PONTIFICIA  UNIVERSIDAD  CATÓLICA DEL  PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 
CARATULA 
TITULO DE LA TESIS 
“VIOLENCIA CONTRA EL PERSONAL POLICIAL EN CONFLICTOS 
SOCIALES: ¿CUALES SON SUS CONSECUENCIAS?” 
Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política y Gobierno 
con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública. 
AUTOR 
LUCIO ALFREDO DANIEL MALDONADO CHAMOCHUMBI 
ASESOR 
DOCTOR EDUARDO HERNANDO DARGENT BOCANEGRA 
JURADO 
ROCIO DEL PILAR VERASTEGUI LEDESMA 
 EDUARDO HERNANDO DARGENT BOCANEGRA 
FRANK RENATO CASAS SULCA 
LIMA – PERÚ 
 2017  
i 
RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como finalidad mostrar como el personal policial 
ha venido siendo víctima de agresiones durante las diversas intervenciones 
policiales a fin de garantizar, mantener y restablecer el orden interno como 
manda la Constitución Política del Perú, durante esta investigación se ha hecho 
un análisis cualitativo de los diversas causas que generan estas agresiones a 
los miembros de la institución policial, las cuales fueron el resultado de una 
exhaustiva investigación documental y una serie de entrevistas a los diversos 
actores de esta investigación, muchos de ellos autoridades dentro de la 
institución policial y también a las víctimas de agresiones, físicas y 
psicológicas. 
Debemos mencionar que hemos tomado como casos emblemáticos tres 
conflictos sociales, cada uno de ellos representativo de los tres últimos 
gobiernos, sin embargo, estos acontecimientos cobraron victimas del lado 
policial. Al realizar la investigación se han hecho hallazgos en las diversas 
áreas en las cuales el personal policial se ve afectado a pesar de las normas y 
directivas vigentes para el cumplimiento de sus beneficios al ser víctimas en el 
cumplimiento de sus funciones generándose una brecha de implementación. 
Para finalizar esta investigación llegamos a diversas conclusiones como 
producto de nuestro estudio y planteamos algunas recomendaciones a fin de 
que se puedan tener en cuenta para soluciones futuras por las cuales el 
personal policial se vería beneficiado. 
 
 
ii 
 
 
INDICE 
CARATULA ....................................................................................................... i 
RESUMEN ........................................................................................................ ii 
INDICE ............................................................................................................. iii 
ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... v 
INDICE DE TABLAS ....................................................................................... vi 
INTRODUCCION .............................................................................................. 1 
PRIMERA PARTE: MARCO TEORICO ............................................................ 5 
1.1. Finalidad de la Policía Nacional ............................................................ 6 
1.2. Conceptos Previos ............................................................................... 6 
1.3. Derechos Humanos para La Policía Nacional Del Perú ...................... 11 
1.4. Normas de asistencia al personal policial en conflictos sociales. ........ 13 
1.5. Brecha de Implementación ................................................................. 16 
SEGUNDA PARTE: DISEÑO METODOLOGICO Y RESULTADOS .............. 20 
CAPITULO I: PRESENTACION DE CASOS Y METODOLOGÍA ................... 20 
1.1. Andahuaylazo en el 2005 – Gobierno de Alejandro Toledo (4 policías 
muertos) ............................................................................................. 21 
1.2. Bagua en el 2009 – Gobierno de Alan García (23 policías victimas) .. 22 
1.3. Manifestación con la Ley de Empleo Juvenil (Ley Pulpín) en el 2015– 
Gobierno de Ollanta Humala (16 policías heridos) ............................. 23 
CAPITULO II: CASOS Y METODOLOGIA ..................................................... 25 
CAPITULO III: HALLAZGOS GENERALES................................................... 27 
3.1. PENSIONES ...................................................................................... 28 
3.2. BIENESTAR ....................................................................................... 29 
3.3. SALUD ............................................................................................... 29 
CAPITULO IV: CAUSAS DE LOS PROBLEMAS .......................................... 30 
iii 
 
4.1. FALTA DE INFORMACION/INTELIGENCIA ....................................... 31 
4.2. PRESUPUESTO INSUFICIENTE ....................................................... 32 
4.3. CAPACITACION DEFICIENTE ........................................................... 34 
4.4. NUEVOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE INCREMENTA EL DAÑO A LA 
PNP .................................................................................................... 35 
4.5. CUESTIONES LEGALES ................................................................... 36 
4.6. BRECHA DE IMPLEMENTACION ...................................................... 43 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 44 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................. 48
iv 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1: Actores Conflictos Sociales ............................................................... 8 
Figura 2: Estado de los conflictos ..................................................................... 8 
Figura 3: Fase de los Conflictos Activos ........................................................... 9 
Figura 4: Tipología de los conflictos ................................................................. 9 
Figure 5: Competencias estatales .................................................................. 10 
Figura 6: Brecha de Implementación .............................................................. 17 
 
  
v 
 
INDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1: Casos representativos ...................................................................... 20 
Tabla 2: Fuentes de Investigación .................................................................. 26 
Tabla 3 Víctimas de Conflictos Sociales ......................................................... 26 
Tabla 4:: Tiempo de trámite para beneficios ................................................... 28 
Tabla 5: Beneficios por tipo de atención ......................................................... 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
 
INTRODUCCION 
La función policial está vinculada al restablecimiento del orden 
interno, en casos de violencia expresados bajo distintas formas en nuestra 
sociedad, de manera particular en casos de conflictos sociales. En estos 
ambientes de tipo rural y urbano se dan agresiones físicas contra los 
miembros de la PNP e incluso en la perdida de sus vidas, quienes según la 
legislación peruana tienen la finalidad fundamental de garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno, para evitar pérdidas de vidas y/o lesiones 
físicas, así como daños materiales a la propiedad pública y privada. Aunque 
es necesario también hacer hincapié de que los conflictos sociales no van a 
ser solucionados de por sí con mayor presencia policial ni con tecnología de 
punta, sino con la propia solución que pueda generarse del seno de la 
sociedad y del Estado. 
La policía al momento de intervenir sigue un protocolo establecido, 
justamente con el fin de evitar un costo social, esto se logra a través de las 
etapas de prevención así como de la propia intervención, mediante los 
cuales se logra obtener la información necesaria,  hasta si es posible evitar 
el conflicto, todo esto en coordinaciones con los tres  niveles de gobiernos, 
con la presencia de la Fiscalía y algunos representantes de la sociedad civil, 
con el objeto de establecer mecanismos de comunicación con la población, 
aun así las posibilidades de que se dé un enfrentamiento es alta. Los 
miembros integrantes de la PNP al intervenir para restablecer el orden, 
priorizan el uso del armamento no letal, teniendo como observadores al 
Ministerio Público; es entonces que luego de pasar por los procesos 
anteriores de evitar el desarrollo o la profundización del conflicto en sí, se  
hace necesario intervenir, se producen víctimas, ocurren lesiones  físicas y 
daños materiales tanto en la policía como en los que promueven los 
disturbios. El policía en todo este proceso del conflicto pone en riesgo su 
integridad física y se dan las agresiones hacia su persona, de manera 
violenta y desmedida, sin respetar sus derechos ocasionando una serie de 
consecuencias lamentables en sus filas tales como fallecidos, heridos de 
1 
 
gravedad y desaparecidos, posteriormente con familiares en estado de 
abandono, que requieren de una respuesta asistencial rápida por parte del 
Estado ya sea para no poner en riesgo su vida o para recibir apoyo en una 
recuperación postraumática, mediante terapias e incluso asistencia 
psicológica. 
Este es justamente un aspecto fundamental y menos estudiado por 
los investigadores, pues se da que no es suficiente el apoyo estatal, en 
ocasiones se deja en el desamparo al policía, tal como se pudo constatar en 
las entrevistas y desconocen como el estado les puede brindar apoyo 
económico y psicológico tanto a él como a sus familiares; otros prefieren 
recurrir a servicios de atención medica externa para ser atendidos corriendo 
con sus propios gastos. 
Como consecuencia de esta investigación, podemos decir que no sólo 
debe de ser motivo de preocupación la integridad física y mental de los 
civiles (manifestantes o no), así como sus derechos humanos, sino también 
el que corresponde al de las fuerzas del orden que asisten en representación 
del Estado. Los casos de protestas pueden ser índole netamente política, 
como el que se dio en el “Andahuaylazo” con un costo social de cuatro (04) 
policías muertos y vejados en su integridad. Incrementan estas listas los de 
índole social los cuales se han aumentado en los últimos quince años, pues 
ha habido mayor explotación de recursos naturales en nuestro país por 
empresas transnacionales, o en rubros relacionados a la minería e 
hidrocarburos y a la actividad maderera entre otros; lo cual motiva una serie 
de demandas entre los pobladores, algunos que laboran en ellas reclaman 
mejoras salariales y otros que viven en zonas afectadas piden beneficios 
para su comunidad. En algunos otros casos las protestas se dan debido a 
las malas prácticas empresariales lo que produce daños irreversibles al 
medio ambiente, todo esto genera un estado de violencia constante, el 
diálogo en algunas ocasiones no permite encontrar un punto de equilibrio de 
solución, por lo que se desemboca en acciones beligerantes tales como por 
ejemplo la toma de campamentos mineros, bloqueos de carreteras, entre 
otros que ponen en zozobra a las comunidades adyacentes afectando 
2 
 
