ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
EL PLENARIO PROBATORIO EN LA TUTELA EJECUTIVA 
EN LA BÚSQUEDA DE LA PONDERACIÓN DEL DERECHO A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTANTE Y DEL 
DERECHO DE DEFENSA DEL EJECUTADO 
 
Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho Procesal  
presentada por: 
Germán Gino Castillo Yasuda 
 
ASESORA: Prof. Eugenia ARIANO DEHO  
 
 
JURADO: 
Presidente: Giovanni Priori Posada 
Segundo Miembro: Eugenia Ariano Deho (asesor) 
Tercer Miembro: Sergio Casassa Casanova 
 
LIMA – 2015
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi madre, a mi abuelita, a mi abuelito y Claudia por su amor y 
apoyo incondicional 
 
 
 
 
 
  
 
ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ V 
CAPÍTULO I  
EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, DERECHO DE DEFENSA 
Y DERECHO A PROBAR 
1. Noción previa: El Estado Constitucional de Derecho .......................... 1 
2.  Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva: Naturaleza fundamental y                        
constitucional........................................................................................ 8 
3. El contenido del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva ............. 16 
3.1. El derecho de acceso a la jurisdicción ............................................... 20 
3.2. El derecho a un proceso con mínimas garantías ............................... 21 
3.3.  El derecho a una resolución fundada y motivada en derecho que 
ponga fin al proceso ........................................................................... 24 
3.4. El derecho a la efectividad de las resoluciones ................................. 25 
4. El Derecho de Defensa y su contenido .............................................. 26 
5. Derecho a Probar como garantía de la Tutela Jurisdiccional Efectiva .. 
  ........................................................................................................... 31 
CAPÍTULO II  
EL PROCESO JUDICIAL COMO HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
1. El proceso judicial y tutela jurisdiccional efectiva .............................. 46 
2. Formas de tutela de derecho a través del proceso judicial ............... 49 
2.1. Tutela Cognitiva o Declarativa ............................................................ 52 
2.2. Tutela Cautelar ................................................................................... 53 
2.3. Tutela Ejecutiva .................................................................................. 54 
CAPÍTULO III  
LA TUTELA EJECUTIVA  
1. El proceso de ejecución como instrumento  ...................................... 55 
2. Título Ejecutivo como sustento de ejecución ..................................... 59 
3. La oposición a la ejecución y sus efectos suspensivos de ejecución 64 
4. Modelos de defensa en la ejecución .................................................. 65 
4.1. Modelo Español .................................................................................. 65 
INDICE 
4.2. Modelo Francés .................................................................................. 71 
4.3.       Modelo Colombiano………………………………………………………72 
4.4.  Modelo brasileño………………………………………………………….76  
5.  La oposición a la ejecución y su distinción con los procesos de 
cognición especiales: Sumarios y plenarios rápidos ......................... 77 
6.  Limitación probatoria en la oposición como evidencia de ausencia de 
defensa y sus efectos suspensivos sobre la ejecución ..................... 80 
CAPÍTULO IV  
EL PLENARIO PROBATORIO EN LA TUTELA EJECUTIVA. EN LA 
BÚSQUEDA DE LA PONDERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTANTE Y DEL DERECHO 
DE DEFENSA DEL EJECUTADO  
1. La limitación de defensa en los procesos de ejecución ..................... 84 
1.1.  La injustificada limitación de defensa en la ejecución de títulos 
ejecutivos judiciales ............................................................................ 85 
1.2.  La injustificada limitación de defensa en la ejecución de títulos 
ejecutivos extrajudiciales .................................................................... 87 
2.  Medidas alternativas a la limitación del derecho de defensa del 
ejecutado para resguardar adecuadamente el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del ejecutante .................................................. 89 
3. La constitucionalidad del diseño de los procesos judiciales .............. 92 
4. La ejecución con defensa plena ........................................................ 93 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................... 96 
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 100 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
Dentro del contexto de un Estado Constitucional de Derecho es de 
vital importancia el sometimiento del poder del Estado a la Constitución; por 
lo que este sometimiento, denominado principio de constitucionalidad, 
involucra al legislador y a todos los operadores jurídicos. Este principio de 
constitucionalidad implica que el proceso judicial, como herramienta del 
Estado para la tutela de los derechos, debe contar con un diseño legal que le 
permita contener y cumplir las garantías procesales constitucionales que 
legitimen su validez, a través del respeto a la realización del derecho a 
acceder al proceso, el derecho al juez natural predeterminado por ley, el 
derecho de defensa, el derecho a la prueba, el derecho a la motivación de 
las decisiones, el derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional, por citar 
alguna de ellas.  
Es en este contexto, esto es, la vigencia principio de 
constitucionalidad en el ámbito del Derecho Procesal, que analizaremos la 
validez constitucional de la limitación del derecho de defensa en la Tutela 
Ejecutiva, tal como, actualmente, se encuentra regulado en el artículo 690-D 
del Código Procesal Civil, en la denominada “contradicción” del ejecutado. 
Por tal motivo, el objeto de esta tesis es demostrar que la actual 
regulación procesal resulta insuficiente y contraviene derechos 
constitucionales como la Tutela Jurisdiccional Efectiva y la Defensa. 
Igualmente, constituyendo sus objetivos específicos: 
- Demostrar que es viable la consagración de una oposición a la 
ejecución plena, sin que ello implique, a su vez, una 
vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional del ejecutante;  
- Demostrar que, a los efectos de no vulnerar el derecho a la 
tutela jurisdiccional del ejecutante, existen medidas más 
VI 
INTRODUCCIÓN 
idóneas que la limitación de razones y de medios de prueba en 
la oposición a la ejecución, en sustancia operando sobre la 
suspensión o no de la ejecución como consecuencia del 
planteamiento de la oposición. 
Con este propósito, el método de esta tesis consiste en el estudio 
analítico y sintético de las principales instituciones procesales que 
intervienen en esta controversia que contempla nuestro proceso de 
ejecución.  
Con el propósito de establecer un marco constitucional a favor de 
nuestra tesis, en el Capítulo I, se aborda la naturaleza jurídica y el contenido 
del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, el Derecho de Defensa y el 
Derecho a Probar, siendo que su desarrollo doctrinario y jurisprudencial 
permitirá apreciar el contenido de diversas garantías procesales como el 
derecho a acceder al proceso, el derecho al juez natural predeterminado por 
ley, derecho de defensa, prueba, derecho a obtener un fallo motivado y 
fundado en derecho, efectividad, entre otros. Todos estos elementos 
constitutivos de la Tutela Jurisdiccional Efectiva permiten que el Estado a 
través de las decisiones de sus órganos jurisdiccionales cumplan con su 
labor primordial: Brindar tutela jurídica idónea y adecuada a los justiciables a 
fin de satisfacer sus intereses y/o derechos.  
Asimismo, en el Capítulo II se desarrolla la importancia del proceso 
judicial en el marco del Estado Constitucional de Derecho, como herramienta 
jurídica para la solución de conflictos y los tipos de formas de tutela 
jurisdiccional de derechos que, tradicionalmente, se sostiene en doctrina.  
Posteriormente, en el Capítulo III se analiza el contenido de la Tutela 
Ejecutiva, sus elementos principales como lo son la actividad jurisdiccional 
ejecutiva, el título ejecutivo y el debido proceso ejecutivo; sus alcances y sus 
fines relacionados con la satisfacción real del ejecutante. Asimismo se 
analiza la limitación probatoria del ejecutado en la regulación procesal actual 
y los modelos de su defensa en la legislación comparada (español y 
VII 
INTRODUCCIÓN 
francés), a fin de contar con mayores razones jurídicas que sustenten 
nuestra propuesta de tesis. 
Finalmente, en el Capítulo IV se plasma nuestra propuesta de tesis, 
demostrando que el derecho de defensa referido al derecho de probar en la 
Tutela Ejecutiva se encuentra indebidamente restringido a la luz de la 
Constitución, lo que constituye una problemática para el ejecutado al 
generarle indefensión. Al efecto y como propuesta de solución sostenemos  
la defensa plena en el proceso de ejecución, para lo cual resulta necesario 
dotar a la “contradicción” el contenido procesal que le es propio: El principio 
de contradicción entendido como defensa plena como mecanismo de 
defensa del ejecutado. Además, sostenemos la viabilidad de utilizar medidas 
alternativas como la regulación acerca de los efectos de la suspensión de la 
ejecución y el otorgamiento de garantías procesales suficientes para resarcir 
posibles daños al ejecutado, como la contracautela u otras garantías 
procesales análogas, como medidas alternas y sustitutorias de la limitación 
probatoria del ejecutado en la Tutela Ejecutiva. 
Nuestra propuesta de tesis busca pues que la Tutela Ejecutiva y sus 
principales instituciones procesales (legitimidad para obrar contenida en el 
titulo ejecutivo, la contradicción y las garantías procesales del debido 
proceso) sean compatibles con el marco constitucional del Estado de 
Derecho Constitucional actual, optimizando la realización, dentro del proceso 
de ejecución, de las garantías procesales constitucionales, principalmente, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y el derecho de 
defensa del ejecutado. 
Lima, octubre 2015 
 
 
  
CAPÍTULO I 
EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, 
DERECHO DE DEFENSA Y DERECHO A PROBAR 
 
1. Noción previa: El Estado Constitucional de Derecho  
El Estado Constitucional de Derecho constituye un nuevo paradigma 
en el estudio del Derecho y, por ende, del Derecho Procesal. Esta 
concepción supera la noción de Estado de Derecho entendida como el 
sometimiento del poder estatal a la ley (principio de legalidad) y que dio 
mérito al procesalismo científico del Derecho Procesal, aumentando los 
parámetros de protección de las libertades y derechos de los ciudadanos 
desde y a través de la Constitución, es decir, el poder estatal se somete no 
sólo a ley sino, también, a la Constitución (principio de constitucionalidad), lo 
que influye de forma directa al Derecho Procesal y, en este punto, revitaliza 
la importancia el estudio de las garantías procesales constitucionales.  
Acerca de este vínculo existente entre el Derecho Procesal y la 
Constitución, Osvaldo Alfredo Gozaini afirma lo siguiente: 
 El derecho procesal sirve para organizar el sistema de 
enjuiciamiento, la justicia y su composición, y para 
consagrar su vínculo con la Constitución, una garantía 
única que asegura con el proceso el respeto de las 
demás garantías. 
Las garantías constitucionales que preservan la 
eficacia y el cumplimento de los derechos dependen 
de los instrumentos establecidos para hacer efectiva 
la tutela prometida. Este mecanismo instrumental es 
2 
CAPÍTULO I 
el proceso, observado en este plano, como única 
garantía posible1.  
Sobre este cambio de paradigma en la noción de Estado, César 
Landa Arroyo señala lo siguiente: 
Así, el tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado 
Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, 
la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de 
mecanismos jurisdiccionales orientados a 
salvaguardar la plena vigencia del principio de 
supremacía constitucional y la tutela de los derechos 
fundamentales, superando la concepción de la 
pretendida soberanía parlamentaria que consideraba 
a la ley y a los códigos como las máximas normas del 
ordenamiento jurídico nacional2. 
Se aprecia un sometimiento de la ley a la Constitución y, por ende, un 
sometimiento del poder estatal a la Constitución. Al efecto, Gustavo 
Zagrebelsky refiere: 
La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las cosas 
en el campo del derecho, cede así el paso a la 
Constitución y se convierte ella misma en objeto de 
medición. Es destronada a favor de una instancia más 
alta. Y esta instancia más alta asume ahora la 
importantísima función de mantener unidas y en paz 
sociedades enteras divididas en su interior y 
concurrenciales. Una función inexistente en otro 
tiempo, cuando la sociedad política estaba, y se 
presuponía que era en sí misma, unida y pacífica. En 
la nueva situación, el principio de constitucionalidad 
es el que debe asegurar la consecución de este 
objetivo de unidad3. 
                                            
1
 GOZAINI, Osvaldo Alfredo. Elementos de derecho procesal civil. Buenos Aires: 
Ediar, 2005, pp. 11-12.  
2
 LANDA ARROYO, Cesar. «Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la 
experiencia del Perú». En Proceso y Constitución. Lima: Ara Editores, 2011, pp. 608. 
3
 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Octava Edición. Madrid: Editorial 
Trotta, 2008, p. 40 
3 
CAPÍTULO I 
En la misma línea, nos permitimos citar a Marina Gascón Abellán 
quien advierte de los límites del poder estatal contenidos en el marco 
constitucional y, al mismo tiempo, de la importancia de la realización de los 
derechos reconocidos en ella, señalando lo siguiente: 
Podría decirse de una forma genérica y puramente 
aproximativa, que lo que define al constitucionalismo 
es el pleno compromiso con la cultura de los derechos 
frente al poder: constitucionales son aquellos sistemas 
donde junto a la ley, existe una constitución que 
establece auténticos límites jurídicos al poder para la 
garantía de las libertades y derechos de los individuos 
y que tiene, por ello, carácter normativo: la 
constitución (y la carta de derechos que incorpora) ya 
no es un trozo de papel o un mero documento político, 
sino una auténtica norma jurídica con eficacia directa 
en el conjunto del ordenamiento; y, además, por 
cuanto procedente de un poder con legitimidad 
“cualificada” (el poder constituyente) es la norma “más 
alta”, por lo que también la ley queda sometida a la 
constitución, que se convierte así en su parámetro de 
validez. En otras palabras, como consecuencia de la 
“fundamentalidad” de sus contenidos y de la especial 
legitimidad de su artífice, el Estado constitucional 
postula la supremacía jurídica o supralegalidad. 
Podría decirse que el Estado constitucional de 
Derecho incorpora, junto al principio de legalidad, el 
principio de constitucionalidad. Ahora bien, el carácter 
supralegal de la constitución, más allá de la simple 
posibilidad de enjuiciamiento normativo de la ley, 
comporta cambios muy profundos en la manera de 
concebir la función y alcance de numerosas 
instituciones jurídicas4. 
Es en este contexto del Estado Constitucional de Derecho que el 
Derecho Procesal se vincula directamente con la protección de los derechos 
que otorga la Constitución; lo que se corrobora con la existencia y vigencia 
de las diversas garantías procesales constitucionales. Esta idea trasladada 
al proceso judicial, que es la herramienta central del Derecho Procesal, 
                                            
4
 GASCON ABELLAN, Marina. «La motivación de la prueba». En Interpretación y 
razonamiento jurídico. Lima: Ara Editores, 2009, pp. 80-81. 
4 
CAPÍTULO I 
supone que el operador jurídico (legislador, juez, abogado), al analizar las 
reglas del proceso judicial no sólo tendrá que tener en cuenta las leyes 
procesales y/o las instituciones procesales sino que, además, el operador 
jurídico deberá emplear dichas herramientas de forma compatible con los 
principios y valores constitucionales para adecuarse a los parámetros de 
protección del Estado Constitucional de Derecho. De tal forma, por ejemplo, 
a la luz de la Constitución no es posible concebir un proceso judicial con 
limitaciones o restricciones del ejercicio de garantías mínimas como la 
defensa, sin justificación alguna desde las razones que brinda la 
Constitución.  
Por ello podemos precisar, desde un punto de vista legislativo, que no 
es posible concebir al proceso judicial como un medio en sí mismo sino 
como un medio de tutela jurisdiccional de todos los derechos reconocidos en 
la Constitución, protección que debe ser idónea, oportuna y efectiva; lo que 
evidencia una tarea obligatoria del legislador que consiste en crear o generar 
el diseño de un proceso judicial adecuado a la Constitución para la tutela de 
los derechos, garantizando el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.  
Es en el Estado Constitucional de derecho que se observa el rol 
primordial de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento 
jurídico. Sobre esta supremacía constitucional, el Tribunal Constitucional en 
la STC 4053-2007-PHC, FJ 12 ha dispuesto lo siguiente: 
 El Estado Constitucional de Derecho supone, 
entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual 
la Constitución no era más que una norma política, 
esto es, una norma carente de contenido jurídico 
vinculante y compuesta únicamente por una serie 
de distinciones orientadoras de la labor de los 
poderes públicos, para consolidar la doctrina 
conforme a la cual la Constitución es también una 
Norma Jurídica, es decir, una norma con 
contenido dispositivo capaz de vincular a todo 
5 
CAPÍTULO I 
poder (público o privado) y a la sociedad en su 
conjunto5. 
Nos resulta evidente que, en cuanto a los procesos judiciales en 
referencia a su regulación y/o diseño legal, el Estado Constitucional de 
Derecho obliga al legislador a adoptar en sus decisiones mecanismos 
procesales idóneos para la tutela de los derechos, respetando los principios 
y valores constitucionales propios de cada estado democrático y con ello 
dotar de mayor seguridad jurídica al ordenamiento jurídico, lo que permite 
generar decisiones judiciales destinadas a proteger la Constitución.  
Como se observa el Derecho Procesal no es ajeno a esta noción de 
Estado y contribuye a revalorar los principios procesales constitucionales 
como objeto de estudio con la finalidad de lograr su realización a través del 
proceso.  
Al efecto, debemos, en primer lugar, entender la noción de 
“principios”, para lo cual podemos señalar que los principios constituyen, en 
términos de Robert Alexy, “mandatos de optimización” lo que significa que el 
contenido de tales principios deben ser ejercidos de forma plena en armonía 
con otros de su misma condición con la finalidad de alcanzar el máximo 
contenido de ellos en su ejercicio. En ese sentido, el mencionado autor 
señala lo siguiente: 
El punto decisivo para la distinción entre reglas y 
principios es que los principios son normas que 
ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 
de lo posible, dentro de las posibilidades jurídicas y 
reales existentes. Por lo tanto, los principios son 
mandatos de optimización que están caracterizados 
por el hecho de que pueden ser cumplidos en 
diferente grado y que la medida debida de su 
cumplimiento no solo depende de las posibilidades 
reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las 
                                            
5
 ETO CRUZ, Gerardo. El desarrollo del Derecho Procesal a partir de la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Lima: Editorial Adrus, 2011, p. 74. 
6 
CAPÍTULO I 
posibilidades jurídicas es determinado por los 
principios y reglas opuestos6. 
Asimismo, los principios jurídicos procesales constitucionales 
entendidos como mandatos de optimización se aplican dentro de las 
posibilidades reales y/o jurídicas existentes; mientras que las reglas 
(mandatos definitivos) son cumplidas o no según el contenido de ella. Lo que 
significa que en el caso del conflicto de reglas es posible que una de las dos 
reglas contradictorias sea inválida o eliminada del ordenamiento jurídico; 
mientras que en el caso de colisión de principios jurídicos, uno prevalece 
frente a otro a través de una ponderación (test de ponderación que involucra 
criterios de idoneidad, necesidad y ponderación en estricto) sin que el 
principio “perdedor” sea eliminado dada su importancia para el 
Ordenamiento Jurídico, lo que supone una convivencia y optimización de los 
principios constitucionales. Respecto a la convivencia en armonía de los 
diversos principios, Gustavo Zagrebelsky señala lo propio:  
Si cada principio y cada valor se entendiesen como 
conceptos absolutos sería imposible admitir otros 
junto a ellos. Es el tema de conflictos de valores, que 
querríamos resolver dando la victoria a todos, aun 
cuando no ignoremos su tendencial inconciliabilidad. 
En el tiempo presente parece dominar la aspiración a 
algo que es conceptualmente imposible, pero 
altamente deseable en la práctica: no la prevalencia 
de un sólo valor y de un sólo principio, sino la 
salvaguardia de varios simultáneamente. El imperativo 
teórico de no contradicción – válido para la sciencia 
juris – no debería obstaculizar la labor, propia de la 
jurisprudentia, de realizar positivamente la 
“concordancia practica” de las diversidades e incluso 
de las contradicciones que, aun siendo tales en teoría, 
sino principalmente mediante prudentes soluciones 
acumulativas, combinatorias, compensatorias, que 
                                            
6
 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1997, p. 86. 
7 
CAPÍTULO I 
conduzcan a los principios constitucionales a un 
desarrollo conjunto y no a un declive en conjunto7. 
La influencia de la noción del Estado Constitucional de Derecho no 
sólo irradia a las diversas instituciones procesales sino que, al mismo 
tiempo, genera una obligación al legislador al estricto cumplimiento de las 
garantías procesales constitucionales al momento de elaborar y/o elaborar el 
diseño de los diversos procesos judiciales cuyas reglas deben ser 
concordantes con los mandatos constitucionales. Al efecto y sobre la 
importancia de contar con procesos judiciales adecuados al marco 
constitucional, el profesor Giovanni Priori señala lo siguiente: 
El proceso en el Estado constitucional debe estar 
diseñado de modo tal que todos esos derechos y 
principios constitucionales obtengan en ese diseño su 
máxima optimización en conjunto. En caso que, ello 
no se lograse en un caso concreto, será el juez, a 
quien le corresponda ponderar los principios en 
conflicto a fin de obtener la máxima protección de 
todos en conjunto, para el caso concreto. 
Ese es el gran desafío del proceso en el Estado 
Constitucional. Al ser el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva un derecho de contenido 
complejo el diseño del proceso supondrá constantes 
tensiones. Pero esas tenciones no debe ser resuelta 
con la protección de uno de esos principios en 
desmedro de los otros, sino más bien buscando la 
ponderación de todos. El proceso en el Estado 
constitucional es el escenario en el que todos los 
derechos que integran el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva logran su máxima optimización. 
Con el riesgo de ser reiterativos, ponemos énfasis en 
todos. Ello no es fácil y supone que se aplique 
adecuadamente el test de ponderación de los 
derechos. Muchas veces por la protección de uno de 
ellos (por ejemplo, la defensa) se terminan 
sacrificando otros (el derecho a un plazo razonable). 
Ni sólo uno ni sólo otro, sino los dos, en el máximo 
grado posible de vigencia, que permita a ambos 
                                            
7
 ZAGREBELSKY, Gustavo. Ob. Cit., p. 16. 
8 
CAPÍTULO I 
convivir con el máximo desarrollo de sus 
potencialidades. Por ello, en esta sede, el legislador 
intenta, solo intenta un modelo, pero es el juez, el 
único que puede hacer que en el caso concreto esta 
optimización se produzca8. 
La deuda que enfrentamos en este momento hace referencia a 
determinar si el proceso de ejecución cumple con el marco constitucional de 
protección de las garantías constitucionales propio de un Estado 
Constitucional de Derecho, haciendo mención si se trata o no de un diseño 
procesal acorde con la Constitución, para lo cual analizaremos, a efectos de 
hacer frente a dicha obligación, el derecho de defensa del ejecutado y la 
limitación probatoria que padece en este tipo de proceso judicial.  
2. Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva: Naturaleza 
fundamental y constitucional 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra regulado en 
el Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil peruano que, a la 
letra, señala: 
Artículo I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o 
intereses, con sujeción a un debido proceso.  
No obstante ello, este derecho es uno de vital importancia para el 
ordenamiento jurídico puesto que es un principio rector de la potestad 
jurisdiccional para administrar justicia. En efecto, este derecho goza de los 
atributos del principio de legalidad y de constitucionalidad ya que es un 
derecho de naturaleza fundamental y constitucional cuyo ejercicio supone la 
actividad de los órganos jurisdiccionales del Estado a través de un modelo 
de protección de derechos “heterocompositivo” donde un tercero imparcial 
                                            
