PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 
Un nuevo enfoque para contribuir al combate del crimen organizado en el 
Perú 
Trabajo de Investigación para optar el grado de 
 Magíster en Gobierno y Políticas Públicas 
AUTOR 
Wilson Sánchez Sánchez 
ASESORA 
Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios 
JURADO 
Leonidas Lucas Ramos Morales 
Noam Dante Valentín López Villanes 
LIMA – PERÚ 
2018 
i 
RESUMEN 
 
La delincuencia y la corrupción son los problemas principales que afronta el Perú  
en los últimos años. Dentro de este contexto, el crimen organizado es la modalidad 
delictiva que constantemente se ha venido fortaleciendo debido a diversos factores, 
como es la captación y la participación de efectivos policiales en las actividades de 
las organizaciones criminales, dificultando su combate y generando una especie de 
sensación de inseguridad y una acentuada desconfianza de la ciudadanía en la 
Policía Nacional del Perú (PNP).Esta situación genera perjuicio en la población en 
general, así como en la imagen de dicha institución policial. La principal causa de 
dicha problemática es el deficiente proceso de captación de futuros agentes para 
las escuelas de formación policial. En dicho proceso, no se evalúa el aspecto de 
integridad moral, el cual para el caso de funcionarios que representan la ley y que 
son encargados de hacerla cumplir, resulta un aspecto fundamental y necesario. 
Con el propósito de contribuir a la solución del referido problema, la presente 
investigación tiene como propuesta un proyecto de naturaleza innovadora que 
consiste en un nuevo enfoque para la captación de personal en la PNP mejorando 
el respectivo perfil policial en base a valores y fortalezas morales que podrán ser 
evaluadas mediante la aplicación de un examen de poligrafía, el mismo que sería 
parte integral de evaluaciones en todos los procesos de admisión, debiendo tener 
un plan de seguimiento conforme a determinados indicadores. Para desarrollar el 
presente Proyecto, fueron empleadas herramientas cuantitativas y cualitativas, con 
base a análisis de distintas fuentes de información primaria y secundaria. 
Palabras clave: Crimen organizado, servicio policial, corrupción, integridad, 
ciudadano, seguridad, desarrollo. 
 ii 
INDICE  
 
 Pág. 
Hoja de respeto 
Carátula i 
Resumen ii 
Índice iii 
Lista de gráficos iv 
Lista de tablas v 
Lista de figuras vi 
Introducción 1 
CAPÍTULO I: DEL PROBLEMA 4 
1.1 Identificación del problema 4 
1.2 Marco Teórico 8 
1.2.1 Conceptos Teóricos 12 
1.3 Evidencias del problema 21 
1.4 Afectación del incremento del crimen organizado al ciudadano 28 
1.5 Estado de la cuestión 30 
1.5.1 Normas legales vinculadas al problema 32 
CAPÍTULO II: DE LA PROPUESTA DE MEJORA 35 
2.1 Causas del problema 35 
2.2 Transformación de árboles de problemas a medios 37 
2.3 Estructura de la solución 38 
CAPÍTULO III: DE LA VIABILIDAD DE LA MEJORA 41 
3.1 Matriz de costeo e indicadores 41 
3.2 Viabilidad 41 
CONCLUSIONES 47 
BIBLIOGRAFÍA 49 
 iii 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1: Principales problemas del país (2015 – 2016) 4 
 
Gráfico 2: Principales problemas del país (2016 – 2017) 5 
 
Gráfico 3: Población del área urbana víctima de algún hecho delictivo 
(Semestre: Nov.2015-Abr.2016/Nov.2016-Abr.2017) (%) 6 
 
Gráfico 4: Porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo con el 
uso de armas de fuego. (Semestre, noviembre 2015/ abril 2016; 
noviembre 2016/abril 2017). 7 
 
Gráfico 5: Delitos registrados en fiscalías provinciales penales y mixtas, 
a nivel nacional 23 
 
Gráfico 6: ¿En qué instituciones confían los peruanos? 29 
Gráfico 7: Población del área urbana víctima de algún hecho delictivo 
(2015-2017) 30 
 iv 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1: Efectivos policiales capturados por involucramiento en actividades 
del crimen organizado 2014-2015. 24 
Tabla 2: Efectivos policiales capturados por involucramiento en actividades 
del crimen organizado 2016 25 
Tabla 3: Efectivos policiales capturados por involucramiento en actividades 
del crimen organizado 2017 26 
Tabla 4: Personal PNP que ha sido sancionado por infracción muy grave 
(MG 54) por la IGPNP a nivel nacional. 26 
 v 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1: Árbol de problemas 37 
Figura 2: Árbol de medios 38 
 vi 
ITRODUCCIÓN 
 
 
Como es de público conocimiento y según lo evidencian las  
correspondientes encuestas ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), además de las informaciones provistas por los observatorios de 
criminalidad del Ministerio Público (MPFN) y del Ministerio de Interior (MININTER), 
los principales problemas que atraviesa el Perú son la delincuencia y la corrupción. 
Dentro de este contexto, la sensación de inseguridad es casi generalizada en toda 
la población peruana. Tal es así, que en promedio, el 88% de los peruanos tienen  
la sensación de inseguridad (es decir las personas que suponen que en cualquier 
momento van a ser víctimas de algún delito). Además, que la victimización, es decir 
de aquellas personas afectadas o han sido víctimas de algún delito, es de 26.3% 
(MININTER, INEI, 2017). 
Cabe indicar que, al analizar las correspondientes encuestas y demás 
información relacionada, se puede conjeturar que el porcentaje de victimización 
poblacional urbana objeto de algún tipo de delito no violento o sin la utilización de 
armas de fuego ha disminuido del 32,3% al 26,3%, respecto a los años 2015 y 
2016, respectivamente. Ello podría deberse al hecho de que la actual política de 
seguridad ciudadana tiene un enfoque principalmente preventivo, en cuanto a 
actividad policial se refiere. Sin embargo, en contraste a la situación antes indicada, 
según el mismo informe (INEI, 2017), se precisa que el porcentaje de víctimas de 
algún hecho delictivo con el uso de armas de fuego –asociado en mucho de los 
casos al crimen organizado- correspondiente a los periodos noviembre 2015 -abril 
2016, y noviembre 2016 - abril 2017, se ha incrementado de 7,4% a 10,4%, 
respectivamente. 
 
Lo anterior es concordante con la información recopilada por los 
Observatorios de Criminalidad del MPFN y del MININTER. De esta manera, queda 
evidenciado que, aparte de los sucesos que se han venido presentando con las 
modalidades delictivas comunes o “callejeras”, los delitos graves, como el crimen 
organizado, se han venido incrementando y fortaleciendo. Esta situación también 
observable a través de los medios de comunicación social, que dan cuenta 
cotidianamente los resultados de diversos “mega operativos” que en los últimos 
cinco años viene llevando a cabo la Policía Nacional del Perú (PNP). 
 1 
Así tenemos que, determinadas zonas del territorio nacional, como son Lima, 
Tumbes, Piura, así como Chiclayo, Trujillo, Chimbote, al igual que la costa norte y 
sur de Lima, se han convertido en dominios de estas organizaciones criminales, las 
mismas que son combatidas por la PNP a través de las respectivas unidades 
especializadas en investigación criminal, de conformidad al respectivo mandato 
contenido en el Artículo 166° de la Constitución del Perú del año 1993, así como lo 
establecido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana publicado el 28 de julio de 
2013 mediante Decreto Supremo número 012-2013-IN. 
Sin embargo, tras analizar diversas fuentes de información, se tiene que en 
Perú, en la mayoría de casos de organizaciones criminales que han sido 
desbaratadas, se ha podido advertir la participación de efectivos policiales en 
servicio activo. Esta situación, evidencia un grave problema de integridad moral de 
tal personal policial, lo que contribuye a facilitar y fortalecer las actividades de las 
organizaciones criminales, dificultando su combate y generando  opiniones 
adversas en cuanto a la seguridad y de las labores policiales. 
En suma, en este proyecto de innovación se ha identificado como problema 
público, el “incremento del crimen organizado como consecuencia de la 
participación de efectivos policiales en las actividades de estas 
organizaciones, en perjuicio de la población en general”. Esta problemática 
tiene como principal causa el deficiente proceso de captación del recurso humano 
que entra a la formación policial, en las cuales solamente se evalúan las aptitudes 
físicas, de salud, de razonamiento y conocimientos, así como cierta evaluación 
socio cultural del postulante. Sin embargo, no se evalúa el aspecto de integridad 
moral, lo cual para el caso de funcionarios que representan la ley y que son 
encargados de hacerla cumplir, resulta un aspecto fundamental. 
Para la contribución a la solución de la situación problemática, la presente 
investigación tiene como propuesta elaborar un Proyecto de Innovación consistente 
en un nuevo enfoque para la captación de personal en la PNP, mejorando el 
respectivo perfil policial basado en valores y fortalezas morales que podrán ser 
evaluadas mediante la aplicación de un examen  de  poligrafía,  el  mismo  que 
sería parte integral de evaluaciones en todos  los  procesos  de  admisión,  
debiendo tener un plan de seguimiento conforme a determinados indicadores. 
Con relación al desarrollo de la investigación, se han utilizado herramientas 
 2 
cuantitativas y cualitativas, que generan evidencia a través del análisis de 
estadísticas oficiales elaboradas por el INEI sobre criminalidad y seguridad 
ciudadana, victimización y percepción de inseguridad ciudadana, además de 
encuestas sobre confianza ciudadana. De la misma manera, se ha revisado 
diversas publicaciones que han dado cuenta de la participación de efectivos 
policiales en organizaciones criminales, estadísticas proporcionadas por la 
Inspectoría General de la PNP (IG PNP), Dirección General de Inteligencia del 
Ministerio del Interior en adelante (DIGIMIN), e investigaciones que abarcan esta 
problemática. 
Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, el estudio se divide 
en tres partes. Por un lado, un primer capítulo describe el problema en cuestión, 
mostrando las evidencias obtenidas con las herramientas e instrumentos descritos. 
En el segundo apartado, habiendo identificado el problema, se analizan sus  
causas, y a partir de ello se trabaja un árbol de medios que nos ayuda a priorizar y 
proponer nuestra propuesta de innovación. Finalmente, se elabora la viabilidad de 
la mejora, teniendo en cuenta aspectos técnicos, políticos y económicos. Al final se 
elaboran conclusiones que a modo de recomendación pretenden aportar a la 
resolución del problema público identificado. 
 3 
CAPÍTULO I: DEL PROBLEMA 
 
1.1. Identificación del problema 
 
La delincuencia y la corrupción son las principales problemáticas detectadas, de 
las cuales vienen impactando negativamente a la sociedad peruana en los últimos 
años. De esta manera, de acuerdo con las estadísticas expuestas por el INEI, a 
través del “Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana”, correspondiente a los periodos Julio a Diciembre 2015 – Julio a 
Diciembre 2016, se tiene que, en el primer periodo, el 48.6 % de la población 
peruana ha considerado que el principal problema es la delincuencia, seguido de la 
corrupción con un 39.9%. Por otro lado, en lo que respecta al segundo periodo, la 
tendencia de los mismos problemas se incrementó al 49.8% y 40.6%, 
respectivamente. Esto se expone en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 1: Principales problemas del país (2015 – 2016) 
 
Fuente: INEI, Sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana, actualización al 18 de agosto de 
2017. 
Así, la prioridad y tendencia al incremento de tales problemas, se viene 
manteniendo, puesto que, conforme a la última Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO), llevada a cabo igualmente por el INEI, en el tema referido a seguridad 
ciudadana por el periodo noviembre 2016-abril 2017, se tiene que, del total de la 
 4 
muestra encuestada, el 44,5% consideran que el principal problema que nos viene 
afectando últimamente es el tema de la delincuencia, habiendo sido desplazado a 
un segundo lugar sólo por el problema de la corrupción (48,1 %). Esto, debido a los 
últimos acontecimientos de la coyuntura relacionados mayormente por el “caso 
Odebrecht”. Sin embargo, posteriormente, otro porcentaje de 19,1 % (luego de la 
pobreza: 19,8 %) considera que la inseguridad ciudadana viene a ser uno de los 
mayores problemas actuales que nos afecta. Consecuentemente, siendo estos dos 
temas parte de un mismo problema: delincuencia e inseguridad, es éste, el cual 
junto con la corrupción, constituyen los mayores problemas que seguimos teniendo 
actualmente en el Perú, lo cual se puede apreciar en la gráfica siguiente: 
 
Gráfico 2: Principales problemas del país (2016 – 2017) 
 
Fuente: INEI, Sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana, actualización al 18 de ago. 2017. 
 
