PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO Los mecanismos de coordinación entre la comisaría y las juntas vecinales para el control del robo y hurto en la urbanización Rosa Luz del distrito de Puente Piedra entre el año 2013 y 2014” Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Gestión Pública y Políticas Públicas AUTOR Lucas Leoncio Núñez Córdova ASESOR Mg. Frank Casas Sulca Lima, 2016 1 Índice Introducción ................................................................................................... 5 Capítulo I ....................................................................................................... 7 1.1. Marco teórico y estado de la cuestión .................................................. 7 Capítulo II .................................................................................................... 14 2.1 La seguridad ciudadana como elemento básico de vida y su prioridad en el ámbito social ....................................................................................... 14 2.1.1 La criminalidad en el mundo como problema prioritario de la población. .................................................................................................... 14 2.1.2 Estrategia normativa diseñada por el estado para contrarrestar los niveles de violencia e inseguridad ciudadana .............................................. 17 2.1.3 El vecino como integrante de las juntas vecinales conformadas por la Policía Nacional y actor relevante de la seguridad ................................... 19 2.1.4 Las juntas vecinales del distrito de Puente Piedra y la labor que cumple el voluntariado con la policía en la urbanización Rosa Luz del distrito 21 Capítulo III ................................................................................................... 23 3.1 El voluntariado vecinal y la necesidad de trabajar conjuntamente con la policía nacional de las comisarías ............................................................ 23 3.1.1 Incremento del número de juntas vecinales como estrategia inefectiva del trabajo conjunto con la comunidad organizada ...................... 23 3.1.2 Deficiencias en los mecanismos de coordinación entre el voluntariado policial y la comisaría de Puente Piedra .................................. 25 3.1.3 Estándar internacional policía / habitantes e insuficiente recursos humanos por parte de la policía nacional para contrarrestar la violencia y criminalidad en el distrito de Puente Piedra y propiamente en la urbanización Rosa Luz ...................................................................................................... 26 Capítulo IV ................................................................................................... 34 4.1 Problemática que imposibilita enfrentar acertadamente la lucha contra la criminalidad en el distrito de Puente Piedra ............................................. 34 2 4.1.1 La doctrina de la policía comunitaria y su importancia en la formación y labor que cumple la policía nacional ......................................... 34 4.1.2 Insuficiente número de efectivos policiales y su afectación en los mecanismos de coordinación con las juntas vecinales ................................ 37 4.1.3 Injerencia política en el funcionamiento de las juntas vecinales y trabajo conjunto con la policía...................................................................... 38 Conclusiones ............................................................................................... 41 Bibliografía ................................................................................................... 44 3 Índice de Figuras Figura 1: Organigrama de la Comisaría de Puente Piedra .......................... 29 Figura 2: Efectivos policiales de la comisaría de puente piedra formados con la doctrina de la policía comunitaria ............................................................. 36 Índice de Tablas Tabla 1: La delincuencia y su importancia ................................................... 15 Tabla 2: Problema más importante en Latinoamérica .................................. 16 Tabla 3: Número de alarmas vecinales implementadas en el distrito y comisaría de Puente Piedra y la urbanización Rosa Luz ............................. 21 Tabla 4: Consolidado de juntas vecinales e integrantes correspondiente a las comisarías de Lima Metropolitana ............................................................... 24 Tabla 5: Número de Juntas Vecinales correspondiente al distrito de Puente Piedra .......................................................................................................... 24 Tabla 6: Efectivos policiales de la región policial lima asignados al distrito de Puente Piedra .............................................................................................. 26 Tabla 7: Incidencia delictiva en el distrito de Puente Piedra 2013-2014 ...... 31 Tabla 8: Efectivos policiales distribuidos en las diferentes secciones y oficinas de la comisaría de Puente Piedra ................................................... 38 4 Introducción Los altos índices de violencia y criminalidad no son una problemática que se haya presentado en el Perú en el presente siglo, al igual que en Latinoamérica, África y otras regiones del mundo, desde fines de los setenta y principios de los ochenta, los niveles de inseguridad se han acrecentado de manera preocupante en algunos países y alarmante en otros. Aquellos Estados que han diseñado e implementado políticas públicas integrales de seguridad que han comprometido al Estado, la sociedad civil y la academia, son los que han podido controlar o revertir este fenómeno. En nuestro país se vienen dando los esfuerzos para enfrentar la criminalidad e inseguridad; sin embargo, desde una perspectiva válida se puede sostener que las políticas públicas implementadas en el Perú privilegian la acción reactiva del Estado frente a la acción preventiva que es la corriente predominante en los países que vienen enfrentando exitosamente la criminalidad. Una política pública integral implica involucrar y comprometer a la comunidad organizada como un actor relevante para que, conjuntamente con su policía y demás actores locales, diseñen y ejecuten estrategias colegiadas y multisectoriales, teniendo en consideración que la violencia y criminalidad tienen un origen multicausal y multidimensional. Conforme a la experiencia comparada, la participación vecinal forma parte del diseño y ejecución de las políticas de seguridad; en razón que la lucha contra la violencia y criminalidad no son de exclusividad de las instituciones públicas y por el contrario hoy en día el vecino es un actor trascendental. La Policía Nacional del Perú, recogiendo esta experiencia, desde hace diecinueve años, desarrolla una política institucional de organizar a la comunidad en Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que coadyuven en disminuir los índices de violencia y contrarrestar los fenómenos sociales adversos que se presentan en sus barrios, 5 urbanizaciones, etc. El voluntariado policial tiene como misión desarrollar actividades preventivas, informativas y de proyección social en apoyo a la institución policial. No obstante, el esfuerzo policial, la estrategia y las metas determinadas han girado en torno a la mayor conformación de juntas vecinales soslayando en gran medida la “calidad” de la junta vecinal conformada. Es decir, el indicador que ha primado y con el cual se ha medido el desempeño de los comisarios se ha basado en la “cantidad” de juntas. Esta visión de trabajo con la comunidad, como aspectos relacionados a la carencia o déficit de personal policial, intromisión política, carencia de un modelo de policía comunitaria, estructura ampulosa del voluntariado policial, entre otros aspectos, ha restringido y debilitado el trabajo policía – comunidad, que ha incidido obviamente en los niveles de coordinación entre las comisarías y las juntas vecinales. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la presente investigación se ha circunscrito al análisis del trabajo conjunto que ejecuta las juntas vecinales de la urbanización Rosa Luz, del distrito de Puente Piedra y la comisaría del sector para disminuir los índices de inseguridad. La pregunta propuesta en la investigación señala: ¿Cómo operó la coordinación, cuales son los mecanismos, los problemas y las causas de los problemas de coordinación entre la comisaría y el voluntariado de las juntas vecinales, para el control del robo y hurto en la urbanización Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, período 2013 - 2014?. Dicha pregunta ha sido desarrollada en cuatro capítulos y conclusiones. La presente investigación es de suma importancia porque nos va permitir mejorar los mecanismos de coordinación entre la comisaría y las juntas vecinales de seguridad ciudadana y optimizar las acciones conjuntas de control del robo y hurto en la urbanización Rosa Luz, distrito de Puente Piedra. 