8
 PRIORI POSADA, Giovanni. «El proceso en el Estado Constitucional». En 
Constitución y Proceso. Lima: Ara Editores, 2009, pp. 354-355. 
9 
CAPÍTULO I 
(el juez) detenta el poder de brindar una solución adecuada y efectiva al 
conflicto de intereses con relevancia jurídica en el que existen dos partes 
involucradas y con intereses opuestos, a través de un proceso debido o 
justo.  
Nuestra Constitución establece que la persona humana es un fin en sí 
mismo y por ende se constituye como el sujeto de derecho de mayor 
protección por la Constitución y la ley, por lo que no resulta legal restringir a 
nadie el ejercicio de sus derechos fundamentales sin justa justificación o sin 
contar con medidas legales menos gravosas que optimicen su ejercicio.  
Respecto a su característica de derecho fundamental basado como 
elemento inherente a la persona, en la STC 10087-2005-PA, FJ 6 nuestro 
Tribunal Constitucional señala: 
Los derechos fundamentales constituyen una 
manifestación de la dignidad de la persona humana, 
aquellos tienen una posición central en el 
ordenamiento jurídico. Esa centralidad implica, a su 
vez, la previsión de mecanismos jurídicos que 
garanticen su eficacia real, pues cuando se vulnera un 
derecho fundamental se afecta tanto el derecho 
subjetivo de las personas cuanto el conjunto de 
valores y bienes constitucionales que precisan ser 
igualmente protegidos. Ello justifica que nuestra 
Constitución (artículo 200) haya previsto determinadas 
“garantías constitucionales” a fin de salvaguardar del 
principio de supremacía jurídica de la Constitución y la 
vigencia efectiva de los derechos fundamentales9.  
El carácter de derecho fundamental del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva implica su doble dimensión de actuación en el 
ordenamiento jurídico: el subjetivo y el objetivo.  
Desde un punto de vista subjetivo, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva es uno inherente a los particulares dada su condición de ser 
                                            
9
 ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit., p. 120. 
10 
CAPÍTULO I 
humano; siendo que tal condición es innata a todo ciudadano y constituye el 
valor supremo de la sociedad y del Estado, por lo que todos estamos en 
condiciones de exigir su estricto cumplimiento ante todas las entidades del 
Estado. En ese sentido el Articulo 1 de la Constitución Política dispone lo 
siguiente:  
Artículo 1.- Defensa de la persona humana 
La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado.  
Desde un punto de vista objetivo significa que todas las garantías 
mínimas que integran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva son 
exigibles frente al Estado, lo que quiere decir que los elementos que la 
componen resultan exigibles por todos los particulares frente a los órganos 
jurisdiccionales del Estado, generando la subordinación de los poderes del 
Estado y, además, un deber de garantizar su cumplimiento frente a las 
lesiones que pudiera sufrir.  
Sobre el doble carácter propio de los derechos fundamentales, entre 
ellos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y su importancia en el 
ordenamiento jurídico, Reynaldo Bustamante Alarcón enseña lo siguiente:  
Originariamente los derechos fundamentales 
aparecieron como derechos públicos subjetivos del 
individuo, derechos de defensa y libertad frente al 
Estado que aseguraban su status jurídico en tanto no 
podían ser vulnerados por éste. Se consideraba 
entonces que los derechos fundamentales no tenían 
razón de ser en las relaciones entre particulares y que 
no implicaban obligación alguna para el Estado a no 
ser aquélla que le imponía abstenerse de realizar 
actos contrarios a su eficacia o contenido. 
Posteriormente, el reconocimiento de la supremacía 
de la dignidad humana (que constituye su último 
fundamento) así como el desarrollo y complejidad de 
las relaciones sociales (por factores económicos, 
políticos, culturales, tecnológicos, etc.) llevaron a la 
doctrina, a los tribunales constitucionales y a las 
11 
CAPÍTULO I 
cartas fundamentales a otorgar plena efectividad a los 
derechos fundamentales reconociéndolos como 
elementos esenciales del ordenamiento jurídico 
político, es decir, como elementos objetivos con 
propia fuerza normativa de la mayor jerarquía, que 
irradian su eficacia no sólo a las relaciones individuo – 
Estado, sino a las diversas esferas y relaciones de la 
vida social. Tal reconocimiento permitió advertir que 
los derechos fundamentales presentan un doble 
carácter, por un lado son derechos subjetivos de los 
sujetos de derecho en general (según el derecho 
fundamental del que se trate) que aseguran su status 
jurídico y la libertad en todos los ámbitos de su 
existencia, y por otro lado son elementos objetivos 
básicos del ordenamiento jurídico político por lo que 
cuentan con propia fuerza normativa de la mayor 
jerarquía10. 
Asimismo, sobre esta doble dimensión de los derechos 
fundamentales, Luiz Guilherme Marinoni destaca la importancia que 
constituye la obligación estatal de protección de los derechos fundamentales 
para garantizar su ejercicio, señalando lo siguiente: 
Afirmar la doble dimensión – objetiva y subjetiva – de 
los derechos fundamentales no significa que el 
derecho subjetivo proviene del derecho objetivo. Lo 
que importa dejar en claro, aquí, es que las normas 
que establecen derechos fundamentales, si pueden 
ser subjetivadas, no pertenecen solamente al sujeto, 
sino a todos aquellos que forman parte de la 
sociedad. En efecto, como explica Vieira de Andrade, 
los derechos fundamentales no pueden ser pensados 
solo desde el punto de vista de los individuos, en 
cuanto facultades o poderes de los cuales estos son 
titulares, sino valen jurídicamente también desde el 
punto de vista de la comunidad, como valores o fines. 
Una de las más importantes consecuencias de la 
dimensión objetiva esta en imponer al Estado un 
deber de protección de los derechos fundamentales. 
Este deber de protección relativiza la separación entre 
                                            
10
 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. Derechos fundamentales y proceso justo. 
Lima: Ara Editores, 2001, pp. 96-97. 
12 
CAPÍTULO I 
el orden constitucional y el orden legal, permitiendo 
que se reconozca una irradiación de los efectos de 
estos derechos sobre todo el ordenamiento jurídico. El 
Estado queda obligado a proteger los derechos 
fundamentales mediante, por ejemplo, normas de 
prohibición o de imposición de conductas11. 
Sobre la doble naturaleza de los derechos fundamentales, nuestro 
Tribunal Constitucional en la STC 3727-2006-PC, FJ 9 ha señalado lo 
siguiente: 
Los derechos fundamentales poseen un doble 
carácter: son por un lado, derechos subjetivos; pero, 
por otro lado, también instituciones objetivas 
valorativas, lo cual merece toda la salvaguarda 
posible. En su dimensión subjetiva, los derechos 
fundamentales no solo protegen a las personas de las 
intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y 
terceros, sino que también facultan al ciudadano para 
exigir al Estado determinadas prestaciones concretas 
a su favor o defensa; es decir, este debe realizar 
todos los actos que sean necesarios a fin de 
garantizar la realización y eficacia plena de los 
derechos fundamentales. El carácter objetivo de 
dichos derechos radica en que aquellos son 
elementos constitutivos y legitimadores de todo el 
ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores 
materiales o instituciones sobre los cuales su 
estructura (o debe estructurarse) la sociedad 
democrática y el Estado Constitucional12. 
En nuestro país el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
adicionalmente a su naturaleza de derecho fundamental, tiene un 
reconocimiento constitucional conforme al numeral 3) del art. 139 de la 
Constitución Política del Perú que, a la letra, dice:  
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: 
                                            
11
 MARINONI, Luiz Guilherme. Derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 
efectiva. Lima: Palestra Editores, 2007, p. 205 
12
 ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit., p. 122. 
13 
CAPÍTULO I 
(…) 
3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación.  
Sobre este reconocimiento constitucional es importante analizar que 
la función de administrar justicia es sólo atribuida al Estado a través de sus 
órganos jurisdiccionales, conforme lo dispone el Artículo 138 de la 
Constitución Política del Perú que dispone lo siguiente: 
Artículo 138.- Administración de Justicia. Control 
Difuso 
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 
se ejerce por el Poder Judicial a través de sus 
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a 
las leyes. 
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma legal, los jueces 
prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 
legal sobre toda otra norma de rango inferior.  
Asimismo, en este apartado, se observa que la Constitución contiene 
una regulación particular de los principios constitucionales procesales 
referidos al debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al efecto, nuestro 
Tribunal Constitucional ha elaborado diversa jurisprudencia constitucional 
sobre el contenido y el alcance del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
14 
CAPÍTULO I 
y el debido proceso13; siendo que nos permitimos citar la STC Nº 00023-
2005-AI, FJ 42, que en relación a ellos señala lo siguiente:  
Mediante ambos derechos se persigue garantizar que 
cuando una persona pretenda la defensa de sus 
derechos, la solución de un conflicto jurídico o la 
declaración de una incertidumbre jurídica sea atendida 
por un órgano jurisdiccional mediante un proceso 
dotado de un conjunto de garantías mínimas. 
Asimismo, estos derechos poseen un contenido 
complejo (pues se encuentran conformados por un 
conglomerado de mecanismos que no son fácilmente 
identificables) que no se limita a los derechos 
fundamentales reconocidos en el artículo 139, el 
segundo párrafo del artículo 103 u otras disposiciones 
de la Constitución, sino también a aquellos derechos 
que resulten esenciales para que el proceso pueda 
cumplir o con su finalidad y que se deriven del 
principio-derecho de dignidad de la persona 
humana14.  
En este punto resulta conveniente señalar que el debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva no son conceptos jurídicos idénticos, ya que 
tales conceptos difieren en cuanto a su origen y ámbito de aplicación, tal 
como lo señala Reynaldo Bustamante León15.  
Por un lado, el debido proceso es un instituto de origen anglosajón 
aplicable a los distintos procedimientos como el jurisdiccional, administrativo, 
arbitral, arbitral, militar, político u otro; mientras que la tutela jurisdiccional 
efectiva es una institución de origen continental y su ámbito de aplicación es 
sólo el proceso jurisdiccional a cargo del Estado. Esta diferenciación nos 
                                            
13
 En referencia podemos anotar las siguientes: STC Nº 01499-2011-PA/TC; STC 
Nº 00750-2011-PA/TC; STC Nº 06045-2009-PA/TC; STC Nº 00607-2009-PA/TC. Todas en 
www.tc.gob.pe  
14
 LANDA ARROYO, César. «V Derechos Procesales». En Los derechos 
fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Palestra, 2010, pp. 
269-270. 
15
 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Derechos fundamentales y proceso justo. 
Cit., pp. 184-190. 
15 
CAPÍTULO I 
permite concluir que el debido proceso es sólo una manifestación de la tutela 
jurisdiccional efectiva.  
En ese mismo sentido, el profesor Víctor Roberto Obando Blanco 
señala: 
Asumimos posición por la tesis doctrinaria según la 
cual el debido proceso forma parte integrante del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de 
contenido complejo en la medida que está 
conformada por una serie de derechos que determina 
su contenido16. 
Por tal motivo, quedando resuelta esta distinción es oportuno indicar 
que corresponde a los operadores jurídicos su real tratamiento a fin de no 
desvirtuar su contenido y aplicación de ambos principios constitucionales. 
Sobre esta diferenciación, también, se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional nuestro, tal como aparece de la STC Nº 00005-2006-AI, FJ 
23-25, señalando lo siguiente: 
23. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución, 
implica que cuando una persona pretenda la defensa 
de sus derechos o de sus intereses legítimos, ella 
deba ser atendida por un órgano jurisdiccional 
mediante un proceso dotado de un conjunto de 
garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho, 
por decirlo de algún modo, “genérico” que se 
descompone en un conjunto de derechos específicos 
(…), entre otros, el derecho de acceso a la justicia y el 
debido proceso, siendo que jurisprudencialmente se 
han desarrollado en cada caso particular derechos 
relacionados en forma directa a estos, como los 
derechos al juez natural, la ejecución de resoluciones 
judiciales, la independencia judicial, entre otros. 
                                            
16
 OBANDO BLANCO, Víctor Roberto. Proceso civil y el derecho fundamental a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Lima: Ara Editores, 2011, p. 58. 
16 
CAPÍTULO I 
24. Asimismo, también se ha establecido que el derecho 
de acceso a la justicia se configura como aquel 
“derecho de cualquier persona de promover la 
actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le 
obstruya, impida o disuada irrazonablemente (…)”, 
siendo que su contenido protegido no se agota en 
garantizar el derecho al proceso, entendido como la 
facultad de excitar la actividad jurisdiccional del 
estado y de gozar de determinadas garantías 
procesales en el transcurso de él, sino también 
garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como 
un procedimiento de tutela idóneo para asegurar la 
plena satisfacción de los intereses accionados 
25. Por su parte, el derecho al debido proceso está 
concebido como el cumplimiento de todas las 
garantías, requisitos y normas de orden público que 
deben observarse en las instancias procesales de 
todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, a fin de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier actuación del Estado que 
pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u 
omisión de los órganos estatales, dentro de un 
proceso, sea este administrativo (…) o jurisdiccional, 
debe respetar el debido proceso legal17. 
El carácter fundamental y constitucional del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva implica que, de existir limitaciones y/o restricciones a 
su contenido, ellos deben obedecer a un criterio justificación entre los 
principios constitucionales opuestos, donde la preferencia de uno de ellos 
debe obedecer a criterios razonables y racionales, a fin de evitar 
regulaciones normativas y/o decisiones judiciales arbitrarias y/o ilegales.  
3. El contenido del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene como presupuesto la 
solución de un conflicto de intereses que se resolverá a través del 
sometimiento de las partes opuestas a la decisión del juez, quedando claro 
                                            
17
 LANDA ARROYO, César. Los Derechos fundamentales en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Lima: Palestra, 2010, p. 277.  
17 
CAPÍTULO I 
entre las partes en conflicto todo rechazo a forma de autotutela alguna. En 
ese contexto, la solución de conflicto a través de una tutela jurisdiccional 
efectiva, constituye una garantía constitucional para acceder a los órganos 
jurisdiccionales a fin ellos: (i) Brinden una solución a un determinado 
conflicto de intereses; (ii) Brinden una solución a una incertidumbre jurídica; 
(iii) Controlen la constitucionalidad de las normas; y (iv) Sancionen 
conductas antisociales. En todos estos ámbitos de actuación de los órganos 
jurisdiccionales, se desarrolla el proceso con una participación determinante 
de las partes involucradas: Juez y particulares. 
Importa ahora realizar una definición del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva y, sobre todo, determinar su contenido. Luego de ello, 
se apreciará con mayor claridad su vínculo directo con el derecho a la 
defensa que, posteriormente y de acuerdo a nuestros intereses, 
desarrollaremos en las líneas siguientes para tratar el tema de la justificación 
o no de su limitación en los procesos de ejecución. Continuemos, por ahora, 
a determinar la noción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que 
involucra mayor relevancia si se tiene en cuenta que su obligatoriedad nace 
desde la Constitución. Pues bien, sobre este particular, Giovanni Priori 
Posada, define al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la forma 
siguiente: 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el 
derecho que tiene todo sujeto de acceder a un órgano 
jurisdiccional para solicitar la protección de una 
situación jurídica que se alega que está siendo 
amenazada a través de un proceso dotado de las 
mínimas garantías, luego del cual se expedirá una 
resolución fundada en derecho, cuyos efectos deben 
poder producirse en el ámbito de la realidad. 
Es importante subrayar el hecho de que el derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva no solo garantiza el 
derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la 
justicia, ni se queda en que el proceso sea llevado 
respetando garantías mínimas, sino que, en aras de 
hacer real y eficaz la protección que desea dar, 
18 
CAPÍTULO I 
garantiza también que el proceso alcance el fin para el 
que fue iniciado18. 
Por su lado, Víctor Roberto Obando, añade lo propio en los términos 
siguientes: 
El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 
efectiva es un Derecho público y subjetivo por el que 
toda persona, por el solo hecho de serlo, en tanto 
sujeto de derechos, está facultada a exigirle al Estado 
tutela jurídica plena, y cuyo contenido básico 
comprende un “complejo de derechos”: derecho de 
acceso a la justicia, Derecho al debido proceso, 
derecho a una resolución fundada en derecho y el 
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. 
(…) 
De acuerdo a la doctrina desarrollada por el profesor 
brasileño Luis Guilherme Marinoni, el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva consiste en exigir una 
prestación del Estado, para lo cual se requiere de 
técnicas procesales idóneas para la efectiva tutela de 
cualquiera de los derechos19. 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende diversos 
derechos o “derechos complejos”; los cuales son susceptibles de agruparse 
en cuatro grandes categorías: 1) el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) el 
derecho a un proceso con mínimas garantías; 3) el derecho a una resolución 
fundada y motivada en derecho que ponga fin al proceso y 4) el derecho a la 
efectividad de las resoluciones. Esta descripción del contenido del derecho a 
la tutela jurisdiccional es compartida en doctrina (por ejemplo Giovanni Priori 
Posada20, Víctor Roberto Obando Blanco21, Francisco Chamorro Bernal). Al 
                                            
18
 PRIORI POSADA, Giovanni. «El Derecho Fundamental a la Tutela Cautelar: 
Fundamentos, contenido y límites». En Estudios de Derecho Procesal Civil. Lima: Ius et 
veritas, 2013, p. 640. 
19
 OBANDO BLANCO, Víctor Roberto. Ob. Cit., pp. 56-57. 
20
 PRIORI POSADA, Giovanni. «La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones 
jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso». En 
Derecho Procesal Civil – Estudios. Lima: Jurista Editores, 2009, pp. 86-88. Cabe destacar 
que, en este artículo, el profesor Priori Posada desarrolla la diferenciación entre la tutela 
19 
CAPÍTULO I 
efecto y por su parte, Francisco Chamorro Bernal se refiere a los elementos 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la forma siguiente:  
Esta tutela, desde el punto de vista garantista del TC, 
se compone de cuatro derechos básicos, que luego se 
van desmenguando en otros muchos componentes. 
Esos cuatro derechos básicos son los siguientes: 
- El derecho de libre acceso a la jurisdicción y al 
proceso en las instancias reconocidas  
- El derecho de defensa o la prohibición constitucional 
de indefensión 
- El derecho a obtener una decisión fundada en 
derecho que ponga fin al proceso 
- El derecho constitucional a la efectividad de la tutela 
judicial22. 
No cabe duda que el ejercicio de los derechos que componen el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene como resultado lógico y 
jurídico, la validez y legalidad del proceso judicial. Por tanto, no resulta 
atendible, desde ningún punto de vista jurídico, la vulneración de ninguno de 
los elementos del contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; 
como por ejemplo, la prohibición a cualquier sujeto de derecho al acceso a 
los órganos jurisdiccionales para la obtención de tutela o que el recurrente 
sea atendido por un juez incompetente.  
Asimismo, debemos señalar que el ejercicio de este derecho supone 
el cumplimiento de dos obligaciones: la primera, dirigida hacia el legislador 
en la medida que genere o legisle procesos judiciales provistos de las 
garantías mínimas para la decisión definitiva que sea necesaria para el 
derecho recurrente; y, la segunda obligación, dirigida al juez para que en el 
marco del proceso judicial sus decisiones sean sometidas al cumplimiento 
                                                                                                                           
jurídica como aquella que proporciona de forma directa la ley y la tutela jurisdiccional que es 
aquella que proporciona los órganos jurisdiccionales del Estado.  
21
 OBANDO BLANCO, Víctor Roberto. Ob. Cit., pp. 72-79. 
22
 CHAMORRO BERNAL, Francisco. En La Tutela Judicial Efectiva. Barcelona: 
Bosch, 1994, pp. 12-13. 
20 
CAPÍTULO I 
de los principios procesales constitucionales mediante una decisión fundada 
y motivada en derecho. Es decir, el Estado permitirá que los particulares al 
momento de solucionar sus conflictos de intereses con relevancia jurídica, 
accedan a los órganos jurisdiccionales, tengan derecho al juez natural, a un 
abogado defensor, se les permita probar sus alegaciones de defensa de sus 
derechos y defenderse de las de su contrario durante el desarrollo del 
proceso; y, además, las partes, como resultado de un debido proceso, 
obtengan un fallo debidamente motivado y fundado en derecho pero sobre 
todo útil y/o efectivo. Ante ello y a continuación, nos permitimos analizar 
cada uno de los elementos del contenido del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva antes mencionados.  
3.1. El derecho de acceso a la jurisdicción 
En la lógica y desarrollo del curso del proceso judicial este derecho es 
el primero que supone el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva. 
Mediante este derecho cualquier sujeto de derecho que pretenda la tutela 
jurisdiccional de su derecho lesionado podrá acceder a los órganos 
jurisdiccionales para solicitar la forma de tutela acorde a la satisfacción de 
sus derechos; lo que supone que el juez tendrá que calificar que la demanda 
contenga los requisitos legales que establezca la ley. En ese sentido, la 
causal de improcedencia de la demanda o cualquier barrera al acceso a la 
jurisdicción debe contener un principio de legalidad sustentada de forma 
expresa en la norma procesal y un examen riguroso acerca de la validez o 
no de la relación jurídica procesal. 
No sólo se agota con el inicio del proceso sino a que, una vez logrado 
el acceso, se garantice todos los medios legales para que el proceso judicial 
cumpla su cometido. No debe dejarse de lado que el accionante deberá 
acreditar interés y legitimidad para obrar, lo que hace referencia a la utilidad 
del proceso judicial y al título habilitante que le permita acceder y litigar 
dentro del proceso, respectivamente. 
21 
CAPÍTULO I 
Este derecho, como se reitera es el inicio del complejo de derechos 
de la tutela jurisdiccional efectiva y, por ende, tiene especial importancia. 
Tan cierto es ello que los artículos 1 y 8.1 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos se refieren a este derecho del acceso a la justicia como 
uno de carácter fundamental, señalando lo siguiente: 
Artículo 1.- Obligación de respetar los Derechos 
1. Los Estados partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 
2. Para efectos de esta Convención, persona es todo 
ser humano.  
Artículo 8.- Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, Independiente e 
Imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter.  
3.2. El derecho a un proceso con mínimas garantías 
Estas garantías mínimas hacen referencia a los derechos integrantes 
del debido proceso. Al tratarse de un derecho complejo, en el sentido que 
numéricamente y cualitativamente es diverso, mencionaremos los más 
importantes y desarrollaremos en el punto siguiente el derecho de defensa y 
el derecho a la prueba que son de interés de este trabajo. 
22 
CAPÍTULO I 
- El derecho de defensa. Sobre este derecho el Tribunal 
Constitucional peruano, mediante la STC Nº 2209-2002-AA, FJ 
12 destaca la prohibición de indefensión en cualquier etapa del 
proceso, señalando lo siguiente: 
El derecho de defensa en referencia protege el 
derecho a no quedar en estado de indefensión en 
cualquier etapa del proceso judicial o del 
procedimiento administrativo sancionatorio. Este 
estado de indefensión al que se ha hecho alusión no 
solo opera en el momento en que, pese a retribuírsele 
la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le 
sanciona a un justiciable o a un particular, sin 
permitirle ser oído o formular sus descargos, con las 
debidas garantas, sino a lo largo de todas las etapas 
del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones 
que se puedan promover23. 
- El derecho a probar. Sobre este derecho el Tribunal 
Constitucional peruano, como no podría ser de otra manera, al 
tratarse de un derecho fundamental, reafirma su carácter 
constitucional, pese a no tener regulación expresa en la 
Constitución Política del Perú. Ello se sostiene dado su 
carácter gravitante para el ordenamiento jurídico ya que en un 
Estado Constitucional de Derecho no es posible tener un 
proceso judicial sin que las partes prueben sus alegaciones 
frente al juez. De tal forma, mediante la STC Nº 06712-225-HC, 
FJ 15 el Tribunal Constitucional, y no le falta razón, señala lo 
siguiente: 
Existe un derecho constitucional a probar, aunque no 
autónomo, que se encuentra orientado por los fines 
propios de la observancia o tutela del derecho al 
debido proceso. Constituye un derecho básico de los 
justiciables de producir prueba relacionada con los 
hechos que configuran su pretensión o su defensa. 
Según este derecho, las partes o un tercero legitimado 
                                            