Igualmente, sobre esta misma problemática, tanto el MPFN como el 
MININTER, a través de sus observatorios de criminalidad y victimización, también 
vienen realizado la centralización de información y análisis sobre la tendencia de la 
criminalidad en Perú. Tales informaciones concuerdan con las últimas estadísticas 
antes detalladas. Así por ejemplo, se tiene que, al verificar el registro de denuncias 
por delitos graves, en los periodos enero-abril 2016 y enero-abril 2017 en todas las 
fiscalías penales de las provincias, así como las mixtas en el territorio nacional, , se 
puede establecer que la tendencia es significativamente al incremento del 
problema, principalmente los delitos relacionados con crimen organizado como son 
los casos de extorsiones, usurpaciones y delitos contra el patrimonio (diferentes a 
estafa, robo y hurto que lo podemos apreciar en otros rubros). 
 5 
En tal sentido, se tiene que, que la sensación de inseguridad es casi 
generalizada en toda la población peruana, según los resultados de la estadística 
contenida en el Informe N°3 (INEI), de mayo 2017, respecto al periodo noviembre 
2016-abril 2017, se tiene que, en promedio, la sensación de inseguridad (es decir 
las personas que suponen que en cualquier momento van a ser víctimas de algún 
delito), es de 88%; en tanto que, la victimización (ciudadanos víctimas de algún 
delito en dicho periodo) es de 26.3%. (INEI, Informe número 3, Seguridad 
Ciudadana). Luego, al analizar tales encuestas, se puede conjeturar que el 
porcentaje de victimización afectado en la población sector urbano a nivel nacional 
que ha sido violentada por algún tipo de delito no violento o sea sin el empleo de 
armas de fuego ha disminuido del 32,3% al 26,3%, respecto a los años 2015 y 
2016, respectivamente; tal como se puede advertir en el Gráfico 3. 
 
Gráfico 3: Población del sector urbano víctima de algún hecho delictivo 
(Semestre: Nov.2015-Abr.2016/Nov.2016-Abr.2017) (%) 
 
 
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2015-2017. 
 
Sin embargo, en contraste a la situación antes indicada, según el mismo informe, 
se precisa que el porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo con el uso de 
armas de fuego –pudiendo vincular en la mayoría de los casos al crimen 
organizado- correspondiente a los periodos Noviembre 2015 a Abril año 2016, y 
 6 
Noviembre año 2016 a Abril año 2017, se ha incrementado de 7,4% a 10,4%, 
respectivamente, lo cual se puede evidenciar en la siguiente grafica # 4: 
Gráfico 4: Porcentaje de población víctima de algún delito delictivo con el empleo de armas 
de fuego. (Semestre, Noviembre año 2015 a Abril año 2016; Noviembre año 2016 
a Abril año 2017). 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2015-2017. 
Ello es concordante con las mencionadas informaciones recopiladas por los 
Observatorios de Criminalidad del Ministerio Público y del Ministerio del Interior por 
lo que, de esta manera, queda evidenciado de manera diferenciada a lo que ha 
venido sucediendo con las modalidades delictivas comunes o “callejeras”, los 
delitos graves, como son los casos de criminalidad organizada, se han venido 
incrementando y fortaleciendo en el Perú. Así tenemos que, determinadas zonas 
del territorio nacional, como son Lima, Tumbes, Piura, así como Chiclayo, Trujillo, 
Chimbote, al igual que la costa norte y sur de Lima, se han convertido en dominios 
de estas bandas y organizaciones criminales, las mismas que son combatidas por 
la PNP, a través de las respectivas unidades especializadas en investigación 
criminal, de conformidad al respectivo mandato contenido en el Art. 166° de la 
Constitución del Perú del año 1993, al igual que lo establecido en el Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana publicado el 28 de julio de 2013 mediante Decreto 
Supremo número 012-2013-IN. 
Sin embargo resulta que, conforme a las diversas fuentes de información, se 
tiene que en Perú, en la mayoría de casos de organizaciones criminales que han 
sido desbaratadas, se ha podido advertir la participación de efectivos policiales en 
servicio activo. Al respecto, como muestra del problema, podemos citar dos 
publicaciones periodísticas que recogen las declaraciones, por un lado, el  
Inspector Regional PNP La Libertad, Jorge Pérez Yáñez, quien declaró que (en) 
“Trujillo, 24 policías han sido dados de baja por vínculos delictivos” (Diario La 
 7 
República, edición 26 octubre de 2016). Por otro lado, el Ministro  del Interior, 
Carlos Basombrío Iglesias, declaró que “70 policías han sido capturados en un año 
por integrar bandas criminales” (“El Comercio”, edición 8 de julio de 2017). 
Con respecto a tales declaraciones, según informaciones proporcionadas  
por la DIGIMIN, se ha podido verificar que sólo esta instancia del Ministerio del 
Interior, en el transcurso de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, ha capturado un 
total de 121 efectivos policiales por su involucramiento en actividades de crimen 
organizado (10 en el 2014, 42 en el 2015, 39 en el 2016 y 30 en lo que había 
transcurrido del 2017). Además, según informaciones proporcionadas por la 
Inspectoría General de la PNP, se tiene que, en todo el país, en lo que corresponde 
a los años 2014, 2015 y 2016, un total de 268 efectivos policiales han sido 
sancionados con la calificación de retiro por haber incurrido en la infracción grave 
de “su vinculación a una organización criminal o haber cometido algún delito 
flagrante” (Infracción MG-54 del Decreto legislativo 1150, prevista en la Ley del 
Régimen Disciplinario de la PNP, vigente hasta el 13 de marzo 2017). 
En este sentido, según lo informado por dicho órgano disciplinario, con 
respecto a los efectivos policiales que han sido capturados en el 2017 por su 
involucramiento en actividades del crimen organizado, los respectivos 
procedimientos, aún no han concluido definitivamente, por lo que no se puede 
disponer de las respectivas estadísticas de este año. Esta situación, evidencia un 
grave problema de integridad moral del referido personal PNP, lo que contribuye a 
facilitar y fortalecer las actividades de las organizaciones criminales, dificultando su 
combate y generando mayor sensación de inseguridad y desconfianza por parte de 
los ciudadanos en la PNP. 
En suma, lo anterior evidencia la existencia de un problema público 
identificado; esto es, “el incremento del crimen organizado como consecuencia de 
la participación de efectivos policiales en las actividades de tales organizaciones, 
en perjuicio de la población en general”. 
1.2. Marco Teórico 
 
A partir del problema identificado, se han revisado trabajos de investigación 
que guardan relación con el incremento del crimen organizado en Perú, 
 8 
participación de efectivos policiales en la estructura y actividades de las 
organizaciones criminales; también con respecto a los procesos de captación de 
personal en la PNP e indicadores de integridad moral (policial). Así tenemos que, 
en cuanto, al primer aspecto Torres señala que: 
“En el transcurso de 10 años, en el Perú se ha visto incrementado de 
forma significativa las actividades relacionadas al crimen organizado. 
Donde los reportes oficiales, sumado a las notas informativas 
ofrecidas por los medios de comunicación, asi como también la 
opinión del público en general, expresan que se ha vivenciado con 
frecuencia elevada en cometimiento de actos ilícitos que se derivan de 
la actividad del crimen organizado. Desde el punto de vista de ese 
contexto, con base a ese escenario es necesario la implementación  
de mecanismos descriptivos y operativos que describan con precisión 
dicho fenómeno y que esto conlleve a la motivación de los tomadores 
de decisiones políticas y actores relevantes claves, disponer de toda 
la información pertinente al tema, lo cual les permita su análisis, 
planteamiento, debates, implementación y la evaluación de todas las 
políticas públicas a que hubiere lugar, con la finalidad de encaminar 
las acciones respectivas para combatir al crimen organizado” (Torres, 
2016: 6) 
 
Si bien, el referido autor, ha orientado su trabajo de investigación 
principalmente en lo que respecta al problema del narcotráfico, en la parte que 
corresponde al capítulo de crimen organizado y otros delitos indica que hay 
diferentes “áreas de trabajo” donde el crimen organizado está presente y no han 
sido tratadas o abordadas hasta la fecha, y que en el pasar de los años, se han 
incrementado en todo el territorio nacional. Se puede deducir que estos fenómenos 
no corresponden a casos aislados, por lo tanto no deben ser tratados como tales, 
ya que guardan estrecha relación con diversos delitos. “Por ejemplo, en el 
Departamento Madre de Dios concurren una serie de delitos, los cuales apuntan a 
la existencia de organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas. 
La vinculación o aseveración de este tipo de delitos debe ser corroborada e 
interpretada por la Unidad de Inteligencia adscrita a la PNP, teniendo en 
consideración un conjunto variables, tales como escenarios, actores, rutas  asi 
como también formas de actuación ejecutadas por la organización criminal (en 
ocasiones cometen estos delitos de forma simultanea), con el fin trazar mapas que 
conlleve al diseño, elaboración y puesta en marcha de planes operativos que 
permitan la desarticulación de estas mafias” (Torres, 2016: 29). 
Ahora bien, conforme a las características actuales, el crimen organizado ya 
 9 
no solamente afecta a las poblaciones de un Estado en particular, sino que más 
bien este tipo de delito tiende a expandirse regional y mundialmente, aprovechando 
las ventajas de las facilidades para el movimiento de las personas, mercancías, 
dinero y bienes en general, así como la ventaja de las comunicaciones y de la 
tecnología en general. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cuando celebro Asamblea General el 15 de Noviembre de 2000, la cual se llevó a 
cabo en la ciudad de Palermo Italia, mediante Resolución 55/25 aprobó la 
Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, comprometiendo a 
los Estados Parte a concretar acciones legislativas y operativas orientadas a 
combatir dicho flagelo, (ONU, 2000). 
Precisamente, sobre el incremento del crimen organizado en América Latina, 
Bergman (2009), coincide que este es un problema que se va incrementando y 
posicionando peligrosamente, mientras que en sentido contrario, los Estados van 
mostrando cierta debilidad para su combate y permitiendo su fortalecimiento. En 
ese sentido, advierte que la tendencia de crecimiento económico en América Latina 
en el transcurso de estos últimos 20 años, no ha tenido el mismo sentido en cuanto 
al combate contra el crimen organizado; por el contrario, la tendencia de este grave 
problema es al incremento sostenido, generándose y fortaleciéndose la existencia 
de diversos mercados ilegales, que se van constituyendo a partir de redes delictivas 
que guardan relación a actos delictivos contra el patrimonio (robos, hurtos) y que 
luego se van diversificando a otras modalidades delictivas de criminalidad 
organizada como son el tráfico y explotación de personas y el tráfico ilícito de 
drogas, las extorsiones, el lavado de activos, asesinatos por encargo, entre otros 
(Bergman, 2009). 
Asimismo, nos advierte que, en algunos países, el problema del crimen 
organizado es mucho más delicado que en otros, por ejemplo, Brasil (con las 
favelas), Venezuela (con el alto índice de homicidios), Perú, Colombia (con la 
minería ilegal, el TID, robo de combustible, respectivamente). Finalmente, Bergman 
(2009), precisa que los mercados ilegales se fortalecen debido a la gran utilidad  
que genera la demanda de los bienes y actividades ilícitas que se ofertan en los 
mismos. Por ejemplo, según evidencias utilizadas por dicho autor, el 12% de los 
teléfonos que se comercializan en América latina son robados. Asimismo, el robo 
de vehículos y autopartes genera un mercado de 3,500 MM de dólares al año. El 
fortalecimiento de estos mercados ilegales, a su vez, van generando una dinámica 
 10 
de “clústeres lícitos”, como son los servicios legales, financieros, médicos, Etc.; así 
como ciertas actividades que a partir del cumplimiento de formalidades legales son 
utilizadas para fines ilícitos como son los casos de “empresas de seguridad”, 
“empresas de transporte”, “empresas de apuestas”, “titularidad de derechos”; 
generándose así la existencia de “zonas grises” (Bergman 2009) 
Sin embargo, debemos advertir que, ninguna política o planes operativos 
contra el crimen organizado podrán alcanzar los respectivos objetivos, si es que, no 
se abarcan previamente ciertos aspectos fundamentales, como es el caso de la 
captación de malos elementos policiales por parte de las organizaciones criminales 
para facilitar sus ilícitas actividades y maximizar sus ganancias económicas, para 
cuyo fin se podrán valer de todos los medios posibles que les permite la disposición 
de todo el dinero que fuere necesario para ello . 
En este sentido, Mac Dermont Jeremy (2014), nos recuerda que: 
 
“el crimen organizado se esfuerza en corromper a los funcionarios activos 
del Estado, con la intensión que estos no presten atención a sus 
actividades delincuenciales o bien sea para que se las faciliten. Teniendo 
en sus prioridades a la policía, siendo esta la fuerza que debe realizar la 
investigación de dichas actividades. La fuerza policial antinarcóticos 
representan la mayor prioridad para los criminales en Latino América”. 
Agrega que “otras prioridades del crimen organizado en lo que respecta al 
narcotráfico, serían los funcionarios y oficiales que tienen el control de los 
puntos de salida y de tránsito por donde pasan los cargamentos de drogas, 
o sea puertos y aeropuertos” (Mc Dermont Jeremy 2014). 
 