actividades como el turismo y el comercio entre localidades e impidiendo el 
libre tránsito de muchos otros pobladores ajenos al problema. 
Problemas similares ocurren en la ciudad, en donde grupos 
organizados de jóvenes así como de trabajadores, participan de manera 
activa en distintas protestas contra las nuevas leyes laborales que se dan; 
las cuales les quitan beneficios, como ejemplo tenemos el caso de la 
llamada ley Pulpín que se dio con el supuesto fin de flexibilizar el régimen 
laboral para la contratación de más jóvenes en las empresas; pero que no 
fue aceptado por estos debido a que veían en esa ley una manera de querer 
iniciar la eliminación de beneficios laborales, es en este contexto en la cual 
el efectivo policial  debe actuar y está expuesto a las consecuencias que se 
puedan generar producto de la violencia de los manifestantes. 
Si observamos algunas estadísticas referencialmente, tendremos que 
en el 2010 se registraron 250 conflictos, en el 2011 fueron 223, en el 2012 
fueron 227; en el 2013 en un número de 216; en el 2014 se registraron 210; 
para el 2015 fueron 211 y hasta junio 2016 tenemos 212 conflictos, esto es 
de gran preocupación debido a que implica mayor  participación de la Policía 
Nacional del Perú;  por lo tanto debe de ser cada vez mejor su preparación y 
capacitación para hacer frente a tamaña responsabilidad. 
En este estudio se investigan las acciones de protección al personal 
policial por parte del Estado, si es que son atendidas y protegidas sus 
demandas al ser víctimas de actos vandálicos producto de su intervención. 
Debido a que hay tres aspectos fundamentales en las cuales el Estado debe 
brindar asistencia al miembro policial en acto de servicio o acción de armas, 
estos son: pensiones, bienestar y salud. Por lo que el trabajo de 
investigación busca ofrecerle herramientas legales al cuerpo policial para 
que haga uso de sus derechos que le asiste y no quede en el desamparo. 
Es necesario también mencionar que se hace uso de la Metodología 
de la Investigación para un enfoque sistemático del problema, para ello se 
han realizado entrevistas a los protagonistas, así como la revisión de 
documentos y papers que se encuentran en organizaciones relacionadas al 
3 
 
tema, como la Defensoría del Pueblo, Defensoría del Policía y la División de 
Defensa Legal del Policía, también se ha recurrido a la documentación de 
publicaciones realizadas en periódicos y revistas. Esta recolección de 
material nos permitirá desarrollar una actividad de raciocinio del entorno en 
la cual se desarrollan los hechos relacionados a los conflictos en nuestro 
país y su implicancia de riesgo en los miembros de la PNP, la violación de 
sus principales derechos y sus posteriores consecuencias se ha tenido que 
tener mucha claridad y dominio teórico práctico de los conceptos generales 
del conocimiento, la ciencia, el método científico y la investigación, para 
poder realizar acercamientos más rigurosos a esta problemática. 
  
4 
 
PRIMERA PARTE: MARCO TEORICO 
CAPITULO I 
MARCO CONTEXTUAL 
Esta investigación busca analizar si las leyes y normas brindadas por el 
Estado Peruano, para este caso en especial concerniente a las actividades 
inherentes de la Policía Nacional del Perú como institución para garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno, en especial en los conflictos sociales, 
si los derechos de sus miembros son respetados por el Estado. Este tema con 
frecuencia en América Latina y la regulación a la que está sometida no es 
cumplida por el Estado, por lo que se encuentra vinculado a la brecha de 
implementación de disposiciones estatales, buscando explorar si se cumplen 
con dichas normas. 
La importancia de esta investigación es que el funcionamiento de 
ejecución de los derechos para el personal policial no se cumple y eso es 
grave, por otro lado este es un tema que se desarrolla bajo un contexto poco 
investigado, es la otra parte;  aquella que corresponde a los derechos que tiene 
un policía, generalmente se ven las víctimas del lado de los que propician los 
conflictos sociales, pero no del que representa al Estado para imponer el orden, 
es aquí en donde es necesario investigar todos aquellos aspectos que pueden 
darle ese respaldo legal, de salud y psicológico al personal policial. 
En este estudio se vierten muchos conocimientos, motivan los aportes 
que se puedan brindar a través de procesos reflexivos sobre este problema que 
se percibe en el entorno de nuestro país y de manera particular en la PNP. 
Es necesario que la sociedad comprenda que la PNP es parte de ella y 
no que son aquellos que están al otro lado, al cual hay que enfrentar y someter; 
generalmente se les ve como enemigos en un conflicto, no como profesionales 
que deben de cumplir las labores de apaciguamiento y restablecimiento del 
orden que el Estado les encarga. 
Algunas investigaciones realizadas al respecto, nos indican que por lo 
general la mayor parte de los miembros PNP no reciben con beneplácito las 
5 
 
órdenes para intervenir en crisis, esto obviamente de forma psicológica influye 
sobre la manera de cómo debe de afrontar un conflicto (Slaikeu, 2012). 
Las consecuencias de la violencia durante un conflicto en general recaen 
en los DDHH, la gobernabilidad, el orden público, la seguridad y el 
establecimiento de una democracia basada en el ejercicio del diálogo, la 
violencia generada bajo el argumento de los DDHH o de reivindicación de los 
intereses de grupos de pobladores,  es paradójico ya que en síntesis son 
vulnerados los derechos de todos los protagonistas de un conflicto social;  pero 
también vulneran los derechos de personas ajenas a este acto, es en este 
escenario que el miembro de la PNP debe de actuar exponiendo su integridad 
física a pesar de ciertas desventajas logísticas. 
1.1. Finalidad de la Policía Nacional 
(Congreso Constitucional Democrático, 1993) El artículo 166 de la 
Constitución Política del Perú menciona, “La Policía Nacional tiene por 
finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 
Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el 
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del 
privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla 
las fronteras”. 
1.2. Conceptos Previos 
Algunos conceptos necesarios e importantes para la presente 
investigación son: 
 Violencia 
Según la RAE “es la cualidad de violento o la acción y efecto de 
violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está 
fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, 
ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno 
mismo” 
 
 Conflictos Sociales 
6 
 
La (Defensoría del Pueblo, 2012) conceptúa el término conflicto 
social “como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el 
Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, 
objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, 
creándose una situación que podría derivar en violencia”. 
“La complejidad de los conflictos está determinada por el número 
de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, 
social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la 
debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos”. 
“En materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo despliega sus 
facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin 
de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos 
fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional y 
abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución”. 
“Asimismo, desde el año 2004 se realiza un monitoreo de los 
conflictos sociales con publicaciones periódicas mensuales que son 
puestas en conocimiento de los sectores llamados a resolver sus 
controversias" 
 Actores en los conflictos sociales 
Son aquellos que están involucrados durante su desarrollo, por lo 
general de manera activa. En el siguiente cuadro se presenta una 
clasificación de los distintos actores según el grado de participación en 
un conflicto.  
 
7 
 
Figura 1: Actores Conflictos Sociales 
 
Fuente: Defensoría del Pueblo -  Junio 2012, pág. 3 
 
 
 Estado de los conflictos  
Es la observación que se hace en momentos determinados de la 
secuencia de los hechos. 
En el presente cuadro se muestra el estado en la cual puede 
encontrarse un conflicto social. 
Figura 2: Estado de los conflictos 
 Fuente: Defensoría del Pueblo -  Junio 2012, pág. 3 
 
 Fase de los conflictos sociales activos  
Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social 
activo, en función al incremento o disminución de la violencia, y las 
posibilidades de diálogo y entendimiento. Se puede observar en a la 
figura siguiente hasta 5 fases por las que pasa un conflicto social. 
8 
 
Figura 3: Fase de los Conflictos Activos 
Fuente: Defensoría del Pueblo -  Junio 2012, pág. 4 
 
 Tipología de Conflictos Sociales  
Es una clasificación que la Defensoría del Pueblo asigna en 
función del ámbito de competencia. Desde abril del 2008, la Defensoría 
del Pueblo utiliza la siguiente tipología para el análisis de la conflictividad 
social:  
Fuente: Defensoría del Pueblo – 2012, pág. 4 
Figura 4: Tipología de los conflictos 
Fuente: Defensoría del Pueblo – 2012, pág. 4 
 
Esta tipología se complementa con la clasificación de los 
conflictos sociales por competencias estatales: 
9 
 
Figure 5: Competencias estatales 
Fuente: Defensoría del Pueblo – Junio 2012, pag.3  
 