6 Capítulo I 1.1. Marco teórico y estado de la cuestión Hay estudios que sostienen que la coordinación intersectorial es un aspecto fundamental para materializar e implementar políticas públicas y obtener los objetivos trazados y esperados en favor de la comunidad. En esta dimensión medular también se requiere la interacción tangible y efectiva de los diferentes actores de la esfera gubernamental, como también de los demás actores que garanticen una perspectiva multisectorial. El autor Fabian Repetto, refiere que “coordinar” de modo positivo las políticas públicas, implica: “generar un proceso de sinergia en las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública. Dicho proceso se va construyendo o redefiniendo en caso de su preexistencia un sistema de reglas de juego formales e informales, mediante los cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a cooperar, más allá de sus intereses e ideologías particulares” (Repetto 2012: 2). Por su parte, el autor Cardozo, sostiene que: “el tema de coordinación gubernamental, y de manera más amplia el de la coherencia gubernamental ha tomado cada vez más relevancia en el ámbito de la investigación”…”siendo la ‘coordinación’ uno de los instrumentos claves para alcanzar una mayor coherencia en el proceso de elaboración e implementación de las políticas” (Cardozo 2012: 64). El autor Carrillo y Reátegui, precisa lo siguiente: “Las relaciones de gobierno se basan en procesos de construcción, de articulación horizontal y vertical, que se establecen mediante aspectos formales y no formales, y que buscan el logro de un fin común…” (2013: 31). 7 Vilmar Faria, autor de “Reformas institucionales y coordinación gubernamental en la política de protección social en Brasil”, sostiene lo siguiente: “Está de más insistir en la importancia que tienen en cualquier área los mecanismos de articulación y coordinación de políticas. Esa importancia, sin embargo, aumenta en función de algunos factores como: tamaño y heterogeneidad del país; complejidad y diferenciación institucional del aparato estatal o público” (2002: 16). El autor Aldo Mascareño, manifiesta que: “La coordinación asume la alta complejidad de las relaciones de actores y sistemas, su autonomía sustantiva y procedimental y, la asimetría de intereses entre ellos. En ese sentido, reconoce que esos actores no pueden ser dirigidos de forma autoritativa y que el conflicto de interés puede ser tratado deliberativamente y no solo sometido a transacciones de poder” (2010: 3). Algunos autores son de la posición que en América Latina, de manera general, no se han conformado instituciones sólidas que posibiliten niveles eficaces de coordinación intergubernamental como de carácter regional y local que garanticen optimizar la implementación de políticas públicas. El autor Víctor Mazzalay 2013, refiere que: “En América Latina los procesos de re-escalamiento institucional, como los entes de coordinación intergubernamental, la regionalización, mancomunidades, etc. presentan grandes dificultades para consolidar estructuras estables de coordinación y regulación” (2013: 48). La Secretaría General Organización de los Estados Americanos, señala que en las Américas quedan “…múltiples desafíos que deben ser enfrentados rápidamente para lograr una efectiva prevención y control de la violencia y la criminalidad…”; como son, entre otros aspectos: la carencia de políticas de convivencia y seguridad pública con carácter de políticas de Estado más que de gobierno; una deficiente coordinación 8 interinstitucional y se pone énfasis en políticas de control y represión del delito (2006: 73). Por su parte, el autor Fabian Repetto 2012, precisa lo siguiente: “…las experiencias concretas destinadas en América Latina a generar coordinación prointegralidad de programas y políticas sociales descuidaron de modo significativo, en algunos casos más que en otros, el papel de la política…”. Además añade sobre el proceso de coordinación se ha visto afectado por “la perversa combinación de dramáticas necesidades sociales insatisfechas y la falta de resultados concretos…” (2012: 22). En el ámbito de la participación ciudadana y en su trabajo conjunto con la policía, muchos autores estriban que la coordinación resulta imprescindible para estructurar un trabajo serio y sostenido que evidencie una mejora de los niveles de seguridad en el barrio y comprometa en mayor medida no solo a la policía sino también a la comunidad. Los autores, José María Rico y Laura Chinchilla, en la publicación realizada para el Instituto de Defensa Legal, precisan que la policía no puede resolver sola los numerosos y complejos problemas de criminalidad e inseguridad que aquejan a los ciudadanos, un trabajo conjunto y coordinado con otros organismos públicos y privados constituye una de las cualidades esenciales del nuevo modelo de policía de proximidad (2006: 227). Asimismo, Lucía Dammert, en su entrevista publicada por el Instituto de Defensa Legal, sostiene que una parte central de la prevención comunitaria está dada por las iniciativas de acercamiento de las instituciones policiales a la población. Dado que la ciudadanía se maneja especialmente en el ámbito de la prevención, necesita niveles de coordinación y confianza con los encargados del control de la delincuencia (2006: 82 - 83). 9 Existen diversos autores y estudios relacionados a los deficientes niveles de coordinación, en sus ámbitos nacional y local en diferentes países de América Latina, que viene ocasionando, entre otros motivos, que la implementación de sus políticas públicas no tenga el impacto requerido por la población. Estos estudios, en lo que respecta a la participación comunitaria en temas de seguridad ciudadana, puntualiza la importancia de la “coordinación” entre los actores del Estado y la comunidad. Sin embargo, no se ha hallado material didáctico en el Perú, que especifique cuales son las acciones mecanismos y términos de la coordinación, que actividades se deben desarrollar de manera conjunta y los compromisos que deben adoptar los diferentes actores, como los resultados obtenidos. Este trabajo de investigación busca evidenciar como operó los mecanismos de coordinación entre la comisaría y la urbanización Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, en el período 2013 - 2014. Es relevante recoger la conceptualización de diferentes autores con relación a los diferentes términos que están relacionados con el tema de estudio, como son la política pública, implementación de políticas públicas, problema público y problemas de implementación, así tenemos: Política pública Si tenemos en cuenta las diferentes conceptualizaciones de estudiosos, que se esbozan de “política pública” que es un planeamiento que se pretende ejecutar para solucionar un problema de orden colectivo de materia compleja que involucra al aparato gubernamental, a la sociedad civil y demanda la ejecución de diferentes actividades coordinadas que garanticen la atención de un problema público. La Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD, afirma lo siguiente: 10 “que existe una noción general de política pública en la región que se describiría como una acción o conjunto de acciones, con vocación estratégica, realizadas por los poderes públicos y sus distintas instituciones, con participación ciudadana, que buscan cambiar la realidad social en un determinado sentido” (2007: 7). Amparo Casar y Claudia Maldonado, sostienen que: “las políticas públicas son un conjunto de decisiones de carácter público que atraviesan un proceso que va desde el establecimiento de la problemática a resolver, hasta su procesamiento y conversión en decisiones de autoridad por la vía que marcan las reglas de funcionamiento del propio sistema político” (2008: 10). Es decir, que el proceso de formulación de la política pública tiene su génesis en una agenda, como elemento vinculante a la política propiamente dicha. Clasifica la agenda en pública, política y gubernamental. Implementación de Políticas Públicas En la actualidad se concibe el diseño y la implementación de la política pública como las dos caras de una moneda, algo así como una simbiosis en el proceso de formación de las políticas públicas y por ende, elementos igualmente importantes para la atención exitosa de un problema público; sin embargo, esto no ha sido siempre así, debido a que la implementación fue asumida como una labor menor, a cargo de la burocracia; es decir del aparato estatal, luego de la determinación política que no necesariamente estaba amalgamada con el diseño de la política. El autor Benjamín Revuelta, sostiene que la implementación de políticas públicas es considerada una nueva área para analizar, debido a que esta etapa o proceso posterior a la toma de decisiones fue un área de estudio que no se ha tomado en cuenta hasta los años setenta, y la implementación es el proceso que ocurre entre las declaraciones formales de la política y el resultado final alcanzado (2007: 138). 