Consecuentemente, son estas las razones por las cuales la captación y 
mantenimiento de personal idóneo, con integridad moral es una necesidad 
indispensable para el combate eficaz contra el crimen organizado. Precisamente, 
en cuanto al problema de la participación de efectivos policiales en la estructura y 
actividades de las organizaciones criminales en el Perú, no existen estudios 
específicos, disponiéndose solamente de la constatación de los diversos hechos 
difundidos a través de los diversos medios de comunicación masiva, y que al ser 
contrastados con las correspondientes fuentes oficiales, se ha podido verificar que, 
en el periodo comprendido entre 2014 y 2016 un total de 268 efectivos policiales, 
han sido expulsados del servicio activo al haberse establecido su participación en 
actividades de crimen organizado (Inspectoría General PNP, estadísticas 2017). 
Esta situación nos demuestra la gravedad del problema en base al cual está 
elaborado nuestro proyecto de innovación, en tanto que, conforme a la respectiva 
 11 
evidencia, los procesos de captación de personal en los procedimientos para la 
admisión a las diversas escuelas de policia, no abarca la evaluación a los diversos 
factores de integridad moral que debe reunir un futuro policía, tampoco existe una 
cultura e institucionalidad que vele por el seguimiento y verificación de indicadores 
que puedan advertir el quebrantamiento a dicha integridad. Contamos solamente 
con una Inspectoría que investiga y sanciona conductas de policías que ya han  
sido capturados, generalmente como consecuencia de operaciones policiales 
contra determinadas organizaciones criminales, tal como se ha podido evidenciar 
con las informaciones proporcionadas tanto por la DIGIMIN, como por la propia 
Inspectoría General PNP. 
Precisamente, con respecto a la integridad moral que debe reunir un policía, 
la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUD), ha estudiado 
la integridad y responsabilidad de la Policía para el combate eficaz del delito, 
precisando que existen factores que implican riesgo y a la vez comprometen la 
integridad policial: 
“Al parecer la falta de integridad y la corrupción están presente en 
casi todas las instituciones y en las sociedades, en consecuencia 
existe cierta naturaleza común que con frecuencia está presente en 
los casos cuando se registran altos índices de falta de integridad 
policial. Se podría mencionar, entre otras condiciones: La percepción 
negativa de la sociedad en cuanto a la integridad de la Policía, Una 
cultura de impunidad policial; arraigada tolerancia dentro de la 
institución (e incluso de forma prevista) de la recepción de ingresos en 
calidad de soborno; ausencia de procedimientos definidos o también 
falta de supervisión, Apatía por parte de los órganos responsables con 
relación a la promulgación de normas eficientes, así como también 
una remuneración que no es suficiente o adecuada a los funcionarios 
policiales. Todas y cada una de las características mencionadas 
facilitan una oportunidad y estimulan dichas acciones por la ausencia 
de consecuencias. En ese orden de ideas y como acciones 
correctivas, la implementación de una estrategia oportuna contra la 
falta de integridad y la corrupción de la policía, debería estar enfocada 
en reducir las oportunidades e incrementar las probabilidades de que 
este tipo de conductas repetitivas tengan consecuencias” (ONUD, 
Manual de Instrucción para la Evaluación de Justicia Penal, 2010). 
 
 
1.2.1. Conceptos teóricos 
Bien Público 
Según Musgrove, los bienes públicos son aquellos bienes o servicios en los 
que el consumo realizado por alguna persona no disminuye la cantidad disponible 
 12 
para el consumo de otras. “Típicamente, estos son bienes de los cuales los 
consumidores no pueden ser excluidos: si se encuentran disponibles para 
cualquiera, se encuentran disponibles para todos, al menos local o temporalmente. 
En vista de que la gente puede consumir dichos bienes sin tener que pagar por 
ellos, nadie producirá para la venta a consumidores  individuales.  Por  
consiguiente, sólo se producirán si el gobierno (o alguna otra fuente, tal como una 
organización de caridad) paga por su producción" (Musgrove Philip, 1996: 11) 
Así, las características principales de un bien público son la no rivalidad y la 
no exclusión; la primera implica que, el uso del bien por parte de algunos no impide 
su uso por parte de otros; la segunda implica que, no se puede impedir el uso del 
bien a ningún usuario, aún si éste no puede pagarlo. El servicio que presta la PNP 
en materia de seguridad, es un bien público, por cuanto se observan ambas 
características, por lo que, al no ser de interés y al no ser proporcionada por los 
particulares (mercado), entonces debe intervenir el Estado para brindarlo. 
Al respecto, Sen precisa que “una premisa que suele demostrar la eficacia  
de mecanismo del mercado, es que todos los bienes disponibles en él, pueden 
comprarse y venderse en el mercado. Que todo puede ser comercializado y que a 
la vez no existe nada que no esté disponible y a la venta en el mercado que no sea 
para nuestro bienestar. Aunque en la realidad reinante, es que algunos bienes que 
mayor contribución realizan a las capacidades humanas, son difíciles de vender de 
forma exclusiva a una persona cada vez. Este caso implica a los llamados bienes 
públicos, los cuales son consumidos de forma masiva y no por separado por los 
ciudadanos” luego agrega que “Este razonamiento aplica a la defensa, la policía y 
la protección del medio ambiente” (Sen 2000: 161,162). 
Problema Público 
 
Los problemas públicos son situaciones particulares y complejas que afectan 
a determinados grupos sociales, los mismos que demandan su atención por parte 
del Estado para la solución correspondiente; “los problemas públicos son un 
impreciso conjunto de detalles: de personas, grupos de interés, demandas de tipo 
retóricas, presupuestos, órdenes legales e interpretaciones, prácticas burocráticas, 
cualidades ciudadanas, entre otras, que se nos presenta en la cotidianeidad de la 
vida real” (Bardach, 2001: 15-16) confuso 
Respecto a la complejidad de los problemas públicos, Caldera – citando a 
 13 
José Mejía Lira (2003:25) y Willam N. Dunn (1994:140-141), nos detalla que los 
problemas públicos son dinámicos e interdependientes, en tanto que éstos van 
cambiando y unos afectan a otros, los mismos que también pueden estar cargados 
de subjetividad y artificialidad, en tanto que las circunstancias exógenas que los 
originan corresponden a trabajados selectivos, conforme al involucramiento de los 
respectivos actores y sus intereses. 
El citado autor agrega que “un problema público puede calificarse como un 
constructo de tipo social, desprendido de una estructura de conocimientos y valores 
existentes, Gusfield, (1981). Una problemática pública, se deriva de conflictos o 
necesidades que afectan e intranquilizan a los ciudadanos, que por lo tanto deben 
ser tratados como asuntos de Estado y gobierno, Aguilar, (1993). Otra definición es 
la propuesta por los que consideran que los problemas públicos son cuestiones que 
se colocan en la agenda pública, se estudia, es explorada, se organiza y 
probablemente se cuantifica por parte de los interesados Hodwood y Gunn, (1984). 
En todos los problemas públicos, existe la intervención de múltiples actores que 
cuentan con relaciones de poder”, Caldera, (2005). “La dinámica y complejidad de 
los problemas públicos exige tantas soluciones al igual que múltiples definiciones 
de dichos problemas, donde se presenta un constante flujo. También hay que 
aclarar que algunas soluciones no son adecuadas para algunos problemas, aunque 
compartan soluciones similares. Se puede aseverar que los problemas no son 
estáticos, y tampoco las soluciones” (Caldera, 2005:1). 
En efecto, esa complejidad de los problemas públicos, como es el caso de la 
seguridad ciudadana en general y del crimen organizado en particular, exige 
diversas soluciones, conforme a la delimitación de cada aspecto problemático que 
compone la problemática en su conjunto, tal como se propone con el presente 
proyecto. 
Al respecto, Vásquez ha precisado que “la selección de personas se ha 
convertido un problema de carácter público para algunas organizaciones (Alles, 
2006). Todas las organizaciones que realicen procesos de selección, debe tener 
amplio conocimiento del margo en el que efectuará sus tareas. Durante el proceso 
de llamado para postulantes a la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional “Héroe Nacional Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez”, no se pudo lograr la 
captación de una población significativa, siendo entonces esto un problema público, 
 14 
por no poderse alcanzar el nivel de competencia requerido, situación ésta que se 
ha agravado desde los años 80´, a consecuencia de la ausencia de políticas 
públicas” (Vásquez, 2015) 
Seguridad Ciudadana. 
 