23
 LANDA ARROYO, César. Los Derechos fundamentales en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Cit., p. 286. 
23 
CAPÍTULO I 
en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a 
producir la prueba necesaria con la finalidad de 
acreditar los hechos que configuran su pretensión o 
defensa. (…) Se trata de un derecho complejo que 
está compuesto por el derecho a ofrecer medios 
probatorios que se consideren necesarios, a que estos 
sean admitidos, adecuadamente actuados, que se 
asegure la producción o conservación de la prueba a 
partir de la actuación anticipada de los medios 
probatorios y que estos sean valorados de manera 
adecuada y con la motivación debida, con el fin de 
darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. 
La valoración de la prueba debe ser debidamente 
motivada por escrito, con la finalidad de que el 
justiciable pueda comprobar si dicho merito ha sido 
efectiva y adecuadamente realizado24.  
- El derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez 
natural. 
- El derecho al juez imparcial. 
- El derecho al proceso preestablecido por ley. 
- El derecho a la motivación. 
- El derecho a la presunción de inocencia. 
- El derecho a la pluralidad de instancia. 
- El derecho de acceso a los recursos. 
- El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 
- El derecho a la cosa juzgada. 
Los derechos antes mencionados configuran algunos de los 
elementos más importantes del debido proceso y que constituyen 
manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Debe quedar 
claro que la vulneración de cualquiera de ellos contraviene la administración 
de justicia ya que afecta directamente los principios procesales 
constitucionales referidos al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 
                                            
24
 LANDA ARROYO, César. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Cit., p. 295. 
24 
CAPÍTULO I 
3.3. El derecho a una resolución fundada y motivada en derecho que 
ponga fin al proceso 
Este derecho es una exigencia del Estado Constitucional del Derecho 
donde el fallo judicial tiene como fin resolver la controversia jurídica que le 
dio origen, acorde con los principios de constitucionalidad y legalidad. Sin 
embargo, la actuación del juez, además, de ello debe contener argumentos 
dotados de una motivación fundada y motivada en derecho, lo que permitirá 
ejercer sobre el fallo un control lógico y jurídico de los operadores jurídicos. 
Por tanto, como correspondencia del ejercicio de este derecho el justiciable 
tiene el derecho de contar con un fallo judicial que contenga un adecuado 
discurso jurídico sustentado en las fuentes del derecho y motivado según las 
máximas de experiencias, reglas de razonabilidad y racionalidad a fin de 
evitar decisiones arbitrarias y/o ilegales. Consecuencia lógica de este 
derecho resulta la cosa juzgada que en términos de Luiz Guilherme Marinoni 
es el desenlace final del proceso que brinda un fallo indiscutible e inmutable, 
en la forma siguiente: 
 Derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 
significa, además de derecho de una decisión que 
resuelva el litigio llevando en consideración los 
argumentos y pruebas y, de derecho a la 
preordenacion de las técnicas procesales idóneas 
para la obtención de la tutela del derecho material, 
derecho a la obtención de una tutela jurisdiccional 
indiscutible e inmutable. 
La parte vencedora, debido a su derecho fundamental 
de acción, tiene derecho a una tutela jurisdiccional 
estable, que no pueda ser nuevamente en discusión o 
modificada por acto propio del Estado, incluso y, 
especialmente, de naturaleza jurisdiccional. 
Una solución que no se torna inmutable e indiscutible 
es una mera “opinión” sobre un conflicto, que podría – 
salvando la distancia – ser emitida por cualquier socio. 
Como sería algo fuera de propósito, e incluso bizarro, 
transformar el derecho fundamental a la tutela 
jurisdiccional, en un derecho a una “opinión” del juez, 
está fuera de dudas que ese derecho tiene como 
25 
CAPÍTULO I 
corolario el derecho al carácter definitivo de la 
solución del conflicto25. 
3.4. El derecho a la efectividad de las resoluciones 
La efectividad como derecho es una cualidad que recae sobre todas 
las resoluciones, es decir, le es propia a las interlocutorias (los autos) y las 
sentencias. Para este propósito, Víctor Roberto Obando Blanco señala lo 
siguiente: 
La eficacia es un concepto pragmático. Se mide por 
resultados. La efectividad es algo consustancial al 
derecho a la tutela jurisdiccional, puesto que una 
tutela que no fuera efectiva, por definición, no sería 
tutela. La efectividad señala Francisco Chamorro, 
quiere decir que el ciudadano tenga acceso real y no 
formal o teórico a la jurisdicción, al proceso y al 
recurso; que pueda defenderse real y no 
retóricamente, que no se le pongan impedimentos 
irrazonables a ello
26. 
En este apartado referido al derecho a la efectividad de las 
resoluciones resulta pertinente hacer la distinción entre eficacia y ejecución 
ya que son conceptos distintos y podrían generar confusión. Para evitar ello, 
señalamos que la eficacia de las resoluciones hace referencia a que la 
resolución judicial, cualquiera de ellas (admisoria, resolución cautelar, 
sentencia) sea eficaz respecto a su finalidad procesal dentro del proceso. De 
tal forma, la resolución que admite a trámite una demanda debe tener 
conexión directa con las pretensiones de las partes y la vía procedimental 
adecuada y, además, debe ser correctamente notificada a las partes; la 
resolución que concede una medida cautelar debe cumplir con los requisitos 
de adecuación, proporcionalidad y razonabilidad y, además, evitar el 
perjuicio de la demora del proceso; y la sentencia debe poner fin al proceso 
atendiendo a los intereses del vencedor de forma oportuna e integra. No 
                                            
25
 MARINONI, Luiz Guilherme. Decisión de inconstitucionalidad y cosa juzgada. 
Lima: Communitas, 2008, pp. 61-62.  
26
 OBANDO BLANCO, Víctor Roberto. Ob. Cit., p. 77. 
26 
CAPÍTULO I 
obstante ello, la ejecución hace referencia a la actividad ejecutiva del órgano 
jurisdiccional a fin de lograr la satisfacción del ejecutando, es decir, a la 
ejecución jurisdiccional de un título judicial o extrajudicial donde los medios 
ejecutivos son los necesarios para asegurar en el plano real la satisfacción 
plena del derecho ya reconocido por el Poder Judicial o por la ley, 
respectivamente.  
Para concluir este apartado referido al contenido del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva es importante que las normas procesales deben 
aplicarse a la luz de este derecho, es decir, su aplicación debe interpretarse 
en el sentido que le sean favorable para su aplicación y, por ende, se debe 
excluir toda interpretación procesal contraria a este propósito. Por tanto, la 
aplicación y/o interpretación de las normas procesales deben ser 
interpretadas, de tal forma que favorezcan a sus componentes ya 
mencionados (el acceso a la jurisdicción, el ejercicio de garantías mínimas, 
una decisión fundada y motivada en derecho y, también, a favor de la 
eficacia de las resoluciones judiciales). 
Adicionalmente, no debe perderse de vista que el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva contiene elementos de vital trascendencia para el 
entendimiento del rol del Estado como deudor de esta prestación de brindar 
justicia; lo que implica que el Estado debe garantizar su protección y 
ejercicio; para lo cual, y no puede ser de otra manera, resulta necesario que 
el ordenamiento jurídico cuente con técnicas procesales idóneas para la 
efectiva tutela de los recurrentes. Es decir, este derecho incorpora en la 
práctica una prestación estatal a través de técnicas procesales idóneas o 
diseños legales de procesos judiciales útiles para la realización o protección 
del derecho lesionado. 
 4. El Derecho de Defensa y su contenido  
El derecho de defensa es uno de carácter fundamental y, por tanto, su 
ejercicio irradia a todo el ordenamiento jurídico y, por ende, de obligatorio 
cumplimiento. Adicionalmente, goza del reconocimiento constitucional, el 
27 
CAPÍTULO I 
cual se encuentra previsto en el numeral 14) del art. 139 de la Constitución 
Política del Perú que, a la letra, dice:  
Artículo 139.-  
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(…) 
3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 
(…) 
14. El principio de no ser privado del derecho de 
defensa en ningún estado del proceso.  
Asimismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho 
Humanos (Pacto de San José), también, lo recoge brindándole protección a 
nivel supranacional, señalando lo siguiente: 
Artículo 8. Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. 
  
No debe olvidarse que esta norma supranacional es aplicable a los 
operadores jurídicos, en virtud de su integración al derecho interno nacional 
según el artículo 55 de la Constitución Política del Perú que, a la letra, dice:  
Artículo 55.- 
Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional. 
En esta sede importa resaltar que el derecho de defensa es uno 
vinculado al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso ya 
que forma parte de las garantías mínimas que debe tener el proceso judicial 
para ser válido y acorde a la Constitución. Tan cierto es ello, que para 
nuestro Tribunal Constitucional el derecho de defensa cumple su rol jurídico 
28 
CAPÍTULO I 
como derecho y como principio; al efecto, en la STC Nº 05085-2006-AA, FJ 
5, señala lo siguiente: 
El derecho de defensa constituye un derecho 
fundamental de la naturaleza procesal que conforma, 
a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no 
podría reconocerse la garantía de este último. Por 
ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como 
principio de interdicción para afrontar cualquier 
indefensión y como principio de contradicción de los 
actos procesales que pudieran repercutir en la 
situación jurídica de algunas de las partes, sea en un 
proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero 
con interés27. 
Respecto al contenido del derecho de defensa podemos anotar que 
supone igualdad procesal entre las partes para el ejercicio de sus derechos 
fundamentales dentro del proceso. Esta igualdad procesal obedece al 
principio de contradictorio que implica que las partes sean escuchadas por el 
juez en igualdad de condiciones y de oportunidades, como paso previo a la 
emisión del fallo fundado y motivado en derecho, a fin de ejercer su defensa 
procesal. En ese sentido, Enrico Tullio Liebman señala: 
Principio del contradictorio. El juez no puede proceder 
ni juzgar sin haber llamado ante sí a todas las partes 
para escuchar sus razones. Es una elemental 
exigencia de justicia dar a todas las partes la ocasión 
y la posibilidad de defenderse antes de que el juez 
pronuncie su juicio (“la defensa es derecho inviolable 
en todo estado y grado del procedimiento”: artículo 24, 
inciso 2 de la Constitución) (…). 
El principio imprime a todo el procedimiento una 
estructura contradictoria, en cuanto el juez procede 
frente a todas las partes y éstas deben poder asistir a 
su desarrollo y defender y probar sus razones en 
condiciones de igualdad. Son éstas otras tantas 
garantías del pronunciamiento de una decisión lo más 
posiblemente fundada y justifica aquella particular 
                                            
27
 LANDA ARROYO, César. «V Derechos Procesales». Cit., pp. 286. 
29 
CAPÍTULO I 
inmutabilidad que es una característica exclusiva de 
los actos jurisdiccionales (autoridad de la cosa 
juzgada), limitada naturalmente solo a las partes y 
solo al objeto del juicio28. 
Sobre este principio de contradictorio, Devis Echandía, afirma:  
El derecho de contradicción tiene, pues, un origen 
claramente constitucional y se basa en varios de los 
principios fundamentales del derecho procesal: el de 
la igualdad de las partes en el proceso; el de la 
necesidad de oír a la persona contra la cual se va 
sufrir la decisión; el de la imparcialidad de los 
funcionarios judiciales; el de la contradicción o 
audiencia bilateral; el de la impugnación y el del 
respeto a la libertad individual29. 
En ese sentido, podemos advertir que el principio de contradictorio 
rechaza la indefensión en el proceso ya que ello resulta ajeno al 
ordenamiento jurídico.  
En esta misma línea de pensamiento Francisco Chamorro Bernal 
apunta –en referencia al caso español donde su Constitución prohíbe la 
indefensión– lo siguiente: 
El Tribunal Constitucional (TC) identifica indefensión 
con privación o limitación de los medios de defensa 
producida por una indebida actuación de los órganos 
judiciales, que puede adquirir las múltiples variedades 
que dicho Tribunal ha contemplado en sus 
resoluciones, pero que puede sintetizarse, como 
hemos dicho, en las facultades de alegar, probar e 
intervenir en la prueba ajena para poder controlar su 
correcta practica y contradecirla. 
Por tanto, constituyendo el contenido del derecho de 
defensa la posibilidad de acceder a un juicio 
contradictorio en el que las partes, alegando y 
                                            
28
 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1980, p. 8. 
29
 DAVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general del proceso. Buenos Aires: 
Editorial Universidad, 1997, pp. 207-208. 
30 
CAPÍTULO I 
probando cuanto estimen pertinente, puedan hacer 
valer en condiciones de igualdad sus derechos e 
intereses legítimos, paralelamente, la indefensión 
supone una privación o minoración sustancial de ese 
derecho de defensa o de los principios de 
contradicción y de igualdad de partes30.  
Asimismo, este principio de contradictorio establece un conjunto de 
garantías mínimas que constituyen derechos que garantizan el derecho de 
defensa conforme a la Constitución. Al efecto, para el profesor Giovanni 
Priori el ejercicio del derecho de defensa supone garantías mínimas como 
son las siguientes:  
Es el derecho que tiene toda persona a (i) ser 
informada de modo oportuno y suficiente de la 
existencia de un proceso en el que se discute acerca 
de sus intereses y que pudiera afectar a su esfera 
jurídica, (ii) a intervenir en esos proceso para (iii) 
alegar y (iv) probar sus afirmaciones; también supone 
el derecho (v) a poder contra argumentar frente a 
cualquier pedido de la contra parte; así como (vi) a 
que la resolución que resuelva la controversia se 
pronuncie sobre las alegaciones y pruebas aportadas 
y (vii) a que, en caso que no esté conforme con ella, 
cuestionar la decisión31. 
En este apartado resulta relevante notar que el derecho de defensa 
supone el derecho a probar, es decir, que las partes tengan la posibilidad de 
alegar las razones que sustenten su pretensión y resistencia, y, como 
consecuencia de ello, tengan la posibilidad de probar sus alegaciones con 
los medios probatorios, desarrollando de esta forma una actividad probatoria 
dentro del proceso para la defensa de sus intereses. 
                                            
30
 CHAMORRO BERNAL, Francisco. «El concepto de indefensión en la doctrina del 
Tribunal Constitucional español». En Constitución y Proceso. Lima: Ara Editores, 2009, pp. 
154-155.  
31
 PRIORI POSADA, Giovanni. «La oposición a las medida cautelares». En 
Advocatus. Nueva Época. Nº 24, 2012, pp. 417. 
31 
CAPÍTULO I 
5. Derecho a Probar como garantía de la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva 
El derecho a probar es una manifestación del derecho de defensa 
comprendido dentro de las garantías mínimas que conforma el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Pensemos por un momento en un demandante 
que, luego de acceder al órgano jurisdiccional, tiene la posibilidad del 
ejercicio de garantías mínimas (entre ellas el derecho a probar) dentro del 
proceso a fin de obtener una tutela efectiva. Recordemos que en este trabajo 
mencionamos los elementos de la tutela jurisdiccionales efectiva: i) acceder 
al órgano jurisdiccional para la tutela del derecho lesionado; ii) el ejercicio 
de garantías procesales que garanticen un debido proceso; iii) una 
resolución fundada y motivada en derecho que ponga fin al conflicto; y iv) la 
efectividad de la decisión judicial. Pues bien, el derecho a probar, como 
manifestación del derecho de defensa, configura una de las garantías del 
debido proceso que compone el derecho constitucional a la tutela 
jurisdiccional efectiva.  
El derecho a probar comparte la naturaleza jurídica de carácter 
fundamental del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ya que es un 
derecho inherente a la cualidad de todo ser humano y, por ende, su ejercicio 
resulta reconocido y protegido en la Constitución.  
En ese sentido Reynaldo Bustamante Alarcón, señala: 
Pues bien, el derecho a probar es una manifestación 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que 
asegura su aplicación en todos los órganos 
jurisdiccionales, y del derecho al debido proceso 
(aplicable tanto a los procesos judiciales como a los 
procedimientos administrativos, arbitrales y militares), 
pues no tendría sentido que un sujeto de derechos 
pueda llevar a los órganos competentes un conflicto 
de intereses o una incertidumbre jurídica si no se le 
permite aportar medios probatorios pertinentes para 
acreditar los hechos que configuran su pretensión o 
su defensa. Siendo el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva y el debido proceso derechos fundamentales 
32 
CAPÍTULO I 
inherentes a todo sujeto de derechos por el solo 
hecho de serlos, resulta indudable que el derecho a 
probar comparte el mismo carácter al ser una 
manifestación de ambos. 
No obstante, este carácter fundamental del derecho a 
probar tiene reconocimiento constitucional, 
jurisprudencial y doctrinal en el derecho comparado. 
Por ejemplo, la Constitución española le reconoce 
expresamente esa calidad al recogerlo en u artículo 
24, inciso 2, perteneciente al Título I De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas al señalar 
que “(…) todos tienen derecho (…) a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para su defensa32. 
Asimismo, reafirmando su naturaleza de derecho fundamental, Juan 
Morales Godo apunta: 
El derecho a probar está considerado como inmerso 
en el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, por lo que tácitamente se 
considera también como un derecho fundamental. 
(…) 
El derecho a probar es una expresión del derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Cuando se violenta o transgrede algunos de los 
contenidos esenciales del derecho a la prueba se está 
violentando el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 
La finalidad del derecho fundamental a la prueba 
radica en posibilitar a los justiciables que participan en 
un proceso a acreditar los hechos que plantean en 
sus respectivas hipótesis (demanda y contestación de 
demanda), a efectos de que el juez asuma la 
existencia o inexistencia de los hechos relevantes 
planteados por las partes, teniendo en consideración 
                                            
32
 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. «El derecho fundamental a probar y su 
contenido esencial». En Estudios de derecho procesal civil. Lima: Ius et veritas, 2013, pp. 
417-418. 
33 
CAPÍTULO I 
que sobre esa base decidirá jurídicamente la 
controversia33. 
Sobre el contenido del derecho a probar, la doctora Eugenia Ariano 
Deho señala lo siguiente:  
Ahora bien, el derecho a la prueba, cual derecho de 
defenderse probando, vale decir, cual derecho de 
poder aportar todo el material probatorio necesario 
para producir en el juez ese estado de convicción que 
le permitirá resolver presupone, por cierto, el derecho 
de alegar, de allí que el primer aspecto del derecho a 
la prueba es el de alegar y aportar los medios 
probatorios referidos a dichas alegaciones. Toda 
limitación a esta posibilidad de aportación de los 
hechos y del material probatorio, ya sea que provenga 
de la propia ley o de la disposición del órgano 
jurisdiccional, dentro de los alcances que veremos 
más adelante, debe analizarse con sumo cuidado, 
pues, podemos estar frente a una violación de una 
garantía mínima que el proceso debe configurar para 
ser tipificado como un debido proceso y una limitación 
a la posibilidad de obtener la tutela jurisdiccional de 
nuestros derechos e intereses. 
(…) 
Si le damos el derecho a la prueba la categoría de 
garantía constitucional del proceso podremos decir, 
junto con Taruffo, que ningún límite probatorio es 
justificado, salvo que existan especiales y relevantes 
razones que impongan una derogación excepcional al 
general derechos de las partes de servirse en juicio 
todas las pruebas relevantes34. 
Retomando el contenido del derecho a probar importa por ahora 
señalar que este derecho a probar se materializa a través de la actividad 
probatoria dentro del proceso judicial que consiste en alegar y aportar los 
medios probatorios (“defenderse probando”) y, por ende, no es ajena a los 
                                            
33
 MORALES GODO, Juan. «Naturaleza Constitucional del Derecho a la Prueba». 
En Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales – Ponencias del Cuarto Seminario 
Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Lima: Palestra Editores, 2014, 
pp. 263-264.  
34
 ARIANO DEHO, Eugenia. «El derecho a la prueba y el Código Procesal Civil». En 
Problemas del proceso civil. Lima: Jurista Editores, 2003, p. 179. 
34 
CAPÍTULO I 
principios directrices que determinan su correcta aplicación por el operador 
jurídico. Esta actividad probatoria, entendida como el “defenderse probando” 
implica, conforme lo señalo el Tribunal Constitucional peruano en la STC Nº 
06712-225-HC, FJ 15, la realización o ejercicio de los derechos siguientes: i) 
Ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; ii) la admisión de 
los medios probatorios; iii) la actuación de los medios probatorios; y iv) la 
valoración adecuada y motivada de la prueba, a fin el tomador de decisiones 
(el juez) emita una sentencia fundada y motivada en derecho. Al efecto, en la 
mencionada sentencia el Tribunal Constitucional nuestro expone lo 
siguiente: 
Existe un derecho constitucional a probar, aunque no 
autónomo, que se encuentra orientado por los fines 
propios de la observancia o tutela del derecho al 
debido proceso. Constituye un derecho básico de los 
justiciables de producir la prueba relacionada con los 
hechos que configuran su pretensión o su defensa. 
Según este derecho, las partes o un tercero 
legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el 
derecho a producir la prueba necesaria con la 
finalidad de acreditar los hechos que configuran su 
pretensión o defensa. (…) Se trata de un derecho 
complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer 
medios probatorios que se consideren necesarios, a 
que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, 
que se asegure la producción o conservación de la 
prueba a partir de la actuación anticipada de los 
medios probatorios y que estos sean valorados de 
manera adecuada y con la motivación debida, con el 
fin de darle el mérito probatorio que tenga en la 
sentencia. La valoración de la prueba debe estar 
debidamente motivada por escrito, con la finalidad de 
que el justiciable pueda comprobar si dicho merito ha 
sido efectiva y adecuadamente realizado35. 
En consecuencia, el contenido del derecho a probar, como actividad 
probatoria de “defenderse probando” implica la realización y ejercicio de los 
derechos siguientes: 
                                            