11 Para Yañez y Rubio, consideran lo siguiente: “La implementación o ejecución de políticas públicas se reconoce como una etapa del proceso de la política pública, ubicada entre la decisión y los resultados de la política… (2013: 83)”. “…La implementación no es la aplicación mecánica de sus lineamientos centrales, sino resultado de la lucha de intereses de diversos actores (2013: 86)”. Problema público Un problema público es el resultado del análisis y del establecimiento de relaciones causales de una determinada problemática social, cuya característica principal es el grado de afectación social en un sector significativo de la población, situación concreta que por su relevancia genera la atención de los organismos del Estado, para su agendación y desarrollo de una política pública que transforme dicha realidad. Cardozo, refiere que el problema público viene a ser: “necesidades no realizadas, valores u oportunidades para la mejoría que pueden ser alcanzadas a través de la acción pública” (2012: 68). Además, el autor agrega lo siguiente: “Los problemas públicos son “construcciones conceptuales” del ser humano, producto de sus juicios acerca del bien del hombre, que deben estar sustentados sobre condiciones sociales objetivas” (2012: 68). En 1992, el autor Joan Subirats, precisa que los problemas son oportunidades de mejora, que una vez identificadas o definidas pueden poner en marcha la acción de los poderes públicos, para ello el problema debe tener relevancia pública para ser considerado como “problema” y por lo tanto, susceptibles de formar parte del programa o agenda (1992: 4). Problemas de implementación El desarrollo de una política pública implica un proceso continuo que circunscribe: la determinación del “problema” en un problema público, agendación, toma de decisión (diseño de la política pública), 12 implementación y evaluación; sin embargo este “correlato técnico teórico” presenta deficiencias y falta de convergencia con la realidad práctica, existiendo muchas veces una dicotomía en la consecución de los objetivos y el grado de compromiso de los actores involucrados; este divorcio, divorcio se da entre los actores que toman la decisión política, diseñan la política pública (políticos) y los que implementan la política pública, a cargo de los actores conformantes de la burocracia. Esta falta de sintonía funcional conlleva a que los resultados obtenidos difieran en grado y calidad con los objetivos trazados. Revuelta, refiere que: “diversos estudios contemporáneos han revelado que muchos países encuentran diferentes problemas y obstáculos cuando tratan de implementar las políticas y alcanzar sus objetivos originales…las deficiencias en la implementación son relevantes y se aprecian por las ineficiencias en el aparato estatal y por la capacidad o incapacidad, del gobierno…” (2007: 139) Luis Aguilar, precisa que la implementación se vuelve entonces un proceso muy complejo y elusivo, también conflictivo, y es casi imposible encontrar una fórmula de coordinación que integre las diferencias y configure una acción colectiva armónica y efectiva (1993: 17). 13 Capítulo II 2.1 La seguridad ciudadana como elemento básico de vida y su prioridad en el ámbito social 2.1.1 La criminalidad en el mundo como problema prioritario de la población. La seguridad ciudadana entendida como un derecho fundamental de la persona humana, es un elemento fundamental de convivencia pacífica; por lo tanto, es una preocupación y un imperativo no solo nacional sino mundial, los diferentes países de la orbe tienen como objetivo público mejorar los niveles de seguridad como fórmula imprescindible para el desarrollo, la inversión, el turismo, afianzar la democracia y consecuentemente mejor calidad de vida para su población; sin embargo, la región latinoamericana, salvo excepciones, no ha sabido diseñar e implementar políticas públicas adecuadas y desarrollar estrategias acertadas para enfrentar el fenómeno de la violencia y delincuencia, situación que se condice con los índices de criminalidad que registran los países latinoamericanos. Los homicidios en la región latinoamericana doblan el promedio mundial y en algunas zonas hasta se incrementan cinco veces más; sobre la geografía de América Latina y el Caribe llega al 42 % de todos los homicidios por arma de fuego del planeta y dos tercios de todos los secuestros; no obstante, en nuestra región solo habita el 8 % de la población mundial. La problemática de violencia y la criminalidad, incide negativamente no sólo en la calidad de vida de las personas, sino en la democracia, al resquebrajarla y poner en riesgo la propia gobernabilidad (Secretaría General de la OEA 2006: 7-8). Se observa en la Tabla 1, la encuesta abierta realizada en países de Latinoamérica, realizada por el Latinobarómetro sobre el principal problema que se presenta en cada país; dando como resultado que la 14 delincuencia es la que mayor porcentaje alcanza (Latinobarómetro 2013: 61). Tabla 1: La delincuencia y su importancia Fuente: Latinobarómetro 2013: 61 (http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_201 3.pdf) Las diferentes encuestas de opinión y encuestas de victimización que se han realizado en el Perú, en esta última década, ubican al desempleo, la criminalidad y la corrupción como los tres principales problemas del país; sin embargo, la actual situación de inseguridad que se vive en el Perú, ubican al flagelo de la criminalidad – delincuencia, como la principal problemática de los peruanos. Por otro lado, diversas encuestas de victimización, señalan que tenemos un sub registro de denuncias muy alto, se estima que de cada diez delitos solo se denuncian dos. Esta realidad pone en evidencia la poca credibilidad de la población en sus instituciones responsables de la investigación y esclarecimiento del hecho, denuncia y juzgamiento; es decir, del sistema de justicia en su conjunto. El Latinobarómetro nos muestra en la Tabla 2, la escala de importancia que los ciudadanos estiman a sus diferentes problemas en su país, 15 teniendo en cuenta aspectos de salud, educación, seguridad, desempleo y los de carácter económico. Tabla 2: Problema más importante en Latinoamérica Fuente: Latinobarómetro 2013: 60 (http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp ) En el ámbito de la violencia y la criminalidad, el homicidio es el indicador tipo para medir la criminalidad en el mundo por cuanto estos hechos por estar referidos a la vida de una persona y la connotación que reviste el hecho en su gran mayoría son denunciados e incorporados a la data estadística, consecuentemente el sub registro, es significativamente menor a otros hechos punibles; sin embargo, conforme a las diferentes encuestas de victimización de carácter nacional e internacional, el Perú registra un índice sumamente preocupante de delitos Contra el Patrimonio, que se incrementa año a año y que inciden sustancialmente en los niveles de inseguridad que vive el país (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2014: 17). Tradicional y constitucionalmente la Policía Nacional del Perú, ha tenido como misión la prevención, el combate de las faltas y delitos; así como, garantizar, mantener y restablecer el orden público y el orden interno; este modelo de seguridad interna estuvo vigente durante muchas décadas en nuestra república; tanto así, que las propias autoridades del 16 poder ejecutivo, legislativo y judicial; así como, la comunidad veían a la policía como la única responsable de prevenir y enfrentar la criminalidad común y organizada. El análisis de este modelo nos permite evidenciar que los diferentes actores de la sociedad resultaban ajenos, indiferentes e indolentes a la problemática de la violencia e inseguridad. Sin embargo, luego de haberse vencido el terrorismo en los primeros años de la década de los noventa el fenómeno delincuencial y la victimización se ha venido incrementando año a año de manera sostenida en el país y de forma significativa los hechos delictuosos que atentan contra el patrimonio de las personas; consecuentemente la percepción de inseguridad es cada vez mayor en la población; situación que, abona en el grado de desconfianza ciudadana y poca credibilidad en la policía nacional y demás instituciones responsables. 