“La Seguridad Ciudadana es una situación de paz social, la cual se halla 
regida por la Ley, donde prevalece la sensación de confianza; esto se entiende 
como un clima libre de riesgos y daños que puedan lesionar la integridad física así 
como psicológica, siendo el Estado el responsable de garantizar el derecho a la 
vida, a la libertad y el patrimonio de todos los ciudadanos” (Quispe y Salas, 2011). 
Según la Ley Nro. 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
define Seguridad Ciudadana como “toda acción desarrollada por el Estado, en 
colaboración con toda la ciudadanía, cuyo propósito es asegurar su convivencia 
pacífica, erradicar de todo la acto violento, así como el empleo de las vías y 
espacios de tipo público. Asimismo lograr la contribución que permita prevenir el 
cometimiento de actos delictivos y faltas”. Ahora bien, el Estado garantiza la paz 
social, primordialmente, a través de la PNP, la cual por mandato constitucional 
(Artículo 166°), en concordancia con el decreto legislativo Número 1269, “tiene por 
propósito fundamental -entre otras funciones- la prevención, investigar y combatir  
la delincuencia”. 
Delito común. 
Hablamos de delito común, básicamente para diferenciarlo del crimen 
organizado, en tanto se trata de delitos “de poca monta”, del “delito callejero” que 
puede ser cometido por uno o varios sujetos, pero que no implica una estructura 
organizada de delincuentes que se hubiere constituido ex profesamente con el 
objeto de permanecer cometiendo determinados delitos como una forma de lucro. 
Tal como señala, Treviño (2009): 
“Se pueden decir que la delincuencia menor, es cuando es cometida por un 
individuo, al extremo dos, siendo su objetivo el cometer un delito, que varía 
desde una falta tipificada como menor hasta una de tipo grave y calificada, 
siendo estas sin trascendencia a otras escalas y proporciones, o sea, que 
dichas acciones no son cometidas por miembros de bandas organizadas, 
que no exista un plan previo al cometimiento del delito o no exista planes 
permanentes para operar a gran escala” (Treviño, 2009) 
Asimismo, Treviño, citando a Leticia Salomón, donde señala que "en la 
delincuencia menor (…) viene a ser la delincuencia más común, la que se observa 
 15 
con frecuencia, y la cual es percibida por los ciudadanos como un problema latente 
y que está presente por los distintos lugares por los cuales transitan, en las cuales 
pueden ser víctimas de atraco” (Treviño, 2009). 
Crimen organizado 
Por crimen organizado debemos entender las diversas actividades ilegales 
que realizan los grupos delictivos organizados ex profesamente con el objeto de 
permanecer en el tiempo cometiendo determinadas modalidades delictivas, cuyo 
propósito es fundamentalmente de carácter lucrativo. Estas organizaciones pueden 
ser grupos organizados de alcance local, regional, nacional o internacional. De esta 
manera, conforme a la ONU, por “grupo organizado se entiende que es un grupo 
estructurado, conformado por tres o más personas, cuya existencia tenga duración 
en el tiempo y que sus actuaciones estén dedicadas en forma concreta al 
cometimiento de delitos graves que estén tipificados de acuerdo a la Convención  
de Palermo y cuyos resultados de sus acciones estén orientadas directamente o 
indirectamente a la obtención de beneficios económicos o materiales” (Convención 
de Palermo, Artículo 2). 
Así pues, en la misma Convención se estipuló la obligatoriedad para que los 
Estados Parte que ratifiquen la misma, “legislen internamente el delito de crimen 
organizado, cuando sean cometidas de forma intencional alguna de las siguientes 
conductas, o como distintos delitos que impliquen algún intento o la culminación de 
dicha actividad delictiva” (Convención de Palermo, Artículo 5): 
i) El pacto con una o más personas para el cometimiento de algún delito grave, 
cuyo objetivo guarde relación directa o indirecta para obtener beneficios 
económicos o materiales, estando prescrito en el derecho interno, y que 
implique la actuación en el acto delictivo por alguno de los participantes para 
su cometimiento o que también implique esa acción la participación de algún 
grupo criminal organizado. 
ii) La conducta de cualquier persona que en su conocimiento de juicio sepa del 
propósito de dicha actividad delictiva de un grupo criminal organizado o de la 
intencionalidad de cometer esos delitos y participe de forma activa en: a) 
actividades que son ilícitas de ese grupo delictivo organizado: b) cualquier 
otra actividad delictiva de ese grupo organizado, estando en conocimiento 
que su participación permitirá la concreción del objetivo delictivo antes 
mencionado (Convención de Palermo, Artículo 5). 
 16 
Es por ello que, en Perú, luego de haberse ratificado la Convención y sus 
correspondientes Protocolos, y adhiriéndose la primera alternativa de tipificación 
antes descrita, se dio la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley 30077), 
estableciendo que para los efectos de ésta norma legal: 
“es considerada como organización criminal, toda grupo conformado 
por tres o más personas, que se repartan tareas y funciones, que 
integren cualquier estructura o cual sea su ámbito de acción, que en 
su carácter de actuación o bien sea por tiempo no definido, sea 
creada, exista y funcione, de forma innegable, concertada y 
coordinada, con el propósito de cometer delitos graves tipificados en 
el Art, 3 de la Ley, además la participación de los miembros de 
cualquier organización criminal y sus integrantes que actúen por 
encargo, bien sea de forma ocasional, temporal o asilada, orientados 
por los objetivos de la organización criminal” (Ley 30077). 
Asimismo, el homicidio calificado, el secuestro, la trata de personas, la 
violación de la confidencialidad de las comunicaciones, delitos cometidos contra el 
patrimonio en las modalidades agravadas; pornografía infantil, extorsión, 
usurpación agravada, delitos informáticos en las modalidades agravadas; delitos 
contra la propiedad industrial, delitos monetarios; tenencia – fabricación - tráfico 
ilícito de armas, municiones y explosivos; delitos contra la salud pública, tráfico 
ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes; delitos ambientales, delitos de marcaje 
y reglaje; genocidio – desaparición forzada y tortura; delitos contra la administración 
pública, delitos de falsificación de documentos; lavado de activos; al igual que el 
delito de minería ilegal, según lo establecido en el Art. 317° del Código Penal, en lo 
que respecta al agravante. 
Procesos de captación de personal. 
Cuando hablamos de captación de personal, nos estamos refiriendo en 
estricto a los procedimientos para la selección de personal que toda empresa o 
institución realiza con el objeto de contar con el personal adecuado para 
desempeñar determinados cargos, funciones y actividades; se trata de procesos 
muy importantes, puesto que según la mejor selección de personal que se haga 
permitirá cumplir exitosamente la correspondiente misión y lograr los respectivos 
objetivos. Con tal propósito, no sólo resulta importante la captación propiamente 
dicha del mejor personal, sino que también su mantenimiento. 
Al respecto, Castillo, recurriendo a su vez a las correspondientes citas nos 
dice que, en lo concerniente al proceso para convocar y la posterior etapa del 
 17 
seleccionado, Sutherland y Wöcke, (2011), lo cual describen en su estudio sobre 
síntomas y consecuencias derivados de los errores en la toma de decisiones en la 
contratación de personal, siendo estos procesos críticos y fundamentales en las 
tareas de recursos humanos dentro de una organización (Sutherland & Purcell 
2008). Así pues, agrega que contratar o nombrar los candidatos idóneos es vital 
para el éxito organizacional, ya que estas pueden afectar la consecución de los 
objetivos de la organización, así como la calidad de los productos elaborados y los 
servicios, también a clientes y por supuesto el bienestar de los trabajadores. Sin 
embargo, hay estudios que demuestran que son pocas las organizaciones que 
realizan evaluación de sus procesos de reclutamiento y selección (Castillo, 2016). 
Por su parte, Chiavenato, indica que la captación y selección de personal 
debe consistir en la elección de la persona adecuada para el sitio adecuado: “Dicho 
en otras palabras, la selección se encarga de buscar entre todos los candidatos  
que aprobaron el proceso de selección, por supuesto los de mejores credenciales y 
calificación, los cuales ocuparan los puestos disponibles en la empresa, todo esto 
con la intención de lograr mantener o incrementar la eficiencia y el desempeño 
laboral, incluyendo la eficacia de toda la organización”. Asimismo, adiciona que “la 
selección viene a consolidarse como un proceso que compara dos variables: la 
primera son los requisitos del puesto vacante (donde se especifica los requisitos 
que son exigidos para el puesto) y, la segunda el perfil y características de los 
candidatos” (Chiavenato 2007: 169-170). 
En el mismo sentido, Macedo, citando a Atalaya (2001) indica que la 
selección de personal es un proceso de vital importancia para las organizaciones, 
siendo un procedimiento de características ordenadas y de forma secuencial, 
teniendo como objetivo proveer de personal capacitado a los puestos de trabajo 
dentro de las empresas. Indica que la selección se centra en la elección de la 
persona adecuada para el cargo adecuado. Es decir, se trata de elegir entre los 
postulantes a los más idóneos, los cuales ocuparan los cargos disponibles dentro 
de la organización, con la intención de mantener e incrementar el desempeño 
laboral y la eficacia de la empresa. (Macedo 2016: 4). 
Precisamente, los procesos de admisión a las diversas escuelas de 
formación de la PNP, son las oportunidades en las cuales se evalúa y se capta a 
los futuros Oficiales o Suboficiales, con los que luego esta institución policial 
 18 
deberá cumplir con su finalidad fundamental constitucional. Esto es: garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno; para lograr la prestación de protección y 
ayuda necesaria a los ciudadanos y a la comunidad en general; poder dar garantías 
en el cumplimiento de todas las Leyes, así como la debida atención y la seguridad 
que debe recibir el patrimonio público y privado; por otro lado también lograr la 
prevención, investigar y combatir todo tipo de acto delincuencial; así como, 
proporcionar la vigilancia y control de nuestras fronteras (Constitución  Política 
1993, Artículo 166) 
Procesos de admisión de personal en las Escuelas de Formación de la Policía 
Nacional del Perú. 
Los procesos de admisión de personal en las Escuelas de Formación de la 
PNP, son aquellos que dicha institución lleva a cabo periódicamente con el objeto 
de captar personal, los que luego del respectivo periodo de formación en las 
correspondientes Escuelas, ya sea de nivel Oficiales o de Suboficiales, puedan 
egresar con los conocimientos, capacidades y habilidades para ser empleados en 
el servicio activo que brinda la PNP. El referido proceso se lleva a cabo por medio 
de concurso público de méritos a cargo de un Comité de Admisión, con base a las 
vacantes disponibles según la Dirección General de la PNP. Dicho concurso de 
selección, inicia con la práctica de un examen médico para establecer las 
condiciones físicas y sicológicas, luego el examen de aptitud física, entrevista 
personal, examen psicométrico, examen de aptitud académica y examen de 
conocimientos, finalizando con la publicación del Cuadro de Mérito (Prospecto de 
Admisión a la Escuela de Oficiales de la PNP, 2017) 
 
Como se puede apreciar, en dicho proceso de admisión, no se comprende 
algún tipo de evaluación relacionada con la integridad moral que debe reunir un  
futo efectivo policial. Por otro lado, se debe tener en cuenta que según Urbina, 
Trogoso y Seminario (2001), “en los procesos de selección de personal suelen 
existir ciertos factores inquietantes en el transcurso del proceso de admisión dentro 
de los centros de formación de la PNP, como lo es una percepción de desconfianza 
así como ausencia de transparencia en todo el proceso. 
 19 
Efectivo policial en servicio activo 
 
Un efectivo policial en servicio activo, es el policía que se encuentra en 
situación de actividad y que puede ser empleado por la PNP para el cumplimiento 
de las funciones relacionadas con su finalidad fundamental, así, en la nueva Ley de 
la PNP, se estipula que, “la situación del personal viene a ser la condición en la que 
se encuentra el personal de la PNP, dentro o fuera del servicio. Las situaciones del 
personal son actividad, disponibilidad y retiro.” (Decreto Legislativo 1267, Artículo 
27°) 
 
Examen de integridad 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española el concepto de „íntegro‟, 
en primer lugar lo define como algo “que no carece de una de sus partes”, otra 
segunda acepción emplea el concepto para referirse a, “una persona, recta, proba  
e intachable” (Diccionario RAE, 2013). En este escenario, tal como sostiene Mayor, 
“ser íntegro significaría actuar en todo momento bajo un compromiso personal con 
la honestidad, la franqueza y la justicia: es decir, vivir de acuerdo con los principios 
personales y morales, rectitud, bondad, honradez (e), intachabilidad”. Así, “el 
comportamiento íntegro no se basa solamente en realizar las cosas de manera 
correcta, sino hacerlas de forma adecuada ayudando a la propia realización y a la 
realización de los demás” (Mayor, 2014). 
 
En tal sentido, de lo que trata un examen de integridad personal, es de la 
evaluación de las condiciones, aspectos de personalidad y valores, que puedan 
hacer previsibles que las personas evaluadas puedan adecuarse a los respectivos 
perfiles requeridos en cada organización, los cuales; sin embargo, deben ir de la 
mano con una evaluación periódica a efecto de ir constatando el mantenimiento de 
dicha integridad y evitar la contaminación que pueda existir como consecuencia de 
la dinámica al interior de la misma. 
 
Sin embargo Mayor advierte que “al analizar el papel de la integridad en el 
contexto de las empresas españolas, Casado (2011), precisa que en el ejercicio de 
sus prácticas del proceso de selección habituales, no ejercen la evaluación de la 
integridad específicamente, al menos que esté considerada su evaluación 
implícitamente en la entrevista formal” (Mayor, 2014). Precisamente, ocurre lo 
mismo en los respectivos procesos de captación de personal que realiza la PNP, en 
 20 
sus procesos de admisión, tanto para la escuela de oficiales como la de 
suboficiales. 
 
Cabe indicar que, dentro de las medidas contra la corrupción, establecidas 
por las Naciones Unidas a través de la Convención de Palermo, los miembros 
adscritos o sea los Estados Parte, en la medida de compatibilidad de su 
ordenamiento jurídico, deberán adoptar las medidas necesarias de carácter 
legislativo que permitan la eficacia administrativa o de cualquier índole, que permita 
la promoción de la integridad, asi como también acciones de prevención, detección 
y castigo a los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Asimismo, dotar a 
las autoridades con suficiente independencia y autonomía, para la disuasión de los 
ejercicios que estén influenciados de actuaciones indebidas. (ONU, Convención de 
Palermo, Artículo 9). 
 
Es por ello que, el Perú como Estado Parte de la ONU, habiendo ratificado 
dicha Convención, entonces resulta de obligatorio cumplimiento la implementación 
de mecanismos eficaces que evalúen la integridad del personal policial, tanto al 
inicio de los respectivos procesos de captación como también en el transcurso del 
tiempo de servicio activo de los mismos, de manera tal que así se combata a la 
corrupción, la cual a su vez es un factor que facilita el crimen organizado. 
 
1.3. Evidencias del problema 
Como se ya se ha definido y caracterizado en el presente proyecto, el 
problema público identificado es el “incremento del crimen organizado como 
consecuencia de la participación de efectivos policiales en las actividades de 
tales organizaciones, en perjuicio de la población en general” 
Así, en lo que respecta al incremento del crimen organizado en el Perú, tal 
como lo señalamos en el Gráfico 4, por un lado, tenemos la evidencia reflejada en 
las estadísticas efectuadas por el INEI, producto de la encuesta a los programas 
presupuestales correspondiente a los semestres Noviembre año 2015 a Abril año 
2016; Noviembre año 2016 a Abril año 2017. Según ellas tenemos que, el indicador 
de victimización, contrariamente a lo que ha ocurrido últimamente con los delitos 
comunes, que en el ámbito nacional urbano han descendido de 32.3 % a 26.3%, en 
el caso de delitos con el uso de armas de fuego –los que mayormente están 
asociados a los delitos que componen la tipificación de crimen organizado-, se ha 
 21 
incrementado; en efecto, tal como se puede apreciar en el gráfico 4, el indicador de 
victimización en este tipo de delitos en el ámbito nacional urbano se incrementó de 
7.4 % a 10.4%. 
Gráfico 4: Porcentaje de población víctima de algún delito con el uso de armas de fuego. 
(Semestre, Noviembre año 2015 a Abril año 2016; Noviembre año 2016 a 
Abril año 2017). 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2015-2017. 
 