35
 LANDA ARROYO, César. «V Derechos Procesales». Cit., pp. 295. 
35 
CAPÍTULO I 
- El derecho a ofrecer medios probatorios. 
Mediante este derecho las partes procesales tienen libertad probatoria 
y de oportunidad para incorporar al proceso judicial los medios 
probatorios que sirvan de sustento para acreditar sus alegaciones y/o 
razones de defensa.  
En este punto, conviene precisar la distinción de conceptos entre 
medios de prueba, fuentes de prueba, y prueba. Así, el profesor 
Reynaldo Bustamante Alarcón señala: 
Los primeros son vehículos o instrumentos utilizados 
para llevar al juez – o para que este lo adquiera 
directamente en el caso de la actuación de medios 
probatorios de oficio – el conocimiento de los hechos 
los segundos son las razones o motivos que de estos 
medios de prueba se deducen a favor de la existencia 
o inexistencia de tales hechos, y el tercero – la prueba 
– es el convencimiento o certeza que adquiere el juez 
sobre los hechos; en ese sentido, solo el juez puede 
concluir si hay prueba o no de ellos36. 
Este inicio de la actividad probatoria tiene como componente 
importante el principio de igualdad de oportunidades en materia de 
ofrecimiento de prueba. En ese sentido Davis Echandía sobre la 
igualdad de oportunidades de la prueba señala lo siguiente: 
Principio de igualdad de oportunidades para la 
prueba. Para que haya esa igualdad es indispensable 
la contradicción; con todo, este principio significa algo 
más: que las partes dispongan de idénticas 
oportunidades para presentar o pedir la práctica de 
pruebas, persigan o no contradecir las aducidas por el 
contrario. Es un aspecto del principio mas general de 
la igualdad de las partes ante la ley procesal, que 
expusimos en otro lugar, según la cual se exigen las 
mismas oportunidades para la defensa y se rechazan 
                                            
36
 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. «El derecho fundamental a probar y su 
contenido esencial». Cit., p. 406. 
36 
CAPÍTULO I 
los procedimientos privilegiados; es, además, 
consecuencia del principio, también aplicable al 
proceso en general, que obliga a oír a la persona 
contra quien va a pedirse la decisión37. 
Este derecho a la igualdad de oportunidades de la prueba sugiere que 
ambas partes se encuentren supeditadas a ejercer en igualdad de 
condiciones la prueba que favorezca a sus intereses. Cabe 
preguntarnos si las limitaciones probatorias del proceso de ejecución 
vulneran o no este principio de igualdad de oportunidades o no, 
máxime si el proceso de ejecución contiene un derecho cierto y 
exigible reconocido por ley. Consideramos que la respuesta es 
positiva debido a que no existe igualdad de oportunidades o de 
condiciones probatorias ya que el ejecutado cuenta con limitaciones 
en cuanto a las razones de alegar su defensa y, además, limitaciones 
en cuanto los medios probatorios a ofrecer, tal como lo dispone el 
artículo 690-D del Código Procesal Civil; lo que desarrollaremos en 
los próximos capítulos de esta tesis. 
Retomemos, por ahora, el derecho a ofrecer medios probatorios en el 
sentido que podemos advertir que este derecho se encuentra sujeto a 
merced de las partes procesales, es decir, desde el punto de vista 
subjetivo, las partes procesales gozan de plena voluntad para ofrecer 
o no los medios probatorios que se adecuen a su pretensión, sin que 
ello importe invalidez del proceso en caso ellas no aporten medio 
probatorio alguno. En ese sentido, el artículo 196 del Código Procesal 
Civil señala: 
Artículo 196.- Carga de la prueba 
Salvo disposición legal diferente, la carga de probar 
corresponde a quien afirma hechos que configuren su 
pretensión, o a quien los contradice alegando hechos 
nuevos.  
                                            
37
 DAVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo I. 
Quinta Edición. Buenos Aires: Editor Victor P. de Zavalia, 1981, pp. 124 -133. 
37 
CAPÍTULO I 
Ello tiene razón de ser en el sentido que el derecho a ofrecer medios 
probatorios importa el principio de igualdad de oportunidades o 
igualdad de condiciones; lo que difiere si el sujeto de derecho hace 
efectivo o no este derecho. 
- El derecho a que se admitan los medios probatorios. 
Este derecho está sujeto a las reglas del propio proceso judicial en 
términos de oportunidad (preclusión de los plazos procesales), 
pertinencia (utilidad del medio probatorio para las afirmaciones de 
hechos que pretende probar), legalidad y demás principios 
procesales.  
Sobre estos principios procesales, el propio Tribunal Constitucional 
peruano en la STC Nº 6712-2005-PHC/TC, FJ 26, establece criterios 
o principios rectores para determinar la validez jurídica de los medios 
probatorios que se pretende en el proceso, señalando lo siguiente: 
Para que los medios probatorios sean admitidos 
deben ser presentados en su oportunidad. Ante ello, 
este Tribunal considera necesario efectuar un análisis 
de la presunta vulneración al derecho a la prueba 
respecto de los presupuestos necesarios para que el 
medio probatorio ofrecido sea admitido. 
El derecho a que se admitan los medios probatorios, 
como elemento al derecho a la prueba, no implica la 
obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos 
los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos. 
En principio, las pruebas ofrecidas por las partes se 
pueden denegar cuando importen pedidos de medios 
probatorios que no sean pertinentes, conducentes, 
legítimos o útiles, así como manifiestamente 
excesivos. 
En tal sentido, es imperioso que se realice un análisis 
de cuál es el rol que cumple el medio probatorio, ya 
que así se podrá determinar, entre otras cosas, si el 
momento en que fue postulado era el que 
38 
CAPÍTULO I 
correspondía según las normas procesales de la 
materia. 
Así, entre otros, el medio probatorio debe contar con: 
o Pertinencia: Exige que el medio probatorio tenga 
una relación directa o indirecta con el hecho que 
es objeto de proceso. Los medios probatorios 
pertinentes sustentan hechos relacionados 
directamente con el objeto del proceso.  
o Conducencia o idoneidad: El legislador puede 
establecer la necesidad de que determinados 
hechos deban ser probados a través de 
determinados medios probatorios. Sera 
inconducente o no idóneo aquel medio probatorio 
que se encuentre prohibido para verificar un 
determinado hecho. 
o Utilidad: Se presenta cuando contribuya a conocer 
lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, 
a alcanzar probabilidad o certeza. Solo pueden ser 
admitidos aquellos medios probatorios que 
presten algún servicio en el proceso de convicción 
al juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se 
ofrezcan medios probatorios destinados a 
acreditar hechos contrarios a una presunción de 
derecho absoluta; cuando se ofrecen medios 
probatorios para acreditar hechos no 
controvertidos, imposibles, notorios, o de publica 
evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha 
sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a 
cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido 
no es el adecuado para verificar con él los hechos 
que pretenden ser probados por la parte; y, 
cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, 
bien porque se han propuestos dos medios 
probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias 
con la finalidad de acreditar un mismo hecho)o 
bien porque el medio de prueba ya se había 
actuado antes. 
o Licitud: No pueden admitirse medios probatorios 
obtenidos en contravención del ordenamiento 
jurídico, lo que permite excluir supuestos de 
prueba prohibida. 
o Preclusión o eventualidad: En todo proceso existe 
una oportunidad para solicitar la admisión de 
39 
CAPÍTULO I 
medios probatorios, pasado dicho plazo, no tendrá 
lugar la solicitud probatoria. 
A partir básicamente de esta última exigencia, 
corresponde analizar qué sucede en el caso nacional 
con relación a los plazos en las solicitudes 
probatorias38. 
Por nuestra parte, propondremos que estos principios procesales no 
se contradicen con nuestra propuesta de tesis. Todo lo contrario, 
estos principios contribuyen, desde el punto de vista constitucional y 
procesal, a plantear y sostener nuestra propuesta que consiste en la 
búsqueda de un plenario probatorio en la Tutela Ejecutiva, tal como lo 
desarrollaremos en el capítulo correspondiente. 
- El derecho a que se actúen los medios probatorios 
Este derecho implica que el juez que admitió los medios probatorios 
de las partes procesales deba actuarlos durante el proceso judicial 
(audiencia), a fin que ellos den inicio al procedimiento de convicción 
judicial de merite la sentencia correspondiente. 
Para Reynaldo Bustamante Alarcón este derecho implica el contenido 
del principio de inmediación y de contradicción39. En el primero, el 
juez conoce o se vincula directamente con las partes y su material 
probatorio y, por ende, logra una real apreciación de las afirmaciones 
y pruebas de la partes en el proceso; mientras que el principio de 
contradicción genera la posibilidad de debate entre las partes 
respecto a los medios probatorios que configuren cada una de sus 
pretensiones.  
- El derecho a que se valoren los medios probatorios 
                                            
38
 ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit., pp. 292-294. 
39
 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. 2013. «El derecho fundamental a probar y 
su contenido esencial». Cit., pp. 429-430.  
40 
CAPÍTULO I 
Este derecho supone la actividad de convencimiento que las partes 
deben lograr en el juez a través de sus alegaciones, medios 
probatorios y sustento jurídico; a fin inducir al juez para lograr una 
decisión jurisdiccional de acuerdo a sus intereses. En el proceso 
judicial, el juez debe realizar la actividad de valoración de los medios 
probatorios que consiste en una actividad de razonamiento lógico – 
jurídico a fin de alcanzar un fallo o decisión fundado y motivado en 
derecho que ponga fin al conflicto de intereses.  
Respecto a la prueba entendida como el convencimiento del juez para 
resolver la causa, Jordi Ferrer Beltrán señala lo siguiente: 
La finalidad de la prueba como institución jurídica es 
la de permitir alcanzar el conocimiento de la verdad de 
los enunciados fácticos del caso. Cuando los 
específicos medios de prueba incorporados al proceso 
aportan elementos de juicios suficientes a favor de la 
verdad de una proposición (lo que no debe 
confundirse con que la proposición sea verdadera), 
entonces puede considerarse que la proposición está 
probada. En ese caso, el juez debe incorporarla a su 
razonamiento decisorio y tenerla por verdadera40. 
Asimismo, dentro de un Estado Constitucional de Derecho y en 
relación a la valoración de la prueba, reiteramos que la decisión del 
juez debe contener una motivación legal y racional que evite 
decisiones judiciales arbitrarias y/o ilegales. De tal forma, teniendo 
claro el objetivo y la finalidad de la prueba, la motivación del fallo 
judicial con parámetros objetivos constituye un elemento 
trascendental del Juez: La valoración de la prueba. Sobre el 
particular, Michele Taruffo indica lo siguiente:  
Es necesario que el juez formule su decisión en modo 
racionalmente justificable y comprobable. Resulta 
                                            
40
 FERRER BELTRAN, Jordi. «La valoración de la prueba: Verdad de los 
enunciados probatorios y justificación de la decisión». En Estudios sobre la prueba. México 
DF. Fontamara, 2008, p. 48. 
41 
CAPÍTULO I 
ahora necesario determinar el criterio según el juez 
podrá efectuar racionalmente las alternativas que en 
el ámbito de su apreciación discrecional lo conducen a 
establecer cuales enunciados de hechos pueden o no 
pueden ser considerados verdaderos en cuanto 
resulten demostrados por las pruebas disponibles41. 
No debe olvidarse que la finalidad de la prueba como convicción del 
Juez, obliga a los operadores jurídicos a ejercitar su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, a través de pretensiones que logren 
persuadirlo con argumentos jurídicos y racionales. En ese sentido, 
algunos criterios objetivos de racionalidad son los siguientes: (i) Las 
máximas de experiencia, que son generalizaciones empíricas 
realizadas por el juez a partir de la observación de los hechos de la 
realidad. Como ejemplo de ellas, se observa el sentido común, las 
experiencias del juez y las opiniones de la comunidad científica sobre 
cada esfera del conocimiento en particular; (ii) Las presunciones 
(legales o judiciales) que constituyen razonamientos lógicos donde se 
considera un hecho como cierto o probable en virtud de las máximas 
de experiencias; (iii) La prueba indiciaria que constituye una medio 
probatorio indirecto sustentado en datos empíricos probados (indicios) 
y definidos a través de una conclusión o inferencia lógica. 
No obstante lo expuesto acerca de los criterios de razonabilidad y 
racionalidad en el ejercicio de la valoración de la prueba a cargo del 
juez, debe tenerse en cuenta que en este contexto de valoración de la 
prueba, el juez como tomador de decisión se encuentra sometido a la 
ley y a la Constitución. Sin embargo, este sometimiento legal y 
constitucional, históricamente, no siempre fue así. De tal forma, en la 
doctrina procesal, históricamente, se aprecia que la valoración de la 
prueba; esto es, la “justificación” del juez sobre la actividad probatoria 
estaba sustentado en tres sistemas que, a modo de referencia, a 
                                            
41
 TARUFFO, Michele. «Probabilidad y prueba judicial». Advocatus. Nueva Época. 
Nro. 13. 2005, pp. 55-63. 
42 
CAPÍTULO I 
continuación describimos. Es decir, tres sistemas para determinar la 
generación de la valoración de la prueba judicial: 
a) Sistema de Prueba Tasada 
Obedece a un sistema donde la valoración de la prueba es 
determinada por la ley, donde carece de valor el análisis crítico del 
juez. Al respecto, Michele Taruffo dice:  
Este sistema se basaba en la aplicación de reglas – 
en algunos casos promulgadas por los legisladores, 
pero en muchos otros estipuladas por juristas teóricos 
– que establecían a priori y en términos generales el 
valor probatorio de algunos tipos de medios de prueba 
– y a veces de todos ellos -42. 
Asimismo, Osvaldo Alfredo Gozaini señala:  
El presente supone otorgar por vía legislativa un valor 
determinado a cada medio de prueba, o bien, 
solamente para alguno en específico. 
De acuerdo con ello, el juez al tiempo de emitir 
pronunciamiento, debe analizar el mérito de los 
elementos incorporados al proceso asignándoles la 
eficacia que ya viene establecida. Si ella fuera 
inexistente, no habría posibilidad de sentenciar por lo 
ponderado, y tendría que descalificar la pretensión 
rechazando la demanda. 
Adviértase que en este mecanismo no existe 
valoración alguna, porque ella fue anticipada. 
Tampoco se obtiene convicción, porque el juez solo 
confronta hechos con pruebas legales, y si ajuste 
existe, descarta la utilidad como medio por el valor 
previamente asignado. 
El origen del sistema reconoce la siguiente causa de 
legitimización: En tiempos de barbarie, los pueblos 
germanos utilizaron este mecanismo sobre la base de 
                                            
42
 TARUFFO Michele. La prueba. Madrid: Marcial Pons, 2008, pp. 133-134. 
43 
CAPÍTULO I 
creer que nadie mejor, para resolver sobre el grado 
convictivo de una prueba, que aquel que estaba fuera 
del hecho, libre de toda pasión e interés propio43.  
b) Sistema de Libre Convicción  
En este sistema la valoración de la prueba obedece a una discreción 
absoluta del Juez frente a los hechos aportados por las partes. A 
diferencia del sistema anterior, en este sistema, se observa rasgos de 
arbitrariedad en las decisiones del juez puesto que la 
discrecionalidad, podría vulnerar normas legales. Nos permitimos 
compartir lo expuesto por Osvaldo Alfredo Gozaini:  
Por este sistema el juez califica el valor de cada 
prueba producida en el proceso, sin reglas que le 
determinen un camino a seguir. La eficacia la 
consigue de su pleno raciocinio, sin tener el deber de 
expresar en la sentencia la valoración de todas las 
pruebas producidas, sino únicamente de las que 
fuesen esenciales y decisivas para el fallo de la 
causa44. 
Se observa que en este tipo de valoración de la prueba que la 
discrecionalidad del juez viene asociada con la idea de arbitrariedad 
en su fallo; lo que generaría un defecto de fallo fundado en derecho 
propio del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 
c) Sistema de Sana Crítica  
La valoración de la prueba que efectúa el Juez es una que se 
sustenta, no solo en la ley o su libre albedrio sino en criterios de 
racionalidad y razonabilidad para resolver las controversias jurídicas. 
Al efecto, Mabel A. De los Santos afirma:  
                                            
43
 GOZAINI, Osvaldo Alfredo. La prueba en el proceso civil peruano. Trujillo: Editora 
Normas Legales, 1997, p. 192. 
44
 Ibíd. p. 194. 
44 
CAPÍTULO I 
Exige un proceso lógico de razonamiento, debiendo el 
juez explicar dicho proceso sobre la base de principios 
de la lógica y las máximas de experiencia45. 
Nuestro sistema procesal actual, conforme a un Estado Constitucional 
de Derecho, reconoce este sistema basado en la decisión judicial 
sustentada y motivada en derecho. En ese sentido, el artículo 197 del 
Código Procesal Civil dispone lo siguiente: 
Artículo 197.- Valoración de la prueba 
Todos los medios probatorios son valorados por el 
juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 
razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán 
expresadas las valoraciones esenciales y 
determinantes que sustentan su decisión.  
Para Reynaldo Bustamante Alarcón el sistema de libre apreciación y 
de sana crítica constituyen sistemas idénticos; sin embargo, 
consideramos distintos estos sistemas poniendo de manifiesto lo 
permisivo que resulta el libre convencimiento a favor de decisiones 
arbitrales fundado en un errado o falso albedrío judicial. No obstante 
ello, si tenemos en cuenta el sistema de sana critica compartimos sus 
ideas en el sentido siguiente: 
En oposición al sistema de tarifa legal, surgió el 
sistema de la sana crítica o libre apreciación de los 
medios de prueba – hoy prácticamente acogido por 
todos los ordenamiento jurídicos del mundo -, por el 
cual, el juzgador está en la libertad de valorar los 
medios probatorios actuados en el proceso o 
procedimiento, pero de una manera razonada, critica, 
basada en las reglas de la lógica, la psicología, la 
técnica, la ciencia, el Derecho y las reglas de 
experiencia que según el juzgador sean aplicables al 
caso. La valoración que no corresponda a estas 
reglas o fuere contraria a ellas, será una valoración 
defectuosa o indebida. Por otro lado, como la 
                                            
45
 DE LOS SANTOS, Mabel A. La prueba. La Plata: Librería Editora Platense, 1996, 
p. 240. 
45 
CAPÍTULO I 
apreciación que el juzgador ha tenido del material 
probatorio, solo puede ser conocida a través de los 
fundamentos de su resolución, el sistema de la sana 
critica o libre apreciación implica que el proceso de 
convicción realizado por el juzgador para tomar su 
decisión debe ser explicado debidamente en la 
motivación de la resolución a fin de que pueda ser 
conocido por las partes y de esa manera estas estén 
en condiciones de ejercer su derecho de defensa al 
saber con certeza cuáles fueron las razones que 
llevaron al juzgador a tomar tal decisión, de lo 
contrario, se afectaría el debido proceso y el derecho 
de defensa46. 
Ahora bien, habiendo realizado un análisis previo al derecho de 
probar y su contenido, para efectos de esta tesis resulta de vital 
importancia destacar que el derecho a probar supone el ejercicio de 
las actividades probatorias descritas (ofrecer medios probatorios, 
admisión de ellos, su actuación y su valoración a cargo del juez) y que 
dicha actividad probatoria del recurrente debe ser acorde a los 
principios procesales constitucionales, entre ellos, la igualdad de 
condiciones y de oportunidades; lo que, y a modo de adelanto de 
nuestras conclusiones, no se aprecia en los procesos de ejecución. 
 
                                            
46
 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. «El derecho fundamental a probar y su 
contenido esencial». Cit., pp. 429-432. 
  
 
CAPÍTULO II 
EL PROCESO JUDICIAL COMO HERRAMIENTA DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
1. El proceso judicial y tutela jurisdiccional efectiva 
En el marco de un Estado Constitucional de Derecho, la forma de 
solución de conflictos de intereses está determinada por la decisión del juez, 
en su condición de tercero imparcial e independiente, a través de un proceso 
judicial que se constituye como el mecanismo de la potestad jurisdiccional 
del Estado donde los órganos jurisdiccionales tiene la función de brindar 
justicia, en protección de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución. En otras palabras, es el juez que se vale del proceso judicial 
para brindar justicia a la sociedad. 
En ese sentido, el proceso judicial tiene una dimensión constitucional 
y constituye una herramienta útil para la solución de conflictos de intereses. 
En buena cuenta es un modelo heterocompositivo de resolución de 
controversias o conflictos entre intereses o pretensiones opuestos y ello es 
así porque en virtud del contenido de Estado Constitucional de derecho se 
rechaza el mecanismo de la autotutela como medio de solución de 
controversias, al ser toda persona digna de tutela.  
Al efecto, atendiendo al objeto del proceso judicial y al rechazo de la 
autotutela, Efraín Quevedo Mendoza, señala lo siguiente: 
La asunción por el Estado del monopolio de la función 
jurisdiccional se encuentra históricamente legitimada 
en la necesidad de suprimir la defensa privada de los 
derechos, evitando que la falta de certeza en la tutela 
47 
CAPÍTULO II 
de que goza un interés, individual o colectivo, frente a 
otro, cuyo sacrificio es un medio necesario de 
satisfacción del primero, se convierta en fuente de 
enfrentamiento físico e incluso, espiritual entre los 
sujetos de esos intereses, y germen de la alteración 
de la paz social. La satisfacción del interés público en 
el mantenimiento de la paz social, a través de la 
satisfacción de los intereses particulares, colectivos y 
públicos, estimados jurídicamente valiosos, justificó y 
justifica aun, la monopolización estatal de la función 
de juzgar los conflictos y toda situación de 
incertidumbre o insatisfacción en que se encuentre un 
determinado interés – privado, colectivo o publico – 
protegido por el derecho, sea que tal protección 
provenga de una norma particular del ordenamiento 
legal o un principio general del derecho, positivo o 
natural1. 
La abolición de la autotutela como forma de protección del derecho 
lesionado nos promueve a entender los propios fines del proceso: la solución 
de conflictos a través de la tutela jurisdiccional, a fin de lograr la paz y 
bienestar social. Tan cierto es ello que, acerca del proceso, Francesco 
Carnelutti señala lo siguiente:  
La voz del proceso sirve, pues, para aplicar un método 
para la formación o para la aplicación del derecho que 
tiende a garantizar la bondad del resultado, es decir, 
una tal regulación del conflicto de intereses que consiga 
realmente la paz y, por tanto, sea justa y cierta: la 
justicia debe ser su cualidad exterior o formal; si el 
derecho no es cierto, los interesados no saben, y si no 
es justo, no sienten lo que es necesario para obedecer2. 
Asimismo, el profesor Giovanni Priori Posada señala:  
A través del proceso se busca que el Derecho objetivo 
sea aplicado al caso concreto para con ello dar una 
protección efectiva a las situaciones jurídicas de los 
                                            