2.1.2 Estrategia normativa diseñada por el estado para contrarrestar los niveles de violencia e inseguridad ciudadana Paralelamente al incremento de la victimización, en el año de 1993 el Congreso Constituyente Democrático elaboró la vigente constitución política del Perú, carta fundamental que incorpora la figura de la “seguridad ciudadana”, bajo una perspectiva más local y con un protagonismo de las autoridades edilicias. Es en virtud a nuestra ley de leyes, que en el año 2003 se promulgó la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que adiciona dos aspectos fundamentales en el modelo primigenio de la seguridad, como son: el primero, referido a un enfoque de un abordaje integral y el segundo, considera a la comunidad organizada como un actor relevante para su participación en el ámbito de la seguridad. Este nuevo modelo, precisa que la seguridad ciudadana es “responsabilidad de todos” y no se puede circunscribir la solución de la problemática a una sola institución, teniéndose en cuenta que la violencia y la delincuencia tienen un origen multicausal, multidimensional y que su solución implica una estrategia multisectorial. En ese entendido, el Estado propugna articular y desarrollar una estrategia transversal que asegure la consecución 17 progresiva de mejores niveles de seguridad ciudadana, comprometiendo a los diferentes actores en los Planes Nacionales de Seguridad Ciudadana que se formulan en el nivel nacional, regional y local; sin embargo, los índices de criminalidad evidenciarían que el esfuerzo que se realiza para conseguir el objetivo planteado no está dando los resultados deseados. La Policía Nacional del Perú recogiendo experiencias comparadas de otros países, referente a la organización e involucramiento ciudadano en temas de seguridad ciudadana; así como, la propia experiencia de nuestro país, apreciada a través de las rondas campesinas organizadas para enfrentar el robo y hurto de ganado y otras formas de criminalidad que aquejan a sus comunidades por la ausencia del Estado, e igualmente la organizaciones de las comunidades de autodefensa, estrategia relevante para enfrentar y derrotar a las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Además en virtud a lo señalado en el artículo 166 de la carta fundamental del Estado y sus leyes propias, el año de 1997 gestó una política pública implementada a nivel institucional dirigida a involucrar y comprometer a la comunidad en materia de seguridad. Producto de esta visión, mediante la RD N°797-2008-DIRGEN/EMG del 22 agosto del 2008, se regularizó normativamente el trabajo comunitario, institucionalizándose el sistema de participación ciudadana, constituido por el voluntariado de las Juntas Vecinales – Vecino vigilante; dicha norma aprueba el manual de procedimientos para la organización y funcionamiento de las Juntas Vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la PNP, donde se establece que: “Las juntas vecinales promovidas por la PNP, son agrupaciones comunales y vecinales de ciudadanos, que se organizan en forma voluntaria y solidaria, que contribuyen al accionar de la policía para mejorar los niveles de orden y seguridad de sus respectivas jurisdicciones y están integradas por personas honorables que residen o laboran en una misma cuadra, manzana, sector, barrio, conjunto habitacional, edificio, urbanización, localidad, asentamiento humano, 18 pueblo joven, comunidad campesina o nativa. Constituyen la célula básica de organización de participación de la población para la seguridad ciudadana” (SINASEC 2011:124-125). 2.1.3 El vecino como integrante de las juntas vecinales conformadas por la Policía Nacional y actor relevante de la seguridad Mediante el involucramiento de la comunidad, los vecinos dejaron de ser veedores, receptores de políticas públicas y por el contrario asumieron el rol de actores, artífices de la seguridad ciudadana de sus barrios. Esta nueva filosofía participativa, como se ha sostenido anteriormente, es coherente con la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en su artículo 2° que define al sistema de la manera siguiente: “Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas” (Congreso de la República 2003: 1) Esta ley concuerda con la séptima política de Estado: “Erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana”; no cabe duda, que esta nueva filosofía de trabajo articulado policía- comunidad, exige que la institución policial rediseñe o fortalezca su modelo de policía comunitaria (Acuerdo Nacional 2014:!). La estrategia comunitaria, no busca ni tiene como objetivo exponer al “vecino vigilante” miembro de la junta vecinal a que se enfrente al delincuente y menos aún a una organización criminal; sino que, conjuntamente con su policía realice un patrullaje mixto “preventivo disuasivo”, en aquellos lugares de su barrio y localidad donde se presenten pequeñas raterías, como podrían ser, mercados, paraderos 19 de vehículos públicos, lugares adyacentes a las instituciones educativas y otros de acuerdo a cada realidad concreta; sin embargo, por la seguridad de los vecinos, la regla sin excepción es que, dichas actividades se cumplan conjuntamente con la Policía Nacional. La conformación de este voluntariado exige su organización y capacitación previa por parte de la institución policial. Esta labor conjunta también tiene su basamento en el manual de procedimientos para la organización y funcionamientos de las Juntas Vecinales, cuando se señala en el Artículo 2° lo siguiente: “Las juntas vecinales de seguridad ciudadana, promovidas por la PNP, tienen por misión desarrollar actividades preventivas, informativas y de proyección social en apoyo a la PNP para mejorar la seguridad ciudadana” (El Peruano 2011: 443903). La filosofía policial de trabajo comunitario no sólo tiene como finalidad mejorar la seguridad ciudadana, sino también, comprometer a la ciudadanía en estos quehaceres y estrechar vínculos con la población en tal interactuar. La Policía Nacional y el Instituto de Defensa Legal - IDL, consideran al distrito de Puente Piedra, como uno de los mejores distritos a nivel nacional que desarrolla un trabajo preventivo comunitario conjunto entre la policía y la comunidad organizada de las juntas vecinales, para contrarrestar el robo, hurto, microcomercialización y otros hechos ilícitos menores, a través de la ejecución del programa de patrullaje mixto, inteligencia vecinal (información brindada por las juntas vecinales sobre criminalidad) y capacitación a los vecinos contra la violencia familiar, pandillaje pernicioso, consumo indebido de drogas, violencia escolar y otros fenómenos sociales adversos. 20 2.1.4 Las juntas vecinales del distrito de Puente Piedra y la labor que cumple el voluntariado con la policía en la urbanización Rosa Luz del distrito En el distrito de Puente Piedra, en el año 2015, se registran ciento cuarenta y ocho (148) juntas vecinales distribuidas en las tres comisarías del distrito como son: Puente Piedra, La Ensenada y Zapallal. Asimismo, se han implementado ciento ochenta y seis 186 alarmas vecinales, sistema ALAVE, adquiridos por el municipio, sistema que, entre otras bondades pueden ser activadas por pulsadores, como también de los teléfonos celulares, conectadas a una central de monitoreo instalada en la municipalidad distrital. La Comisaría PNP de Puente Piedra está ubicada en la zona céntrica del Distrito Puente Piedra, esquina con la calle República de Venezuela s/n con la Av. Buenos Aires cuadra 3, frente a la Plaza de Armas de Puente Piedra y frente a la Municipalidad del distrito mencionado. Cuenta con un área total de 900 m2 de construcción y 13 oficinas. La Urbanización Rosa Luz está ubicada en el kilómetro 28.5 de la Carretera Panamericana Norte, del distrito de Puente Piedra y pertenece a la jurisdicción policial de la Comisaría de Puente Piedra. Actualmente, registra setenta y cinco (75) de las ciento cuarenta y ocho (148) juntas vecinales del distrito, de las cuales veinte dos (22) se ubican en la urbanización Rosa Luz donde se han instalado doce (12) alarmas; respecto al patrullaje mixto se realizan de uno a dos patrullajes preventivos al mes, tal como se muestra en la Tabla 3, a continuación: Tabla 3: Número de alarmas vecinales implementadas en el distrito y comisaría de Puente Piedra y la urbanización Rosa Luz IMPLEMENTACIÓN DE ALARMAS VECINALES DISTRITO PUENTE PIEDRA 186 21 COMISARÍA PUENTE PIEDRA 79 URBANIZACIÓN ROSA LUZ 12 Fuente: Elaboración propia No obstante, es la urbanización Rosa Luz la zona que mejor armoniza un trabajo conjunto entre la comisaría y las juntas vecinales, en el marco de esta política pública diseñada e implementada por la Policía Nacional del Perú que data ya desde hace diecisiete años, tendríamos que plantearnos entre otras preguntas, las siguientes: ¿Se están consiguiendo los resultados esperados respecto a la participación vecinal?, ¿Existe un trabajo coordinado y serio entre la PNP y las Juntas Vecinales?, ¿este trabajo comunitario está cumpliendo las expectativas de los vecinos?, ¿El trabajo del voluntariado vecinal realmente tiene una incidencia en mejorar los niveles de seguridad ciudadana?, ¿Existe un proyecto sistematizado que permita coordinar adecuadamente el trabajo entre la PNP y la comunidad?, ¿Se evalúa y se monitorea de manera técnica el trabajo con el voluntariado vecinal?, ¿ el personal