 Calificación de las circunstancias del servicio 
Diario El Peruano (2012), decreto Legislativo 1149, articulo 63, el 
efectivo policial durante el desempeño de sus funciones a lo largo de su 
carrera profesional puede afectarse con respecto a su salud, vida e 
integridad física, para ello la institución ha definido las diferentes 
circunstancias durante el servicio policial, como vemos a continuación: 
a. Acción de armas: Participación del personal en enfrentamiento 
armado durante el cumplimiento de la finalidad y función policial. 
b. Acto del servicio: Acción que desarrolla el personal en cumplimiento 
de sus funciones, deberes u orden superior, en todo momento o 
circunstancia, aun cuando se encuentre de franco, vacaciones o permiso. 
c. Consecuencia del servicio: Todo o efecto o consecuencia negativa 
en la salud derivado de la ejecución del servicio policial que no puede 
ser referido a otra causa. 
d. Ocasión del servicio: Circunstancia que se produce como 
consecuencia de servicio policial especifico, en cumplimento de la 
misión institucional o funciones propias inherentes al cargo. 
10 
 
e. Acto ajeno al servicio: Circunstancia que se produce como 
consecuencia de hechos que no guardan relación con el cumplimiento 
de la función policial. 
Estas circunstancias de servicio servirán para determinar sus 
derechos previsionales en caso de pasar al retiro, así como para 
determinar la pensión de sobrevivientes (viudez, orfandad y 
ascendientes), del mismo modo para calificar si las lesiones adquiridas 
por los efectivos policiales en conflictos sociales han sido en una de las 
cuatro circunstancias del servicio. 
1.3. Derechos Humanos para La Policía Nacional Del Perú 
Se refiere al marco general de protección de derechos humanos que 
protege al policía, tanto la protección de sus derechos humanos que están 
establecidos en los tratados internacionales, así como también las normas 
internacionales de trabajo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 
2010). 
El sólo hecho de ser un estado democrático implica el respeto a la ley 
y a los derechos humanos de todo ciudadano, con o sin uniforme. También 
debemos tener en cuenta el uso legítimo de la fuerza tiene límites, sobre 
todo cuando se presentan actos de violencia. Para ello se debe de velar 
por el legítimo uso de la fuerza pública, el respeto a las personas y la 
seguridad de los policías.  
Debemos destacar que el personal policial es miembro de una 
institución tutelar del Estado y son seres humanos, para ello el Estado debe 
legislar para que se sancione cualquier violación a sus derechos humanos; 
11 
 
estos se agrupan en tres grandes grupos: Derechos Civiles y Políticos, 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Derechos de 
Solidaridad. En cuanto a la protección, las normas internacionales de 
trabajo, protegen derechos humanos específicos como son los derechos 
laborales y la seguridad social. 
De acuerdo con el Artículo 2° de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la persona no debe ser objeto de discriminación de 
ningún tipo por razones de sexo, color de piel, forma de pensar, creencia 
religiosa o condición social, un policía también es afecto a los mismos 
derechos. 
Cualquier integrante de la Policía Nacional debe de tener iguales 
oportunidades para poder desempeñar su función en los distintos servicios 
que brinda la institución, de tal manera que sea equitativa la asignación de 
funciones.  
De la misma forma en el Diario El Peruano (2016)“LEY DE LA 
POLICIA NACIONAL DEL PERU Decreto Legislativo 1267, se contemplan 
los derechos y beneficios de remuneraciones, pensiones, ascensos, 
tratamiento y asistencia médica, formación y capacitación en la función 
policial al que están sujetos el personal en cumplimiento de su deber ante 
la sociedad, se contempla asimismo la asesoría jurídica que pudiera 
necesitar en caso de enfrentar un proceso”. 
En el año 2015, el ex ministro del Interior, Daniel URRESTI ELERA, 
en relación al tema de la intervención en conflictos sociales manifestó en 
una ocasión que la PNP sigue un protocolo para actuar en los conflictos 
12 
 
sociales con el fin de evitar el costo social, según mencionó dicho protocolo 
incluye dos etapas: la prevención y la intervención. En la primera, la Policía 
coordina con la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del 
Consejo de Ministros para obtener la información necesaria y evitar el 
desarrollo del conflicto. 
En la segunda, la Policía realiza coordinaciones con los gobiernos 
regionales y locales, gobernadores, Fiscalía y representantes de la 
sociedad civil, para tratar de solucionar el problema y establecer una vía de 
comunicación entre la población y sus autoridades. (MININTER, 2014) 
De esta manera al darse el conflicto, la policía tiene la obligación de 
aplicar la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden, privilegiando 
el uso de armas no letales, asimismo todas las intervenciones policiales 
realizadas en conflictos sociales cuentan con la participación conjunta del 
Ministerio Público. 
1.4. Normas de asistencia al personal policial en conflictos sociales. 
Para los procedimientos de atención inmediata del personal policial 
que se encuentre en zonas de conflicto ejerciendo la función policial, existe 
el protocolo confeccionado por la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía 
(DIRBAP). Debido a la naturaleza de las funciones que desarrolla el 
servidor policial se encuentra expuesta a situaciones constates de riesgo 
de su propia vida y como consecuencia la afectación en el seno familiar, 
debido a estos hechos el personal policial tiene de protocolos de atención 
en cada uno de los órganos comprometidos en el bienestar policial de la 
policía nacional.  
13 
 
La División de asistencia social se encarga de coordinar con el jefe 
operativo policial a fin de asistir al personal con charlas motivacionales, 
espirituales y asistencia psicológica durante el tiempo que dure el conflicto 
a fin de mantener el equilibrio emocional del personal. Esta División 
trabajará en conjunto con la División de bienestar policial quien se 
encargará de proveer toda la logística para las actividades programadas. 
Por otro lado se tienen normas que rigen el cumplimiento de 
asistencia al personal policial, para el caso de fallecimiento en cumplimento 
de su función, la División  de bienestar social es la encargada de cooperar 
con los deudos para la obtención del certificado de defunción para que sea 
entregado oportunamente a la División de altas y bajas en coordinación con 
la División de servicio social y del Fondo de Apoyo Funerario PNP 
(FONAFUN), por lo que los deudos son contactados y asesorados para la 
obtención de todos los documentos necesarios para poder encargarse de 
su traslado y entierro por parte de la institución y de los trámites ante el 
RENIEC y FONAFUN-PNP  se encargará de brindar el servicio funerario 
integral básico. De la misma forma la División de bienestar se encarga de 
comunicar el procedimiento a realizar para la obtención de los beneficios 
previsionales y sociales.  
En salud los miembros policiales que resulten afectados o heridos en 
actos de servicio o acción de armas como consecuencia de estos conflictos 
deben ser trasladados a nosocomios de Lima u otras ciudades del interior 
del país, es la División de bienestar quien se encarga en iniciar los trámites 
hospitalarios, medicinas y hospedaje en caso de familiares, del mismo 
modo se encarga de los pedidos de los pacientes y familiares en cuanto a 
14 
 
medicinas, hospedaje, etc. El área de apoyo social brinda préstamos de 
equipos ortopédicos e implementos para la rehabilitación de los internados 
en los nosocomios. También los miembros policiales que resulten heridos 
reciben ayuda psicológica en los casos presentados como stress 
postraumático haciendo seguimiento de los mismos, de la misma forma se 
brinda dicha ayuda para las viudas y huérfanos. En el caso de que el 
nosocomio de la sanidad policial no pueda atender las eventualidades de 
salud será trasladado a otros nosocomios particulares para su tratamiento y 
recuperación, asumiendo el costo global de los gastos generados. 
En el caso especial de conflictos sociales, los miembros policiales 
que hayan sido afectados en su integridad física y psicológica en actos de 
servicio u acción de armas, afectado permanentemente (invalidez) o 
fallecimiento, al brindarle sus pensiones se podrán nivelar con la 
remuneración del personal policial que se encuentre en actividad 
dependiendo del grado en que se encuentre. En el caso especial del 
conflicto de Bagua el estado peruano promulgo el Decreto de Urgencia Nº 
066-2009, que otorga por única vez una compensación pecuniaria 
extraordinaria de S/. 55,000.00 para los deudos del personal policial 
fallecido o desaparecido en acción de servicio en cumplimiento del deber. 
De la misma forma todo miembro de la fuerza policial deja una Carta 
Declaratoria, mediante la cual el efectivo policial otorga de manera 
voluntaria a los familiares que desea, ya sea en forma proporcional o el 
100% de su fondo de seguro de vida. Este documento es legalizado y 
lacrado por el Notario Público. Asimismo, el efectivo que fallece será 
promovido al grado inmediato superior. 
15 
 
Estos son los fundamentos legales necesarios para integrar el 
trabajo de investigación con el objetivo de analizar y garantizar todo lo 
concerniente a los derechos policiales. 
1.5. Brecha de Implementación  
Peña 2013) Menciona que “Implementar es, desde el plano empírico, 
poner en funcionamiento, aplicar métodos o medidas para llevar a cabo 
algo. En el campo de la política pública se trata de un fenómeno complejo 
y, hasta hace relativamente poco tiempo, sin análisis. Esto último ha 
provocado un conocimiento disperso y poco consistente”. 
(Grindle M., 2009) Define como brecha de implementación a “la 
disparidad que frecuentemente hay entre lo que se enuncia como política y 
lo que en realidad se ejecuta. Esta transición constriñe a las políticas 
públicas en todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en vías 
de desarrollo, tanto en la política internacional como en la nacional.”(pág. 
33). 
 “Las políticas públicas pueden surgir en su sentido legal y formal, 
pero esto no asegura que serán efectivamente ejecutadas” (pág. 33).  
Del mismo modo Grindle (2009)  “Los hacedores de políticas, 
implementadores y ciudadanos de sociedades democráticas, desearían 
que la capacidad para controlar el resultado de las iniciativas públicas fuera 
mucho mayor, pero la realidad es que ningún proceso de implementación 
completamente efectivo se puede garantizar, por mucho que deseemos 
este tipo de certeza en la vida pública”. 
16 
 
“En el caso de América Latina, las políticas públicas pueden surgir 
en un sentido legal y formal, pero esto no asegura que serán efectivamente 
ejecutadas” Grindle (2009). 
Ramírez (2014) nos menciona, “En toda institución se establecen 
estrategias para fortalecer el desarrollo de ésta, para ello se diseñan planes 
y que deben de ser ejecutados y controlados, lo que llamaríamos la etapa 
de implementación” (pág. 12) 
Lewis & Haas (2003) citado por Ramirez (2014)  “han definido como 
brecha de implementación, aquellos eslabones que faltan entre el proceso 
de creación de un programa y hacer que funcione del mismo modo 
Lepsinger (2006), describe como “brecha estrategia-ejecución” al escenario 
en que una organización identifica que algo está mal entre la creación de la 
visión y la capacidad de su compañía para hacer que suceda mientras que 
Ram Charan & Larry Bossidy (2002) denominan la diferencia entre la 
estrategia y sus resultados, como brecha de ejecución” (pág. 15). 
Figura 6: Brecha de Implementación 
Fuente: Elementos de la brecha de implementación Copyright (2014) por Debora 
Ramírez Vargas. 
17 
 