1
 QUEVEDO MENDOZA, Efraín. «El Poder Judicial en un Estado Democrático». 
Derecho & Sociedad. Nº 38. 2012, p. 373. 
2
 CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. Tomo I. Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1956, pp. 21-24. 
48 
CAPÍTULO II 
particulares, logrando con ello tutelar sus intereses y 
satisfacer con ello sus necesidades. A través de ello 
se busca obtener la paz social en justicia, pues, se 
logra una solución al conflicto de manera pacífica 
erigiéndose el proceso precisamente sobre la base de 
un presupuesto: la eliminación de la facultad de los 
particulares de hacer justicia por su propia mano. (..) 
A partir de todo lo anterior queda expuesto con 
absoluta contundencia que el proceso es un 
instrumento fundamental para conseguir la tutela 
efectiva de las situaciones jurídicas de los 
particulares, para que lo establecido por el derecho 
objetivo tenga una real vigencia y para con todo ello 
lograr una paz social en justicia3. 
Por su parte, Jaime Guasp afirma lo siguiente:  
El proceso no es, pues, en definitiva, más que un 
instrumento de satisfacción de pretensiones. (…) La 
satisfacción en sentido jurídico supone no dar la razón 
siempre al reclamante, sino recoger, examinar y 
decidir por el Poder Público sobre su queja, 
actuándola o denegando su actuación, según parezca 
o no fundada. La pretensión ha de concebirse 
asimismo en sentido jurídico; no como una queja 
cualquiera, sino determinada; como una reclamación 
formalmente dirigida por un miembro de la comunidad 
frente a otro ante el órgano publico específicamente 
instituido para satisfacerla”4. 
De otro lado, importa destacar el carácter instrumental del proceso a 
fin de lograr la realización del derecho material. En ese sentido, Giuseppe 
Chiovenda señala lo siguiente: 
La voluntad de la ley tienda a actuarse en el campo de 
los hechos hasta las últimas consecuencias prácticas y 
jurídicamente posibles. Por consiguiente, el proceso 
debe dar, en cuanto sea posible prácticamente, a quien 
                                            
3
 PRIORI POSADA, Giovanni. «La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones 
jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso». Cit., pp. 
51-52. 
4
 GUASP, Jaime. Derecho procesal civil. Tomo Primero. Madrid: Instituto de 
Estudios Políticos, 1968, p. 16. 
49 
CAPÍTULO II 
tiene un derecho, todo aquello y exactamente aquello 
que tiene derecho a conseguir5. 
Es el proceso como instrumento jurídico que posibilita la solución de 
conflictos jurídicos en nuestra sociedad actual, para lo cual se somete no 
solo al principio de legalidad sino, además, a los valores y principios 
constitucionales de nuestra Carta Magna. De tal forma que, el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva se sirve del proceso como medio para asegurar 
a los particulares la defensa de sus derechos, a fin de evitar decisiones 
judiciales arbitrarias. 
2. Formas de tutela de derecho a través del proceso judicial 
Atendiendo a la protección que se pretende del derecho material y al 
interés para obrar de los particulares6 existen tres tipos de tutela: 1) La 
Tutela Cognitiva que tiene como finalidad resolver un conflicto de intereses, 
incertidumbre jurídica, control de la legalidad de las normas o sancionar y/o 
evitar conductas antisociales; 2) La Tutela Cautelar cuya función es asegurar 
la futura decisión judicial (sentencia); y 3) La Tutela Ejecutiva que busca 
hacer efectivo, en el plano cotidiano, un derecho o una situación jurídica de 
ventaja reconocido por ley o por el Juez, con la finalidad de satisfacerlo en 
su plenitud. 
Sobre estas formas de “Tutela Jurisdiccional de los Derechos” a 
través del proceso, la profesora Eugenia Ariano Deho señala lo siguiente:  
Todo sistema procesal debe necesariamente 
consagrar tres tipos de procesos: el proceso de 
cognición o de conocimiento que lleva al Juez a 
conocer una determinada controversia entre sujetos y 
a resolverla, estableciendo cuál sea la situación 
                                            
5
 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Vol. I. Segunda 
Edición. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado, 1948, pp. 47-48. 
6
 Sobre el interés para obrar, el profesor Juan Luis Avendaño señala: “El interés 
para obrar es una institución procesal surgida con la finalidad de analizar la utilidad que el 
proceso puede promover a la necesidad de tutela invocada por las partes”: AVENDAÑO 
VALDEZ, Juan Luis. «El interés para obrar». Themis. Revista de Derecho. Nº 58, pp. 63-69. 
50 
CAPÍTULO II 
jurídica entre las partes litigantes, en pocas palabras a 
establecer quién entre los contendientes tiene la razón 
y quién, no mediante una resolución de fondo, 
normalmente una sentencia, imperativa e inmutable, a 
la cual se le atribuye la denominada eficacia de cosa 
juzgada; el proceso de ejecución cuyo objeto es que 
el titular de un derecho, cuya existencia es ya cierta 
por haberlo así declarado el órgano jurisdiccional en 
un previo proceso de conocimiento o porque la ley lo 
considera cierto, obtenga, trámite la actividad del juez, 
su concreta satisfacción y el proceso cautelar cuya 
finalidad inmediata es asegurar la eficacia práctica de 
otro proceso (de cognición o de ejecución) que en 
definitiva se actuará el derecho, constituyendo esta 
forma de tutela jurisdiccional un instrumento del 
instrumento por usar la conocida expresión de 
Calamandrei7. 
No obstante ello, las formas de tutela pueden ser catalogadas de 
formas diversas atendiendo al derecho material que se pretenda proteger. 
De tal forma y a modo de ejemplo, podemos citar a Ugo Rocco que incluía a 
la tutela de condena como autónoma de la tutela de cognición: 
La función jurisdiccional, pues, y el proceso civil se 
distinguen, en relación con la función y con la finalidad 
en: 
I) proceso de declaración de certeza, o de cognición, 
o de declaración del derecho; 
II) proceso de condena o de prestación; 
III) proceso ejecutivo o de realización coactiva; 
IV) proceso cautelar, o de conservación, o de 
aseguración8. 
                                            
7
 ARIANO DEHO, Eugenia. «¿Proceso o procesos de ejecución?». En Problemas 
del proceso civil. Lima: Jurista Editores, 2003, pp. 327-328. 
8
 ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Temis-Depalma: 
Bogota-Buenos Aires, 1976, p. 119. 
51 
CAPÍTULO II 
El desarrollo de diversas formas de tutela jurisdiccional, incluso, 
motivó a Andrea Proto Pisani a realizar una distinción entre las formas de 
tutelas existentes y las diferenciadas de cognición plena y sumarias 
señalando lo siguiente: 
La expresión tutela jurisdiccional diferenciada es una 
expresión altamente equivoca. Entendida, 
literalmente, significa que a diversidades diversas de 
tutela deben corresponder formas diversas de tutela: 
de esta obviedad nadie ha dudado; todo el sistema (o 
los sistemas) de nuestra materia han sido construidos 
sobre la base de esta premisa: así, se ha distinguido a 
la cognición de la ejecución; y en el ámbito de la 
cognición se diferencian las acciones (y las 
sentencias) de condena, de las acciones (y de las 
sentencias) de mera declaración y las constitutivas; en 
el ámbito de la ejecución se ha distinguido entre la 
ejecución forzada y ejecución procesal indirecta e. 
incluso, en el ámbito de la ejecución forzada, se ha 
distinguido la expropiación forzada (a su vez 
subdividida en función del tipo de bien a ser 
expropiado) de la ejecución forzada por consignación 
o liberación y para obligación de hacer o de no hacer. 
Cognición ordinaria y ejecución han sido siempre 
contrapuestas a la tutela cautelar, la cual es, a su vez, 
subdividida en función del tipo de periculum in mora 
que tiende a neutralizar. 
(…).  
El equívoco de fondo, que en mi opinión se anida 
detrás de un uso indiscriminado de la expresión tutela 
jurisdiccional diferenciada, es el siguiente: una cosa 
es la tutela jurisdiccional diferenciada, donde con tales 
términos se entienda la predisposición de varios 
procedimientos de cognición plena y exhaustiva, 
alguno de los cuales modelados sobre la 
particularidad de singulares categorías de situaciones 
controvertidas; y. otra cosa es la tutela jurisdiccional 
diferenciada, donde con tal termino se entienda la 
52 
CAPÍTULO II 
predisposición de formas típicas de tutela sumaria 
(cautelar o sumaria tout court)”9. 
Casos importantes de tutela diferenciada, son los procesos de habeas 
corpus y de amparo que hacen referencia de casos de tutela urgente; 
procedimientos administrativos de protección al consumidor, los procesos de 
tutela urgente a fin de proteger derechos fundamentales. 
No obstante ello, los diversos tipos de tutela jurisdiccional constituyen 
una obligación de protección del Estado Constitucional de Derecho y en ellos 
se sustenta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; es decir, no es 
posible obtener una tutela cognitiva, cautelar o ejecutiva sino a través del 
ejercicio pleno del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
2.1. Tutela Cognitiva o Declarativa 
Para Giuseppe Chiovenda esta tutela supone un completo 
conocimiento de la causa a cargo del juez a fin de expedir un 
pronunciamiento (sentencia), obligando al juez a un examen de fondo de 
todas las razones de las partes10. 
Asimismo, el profesor Enrique Palacios Pareja señala que en esta 
forma de tutela el juez determina a quien le corresponde el derecho 
mediante un exhaustivo examen, luego del cual el juez se pronuncia sobre la 
certeza del derecho que se invoca. Para el profesor, el resultado de este 
examen son tres tipos de sentencias:  
“a.1. Declarativas; tendientes a eliminar un estado 
de incertidumbre mediante un pronunciamiento 
que resuelva acerca de la existencia, alcance 
o modalidad de una relación jurídica. En otras 
palabras, solo reconoce una situación jurídica 
                                            
9
 PROTO PISANI, Andrea. La Tutela Jurisdiccional. Lima: Palestra Editores, 2014, 
pp. 198-200. 
10
 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Vol. 1. Cit., pp. 
35. 
53 
CAPÍTULO II 
preexistente. No genera ni modifica 
situaciones jurídicas ni impone condenas al 
demandado…. 
b.1. De condena; aquellas en las que, además de 
solicitar la declaración de certeza del derecho, 
se busca que se imponga al demandado el 
cumplimiento de una obligación de dar, hacer 
o no hacer. De esta manera, queda expedito el 
camino para la ejecución forzosa…. 
d.2. Constitutivas; por las que se pretende el 
nacimiento de un nuevo estado jurídico como 
consecuencia de la declaración judicial. Es 
decir que la sentencia no es simplemente 
declarativa de un derecho, sino que crea, 
modifica o extingue un estado jurídico 
determinado11. 
2.2. Tutela Cautelar 
Como mencionamos anteriormente, la tutela cautelar tiene como 
finalidad de asegurar la eficacia de la sentencia judicial. De tal forma, la 
tutela cautelar según nuestro Código Procesal Civil tiene como finalidad la 
“el cumplimiento de la decisión definitiva”12. 
Sobre este particular y en relación a la eficacia de la sentencia, la 
profesora Eugenia Ariano Deho advierte:  
La finalidad de la tutela cautelar es hacer posible que 
la tutela jurisdiccional se efectivice, neutralizando los 
peligros derivados de la duración (o por la duración) 
del proceso – instrumento de tutela. La tutela cautelar 
es un instrumento que asegura (en cuanto sea 
posible) que pueda haber una efectiva tutela. La tutela 
cautelar sirve para garantizar cualquier tipo de 
pretensión de cognición sea ésta de condena, 
constitutiva o meramente declarativa y no sólo, sino 
                                            
11
 PALACIOS PAREJA, Enrique. 2013. “Reflexiones sobre tutela preventiva”. En: 
Estudios de derecho procesal civil. Lima. Ius et veritas, pp. 53-54. 
12
 Artículo 608 del C.P.C.: “… La medida cautelar tiene por finalidad de garantizar el 
cumplimiento de la decisión definitiva”. 
54 
CAPÍTULO II 
que además tiende a asegurar también la posibilidad 
de una fructuosa ejecución13.  
2.3. Tutela Ejecutiva 
Este tipo de tutela busca la satisfacción del derecho del ejecutante en 
el plano cotidiano y, por tanto, la actividad jurisdiccional está destinada a la 
satisfacción del derecho lesionado, a fin de lograr una tutela efectiva. 
En palabras de Juan Montero Aroca, este tipo de tutela jurisdiccional 
importa un proceso judicial destinado a sustituir al ejecutado a fin de 
satisfacer el derecho reconocido por ley. Al efecto, el mencionado autor 
afirma: 
La actividad jurisdiccional ejecutiva es sustitutiva de la 
conducta que debiera haber realizado el ejecutado, si 
voluntariamente hubiera procedido a cumplir la 
prestación contenida en el titulo ejecutivo. Si el 
condenado a pagar una cantidad de dinero no lo hace, 
el tribunal procederá a enajenar bienes de aquel y con 
su producto pagara al acreedor ejecutante. Ello es 
posible porque en nuestro Ordenamiento se considera 
jurídicamente fungible la actividad del ejecutado sobre 
su patrimonio, esto es, porque algunas conductas 
personales privadas pueden ser sustituidas de 
derecho por medio del ejercicio de la potestad publica 
atribuida al Tribunal14. 
                                            
13
 ARIANO DEHO, Eugenia. «La tutela cautelar en el cuadro de la tutela 
jurisdiccional de los derechos». En Problemas del proceso civil. Lima: Jurista Editores, 2003, 
pp. 604-605. 
14
 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 391. 
  
 
CAPÍTULO III 
LA TUTELA EJECUTIVA 
 
1. El proceso de ejecución como instrumento  
La tutela ejecutiva de los derechos se hace efectiva a través del 
proceso de ejecución; por lo tanto, resulta atendible que las instituciones 
procesales (como la legitimidad para obrar, la defensa y la eficacia de la 
tutela ejecutiva) y los medios ejecutivos sean adecuados a la naturaleza del 
proceso de ejecución, a fin de lograr una tutela jurisdiccional efectiva que 
dote al ejecutante de la satisfacción plena de su derecho. 
El proceso de ejecución es el instrumento a través del cual los 
órganos jurisdiccionales brindan tutela ejecutiva a los justiciables. La función 
del proceso de ejecución es lograr, a través de un conjunto de actos de la 
autoridad jurisdiccional, la efectiva satisfacción de un derecho cierto, expreso 
y exigible, por cuanto ya ha sido judicialmente declarado como tal o porque 
la ley le brinde dichas cualidades; lo que en definitiva constituye los títulos 
ejecutivos judiciales y extrajudiciales, respectivamente.  
Juan Montero Aroca define este proceso de la forma siguiente: 
El proceso de ejecución es aquél en el que, partiendo 
de la pretensión del ejecutante, se realiza por el 
órgano jurisdiccional una conducta física productora 
de un cambio real en el mundo exterior para 
acomodarlo a lo establecido en el título que sirve de 
fundamento a la pretensión de la parte y a la 
actuación jurisdiccional 
(…) 
56 
CAPÍTULO III 
La actividad ejecutiva es la que comporta una 
verdadera injerencia en la esfera de las personas y, 
por lo tanto, es la que más precisa de que en ella se 
respeten los principios base de la jurisdicción (por 
ejemplo, juez predeterminado), del personal 
jurisdiccional (por ejemplo, independencia del juez) y 
de proceso (por ejemplo, contradicción)1.  
Por su parte, la profesora Eugenia Ariano Deho afirma lo siguiente: 
La función del proceso de ejecución, que no es otra 
cosa que obtener la efectiva y concreta satisfacción 
del derechohabiente tramite la actividad sustantiva del 
órgano jurisdiccional frente al incumplimiento por parte 
del obligado2. 
Cabe anotar, entonces, que la actividad ejecutiva de los órganos 
jurisdiccionales importa un cambio que adecue el mundo físico al 
cumplimiento del derecho incorporado al título, es decir, la actividad 
jurisdiccional es de índole ejecutiva y, por ende, esta actividad ejecutiva está 
determinada por la finalidad exclusiva de logar satisfacer el derecho del 
ejecutante en virtud de un título ejecutivo. Con este propósito, no cabe duda 
que la noción de proceso de ejecución supone la existencia de los elementos 
siguientes:  
1) Actividad jurisdiccional ejecutiva, donde el Estado emplea 
medios ejecutivos idóneos e, incluso, la fuerza pública para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el titulo 
ejecutivo (judicial o extrajudicial), en caso de incumplimiento 
voluntario del ejecutado;  
2) El Titulo Ejecutivo que determina los alcances de la ejecución; 
y  
                                            
1
 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I. Cit., pp. 
35-37. 
2
 ARIANO DEHO, Eugenia. «¿Proceso o procesos de ejecución?». Cit., pp. 328. 
57 
CAPÍTULO III 
3) Las garantías procesales para un debido proceso de ejecución; 
entre ellas, el derecho de defensa, el derecho a probar y la 
efectividad de la tutela ejecutiva.  
Todos estos elementos corroboran la naturaleza ejecutiva del proceso 
de ejecución.  
Asimismo, importa resaltar las propiedades de eficiencia que debe 
contener el proceso de ejecución a fin de cumplir sus fines; al efecto, la 
profesora Eugenia Ariano Deho afirma: 
Un proceso de ejecución (bien pensado) debe 
procurar no sólo la tutela efectiva del derecho del 
acreedor, sino también (justamente porque no es una 
sanción) que aquél le ocasione menor perjuicio 
posible al deudor – ejecutado. En tal línea, un proceso 
de ejecución no sólo debe procurar ser efectivo, sino 
además, eficiente, en el sentido de que para lograr la 
meta (la efectiva satisfacción del interés del acreedor), 
se debe extraer el mayor provecho posible de los 
medios empleados3. 
En ese sentido, planteamos el rasgo de “eficiencia del proceso de 
ejecución” en los términos que la ejecución, en primer lugar, debe ser 
eficiente para lograr satisfacer al ejecutante y, en segundo lugar, debe ser 
suficiente para ser lo menos gravosa al ejecutado. Esta correspondencia 
entre eficiencia y suficiencia es vital para que el proceso de ejecución 
cumpla su rol constitucional de generar la satisfacción del ejecutante sin 
menoscabo del derecho de defensa del ejecutado. 
Históricamente y en relación a la naturaleza ejecutiva del proceso de 
ejecución debemos anotar que en España existió una polémica durante la 
vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en adelante LEC de 
                                            
3
 ARIANO DEHO, Eugenia. «En la búsqueda de la eficiencia de la tutela ejecutiva: 
La acumulación (y coordinación) de ejecuciones». En Efectividad y ejecución de las 
resoluciones judiciales – Ponencias del Cuarto Seminario Internacional de Derecho 
Procesal: Proceso y Constitución. Lima: Palestra Editores, 2014, p. 565 
58 
CAPÍTULO III 
1881) acerca de la naturaleza del “juicio ejecutivo”. La LEC de 1881 contenía 
un sistema dual de ejecución, distinguiendo la ejecución según los títulos 
judiciales (sentencias) y extrajudiciales (documentos notariales y otros); de 
tal forma, esta distinción, permitió discutir si el “juicio ejecutivo” (proceso de 
ejecución sustentado en títulos extrajudiciales) era uno de naturaleza 
ejecutiva ó de cognición (sumaria) a raíz de la posibilidad de oposición a la 
ejecución del ejecutado. En efecto, la oposición a la ejecución del título 
judicial no suspendía la ejecución; mientras que la oposición a la ejecución sí 
suspendía la ejecución en casos de los títulos extrajudiciales, es decir, el 
incidente de oposición posibilitó al ejecutado exponer razones y pruebas 
para oponerse a la ejecución de títulos extrajudiciales, lo que generó una 
actividad procesal entre las partes y la obligación del juez de resolver este 
incidente con la decisión de llevar adelante o no la ejecución, según el 
resultado de su pronunciamiento.  
Este debate encendió la polémica acerca de la naturaleza ejecutiva o 
de cognición del “juicio ejecutivo”. 
Pues bien, acerca de esta polémica, como advierte Juan Montero 
Aroca4, la oposición a la ejecución es un incidente declarativo sumario 
insertado al proceso de ejecución y por tanto, el “juicio ejecutivo” (hoy 
proceso de ejecución) no tiene naturaleza de proceso ordinario de cognición; 
ya que, señala el autor, su carácter sumario (breve) implica que la defensa, 
que se ejerce durante el incidente de contradicción, no sea plena y, por 
ende, la decisión judicial sobre aquél no tiene la calidad de cosa juzgada y, 
por ende, es susceptible, en el caso español, de ser materia de un juicio 
ordinario posterior. 
A pesar que en doctrina se presenta de forma clara los alcances y 
fines del proceso de ejecución, nuestra legislación procesal actual no 
contiene una regulación general acerca de la naturaleza, alcances, medios 
                                            
4
 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I. Cit., pp. 
57-78. 
59 
CAPÍTULO III 
ejecutivos y fines que permita a los operadores jurídicos contar con 
elementos suficientes que posibiliten una tutela ejecutiva acorde con sus 
fines.  
2. Título Ejecutivo como sustento de ejecución 
El título ejecutivo constituye la fuente de legitimidad de la actividad 
jurisdiccional ejecutiva; de tal forma, quien en el título ejecutivo tenga un 
derecho incorporado a su favor (ejecutante - demandante) podrá exigir a los 
órganos jurisdiccionales contra aquel deudor (ejecutado - demandado), la 
actividad jurisdiccional correspondiente. Cabe recordar que la legitimidad 
para obrar es la cualidad o condición habilitante para actuar en el proceso. 
En ese sentido, el profesor Giovanni Priori Posada propone lo siguiente: 
La legitimidad para obrar es entonces la posición 
habilitante para ser parte en el proceso; en ese 
sentido, se habla de legitimidad para obrar activa para 
referirse a la posición habilitante que se le exige al 
demandante para poder plantear determinada 
pretensión; y se habla de legitimidad para obrar pasiva 
para referirse a la posición habilitante que se le exige 
al demandado para que la pretensión planteada en el 
proceso pueda plantearse válidamente contra él5. 
Nuestro Código Procesal Civil de 1993 (en adelante el C.P.C.) regula 
diversos tipos de títulos ejecutivos distinguiéndolos, según su origen, en 
judiciales y extrajudiciales. El artículo 688 del C.P.C. dice lo siguiente: 
Artículo 688.- Títulos Ejecutivos 
Sólo se puede promover ejecución en virtud de títulos 
ejecutivos de naturaleza judicial y extrajudicial según 
sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: 
1. Las resoluciones judiciales firmes; 
2. Los laudos arbitrales firmes; 
                                            