policial de las comisarías se encuentran involucrados con la filosofía de la policía comunitaria?, ¿se han diseñado indicadores de desempeño?, ¿cuál es el objetivo estratégico de la política institucional, ¿se han medido los resultados?, de no ser así, tendríamos que repreguntarnos “¿POR QUÉ?. 22 Capítulo III 3.1 El voluntariado vecinal y la necesidad de trabajar conjuntamente con la policía nacional de las comisarías 3.1.1 Incremento del número de juntas vecinales como estrategia inefectiva del trabajo conjunto con la comunidad organizada Consideramos que el indicador de desempeño durante todos estos años ha estado circunscrito a la cantidad de juntas vecinales y no por la calidad del voluntariado reflejado en trabajo comunitario; es decir, no ha tomado elementos como capacitación, grado de coordinación, labor concreta que se realiza en el barrio, informaciones que proporcionan los vecinos y el tratamiento de las mismas, patrullajes mixtos e impacto conseguido; situación que hubiera permitido optimizar el trabajo conjunto policía comunidad y conducir con mayor tecnicismo al logro de los objetivos. Las comisarías como dependencias básicas para la ejecución de esta política pública, cumplen un rol preponderante y elemental; sin embargo, esta política institucional no ha sido acompañada con un trabajo de fortalecimiento y monitoreo de las actividades por parte de la policía, tendientes a optimizar mecanismos de coordinación que vayan consolidando una amalgama policía comunidad para la consecución de logros progresivos y sostenidos en materia de seguridad ciudadana y de convivencia social. La Oficina de Participación Ciudadana de la Región Policial Lima, registra una data histórica de las juntas vecinales del año 2013 a la fecha, discriminada por comisaría, número de juntas vecinales, integrantes mujeres y varones. Las comisarías de Lima Metropolitana el 2013 registraban en el “papel” cinco mil ochocientos sesenta y dos (5,862) juntas vecinales; sin embargo, en el primer trimestre del año 2014 el comando policial dispuso medidas de sinceramiento y 23 reorientación de las actividades tendientes a dar tecnicismo a la estrategia para un mejor funcionamiento del trabajo conjunto policía comunidad; es así, que luego de este esfuerzo se determinó que Lima Metropolitana contaba con mil trescientos noventa (1,390) juntas vecinales. Con relación al distrito de Puente Piedra el año 2013 la Región Policial Lima, registraba noventa y uno (91) y el año 2014 luego del sinceramiento se pudo establecer que realmente existían cincuenta y tres (53), cifras que difieren sustancialmente y se muestran en la Tabla 4 y Tabla 5. Tabla 4: Consolidado de juntas vecinales e integrantes correspondiente a las comisarías de Lima Metropolitana AÑO N° DE JUNTAS INTEGRANTES VARONES MUJERES 2013 5,862 64,489 25,965 38,524 2014 1,390 16,662 8,141 8,521 2015 2,078 24,233 11,987 12,246 Fuente: Oficina de Participación Ciudadana REGPOL LIMA Estas consideraciones pone de manifiesto que la estrategia primigenia de privilegiar la cantidad de juntas vecinales antes que la calidad, conllevó a que el trabajo policial de la mano con su comunidad en el marco de la filosofía de la policía comunitaria, se vea enfrascado por un efecto burbuja, debilitándose su efectividad y la esencia del porqué comprometer a la población en la participación ciudadana; sin embargo, el éxito esperado requiere que las diversas autoridades, los funcionarios del estado, la sociedad civil, entre otros, coadyuven a la institucionalización del apostolado comunitario por tratarse de una política pública de suma trascendencia para el desarrollo socioeconómico y cultural del país. Tabla 5: Número de Juntas Vecinales correspondiente al distrito de Puente Piedra AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 COMISARIA 91 38 75 24 PUENTE PIEDRA COMISARÍA LA ENSENADA 86 32 53 COMISARÍA ZAPALLAL 92 18 20 TOTAL 269 88 148 Fuente: Oficina de Participación Ciudadana REGPOL LIMA 3.1.2 Deficiencias en los mecanismos de coordinación entre el voluntariado policial y la comisaría de Puente Piedra No obstante, ser el distrito de Puente Piedra, mediante sus tres comisarías Puente Piedra, Zapallal y La Ensenada un referente nacional válido respecto de la labor preventiva conjunta que realizan la policía nacional con las juntas vecinales, en lo referente a los patrullajes mixtos y marchas de sensibilización para enfrentar el robo y hurto en la zona, se puede advertir una serie de problemas y deficiencias en los mecanismos de coordinación que no solo son imputables al personal policial de las comisarías sino también al propio sistema policial como también a los vecinos de las juntas vecinales. Los éxitos antes resaltados están más relacionados al grado de liderazgo del Comisario y promotores OPC como de los coordinadores, como es el caso de saliente coordinadora distrital de las juntas vecinales de Puente Piedra (período 2012 – 2014) la señora Luz Torres Cucufate, quien en virtud a su dedicación y compromiso pudo armonizar un trabajo con la policía y la municipalidad distrital. Sobre lo referido una coordinadora de las juntas vecinales de la comisaría de puente piedra, sostiene lo siguiente: “gracias a la coordinadora distrital Luz Torres el trabajo de las juntas vecinales con la comisaría fue bien llevado durante los años 2013 y 2014, por cuanto ella coordinaba con las tres comisarías, con los coordinadores de las juntas vecinales, realizaba visitas y formulaba sus informes” (CO-10). 25 Asimismo, un jefe policial de la oficina de participación ciudadana de la Región Policial Lima, sostuvo: “yo tengo entendido que Luz Torres hacía denodados esfuerzos para coordinar con la PNP y la municipalidad para la implementación de alarmas vecinales” (CO-01). Los efectivos policiales que laboran en las comisarías del distrito de Puente Piedra, excepto los promotores de participación ciudadana y otras muy raras excepciones que representan un porcentaje por debajo del 5 % tienen una formación comunitaria, situación que no permite cohesionar adecuadamente a la comisaría con la población organizada y por el contrario resulta ser una evidente debilidad. 3.1.3 Estándar internacional policía / habitantes e insuficiente recursos humanos por parte de la policía nacional para contrarrestar la violencia y criminalidad en el distrito de Puente Piedra y propiamente en la urbanización Rosa Luz La capacidad de respuesta de la comisarías de Puente Piedra, el Zapallal y La Ensenada enclavadas en el distrito de Puente Piedra, no ofrecen un estándar adecuado de atención ante los requerimientos de intervención o emergencias requeridas por los ciudadanos y los integrantes de las juntas vecinales, debido al déficit de efectivos policiales, conforme se puede apreciar en la Tabla 6: Tabla 6: Efectivos policiales de la región policial lima asignados al distrito de Puente Piedra 2013 2014 COMISARIA PUENTE PIEDRA 133 115 COMISARÍA LA ENSENADA 61 63 COMISARÍA ZAPALLAL 69 61 TOTAL 263 239 Fuente: Elaboración propia 26 El estándar internacional que nos plantea la Organización de las Naciones Unidas ONU, como otros organismos internacionales es la de un policía por 250 habitantes; el distrito de Puente Piedra según el INEI para los dos años de estudio 2013 y 2014, presenta una población proyectada de 320,837 y 336,928 habitantes; con estos datos, la proporción policía / población es de 1 policía para 1220 habitantes, para el año 2013 y de 1 policía /1410 habitantes respectivamente. Es cierto que, para efectos de construir la ratio policía/habitante se debe considerar al total de efectivos policiales destacados en la zona de estudio para el caso corresponde al distrito de Puente Piedra. Sin embargo, la proporción expresada en el punto precedente no sufre mayor alteración si incrementamos a los efectivos de las comisarías, el personal policial de otras sub unidades que desarrollan también sus funciones en el distrito como son el de tránsito investigación criminal, División de Emergencia y otros, que bordean los 100 efectivos en Puente Piedra; por lo que, con este nuevo valor de análisis la ratio para dichos años corresponde a 1 policía para 884 habitantes en el año 2013 y de 1 policía para 994 habitantes para el año 2014; ciertamente cada efectivo policial asignado al distrito en el año 2013 tuvo una demanda adicional de 253. 6 % y para el año 2014 la demanda adicional ascendió a 297.6 % obviamente teniendo como referencia el estándar internacional. No obstante, la referencia internacional de 250 habitantes por policía, estándar que se ha tomado en cuenta para describir el problema del marcado déficit de recurso humano asignado al distrito de Puente Piedra, consideramos que se debería establecer categorías de estandarización en la proporción policía / habitante; estableciéndose un doble o triple estándar, teniendo en cuenta el grado de victimización, conflictividad social, sistema e infraestructura vial, diseño, condiciones y extensión geográfica de las urbes, recursos logístico y plataformas informáticas con las que cuentan las policías, entre otros aspectos. 