Del mismo modo Ramírez (2014) continua mencionado “En este 
sentido, dado que la “Brecha de Implementación” implica que no se los 
logren los resultados, ni los planes formulados, ésta se caracteriza por que 
las estrategias diseñadas no alcanzan el 100% de su potencial desempeño, 
se presenta baja ejecución de los presupuestos realizados, poca o 
incompleta ejecución de los planes, programas y proyectos diseñados, 
incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas estratégicas definidas y 
bajo desarrollo de los objetivos estratégicos” (pág. 16). 
Berman (2000) menciona que “el análisis de la implementación es el 
estudio de por qué las decisiones provenientes de la autoridad (sean éstas 
políticas, planes, leyes u otras) no conducen necesariamente al logro de los 
resultados previstos. Para plantearlo en términos más positivos, el análisis 
de la implementación es el estudio de las condiciones bajo las cuales las 
decisiones de la autoridad conducen efectivamente a los resultados 
deseados”. 
Pressman & Widalsky (1984) mencionado por Aguilar (1993) “El 
significado primero del término "implementar" es derivado del lenguaje 
ordinario (inglés): llevar a cabo, llevar a efecto, efectuar, realizar, producir, 
cumplir, culminar, completar... El verbo denota la acción que se ejerce 
sobre un objeto, considerado falto, defectuoso, desde un cierto punto de 
vista, con el fin de dotarlo de todos los elementos necesarios para que 
llegue a su perfección o acabamiento. En este contexto es obvio que lo que 
se implementa, el objeto de la acción denotada por el verbo implementar, 
es la política. Procede entonces, lógicamente, una clara distinción entre la 
política y el  acto  de implementarla” (pág. 43). 
18 
 
Revuelta (2007) menciona “es el proceso que ocurre entre las 
declaraciones formales de la política y el resultado final alcanzado. En otras 
palabras, la implementación es el llamado “eslabón perdido”. Es un 
momento, un proceso, a través del cual una política puede ser influenciada 
por diversas variables independientes – actores y factores- que pueden 
apoyar, alterar u obstruir el cumplimiento de los objetos originales” (pág. 
139). 
Van Meter & Van Horn  (1993) “El éxito de la implementación 
depende también de la capacidad que tenga la organización responsable 
para realizar su encomienda. La capacidad de implementar políticas puede 
verse entorpecida por factores tales como la sobrecarga de trabajo y la 
preparación deficiente del personal, la insuficiencia de información y de 
recursos financieros, las restricciones de tiempo. Comentando la 
incapacidad habitual de los subordinados para cumplir con exactitud las 
instrucciones de  sus superiores, generándose la brecha de 
implementación” (pág. 137). 
Van Meter & Van Horn (1993) “La implementación corre también el  
riesgo  de  fracasar si los responsables se  rehúsan a hacer lo que se 
espera de ellos. Los conflictos relacionados con las actitudes surgen 
cuando los subordinados (los encargados de la implementación) rechazan 
estas propuestas por sus superiores. Las metas y los objetivos pueden ser 
rechazados  por diversas razones: porque atentan contra los valores 
personales de los responsables o contra sus relaciones de lealtad con 
agentes externos a  la   organización, porque violentan su interés propio 
19 
 
porque alteran rasgos o  procedimientos de la organización que los 
encargados de la implementación desean conservar” (pág. 139). 
SEGUNDA PARTE: DISEÑO METODOLOGICO Y RESULTADOS 
 
CAPITULO I: PRESENTACION DE CASOS Y METODOLOGÍA 
Se han seleccionado 3 casos emblemáticos, considerados así debido a 
que fueron los que más impactaron por su grado de violencia en los distintos 
gobiernos que transcurrieron en el periodo 2001 – 2016, estos son mostrados 
en el siguiente cuadro, son casos que permitirán evaluar si se cumplieron con 
las disposiciones sobre derechos de la PNP, pues en ellos se produjeron 
fuertes agresiones y victimaron a miembros policiales. 
 
Gobierno Caso emblemático Año 
Alejandro Toledo Manrique Andahuaylazo 2005 
Alan García Pérez (2do Bagua 2009 
gobierno) 
Ollanta Humala Tasso Ley Pulpín 2015 
Tabla 1: Casos representativos 
En base a estos casos estudiados e investigados se realizaron  
entrevistas con diversos protagonistas e involucrados en este tema como son 
la Defensoría del Policía, el Defensor Legal del Policía y las Divisiones  de 
Bienestar, Asistencia Social y de Pensiones;  evaluaremos los resultados de los 
casos y los compararemos con las normas legales que existen para la 
asistencia al personal policial herido o fallecido en cumplimiento de su deber, 
esto nos permitirá observar la brecha existente en los últimos años. 
20 
 
Los casos considerados como emblemáticos fueron presentados por la 
prensa de la siguiente manera: 
1.1. Andahuaylazo en el 2005 – Gobierno de Alejandro Toledo (4 policías 
muertos) 
“En el 2005, Antauro Humala tomó la comisaría de Andahuaylas 
pidiendo la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo por haber 
pasado al retiro el 31 de diciembre del 2004 a oficiales que se enfrentaron 
al régimen de Alberto Fujimori, entre ellos a su hermano Ollanta Humala”. 
“Apoyado por los reservistas etnocaceristas, el 1 de enero del 2005, 
tomaron la comisaría de esa ciudad y secuestraron a 17 agentes 
policiales que estaban allí y durante el segundo día de crisis asesinaron a 
4 policías”. (El Comercio, 2011) 
“Antauro Humala Tasso, fue sentenciado a 19 años de prisión por la 
toma de la comisaría de Andahuaylas en enero de 2005, alegaba 
que debía ser sentenciado en este caso por el delito de rebelión y no por 
el concurso de otras figuras delictivas como homicidio, secuestro, 
arrebato de armas y daños materiales”. 
“Sus abogados solicitaron que configuren la sentencia del acusado, 
como delito único de sedición porque lo que se hizo fue un levantamiento 
en armas, y se pedía el cambio del entonces presidente Alejandro Toledo 
por el del vicepresidente David Waisman, más no era la idea sabotear al 
gobierno y al sistema democrático” (La República, 2011). 
(Peru21, 2015) refirió “por su parte que las autoridades peruanas 
exponían que “Si bien es cierto de que el procesado ha participado en el 
21 
 
delito de rebelión calificándose ésta como delito de sedición, también ha 
realizado otros tipos de delitos penales, tales como el secuestro de los 
efectivos policiales, la sustracción y arrebato de las armas que se 
encontraban en la comisaría de Andahuaylas y de los daños 
ocasionados en el interior de la comisaría como es la fractura de gavetas 
y mobiliarios para así obtener armas de fuego y que las mismas vienen a 
ser delitos medios que se subsumen al delito de rebelión, y como tal, 
dichos delitos no resultan ser independientes o autónomos debiendo 
reprimirse únicamente por el delito de rebelión”, sino que deben de ser 
incluidos en el proceso”. 
Finalmente, se le dictó sentencia con 19 años de prisión por los 
delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de 
fuego y daño agravado y secuestro agravado para Antauro Humala, 
siendo esta pena ratificada por la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia en marzo de 2015. 
1.2. Bagua en el 2009 – Gobierno de Alan García (23 policías victimas) 
Los hechos se suscitaron en la llamada “Curva del diablo”, los 
nativos habían ocupado la carretera Fernando Belaunde Terry y 
habiendo sido advertidos para que la desocupen, al no hacerlo, motivó  
la intervención de las fuerzas especiales de la DINOES (Dirección 
Nacional de Operaciones  Especiales), la manera de disuadir a los 
enardecidos lugareños fue mediante el uso de gases lacrimógenos, al no 
dar resultados positivos ante la falta de comunicación, hizo que la 
situación se complicara más, los lugareños tomaron como rehén al 
mayor Felipe Bazán siendo prácticamente secuestrado y con paradero 
22 
 
desconocido hasta la fecha, producto del enfrentamiento se llegaron a 
contabilizar 23 policías muertos.  
¿Qué causó el conflicto?, fue debido a que el gobierno de Alan 
García luego de firmar el TLC con EEUU, promovió inversiones las 
cuales tenían que hacerse en zonas ocupadas por las comunidades 
nativas del Amazonas, es el caso particular de la minera de nombre 
Afrodita que iba a ocupar un área protegida legalmente; pero luego de 
suscitados los hechos de violencia la compañía se vió obligada a 
suspender sus actividades. 
1.3. Manifestación con la Ley de Empleo Juvenil (Ley Pulpín) en el 2015– 
Gobierno de Ollanta Humala (16 policías heridos) 
El 11 de diciembre de 2014 se aprobó en el Congreso la Ley N° 
30288 (Ley de régimen laboral juvenil) que promovía el acceso de jóvenes 
al mercado laboral y la protección social conocida como la Ley Pulpín, 
siendo ésta objeto de críticas y polémicas, pues beneficiaba 
tributariamente a las empresas y reducía costos laborales; pero recortaba 
beneficios laborales. Los afectados realizaron un total de 5 marchas con 
el fin de derogar dicha ley logrando la derogatoria por parte del congreso 
peruano el 26 de enero de 2015. 
Ocurrió que en las diversas marchas realizadas en las calles de 
Lima hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional, 
los diarios capitalinos hicieron sinopsis de las marchas informando el 
número de heridos policiales en las diversas manifestaciones. En la 
primera marcha los manifestantes y la policía se enfrentaron en 
23 
 