Por otro lado, sobre este mismo aspecto, tenemos la evidencia reflejada en 
el indicador de registro de denuncias en las fiscalías provinciales y mixtas a nivel 
nacional, correspondiente a los periodos comparativos, enero/abril 2016 y 
enero/abril 2017. Dicha información ha sido recopilada por el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público y que ha sido difundida por el “Diario La 
República” (edición 29 de julio de 2017).De ella se advierte que, la tendencia es 
significativamente al incremento de delitos, principalmente los que constituyen la 
tipificación de crimen organizado como son los casos de extorsiones, usurpaciones 
y delitos contra el patrimonio (diferentes a estafa, robo y hurto que se hallan 
consignados en otros rubros); tal como lo podemos apreciar en la información 
contenida en el siguiente gráfico. 
 22 
Gráfico 5: Delitos registrados en fiscalías provinciales penales y mixtas a nivel nacional 
 
 
Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, información extraída de “Diario La República”, edición 29 julio de 
2017, Sección Política, página 8 
En lo que respecta a la incidencia de efectivos policiales en actividades del 
crimen organizado, esta situación se ha evidenciado con diversas fuentes de 
información, así se tiene que, en la mayoría de casos de organizaciones criminales 
que han sido desbaratadas en el Perú, se ha podido advertir la participación de 
efectivos policiales en servicio activo. Al respecto, como muestra del problema, 
podemos citar dos publicaciones periodísticas que recogen las declaraciones, por un 
lado, el Inspector Regional PNP La Libertad, Jorge Pérez Yáñez, quien declaró que 
(en) “Trujillo, 24 policías han sido dados de baja por vínculos delictivos” (Diario La 
República, edición 26 octubre de 2016). Por otro lado, el Ministro del Interior Carlos 
Basombrío Iglesias, declaró que “70 policías han sido capturados en un año por 
integrar bandas criminales” (Diario “El Comercio”, edición 8 de julio de 2017). 
Con respecto a tales declaraciones, según informaciones proporcionadas por 
la DIGIMIN, se ha podido verificar que sólo esta instancia del Ministerio del Interior, 
en el transcurso de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, ha capturado un total de 
108 policías, por su involucramiento en actividades de crimen organizado (10 en el 
2014, 42 en el 2015, 27 en el 2016 y 29 en 2017). Véase en las siguientes tablas: 
 23 
Tabla 1: Efectivos policiales capturados por involucramiento en actividades del 
crimen organizado 2014-2015 
2014 
1 Mayor PNP Rolando AYALA CARRASCO 29-ene-14 PIURA 
2 Mayor PNP Hilario ManuelROSALES SANCHEZ 29-ene-14 PIURA 
3 SOS PNP Roberto YSMODES BUSTAMANTE 15-may-14 ANCASH 
4 SOT3PNP ® Juan Lázaro CALDERON ALTAMIRANO 15-may-14 ANCASH 
5 SOS PNP Hugo Raúl MAYO CORTEZ 15-may-14 ANCASH 
6 SO2 PNP Lively CASTILLO ZARATE 13-jul-14 AYACUCHO 
7 SOS S PNP María Rita FARFÁN TERRONES 14-ago-14 CHICLAYO 
8 SOS PNP Luis Jacinto CONDORI TAPIA 26-ago-14 PIURA 
9 STCO1 PNP JoelUGAZ CUBAS 30-sep-14 LAMBAYEQUE 
10 CRNL PNP Benedicto Nemesio JIMENEZ BACCA 25-oct-14 AREQUIPA 
2015 
1 MAYOR Jesús Raúl SAAVEDRA CCASANI 12-feb-15 BIO LIMA 
2 SOT3 Miguel JAMANCA HUAMAN 12-feb-15 BIO LIMA 
3 CMDTE (R). Jose Luis CASTRO VELEZ 20-feb-15 BIO ICA 
4 SOS Henrry Cesar HERNANDEZ FLORES 12-mar-15 BIO TRUJILLO 
5 SOS Alberto Mario SILVERA LARA 24-mar-14 BIO TUMBES 
6  Cesar Enrique DIAZ CABRERA 21-abr-15 BIO TRUJILLO 
7 SO2 Marco Antonio POMEZ POMA (26) 01-jun-15  
8 SOT3 jose Santos BEDOYA VARGAS (49) 01-jun-15  
9 ALUMNO Luis Alberto SERNAQUE HUALPA 01-jun-15  
10 TENIENTE (R Pery Mariano GONZALES MONTALVO 01-jul-15 BIO TRUJILLO 
11 SOB Raul CAMPOS HERNANDEZ 16-jul-15 BIO TRUJILLO 
12 SOT1 Carlos SILVA MARTINEZ 16-jul-15 BIO TRUJILLO 
13 SO2 Carlos Alberto RUIZ PILARES 16-jul-15 BIO TRUJILLO 
14 SOT3 Jorge Raziel VILCHEZ ESPINOZA 22-ago-15 BIO AYACUCHO 
15 SO2 Ronald Ali VERA CUBAS 06-sep-15 BIO CHICLAYO 
16 SOT1 Segundo emilio SUYON ALVARADO 07-sep-15 BIO TRUJILLO 
    
 CAPITAN Max Fernando PAJUELO VILLAFANA  LIMA 
ARMERO (R) 
17 21-sep-15 
18 SOB Francisco Vitaliano SAMAME VIDAL (47) 11-nov-15 LIMA 
19 MAYOR Cesar Augusto CABRERA WONG 11-dic-15 PIURA 
20  Yoel Dit MARCHENA GUERRERO 11-dic-15 PIURA 
21  Juan Miguel OTERO GARCIA 11-dic-15 PIURA 
22  Martin Anselmo ACOSTA CASTRO 11-dic-15 PIURA 
23  Armando JULCA CAMPOS 11-dic-15 PIURA 
24  Tomas ALBAN CARDOZA 11-dic-15 PIURA 
25  Irvin Javier JUAREZ ZETA 11-dic-15 PIURA 
26  Julio Edwin JUAREZ CAMPOVERDE 11-dic-15 PIURA 
27 SOB Juan Francisco LUNA AZABACHE 17-dic-15 BIO TRUJILLO 
28 SO3 Jhon Carlos RIOS OCAS 17-dic-15 BIO TRUJILLO 
29  Jean Carlos REQUELME SALAS (27) 17-dic-15 BIO TRUJILLO 
30 MAYOR Víctor Alfredo VARGAS ZEGARRA 20-dic-15 BIO TACNA 
31 SOS Eladio Hilario USCUCHAGUA BERROSPI 20-dic-15 BIO TACNA 
32 SO2 Christian Oswaldo MANRIQUE PAREDES 20-dic-15 BIO TACNA 
33 SO2 Raúl MIRANDA TORRES 20-dic-15 BIO TACNA 
34 SO2 Javier Branko PAREDES VELAZCO 20-dic-15 BIO TACNA 
35 SO3 Rodolfo Alex ARRANCIBIA VIZCARRA 20-dic-15 BIO TACNA 
36 SO3 Wiliams Nestor AMONES FERNANDEZ 20-dic-15 BIO TACNA 
37 SO3 Frank Adalberto LLANOS MACHACA 20-dic-15 BIO TACNA 
38 SO2 Marcos Paul MATOS LOVERA 20-dic-15 BIO TACNA 
39 SOS Víctor Juan ROSADO BRAÑEZ 21-dic-15 BIO TACNA 
40 SOS Edgar VILCAHUAMAN CASTRO 21-dic-15 BIO TACNA 
41 SOB Henry Alejandro VILLANUEVA CALLO 21-dic-15 BIO TACNA 
42 SOT2 Mario ALE ALE 21-dic-15 BIO TACNA 
 24 
Tabla 2: Efectivos policiales capturados por involucramiento en actividades del 
crimen organizado 2016 
 
2016 
1 SOT1 PNP FREDDY LEGUIA ESCURRA (51) 15-ene-16 CHICLAYO 
2 SO3 PNP Andy Sleyter BECERRA ROSALES 29-ene-16 CARABAYLLO 
3 SO1 PNP Erik David TOLENTINO PONTE 22-mar-16 AYACUCHO 
4 SOT1 PNP Abel Edison REYES VALLE (45) 11-abr-16 CHICLAYO LAMBAYEQUE 
5 SOT3FPNP Lucy Karina FERNANDEZ GOMEZ 11-abr-16 CHICLAYO LAMBAYEQUE 
6 SOS PNP Manuel ESTELA JULCA 22-abr-16 UCAYALI 
7 SOSPNP® Julio César REGENTE OCMIN 16-may-16 INDEPENDENCIA 
8 SOSPNP® Wilfredo Rubén COTRINA URBANO 16-may-16 INDEPENDENCIA 
9 SOSPNP® Pablo Jacinto RIVERA MEDINA 16-may-16 INDEPENDENCIA 
10 SOSPNP® Wilder SANGAMA ANGULO 16-may-16 INDEPENDENCIA 
11 SOSPNP® Liliana MAS HUAMAN 16-may-16 INDEPENDENCIA 
12 SOSPNP® Giovanni MENDOZA BERNARDO 16-may-16 INDEPENDENCIA 
13 SOBPNP® Roberto Vicente MEDINA MORALES 16-may-16 INDEPENDENCIA 
14 SOBPNP® Enrique OTERO MARTINEZ 16-may-16 INDEPENDENCIA 
15 SOBPNP® Pablo Alcides LOVERA FLORES 16-may-16 INDEPENDENCIA 
16 SOBPNP® Jorge Luís SALAZAR TORRES 16-may-16 INDEPENDENCIA 
17 SOT1PNP® María Esther YGNACIO COBA 16-may-16 INDEPENDENCIA 
18 SOT3PNP® Jesús Orlando PASTOR NOLASCO 16-may-16 INDEPENDENCIA 
19 CMDTE PNP José Raúl BELTRAN SARRIN 24-may-16 AYACUCHO 
20 Alférez PNP Juan Carlos CELESTINO FARFAN (26) 24-may-16 AYACUCHO 
21 SO1 PNP Percy CONDORI IDME (34) 24-may-16 AYACUCHO 
22 SO2 PNP Germain CHIPAYO RAMIREZ (36) 24-may-16 AYACUCHO 
23 SO3 PNP Guillermo Alfonso FERNANDEZ CASTAÑON (27 24-may-16 AYACUCHO 
24 SO3 PNP LuisAlbertoCRISOSTOMOECHEVARRIA(29) 24-may-16 AYACUCHO 
25 SOB PNP Gilberto Guillermo SULLCA SANCHEZ 25-may-16 Distritos SJL, Puente Piedra, Comas, Independencia y Rimac 
26 SO2 PNP Jhonatan Pool GONZALES SEMINARIO 25-may-16 Distritos SJL, Puente Piedra, Comas, Independencia y Rimac 
27 SOT1 PNP Héctor DIAZ FERNANDEZ 08-jun-16 TRUJILLO 
 25 
Tabla 3: Efectivos policiales capturados por involucramiento en actividades del 
crimen organizado 2017 
 
 Nótese que en el caso del S3 PNP Michel Stevens SUNCIÓN CAMPOS, fue detenido en dos oportunidades. 
 
Sin embargo, según informaciones proporcionadas por la Inspectoría 
General de la PNP, se tiene que, en todo el territorio nacional, en lo que 
corresponde a los años 2014, 2015 y 2016, un total de 268 efectivos policiales han 
sido sancionados pasándolos a la condición de retiro por haber incurrido en la 
infracción grave de “pertenecer a una organización criminal o cometer delito 
flagrante” (Infracción MG-54 del Decreto legislativo 1150, ley del Régimen 
Disciplinario de la PNP, vigente hasta el 13 de marzo 2017) 
 
Tabla 4: Personal PNP que ha sido sancionado por infracción muy grave (MG 54) por la 
IGPNP a nivel nacional. 
 
PERSONAL PNP 
MUY GRAVE  
SANCIONADO TOTAL 
CODIGO 2014 2015 2016 
MG-54 59 92 117 268 
 26 
PERSONAL PNP  
MUY GRAVE 
SANCIONADO TOTAL 
JERARQUIA 2014 2015 2016 
OFICIALES 1 4 3 8 
SUBOFICIALES 58 88 114 260 
TOTAL 59 92 117 268 
 
Fuente: Inspectoría General PNP, Oficina de Estadística. 
 
En dichas estadísticas se observa que una cantidad muy significativa de 
personal policial en servicio activo vinculado al crimen organizado ha sido 
descubierto y pasado a la situación de retiro como acción o medida disciplinaria, 
cuya tendencia, al igual que la problemática misma del crimen organizado, es al 
incremento sostenido. Debiendo tenerse en cuenta que, según lo informado por 
dicho órgano disciplinario, con respecto a los efectivos policiales que han sido 
capturados en el 2017 por su involucramiento en actividades del crimen  
organizado, los respectivos procedimientos, aún no habían concluido 
definitivamente, por lo que no se pudo disponer de las respectivas estadísticas de 
este año. 
 