27 Estos elementos que resultan esenciales en el análisis permitirían evidenciar la necesidad de un mayor o menor número de policías por habitantes. En ese entendido, no resulta muy coherente evaluar los resultados policiales, trazar objetivos institucionales e implementar estrategias teniendo como patrón referencial una sola ratio policía/habitante. Como podríamos calificar los resultados policiales en virtud a un mismo estándar entre dos realidades totalmente diferentes, como por ejemplo entre el Perú y un país europeo, teniendo en consideración que la mayor parte de los países europeos tienen una dimensión geográfica mucho menor a la peruana, su sistema e infraestructura vial se basa en un servicio de altísima calidad, lo que implica no tener que asignar tantos efectivos policiales en el área de tránsito, el grado de victimización y conflictividad social es muchísimo menor, si a ello, le adicionamos el diseño generalmente ordenado y condiciones de la ciudad, como también contar con policías bien equipados y con plataformas informáticas de comunicación e información que dinamiza el flujo de información para un mejor cumplimiento de la función policial, no cabe duda que son dos realidades asimétricas. El distrito de Puente Piedra presenta las consideraciones mencionadas como un grado de victimización nada alentador como en todos los distritos de Lima, conflictos sociales, un sistema e infraestructura vial por decir lo menos inadecuado, las tres comisarías de Puente Piedra, La Ensenada y Zapallal no han sido convenientemente implementadas en su logística ni plataforma informática que simplifique los procedimientos policiales. A continuación se presenta el Organigrama de la Comisaría de Puente Piedra en la Figura 1: 28 Figura 1: Organigrama de la Comisaría de Puente Piedra Fuente: Elaboración propia (datos de la Comisaría) 29 El factor crucial que no facilita un trabajo acorde con la comunidad organizada es el significativo déficit de personal policial que ante la recarga de la demanda de servicios por parte de la comunidad no puede consolidarse un trabajo conjunto y bien articulado con el voluntariado vecinal que incida en mayor medida a disminuir los delitos contra el patrimonio de robo y hurto en el distrito y propiamente en la urbanización Rosa Luz, debido a que en muchos casos por esta carencia de efectivos policiales se encuentran comprometidos en diferentes servicios que presta la comisaría y no atendemos oportunamente el llamado de las juntas vecinales. A continuación, se presenta la Tabla 7, que muestra la incidencia delictiva en el distrito de Puente Piedra: 30 Tabla 7: Incidencia delictiva en el distrito de Puente Piedra 2013-2014 Fuente: Región Policial Lima CIA PTE.PIE DRA DIST. PTE. PIEDRA CIA PTE.PIE DRA DIST. PTE. PIEDRA DELITO TOTAL 2401 3052 2207 2940 I. CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 206 244 149 183 A. Homicidio 1 3 5 10 B. Lesiones 196 232 142 171 C. Aborto 5 5 2 2 D. Otros Delitos C.V.C.S. (1) 4 4 0 0 II. C. LA FAMILIA 3 4 6 6 III. C. LA LIBERTAD 98 179 91 172 A. Violacion libertad personal 11 16 10 22 B. Violacion de la intimidad 0 1 1 1 C. Violacion domicilio 4 4 5 9 D. Violacion libert. sexual 81 155 74 139 Violación sexual a menor de edad 22 59 12 40 Violación sexual a mayor de edad 9 16 18 22 E. Proxenitismo 0 0 0 0 F. Ofensa pudor público 2 3 1 1 IV. CONTRA EL PATRIMONIO 1372 1844 1219 1771 A. Hurto simple y Hurto agravado 680 844 640 862 B. Robo simple y robo agravado 644 927 524 824 1. Asalto y robo a personas 631 884 517 801 2. Asalto y robo a entidades 13 43 7 23 C. Abigeato 0 0 1 1 D. Apropiacion ilicita 12 12 9 11 E. Estafas y otras defraudaciones 29 37 25 28 F. Fraude en la Administración 0 0 0 0 G. Delitos Informaticos 0 0 0 0 H. Daños simples y agravados 0 0 0 4 V. C. EL ORDEN ECONOMICO 1 1 0 0 VI. D. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 4 4 1 2 VII. D. TRIBUTARIO 1 1 0 0 VIII. C. LA FE PUBLICA 8 9 5 8 IX. CONT. LA SEG. PUB. 656 709 709 764 X. CONT. LA TRANQ. PUB. 0 0 0 0 XI. CONTRA LA HUMANIDAD 0 0 0 1 XII. CONT. LA ADMINISTRACION PUBLICA 7 12 18 20 A. Cometidos por particulares 2 7 10 12 B. Cometidos p.funcionar. pub. 2 2 6 6 C. Administracion de justicia 3 3 2 2 XIII. DELITOS AGRAVADOS 0 0 0 0 XIV PANDILLAJE PERNICIOSO 0 0 0 0 XV POSESION DE ARMAS DE GUERRA 0 0 0 0 XVI. OTROS DELITOS (9) 45 45 9 13 2013 2014 31 Otro elemento de análisis que conlleva a sostener la deficiente coordinación entre la comisaría de puente piedra y las juntas vecinales, se advierte del libro de informaciones que brindan los integrantes de las juntas vecinales, este registro materializa la “red de inteligencia vecinal” que es una de la finalidades esenciales de la conformación y funcionamiento del voluntariado policial. No ha podido obtener ni levantar información en la comisaría de puente piedra referente a las informaciones proporcionadas en los años 2013 y 2014; sin embargo, si se ha levantado información referente al año 2015, en la que si se aprecia que de enero a noviembre, solo se han registrado seis (06) ocurrencias vecinales (información sobre hechos delictuosos de interés policial), esta data no solo demuestra que el flujo de información de la red comunitaria es poco significativa; sino que también podríamos sostener que este escaso flujo de información se puede presentar por dos razones, temor de los integrantes de las juntas vecinales a que no se tomen las medidas respecto al hermetismo y confidencialidad de la información proporcionada por parte del personal policial de la comisaría o en su defecto no se dé la atención y respuesta policial esperada que contrarreste el hecho concreto; sin embargo, en los dos supuestos planteados queda clarificado que los niveles de coordinación entre los actores comprometidos (policía y juntas vecinales) viene mostrando deficiencias que dificultan se fortaleza el sistema de inteligencia vecinal. Lo expresado se condice con lo vertido por uno de los policías de la Región Lima que fue entrevistado, quien sostiene: “La explotación de la inteligencia vecinal no llega al 50% las juntas vecinales se ven frustrados si no aprecian resultados” (CO-4). El funcionamiento de las juntas vecinales también se ve debilitado sustancialmente cuando lejos de incentivarse y fortalecerse el voluntariado de las juntas vecinales y por ende mejorar los niveles de coordinación, los integrantes del voluntariado vecinal son comprometidos en actividades ajenas a la naturaleza propia de su conformación y funcionamiento; como son los relacionados a la 32 seguridad de sus barrios a través del patrullaje mixto, ser los ojos y oídos de su comisaría proporcionando información en materia de seguridad ciudadana “red de inteligencia vecinal” y por el contrario se les compromete para que asistan mayoritariamente “concentraciones públicas” a eventos de carácter político promovidas por actores que desempeñan cargos públicos de los diferentes niveles de gobierno, como son inauguraciones o presentaciones de altos funcionarios del Estado, alcaldes, etc. como una suerte de respaldo popular “portátil”, es justamente este “manoseo evidente e indebido” de la organización vecinal, que trae consigo que los vecinos integrantes de las juntas vecinales se desilusionen de la organización vecinal y se aparten del voluntariado por cuanto se sienten vulnerados en su propósito encomiable de contribuir con la seguridad de sus barrios y por el contario se sienten “utilizados”, “estafados” por la policía y autoridades. Al respecto, una coordinadora de juntas vecinales del distrito de Puente Piedra (CO – 4), refiere: “nos convocan a las acciones cívicas, rondas mixtas, y el Ministro llega después de cuatro horas de la convocatoria, es un maltrato” De la misma posición es una policía que labora en la Región Policial Lima, quien manifiesta: “que las juntas vecinales se dedican a obras sociales, a marchas por la paz, la misma PNP dispone como si fuera su portátil” (CO-03). Esta distorsión en la naturaleza del funcionamiento y trabajo de las juntas vecinales citada en el acápite precedente, no solo trae consigo que muchos integrantes del voluntariado vecinal se aparten de la organización por sentirse vulnerados en su propósito de contribuir con la seguridad de su distrito; sino que este “manoseo” estimula a que vecinos que no tienen como prioridad la seguridad ciudadana, sino que están en una lógica y actividad política se integren a las juntas vecinales con un objetivo totalmente desvinculado a los propósitos de las juntas vecinales. Hecho éste que lógicamente afecta seriamente a la organización. 