5
 PRIORI POSADA, Giovanni. «Legitimidad para Obrar». En Código Civil 
Comentado. Tomo I. Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2003, p. 68 
60 
CAPÍTULO III 
3. Las Actas de Conciliación de acuerdo de ley; 
4. Los Títulos Valores que confieran la acción 
cambiaria, debidamente protestados o con la 
constancia de la formalidad sustitutoria del 
protesto respectiva; o, en su caso, con 
prescindencia de dicho protesto o constancia, 
conforme a lo previsto en la ley de la materia; 
5. La constancia de inscripción y titularidad expedida 
por la Institución de Compensación y Liquidación 
de Valores, en el caso de valores representados 
por anotación en cuenta, por los derechos que den 
lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme 
a lo previsto en la ley de la materia; 
6. La prueba anticipada que contiene un documento 
privado reconocido; 
7. La copia certificada de la Prueba anticipada que 
contiene una absolución de posiciones, expresa o 
ficta; 
8. El documento privado que contenga transacción 
extrajudicial; 
9. El documento impago de renta por arrendamiento, 
siempre que se acredite instrumentalmente la 
relación contractual; 
10. El testimonio de escritura pública; 
11. Otros títulos a los que la ley les da merito 
ejecutivo. 
En ese sentido, la presentación del título ejecutivo es un requisito sine 
qua non a fin de lograr la actividad jurisdiccional ejecutiva; siendo relevante 
que el derecho incorporado al título ejecutivo contenga una obligación cierta, 
expresa y exigible; de tal forma, que los alcances de la ejecución fluyan 
directamente del propio título ejecutivo, tal como indica que el artículo 689 
del C.P.C.; que dice lo siguiente: 
 
61 
CAPÍTULO III 
Artículo 689.- Requisitos comunes 
Procede la ejecución cuando la obligación contenida 
en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la 
obligación es de dar suma de dinero, debe ser, 
además, liquida o liquidable mediante operación 
aritmética. 
Dado que la actividad jurisdiccional ejecutiva se encuentra supeditada 
a la presentación del título ejecutivo, la legitimidad para obrar está 
constituida por los alcances del propio título ejecutivo. Al efecto, el artículo 
690 del C.P.C. dice lo siguiente: 
Articulo 690.- Legitimación y derecho de tercero 
Están legitimados para promover ejecución quien en 
el titulo ejecutivo tiene reconocido un derecho en su 
favor; contra aquél que en el mismo tiene la calidad de 
obligado y, en su caso el constituyente de la garantía 
del bien afectado, en calidad de litis consorte 
necesario. 
Cuando la ejecución pueda afectar derecho e tercero, 
se debe notificar a éste con el mandato de ejecución. 
La intervención del tercero se sujetara a lo dispuesto 
en el Artículo 101. Si se desconociera el domicilio del 
tercero se procederá conforme a lo prescrito el 
artículo 435. 
A modo de reforzar estas ideas acerca del título ejecutivo, 
provenientes de la doctrina y la ley, podemos afirmar que el título ejecutivo 
está compuesto por los elementos siguientes: 1) Principio de legalidad para 
la existencia del título ejecutivo; 2) la legitimidad para obrar está determinada 
por el derecho y deber incorporado en el titulo ejecutivo; y 3) el título 
ejecutivo incorpora un derecho o una obligación cierta, expresa y exigible; es 
decir, no existe duda sobre la certeza del derecho incorporado al título 
ejecutivo a efectos que el juez de inicio a la ejecución. 
62 
CAPÍTULO III 
Respecto a las características del título ejecutivo antes indicadas se 
puede analizar sus elementos referidos al documento y al derecho en él 
insertado. Sobre este particular, Italo Andolina señala lo siguiente: 
El titulo ejecutivo es un documento en el sentido - 
exactamente - que consiste, por lo mismo, en una 
representación documental del derecho subjetivo, 
cuya realización se pretende en las formas ejecutivas. 
Aquella representación, más en particular, determina 
– en el seno de la ejecución forzada – el parámetro a 
partir del cual se refleja la posición procesal del 
acreedor e incluso la potestad jurisdiccional del 
órgano ejecutivo: de manera que, en efecto, ni el 
acreedor puede pedir ni el órgano de la ejecución dar 
más de lo que se indica en el titulo ejecutivo. 
(…) 
Esta conclusión se alinea muy bien con dos datos 
fundamentales de nuestro sistema de ejecución 
forzada: 
- El primero es que el órgano de ejecución 
asume el titulo ejecutivo no como medio de 
prueba del crédito, sino como presupuesto 
legal de su propia actividad. 
- El segundo es que el titulo ejecutivo subyace a 
la disciplina propia de los actos del proceso 
ejecutivo: no es casual, en efecto, que los 
vicios del juicio ejecutivo (id est: los vicios que 
se refieren a la regularidad formal del 
documento, pero no los que afectan 
directamente al acto jurídico subyacente) 
fundan el remedio común de la oposición a los 
actos ejecutivos, para hacerse valer en las 
formas establecidas por el art. 617 CPC6.  
Sobre este particular, si bien es cierto el titulo ejecutivo contiene un 
derecho material incorporado debe tenerse presente que, para efectos de 
iniciar la actividad jurisdiccional ejecutiva, sólo importa la existencia del 
                                            
6
 ANDOLINA, Italo. Cognición y ejecución forzada en el sistema de la tutela 
jurisdiccional. Lima: Librería Communitas, 2008, pp. 78-79. 
63 
CAPÍTULO III 
documento y sus requisitos de conformación. Es decir, el derecho material 
incorporado al título ejecutivo no es un elemento funcional del título ejecutivo 
y tan cierto es ello que se podrá iniciar ejecución, por ejemplo, si la 
obligación material contenida en el titulo ejecutivo se encuentre cancelada o 
extinguida.  
Al efecto, Juan Montero Aroca señala:  
Precisar que el acto jurídico no es lo esencial para fijar 
el hecho constitutivo del título ejecutivo es muy 
sencillo; tanto como observar que la inexistencia del 
acto jurídico, siempre que exista documento, no 
impide poner en marcha la ejecución, mientras que lo 
mismo no ocurre al revés, es decir, la inexistencia del 
documento siempre comporta la inexistencia del título. 
(…) 
Desde el punto de vista de la ejecución el documento 
no interesa tanto como representación de la 
obligación, sino por sí mismo. La representación 
determina el contenido de lo que el ejecutante puede 
pedir (la petición de la pretensión) y de lo que tribunal 
puede dar, pero el documento importa especialmente 
como supuesto de hecho de la aplicación del derecho 
procesal, es decir, el documento no es un medio de 
prueba de la obligación, sino el presupuesto legal de 
la actividad jurisdiccional. 
(…) 
El titulo ejecutivo no es una categoría. Documentos 
titulo ejecutivo son los que el legislador quiere que 
sean: atendiendo a razones de oportunidad política, el 
legislador atribuye a determinados documentos la 
cualidad de titulo ejecutivo y nada más. Un concepto 
atípico o general carece de utilidad. Se debe hacer 
una enumeración (siempre numerus clausus), pero no 
buscar una noción7.  
                                            
7
 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I. Cit., p. 
90-91. 
64 
CAPÍTULO III 
No obstante ello, en caso de existir oposición a la ejecución sí es 
relevante el derecho incorporado al título ejecutivo ya que, la cancelación o 
extinción del derecho incorporado al título resulta atendible para que le juez 
suspenda la ejecución, de ser el caso.  
3. La oposición a la ejecución y sus efectos suspensivos de 
ejecución  
Desde el punto de vista del proceso de ejecución, la oposición es un 
incidente declarativo sumario que busca oponerse a la ejecución. En primer 
lugar es un incidente porque es una cuestión de segundo plano o distinto al 
principal asunto que es la ejecución pero, indiscutiblemente, la oposición se 
relaciona a ella; y, en segundo lugar, es sumaria porque la cognición que 
realiza el juez es limitada en cuanto alegaciones y medios probatorios, lo 
que implica limitación de razones de defensa y de prueba.  
Al efecto, Juan Montero Aroca señala lo siguiente: 
Si existía oposición del ejecutado, el escrito 
formalizándola no podía concebirse como una 
contestación a la demanda ejecutiva, sino que era una 
demanda incidental, esto es, una demanda con la que 
se daba origen a un incidente declarativo intercalado 
en el proceso de ejecución. Solo así se podría  
explicarse que de ese escrito se diera traslado al 
ejecutado para que respondiera la misma8. 
En este apartado cabe preguntarnos: ¿Acaso la oposición es una 
manifestación del derecho de defensa? La respuesta es afirmativa. Desde 
luego, desde el punto de vista del Estado Constitucional de Derecho, la 
oposición constituye una manifestación del derecho de defensa y, por ende, 
debe incidir con mayor importancia en la tutela ejecutiva a fin de lograr la 
eficiencia o equilibrio entre el derecho de tutela jurisdiccional efectiva del 
ejecutante y el derecho de defensa del ejecutado. En ese sentido, la 
                                            
8
 Ibíd., p. 64. 
65 
CAPÍTULO III 
oposición no sólo constituye un incidente del proceso de ejecución sino que 
debe ser analizada y consideramos reformulada desde la visión del derecho 
constitucional de defensa a fin alcance su plenitud. 
4. Modelos de defensa en la ejecución 
4.1. Modelo Español 
El modelo español es el que recoge nuestra legislación en materia de 
defensa en los procesos de ejecución. En éste, el ejecutado, luego de 
iniciada la ejecución puede formular oposición a la ejecución sobre razones 
procesales o de fondo; siendo que si el titulo es judicial, la oposición no 
suspende la ejecución y, por el contrario, si el titulo ejecutivo es de índole 
extrajudicial, la oposición si suspende la ejecución. 
Las normas procesales pertinentes corresponden a los artículos 556, 
557, 559 y 561 de la LEC 2000 que establecen el régimen siguiente: 
Artículo 556.- Oposición a la ejecución de resoluciones 
procesales o arbitrales o de los acuerdos de mediación 
1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o 
arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el 
ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación del auto en que se despache ejecución, podrá 
oponerse a ella por escrito alegando el pago o 
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o 
acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 
También se podrá oponer la caducidad de la 
acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se 
hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que 
dichos pactos y transacciones consten en documento 
público. 
2. La oposición que se formule en los casos del apartado 
anterior no suspenderá el curso de la ejecución. 
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, 
cuando la ejecución se haya despachado en virtud del 
auto a que se refiere el número 8º del apartado 2 del 
artículo 517, una vez el Secretario judicial haya tenido por 
formulada oposición a la ejecución, en la misma 
resolución ordenará la suspensión de ésta. Esta oposición 
podrá fundarse en cualquiera de las causas previstas en 
66 
CAPÍTULO III 
el artículo siguiente y en las que se expresan a 
continuación: 
1.ª Culpa exclusiva de la víctima. 
2.ª Fuerza mayor extraña a la conducción o al 
funcionamiento del vehículo. 
3.ª Concurrencia de culpas. 
Artículo 557.- Oposición a la ejecución fundada en títulos no 
judiciales ni arbitrales 
1.  Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en 
los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros 
documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el 
número 9.º del apartado 2 del artículo 517, el ejecutado 
sólo podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la forma 
prevista en el artículo anterior, si se funda en alguna de 
las causas siguientes: 
1.ª Pago, que pueda acreditar documentalmente. 
2.ª Compensación de crédito líquido que resulte de 
documento que tenga fuerza ejecutiva. 
3.ª Pluspetición o exceso en la computación a metálico de 
las deudas en especie. 
4.ª Prescripción y caducidad. 
5.ª Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que 
conste documentalmente. 
6.ª Transacción, siempre que conste en documento 
público. 
7.ª Que el título contenga cláusulas abusivas. 
 
2. Si se formulare la oposición prevista en el apartado 
anterior, el Secretario judicial mediante diligencia de 
ordenación suspenderá el curso de la ejecución”. 
Artículo 559.- Sustanciación y resolución de la oposición por 
defectos procesales 
1.  El ejecutado podrá también oponerse a la ejecución 
alegando los defectos siguientes: 
1.º Carecer el ejecutado del carácter o representación con 
que se le demanda. 
2.º Falta de capacidad o de representación del ejecutante 
o no acreditar el carácter o representación con que 
demanda. 
3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no 
contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos 
67 
CAPÍTULO III 
de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediación 
no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar 
aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse 
ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520. 
4.º Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no 
protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de 
éste. 
2.  Cuando la oposición del ejecutado se fundare, 
exclusivamente o junto con otros motivos o causas, en 
defectos procesales, el ejecutante podrá formular 
alegaciones sobre éstos, en el plazo de cinco días. Si el 
tribunal entendiere que el defecto es subsanable, 
concederá mediante providencia al ejecutante un plazo de 
diez días para subsanarlo. 
Cuando el defecto o falta no sea subsanable o no se 
subsanare dentro de este plazo, se dictará auto dejando 
sin efecto la ejecución despachada, con imposición de las 
costas al ejecutante. Si el tribunal no apreciase la 
existencia de los defectos procesales a que se limite la 
oposición, dictará auto desestimándola y mandando 
seguir la ejecución adelante, e impondrá al ejecutado las 
costas de la oposición”. 
Artículo 561.- Auto resolutorio de la oposición por motivos de 
fondo 
1. Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución no 
fundada en defectos procesales y, en su caso, celebrada 
la vista, el tribunal adoptará, mediante auto, a los solos 
efectos de la ejecución, alguna de las siguientes 
resoluciones: 
1.ª Declarar procedente que la ejecución siga 
adelante por la cantidad que se hubiese 
despachado, cuando la oposición se desestimare 
totalmente. En caso de que la oposición se 
hubiese fundado en pluspetición y ésta se 
desestimare parcialmente, la ejecución se 
declarará procedente sólo por la cantidad que 
corresponda. 
El auto que desestime totalmente la oposición 
condenará en las costas de ésta al ejecutado, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 394 para 
la condena en costas en primera instancia. 
2.ª Declarar que no procede la ejecución, cuando se 
estimare alguno de los motivos de oposición 
enumerados en los artículos 556 y 557 o se 
68 
CAPÍTULO III 
considerare enteramente fundada la pluspetición 
que se hubiere admitido conforme al artículo 558. 
3.ª Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o 
varias cláusulas, el auto que se dicte determinará 
las consecuencias de tal carácter, decretando bien 
la improcedencia de la ejecución, bien 
despachando la misma sin aplicación de aquéllas 
consideradas abusivas.  Resolución 3.ª del 
número 1 del artículo 561 introducida por el 
apartado tres del artículo 7 de la Ley 1/2013, de 14 
de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de 
deuda y alquiler social («B.O.E.» 15 
mayo).Vigencia: 15 mayo 2013 
2.  Si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará ésta 
sin efecto y se mandará alzar los embargos y las medidas 
de garantía de la afección que se hubieren adoptado, 
reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al 
despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 533 y 534. También se condenará al ejecutante 
a pagar las costas de la oposición. 
3. Contra el auto que resuelva la oposición podrá 
interponerse recurso de apelación, que no suspenderá el 
curso de la ejecución si la resolución recurrida fuera 
desestimatoria de la oposición. 
Cuando la resolución recurrida sea estimatoria de la 
oposición el ejecutante podrá solicitar que se mantengan 
los embargos y medidas de garantía adoptadas y que se 
adopten las que procedan de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 697 de esta Ley, y el tribunal así 
lo acordará, mediante providencia, siempre que el 
ejecutante preste caución suficiente, que se fijará en la 
propia resolución, para asegurar la indemnización que 
pueda corresponder al ejecutado en caso de que la 
estimación de la oposición sea confirmada. 
Asimismo, teniendo en cuenta que en el derecho español, el incidente 
de oposición inserto al proceso de ejecución es uno sumario y no tiene la 
calidad de cosa juzgada, en este ordenamiento jurídico es posible que el 
ejecutado inicie un proceso ordinario de cognición a fin de cuestionar el 
derecho material incorporado al título ejecutivo. Así, el artículo 564 de la LEC 
2000 señala lo siguiente: 
69 
CAPÍTULO III 
Artículo 564.- Defensa jurídica del ejecutado fundada 
en hechos y actos no comprendidos en las causas de 
oposición a la ejecución 
Si, después de precluídas las posibilidades de 
alegación en juicio o con posterioridad a la producción 
de un título ejecutivo extrajudicial, se produjesen 
hechos o actos, distintos de los admitidos por esta Ley 
como causas de oposición a la ejecución, pero 
jurídicamente relevantes respecto de los derechos de 
la parte ejecutante frente al ejecutado o de los 
deberes del ejecutado para con el ejecutante, la 
eficacia jurídica de aquellos hechos o actos podrá 
hacerse valer en el proceso que corresponda. 
En consecuencia, podemos observar que el ordenamiento jurídico 
español posee herramientas endoprocesales y extraprocesales para la 
defensa del ejecutado en relación a la actividad jurisdiccional ejecutiva. Por 
un lado, el ejecutado cuenta con la oposición como mecanismo de defensa a 
la ejecución y, por otro lado, cuenta con la defensa jurídica del ejecutado que 
constituye un nuevo proceso judicial, de cognición, para revertir los efectos 
de la ejecución primigenia basada en un título ejecutivo extrajudicial; siendo 
importante resaltar que el proceso ordinario de cognición posibilita al 
ejecutado a realizar una defensa plena en relación al derecho incorporado al 
título ejecutivo. 
Sobre este proceso ordinario de cognición, Juan Montero Aroca 
señala: 
La posibilidad de acudir al proceso declarativo 
posterior debe entenderse referida a cuestiones de 
fondo, no a los defectos procesales que deben quedar 
resueltos en la misma ejecución9. 
A continuación describiremos las limitaciones de alegaciones y 
probatorias de la oposición a la ejecución en el caso español, con referencia 
                                            
9
 Ibíd., p. 981. 
70 
CAPÍTULO III 
del origen del título ejecutivo, sea judicial o extrajudicial, de tal forma 
obtendremos este esquema de defensa a la ejecución: 
 
Consideramos que estas limitaciones a la oposición en España 
obedecen a razones jurídicas sustentadas en la naturaleza del título 
ejecutivo y al objeto del proceso mismo.  
En ese sentido, Juan Montero Aroca afirma: 
La condición del ejecutado no implica posición 
desigual frente al ejecutante, ni excluye la posibilidad 
de defensa, controversia y debate, pues los principios 
que rigen la actuación de las partes en el proceso 
(dualidad de posiciones, contradicción e igualdad), 
afectan no sólo a la estructura, sino a la esencia 
misma del sistema y deben ser, consecuentemente, 
los mismos en todo tipo de proceso, sea de 
declaración o de ejecución, si bien las concretas 
 Oposición 
por motivos 
procesales 
Oposición por 
motivos de 
fondo 
Medios 
Probatorios 
por motivos 
procesales 
Medios 
probatorios 
por motivos 
de fondo 
Título Judicial Falta de 
legitimación 
 
Falta de 
capacidad 
 
Falta de 
requisitos del 
título ejecutivo  
(nulidad del 
título) 
 
LIMITADO 
 
Pago 
 
Caducidad 
 
Transacción 
LIMITADO 
 
Documento  
LIMITADO 
 
Documento 
(publico) 
Título 
Extrajudicial 
Falta de 
legitimación 
 
Falta de 
capacidad 
 
Falta de 
requisitos del 
título ejecutivo 
(nulidad del 
título) 
 
LIMITADO 
 
Pago 
Compensación 
Pluspetición 
Prescripción o 
Caducidad 
Quita, espera o 
pacto o promesa 
de no pedir 
Transacción 
  
LIMITADO 
 
Documento  
LIMITADO 
 
Documento 
(publico / 
titulo 
ejecutivo) 
71 
CAPÍTULO III 
posibilidades de actuación de aquellas deban 
acomodarse en cada caso a lo que constituya su 
objeto, por lo que en el ámbito que ahora se examina 
han de quedar circunscritas a lo que integra el objeto 
especifico de la ejecución, según el titulo que le sirva 
de sustento. (…) En efecto: 
1) Si se trata de la ejecución de un titulo judicial es 
evidente que no podrá admitirse que en el proceso de 
ejecución se vuelva a debatir sobre lo que quedo 
cubierto por la cosa juzgada en el anterior proceso de 
declaración en que se formo el título, pero ello es algo 
propio de la cosa juzgada material y no consecuencia 
de limitación alguna de los derechos procesales de las 
partes. 
2) Tratándose de cualesquiera títulos ejecutivos la ley 
puede determinar en la oposición a la ejecución se 
limiten las alegaciones del ejecutado, lo que puede 
hacer con base en entender que esa oposición es 
sumaria, pero ello, de la misma manera, no afecta a 
los principios procesales de contradicción o de 
igualdad”10. 
4.2. Modelo Francés 
El modelo de defensa francés es de ejecución pura, es decir, no 
existe oposición a la ejecución como un incidente de la ejecución misma. Por 
el contrario, la oposición como mecanismo de defensa, se ejerce a través de 
un proceso ordinario cognitivo paralelo sin limitación de defensa.  
Al efecto, la profesora Eugenia Ariano Deho señala lo siguiente: 
Base de los procesos de ejecución modernos de 
derivación francesa (…) para dar paso a un proceso 
de ejecución pura, en donde la oposición (hoy mal 
llamada contradicción, no entendemos la razón) no 
formara ya parte de la estructura del proceso de 
ejecución, sino que constituyera un proceso de 
cognición paralelo al de ejecución en donde, sin 
limitación alguna de lo que puede ser su objeto y, 
                                            
10
 Ibíd., p. 307. 
72 
CAPÍTULO III 
obviamente, sin limitación de medios probatorios, se 
pudiera discutir la legitimidad del derecho a proceder 
a la ejecución forzada11. 
Asimismo, Enrico Tullio Liebman señala lo siguiente: 
Para los efectos de la ejecución, la eficacia formal del 
título es plena y sin restricciones. La cuestión sobre la 
existencia del crédito surge solamente si el deudor 
formula oposición, que es una verdadera acción del 
deudor destinada a quitar al título su eficacia 
ejecutoria, bien por inexistencia del crédito, bien por 
vicios formales del mismo título. Si la oposición se 
propone, la cuestión es examinada a fondo en un 
proceso de cognición ordinaria y decidida 
definitivamente con una sentencia que adquiere la 
normal autoridad de cosa juzgada12. 
Este mismo autor señala que, históricamente, la ejecución no es 
jurisdiccional sino se encuentra a cargo del poder ejecutivo a cargo de un 
funcionario público (“el sargento del rey”).  
4.3. Modelo Colombiano 
El modelo de defensa colombiano es de defensa plena, es decir, se 
dota al ejecutado la posibilidad de defenderse alegando causas y medios 
probatorios de forma amplia. En ese sentido, la reposición y las excepciones 
son los recursos para oponerse a la ejecución; siendo que la actividad 
ejecutiva, se  hace efectiva, al resolverse definitivamente el incidente de 
oposición a la ejecución. Al efecto, los artículos pertinentes del Código 
General del Proceso (Ley Nro. 1564 del 2012) señala lo siguiente:  
Artículo 561.- Titulo Ejecutivo 
Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones 
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que 
                                            