Esta situación, evidencia un grave problema de integridad moral del referido 
personal PNP, lo que contribuye a facilitar y fortalecer las actividades de las 
organizaciones criminales, conforme así se ha establecido de los respectivos 
estudios llevados a cabo por la ONU y es por ello que en el Artículo 9 de la 
Convención de Palermo ha prescrito la obligatoriedad para que los Estados Parte, 
adopten todas las medidas que fueren necesarias para combatir a la corrupción: 
 
“Además de las medidas estipuladas en el Art. 8 de la presente 
Convención, cada Estado Parte, considera que en la medida que sea 
procedente y exista compatibilidad en el ordenamiento jurídico local, 
deberán realizar los ajustes legislativos que permitan la promoción de 
la integridad, así como también acciones de prevención, detección y 
castigo a los funcionarios que pudiesen incurrir en cualquier acto de 
corrupción. 2. Cada Estado Parte deberá realizar los ajustes 
necesarios en sus legislaciones para que las autoridades sean 
dotadas de suficiente autonomía e independencia, para la disuasión 
de los ejercicios que estén influenciados de acciones indebidas” 
(ONU, Convención de Palermo, Artículo 9) 
Tales mecanismos son necesarios, en tanto que la falta de integridad policial 
y la corrupción dificulta el combate contra el crimen organizado y genera mayor 
sensación de inseguridad y desconfianza de la ciudadanía en la PNP. Finalmente, 
 27 
en lo que concierne a evidencias del problema, debemos hacer referencia en los 
procesos de captación de personal en la PNP, entiéndase procesos de admisión a 
las escuelas de Oficiales así como a las Escuelas de Suboficiales, no se realiza 
ningún tipo de evaluación relacionada con la integridad del personal; en estos 
procesos solamente se llevan a cabo los siguientes exámenes: i). examen Médico, 
ii) examen de Aptitud Física, iii) examen de entrevista personal, iv) examen 
psicométrico, vi) examen de aptitud académica y vii) examen de conocimientos 
(Prospecto de Admisión a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
2017). Por lo tanto, queda suficientemente evidenciado el problema público 
“incremento del crimen organizado como consecuencia de la participación de 
efectivos policiales en las actividades de tales organizaciones, en perjuicio de la 
población en general”. 
1.4. Afectación del incremento del crimen organizado al ciudadano. 
 
El incremento del crimen organizado en general y el incremento de este 
problema como consecuencia de la participación de efectivos policiales en las 
actividades de tales organizaciones, perjudica a todos los ciudadanos, por un lado 
en cuanto a la confianza y por otro, en cuanto a la sensación de inseguridad y 
victimización. En cuanto a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, 
podemos advertir como evidencia la encuesta practicada por la firma “IPSOS” de 
investigación de mercados, la cual ha sido difundida por el Diario el Comercio 
(Perú), según la cual, sólo un 47 % de la población encuestada confía en la PNP; 
mostrada en el siguiente gráfico: 
 28 
Gráfico 6: ¿En qué instituciones confían los peruanos? 
 
Fuente: Diario El Comercio, edición 30 de setiembre de 2017, encuesta realizada por IPSOS sobre la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones, 
 
 
Por otro lado, en cuanto a la afectación concreta del problema en mención 
hacia la ciudadanía, lo podemos constatar en las encuestas realizadas por el INEI, 
respecto a la percepción de inseguridad y de victimización. Así, la sensación de 
inseguridad es casi generalizada en toda la población peruana, según los 
resultados de la estadística contenida en el Informe número 3 INEI de mayo de 
2017, respecto al periodo noviembre2016-abril2017, se tiene que, en promedio, la 
sensación de inseguridad (es decir las personas que suponen que en cualquier 
momento van a ser víctimas de algún delito), es de 88%; en tanto que, la 
victimización, es decir de las personas víctimas de algún tipo delito en dicho 
periodo es de 26.3%. (INEI, Informe número 3-Mayo 2017, Seguridad Ciudadana) 
 29 
Cabe recalcar que, con respecto al tema de la victimización, se conjetura  
que el porcentaje de víctimas de los habitantes del zonas urbanas en todo el 
territorio nacional a los cuales le han perpetrado algún tipo de delito no violento o 
sin el uso de armas de fuego ha disminuido del 32,3% al 26,3%, respecto a los 
años 2015 y 2016, respectivamente. 
Gráfico 7: Población del área urbana víctima de algún hecho delictivo (2015-2017) 
 
Fuente: INEI 
 
Sin embargo, en contraste a la situación antes indicada, según el mismo 
informe, se precisa que el porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo con el 
uso de armas de fuego –pudiéndose vincular algunos de los casos al crimen 
organizado- correspondiente a los periodos Noviembre año 2015 a Abril año 2016, 
y Noviembre año 2016 a Abril año 2017, se ha incrementado de 7,4% a 10,4%, 
respectivamente, conforme se pudo observar en los gráficos 4 y 5. 
1.5. Estado de la cuestión 
 
Como ya se ha evidenciado, el problema de la delincuencia y la corrupción 
son los mayores problemas que actualmente existen en el Perú. Al respecto, es la 
PNP, la institución que constitucionalmente tiene la principal responsabilidad de 
combatir el delito en todas sus modalidades, siendo el caso el del crimen 
organizado. Sin embargo, resulta que, la eficacia en el combate al delito y la 
confianza de la ciudadanía en la PNP son negativas. Ello, conforme a la 
complejidad de todo problema público, obedece a múltiples factores, entre los 
 30 
cuales podemos citar el tema de la cuestionable integridad de un gran número de 
efectivos policiales involucrados en actos de corrupción y que inclusive forman 
parte de organizaciones criminales. Así, se ha evidenciado que solamente en los 
años 2014, 2015 y 2016, un total de 268 efectivos policiales (entre Suboficiales y 
Oficiales) han sido expulsados de la institución con la sanción disciplinaria de pase 
al retiro por medida disciplinaria, al haberse establecido su participación en 
actividades del crimen organizado. 
Tratando de afrontar esta problemática, la PNP, ha sido sometida a una  
serie de reorganizaciones y diversos “procesos de depuración”. Sin embargo, las 
evidencias ya descritas, nos demuestran que el problema persiste y tiende a 
empeorar, puesto que hay un aspecto fundamental en la institución policial que no 
se está abarcando como una medida preventiva. Esto es, el tema de la integridad, 
la cual no está estructurado dentro de la evaluación en los respectivos procesos de 
captación de personal y tampoco este es un aspecto de evaluación periódica en el 
desempeño y en forma de vida de cada efectivo policial, puesto que todas las 
medidas que se adoptan en cuanto al involucramiento de personal policial en 
servicio activo con el delito en general y con el crimen organizado en particular son 
medidas sancionadoras ex post. 
Así, resulta necesario llevar a cabo medidas innovadoras al respecto, las 
cuales están contempladas en el presente proyecto, a efecto de que en los 
procesos de captación de personal en la Policía Nacional del Perú se apliquen 
evaluaciones de integridad, tal como se aplica exitosamente en determinadas 
empresas privadas e inclusive en algunas unidades de élite de la misma PNP (Eje. 
algunas áreas de la Dirección Antidrogas). Este tipo de evaluación, debería ser 
además un aspecto fundamental, general y permanente durante el tiempo de 
servicio activo y el seguimiento a la forma de vida que lleva todo efectivo policial, 
con lo cual se podría prevenir y reducir eficazmente la corrupción policial, así como 
el mejoramiento de la imagen y confianza de la ciudadanía en la PNP; de esta 
manera se estaría cumpliendo además lo acordado por las Naciones Unidas a 
través de la Convención de Palermo, siendo el Perú miembro y al haber ratificado 
dicho instrumento internacional, entonces tiene la obligación de llevar a cabo las 
acciones correspondientes. 
 31 
1.5.1. Normas legales vinculadas al problema 
 
Partiendo de la Carta Mayor, la Constitución Política del Perú del año 1993, 
en su Capítulo XII “De la Seguridad y Defensa Nacional”, prescribe la existencia de 
la PNP, cuya finalidad fundamental es garantizar y restablecer el orden interno, así 
como la prestación y servicio de protección y ayudar a sus ciudadanos; que se 
cumplan lo dispuesto en las leyes, así como la seguridad de todos los patrimonios 
tanto públicos como privados. Además, también le corresponde prevenir, 
investigar y combatir la delincuencia, incluyendo los procesos de vigilancia y 
control de las todas las fronteras (el resaltado es nuestro). En esta misma línea, el 
Decreto Legislativo 1267, “Ley de la Policía Nacional del Perú”, en su Artículo II 
“Naturaleza”, precisa que la PNP es una institución perteneciente al Estado en 
calidad de órgano ejecutor, la cual depende directamente del Ministerio del Interior; 
teniendo a su vez competencia administrativa y goza de autonomía operativa, 
dando esto las bases para el ejercicio de la función policial que le corresponde en 
todo el territorio nacional, todo previsto Art. 166 de la Constitución Política del Perú. 
De igual forma, el Decreto legislativo antes citado, en su Artículo III 
denominado “Función Policial” establece que dicha función está explícita en el Art. 
166 de nuestra constitución peruana, cuyas funciones debe ejercer en su condición 
de fuerza policial del Estado. Así, en los numerales 1, 2, 3,4 y 6; se prescribe que 
para su cumplimiento en materia de seguridad ciudadana, debe cumplir con las 
siguientes acciones: 
i. Garantizar, mantener y restablece el orden público el interno ya la seguridad 
ciudadana. 
ii. Prestar la debida protección y ayuda a toda la ciudadanía. 
iii. Garantizar el cumplimiento de todas leyes, así como la seguridad del 
patrimonio tanto público y como privado. 
iv. Prevenir, investigar cualquier delito y faltas, combatir la delincuencia 
así como al crimen organizado.(el resaltado es nuestro) 
v. Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades de la 
población. 
Igualmente, la mencionada Ley, en su Artículo IV “Ejercicio de la Función 
Policial” señala que “para poder ejercerla se deben cumplir con ciertos 
 32 
requisitos , ya que se requiere de conocimientos especializados, y estos solo 
podrán ser adquiridos por medio de una formación profesional y técnica. El 
egresado como profesional de la escuela de policía, recibe una formación 
académica integral, esto le permite al egresado un desempeño profesional, así 
como un desarrollo, cultural, social y económico, afianzado en la disciplina, el 
mérito, el respeto absoluto a los derechos fundamentales, la ética, el liderazgo 
y el servicio público.” 
Esto último se complementa con lo prescrito en Artículo VIII.- “Valores 
I nstitucionales”. Al respecto, prescribe que “los valores que rigen al  personal de 
la PNP son: 1) Honor, 2) Honestidad, 3) Justicia, 4) Integridad, 5) Cortesía, 6) 
Disciplina, 7) Patriotismo, 8) Pertenencia institucional, 9) Vocación y, 10) Servicio. 
(lo resaltado es nuestro) 
Por otro lado, el Decreto Legislativo Nº 1268, que regula el Régimen 
Disciplinario de la PNP, está fundamentado en el enfoque de privilegiar y dar 
salvaguardo a todos los bienes jurídicos constituidos por: la Ética Policial, su 
Disciplina en el Servicio Policial, considerando también la Imagen Institucional, 
como bienes jurídicos imprescindibles. En este marco, se entiende la Ética Policial, 
como el conjunto de valores, principios y normas de conducta que rigen todo el 
comportamiento de los miembros de la PNP. Por Disciplina Policial a la condición 
esencial de la PNP. Entendida esta como la capacidad y disposición de acatar de 
manera consciente y voluntario las emanadas del ordenamiento establecido en Ley, 
las cuales permitirán cumplir con la finalidad y las funciones de la institución. Por 
otro lado, se entiende como Servicio Policial, todas aquellas actividades ejecutadas 
por el personal policial, desprendidas de sus obligaciones y funciones consagradas 
en ley. Finalmente, se entiende que la imagen Institucional viene a ser la 
percepción que tiene la opinión pública con relación a las actuaciones de los 
funcionarios de la PNP. 
Asimismo, se tiene lo prescrito en el Artículo 9 de la Convención de Palermo, 
según el cual “1… cada Estado Parte, considera que en la medida que sea 
procedente y exista compatibilidad en el ordenamiento jurídico local, deberán 
realizar los ajustes legislativos que permitan la promoción de la integridad, así 
como también acciones de prevención, detección y castigo a los funcionarios 
que pudiesen incurrir en cualquier acto de corrupción. 2. Cada 
 33 
Estado Parte deberá realizar los ajustes necesarios en sus legislaciones para que 
las autoridades sean dotadas de suficiente autonomía e independencia, para la 
disuasión de los ejercicios que estén influenciados de acciones indebidas”. (El 
resaltado es nuestro). 
También cabe hacer mención que como Política Nacional del Estado  
Peruano, con fecha 28 de julio del año 2013, mediante Decreto Supremo número 
012- 2013-IN, fue publicado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, 
la integralidad de su enfoque precisa “desde la perspectiva y experiencias 
obtenidas internacionalmente, son determinantes considerar cinco elementos al 
momento de implementar políticas de seguridad ciudadana…”, donde uno de esos 
elementos es “el énfasis mayor debe estar concentrado en desarrollar actividades 
preventivas”. Sin embargo, se advierte que dentro de tales actividades preventivas, 
no se abarca el aspecto de la evaluar cómo están diseñados e implementados los 
procesos de captación de personal policial y, tampoco un mecanismo de evaluación 
permanente durante el tiempo de servicio de servicio activo del personal policial. 
 34 
CAPÍTULO II: DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
 