33 Capítulo IV 4.1 Problemática que imposibilita enfrentar acertadamente la lucha contra la criminalidad en el distrito de Puente Piedra 4.1.1 La doctrina de la policía comunitaria y su importancia en la formación y labor que cumple la policía nacional El objetivo institucional de conformar de manera permanente nuevas juntas vecinales incrementando el número de las mismas como un indicador de eficiencia y eficacia en el trabajo comunitario, denota que los que han dirigido la política del trabajo de la policía con la comunidad organizada no han clarificado adecuadamente la misión de “construir comunidad” es decir, no solo tomada en cuenta desde el aspecto de involucrar a la comunidad como un actor relevante en mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el barrio, sino que, buscar involucrar y comprometer al vecino con su sociedad y sus problemas, generándose una corriente de civismo, solidaridad y erigiéndose un circulo virtuoso, que no sólo va a redundar en el barrio, sino en el distrito y en el pueblo peruano en general. La meta de cuantificar las juntas vecinales “más juntas vecinales”, antes que buscar una real efectividad de las mismas; demuestra que el diseño y el direccionamiento de la política institucional no ha sido realizado por los policías más entendidos en la materia; pues no cabe dudas, que el trabajo comunitario como parte de la filosofía de la policía comunitaria es una especialidad en toda policía profesional del mundo; por lo tanto, requiere de especialistas y expertos para una adecuada delineación e implementación de la política y por supuesto un esbozo coherente de la estrategia; todo ello nos permite inferir que una de las causas de los problemas por las cuales en estos diecinueve años que se viene trabajando con la comunidad desde la doctrina de la “policía comunitaria”, es que no hemos tenidos cuadros de jefes con conocimiento especializado y capacidad de decisión al más alto nivel 34 que visionen esta situación y necesidad institucional de ir afianzando un trabajo serio Otra causa, que viene afectado el nivel de coordinación de las juntas vecinales y la policía nacional y por ende el trabajo comunitario, se debe que en su gran mayoría los integrantes de la policía nacional no tenemos una formación comunitaria, nuestra instrucción en las escuelas de oficiales y suboficiales como en los diferentes cursos de la carrera no se ha enmarcado en la doctrina de la “Policía Comunitaria”; esta realidad obedece a varias razones, la primera que la Policía Nacional es producto de la fusión, integración y unificación de tres ex instituciones policiales como fueron la Guardia Civil, La Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, cada una con una misión, cultura organizacional e idiosincrasia diferente. Solo la primera tenía una formación netamente comunitaria que ante la creación de la Policía Nacional del Perú en el año de 1988 esta filosofía se fue diluyendo en el tiempo. Otro factor importante de este análisis es la “Guerra Interna” que vivió el Perú en la década de los ochenta e inicios de los noventa que nos alejó más de la población, convirtiéndonos prácticamente en una policía reaccionaria ante la comunidad. El personal policial que desarrolla sus actividades en los oficinas de participación ciudadana (OPC) de las comisarías en la mayoría de los casos, si tienen formación y convicción de la doctrina comunitaria; sin embargo, en estas oficinas (OPC) solo trabajan entre tres a un efectivo por comisaría, lo que representa del 3 al 1.5 % del total de efectivos policiales; de tal suerte, en el mejor de los casos el 97 % de sus integrantes no son comunitarios; eso explica, por qué la escasa o nula coordinación de este 3 % con el 97 % de efectivos que laboran en la misma comisaría asignados a otras oficinas; como son la sección de investigación criminal, la sección de tránsito, la sección familia, y los que desarrollan labores de patrullaje motorizado, patrullaje a pie, guardia de prevención, administración operaciones, patrullaje motorizado, patrullaje a pie; ello obedece a que este 97 % no tiene internalizado debidamente 35 lo trascendental para toda policía de estar conectado, coordinado, armonizado con su comunidad y consecuentemente no coadyuva ni asume el trabajo con las juntas vecinales como un objetivo propio de la policía nacional y por el contrario se convierten en fuerzas adversas que debilitan aún más los niveles de coordinación. Sobre lo referido, una coordinadora de las juntas vecinales, precisa: “los efectivos no comprenden la labor de la participación ciudadana de las juntas vecinales, constantemente se quejan porque no se entiende nuestro trabajo” (CO-2). De la misma posición es un efectivo policial de la oficina de participación ciudadana de la REGPOL Lima (OFIPACIU), quien manifiesta: “hay una indiferencia del personal PNP que trabaja en patrullaje, no son bienvenidas las juntas vecinales” (CO-04). La ejecución de experiencias exitosas en algunas comisarías u otras dependencias policiales están asociadas más que a una política institucional al liderazgo y conocimiento aislado de algunos comisarios que conocen y propugnan la doctrina de la policía comunitaria. Figura 2: Efectivos policiales de la comisaría de puente piedra formados con la doctrina de la policía comunitaria 36 Fuente: Comisaría de Puente Piedra 4.1.2 Insuficiente número de efectivos policiales y su afectación en los mecanismos de coordinación con las juntas vecinales Otro aspecto fundamental de análisis en la coordinación entre las juntas vecinales y la comisarías, es el significativo déficit de personal asignado al distrito de Puente Piedra y propiamente a las comisarías de Puente Piedra, La Ensenada y Zapallal, que dificulta sensiblemente una coordinación adecuada con las juntas vecinales para estructurar una apropiada capacidad de respuesta por parte de la policía ante las denuncias y demandas ciudadanas que son realizadas y encaminadas en muchos casos por nuestro propio voluntariado. Ello se evidencia con la ratio policía / habitantes de los años 2013 y 2014 del distrito de puente piedra, correspondiendo un policía por ochocientos ochenta y cuatro habitantes (1 / 884) para el año 2013 y de un policía por novecientos noventa y cuatro habitantes (1 / 994) para el año 2014, cifra muy inferior incluso al estándar de organismos internacionales de un policía por doscientos cincuenta habitantes (1 /250). El insuficiente número de efectivos policiales que prestan servicios en las comisarías, incide también en los niveles de coordinación y tratamiento respectivo de las informaciones brindadas por las juntas vecinales – vecinos vigilantes, sobre delitos principalmente de robos, hurtos, micro comercialización de drogas; asimismo, de los diferentes fenómenos sociales adversos que atentan contra la seguridad ciudadana, como son la violencia familiar, el pandillaje pernicioso, violencia escolar, consumo indebido de drogas, entre otros. No está demás precisar que el inapropiado tratamiento de las informaciones que aportan los integrantes de la red de inteligencia vecinal acarrea el desinterés de los vecinos de seguir trabajando conjuntamente con su policía. La urbanización Rosa Luz, no obstante ser uno de los referentes del trabajo vecinal muestra una evidente falencia en las coordinaciones y flujo de informaciones del voluntariado, como de la capacidad de 37 atención y respuesta policial que esclarezca la denuncia o dato concreto proporcionado. Tabla 8: Efectivos policiales distribuidos en las diferentes secciones y oficinas de la comisaría de Puente Piedra 2013 2014 2015 2016 SECCION DE TRANSITO 6 6 6 6 INVESTIGACION DEINPOL 18 15 13 13 PATRULLAJE MOVIL Y A PIE 54 43 41 41 PATRULLAJE INTEGRADO 05 05 04 16 SECCION DE FAMILIA 10 9 9 9 GUARDIA DE PREVENCION 13 13 13 13 AREA ADMINISTRATIVA 13 12 11 11 OF. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3 3 4 4 MINISTERIO PÚBLICO 6 4 2 2 SEGURIDAD SISOL Y PTE CHILLON 21 TOTAL 133 115 104 136 Fuente: Elaboración propia 4.1.3 Injerencia política en el funcionamiento de las juntas vecinales y trabajo conjunto con la policía Las juntas vecinales son apolíticas de conformidad a su Manual de Organización y Funcionamiento que señala: “las actividades que desarrollan las JVSC no se ejercen como consecuencia de filiación o actividad política partidaria, en tanto su fin primordial es la tranquilidad y 38 seguridad vecinal” (MININTER 2015: 4). Sin embargo, la experiencia en este trabajo demuestra que permanentemente hay una intromisión política en los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, regional y nacional, injerencia que atenta y distorsiona la esencia de los fines de la conformación y propiamente de la misión de las juntas vecinales, cuyo accionar tiene como uno de sus principios el espíritu de servicio a la comunidad definido como: “la vocación de servicio a la comunidad es la fuente de inspiración en la organización de las JVSC” (MININTER 2015: 4). Dicha injerencia se trasluce cuando el voluntariado es convocado y comprometido a través de las oficinas de participación ciudadana de las comisarías en a grandes concentraciones relacionados con inauguraciones, ceremonias, marchas de sensibilización, cuyo propósito no es la seguridad sino un respaldo político, que puede ser al alcalde, gobernador regional o políticos del gobierno central. Como se ha dicho desnaturaliza la esencia del voluntariado e internaliza una “dosis política” lesiva en la organización vecinal, generando que muchos de sus integrantes o nuevos integrantes de las juntas vecinales definan o construyan de forma mimetizada una agenda política antes que una agenda en seguridad conjuntamente con su comisaría, conforme al espíritu del voluntariado. La coordinación entre las juntas vecinales y la comisaría, también se ven atenuada por la ampulosa estructura de la organización vecinal que presenta en su diseño ocho niveles o cargos del voluntariado (vecino vigilante, coordinador de junta vecinal, coordinador zona, coordinador de comisaría, coordinador distrital, coordinador provincial, coordinador regional y coordinador nacional), entendiéndose que a través de esta estructura de cargos va fluir la información para el trabajo de las juntas vecinales, lo cierto es que, la labor conjunta en materia de seguridad ciudadana para el desarrollo del programa de patrullaje mixto, flujo de informaciones y acciones de proyección social, se armoniza a nivel local en la interacción directa del comisario, los promotores de participación ciudadana y los integrantes del voluntariado. Es juntamente dicha estructura ampulosa la que aleja al vecino del trabajo comunitario y lo 39 ubica en un escenario político ajeno al barrio, a los problemas de seguridad del vecino y también lejos del ámbito de acción del comisario y más aún del promotor de participación ciudadana. Sobre lo señalado, uno de los conocedores del trabajo policía – comunidad, Oficial Superior de la PNP asignado a la Región Policial Lima –Oficina de Participación Ciudadana, refiere: “Las relaciones y coordinación con las juntas vecinales, van a mejorar en la medida que la PNP optimice su actuación en la atención y su patrullaje en favor de los vecinos. Asimismo algunos integrantes de juntas vecinales trabajan de acuerdo a lo normado y otro sector por intereses personales y buscan estar cerca del alcalde u autoridades. La ampulosa estructura si impide una adecuada coordinación, presentándose peleas internas para lograr ser coordinadores. Los cargos de coordinadores deben llegar hasta coordinador de comisaría” (CO-1). De la misma posición es una policía de la Región Policial Lima, quien aduce: “no debería haber muchos cargos o rangos en las juntas vecinales, pues ello dificulta la coordinación, debería ser más directo, en la práctica los coordinadores de comisaría no se reúnen con los coordinadores zonales” (CO-03). 40 Conclusiones 1. Mejorar los niveles de seguridad ciudadana es una preocupación y un reto latente en el Perú como también para los diferentes países del mundo; sin embargo, se han desarrollado políticas públicas serias e integrales que comprometen al propio Estado, la comunidad organizada y la academia, enfrentando acertadamente a la violencia y criminalidad. Un país con bajos niveles de violencia y delincuencia, asegura la democracia, la gobernabilidad, el desarrollo socio económico y mejor calidad de vida para sus ciudadanos, lo cual se está aplicando en el distrito de Puente Piedra, con más políticas públicas y el Sistema de Defensa Civil más comprometido con el cambio. 2. Las experiencias comparadas de política pública exitosa en materia de seguridad ciudadana, incluyen la prevención situacional, comunitaria, social y obviamente la criminal o policial. La comunidad organizada cumple un rol preponderante, por cuanto ya no es un veedor de implementación de políticas, sino un actor importante de la estrategia de seguridad. 3. La Policía Nacional del Perú desde el año de 1997 viene organizando a la comunidad en juntas vecinales y capacitándolas para que coadyuven con la seguridad de sus barrios, urbanizaciones, etc. Contrarrestando conjuntamente con la policía la violencia, el delito menor y fenómenos sociales adversos. El voluntariado policial tiene como misión desarrollar actividades preventivas, informativas y de proyección social en materia de seguridad ciudadana, lo cual representa un gran aporte para la mejora en los diferentes problemas que se presentan en las localidades, como es el caso de la urbanización Rosa Luz, en el distrito de Puente Piedra, durante el período 2013-2014. 4. El indicador de medición que ha regido estos diecinueve años la política pública policial, ha estado enmarcado en el número de juntas vecinales conformadas “cantidad” y no en el trabajo, labores que desempeñan e 41 impacto en la disminución de la violencia y delincuencia menor en sus respectivos barrios; es decir, “calidad” del voluntariado. En consecuencia, en el distrito de Puente Piedra, durante los años 2013- 2013, los lineamientos dictados y exigidos a los comisarios respecto al trabajo con la comunidad, se basó en la conformación del mayor número de juntas vecinales, situación que conllevó a que en muchos casos se sobredimensionara la realidad, considerándose en el registro estadístico juntas vecinales inexistentes. 5. La Policía Nacional y por tanto, las Comisarías en el distrito de Puente Piedra, así como en otros distritos, no cuentan con suficientes oficiales y suboficiales debidamente capacitados con la doctrina de la “policía comunitaria”, que haya permitido visionar un panorama diferente de trabajo, orientado a optimizar el funcionamiento de las juntas vecinales estableciéndose indicadores de medición para una evaluación concreta del impacto en la seguridad de sus propios barrios, cuadras etc. Como resultado del trabajo armonizado con su comisaría. 6. El voluntariado policial viene siendo objeto en muchos casos de injerencia e intromisión política de los diferentes niveles de gobierno, municipal, regional y nacional, quienes en muchos casos vulnerando la esencia de las juntas vecinales conformadas para la seguridad, son “utilizadas” en grandes concentraciones públicas, marchas de sensibilización, inauguraciones de obras, etc. Actividades que tienen una esencia y lógica política antagónica a los principios de las juntas vecinales y las cuales han sido de gran aporte en las comisarías de Puente Piedra. 7. El diseño organizacional de las juntas vecinales en la urbanización Rosa Luz, en el distrito de Puente Piedra, presenta una estructura ampulosa con ocho niveles jerárquicos, que lejos de viabilizar y optimizar el trabajo de campo en el barrio, urbanización etc. Restringe los mecanismos del flujo de información y coordinación entre el vecino y la comisaría; pues 42 estos cargos se vuelven filtros “burocráticos” que obstaculiza la dinámica del trabajo conjunto. 8. El número de efectivos policiales asignados al distrito de Puente Piedra, en las comisarías de Puente Piedra, La Ensenada, Zapallal y otras unidades policiales del distrito, es significativamente preocupante teniendo en consideración la ratio internacional de 1 policía por 250 habitantes. En razón que Puente Piedra presenta para los años 2013 y 2014 una ratio de 1 policía por 884 habitantes y de 1 policía por 994 habitantes respectivamente. 9. De conformidad a los estándares de calificación de la Oficina de participación ciudadana de la Región Policial Lima, la comisaría de puente piedra en materia de participación ciudadana y trabajo comunitario es un referente a nivel Lima Metropolitana, especialmente el desarrollado en la urbanización Rosa Luz del distrito; situación que se condice y sustenta con el esfuerzo personal desplegado por la coordinadora de juntas vecinales Luz TORRES CUCUFATE en los años 2012, 2013 y 2014 y no necesariamente por los mecanismos de coordinación y articulación de las autoridades policiales con el voluntariado en su conjunto. 10. No obstante los logros alcanzados en la urbanización Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, los mecanismos de coordinación entre la comisaría y las juntas vecinales para el control del robo y hurto en la zona han sido deficientes; por cuanto el sistema de patrullaje mixto (policía-comunidad) y la red de inteligencia vecinal no ha disminuido y menos erradicado dichos ilícitos penales. En razón al marcado déficit de personal, indiferencia del personal policial para con el trabajo vecinal, carencia de un modelo de “policía comunitaria”, ampulosa estructura vecinal de las juntas vecinales, deficiente capacidad de respuesta policial ante las denuncias o llamados de la comunidad organizada y exigua información de la red de inteligencia vecinal e inoportuno tratamiento de las informaciones. 43 Bibliografía ACUERDO NACIONAL 2014 Democracia y Estado de Derecho. Lima, pp. 1. 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