11
 ARIANO DEHO, Eugenia. «¿Proceso o Procesos de Ejecución?». Cit., pp. 331. 
12
 LIEBMAN, Enrico Tullio. «Sobre el juicio ejecutivo». En Estudios en Honor de 
Hugo Alsina. Buenos Aires: Ediar Editores, 1945, p. 395. 
73 
CAPÍTULO III 
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena 
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de 
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, 
o de otra providencia judicial, o de las providencias que en 
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen 
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás 
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el 
curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la 
que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. 
Artículo 430.- Mandamiento Ejecutivo 
Presentada la demanda acompañada de documento que 
preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento 
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la 
forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel 
considere legal. 
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán 
discutirse mediante recurso de reposición contra el 
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia 
sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por 
medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos 
formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o 
declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene 
seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. 
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez 
revoque el mandamiento de pago por ausencia de los 
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá 
presentar demanda ante el juez para que se adelante 
proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que 
haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la 
demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por 
estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso 
ejecutivo. 
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda 
podrá formularse en proceso separado. 
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el 
nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la 
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el 
proceso ejecutivo. 
74 
CAPÍTULO III 
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y 
tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del 
demandante, si a ello hubiere lugar. 
Artículo 442.- Excepciones 
La formulación de excepciones se someterá a las siguientes 
reglas: 
1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del 
mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer 
excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que 
se funden las excepciones propuestas y acompañar las 
pruebas relacionadas con ellas. 
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en 
una providencia, conciliación o transacción aprobada por 
quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las 
excepciones de pago, compensación, confusión, novación, 
remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen 
en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de 
nulidad por indebida representación o falta de notificación o 
emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. 
3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren 
excepciones previas deberán alegarse mediante reposición 
contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no 
implique terminación del proceso el juez adoptará las 
medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere 
el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días 
para subsanar los defectos o presentar los documentos 
omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, 
imponiendo condena en costas y perjuicios. 
Artículo 443.- Tramite de las Excepciones 
El trámite de excepciones se sujetará a las siguientes reglas: 
1. De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado 
se correrá traslado al ejecutante por diez (10) días, mediante 
auto, para que se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las 
pruebas que pretende hacer valer. 
2. Surtido el traslado de las excepciones el juez citará a la 
audiencia prevista en el artículo 392, cuando se trate de 
procesos ejecutivos de mínima cuantía, o para audiencia 
inicial y, de ser necesario, para la de instrucción y 
75 
CAPÍTULO III 
juzgamiento, como lo disponen los artículos 372 y 373, 
cuando se trate de procesos ejecutivos de menor y mayor 
cuantía. 
Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y 
conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a 
petición de parte, decretará las pruebas en el auto que fija 
fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto 
de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el 
artículo 373. En este evento, en esa única audiencia se 
proferirá la sentencia, de conformidad con las reglas previstas 
en el numeral 5 del referido artículo 373. 
3. La sentencia de excepciones totalmente favorable al 
demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el 
desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al 
ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya 
sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. 
4. Si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, 
en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en la 
forma que corresponda. 
5. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a 
cosa juzgada, excepto en el caso del numeral 3 del 
artículo 304. 
6. Si prospera la excepción de beneficio de inventario, la 
sentencia limitará la responsabilidad del ejecutado al valor de 
los bienes que le hubieren sido adjudicados en el proceso de 
sucesión. 
Artículo 448.- Señalamiento de fecha para remate 
Ejecutoriada la providencia que ordene seguir adelante la 
ejecución, el ejecutante podrá pedir que se señale fecha para 
el remate de los bienes que lo permitan, siempre que se 
hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no 
esté en firme la liquidación del crédito. En firme esta, 
cualquiera de las partes podrá pedir el remate de dichos 
bienes. 
Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre 
levantamiento de embargos o secuestros, o recursos contra 
autos que hayan decidido sobre desembargos o declarado 
que un bien es inembargable o decretado la reducción del 
embargo, no se fijará fecha para el remate de los bienes 
76 
CAPÍTULO III 
comprendidos en ellos, sino una vez sean resueltos. 
Tampoco se señalará dicha fecha si no se hubiere citado a 
los terceros acreedores hipotecarios o prendarios*. 
En el auto que ordene el remate el juez realizará el control de 
legalidad para sanear las irregularidades que puedan 
acarrear nulidad. En el mismo auto fijará la base de la 
licitación, que será el setenta por ciento (70%) del avalúo de 
los bienes. 
Si quedare desierta la licitación se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 457. 
Ejecutoriada la providencia que señale fecha para el remate, 
no procederán recusaciones al juez o al secretario; este 
devolverá el escrito sin necesidad de auto que lo ordene. 
4.4. Modelo Brasileño  
El modelo de defensa brasileño es uno particular dado que si bien 
existe defensa plena como oposición a la ejecución, este medio de defensa, 
para títulos extrajudiciales, se realiza a través de la institución procesal 
denominada “embargo” donde las causas de contradicción son acciones y/o 
demandas vinculadas a la ejecución. Por tanto, existirían tantas demandas 
incidentales como causas de oposición el ejecutado pretenda hacer valer 
contra el ejecutante a efectos de oponerse a la ejecución; lo que corrobora 
que el mecanismo de oposición es amplio. 
Sobre este particular sistema brasileño, Renzo Cavani afirma lo 
siguiente: 
Dos puntos interesan aquí: (i) la amplitud de la 
defensa del ejecutado (ahora embargante o 
demandante de los embargos) y (ii) cómo los 
embargos pueden suspender la ejecución. 
Sobre el punto (i), el art. 745 es bastante claro, ya que 
determina que el ejecutado puede alegar: I.- nulidad 
de la ejecución, por no ser ejecutivo el titulo 
presentado; II.- embargo ejecutivo (penhora) 
incorrecto o tasación (avaliacao) errónea; III.- exceso 
de ejecución o acumulación indebida de ejecuciones; 
IV.- retención por mejoras necesarias o útiles, en los 
77 
CAPÍTULO III 
casos de titulo para entrega de cosa cierta; V.- 
cualquier materia que le licito deducir como defensa 
en el proceso de conocimiento. 
Respecto del punto (ii), se verifican cuatro condiciones 
que deben concurrir para que los embargos puedan 
suspender la ejecución: (a) que el embargante lo pida; 
(b) que los fundamentos alegados tengan apariencia 
de fundabilidad; (c) que exista un peligro de manifiesto 
daño grave, difícil o incierta reparación por causa de 
la continuación de la ejecución; y (d) que se ofrezca 
garantía o deposito o que la penhora (para ese 
momento ya efectivizada) abarque bienes suficientes 
para satisfacer la deuda ejecutada13. 
 
Salvo el caso español que permite un plenario posterior, se observa 
la plenitud de defensa del ejecutado en los procesos de ejecución ya sea 
dentro o fuera del proceso. Así tenemos que el ejecutado podrá ejercer su 
defensa contra la ejecución fuera del proceso de ejecución (modelo francés) 
o dentro del mismo (modelo colombiano o brasileño); lo que nos permite 
ampliar nuestra tesis en el sentido que el sistema pleno de defensa del 
ejecutado no es ajeno a la realidad de los modelos antes indicados. 
5. La oposición a la ejecución y su distinción con los procesos de 
cognición especiales: Sumarios y plenarios rápidos  
Si bien es cierto la oposición es un incidente declarativo sumario 
insertado en el proceso de ejecución, ello no significa que el proceso de 
ejecución sea un proceso de cognición sumaria; puesto que el proceso de 
cognición y ejecución tienen finalidades distintas. Así, tenemos que el 
proceso de cognición sumario tiene como presupuesto la incertidumbre 
respecto de un derecho, es decir, la existencia de una controversia donde el 
juez tiene un conocimiento parcial de ella; mientras que la oposición no 
                                            
13
 CAVANI, Renzo. «Incoherencias del proceso de ejecución peruano: Causales de 
contradicción y suspensión de la ejecución. Análisis desde el derecho fundamental a la 
tutela efectiva, adecuada  y tempestiva ». En Proceso y Constitución. Efectividad y 
ejecución de las resoluciones judiciales. Lima: Palestra Editores, 2014, p. 593. 
78 
CAPÍTULO III 
constituye un proceso judicial autónomo sino un incidente del proceso de 
ejecución, cuyo presupuesto es la existencia de un derecho reconocido y 
exigible en el titulo ejecutivo. Además, si bien es cierto en la oposición a la 
ejecución es un incidente donde el juez realiza una actividad cognitiva breve 
o sumaria a razón de la limitación de las alegaciones de las partes y los 
medios probatorios de ellas que impone la ley, no debe llevar a confusión 
este incidente breve dentro del proceso de ejecución con los procesos 
sumarios de índole cognitiva.  
Para mayor abundamiento, Juan Montero Aroca precisa la distinción 
de procesos de ejecución y procesos sumarios de la forma siguiente: 
 De entrada conviene advertir que no existen ni 
pueden existir procesos de ejecución sumarios pues 
sumariedad y ejecución son términos incompatibles: 
1) La sumariedad supone limitación y ésta se refiere a 
las alegaciones de las partes, al objeto de la prueba y 
a la cognición judicial, lo que lleva a que en el proceso 
sumario no se plantee con plenitud el conflicto 
existente entre las partes, sino sólo un aspecto 
concreto del mismo; es esas circunstancias es lógico 
que pueda existir un proceso plenario posterior en el 
que pueda plantearse la totalidad del litigio y en el que 
no podrá excepcionarse cosa juzgada”. 
2) La ejecución implica por su propia esencia, que lo que 
se está pidiendo al órgano jurisdiccional con la 
pretensión ejecutiva es una conducta física productora 
de un cambio real en el mundo exterior, con el fin de 
acomodarlo a lo establecido en el titulo que sirve de 
fundamento a la pretensión de la parte y a la 
actuación jurisdiccional. En el proceso de ejecución no 
se declara el derecho, no se dice, sino que se actúa lo 
ya dicho en la sentencia o lo que no precisa de 
declaración porque la ley concede a un documento 
fuerza ejecutiva”14. 
                                            
14
 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de Proceso de Ejecución Civil. Tomo I. Cit., p. 
68. 
79 
CAPÍTULO III 
En ese sentido, Juan Montero Aroca advierte que la sumariedad del 
proceso tiene una función cognitiva limitada y, por ende, limitación probatoria 
que no es susceptible de alcanzar la calidad de cosa juzgada; es decir, al ser 
limitada las alegaciones y la actividad probatoria de las partes, el juez realiza 
una cognición limitada para decidir el litigio; lo que es susceptible de una 
revisión en un plenario posterior. Por tanto, podemos concluir que el proceso 
sumario es un proceso especial del proceso ordinario de cognición con 
limitación de defensa y, por ende, el fallo judicial o goza de la calidad de 
cosa juzgada.  
De otro lado, los plenarios rápidos, al igual que los procesos 
sumarios, configuran un proceso especial del proceso ordinario de cognición, 
sin embargo, estos sí contienen las garantías de un debido proceso y, por 
ende, el fallo judicial que de ellos emana sí tiene la calidad de cosa juzgada. 
En efecto, los plenarios rápidos constituyen propiamente procesos de 
cognición con reducción de plazos o etapas procesales e, incluyen, plena 
alegaciones y pruebas de las partes.  
Sobre estas formas de procesos judiciales (procesos sumarios y 
plenarios rápidos), Víctor Fairén Guillen señala lo siguiente: 
 Los procedimientos rápidos se diferencian del 
ordinario simplemente por su forma; en tanto que los 
sumarios, lo son por el contenido. La base de la 
confusión estaba en que las formas de unos y otros 
pasaron en muchas ocasiones a ser las mismas, pero 
profundizando algo más sobre este punto emerge 
clara diferencia: la forma específica – acelerada por lo 
regular – de los sumarios, depende de que se trate de 
un camino especifico para obtener una finalidad 
específica, a fin de alcanzar la cual es precisa la 
citada forma especial; pero en los procedimientos 
rápidos – plenarios -, su forma específica – también 
acelerada – se justifica sin necesidad de que tengan 
una finalidad diversa de la que se quisiere obtener por 
medio del procedimiento declarativo ordinario. 
Los medios de una simple aceleración formal 
del procedimiento, por su origen, estructura y fines, 
son tan diferentes de los aplicados para obtener un 
80 
CAPÍTULO III 
proceso sumario (restringiendo su contenido material 
a través de una limitación de los derechos de las 
pares con respecto a los medios de defensa), que al 
colocar a unos y a otros unidos como iguales enfrente 
del proceso declarativo ordinario, es científicamente 
imposible. Las pautas de sumariedad – evitaremos de 
aquí en adelante en lo posible esta equivoca palabra 
en cuanto hagamos referencia a los procedimientos 
plenarios rápidos – son perfectamente diversas en 
ambos grupos de tipos; no se trata de dos grupos 
yuxtapuestos bajo la denominación común de “juicios 
sumarios”; pues esta “sumariedad”, en los plenarios 
rápidos es simplemente de carácter formal, en tanto 
que en los sumarios propiamente dichos, tiene 
carácter material. De otra parte, por su finalidad, como 
hemos dicho, los procesos sumarios corresponden a 
una parte Especifica de nuestra disciplina, en tanto 
que a los procedimientos plenarios rápidos no se les 
puede separar lógicamente del declarativo ordinario; 
ya que la aceleración del proceso es un principio que 
a todos ellos alcanza15. 
6. Limitación probatoria en la oposición como evidencia de 
ausencia de defensa y sus efectos suspensivos sobre la 
ejecución  
Nuestro ordenamiento jurídico procesal, en materia de ejecución civil 
y siguiendo la tendencia española, regula el proceso de ejecución con la 
posibilidad que el ejecutado ejerza su defensa en el mismo proceso de 
ejecución; al efecto, la ley procesal denomina esta defensa como 
“contradicción” y ella está regulada con limitaciones de alegaciones o 
razones y, también, con limitaciones de los medios probatorios posibles de 
ofrecer a cargo del ejecutado. En ese sentido el artículo 690-D del Código 
Procesal Civil señala: 
Artículo 690-D.- Contradicción 
                                            
15
 FAIREN GUILLEN, Víctor. El juicio ordinario y los plenarios rápido. Barcelona: 
Bosch, 1953, pp. 55-56. 
81 
CAPÍTULO III 
Dentro de cinco días de notificado el mandato de 
ejecutivo, el ejecutado puede contradecir la ejecución 
y proponer excepciones procesales o defensas 
previas.  
En el mismo escrito se presentarán los medios 
probatorios pertinentes; de lo contrario, el pedido será 
declarado inadmisible. Sólo son admisibles la 
declaración de parte, los documentos y la pericia.  
La contradicción sólo podrá fundarse según la 
Naturaleza del título en:  
1.  Inexigibilidad o iliquidez de la obligación 
contenida en el título; 
2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando 
siendo éste un título valor emitido en forma 
incompleta, hubiere sido completado en forma 
contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en 
este caso observarse la ley de la materia;  
3. La extinción de la obligación exigida;  
Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de 
naturaleza judicial, sólo podrá formularse 
contradicción, dentro del tercer día, si se alega el 
cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la 
obligación, que se acredite con prueba instrumental. 
La contradicción que se sustente en otras causales 
será rechazada liminarmente por el Juez, siendo esta 
decisión apelable sin efecto suspensivo. 
Sobre esta limitación de defensa encontramos dos aspectos de gran 
importancia.  
En primer lugar, el artículo 690-D contiene una técnica legislativa 
deficiente a razón que la noción de contradicción, en doctrina, hace 
referencia al concepto amplio de defensa y se entiende como un principio del 
proceso: el principio de contradicción. Tan cierto es ello que el ordenamiento 
procesal español denomina al incidente de defensa a cargo del ejecutado al 
interior del proceso de ejecución no como “contradicción” sino como 
82 
CAPÍTULO III 
“oposición”. En segundo lugar, se aprecia o evidencia que el diseño o 
modelo de la oposición incorporada al proceso de ejecución peruano no 
constituye un mecanismo procesal idóneo para la realización del derecho de 
defensa del ejecutado en el proceso de ejecución.  
Ahora bien y en vista de la problemática formulada, cabe 
preguntarnos ¿Desde el punto de vista constitucional son válidas las 
limitaciones de alegación y de prueba previstas en el art. 690-D del Código 
Procesal Civil? ¿Está constitucionalmente justificada la limitación indicada 
tratándose de título de naturaleza judicial? ¿Lo está también tratándose de 
títulos extrajudiciales? ¿En ambos casos se viola o no el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva y el derecho de defensa del ejecutado? ¿Se violaría el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante si es que la 
oposición del ejecutado fuera plena, esto es sin limitaciones de alegación y 
de prueba? ¿Existen medidas alternativas a la limitación del derecho de 
defensa del ejecutado para resguardar adecuadamente el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del ejecutante? Estas interrogantes serán atendidas en 
el capitulo siguiente de este trabajo. 
De otro lado, se observa nuestra legislación procesal no sanciona con 
la suspensión de la ejecución la oposición del ejecutado. Esto tiene razón ya 
que el incidente de oposición es uno de actuación inmediata, lo que resulta 
evidente teniendo en cuenta las causales taxativas de oposición y los 
medios probatorios limitados que le son propios.  
Asimismo y a diferencia del caso español, en caso de apelación del 
auto que resuelve la oposición, esta apelación sí suspende la ejecución, sin 
distinguir el origen judicial o extrajudicial que dio merito al proceso de 
ejecución. Veamos la norma procesal: 
Articulo 691.- Auto y apelación  
El plazo para interponer apelación contra el auto, que 
resuelve la contradicción es de tres días contados, 
desde el día siguiente a su notificación. El auto que 
83 
CAPÍTULO III 
resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso 
único de ejecución es apelable con efecto suspensivo. 
En todos los casos que en este Titulo se conceda 
apelación con efecto suspensivo, es de aplicación el 
trámite previsto en el Artículo 376. Si la apelación es 
concedida sin efecto suspensivo, tendrá la calidad de 
diferida, siendo de aplicación el articulo 369 en lo 
referente a su trámite. 
Se observa que la suspensión de la actividad ejecutiva no tiene 
relación directa con cuestionamientos del título ejecutivo ya sea por razones 
de origen del título ejecutivo (judicial o extrajudicial) o por razones de fondo 
(referidas a la obligación que contiene) sino que las causas de suspensión 
obedecen a decisiones políticas del legislador; es decir, solo procede la 
suspensión, independientemente de la razón de la oposición, en los casos 
se apele el auto que la resuelva.  
Esto evidencia un despropósito de los fines del proceso de ejecución 
y de su uso (referido a la consecuencia de la suspensión de la ejecución) 
como razón de ser de la oposición. Por tanto, para el caso peruano tenemos 
la oposición a la ejecución con la descripción siguiente: 
 
 
 Motivos de Contradicción  Medios probatorios 
Título Judicial Pago 
 
Extinción de la Obligación 
 
LIMITADO 
 
Prueba instrumental 
Título 
Extrajudicial 
 
 
Inexigibilidad o iliquidez de la 
obligación  
 
Nulidad formal o falsedad del 
titulo 
 
Extinción de la Obligación 
 
 LIMITADO 
 
Declaración de Parte 
 
 
Documento 
 
 
Pericia 
  
CAPÍTULO IV 
EL PLENARIO PROBATORIO EN LA TUTELA EJECUTIVA. EN 
LA BÚSQUEDA DE LA PONDERACIÓN DEL DERECHO A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL EJECUTANTE Y 
DEL DERECHO DE DEFENSA DEL EJECUTADO 
 
