kazon
13.- Hiramina Takeji
 
34.- Kurotobi Isamu 53.- Nakamoto Shuyo
14.- Hatta Masaji 
 
35.- Miyahira Kosei 54.- Nakamura Yukio
15.- Hayama Alberto 
 
36.- Maekawa Kazuo 55.- Nakamatsu Yake
16.- Hiramine Hisaichi 
 
37.- Miyakawa Heiji 56.- Nakao Fujigoro
17.- Inayoshi Junichi 
 
38.- Matsuura Saburo 57.- Nakamura Shogoro
18.- Ichisu Yogoro 
 
37.- Miyakawa Heiji 56.- Nakao Fujigoro
19.- Inouye Ryochi 
 
38.- Matsuura Saburo 57.- Nakamura Shogoro
20.- Ishida Kosi 
 
39.- Munakata Kurato 58.- Nakamura Kajuro 
21.- Inaba Nisaburo 
 
40.- Makimoto Kiyoto 59.- Naito Takeshi
    
129 
 
 
60.- Nakachi Mankichi 
 
81.- Tamashiro Keiko 102.- Yakabi Arturo
61.- Ota Kanshiro 
 
82.- Takeda Shizuma 103.- Yogui Shiuo 
62.- Okayama Yoshiharu 
 
83.- Yamaha Tejim 104.- Yamasaki Chika
63.- Oshiro Choko 
 
84.- Takeshita Kunio 105.- Yushishume Ichijiro
64.- Oyakagua Yoshitatsu 
 
85.- Toyama Senei 106.- Yamamoto Hampei
65.- Oshiro Kichiji 86.- Takahashi Benemon 
(Kakichi)
107.- Yushida Kunita
66.- Noda Yashuki 87.- Yaura Shizue 108.- Yamamoto Hiroshi 
Ricardo 
67.- Noji Takeji 
 
88.- Takahashi Benemon  109.- Yamashiro Bunsei
68.- Oda Zenkichi 
 
89.- Yokutake  Shikaichi 110.- Yamashiro Kashiro 
69.- Oshiro Ruske 
 
90.- Teruya Jisuki 111.- Daigo Torasuke
70.- Ohohasshi Shinnichi 
 
91.- Tako Kokichi 112.- Chuchi Matsuzo
71.- Sugiyama Shigero  
 
92.- Tochio Tayiro Octavio 113.- Tawara Mitsutaro
72.- Shimabukuro Taro 
 
93.- Tacka Tatsuo 114.- Omura Kamichi
73.- Shiroma Taibin 
 
94.- Watanabe Kenso 115.- Wakabashi Shigeru
74.- Shiroma  Yensuka 
 
95.- Watanabe Sanzo 116.- Uchima Saanra
75.- Shibukawa Masao 
 
96.- Utsumi Karoku 117.- Ura Yoshio 
76.- Suwa Tetsuo 
 
97.- Yogui Tituko 118.- Watanabe Masaji
77.- Sato Yasujiro 
 
98.- Yogui Jitsusi 119.- Nogami Kame
78.- Tanino Kichitaro 
 
99.- Yamashato Toshio  
79.- Tsuchiya Yasuo 
 
100.- Yoshida Masao  
80.- Tanabe Sadayuki 
 
101.- Yogui Hitsusei  
Fuente: Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie 
Correspondencia: 6-3/165.  Embajada de los Estados Unidos en el Perú, 1943.    
 
 
130 
 
 
Anexo 5 
 
Relación de japoneses que han sido embarcados en el vapor “Madison” el 17 de enero de 
1944 
 
1.- Kiichiro Yoshida 
 
16.- Bunichi Tosa
2.- Zunken Kamisato 
 
17.- Eysaburo Monma
3.- Masakado Hosokawa 
 
18.- Genji Nimura Nimura 
4.- Kongo Masake 
 
19.- Ichiro Shimisu
5.- Rokuichi Kudo 
 
20.- Susumo Shimisu
6.- Shuei Kudaka 
 
21.- Kenyu Higa (Renyu) 
7.- Kumekichi Inagaki 
 
22.- Ichiro Morimoto
8.- Gisaku Tenya 
 
23.- Sentei Yaki
9.- Tokumatsu Otani 
 
24.- Masao Saiki
10.- Eisho Oshida 
 
25.- Sansuke Kakutani
11.- Masao Sato 
 
26.- Yoshitomo Yamamoto 
12.- Kunikichi Matzuda 
 
27.- Luis Isame Furuya
13.- Kinsaku Fugishima 
 
28.- Higashide Soichi
14.- Sakairi Takeo 
 
29.- Víctor Tateishi
15.- Kawai Koichi Manuel 
 
 
Fuente: Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie 
Correspondencia: 6-13/3.  España, 1944. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131 
 
 
Anexo 6 
 
Relación de japoneses que han sido embarcados a los Estados Unidos por razones de 
Defensa Continental (5 abril 1944). 
 
1.- Aray Nakataro 
 
2.- Diro Hasegawa 
 
3.- Manjiro Takano 
 
4.- Seikai Arasaki 
 
5.- Harukichi Kanashiro 
 
Fuente: Archivo Central e Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Serie 
Correspondencia: 6-13/17.  España, 1944.