inmediaciones del perímetro del Palacio de Gobierno y del Congreso de la 
República, cumpliendo su deber las fuerzas policiales impidieron el 
ingreso de los manifestantes. Con fecha 23 de diciembre de 2014 se lleva 
a cabo la segunda marcha contra la famosa “Ley Pulpín”, en ésta el 
ministro URRESTI se reunió con manifestantes que se encontraban en el 
Campo de Marte señalando que la policía los acompañaría sin uso de la 
fuerza;  ni la presentación de documentos de identificación tal como fue 
twiteado por la premier Ana Jara (Perú 21, 2014). 
Para la tercera marcha acaecida el 29 de diciembre de 2014, el 
centro histórico de Lima se encontraba resguardado por miembros 
policiales, así como los locales de la CONFIEP y la residencia del 
entonces presidente Ollanta Humala (Perú 21, 2014). 
Es en la cuarta marcha del 15 de enero de 2015 en donde el número 
de manifestantes eran casi 5000 personas en la cual hubo 
enfrentamientos resultando heridos 16 miembros del cuerpo policial (El 
Comercio, 2015). Entre ellos el Coronel Aguirre jefe de un destacamento 
quien resultó herido de una pedrada en la cara, tal como manifiesta en la 
entrevista que se realizó para el presente trabajo de investigación.   
Para la quinta y última marcha la cual fue más pacifica que las 
restantes, no se reportaron heridos por parte de la policía (Perú 21, 2015). 
Esta ley fue muy criticada pues quitaba los beneficios laborales a 
los jóvenes y no aseguraba más empleo formal para los jóvenes entre 18 
y 24 años. 
24 
 
(Vidal Bermúdez, 2014) Menciona: “Se afectan los derechos 
constitucionales de igualdad (por ser discriminatorio), de trabajo (por 
imponer la contratación temporal), y derechos colectivos (como 
sindicalización y negociación colectiva). El derecho al trabajo implica la 
contratación permanente como regla y de manera excepcional y 
justificada la contratación temporal. Está demostrado que los trabajadores 
temporales por temor a la no renovación de sus contratos no se afilian a 
un sindicato, lo cual limita gravemente la negociación colectiva.” 
CAPITULO II: CASOS Y METODOLOGIA 
Para la obtención de los fines del presente trabajo, se han realizado las 
siguientes entrevistas, las cuales nos han permitido tener evidencias directas 
de los protagonistas relacionados con el: antes (normas vigentes), durante 
(conflictos sociales) y después (deudas pendientes del Estado con los policías 
y familiares agraviados). 
Así podemos observar en el siguiente cuadro las fuentes usadas para los 
casos seleccionados. 
CASO EVIDENCIA 
 Entrevista al Coronel PNP Arredondo (jefe de 
Bagua operaciones en la Carretera Belaunde Terry). 
 Documentos de Defensoría del Pueblo 
 Artículos periodísticos 
 Entrevista al Coronel PNP Aguirre (jefe de 
operaciones en la 4ta marcha) 
Ley Pulpín 
 Artículos y recortes periodísticos que nos hablan 
de los incidentes ocurridos en las marchas 
realizadas. 
Andahuaylazo  Documentos de la Defensoría del Pueblo 
 Recortes y artículos periodísticos 
25 
 
Defensoría del  Entrevista con la Defensora del Policía Dra. Silvia 
Policía Arispe 
Dirección de  Entrevista al Cmdte PNP S RAUL ROMANI PUMA 
Defensa Legal al  Documentación indicando las funciones de la 
Policía dirección. 
Tabla 2: Fuentes de Investigación 
Dichas entrevistas y documentación fueron analizadas para la obtención 
de resultados y el análisis respectivo del tema de investigación; obteniéndose 
el siguiente resumen con respecto a los policías que fueron víctimas de 
agresiones en las intervenciones de conflictos sociales. 
Caso Consecuencias 
 Andahuaylazo 4 muertos 
 Ley Pulpín 16 policías heridos (4ta marcha) 
 Bagua 23 policías muertos y 1 
desaparecido, el cual es el Mayor 
Felipe Bazán 
Tabla 3 Víctimas de Conflictos Sociales  
Después de las investigaciones realizadas para el conflicto social de 
Bagua, todos los fallecidos en actos de servicio y en acción de armas fueron 
ascendidos póstumamente al grado inmediato superior con todos los beneficios 
que corresponden al grado obtenido, con respecto a  las pensiones fueron 
otorgadas a la viudas en el caso de estar casados, de igual forma a los deudos 
como padres y hermanos el 100% del integro de pensiones remunerables las 
cuales serán promovidas cada 5 años conforme a ley, de la misma forma se les 
otorgó por única vez la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 
por cada uno de los servidores policiales caídos en cumplimiento de su deber. 
26 
 
En el caso de que los servidores tengan descendencia, estos recibirán un 
porcentaje de la pensión otorgada y que caducara al cumplir la mayoría de 
edad. 
Para el caso en particular del mayor Bazán quien hasta la fecha está 
desaparecido, se esperó el tiempo prudencial de 03 años para poderlo declarar 
fallecido y así poder dar todos los beneficios conforme a ley que le asiste a los 
deudos. 
CAPITULO III: HALLAZGOS GENERALES 
Según el Informe de la División de Pensiones de la Dirección de Bienestar 
y Apoyo al Policía sobre el cumplimiento de los derechos que corresponden al 
personal policial afectado en su integridad personal en el cumplimiento de su 
función, se encontró que había un tiempo promedio de demora para la entrega 
de beneficios al personal caído en acción de armas y acto de servicio, el cual 
se resume en el siguiente cuadro: 
Tipo Tiempo Comentario 
Resolución donde se 3 meses Acto Administrativo que generara 
declara el fallecimiento por el otorgamiento de todos sus 
Acto de Servicio Derechos y Beneficios de 
acuerdo a Ley 
Resolución de Pensión de 2 meses Acto Administrativo que generara 
sobrevivientes por Acto de en el otorgamiento de pensión de 
Servicio  ( viuda e hijos, sobrevivientes con las 
padres) con la Promoción promociones económicas cada 
en el grado Inmediato cinco años en Oficiales hasta el 
Superior grado de Coronel y en 
Suboficiales hasta el grado de 
Brigadier  además de un Subsidio 
económico de 2800 mensuales 
de acuerdo a la normatividad 
vigente 
Resolución que otorga 3 meses Acto Administrativo que generara 
27 
 
Beneficio del Seguro de en el otorgamiento del Beneficio 
Vida del Seguro de Vida equivalente a 
15.5 UIT a los beneficiarios que 
se encuentren considerados en la 
Carta Declaratoria consignada, 
obra en los archivos del DACAR-
DIRBAP-PNP. 
Compensación por Tiempo 6 meses Beneficio que se otorga al 
de Servicios personal PNP por los años 
cumplidos en su servicio y esta 
normado según grado y años 
laborados, se presupuesta 
Trimestralmente y los montos 
oscilan entre 1984 soles por año 
para un Suboficial Superior y un 
General en 4040. que hayan 
cumplido 30 años de servicios. 
Tabla 4:: Tiempo de trámite para beneficios 
3.1. PENSIONES 
En las investigaciones realizadas para nuestro estudio con respecto a 
los diferentes conflictos sociales seleccionados, hemos encontrado los 
siguientes hallazgos: 
Para el caso Bagua y Andahuaylazo, se emitieron Resoluciones 
Directorales en el cual se reconocía pensiones por el tiempo de servicios y 
el ascenso al grado superior inmediato a título póstumo en acción de armas 
o actos del servicio, los cuales fueron otorgados a sus deudos familiares 
las viudas, descendientes (hijos) o ascendientes (padres). Para estos 
miembros caídos en acción de armas se estableció un reconocimiento de 
S/. 55,000.00 (cincuenta y cinco mil soles) establecido en un decreto 
supremo de urgencia (caso Bagua).  Para el caso de los hijos menores de 
edad se les brindó un porcentaje equitativo de la pensión de orfandad que 
se le daría hasta cumplir la mayoría de edad. 
28 
 