1. La limitación de defensa en los procesos de ejecución 
A la luz de la Constitución no resulta amparable que, de forma 
indistinta respecto del origen del título ejecutivo, se limite las razones de 
alegar y, además, los medios probatorios que sustentan las alegaciones del 
ejecutado, cuando pretende oponerse a la ejecución contra él iniciada; sin 
que opere razones referidas al origen del título ejecutivo ni considerar, por 
principio de necesidad, medidas adecuadas o menos gravosas que permitan 
la obtención de la finalidad del proceso de ejecución.  
Debe apreciarse, para dicho análisis de justificación del derecho de 
defensa del ejecutado, que el derecho de defensa es uno de carácter 
fundamental, constitucional e, incluso, de índole supranacional; por lo que 
sus limitaciones, en el caso del ejecutado, deben fundarse en razones 
jurídicas y ponderadas con otros principios constitucionales, a fin de ser 
razones legítimas en el ordenamiento jurídico peruano. En ese sentido, 
consideramos que el conflicto existente entre el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del ejecutante (tutela ejecutiva) y ejecutado (derecho 
de defensa) sí es susceptible de ponderación a través de los criterios de 
idoneidad, necesidad y ponderación propiamente dicho, como exponemos a 
continuación. 
85 
CAPÍTULO IV 
1.1. La injustificada limitación de defensa en la ejecución de títulos 
ejecutivos judiciales 
La ejecución de títulos ejecutivos judiciales tiene como correlato y 
origen, en la formación del título ejecutivo, la cosa juzgada material; lo que 
supone el previo debate del derecho incorporado al título ejecutivo en sede 
judicial, a través de las diversas garantías mínimas del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva.  
En ese sentido, es razonable que a través de la oposición no pueda 
replantearse aquello que ya fue objeto de decisión en el proceso en el que 
se formó el título ejecutivo judicial. A ello se opone la cosa juzgada. De la 
misma manera, aquello que se pudo alegar y no se alegó en el proceso 
primigenio, no podrá ser alegado como motivo de oposición por parte del 
ejecutado, pues lo contrario implicaría, también, ir en contra de la cosa 
juzgada. Por tanto, lo razonable y racional es que el ejecutado pueda alegar 
como motivo de oposición a la ejecución solamente hechos que se hayan 
sobrevenido a la formación del título. 
Sin embargo, en nuestro ordenamiento, tratándose de títulos 
ejecutivos judiciales, los motivos de oposición a la ejecución están limitados 
a la alegación del pago o de la extinción de la obligación (hechos extintivos 
sobrevenidos), lo que no resulta razonable, pues no se permite la alegación 
de hechos impeditivos o modificativos sobrevenidos. 
Además, no se permite la alegación de hechos atinentes al título 
mismo (nulidad formal o falsedad del título), lo que tampoco es razonable. 
Por otro lado, además de la limitación de lo alegable como motivo de 
oposición, existe una fuerte limitación de los medios de prueba, que están 
circunscritos a la “prueba instrumental” (esto es, documentos), excluyendo, 
como consecuencia, que incluso respecto de los hechos extintivos se 
puedan aportar otros medios de prueba. 
86 
CAPÍTULO IV 
Todo este régimen resulta injustificado desde el punto de vista 
constitucional, por lo que postulamos que los motivos de oposición 
comprenda la alegación de todos aquellos hechos (impeditivos, modificativos 
y extintivos) sobrevenidos a la formación de la cosa juzgada y que el debate 
probatorio sea ilimitado. 
A fin de impedir que la oposición de la ejecución sea utilizada por el 
ejecutado como medio dilatorio, la medida alternativa es que la promoción 
de la oposición no suspenda automáticamente la ejecución.  Así, si por 
ejemplo, si el ejecutado dedujera razones y medios probatorios similares o 
iguales aquellos deducidos en el proceso judicial primigenio que dio origen a 
la formación de titulo ejecutivo, ello no afectaría la ejecución ya que, la 
oposición no debería suspender el curso de la ejecución. Por tanto, de 
realizarse una oposición plena del ejecutado, el rol del juez como tomador de 
decisiones será la de desestimar las razones y medios probatorios que 
fueron atendidos en el proceso judicial primigenio en virtud de la cosa 
juzgada material que le es propia a ese propósito, sin que ello provoque 
perjuicio alguno al ejecutante.  
Tan razonable resulta la no suspensión de la ejecución en el caso 
peruano que similar regulación existe en el propio ordenamiento español 
que, de forma similar, no suspende la ejecución en caso de oposición a la 
ejecución sustentada en titulo judicial. La diferencia notable es que la 
defensa del ejecutado es limitada para el caso español; lo que, a nuestro 
criterio, vulnera el principio de contradicción en sentido de derecho de 
defensa en igualdad de oportunidades o condiciones o de “defenderse 
probando”. 
En ese sentido, la limitación de defensa no resulta idónea para 
conseguir los fines de la ejecución (la satisfacción del derecho del 
ejecutante) ya que, en virtud del principio de necesidad, el mismo fin se 
obtiene con la no suspensión de la ejecución en caso de oposición plena del 
ejecutado y con el rol del juez a desestimar las alegaciones ya resueltas por 
la cosa juzgada que dio origen al título ejecutivo judicial. Por tanto, la 
87 
CAPÍTULO IV 
limitación de defensa del ejecutado en la oposición constituye una decisión 
del legislador carente de idoneidad y necesidad para contribuir a la tutela 
ejecutiva del ejecutante sin desvirtuar el derecho de defensa del ejecutado. 
Sin embargo, a fin de que el ejecutado no sea sometido a una 
ejecución injusta, debe preverse la posibilidad de que, en atención a los 
motivos de oposición concretamente deducidos así como de los medios de 
prueba aportados, sea posible que el juez de la ejecución disponga su 
suspensión, con la prestación de una garantía, en los términos que diremos 
luego.  
1.2. La injustificada limitación de defensa en la ejecución de títulos 
ejecutivos extrajudiciales 
El artículo 690-D del Código Procesal Civil determina esta limitación, 
por un lado, de alegaciones a las causales de inexigibilidad, nulidad o 
extinción de la obligación y, por otro lado, a los medios probatorios 
consistentes en declaración de parte, documentos y pericias. De tal forma, 
es posible que si la extinción de la obligación no se encuentra acreditada en 
documento sino mediante un testigo o indicios probatorios, no podrán ser 
ofrecidos como medios probatorios, lo que atenta contra el derecho a probar 
del ejecutado. 
En este apartado y para el caso español, Juan Montero Aroca 
advierte que esta limitación de defensa es una decisión política, afirmando lo 
siguiente: 
Como no ha precedido actividad declarativa nada ha 
podido quedar cubierto por la cosa juzgada, de modo 
que el legislador tiene la opción política de ampliar o 
reducir las causas de oposición por el fondo. Debe 
quedar claro que no es una cuestión científica si esas 
causas de oposición son más o menos amplias, sino 
que se trata de opciones políticas; se podrá opinar en 
uno u otro sentido, pero siempre debe tenerse claro 
que esas son opiniones políticas (sobre lo que es más 
conveniente para el interés general), que no deben 
88 
CAPÍTULO IV 
enmascararse en pretendidas conclusiones de ciencia 
jurídica. 
La formalización de la oposición en los casos y por las 
causas previstas en dicho artículo suspenderá el 
curso de la ejecución (art. 557.2 LEC)1. 
Si bien es cierto que para la doctrina española esta limitación 
obedece a una opción legislativa, en un Estado Constitucional de Derecho 
tal fundamento político resulta insuficiente ya que vulnera el derecho de 
defensa, el derecho a probar y, por ende, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva del ejecutado. Adviértase que esta limitación puede erradicarse, 
atendiendo al principio de necesidad, si se cuenta con medidas procesales 
idóneas para la vigencia del derecho a la tutela ejecutiva del ejecutante y el 
derecho de defensa del ejecutado; tales como: 
i) la operatividad de los efectos de la suspensión o no de la 
oposición; y  
ii) el ofrecimiento de garantías procesales como contracautela 
(personales y/o reales).  
Consideramos que la oposición a la ejecución debe poder sustentarse 
de forma plena en cuanto alegaciones y medios probatorios, la cual 
suspenderá la ejecución, salvo los casos que el juez valore que las 
alegaciones y los medios probatorios carecen de relevancia para suspender 
la ejecución o, en los casos que el ejecutante preste garantías procesales 
adecuadas para la continuación de la ejecución, como la contracautela de 
índole personal o real. 
No obstante lo expuesto, esta limitación injustificada de las 
alegaciones y medios probatorios del ejecutado que establece el artículo 
690-D del Código Procesal Civil para los títulos ejecutivos judiciales y 
extrajudiciales no guarda relación lógica ni jurídica con los fines de la tutela 
                                            
1
 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I. Cit., p. 
873. 
89 
CAPÍTULO IV 
ejecutiva cuando el legislador peruano propone la suspensión de la 
ejecución en casos de apelación contra el auto que resuelve la oposición 
como infundada. Es decir, a pesar de contar con un titulo ejecutivo judicial (si 
se quiere puntualizar con calidad de cosa juzgada) o extrajudicial 
acompañado de las garantías procesales antes anotadas, de interponerse el 
recurso de apelación contra el auto que ordena llevar adelante la ejecución 
(haya o no oposición), la actividad ejecutiva se suspende lo que evidencia un 
despropósito para el derecho de tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y 
del propio sistema legal de ejecución. Por tanto, se aprecia una regulación 
sistemática deficiente que contradice los fines propios de la ejecución.  
 2. Medidas alternativas a la limitación del derecho de defensa del 
ejecutado para resguardar adecuadamente el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del ejecutante 
Las medidas alternativas adecuadas para evitar las limitaciones 
probatorias al derecho de defensa del ejecutado puede ser dos:  
a) La suspensión de la ejecución como consecuencia de la 
oposición del ejecutado, según el titulo ejecutivo sea judicial o 
extrajudicial; y 
b) el otorgamiento de garantías procesales como la contracautela.  
Analicemos estas dos medidas alternativas:  
- En caso de ejecución sustentada en título ejecutivo judicial, por 
coherencia jurídica, la oposición del ejecutado no debería 
suspender la ejecución. Sin embargo, en función de los 
motivos alegados y de las pruebas aportadas, el ejecutado 
podría pedir la suspensión de la ejecución, prestando de ser el 
caso, garantías por los daños que podría provocar la 
suspensión de ejecución al ejecutante. Con estos ajustes,  
resulta atendible que las razones de alegación y los medios 
probatorios sean plenos. 
90 
CAPÍTULO IV 
 
- En caso de oposición sustentada en título ejecutivo 
extrajudicial, como regla debería determinar la suspensión de 
la ejecución, salvo que el ejecutante pida que se prosiga con la 
ejecución a atención a la inviabilidad de la oposición. En estos 
casos, el ejecutado podría otorgar garantías procesales como 
la contracautela (personal o real) u otra análoga que permita al 
juez mantener la suspensión de la ejecución bajo 
responsabilidad y costo del ejecutado, en caso que la ejecución 
sea, posteriormente, declarada infundada. 
Estas medidas alternativas, para ambos títulos ejecutivos, resultan 
útiles hacer compatibles el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del 
ejecutante y el derecho de defensa del ejecutado. Por un lado, busca que la 
tutela ejecutiva logre la satisfacción plena del ejecutante y, al mismo tiempo, 
se le brinde al ejecutado las garantías mínimas de un debido proceso como 
lo es el ejercicio de su defensa plena. 
Ahora bien, si bien es cierto, no es propósito de este trabajo formular 
un modelo integral del proceso de ejecución adecuado a la Constitución que 
desarrolle una teoría acerca de los diversos aspectos de su funcionalidad 
(objetivo, finalidad, medios ejecutivos u otros), sí consideramos oportuno 
referirnos acerca de los efectos de la suspensión o no que produce la 
oposición a la ejecución que describe nuestra tesis. En esta línea de idea, 
recordemos que, anteriormente, señalamos que el proceso de ejecución 
tiene tres elementos que lo caracterizan: 1) La actividad jurisdiccional 
ejecutiva que tiene como finalidad realizar los cambios de conducta en el 
mundo real para satisfacer el derecho del ejecutante contenido en el titulo 
ejecutivo; 2) el Titulo Ejecutivo; y 3) las garantías procesales de un debido 
proceso de ejecución.  
Actualmente, nuestro Código Procesal Civil no suspende la ejecución 
en caso que el ejecutado formule contradicción (oposición). En ese sentido, 
cabe preguntarnos ¿Si durante la tramitación del incidente de oposición se 
91 
CAPÍTULO IV 
prosigue con la actividad ejecutiva? La respuesta conforme a nuestro actual 
Código Procesal Civil es a favor de la realización ejecutiva. Contribuye a ello 
si se tiene en cuenta, en primer lugar, que la oposición es sólo un incidente 
que resulta ajeno al asunto principal (la ejecución) y, en segundo lugar, la 
existencia de medios ejecutivos que favorecen su continuación.  
Sobre este segundo punto es de señalar que los medios ejecutivos 
que detenta el juez para brindar Tutela Ejecutiva, según nuestra norma 
procesal, son los mismos medios cautelares debido a que nuestro Código 
Procesal Civil carece de un sistema normativo independiente acerca de 
medios ejecutivos que posibiliten la eficacia y suficiencia de la Tutela 
Ejecutiva; por tanto, esta errada técnica legislativa generó que sea común, 
en la práctica judicial, que la fórmula para adecuar el derecho del ejecutante 
a la realidad haga se haga efectiva a través de las medidas cautelares 
asimiladas al proceso de ejecución. En ese sentido, el ejecutante se ve 
obligado a utilizar los diversos medios cautelares para lograr “garantizar” y/o 
“cautelar” la satisfacción de su derecho en sede ejecutiva, luego que sea 
resuelto dicho incidente.  
Por tanto, actualmente, de formularse la oposición del ejecutado y 
debido a la continuación de la ejecución que ella produce, se plantea dos 
situaciones dentro del mismo proceso de ejecución: 1) Actividad ejecutiva 
que se brinda, en el caso peruano actual, a través del otorgamiento de 
medidas cautelares, la cual tiene eficacia y suficiencia luego de la resolución 
del incidente de oposición a partir del art. 728 del C.P.C.; y 2) Incidente 
sumario de oposición que tiene como finalidad que el juez resuelva el pedido 
del ejecutado de no llevar adelante la ejecución. Por tanto, se aprecia una 
actividad ejecutiva desnaturalizada en la medida que, en primer lugar, el juez 
no tiene un esquema legal que le permita contar con medios ejecutivos 
propios, a fin de brindar una Tutela Ejecutiva eficaz; y, en segundo lugar, 
nótese que pese a no existir mandato legal alguno sobre la suspensión de la 
ejecución por oposición del ejecutado, en la practica la suspensión es real ya 
que la actividad ejecutiva despliega sus efectos recién a partir de resuelto de 
92 
CAPÍTULO IV 
forma definitiva el incidente de oposición ya que el artículo 728 del C.P.C. 
indica lo siguiente: 
Articulo 728.- Tasación  
Una vez firme la resolución judicial que ordena llevar 
adelante la ejecución, el juez dispondrá la tasación de 
los bienes a ser rematados. 
(…) 
Nuestra tesis, respecto a los efectos de la suspensión, plantea la 
medida alternativa de la suspensión a la ejecución como una medida 
adecuada para no restringir el derecho de defensa del ejecutado y ponderar 
el derecho del ejecutante. Es decir, dado un proceso de ejecución con reglas 
claras (objetivo, finalidad, medios ejecutivos u otros) que faciliten la eficacia 
y suficiencia de la ejecución, la ejecución debe ser tal desde su inicio. De tal 
forma, en caso de formularse oposición según el titulo ejecutivo que originó 
la Tutela Ejecutiva (titulo judicial o extrajudicial), la posibilidad de suspender 
la ejecución cobre real dimensión de aplicación. Imaginemos un proceso de 
ejecución con medios ejecutivos adecuados como el embargo ejecutivo 
donde el juez desde el inicio tenga la potestad de afectar y rematar el bien, 
sin dilación alguna. El juez continuará la ejecución hasta el remate del bien, 
salvo que la suspenda por ofrecimiento de contracautela del ejecutado que 
garantice esa eficacia hasta la resolución de la controversia. Todo ello, 
resume la importancia de contar con un diseño procesal adecuado a las 
finalidades intrínsecas del proceso de ejecución. 
3. La constitucionalidad del diseño de los procesos judiciales 
El proceso de ejecución peruano, en cuanto a la limitación del 
derecho de defensa del ejecutado, no contiene un diseño acorde a la 
Constitución que optimice el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva del ejecutante y ejecutado. Por tanto, resulta evidente que esta 
deficiencia en el diseño del proceso de ejecución vulnera el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva.  
93 
CAPÍTULO IV 
Al efecto, Giovanni Priori Posada afirma lo siguiente: 
En los casos en los que el diseño del legislador no es 
adecuado para la efectiva protección de un derecho, 
es claro que se vulnera el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, en concreto, precisamente, su 
efectividad. En estos casos es una exigencia que 
proviene de la Constitución el hecho que el juez deba 
adaptar el proceso a las necesidades de la tutela del 
derecho. En este caso, el rol establecido del proceso 
por parte del legislador es necesario sea corregido por 
el juez2. 
Por tanto es necesario contar instrumentos procesales idóneos que 
optimicen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y 
ejecutado a través de un proceso de ejecución con oposición plena y 
medidas alternativas que tengan este propósito. La labor del legislador no 
solo es una labor política como señala Juan Montero Aroca sino que debe 
entenderse como una labor sometida a la Constitución y a los principios 
procesales constitucionales que ella protege como el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 
4. La ejecución con defensa plena 
La optimización de los principios constitucionales a través de una 
regulación procesal adecuada y el respecto a la tutela jurisdiccional efectiva 
de ambas partes debe contar con reglas de probanzas plenas conforme lo 
antes expuesto. De esta forma podemos tener en el proceso de ejecución un 
escenario de oposición siguiente: 
 
 
 
                                            
2
 PRIORI POSADA, Giovanni. «El procedimiento establecido por la ley: la crisis de 
una garantía procesal y su rediseño en el Estado Constitucional». En Proceso y 
Constitución. Las garantías del justo proceso. Lima: Palestra Editores, 2013, p. 591.  
94 
CAPÍTULO IV 
 
Con la propuesta de una plena defensa en los procesos de ejecución, 
no se pretende desconocer la historia medieval española en la formación del 
proceso de ejecución (“juicio ejecutivo”) ni apararnos de los fundamentos 
propios de la tutela ejecutiva referidos a la actividad jurisdiccional ejecutiva, 
la legitimidad que proporciona el titulo ejecutivo y las garantías del debido 
proceso ejecutivo; nuestra intención es dotar al proceso de ejecución del 
contenido constitucional que le corresponde, lo que supone la realización del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del ejecutado, sin 
que se limite con ellos sus garantías procesales. 
En tal línea, las medidas alternativas que proponemos en el proceso 
de ejecución (suspensión o no de la ejecución y otorgamiento de garantías 
procesales del ejecutado) justifican la realización de un plenario probatorio 
en esta sede. 
Este cambio de paradigma en la oposición a la ejecución, de limitado 
a pleno, se vincula directamente con los tiempos actuales donde cobra 
relevancia la “constitucionalización” del proceso y la optimización de los 
derechos constitucionales como nuevo fundamento del Derecho Procesal, lo 
que no viene de gratuito sino que responde a las necesidades diversas de 
tutela jurisdiccional. Como referencia de este progresivo desarrollo del 
 Motivos de 
Oposición  
Medios 
probatorios 
Suspensión de 
ejecución 
Título Judicial Ilimitado 
respecto de 
hechos 
sobrevenidos a 
la formación 
del título 
 
Ilimitado 
 
En principio no. Salvo que 
el ejecutado lo pida y el 
juez así lo decida, por 
existir justa causa o el 
ejecutado preste 
contracautela  
Título 
Extrajudicial 
Ilimitado 
 
 
 
Ilimitado 
 
Sí, salvo que el ejecutante 
pida la continuación de la 
ejecución por carecer la 
oposición de motivos 
atendibles, con posibilidad 
de prestación de 
contracautela por parte del 
ejecutado para mantener 
la suspensión. 
95 
CAPÍTULO IV 
Derecho Procesal basta observar las nuevas formas de tutelas 
jurisdiccionales. Así, de las convencionales como la Tutela de Cognición, la 
Tutela Cautelar o la Tutela Ejecutiva pasamos a valorar, actualmente, otras 
formas de tutela judicial, ya no tan nuevas, como la Tutela de Urgencia que 
se aprecia en los procesos constitucionales de habeas corpus o amparo 
(Tutela Diferenciada). Además, este cambio de paradigma del Derecho 
Procesal tiene su correlato en las necesidades económicas y sociales. De tal 
forma, basta recordar que de la ejecución judicial del derecho romano se 
pasó, en la edad media, a la ejecución rápida de los derechos incorporados 
a los títulos ejecutivos. Incluso ya en el siglo XX, Enrico Tullio Liebman3 
sostenía la posibilidad de una crisis del “juicio ejecutivo” para referirse a 
nuevos procesos judiciales sustentados en títulos distintos al ejecutivo como 
el proceso documental cambiario; o, quizás esta supuesta crisis se repite, 
actualmente, con los procesos monitorios. Es decir, la constante evolución 
de las sociedades involucra nuevas tendencias, lo que coadyuva a contar 
con nuevos diseños de los procesos judiciales acordes al Estado 
Constitucional. 
 
                                            
3
 LIEBMAN, Enrico Tullio. «Sobre el juicio ejecutivo». Cit., p. 395. 
  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
PRIMERA: En un Estado Constitucional de Derecho importa el 
cumplimiento y/o  la optimización de las garantías procesales 
constitucionales, como el Derecho a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva, el Derecho de Defensa y el Derecho a Probar, en los 
diversos procesos judiciales atendiendo la finalidad de cada 
uno de ellos; donde el proceso de ejecución no es la excepción 
sino la mención de este trabajo. 
SEGUNDA: La optimización del Derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva 
del ejecutante y del ejecutado en el proceso de ejecución, 
implica la realización del debido proceso ejecutivo como el 
Derecho de Defensa; siendo que cualquier limitación debe 
contener causas justificadas, en el sentido sean idóneas, 
necesarias y ponderadas con los demás principios procesales 
constitucionales. 
TERCERO: El proceso de ejecución debe ser analizado no como un fin en 
sí mismo sino como instrumento de realización del derecho 
contenido en el titulo ejecutivo; por tanto, debe contener 
mecanismos procesales adecuados  para hacer efectiva la 
tutela jurisdiccional del ejecutante y ejecutado. 
CUARTA: La oposición a la ejecución es el mecanismo de defensa del 
ejecutado que influye sobre la continuación o no de la 
ejecución.  
QUINTA: El proceso de ejecución peruano, en cuanto a la limitación del 
derecho de defensa del ejecutado, no contiene un diseño 
acorde a la Constitución que optimice el ejercicio del derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y ejecutado. 
97 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
SEXTA:  La oposición a la ejecución, en línea de principio, debe ser 
ilimitada, en el sentido de que no debe haber ni motivos 
taxativos de oposición ni limitación de medios probatorios. Sin 
embargo, tratándose de títulos judiciales los motivos de 
oposición deben estar referidos a hechos posteriores a la 
formación del título, para no afectar a la cosa juzgada. 
SÉPTIMA: De existir oposición a la ejecución, dependiendo del origen del 
título ejecutivo, para evitar que este termine comprometiendo el 
derecho a la tutela efectiva del ejecutante, se debe operar 
sobre la suspensión o no de la ejecución. 
OCTAVA: Tratándose de títulos judiciales la oposición no debe ser 
suspensiva, salvo que el ejecutado lo pida y, de ser el caso, 
preste idónea garantía; mientras que tratándose de títulos 
extrajudiciales, la regla general debe ser la suspensión de la 
ejecución, salvo que el ejecutante pida y el juez decida la 
continuación de la ejecución. En tal ámbito el ejecutado podría 
prestar, según los casos, una garantía procesal como la 
contracautela (personal o real) u otra análoga, que permita al 
juez mantener la suspensión de la ejecución bajo 
responsabilidad y costo del ejecutado. 
En consecuencia, con esta propuesta de tesis referida a la oposición 
plena del ejecutado contra la ejecución, consideramos que hemos 
logrados nuestros dos objetivos principales: 
- Demostrar que es viable la consagración de una oposición 
a la ejecución plena, sin que ello implique, a su vez, una 
vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional del 
ejecutante; y 
- Demostrar que, a los efectos de no vulnerar el derecho a la 
tutela jurisdiccional del ejecutante, existen medidas más 
idóneas que la limitación de razones y de medios de prueba 
98 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
en la oposición a la ejecución, en sustancia operando sobre 
la suspensión o no de la ejecución como consecuencia del 
planteamiento de la oposición o el ofrecimiento de garantías 
procesales a cargo del ejecutado. 
Asimismo y como consecuencia de nuestra propuesta de tesis 
consideramos oportuno, con la finalidad de contar con un proceso de 
ejecución diseñado acorde a la Constitución, brindar las 
recomendaciones siguientes: 
1. Modificar los alcances del artículo 690-D del Código Procesal 
Civil, en el sentido que el derecho de defensa del ejecutado en 
los procesos de ejecución se ejerce a través del instituto 
procesal de la contradicción; el cual consideramos debe ser 
pleno en términos de alegaciones y medios probatorios a cargo 
del ejecutado.  
2. Se regule, en el Titulo V denominado Proceso de Ejecución de 
la Sección Quinta del Código Procesal Civil, normas referidas a 
los efectos de la contradicción plena en relación a la 
suspensión o no de la ejecución, en el siguiente sentido: 
a. Tratándose de títulos judiciales, la oposición no debe 
suspender automáticamente la ejecución, salvo que el 
ejecutado lo pida.  
b. Tratándose de títulos extrajudiciales, la regla general sea la 
suspensión de la ejecución; salvo que el ejecutante pida la 
continuación por no existir razones fundadas y motivadas 
en derecho, pudiendo el ejecutado otorgar garantías 
procesales como la contracautela (personal o real) u otra 
análoga que permita al juez mantener la suspensión de la 
ejecución bajo responsabilidad y costo del ejecutado, en 
caso que la ejecución sea, posteriormente, declarada 
infundada. 
99 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3. Se regule en el Titulo V denominado Proceso de Ejecución, de 
la Sección Quinta, del Código Procesal Civil que el fallo del 
juez que ordene llevar adelante la ejecución tenga la calidad de 
cosa juzgada, debido al debate pleno de la controversia en 
esta sede judicial.  
4. Finalmente, se regule un sistema normativo propio y adecuado 
referido a la Tutela Ejecutiva en términos de fijar su objetivo, 
finalidad y medios ejecutivos adecuados en la normatividad 
procesal actual, con el propósito que dicho sistema sea acorde 
a la Constitución. Ello tendría como consecuencia lógica el 
desenvolvimiento adecuado del proceso de ejecución en 
términos de plazos de duración, adecuación y eficacia respecto 
a la tutela de los derechos de ejecutante y ejecutado.  
 
 
  
 
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