2.1. Causas del problema. 
 
Desde esa perspectiva, se puede mencionar que entre las diversas causas que 
originaron el incremento de los índices de delitos de crimen organizado como 
consecuencia de la participación de efectivos policiales en las organizaciones 
criminales se encuentran las siguientes: 
Causa 1: Los procesos de captación de personal en la Policía Nacional 
Peruana no contemplan evaluación de integridad. En efecto, tal como se ha 
verificado a través de la respectiva muestra de los procesos de admisión, siendo el 
caso el proceso de admisión para la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, para el año 2017, en estos procesos de selección de personal, se aplican los 
siguientes exámenes: i) examen médico, ii) examen de aptitud física, iii) examen de 
entrevista personal, iv) examen psicométrico, v) examen de aptitud académica, vi) 
examen de conocimiento 
De ello, para el propósito del presente proyecto, hemos seleccionado y 
analizado los exámenes de entrevista personal y el examen psicométrico, para 
verificar si en alguno de estos de abarca el aspecto de la integridad; al respecto, 
conforme se describe en el citado prospecto de admisión, “el examen aplicado en la 
entrevista personal, viene a constituir la apreciación individual del que se está 
postulando, la cual se orienta exclusivamente al concepto y la integralidad de su 
educación, la cultura, sistema de valores y vida, el dominio de sí mismo, cual es el 
origen de su vocación hacia la carrera policial, considerando también otras 
cualidades necesarias que deben estar presente en futuro Cadete adscrito a la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (EO-PNP)” 
Igualmente, en lo que respecta al examen psicométrico el mismo prospecto 
describe que en este examen “estará enfocado en la medición de factores 
relacionados con habilidades de tipo cognitivas y rasgos básicos de personalidad 
que estén alineados con el perfil psicológico que se requiere para el postulante a la 
EO-PNP; estará comprendido por las áreas psicológicas direccionadas hacia el 
desempeño policial, esto sería el interés vocacional (actitudes y habilidades)”. 
Consecuentemente, ninguno de estos exámenes comprende la evaluación de la 
integridad, del futuro efectivo policial de la PNP. 
 35 
Causa 2: Inexistencia de un perfil de integridad aplicable en los procesos de 
captación de personal policial. Conforme a lo verificado en la Dirección de 
Educación y Doctrina de la PNP, actualmente no se cuenta con la definición de perfiles y 
menos que éstos puedan abarcar el aspecto de integridad que deban reunir los futuros 
efectivos de la PNP. 
Al respecto, conforme al estudio realizado por el Instituto de Defensa Legal 
(IDL) nos ilustra que “los futuros oficiales serán jóvenes que ingresan a la Policía 
Nacional como la institución que les garantizara su desarrollo y progreso. 
Provenientes de niveles socio económicas de nivel medio, su educación la han 
realizado en su mayoría en instituciones públicas. Esos futuros suboficiales 
regularmente son mayores que los cadetes a oficiales al momento de ingresar a la 
institución. En algunos casos han intentado otras oportunidades de desarrollo 
profesional, sin embargo consideran a la Policía como esa otra opción para su 
desarrollo personal. La Policía, al no disponer de forma precisa cuales son los 
perfiles idóneos para los futuros oficiales y suboficiales, le es difícil orientar 
de forma adecuada dichos procesos de reclutamiento y selección del 
personal; y de allí se desprende las diferencias palpables, ya descritas 
anteriormente” (Instituto de Defensa legal, 2004: 23). 
Causa 3: La política pública de seguridad ciudadana no incluye como aspecto 
preventivo la evaluación ni seguimiento a la integridad moral del personal de 
la PNP. Al respecto, conforme ya se ha comentado, se tiene que, la política de 
seguridad ciudadana “denominada Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013- 
2018” fue aprobada por medio de D.S. número 012-2013-IN de fecha 28 de julio de 
2013, en cuyo enfoque integral se precisa que desde la perspectiva y experiencias 
obtenidas internacionalmente, son determinantes considerar cinco elementos al 
momento de implementar políticas de seguridad ciudadana…”, donde uno de esos 
elementos es “el énfasis mayor debe estar concentrado en desarrollar actividades 
preventivas” 
En tales actividades preventivas todas ellas se refieren a los aspectos 
relacionados con los servicios al ciudadano, control de los espacios públicos, 
aspectos relacionados con las relaciones intrafamiliares para prevenir la violencia 
familiar, entre otros; sin embargo, la referida política pública no abarca el aspecto 
relacionado con la evaluación de integridad en los procesos de captación de 
personal para la PNP, tampoco como un mecanismo de evaluación durante la 
 36 
carrera o servicio activo de dicho personal, de manera tal que se pueda contar 
siempre con una mejor calidad de personal y que no sea proclive a su 
involucramiento con el delito, particularmente con el crimen organizado. 
Figura N°1: Árbol del Problemas 
 
 
“Incremento del crimen organizado, como consecuencia 
de la participación de efectivos policiales en servicio 
activo en la estructura y actividades de las 
organizaciones criminales. 
 
 
Causa 1 Causa 2 
Los procesos de captación de Inexistencia de un perfil de integridad 
personal en la PNP no contemplan aplicable en los procesos de 
evaluación de integridad. captación de personal PNP 
 
 
Causa 3 
La política pública de seguridad 
ciudadana no incluye como aspecto 
preventivo la evaluación ni 
seguimiento a la integridad del 
personal de la PNP 
 
 
2.2. Transformación de árboles de problemas a medios 
 
Se pudo concertar que las causas que originaron este problema de naturaleza 
pública el cual es el motivo de este estudio, para su transformación y precisar una 
solución al asunto, se debe hacer lo siguiente: 
 Medio 1: Los procesos de captación de personal en la PNP que 
comprendan la evaluación de integridad. 
 Medio 2: Existencia de un perfil de integridad aplicable en los procesos  
de captación de personal. 
 Medio 3: La política de seguridad ciudadana que incluya como aspecto 
preventivo la evaluación y seguimiento de la integridad del personal de la 
PNP. 
 37 
 
Figura N°2: Árbol del Medios 
 
“Reducción de los índices de crimen organizado, como 
consecuencia de la no participación de efectivos 
policiales en la estructura y actividades de las 
organizaciones criminales, debido a la captación y 
mantenimiento de personal con cualidades de integridad” 
 
  
  
  
  
 
Medio 1 Medio 2 
Procesos de captación de personal Existencia de un perfil de integridad 
en la PNP que comprendan aplicable en los procesos de 
evaluación de integridad captación del personal PNP. 
 
Medio 3 
Política de seguridad ciudadana que 
incluya como aspecto preventivo la 
evaluación y seguimiento a la integridad 
del personal PNP. 
 
2.3. Estructura de la solución 
 
Para poder estructurar la solución del problema público en base al cual se ha 
elaborado el presente proyecto, se ha realizado el análisis de los 3 medios con los 
que se podría logar la solución a dicho problema; producto de dicho análisis se ha 
descartado el tercero “política de seguridad ciudadana que incluya como aspecto 
preventivo la evaluación y seguimiento a la integridad del personal de la PNP”. Al 
respecto se ha optado por descartar este medio, debido a que una política pública 
implica la voluntad y decisión del gobierno, asimismo involucra a muchos actores, 
dentro de los cuales no necesariamente interviene la PNP en forma directa. 
Consecuentemente, para poder atacar el problema que ha originado nuestro 
proyecto se han seleccionado los medios 1 “procesos de captación de personal en 
la Policía Nacional del Perú que contemplen evaluación de integridad”; igualmente 
 38 
el medio 2 “: Existencia de un perfil de integridad aplicable en los procesos de 
captación de personal”. Dichos medios han sido seleccionados por las siguientes 
razones: 
Ambos medios, son de dominio de la potestad administrativa del comando 
institucional de la PNP, en sincronizada coordinación con el Ministro del Interior; su 
presencia es necesaria en la captación y mantenimiento de personal policial de 
mayor calidad y, además, se enmarcan dentro de las posibles medidas 
administrativas prescritas en el Art. 9 de la Convención de Palermo, instrumento 
público internacional que al haber sido ratificado por el Estado peruano, entonces 
resulta de obligatorio cumplimiento. Para el logro de esta solución, se requiere: 
a. Aprobación e inclusión en Reglamento de procesos de selección y 
captación de personal, la evaluación de integridad, como parte de los 
respectivos procesos de selección y captación de personal en la Policía 
Nacional del Perú; ello de conformidad a lo prescrito en D.L. 1318, que regula la 
Formación Profesional de la PNP: 
Artículo 9.- Ingreso a la Escuela de Formación Profesional Policial; “ el 
ingreso a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial se realiza 
mediante concurso público de méritos, bajo el procedimiento, plazos, 
requisitos y condiciones que para dichos efectos se establezcan en el 
reglamento respectivo, incluyendo los supuestos de excepción” 
b. Determinación de perfiles en los respectivos procesos de capación de 
personal policial, que incluyan fundamentalmente el aspecto de integridad y de 
esa manera seleccionar y captar personal con mejores cualidades personales. 
 39 
Matriz de Innovación N° 1 
 
Medio Cambio ¿Quién es el ¿Cuáles son las 
involucrado innovador para responsable del actividades necesarias 
lograr el cambio cambio? para el logro del cambio? 
   Aprobación de Reglamento 
1: procesos Implementación y Ministro del Interior estableciendo y regulando 
de captación aplicación de evaluación de integridad en 
de personal exámenes los procesos de captación 
que estandarizados y de personal PNP 
comprendan validados Director General Elaboración del Proyecto 
evaluación de universalmente de la PNP de Reglamento y, 
integridad para la evaluación posteriormente su 
de integridad, aplicación a través de la 
como son los Dirección de Educación y 
exámenes de Doctrina PNP 
poligrafía 
2: Existencia Elaboración de perfil Director General Aprobación de perfil 
de un perfil del futuro policía que PNP 
de integridad contemple el aspecto Dirección de Elaboración de Perfil del 
aplicable en de integridad, como Educación y futuro efectivo policial y su 
los procesos medio para captar Doctrina de la PNP posterior aplicación en los 
de captación mejor calidad de diversos procesos de 
de personal personal. captación de personal, a 
través de la respectivas 
comisiones 
 40 
CAPITULO III: DE LA VIABILIDAD DE LA MEJORA 
 
 
3.1 Matriz de Costeo e Indicadores 
 
Matriz de costeo - indicadores N° 2 
 
Cambio ¿Quién Actividades ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Cuál es el 
innovador desarrollará costo por plazo a indicador 
el actividad? implementar? por 
cambio? actividad? 
      
1:Implementación  Aprobación    
y aplicación de  de Costo cero   
exámenes Reglamento por ser 
estandarizados y Ministro del establecien parte de las Hasta el mes Publicación 
validados Interior y do y funciones de diciembre de 
universalmente Director regulando del Ministro del año Reglamento 
para la General evaluación del Interior y anterior al . 
evaluación de PNP de del Director respectivo 
integridad, como integridad General de proceso de 
son los en los la PNP captación de 
exámenes de procesos de personal 
poligrafía captación 
 de personal 
 PNP 
2:Elaboración de Dirección Elaboración Costo cero Hasta el mes Perfiles del 
perfil del futuro de de Perfil del por ser de diciembre futuro 
policía que Educación futuro parte de las de cada año. efectivo 
contemple el y Doctrina efectivo funciones policial 
aspecto de PNP policial y su del Director 
integridad, como posterior de 
medio para aplicación en Educación y 
captar mejor los diversos Doctrina de 
calidad de procesos de la PNP. 
personal captación de 
personal, a 
través de la 
respectivas 
Comisiones o 
Juntas de 
Selección. 
 