Para el caso del mayor Felipe Bazán Soles quien hasta la fecha está 
desaparecido, después de 3 años ha sido declarado fallecido, de esta 
forma sus deudos (esposa e hijas) han podido recibir todos los beneficios 
conforme a ley. Debemos recalcar que estas pensiones están sujetas a los 
cambios de grado policial que se realizan cada 5 años. De la misma forma 
muchos trámites para alcanzar estos beneficios en pensiones han durado 
buen tiempo por la burocracia existente, en donde ha tenido que intervenir 
la Defensoría del Policía para interceder y asesorar en la aceleración del 
otorgamiento de pensiones. 
3.2. BIENESTAR 
Todos los miembros caídos en cumplimiento de su deber fueron 
asistidos por la institución para la pronta obtención del Certificado de 
Defunción para que sea entregado a la División de Altas y Bajas de la 
institución para el otorgamiento de los beneficios conforme a ley. La 
División de Fondo de Apoyo Funerario (FONAFUN) se encargó del velorio 
de cada uno de los miembros fallecidos, así como también del traslado de 
cada uno de sus restos al interior del país en caso de que sea solicitado 
por los familiares. 
3.3. SALUD 
En cuanto a salud tenemos el caso del Coronel Aguirre quien resultó 
víctima de agresión en una de las marchas contra la famosa “Ley Pulpín” 
con 4 piezas dentales dañadas, no recibió atención en el nosocomio de la 
policía, pues por decisión propia se atendió de forma particular. Los 
miembros policiales heridos en Bagua fueron evacuados a los nosocomios 
29 
 
policiales de Chiclayo y de Lima, dependiendo de la gravedad de sus 
heridas, en el caso de Andahuaylas se registró 5 heridos los cuales fueron 
atendidos en los nosocomios de la localidad. 
Como hemos podido ver los beneficios de pensiones, salud y 
bienestar se dieron para cada uno de los afectados, sin embargo, los 
beneficios de velorio y traslado de restos fueron los más inmediatos de 
atención por su naturaleza. Los trámites de pensiones si tuvieron demora, 
muchos de ellos tuvieron reconsideraciones de acuerdo a lo solicitado por 
los deudos, en cuanto al pago de sus pensiones. Para otros casos fueron 
mediados por parte de la Defensoría del Policía para su celeridad. 
CAPITULO IV: CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 
En el transcurso de la investigación y al realizar las entrevistas, se 
encontró malestar en las victimas policiales por la falta de información para 
poder acceder a los beneficios previstos en la ley, cuando han sido víctimas de 
agresiones en manifestaciones sociales, existe una falta de orientación y 
desconocimiento;  a qué oficina de  la institución policial deben acudir para 
acceder a la red de beneficios, pues en el momento de la ocurrencia de los 
hechos muchas veces ninguna autoridad informa cómo debe de realizarse los 
trámites correspondientes. Por otro lado, otros entrevistados conocen los 
beneficios, pero los trámites son muy lentos y en vista de la prisa para la pronta 
recuperación de sus familiares heridos recurren a entidades particulares para 
su mejoría, sobretodo quienes necesitan de artefactos ortopédicos para su 
rehabilitación o intervenciones quirúrgicas más complejas.  
30 
 
En esta investigación los casos seleccionados han sido los más 
emblemáticos de los últimos gobiernos, en los cuales se ha observado una 
espiral de violencia por parte de los agitadores contras las fuerzas del orden 
público, lo cual pasa por la predisposición para asesinar, agredir físicamente y 
hasta secuestrar en algunos casos a los agentes del orden.  
Los resultados de la investigación han sido muy significativos, ya que se 
percibió un rompimiento del  orden interno,  se perdió la capacidad de 
gobernar; donde el riesgo latente es que un gobierno pueda ceder tanto que da 
la sensación de no tener principio de autoridad, pasando luego por un pronto 
desgaste, en donde muchas privatizaciones han sido truncadas por presión de 
grupos sociales, afectando seriamente la inversión privada, haciendo que el 
Estado asuma penalidades por incumplimiento de contratos. Esto es debido a 
que hoy en día existe la supervisión de organismos supranacionales que 
postergan las inversiones de las empresas privadas en los distintos países del 
mundo por la violencia generada. 
4.1. FALTA DE INFORMACION/INTELIGENCIA  
Los problemas también existieron en el accionar de la policía, en el 
área de inteligencia y se reflejó cuando los PNP fueron expuestos a 
enardecidos y violentos grupos de manifestantes organizados, los 
entrevistados mencionaron que por lo menos esto les ocurrió en Bagua y 
en Andahuaylas, ahora ¿Cómo prevenir esto?, para lograr esto el soporte 
necesario para enfrentar un conflicto está en función del éxito del servicio 
de inteligencia para poder madurar su desarrollo y así realizar la 
prevención, la participación de la clase política así como de las fuerzas del 
31 
 
orden,  quienes son los encargados de velar para que todo transcurra en 
un ambiente de armonía, de no ser así usar los mecanismos que el Estado 
brinda para pacificar cualquier zona en convulsión, es de esta manera 
como se mide la gobernabilidad de un país. 
Para el presente trabajo de investigación se pudo verificar que uno 
de los tres aspectos falló en cada caso emblemático (inteligencia, logística 
y entrenamiento), información que se obtuvo de las entrevistas realizadas a 
los que intervinieron en los conflictos sociales, así también los 
entrevistados expresaron en su gran mayoría preocupación por la manera 
acelerada y tan preocupante con la cual se han desarrollado e 
incrementado los conflictos sociales, sin claras políticas de control. 
4.2. PRESUPUESTO INSUFICIENTE 
De lado de las fuerzas del orden los entrevistados manifestaron que 
tuvieron problemas de equipamiento al momento de la intervención, es así 
que algunos no habían recibido instrucciones pertinentes, otros no 
contaban con armas adecuadas, mucho menos con armas no letales que 
permiten disuadir a los manifestantes, mencionaron que hubiera sido de 
gran ayuda el poder contar con varas de goma y gas lacrimógeno suficiente   
entre otros;  ante esto en ocasiones a lo único que recurrían eran a las 
mismas piedras que le lanzaban los revoltosos para repeler sus ataques, 
pues era vital en ese momento encontrar cualquier medio para defender 
sus vidas. 
Luego de las intervenciones persistieron los problemas para los 
miembros de la PNP, salvo excepciones se pudo observar que la mayoría 
32 
 
de ellos si recibieron ayuda de la Sanidad de la Policía; pero no fue 
suficiente, tal como manifestaron los Coroneles Luis Aguirre y César 
Arredondo, sobre  todo el caso del Coronel Aguirre que ante la agresión 
que sufrió y ante la urgencia que tenía prefirió atenderse de manera 
particular asumiendo sus propios gastos, debido también a que conocía 
que servicios de salud no le cubrían el Fondo de Salud Policial; el cual 
como institución describe cuáles son los gastos que no cubre en su 
atención entre ellos está el de no otorgar subsidio por: prestaciones 
económicas por incapacidad temporal, por maternidad, por lactancia, por 
sepelio, entre otras y además establece  las siguientes exclusiones de 
gastos que se pueden visualizar en la tabla siguiente y dentro de la cual 
está Prótesis dental y Ortodoncias. 
Tratamiento de: Observación 
Cirugía estética o plástica A excepción de las secuelas 
producto de accidentes en acto de 
servicio o como consecuencias 
directas del servicio 
Asimismo, quedan Para titulares y beneficiarios 
exceptuados los directos. 
procedimientos quirúrgicos de 
cirugía plástica reconstructiva  
Prótesis dentales y - 
ortodoncias. 
Adquisición de anteojos,  
cristales, lentes de contacto y  
otros métodos correctivos - 
oftalmológicos de uso 
externo. 
Audífonos y otro tipo de  
prótesis en general. - 
Medicina y material biomédico Salvo autorización expresa del 
no considerado en el petitorio Directorio, con el sustento técnico 
institucional vigente, correspondiente. 
 
Soportes funcionales o  
estáticos, plantillas, calzado  
ortopédico y elementos - 
33 
 
afines. 
 
Muletas, sillas de ruedas y Con excepción de secuelas producto 
elementos afines,  de acción de armas en acto de 
servicio o como consecuencias 
directas del servicio. 
Tabla 5: Beneficios por tipo de atención 
De manera general, en los casos entrevistados, se ha podido observar 
que no se han respetado los DDHH de los policías los cuales van desde 
agresiones como las que le ocurrió al Coronel Luis Aguirre, afectando su 
integridad, hasta la violencia desmesurada con víctimas, como lo ocurrido 
en Bagua con el resultado de 23 muertos. 
4.3. CAPACITACION DEFICIENTE 
Gran parte del problema puede ser enfrentado desde las aulas 
policiales, tal como manifestaron los entrevistados, ¿De qué manera? 
implementando en las currículas técnicas modernas de intervención, que 
incluyan cursos dedicados exclusivamente a lo que es violencia en 
conflictos sociales, capacitación en derechos que les asiste como 
integrantes de la Policía Nacional, con el fin de poder enfrentar con más 
efectividad este tipo de problema que crece en nuestro país;  es necesario 
contar con la logística del caso para el enfrentamiento con las fuerzas 
agitadoras, que son problemas desde que están en el proceso de 
preparación, pues en algunos casos expresaban que no existían 
municiones en las prácticas de tiro que realizaban para lo cual tenían 
necesariamente que comprarlas, mientras tanto solo simulaban sin hacer 
disparos reales. 
En el caso de los policías que participaron en las protestas de Bagua 
algunos de ellos se enfrentaron a los revoltosos sin tener los conocimientos 
34 
 
y experiencia práctica, aquí los datos nos dicen que murieron 23 policías y 
10 civiles a algunos de ellos en el colmo de la habilidad de los revoltosos 
les fueron arrebatadas sus armas para luego ser ultimados con sus 
mismas, sencillamente los policías no estaban preparados para impedir 
esto. 
4.4. NUEVOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE INCREMENTA EL DAÑO A LA 
PNP 
Se ha podido observar producto de los testimonios de los 
entrevistados, la sorprendente capacidad organizativa de los 
manifestantes, los cuales con movimientos tácticos poco convencionales 
enfrentan a los policías, calculan las posibles reacciones de las autoridades 
y en base a eso actúan, juegan con los tiempos, con la publicidad que 
puedan tener en los medios de comunicación, en un caso particular como 
Andahuaylas la crisis ocurrió por un problema con respecto a las tarifas de 
la electricidad y el Estado no tomó las previsiones con respecto a las 
muestras iniciales de tensión y esperaron que desencadene como un 
problema social para recién reaccionar. Las reuniones entre el Estado 
representado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría 
del Pueblo con los pobladores no eran muy efectivas por lo que este 
problema de coordinación al final trajo mucho malestar en la población 
según versión de los entrevistados y confirmado en los medios de 
comunicación, paralelamente a todo esto los pobladores se organizaban 
para protestar, era inminente el desborde social pero no se pudo 
desactivarlo y ocurrió. 
35 
 
Se pudo percibir también en los entrevistados el temor a los procesos 
penales en las cuales pueden estar inmersos si hacen uso de sus armas de 
reglamento, esto se dio en el caso de Bagua, los manifestantes saben de 
esto, es en sí un retroceso para el efectivo policial en su labor del 
restablecimiento del orden y obviamente una desventaja. 
Basado en lo anterior la actitud hostil de muchos manifestantes ocurre 
porque conocen que hay impunidad, como que saldrán libres de algún tipo 
de sanción, generalmente esto se da porque algunos policías tienen como 
factor desfavorable el no poder sustentar los hechos ocurridos en una 
intervención, por lo que las autoridades judiciales en varias ocasiones han 
desestimado las acusaciones entre otros motivos por cuestión de 
inconsistencias y con juicios pocos transparentes que terminan siendo 
desfavorables para los miembros de la PNP. Los miembros policiales 
tienen que estar mejor preparados ante estas circunstancias, es así que los 
problemas también existen en el área de inteligencia y se refleja cuando 
son expuestos fácilmente a violentos grupos organizados, por lo menos con 
un buen trabajo de inteligencia podría capturar a los dirigentes para hacer 
que esto de alguna manera quiebre el accionar del grupo. 
La policía necesita tener información del aspecto legal que los 
ampara, contar con capacitación para hacer frente a estos nuevos 
escenarios de violencia, este aspecto es necesario conocerlos desde las 
aulas policiales nos manifiestan los entrevistados. 
4.5. CUESTIONES LEGALES 
36 
 
Un factor de control para evitar estos desbordes sociales es el Poder 
Judicial; pero los entrevistados manifestaron que ellos perciben al sistema 
judicial como muy débil para sancionar ejemplarmente a los agresores, se 
da el caso por ejemplo de que el Ministerio Público aceptó que el 
‘Andahuaylazo’ configuró un sólo y único delito: el de rebelión por parte de 
Antauro Humala Tasso, obviamente al no ser calificado como sedición, esto 
hizo que las penas para los involucrados sean más benignas, si bien es 
cierto que se conoce que la ley ampara la intervención de la PNP ante 
situaciones que alteren el orden público o hayan causado daños a la 
propiedad pública o privada, sin embargo debe tenerse en cuenta que en 
estos casos los derechos humanos de los policías fueron vulnerados por 
los manifestantes, con un alto costo debido a que hubieron víctimas.  
Luego de estas grandes protestas se dio el Decreto Supremo 012-
2016-IN, el cual fue publicado en el diario oficial El Peruano que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, en el que se determina que 
los policías están facultados a usar sus armas de fuego en caso de 
resistencia activa del infractor que represente un peligro real e inminente de 
muerte o lesiones graves y “sólo cuando medidas menos extremas resulten 
insuficientes o sean inadecuadas”. 
Es necesario mencionar con respecto a los implicados en el caso del 
Baguazo, que estaban detenidos por este delito 52 indígenas y se le 
abrieron seis procesos penales.  La acusación por la muerte de civiles fue 
archivada, hasta la fecha aún falta procesar el caso de los policías fallecidos 
en la “Estación 6” y la desaparición del Mayor PNP Felipe BAZÁN SOLES. 
El proceso que ya cuenta con sentencia es el  llamado “La Curva del Diablo” 
37 
 
que duró siete años y cuatro meses, los acusados fueron procesados y 
absueltos por la Sala Penal de Bagua, el 22 de setiembre del 2016 de 7 
delitos entre ellos; homicidio calificado por la muerte de los policías, 
instigación, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín y 
disturbios, arrebato de armamento y municiones, tenencia ilegal de armas 
de fuego y daños agravados (Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
2016). 
En esta sentencia emitida se dio la intervención de la antropóloga 
Fredirica María Pía Barcly Rey de Castro quien manifestó “Los Awajun son 
un pueblo indígena de una cultura y organización social propia que tiene 
origen en tiempos anteriores a la constitución de la república peruana, su 
cultura y organización se encuentra en un proceso de integración y cambio 
cultural desde hace unas décadas; pero persisten formas tradicionales de 
pensar y actuar que constituyen condicionamientos culturales. La defensa 
de la integridad territorial es para el pueblo Awajunun mandato moral y una 
obligación inter generacional que la normativa internacional ampara, por lo 
que los hecho suscitados  de modo que actualmente no se tienen detenidos 
o responsables de los hechos y que los incidentes ocurridos entre abril y 
junio del 2009 se dieron en un contexto colectivo por los que los Awajun se 
hallan obligados a cumplir los acuerdos colectivos y que es muy difícil 
contravenir dichas decisiones, incluso no pueden ser reemplazados por 
otros para no cumplir con sus obligaciones” (Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, 2016, pág. 298). 
Esta sentencia ha sido cuestionada por las altas autoridades 
policiales tal como lo manifestó el ministro Carlos BASOMBRÍO IGLESIAS 
38 
 
"una ofensa a la memoria de los policías caídos y masacrados en Bagua 
que no se haga justicia” (Canal N, 2016), pues es un caso más de 
impunidad, esta sentencia ha sido favorable para las comunidades 
indígenas involucradas, esta absolución no sólo fue por cuestiones 
interculturales sino que los policías que fallecieron por arma de fuego y las 
diversas pericias de absorción atómica mostró que ninguno de los acusados 
había disparado, generándose un sentimiento de impunidad para los 
miembros policiales y para los familiares. No obstante no son analizadas en 
este proceso los motivos originales que causaron el conflicto social y 
cultural, sólo se limita a ver la situación individual de cada uno de los 
procesados. 
La sentencia emitida por la Corte Superior de Bagua presentó 
información histórica y de índole antropológica sobre los pueblos indígenas 
Awajun y Wampis quienes se sintieron amenazados por la presencia de la 
minera Afrodita y el recorte de sus territorios naturales por el gobierno de 
Alan García, quien ignorando dicho descontento promulgó decretos 
legislativos entre los cuales se mencionaba la disolución de comunidades 
indígenas y la venta de sus tierras. 
Han quedado muchas interrogantes en esta dimensión de conflicto 
social que son importantes reflexionar tales como ¿Por qué no se estableció 
una comunicación más efectiva entre el Poder Ejecutivo y los 
representantes de las comunidades indígenas? ¿Por qué inteligencia del 
Estado no pudo preveer estos posibles desmanes? ¿Por qué en estos 
procesos no se incluyen a los actores políticos que participaron de los 
hechos?¿Quiénes defienden a los familiares de estos miembros policiales 
39 
 
fallecidos? ¿El trabajo de los fiscales y jueces fue suficiente para resolver 
este caso? 
Con esto queda demostrado que el Poder Judicial, ni el Estado 
Peruano no están capacitados para juzgar a nuestros hermanos de las 
comunidades indígenas de acuerdo a las normas vigentes nacional e 
internacionalmente. 
Un gran número de miembros de la PNP desconocen cuáles son de 
sus derechos, es la Defensoría del Policía la encargada de velar por ellos, 
de las misma forma atiende a las víctimas y deudos de los enfrentamiento 
en conflictos sociales para que puedan recibir apoyo en el proceso de 
otorgamiento de beneficios, incluso en los procesos de conciliación que se 
deben de realizar  antes de ir a un proceso judicial, en las entrevistas se ha 
recogido el malestar por la demora de estos trámites administrativos que 
muchas veces duran meses o hasta años, dañando de esta forma los 
derechos que les asiste. Por otro lado también manifestaron desconocen la 
asignación de viáticos al momento de ser trasladados a zonas de conflictos. 
Es importante recalcar que la Defensoría del Policía no sólo vela por los 
derechos de los miembros en actividad, sino también por aquellos que se 
encuentran en situación de disponibilidad o en retiro frente a los actos 
administrativo en los cuáles pueden estar inmersos, aquí la Defensoría 
puede actuar de oficio o a petición de parte afectada, también absuelve 
consultas y brinda asesoría gratuitamente. 
Otra División  importante es la Oficina de Defensa Legal al Policía 
encargada de prestar apoyo antes, durante y después de acontecimientos 
ocurridos en los conflictos sociales, esta oficina tiene como una de sus 
40 
 
principales funciones  la capacitación del personal policial, instruyéndolos 
en materia de derechos humanos que les asiste y que están garantizados 
en el momento que realicen una intervención como parte de sus actividades 
policiales encomendadas, estas  intervenciones deben de ser realizadas de 
acuerdo a los procedimiento y protocolos pertinentes; de la misma forma la 
Oficina de Defensa Legal brinda al Policía los servicios de abogados por 
parte de la institución cuando algunos de sus miembros policiales  se 
encuentra inmerso en el ámbito judicial como consecuencia de sus 
funciones, esta asistencia se da  durante el tiempo que dure el proceso, 
logrando muchas veces el resarcimiento del miembro policial. De la misma 
forma tenemos a los procuradores del Estado quienes asesoran a la 
institución policial en temas judiciales. 
Durante el desarrollo de los conflictos se ha suscitado la intervención 
de políticos quienes muchas veces exacerban aún más los ánimos,  que no 
contribuye con el proceso de pacificación de una protesta social, muestra de 
ello fue lo ocurrido en Bagua, en que se realizó una  entrevista al entonces 
presidente Alan García quien de manera irresponsable trato a los nativos de 
Bagua con estas palabras: “Estas personas no tienen corona, no son 
ciudadanos de primera clase”, éstas declaraciones influyeron en los  ánimos 
de los manifestantes degenerando en un violento enfrentamiento cuyo 
resultado fue la muerte de 23 policías y 10 indígenas. 
Lo mismo pasó con la denominada “Ley Pulpin”, las autoridades 
gubernamentales propusieron una ley que tenía un enfoque netamente anti 
laboral para los jóvenes, que fue aprobada en el Congreso de la República, 
no hubo una adecuada explicación de los beneficios que traería y no 
41 
 