 
3.2 Viabilidad 
 
Para determinar si la propuesta innovadora constituye un proyecto factible, 
se requiere la determinación de la viabilidad económica, organizacional, normativa 
legal así como operacional, de tal manera que nos permita la confirmación que 
dicha propuesta pueda ser implementada en forma oportuna y que esté dentro de 
las posibilidades y presupuestos disponibles de la PNP, y ser exitosos. 
 41 
Así, en lo que respecta a la Viabilidad Organizacional, se tiene que, en la 
actualidad, la PNP, ha venido ejecutando una serie de reformas estructurales y 
funcionales, con la intención de modernizar la Gestión Policial, la eficacia de los 
servicios y el mejoramiento de la imagen institucional; ello, enmarcados en el Plan 
Estratégico Institucional 2017 - 2021 (PEI); el cual se desprende de la Constitución 
Política del Perú; asimismo se alinea con las Políticas de Estado del Acuerdo 
Nacional, con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: “Plan Bicentenario Perú 
hacia el 2021”, Planes Nacionales, Planes Sectoriales, Políticas Nacionales de 
Obligatorio Cumplimiento y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016- 
2021del Sector Interior. 
En ese orden de ideas el 28 de agosto de 2015, la PNP, mediante 
Memorándum Múltiple N° 375-2015-DIRGEN-PNP/SEC-ADM, dio aprobación a los 
Lineamientos de Política Institucional de la PNP, definiendo cuatro líneas de acción 
de las cuales deben sustentarse las actividades de dicha institución; siendo uno de 
estos el de integridad, transparencia y rendición de cuentas. 
Consecuentemente, la presente propuesta resulta ser apropiada y oportuna 
a la actual coyuntura organizacional, al igual que las líneas de política institucional 
de la PNP. En cuanto a la Viabilidad Económica, se tiene que, el implementar 
dicha propuesta innovadora implica realizar un conjunto de actividades en franca 
sintonía con la Dirección de Educación y Doctrina, Dirección General PNP, así 
como del Ministerio del Interior para la aprobación del Reglamento estableciendo y 
regulando la evaluación de integridad en los procesos de captación de personal 
PNP, así como la elaboración del perfil del futuro efectivo policial, función que le 
compete a la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP y su posterior aplicación 
en los diversos procesos de captación de personal por parte de las respectivas 
Comisiones o Juntas de Selección. 
Dichos entes administrativos disponen de talento humano, tecnología 
adecuada y presupuestos disponibles para la ejecución de dichos procesos, a 
sabiendas que todo está enmarcado dentro de sus funciones y responsabilidades, 
en consecuencia dicha implementación, que es parte de la solución innovadora, no 
implicará costos extraordinarios en el presupuesto de tales instancias, lo cual se 
concluye que es viable económicamente. 
 42 
Con respecto a la Viabilidad Normativa, la puesta en práctica o 
implementación de esta solución innovadora propuesta, viene a constituir parte de 
la implementación de medidas relacionadas con la integridad de los funcionarios 
públicos encargados de perseguir el delito, lo cual constituye obligaciones del 
Estado peruano, en el marco de las medidas contra la corrupción, establecidas por 
las Naciones Unidas a través de la Convención de Palermo; según la cual, cada 
Estado Parte, en la medida de compatibilidad de su ordenamiento jurídico, deberá 
adoptar las medidas necesarias de carácter legislativo que permitan la eficacia 
administrativa o de cualquier índole, que permita la promoción de la integridad, asi 
como también acciones de prevención, detección y castigo a los funcionarios que 
incurran en actos de corrupción. Asimismo, dotar a las autoridades con suficiente 
independencia y autonomía, para la disuasión de los ejercicios que estén 
influenciados de actuaciones indebidas. (ONU, Convención de Palermo, Artículo 9). 
Es por ello que, el Perú como Estado Parte de la ONU, habiendo ratificado 
dicha Convención, entonces resulta de obligatorio cumplimiento la implementación 
de mecanismos eficaces que evalúen la integridad del personal policial, tanto al 
inicio de los respectivos procesos de captación como también en el transcurso del 
tiempo de servicio activo de los mismos, de manera tal que así se combata la 
corrupción, la cual a su vez es un factor que facilita el crimen organizado. 
 43 
Matriz de viabilidad N° 3 
 
 
 
Viabilidad Económica Viabilidad Normativa Viabilidad Organizacional 
   
La implementación de la La implementación de la La implementación de la 
solución innovadora resulta solución innovadora  es solución innovadora es viable 
viable económicamente viable normativamente organizacionalmente porque 
puesto que no demanda porque la expedición del la Policía Nacional del Perú 
costo extraordinario en el correspondiente viene llevando a cabo una 
presupuesto de las Reglamento que regule la serie de cambios 
entidades comprometidas y, implementación  de   la estructurales y funcionales 
del correspondiente análisis solución   innovadora orientados a la 
de costo efectividad, se propuesta se encuentra 
puede inferir el beneficio modernización de  la 
máximo que se puede previsto en el Artículo 9° gestión policial, la eficacia 
obtener de la innovación, Decreto    Legislativo de los servicios y el 
con relación a la imagen y a 1318, Ley de Formación mejoramiento de la imagen 
la sensación de confianza Profesional de la Policía institucional; dentro de cuyo 
de la ciudadanía en la PNP, Nacional del Perú, así contexto, el tema de la 
así como en sus efectivos como el tema de los integridad, transparencia y 
policiales. respectivos perfiles de rendición de cuentas, 
su personal. Todo ello, constituye uno de los  
constituye parte de las cuatro pilares en los que se 
medidas  contra   la sustenta los Lineamientos 
corrupción, establecidas de su política institucional. 
por las Naciones Unidas 
a través    de   la 
Convención      de 
Palermo. 
 
Finalmente, sobre la Validación operativa, es necesario establecer si la 
propuesta de innovación podrá ser implementada y podrá funcionar conforme a lo 
previsto dentro de la PNP, teniendo en cuenta básicamente, la pertinencia, 
coyuntura y cultura organizacional al interior de dicha institución. Sobre este 
aspecto, tal como ya se ha indicado en el desarrollo del presente Proyecto, el tema 
del combate a la delincuencia en general y del crimen organizado en particular, 
además de ser una responsabilidad constitucional y funcional de la PNP, constituye 
un objetivo central en el accionar de los integrantes de dicha institución; asimismo, 
el tema de la integridad, transparencia y rendición de cuentas es uno de los pilares 
en los que están basados los actuales líneas de acción propuestas en las políticas 
institucionales de la PNP. 
Al respecto, habiéndose entrevistado al Coronel PNP Roger Pérez Figueroa, 
entonces Jefe de la Oficina de Estadística de la Inspectoría General de la PNP, 
 44 
éste ha recalcado que, estando a la evidencia de que en los años 2014, 2015 y 
2016, un total de 268 efectivos policiales han sido sancionados pasándolos a 
situación de retiro, por haber incurrido en infracción grave de “pertenecer a una 
organización criminal o cometer delito flagrante” (Infracción MG-54 del Decreto 
legislativo 1150, ley del Régimen Disciplinario de la PNP, vigente hasta el 13 de 
marzo 2017), “resulta muy preocupante que este grave problema vaya en 
incremento”, habiendo agregado que “para enfrentar dicho problema son 
necesarias determinadas acciones innovadoras que ataquen las causas del 
problema y no solamente acciones de carácter reactivo y sancionador como las que 
se realizan actualmente” 
Asimismo, habiéndose entrevistado al General PNP Nixon Álvaro Agüero 
Sotomayor, por entonces Director de Instrucción y Doctrina de la PNP, ha 
reconocido que en efecto, los actuales concursos de admisión a las diversas 
escuelas de formación policial, no son rigurosos, los mismos que se inician con el 
examen médico para establecer las condiciones físicas y sicológicas, luego el 
examen de aptitud física, la entrevista personal, el examen psicométrico así como 
prueba de aptitud académica y de conocimiento, finalizando con la publicación del 
Cuadro de Mérito. 
En tal sentido Agúero ha reconocido que “la propuesta del presente 
Proyecto, constituiría una innovación muy importante para operativizar una mejor 
selección en la captación de personal a través de las diferentes Escuelas de 
Formación Policial y que para ello se cuenta con el correspondiente presupuesto y 
personal especialista que pondría en práctica la innovación detallada en el 
Proyecto”. Sin embargo, ha agregado que “el tema de la integridad personal no 
solamente debe quedar en la etapa de selección del personal, sino que debe ser un 
aspecto fundamental durante las etapas de formación profesional y durante la  
etapa del desempeño profesional”. 
Por otro lado, estando a que el problema de integridad moral de los 
funcionarios policiales responsables de dar cumplimiento la ley y de combatir el 
delito, como es el caso del personal de la PNP, contribuye a facilitar y fortalecer las 
actividades de las organizaciones criminales, entonces la ONU a través de la 
 45 
Convención de Palermo ha prescrito la obligatoriedad para que los Estados Parte, 
adopten todas las medidas que fueren necesarias para combatir a la corrupción 
“Además de las medidas estipuladas en el Art. 8 de la presente Convención, 
cada Estado Parte, considera que en la medida que sea procedente y exista 
compatibilidad en el ordenamiento jurídico local, deberán realizar los ajustes 
legislativos que permitan la promoción de la integridad, así como también 
acciones de prevención, detección y castigo a los funcionarios que pudiesen 
incurrir en cualquier acto de corrupción. 2. Cada Estado Parte deberá  
realizar los ajustes necesarios en sus legislaciones para que las autoridades 
sean dotadas de suficiente autonomía e independencia, para la disuasión de 
los ejercicios que estén influenciados de acciones indebidas” (ONU, 
Convención de Palermo, Artículo 9). 
 
 
Consecuentemente, la innovación que se propone a través del presente 
Proyecto, además de ser oportuna y necesaria dentro de la PNP, se constituiría en 
algunas de las acciones a las a las que el Estado peruano se encuentra obligado, 
en su condición de Estado Parte de la ONU que ha suscrito la Convección de 
Palermo, con el objeto de contribuir al combate del crimen organizado en el Perú. 
 46 
CONCLUSIONES 
 
1. La delincuencia y la corrupción, conforman los problemas principales que 
aquejan a Perú en los últimos años, en consecuencia la prioridad y  
tendencia de estos problemas se vienen incrementando significativamente; 
dentro de este contexto, la sensación de inseguridad es casi generalizada en 
toda la población peruana, mientras que el crimen organizado es la 
modalidad delictiva que más se viene fortaleciendo, debido a diversos 
factores que contribuyen a dicha situación. 
 
2. En Perú, en la mayoría de casos de organizaciones criminales que han sido 
desbaratadas, se ha podido advertir la participación de efectivos policiales  
en servicio activo; esta situación, evidencia un grave problema de integridad 
moral de tal personal policial, lo que contribuye a facilitar y fortalecer las 
actividades de las organizaciones criminales, dificultando su combate y 
generando mayor sensación de inseguridad y desconfianza de la ciudadanía 
en la PNP, así como en sus efectivos policiales. 
3. El incremento del crimen organizado como consecuencia de la participación 
de efectivos policiales en las actividades de las organizaciones, pasa a ser 
un problema público que perjudica a la ciudadanía en general; esta 
problemática tiene como principal causa el deficiente proceso de captación 
de personal que ingresará a las escuelas de formación policial, en las cuales 
solamente se evalúan las aptitudes físicas, de salud, de razonamiento y 
conocimientos, así como cierta evaluación socio cultural del postulante; sin 
embargo, no se evalúa el aspecto de integridad moral, lo cual para el caso 
de funcionarios que representan la ley y que son encargados de hacerla 
cumplir, resulta un aspecto fundamental y necesario, con base a las 
disposiciones emanadas de la Convención de Palermo. 
 
4. Para la contribución a la solución del referido problema, la presente 
investigación propone un Proyecto de Innovación consistente en un nuevo 
enfoque para la captación de personal en la PNP mejorando el respectivo 
perfil policial basado en valores y fortalezas morales que podrán ser 
evaluadas mediante la aplicación de un examen de  poligrafía,  el  mismo 
que sería parte integral 
 47 
de las evaluaciones en todos los procesos de admisión; debiendo tener un 
plan de seguimiento basado en determinados indicadores, conforme se 
prescriba en el correspondiente Reglamento. 
5. En el desarrollo del presente estudio, la evidencia del problema ha consistido 
en el análisis de estadísticas oficiales elaboradas por el INEI sobre 
criminalidad y seguridad ciudadana, victimización y percepción de 
inseguridad ciudadana, encuestas sobre confianza ciudadana, diversas 
publicaciones que han dado cuenta de la participación de efectivos policiales 
en organizaciones criminales, estadísticas proporcionadas por la Inspectoría 
General de la PNP, Dirección General de Inteligencia del Ministerio del 
Interior (DIGIMIN) así como investigaciones ya realizadas por otros autores 
que abarcan esta problemática. 
 
6. La presente propuesta de innovación, responde a los criterios de viabilidad 
económica, normativa y organizacional dentro de la PNP, habiéndose 
procedido también a la correspondiente validación operativa; significando 
que la implementación de dicha propuesta redundará en beneficio de la 
población, al tener una mayor sensación de seguridad y confianza en la 
PNP, así como en sus efectivos policiales, mejorando su calidad de vida y 
desarrollo humano. También redundará en el mejoramiento de la imagen 
institucional de la PNP, logrando mayor reconocimiento y a través de ello, 
mayor legitimidad del Estado. 
 48 
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