tuvieron capacidad de autocrítica al respecto, ni tampoco canales de 
comunicación efectivos para con la ciudadanía, pues al preguntarles a los 
jóvenes que es lo que no le gustaba de la norma para ver si era modificable 
o no, y simplemente respondían que “todo estaba mal”. 
Durante el desarrollo de las protestas, sobretodo en la 4ta marcha 
resultaron heridos 16 policías  producto de los enfrentamientos con los 
manifestantes, estos miembros fueron atendidos en el Hospital de la 
Sanidad Policial, entre los heridos hubieron algunos con traumatismo 
encéfalo craneano, otros fueron sujeto de cortes, otro agente  policial recibió 
una pedrada en el ojo derecho quien fue tratado en el  departamento de 
oftalmología del Hospital de la Policía.  
Durante la investigación realizada uno de los integrantes de la Policía 
Nacional del Perú que intervino en las protestas por la “Ley Pulpín” fue José 
Francia, quien narró que fue atacado por una turba de encapuchados con 
piedras y objetos contundentes, terminando con la cabeza rota, de haber 
sido capturados los implicados podría recibir  penas privativas de la libertad 
entre 6 y 8 años por agresión a la autoridad. Otro caso fue el del Coronel 
Aguirre quien fue entrevistado para esta investigación, quien estuvo al 
mando de las Fuerzas Policiales en la 4ta marcha, siendo herido de una 
pedrada en el rostro, volándole 4 piezas dentales. 
Por otro lado es importante también mencionar la post-intervención 
policial en un conflicto social, es decir,  luego de haber concluido el 
conflicto, el Estado tiene la obligación de dar solución definitiva al problema, 
siendo algo fundamental la sanción ejemplar de aquellos que lideraron el 
vandalismo, para evitar que estos sucesos se repitan, y es este aspecto en 
42 
 
lo que incidieron los entrevistados pues sienten que el Estado es al respecto 
muy permisivo. 
Aducen que si todo queda impune lo más probable es que lleve a un 
nuevo estado de violencia, al desorden social y se repitan los hechos. 
Se hace necesario reducir esa brecha que se incrementó con 
respecto a la población para evitar futuros enfrentamientos, notemos que en 
algunos de los casos el factor político falló ocasionando los lamentables 
incidentes es entonces importante que el Estado, apacigüe los ánimos 
instalando comisiones Ad Hoc que realicen un trabajo amplio obviamente 
que involucre a las partes interesadas pero en base a metas, es una opinión 
general que se pudo percibir en las entrevistas. 
4.6. BRECHA DE IMPLEMENTACION 
Si bien es cierto las normas están dadas para ser cumplidas;  pero 
sin embargo muchas de estas no pueden ejecutarse por diversas índoles, 
para nuestra investigación el enfrentamiento de una comunidad con los 
miembros policiales es producto de la negligencia y desinterés por parte del 
Estado para hacer cumplir las normas ya establecidas; limitándose al 
invocar acciones de diálogo y conciliación que deben realizarse como 
acciones primarias, por otro lado la institución policial debe tener en cuenta 
siempre la seguridad de sus miembros que está establecido en normas 
funcionales por la delicada labor que realizan y por último el Poder Judicial 
no puede sancionar a los culpables de afectar a los integrantes policiales,  
en razón de no contar con los medios probatorios que permitan identificar a 
los culpables. 
43 
 
Por otro lado, esta brecha está dada por la debilidad del Estado, la 
falta de claridad a las normas, las falta de recursos y sobretodo la 
resistencia al cumplimiento de las normas por parte de los actores de un 
conflicto social. Tal como menciona (Grindle M. , 2009) lo ha llamado 
“brecha de implementación” en donde destaca la distancia que hay entre 
las normas y la ejecución de estas, pues muchas veces el mal diseño de 
estas que no van a acorde a la realidad en la cual deben de ser aplicadas, 
la oposición política que impide ejecutarlas pues no va a acorde con sus 
intereses partidarios, los actores económicos y sociales, tal es el caso 
como ocurre con el canon minero que fue normado para que las 
universidades publicas hicieran investigación científica, sin embargo 
muchas de ellas usaron este incremento de recursos para el crecimiento de 
su infraestructura, pago de salarios, etc;  pero no se incrementa la 
investigación. 
Otros órganos regente del estado de derecho como el Congreso, 
sólo legislan para un corto plazo pues anteponen los intereses inmediatos y 
no los de mediano y largo plazo. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Como se ha visto en este estudio los policías heridos y los familiares de 
los policías fallecidos recibieron indemnizaciones y beneficios dentro de la 
institución acorde a las normas vigentes, muchas veces contaron con el 
apoyo de la División  de Bienestar; pero en las otras instancias los trámites 
fueron muy engorrosos y de larga duración, para los efectivos que necesitaron 
atenciones médicas por  lesiones físicas  causadas en enfrentamientos de 
conflictos sociales solo recibieron una ayuda mínima, otros optaron por 
44 
 
hacerlo de forma particular para lograr su total restablecimiento e incorporarse 
a sus actividades. 
Las muestras de violencia desmesurada hacia los miembros de la 
Policía Nacional del Perú ha sido una constante, sin importar las 
consecuencias físicas que estos puedan sufrir, así como ningún tipo de 
respeto hacia sus Derechos Humanos que le compete por ser también  seres 
humanos. 
Aquí presentamos las conclusiones producto de la investigación y 
estudio que se han encontrado y que existieron problemas de brecha de 
implementación de las normas, pues el Estado Peruano no ejerce el 
cumplimiento de sus propias leyes, ni garantiza los derechos de su personal 
policial que se encarga de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 
Esta brecha también se ha dado en otras áreas del Estado al no poder ser 
implementadas y ejecutadas,  pues estas normas no han sido idóneamente 
diseñadas de acuerdo a la realidad en la cual se desea aplicar, en donde no 
hay derechos, recursos, ni infraestructura suficiente. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que las manifestaciones 
sociales ocurridas en el país no han sido analizadas integralmente, en donde 
la coordinación entre el Estado y las comunidades implicadas no es la mejor, 
existiendo un desinterés por parte del poder ejecutivo. Otras instituciones 
como la Defensoría del Pueblo quien ejerce sus funciones que es defender 
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de función de 
la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la 
45 
 
población. Sin embargo muchas veces no existe una comunicación fluida con 
el Estado. Esta falta de coordinación impide realizar un análisis profundo del 
conflicto que permita no solo identificar quién es quién, sino también conocer 
el tejido social de la zona de conflicto, las necesidades y percepciones de la 
población. 
Las manifestaciones provocadoras de conflictos sociales son cada vez 
más organizadas, conocen el aspecto legal que les concierne, saben cómo 
ejercer presión pública, usan a los medios de comunicación para el logro de 
sus objetivos y la percepción de impunidad para sus actos violentos que no 
serán sancionados. En el ciudadano hay una cultura de irrespeto total a las 
fuerzas del orden, de poco valor de la labor abnegada que realiza, esto se ve 
en las agresiones en todo contexto. 
Si lo que se trata es de mejorar la situación de los derechos humanos 
del personal policial, se debe de establecer políticas de protección en las 
cuales el personal policial pueda desarrollar sus funciones y para ellos debe 
de contar con las garantías institucionales y estatales que le brinda la 
normativa a la que está sujeta su profesión. Eliminar la brecha de 
implementación para la ejecución de las normas de protección a los miembros 
policiales o rediseñar dichas normas de acuerdo a la naturaleza de sus 
funciones y en el contexto en que se desarrollan. 
Por otro lado para que el personal policial pueda lidiar en temas de 
conflictos sociales no solo necesita tener información e instrumentos legales 
para su accionar,  sino también contar con policías entrenados y capacitados,  
para ello se debe poner mayor énfasis en cursos desde las aulas de 
46 
 
formación policial debiéndose internalizarse las leyes y todo tipo de 
conocimientos que les sean favorable a los miembros de la Policía Nacional 
del Perú, que les compete antes, durante y después de una intervención, todo 
aquello que respalde su trabajo y que le permita no exponer su vida ante 
situaciones extremas. 
Las autoridades policiales deben de establecer un trabajo de 
inteligencia eficaz antes de la intervención de sus integrantes en un conflicto 
social, para evitar víctimas innecesarias o bien tomar más atención al 
Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART), implementado por la 
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), a fin de accionar con antelación a los conflictos 
sociales que se pueden dar en el país. 
Las Direcciones de Salud y de Bienestar y Apoyo al Policía, deben 
actuar con eficacia ante una situación crítica del policía, como puede ser el 
riesgo de su vida, o el tratamiento en sí, así como en el apoyo legal que 
pueda necesitar posterior a una intervención y evitar demoras innecesarias. 
La Policía Nacional debe elaborar una cartilla informativa a fin de 
proporcionar información que ayude a las víctimas y deudos sobre los 
beneficios y derechos que les asiste. Y cómo gestionarlos oportunamente 
evitando trámites complicados.  
  
47 
 
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